Reintegración de excombatientes en Chocó: más sombras que luces

En este departamento, los desmovilizados de grupos armados deben enfrentarse a varias amenazas: la violencia ejercida por guerrillas y las bandas criminales, la falta de oportunidades de generación de ingresos y la estigmatización por parte de la sociedad. En un contexto así, garantizar el éxito de este proceso queda en entredicho.

desmovilizados-santander-300x200¿Cómo ofrecer una segunda oportunidad de vida digna en una tierra donde la gente difícilmente tiene un primer chance de ganarse la vida dignamente? Ese parece ser el gran reto que enfrenta la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en el Chocó para atender a los desmovilizados de grupos armados ilegales asentados en diversos municipios de este departamento.

En este olvidado territorio del pacífico colombiano, donde sus cerca de 500 mil habitantes deben enfrentarse a un entorno donde el Estado brilla por su ausencia, el desarrollo económico parece una quimera y la violencia generada por diversos actores amenaza con perpetuarse en un mal endémico sin cura conocida, la Entidad estatal busca que 541 desmovilizados de grupos armados ilegales que hoy residen en 12 municipios permanezcan en la filas de la legalidad.

No es una tarea fácil.  Las graves condiciones económicas y sociales que padecen los chocoanos se convierten en un factor de alto riesgo de reincidencia y rearme para la población desmovilizada. De ello es consciente la ACR, entidad creada por el gobierno nacional para lograr que los desmovilizados vuelvan a la vida civil, que reconoce que a esas dificultades hay que sumarle la débil institucionalidad local que hace inviable establecer acuerdos de cooperación como suceden en otros departamentos como Antioquia y Córdoba.

“La dificultad grande en el Chocó es el tema económico”, señala Juan Fernando Vélez, coordinador de la ACR regional Antioquia-Chocó, quien agrega que pese a contar con que el gobierno nacional destinó en el último año cerca de 195 mil millones de pesos para la atención de la población desmovilizada en todo el país, en la práctica cotidiana se enfrentan a una situación bastante compleja. “¿Qué es lo que busca el programa? Que el desmovilizado pueda ejercer su ciudadanía de manera autónoma y sostenible. Y garantizar eso donde no hay empleo y las oportunidades productivas son tan poquitas es muy complicado. Queda la informalidad y entonces el tema se nos va por ese lado y, desafortunadamente, hay una cultura de ilegalidad e informalidad muy grande que se convierte en factor de riesgo de reincidencia”.

Las estadísticas que lleva esa agencia estatal confirman las preocupaciones del funcionario: de los 541 desmovilizados registrados en Chocó solo 25 cuentan con un empleo formal; mientras que 93 no tienen ocupación económica alguna y 260 se ganan la vida en actividades informales que van desde el mototaxismo (rapimoteros como se les conoce en la región), vendedores informales, hasta trabajo en minas de oro. (Ver mapa de los bloques desmovilizados en Chocó)

VerdadAbierta.com presenta una radiografía sobre cómo fue el proceso de desmovilización en este departamento, algunos de sus problemas más apremiantes, los municipios donde hay presencia de bandas criminales y cuáles son los retos institucionales para lograr una eficiente reinsersión.

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El lugar de los desmovilizados

En Quibdó, que pese a su condición de capital de departamento registra los niveles más altos de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de ciudad alguna en el país, residen 136 de los 541 desmovilizados registrados por la ACR. El resto se encuentra en los municipios de Ungía (110); Riosucio (68); Belén de Bajirá (55); Itsmina (39); Carmen de Atrato y Medio Atrato (18); Tadó (17); Nóvita (6); Condoto (4); Atrato (1); Bagadó (1) y Medio Atrato (1).

De los 541 desmovilizados se tiene que 270 se encuentran activos, bien en procesos de formación académica o para el trabajo y en talleres de acompañamiento psicosocial.  De los 271 restantes, la Agencia Estatal registra que 54 ya culminaron su proceso y se reincorporaron a la sociedad; mientras que 21 están a la espera de graduarse del programa; 24 más se encuentran inactivos, es decir, llevan poco más de seis meses sin ir a ninguna de sus actividades; y de los 21 restantes se tiene que nunca ingresaron al programa.

