El sabor agridulce que deja la desmovilización en Antioquia

A pesar de la promesa de una nueva vida, no todos los paramilitares que dejaron las armas en las desmovilizaciones colectivas de distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se hicieron entre el 2003 y el 2006 pactadas con el gobierno nacional siguieron la ruta de la reinserción, la capacitación y el trabajo lejos de la guerra. En Antioquia no fue la excepción.

desmovilizados-santander-300x200En este departamento, excluyendo a Medellín y el área metropolitana, 427 desmovilizados de grupos paramilitares se han graduado de los programas que ofrece la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Según explica su director regional, Juan Fernando Vélez, cada uno lleva su propio proceso, que puede durar entre uno y siete años, según las metas que cada quien se plantee. Como mínimo, se gradúa del programa quien sepa leer, escribir y entienda lo básico de las matemáticas. (Ver mapa de grupos desmovilizados en Antioquia)

Una de las características de este departamento es que de todos los bloques desmovilizados en el país, llegaron aquí (excluyendo el área metropolitana) 5.222 excombatientes, de los cuales ingresaron a los programas gubernamentales 4.725. De los 497 restantes poco se sabe.

Este proceso no está exento de tragedias. De todos lo que ingresaron a los programas para darle un cambio a su vida, han muerto a lo largo de estos años 514 desmovilizados. Lo que más preocupa de la cifra es que 329 fueron asesinados y se desconocen las causas por las que murieron otros 153. Del resto, se sabe que perecieron en accidentes o por muerte natural.

Otros que ingresaron a los programas en Antioquia abandonaron el camino de la legalidad. Un grupo de 14 exparamilitares lo hicieron de manera voluntaria y otros 252 porque los encontraron culpables de delitos cometidos después de la desmovilización y perdieron los beneficios que consagran las normas que los cobijan.

Pero ellos no serán los únicos en correr con esa suerte, pues de los que están participando actualmente en los programas gubernamentales, 620 tienen probado que delinquieron y están pendientes de un fallo condenatorio, decisión que afectará negativamente los beneficios obtenidos.

Otros 1.024 tienen lo que se denomina reincidencia potencial. Es decir, los están investigando como supuestos autores de delitos o han expresado en encuestas la posibilidad de volver a delinquir. Sus intenciones no parecen corresponder a las alternativas que les ofrece la vida fuera del crimen.

En materia de empleo, de todos aquellos que están participando en los programas de la ACR en Antioquia, 469 tienen empleo en el sector formal, 1.650 son trabajadores informales y 595 están desempleados, pero todos, sin excepción, están afiliados a la seguridad social, que es uno de los beneficios que les ofrecen los programas de reintegración.

Sobre el tema de escolaridad, la ACR registra que 654 terminaron la primaria y 2.362 el bachillerato, lo que les abre posibilidades para recibir formación técnica y subsidios para proyectos productivos.

Basado en diversos estudios, Vélez  asegura que de cada cien desmovilizados, 24 podrían reincidir en el delito y 76 tienen la plena decisión de continuar en la legalidad. Lo que ha demostrado la realidad es que de cada 100 personas que hicieron dejación de armas, 9 han vuelto a delinquir después de la desmovilización, según arrojan los cruces de información con bases de datos de la Fiscalía, la Policía y los juzgados.

Al respecto, el funcionario aclara que buena parte de los delitos cometidos después de la desmovilización no necesariamente tienen que ver con su retorno a grupos armados.

“Mucha gente está por ley 30 (uso, fabricación y porte de estupefacientes), porte de armas, violencia intrafamiliar, alimentos, constreñimiento y hurtos”, comenta Vélez. Y añade: “Hemos hecho sondeos y realmente nos hemos encontrado que aunque dicen que muchos de los desmovilizados de las AUC conforman las bandas criminales, resulta que unos cuantos son desmovilizados, casi siempre son mandos medios que llegan a dirigir esas organizaciones”.

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Papel de la comunidad

La percepción ciudadana juega un papel crucial para que se haga efectiva la reintegración de los desmovilizados. En el fondo, dice Vélez, “el secreto para que una reintegración sea efectiva es que sea comunitaria”.

