Agrio balance para los defensores de derechos humanos en Antioquia

De acuerdo con un reciente informe publicado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), en lo que va corrido del presente año se incrementaron las agresiones contra defensores de derechos humanos en el departamento, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Las agresiones contra defensores de derechos humanos en Antioquia van en aumento. Foto: archivo Semana.El primer semestre de 2016 no deja buenas noticias para los defensores de derechos humanos en Antioquia. Así lo señala un reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia elaborado por las organizaciones no gubernamentales pertenecientes a la Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos, quienes advirtieron que entre el 15 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016 se registraron un total de 143 agresiones contra activistas en este departamento.

La cifra señala un aumento con relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron un total de 90 agresiones contra defensores de derechos humanos. A juicio de las organizaciones, dicho aumento se explica por las múltiples provocaciones, señalamientos, estigmatizaciones e intimidaciones que padecieron tanto los participantes del paro agrario, étnico y popular que tuvo lugar en el mes de junio así como los integrantes de colectivos como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El informe destaca que las amenazas individuales, con 20 casos; las detenciones arbitrarias, con 14 casos registrados; y los hostigamientos colectivos, con un total de 13, fueron las agresiones que más padecieron los defensores en Antioquia. También se reseñaron 27 casos de activistas heridos en circunstancias aún por esclarecer. A lo anterior se suman 13 casos de judicialización; siete casos de homicidios; seis amenazas colectivas y un caso de desplazamiento forzado.   

En el documento también se registraron como agresiones cuatro casos de señalamientos a defensores hechos por funcionarios públicos. Se trató, más concretamente, de la acusación proferida por el alcalde del municipio de Valdivia, norte de Antioquia, contra la lideresa Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, a quien el mandatario responsabilizó por las alteraciones de orden público que tuvieron lugar allí durante el desarrollo del paro agrario. Los defensores de derechos humanos también denunciaron señalamientos por parte del alcalde de Santa Rosa de Osos así como por la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez.      

La Policía Nacional, principalmente el Esmad, con 70 casos; y las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), figuran como los principales agresores. En 17 casos de agresión no se pudo determinar el responsable.

En el caso de las regiones de Antioquia donde la labor de defensa de derechos humanos fue más riesgosa, el informe señala que el Urabá antioqueño, con 60 casos de agresión, encabeza el deshonroso listado. Allí, los ataques estuvieron dirigidos contra los indígenas, quienes se movilizaron masivamente durante el paro agrario, étnico y popular; así como contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los reclamantes de tierra y la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa).

Le sigue en su orden el Nordeste con un total de 25 casos de agresión; el norte del departamento con 23 casos y el Bajo Cauca antioqueño, con 16 casos registrados. Cabe destacar que de los siete homicidios cometidos durante el primer semestre de 2016, cuatro ocurrieron en los municipios que integran esta última región.

Se trató de los homicidios del campesino Jesús Quintero, que tuvo lugar el 29 de febrero en la vereda Cumbres de Tarazá, en confusos hechos que involucran a soldados del Ejército Nacional. En zona rural del municipio de El Bagre se presentó el pasado 7 de marzo el asesinato de William Castillo, coordinador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamacó (Aheramigua). El julio pasado, la Fiscalía anunció la captura de varios integrantes de los llamados ‘gaitanistas’ en el municipio de Caucasia, entre ellos, el responsable del crimen de Castillo.

El otro asesinato registrado en el Bajo Cauca fue el del líder indígena Manuel Chima Pérez, integrante de la guardia indígena del resguardo Los Almendros del municipio de El Bagre. Por último, el informe consigna el homicidio de Wilson Manuel Cabrera, coordinador del comité de mototaxistas de la vereda La Coquera, también de El Bagre, asesinado el 29 de junio en el casco urbano de la localidad.

Para los responsables del informe, llama poderosamente la atención que justo en momentos en que se consolidaba el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc y las acciones para desescalar el conflicto armado comenzaban a mostrar resultados tangibles, hayan aumentado las agresiones a los defensores de derechos humanos en el departamento siendo la fuerza pública, seguido del grupo armado de los ‘gaitanistas’,  los mayores responsables.  

“Si bien las cifras del desescalamiento del conflicto armado en Colombia muestran avances muy satisfactorios de la no afectación a la población civil, e incluso a miembros de la fuerza pública y de la guerrilla, el Estado no debe olvidar sus funciones y responsabilidades de cara a las Garantías de No Repetición, estas responsabilidades deben estar acompañadas por un saneamiento total de todas esas prácticas que aún continúan siendo utilizadas contra todos los ciudadanos”, se lee en el informe.

El informe viene acompañado por una dura carta que los defensores de derechos humanos también le enviaron al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en donde critican su desidia y falta de compromiso con la labor de los activistas, pero que “sin embargo sí es diligente para insultar nuestra calidad de defensores con sus desplantes, su falta de voluntad a una política real hacia la Paz, su siempre inasistencia a las invitaciones formales de evaluación de la situación de derechos humanos que hemos programado y a las cuales les hemos invitado”, tal como se lee en la misiva.