Las cifras también registran la muerte de 11 desmovilizados, 8 de ellas por homicidios, así como la extradición de un desmovilizado. Lo que llama la atención es que, a 30 de julio de este año, cinco ya habían perdido sus beneficios y uno se encontraba suspendido, mientras que 131 están siendo investigados para pérdida de beneficios. “Están bajo investigación por distintos motivos: o porque delinquieron con posterioridad a la desmovilización o porque no se presentaron durante seis meses y eso ya se convierten en causal de pérdida de beneficios”, explica Vélez.

Sin embargo, para el coordinador de la regional Antioquia-Chocó el tema de la reincidencia también debe ser analizado caso por caso para no caer en juicios generalizados que terminan por reforzar los imaginarios de las comunidades según los cuales, “todo lo malo que pasa en los pueblos y en los barrios es culpa de los desmovilizados. Y tampoco es así”, precisa. Al respecto, información suministrada por la ACR muestra que en Chocó se conocen tres casos de reincidencia probada mientras otros 32 son potenciales reincidentes.

Para ilustrar su punto de vista, evoca un caso ocurrido en Quibdó: “un muchacho del programa, que conocemos bien, estaba trabajando en una mina de oro, porque entre otras cosas, es lo único que ellos encuentran para hacer. Se estaba ganado, brutos, cuatro millones de pesos semanales, de los cuales le quedaban dos millones a él. ¿Quién se va ir para un grupo armado con ese sueldo? El hecho es que por razones de seguridad, presiones de las bacrim y las guerrillas, el hombre andaba armado. En una requisa de la Policía le cogieron el arma y en estos momentos está en investigación por porte ilegal de arma. ¿Reincidió? Sí, pero no estaba conformando grupos armados”.

Por ello, para combatir las amenazas que genera el contexto social, económico y de seguridad, la ACR en el Chocó le apuesta fuertemente al acompañamiento psicosocial. “Mientras en otros departamentos tenemos un profesional, digamos un psicólogo, por cada 40 desmovilizados, en Chocó tenemos un psicólogo por cada 20 desmovilizado, que constantemente les está ‘machacando’ el cuento de la legalidad, que vale la pena estar en la legalidad”, explica el coordinador de la Agencia estatal para Antioquia y Chocó.

¿Regresaron a las bacrim?     
Si bien es un despropósito afirmar que todos los desmovilizados que no aceptaron la segunda oportunidad brindada por el Estado terminaron engrosando las filas de las bandas criminales, tampoco se puede desconocer que antiguos excombatientes se incorporaron a esas nuevas estructuras armadas surgidas a mediados de 2006 tras el fin de la desmovilización colectiva de los distintos bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Al respecto, el capítulo dedicado al seguimiento del proceso de desmovilización, desarme y reinserción en el departamento de Chocó, que hace parte del informe Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia: panorama posacuerdos con Auc, elaborado por la Comisión Nacional de Memoria Histórica (CNMH), encontró que entre diciembre de 2007 y agosto de 2009, de 541 miembros capturados de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Los Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, el 33.8 por ciento eran paramilitares desmovilizados. En este mismo periodo fueron capturados 36 miembros de la bacrim Renacer, de los cuales el 9.2 por ciento también eran desmovilizados.

Los investigadores de la CNMH constataron que en municipios como Istmina, un alto porcentaje de los integrantes muertos o desaparecidos de la banda criminal ‘Los Machos’, también identificadas como ‘Autodefensas Campesinas Unidas del Norte’, herederas del emporio criminal dejado por el Bloque Pacífico de las Auc, eran precisamente desmovilizados de esta estructura paramilitar.

“También con entrevistas realizadas a exintegrantes del Bloque Elmer Cárdenas comprobamos que luego de la dejación de armas ellos tenían que negociar quiénes realmente ingresaban al proceso de reintegración y quiénes tenían que regresar al nuevo grupo”, señala Camilo Villamizar, investigador responsable del informe sobre el Chocó.   