A su juicio, las comunidades receptoras tienen que hacer parte fundamental del proceso y advierte que “si no es así, lo que vamos a tener son unos desmovilizados con acompañamiento y casi siempre unas comunidades resentidas, porque ven que quien los aterrorizaba tiene beneficios, mientras los que padecieron la violencia sigue con dificultades”.

El Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, concuerda con esa apreciación y destaca el remedio que aplican de manera conjunta la Gobernación de Antioquia y la ACR, que consiste en llegar a las zonas donde hubo guerra con inversión en vías, salud, educación y empleo.

Ambos parten del hecho de que no es posible que haya pueblos solo de víctimas y otros de victimarios, tarde o temprano tendrán que volver a vivir juntos en un mismo lugar. “Si la comunidad ve que el costo que pagaron en la guerra se empieza a compensar con una mejora de sus condiciones, creemos que ese es un balance bueno y una ecuación buena que asegurará una reintegración efectiva”, dice Londoño.

Pero la aplicación de esas apreciaciones no es tarea fácil. Las dificultades pueden verse a través de dos encuestas realizadas en los últimos años. La primera de ellas, aplicada por la firma Gallup a empresarios entre octubre y diciembre de 2012, arrojó que 80 de cada 100 creen que se puede lograr la paz, pero solo la mitad daría empleo a un desmovilizado. De hecho, en este momento hay solo 40 empresas vinculadas al proceso de reintegración.

La segunda encuesta la aplicó la empresa Econometría entre los meses de octubre y noviembre del 2013, para la ACR en todo el país. Una de las conclusiones es que los ciudadanos consultados consideran que les parece difícil que algún familiar tenga vínculos con desmovilizados, ser amigo de ellos y tenerlos como vecinos.

Vélez advierte que “la reintegración no la hace el desmovilizado solo. La hacen el desmovilizado y la comunidad. El desmovilizado puede estar muy bien reintegrado pero si la comunidad no lo recibe habrá otras personas que sí lo hagan”.

Tanto Vélez como Londoño reconocen que el proceso de desmovilización empezó con serias fallas, entre ellas que no había un plan ni una estructura para atender a toda la gente que dejó las armas. Y ponen de ejemplo a Antioquia, donde se inició con una oficina prestada en el sótano de la Gobernación en la que siete funcionarios debían ocuparse de 11.140 desmovilizados.

Sobre la marcha, con la fórmula de ensayo-error, se fue construyendo un modelo que hoy funciona bien, explica Vélez. Pero en ese proceso se hicieron heridas difíciles de curar en el terreno, sobre todo en las poblaciones donde los paramilitares protagonizaron las más cruentas escenas de guerra.

Desmovilizados lo intentaron
De acuerdo con el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional, para el momento en que los grupos paramilitares dejaron las armas, el gobierno nacional no tenía suficiente presencia institucional en las regiones. Si bien en el 2002 se había creado el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), que dirigía el Ministerio del Interior y de Justicia, no había cómo atender a los grandes grupos desmovilizados.

Ante esa situación, varios exjefes de las Auc crearon unas asociaciones que se enmarcaron dentro del concepto de Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados (FOAD). Un análisis del Observatorio, difundido en 2009, estableció que estas asociaciones “tuvieron como función principal mantener a los desmovilizados agrupados para hacer seguimiento al proceso y brindar atención a las necesidades sociales, económicas y jurídicas que se presentaban en aquel momento”.

Esas organizaciones se encargaron, en un principio, de diseñar y coordinan proyectos productivos financiados por el Estado para generar empleo a los desmovilizados y en algunos casos participaron hasta las víctimas. Al mismo tiempo, fueron gestoras de servicios de educación y salud para los reinsertados. El problema que se derivó de allí es que los exjefes paramilitares continuaron con una posición de jerarquía sobre sus hombres y de poder sobre la comunidad.

En el Bajo Cauca se conformaron por lo menos tres de estas organizaciones, que fueron impulsadas por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macano’; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar’, y Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’. En el Urabá antioqueño se tienen registros de por lo menos seis más, dos de las cuales estuvieron respaldadas por Hebert Veloza García, alias ‘HH’, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.