Pese a lo anterior, tal como advierte Villamizar, “esto puede marcar una tendencia pero no es un dato concreto o un dato exacto como tal. Entre otras cosas porque es difícil medir el nivel de reincidencia de esta población en las nuevas bandas posdesmovilización”.

Si bien no existen cifras concretas que permitan determinar el porcentaje de reincidencia de los antiguos paramilitares en las denominadas bandas criminales, lo que sí es claro es que luego de la desmovilización de las distintas facciones de las Auc surgió un nuevo escenario de violencia caracterizado por la disputa de rentas legales e ilegales que ha generado graves afectaciones a la población civil.

Así lo consignó la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo No 001-13 del 15 de enero de 20013, donde alerta a las autoridades respectivas, entre ellas el Ministerio de la Defensa, sobre el inminente riesgo de vulneración de derechos en el que se encontraban 3.400 personas de las comunidades afro e indígenas de los municipios Litoral del San Juan y Bajo Baudó debido a los constantes y fuertes enfrentamientos entre las bandas criminales de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’. Esta agencia estatal fue clara en señalar que el escenario de riesgo de estas comunidades se configuró a partir de las acciones armadas de los grupos ilegales surgidos tras la desmovilización de las Auc.

“En el mes de agosto de 2005 se produjo la desmovilización del Frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico de las Auc, en el municipio de Istmina, lo que permitió pensar en el fin de las acciones violentas contra la población civil en este departamento. Sin embargo, paralelo a dicho proceso se conformaron grupos armados ilegales integrados por desmovilizados, excombatientes de las autodefensas que no entregaron las armas y miembros de los ejércitos privados de narcotraficantes del Norte del Valle (Machos y Rastrojos), que se autodenominan Autodefensas Campesinas del Norte del Valle (Acun) y Rondas campesinas populares, con el propósito de ocupar territorios de control paramilitar”, dice el informe defensorial en uno de sus apartes.   

El acoso de las bandas criminales lo sienten con fuerza los consejos comunitarios, organizaciones de autogestión y autogobierno de las comunidades afrocolombianas asentadas en Chocó, creadas por Ley 70 de 1993, que, además, les reconoce el derecho colectivo sobre la tierra. Justamente, por gestiones y reclamaciones adelantadas por estos consejos, el Incoder tituló, en los últimos tres años, cerca de 95 mil hectáreas de tierra a estas instancias de gobierno comunitario, asignándoles responsabilidades en su administración y su conservación.

Pese a la protección que les brinda la Ley 70, los consejos comunitarios han denunciado de manera reiterada que en sus territorios incursionó la minería ilegal desarrollada por personas ajenas al territorio, en su mayoría antioqueños y costeños, quienes, en asocio con las bandas criminales, inundaron la región de retroexcavadoras, sin que exista el más mínimo control por parte de autoridades ambientales, civiles o de Policía. Quienes se oponen o denuncian esa situación reciben amenazas de muerte y son conminados a abandonar la región.  

Así lo revela Américo Mosquera, representante del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca, que comprende los municipios de Atrato (Yuto), Lloró, Bagadó y Certegui, que a su vez tiene tituladas unas 73 mil hectáreas de tierra y en las cuales habitan unas 12 mil personas. Según este líder, en el territorio de Cocomopoca se han identificado cerca de 70 “entables” o “retros”, que además del impacto ambiental, están generando serios problemas sociales y de orden público.  A esto se suma la presencia de un grupo de antiguos paramilitares, ahora rearmados, en zona rural de la localidad de Lloró, quienes vienen generando zozobra entre las pobladores.

Los riesgos que corren
Pero el riesgo no es solo para las comunidades. Se estima que los ocho asesinatos de desmovilizados registrados por la ACR en Chocó en los últimos años obedecen a las presiones ejercidas por las bandas criminales hacía sus antiguos compañeros de armas para que retornen a la ilegalidad. “Desafortunadamente, de los participantes que nos han asesinado, la gran mayoría eran excombatientes de las Auc y los hechos, en su mayoría también, tienen que ver con negativas de reclutarse en las bacrim”, advierte el coordinador de la ACR Antioquia-Chocó.   