El director de la ACR en Antioquia recuerda lo que ocurría en aquel entonces: “Al principio éramos muy poquitos para llegar institucionalmente a donde mucha gente. Con estrategia tuvimos que generar confianza y estos personajes (los jefes paramilitares) generaron confianza con estos grupos. Cuando esa confianza generó un resultado se empezaron a desbaratar esos vínculos de mando. Los que empezaron a generar bienestar fueron la Agencia o la Alta Consejería”.

La ACR no tiene actualmente registros de ninguna de estas organizaciones. Su desaparición se dio cuando el gobierno extendió su presencia en las regiones desde septiembre de 2006, con la creación, a través del Decreto 3043 de 2006, de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. En Antioquia fueron instalados ocho centros de atención para los desmovilizados que dependían de esta nueva entidad.

Adicional a ello, las realidades en el terreno comenzaron a cambiar: por un lado, llegó el Estado para resolver los asuntos que manejaban aquellas organizaciones; de otro, aparecieron las primeras señales de rearme, un nuevo fenómeno de violencia que derivó en la aparición de bandas criminales, y un factor de amenaza y riesgo sobre todo para aquellos que no quisieran integrarse a sus filas.

Bandas criminales: despierta un nuevo peligro
El 15 de marzo de 2007, la Defensoría del Pueblo alertó por el alto riesgo que presentaba para el municipio de Yarumal la presencia de un grupo que se hacía llamar ‘Águilas Negras’. En su descripción dijo que se trataba de un grupo armado “derivado de las autodefensas que se desmovilizaron”.

En agosto de ese año, alertó de nuevo sobre un riesgo alto, esta vez, en el municipio de Cáceres. En esta ocasión estableció que “tras el proceso de desmovilización del Bloque Mineros y Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos armados ilegales que se conformaron con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, entre las que se encuentran las autodenominadas ‘Águilas Negras’, están relevando el poder hegemónico de las autodefensas en el Bajo Cauca Antioqueño”.

La Defensoría advirtió que el grupo surgido después de la desmovilización tenía interés en controlar el circuito de producción y comercialización de coca. Además, aseveró que buscaba favorecerse de la titulación de baldíos y obtener títulos de tierra despojada utilizando la violencia y el desplazamiento. En su pronunciamiento también señaló que en Cáceres la gente percibía que los desmovilizados de las autodefensas no se habían desvinculado totalmente de las actividades ilegales, continuaban extorsionando, ahora bajo el nombre de las ‘Águilas Negras’, ejercían control territorial y se venían “apropiando de los ejes económicos y, paralelamente, a través de la promoción y ejercicio de candidaturas, de las Alcaldías y Concejos del Bajo Cauca”.

A finales de 2007 esta agencia del Ministerio Público emitió un nueva alerta. Esta vez dijo que en Anorí (Nordeste antioqueño) se evidenciaba el rearme y la organización de bandas conformadas por mandos medios del paramilitarismo, con el fin de retomar el dominio territorial, social y político. Y advirtió del peligro que corrían las víctimas que aspiraban a la reparación y a la restitución de sus tierras. El proceso de desmovilización no contaba con la completa aceptación en ese municipio. De hecho, en marzo de 2006, un grupo de pobladores, hizo una asamblea en la iglesia del pueblo para rechazar la presencia de desmovilizados del Bloque Mineros.

Mientras en las zonas donde se habían desmovilizado los paramilitares se hablaba de reacomodos de mandos y rearmes, un nutrido grupo de exjefes de las Auc fueron extraditados en mayo de 2008, lo que generó rupturas con las organizaciones y asociaciones que habían creado y por medio de las cuales querían tener injerencia política.

Los riesgos seguían aumentando en diferentes partes. El 28 de julio de 2008, la Defensoría lanzó una alerta para Briceño, Tarazá y Valdivia: “Reductos no desmovilizados de las Auc, miembros desmovilizados del Bloque Minero y Bloque Central Bolívar y narcotraficantes, conformaron grupos armados ilegales y permanecen en el territorio con el objeto de consolidar lo adquirido, representado en grandes extensiones de tierra, apropiación del recurso minero y control sobre actividades de narcotráfico”.

En un sentido similar, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) emitió un informe en el que afirmó que en los territorios donde se desmovilizaron las AUC “la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control”.

En Urabá las condiciones no eran muy distintas. Allá también empezaron a escucharse casos que daban cuenta de que la forma de actuar de los nuevos grupos no era muy diferente a la que se había impuesto en los peores años del paramilitarismo.

En la mañana del 7 de noviembre de 2008, un grupo de hombres armados con brazaletes de las autodefensas llegó a la vereda Playa Larga, en Turbo. Retuvieron a un líder, le apuntaron con un arma en la cabeza y lo hicieron desnudar. Ante el clamor de su padre, los paramilitares se abstuvieron de matarlo. El miedo hizo desplazar a diez familias de la vereda.

El 15 de octubre de 2008, un nuevo grupo autodenominado ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocido también como ‘Los Urabeños’, hizo su lanzamiento público en Urabá. Y el 11 de noviembre del mismo año, la Defensoría advirtió que en Apartadó y Turbo habían visto en zora rural a un grupo numeroso de hombres con armas largas, brazaletes de las autodefensas y vestidos de camuflados.

Sin embargo, frente a los problemas de seguridad que estaban creciendo, el gobierno nacional seguía avanzando en sus planes con los desmovilizados que quisieran salirse de la guerra. En 2008 expidió el Conpes 3554, que definió la política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales.

El documento parte de las dificultades de los desmovilizados para reintegrarse y advierte varias falencias del proceso, entre ellas el perfil psicológico y la falta de educación de la mayoría de los desmovilizados;  la poca oferta de servicios y oportunidades en los lugares donde viven; el rechazo de algunos sectores; y la amenaza de los grupos emergentes o rearmados tanto para los desmovilizados como para las personas que viven a su alrededor. Y a partir de ahí, crea una política para la atención de las necesidades psicológicas, en salud y educación de cada desmovilizado y establece las obligaciones de las diferentes entidades del Estado con los combatientes que dejaron las armas.

Se consolida un nuevo poder ilegal
En el 2009, la Vicepresidencia de la República documentó la presencia de bandas emergentes después de las desmovilizaciones en 179 municipios cuya presencia coincidía con algunos indicadores relacionados con el narcotráfico. Confirmó que en parte del norte, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño aparecieron hombres armados que se hacían llamar Águilas Negras. La Policía reportó su presencia en Belmira, Buriticá, Entrerríos, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San José de la Montaña, Sopetrán, Caucasia, El Bagre y Zaragoza. “Más recientemente, se han asociado a las Águilas Negras con estructuras relacionadas con Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, en el Urabá antioqueño y en el departamento Córdoba; de hecho, a las Águilas Negras se les atribuye el asesinato del hermano de ‘Cuco Vanoy’ en Tarazá”, se lee en un informe de la Vicepresidencia.

Para ese entonces, la Vicepresidencia habla de la presencia de los Rastrojos en Medellín. El mismo informe se refiere a la presencia de los Paisas (incluidos los Traquetos y los Vencedores del San Jorge) en 23 municipios de cuatro departamentos, principalmente Córdoba y Antioquia, pero también en Bolívar y Atlántico. Habla de su presencia en el Urabá antioqueño, donde para ese momento habían tenido alguna incidencia en San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necoclí, Arboletes, Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa. “Estas bandas tienen que ser analizadas de manera conjunta, puesto que en esencia hacen parte de la misma vertiente. Es decir, han tenido relaciones con la Oficina de Envigado. No obstante, los Paisas terminaron absorbiendo en buena medida a las otras dos agrupaciones (los Traquetos y los Vencedores del San Jorge)”, recomendaba la Vicepresidencia.