La presión no proviene solamente de las bacrim. De acuerdo con el informe de la CNMH, la guerrilla de las Farc también viene intimidando y amenazando tanto a sus antiguos enemigos como a sus antiguos compañeros de armas que decidieron ingresar a la legalidad y a quienes consideran desertores.

Al respecto, el informe documenta dos casos de desplazamientos forzados generados por las Farc, cuyas principales víctimas fueron desmovilizados. El primero de ellos se registró en abril de 2011 en la vereda Guaduas, de Carmen de Atrato. Allí, guerrilleros de las Farc reunieron a 13 excombatientes del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Los ‘farianos’ los invitaron a unirse a sus filas y ante la negativa de estos, fueron declarados objetivos militares. Un mes más tarde, los desmovilizados del ERG y sus familias, un total de 43 personas, debieron abandonar la región.   

El otro caso ocurrió en Villa La Paz, de Ungía, el 8 de abril de 2011. Ese día, varios integrantes del Frente 57 de las Farc llegaron hasta el caserío y asesinaron a cuatro personas que se encontraban desarrollando labores de agricultura. Luego se comprobó que dos de las víctimas eran desmovilizadas del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc. La acción generó el desplazamiento forzado de por lo menos 160 personas, la mitad de ellas exintegrantes de esa facción paramilitar.

Y es que en esta región del Chocó, particularmente, donde se asienta un número importante de exparamilitares de ese bloque, las presiones de la guerrilla amenazan con echar al traste iniciativas productivas legales desarrolladas por los desmovilizados.

“En Ungía, una población importante de desmovilizados tiene un cultivo de caucho clonado y de pimienta, pero ha sido una población que ha tenido que desplazarse, como mínimo en dos ocasiones, por cuenta de las amenazas de las Farc y pues cada vez se va quedando con menos miembros”, asegura Villamizar.

¿Qué pasa con los indígenas?
Si algo diferencia el proceso de reintegración de excombatientes de grupos armados en el Chocó de otros departamentos es la presencia de miembros de comunidades indígenas que, en el pasado, fueron reclutados forzosamente, principalmente por las guerrillas, y hoy buscan una segunda oportunidad en la legalidad.

La documentación adelantada por la CNMH evidenció que los nativos poseen sus propios mecanismos de reintegración, acordes a su cultura y sus tradiciones. Estos, según el documento, “son diversos, se dan de manera informal en la mayoría de las comunidades, pero en otras se han construido procesos más organizados”.

Entre los casos reseñados por el informe sobresale el de la comunidad de Sabaleta, en el municipio de Carmen de Atrato, con exmiembros del Ejército Revolucionario Guevarias, una disidencia del Eln, y el proceso que adelanta el resguardo del Río Purricha, en Bajo Baudó.

Si bien para la ACR el proceso de reintegración es individual, ya está pensando en la posibilidad de incorporar un enfoque étnico para atender este tipo de población y los primeros acercamientos a ese tema se están haciendo en el departamento de Putumayo.

“El problema es que cuando tú eres individuo, eso no se puede pensar en colectivo. Si como individuo te reconoces como indígena, nosotros como ACR tenemos que entender las particularidades de tu arraigo cultural, pero no es que exista un proceso de reintegración dirigido exclusivamente a indígenas”, precisa Esneyder Cortés, director programático de Reintegración de la ACR.

Aunque el funcionario reconoce que la población indígena activa en el programa no alcanza un número significativo, expertos consultados por VerdadAbierta.com advierten la necesidad de tener muy presente una labor de acompañamiento a los cabildos y resguardos, si se piensa en perspectiva de una culminación exitosa de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, que conduzca a una eventual dejación de armas de los bloques de las Farc, cuyas filas están integradas en un buen número por nativos de diversas etnias.   

“Nosotros tenemos acá personas indígenas y con ellos hemos trabajado, pero tanto como llegar hasta la comunidad no. Al final, el enfoque nuestro está centrado en el individuo y  eso da la posibilidad de que el proceso se haga con las particularidades de cada comunidad, lo que tiene que lograr en últimas el proceso es que ellos permanezcan en la legalidad, que se relacionen bien con la gente y esto se puede lograr con una comunidad indígena o en otra comunidad”, agrega Cortés.

Cotidianidad de los desmovilizados
Una de las preguntas que flota en el ambiente es cómo están viviendo hoy los desmovilizados asentados en el Chocó. Conocedores del tema consultados por VerdadAbierta.com que pidieron reserva de su identidad señalan que un 30 por ciento de ellos no vive bien, es decir, pese a estar participando en el programa, las opciones de generación de ingresos son nulas, el rechazo y la estigmatización por parte de la sociedad es constante y las amenazas de reclutamiento por parte de las bacrim son permanentes.  

Por su parte, la investigación adelantada por la CNMH sobre el proceso de desmovilización, desarme y reinserción en el Chocó llama la atención sobre la existencia de un grupo de desmovilizados que, pese a estar en la legalidad, está convirtiendo la ayuda entregada por la Agencia estatal en un modo de “ganarse la vida”.

“Hay un porcentaje de la población que vive exclusivamente de los auxilios que le da la ACR. Es decir, no hace nada, va a los cursos formativos, a las jornadas psicosociales, pero realmente no busca adelantar una actividad productiva sino que se limita a esperar los subsidios”, expresa Camilo Villamizar, y añade que “hay otro porcentaje que juega doble: en el día van a las actividades de la ACR y por la noche se dedican a delinquir”.  

Bajo la mirada de la ACR, se tiene que un 70 por ciento de ellos son ciudadanos legales, que al igual que el resto de los chocoanos, intenta ganarse la vida aunque sea desde la informalidad.

Documentos de esta agencia estatal consignan que en el periodo comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013 se desarrolló el proyecto “Mambrú no va a la guerra”, que benefició a 50 desmovilizados de la ciudad de Quibdó y en el cual se invirtieron 59 mil millones de pesos. Asimismo, se destacó que a julio 8 del presente año, unos 345 excombatientes en procesos de reintegración vienen adelantando trabajo con comunidades.

Y pese a que varios proyectos productivos desarrollados por desmovilizados y acompañados por la ACR han fracasado, existen algunas experiencias positivas, como el proyecto guarda-golfos, que viene ejecutando un grupo de excombatientes de las Auc en Acandí, donde se dedican a la pesca artesanal y al cuidado del medio ambiente en esta parte costera del departamento.

Sin embargo, así como las personas que abandonan las filas de los grupos armados y que buscan verdaderamente una segunda oportunidad, se enfrentan a un entorno dominado por la violencia y la falta de oportunidades laborales, el  proceso de reintegración como tal debe sortear un obstáculo difícil de superar: la estigmatización a esta población por parte de la sociedad.

Prueba de esos tropiezos quedaron plasmados en la iniciativa Sembradores de la Reconciliación, cuyo objetivo fue promover la reconciliación entre las personas desmovilizadas y las comunidades receptoras de los municipios de Quibdó, Riosucio, Ungía, Acandí, Istmina y Tadó. Tal como lo documentó la CNMH, “las víctimas aún no están dispuestas a vivir junto a sus victimarios ni a perdonar, nada la continuidad del conflicto en la región y el aumento de los homicidios y del sicariato que la gente suele asociar con el paramilitarismo y a los reinsertados”.

Al respecto, el coordinador de la ACR regional Antioquia-Chocó asevera que “todos queremos la paz, pero nadie quiere vivir junto a un desmovilizado. La estigmatización todavía es muy fuerte. Por eso, el trabajo de reintegración incluye un trabajo con las comunidades. Porque si no cambiamos ese estigma, sino rompemos eso, va ser muy difícil alcanzar la paz”.

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