Igualmente, hablaba de las bandas al servicio de ‘Don Mario’ entre las más relevantes y activas para ese momento. A veces las llamaban bloque Héroes de Castaño o Águilas Negras. La Policía hablaba de la Bacrim Urabá. Su cubrimiento para 2008 alcanzó 18 municipios en cuatro departamentos: Antioquia, Córdoba, Chocó y Atlántico. En Urabá se notaba su presencia en los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó y Chigorodó. Para el mismo año tuvieron presencia en el norte y nordeste antioqueño, particularmente en Anorí, Amalfi, Gómez Plata y Carolina del Príncipe, según registró la Vicepresidencia en su momento.  

Al final, dio cuenta de que los jefes de las autodefensas desmovilizados (que fueron recluidos y luego extraditados) mantenían relación con las estructuras que seguían delinquiendo en las diferentes zonas del país. “Entre los que tenían una clara asociación con las bandas criminales, se debe mencionar a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo, y Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, para no mencionar sino los principales”, decía en un informe de la Vicepresidencia.

En el 2009, la Defensoría del Pueblo empezó a hablar de que en Apartadó y Turbo hacían presencia las Águilas Negras, Los Paisas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su presencia, para ese momento, se hacía evidente porque llevaban armas largas, a veces se vestían de camuflado, usaban brazaletes de las AUC y patrullaban por las carreteras.

Para Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, la Defensoría advirtió, también en 2009, que “en la subregión del Bajo Cauca antioqueño continúa un proceso de reconfiguración de diferentes facciones armadas que, posterior a la desmovilización del Bloque Mineros y del Bloque Central Bolívar de las AUC, utilizan indistintamente varias denominaciones, entre ellas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Paisas, Los Rastrojos, Águilas Negras y La banda de Sebastián, que están conformadas por reductos no desmovilizados de las AUC, excombatientes que se han rearmado y por grupos armados al servicio del narcotráfico, cuyos integrantes son de la subregión del Bajo Cauca o procedentes de otras regiones del país, especialmente de Urabá y Córdoba”.

En su momento, la Defensoría consideró que el los bloques Mineros y Central Bolívar desmovilizaron solo una parte de sus combatientes y entregaron algunas de sus armas. Sin embargo, dijo la Defensoría, mantuvieron su plataforma y estructura militar, política, social y financiera, ahora asumida por segundos mandos que hacen acuerdos o alianzas estratégicas con otras organizaciones. Advertía de la disputa entre dos bandos. El primero, conformado por los Paisas (o banda de Sebastián, de la línea de mando de Macaco), apoyados por los Rastrojos. El segundo, conformado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Águilas Negras, herederos del Bloque Élmer Cárdenas, cuyos combatientes llegaron de Urabá y Córdoba y se aliaron con las Farc para el negocio del narcotráfico. La Policía en Antioquia capturó en el 2008 a 19 personas y durante el primer semestre de 2009 a 131 por pertenecer a las nuevas bandas criminales. La mayoría dijeron haber tenido vínculos con las antiguas AUC.

El Secretario de Gobierno de Antioquia asevera que el 70 por ciento de los actuales objetivos de alto valor, es decir, los líderes de las bandas criminales que aparecen como los más buscados por las autoridades, son desmovilizados de las Auc.

A lo largo del proceso, mientras se hablaba del rearme de desmovilizados, la ACR ha venido haciendo ajustes para mejorar su atención. Ahora tiene un sofisticado sistema para registrar toda la información necesaria sobre cada desmovilizado y les ofrece un programa para que se eduquen y puedan salir a trabajar según el plan de vida de cada quien.

Londoño reitera que el aprendizaje ha servido y afirma que “ya podemos enseñar muchas cosas. Con esto que ha pasado, Colombia tiene una institucionalidad y una forma de hacer las cosas que es bien valioso y permite generar transformaciones”.

Y el Director de la ACR en Antioquia, asegura que la lección fue contundente: “nos quedó muy claro que los procesos de reintegración son individuales y no colectivos. La desmovilización se puede hacer colectiva, pero la reintegración no”. Y agrega que se requiere una tarea adicional: definir el papel de las comunidades. A su juicio, “tienen que entender cuál es su papel en el proceso”. Tales lecciones serán importantes para lo que vendrá si se logra concretar la negociación de la guerrilla de las Farc con el gobierno nacional.

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