Los nuevos desplazamientos del Catatumbo

En los últimos meses, el Ministerio de Defensa aumentó su pie de fuerza en la región para combatir al Eln y al Epl. Sin embargo, los frecuentes enfrentamientos han puesto en peligro a la población, por lo que se han reportado más de 900 desplazamientos.

En un consejo de seguridad realizado el 16 de abril en Ocaña el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció el aumentó en el pie de fuerza. Foto: archivo Semana.“El Catatumbo ha sido siempre una región abandonada por el Estado, solo lo vemos llegar a punta de fusil y esta vez no es la excepción”, explica un líder comunal de El Tarra que pidió la reserva de su nombre. “Tantos hombres armados cerca de las casas, de los colegios, de los hospitales crea una tensión muy fuerte para la población”.

Se refiere a los primeros resultados de la nueva estrategia del Ministerio de Defensa para atacar a algunos de los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo, pues en esta misma región hacen presencia simultánea las guerrillas de las Farc y el Eln, así como un reducto del Epl, que no es considerado alzado en armas por sus vínculos con el narcotráfico. Son los enfrentamientos entre el Ejército y esta última agrupación los que han causado la mayoría de los desplazamientos.  

El aumento del pie de fuerza se remonta a la Directiva N.15, expedida el pasado 22 de abril por el Ministerio de Defensa que, entre otras cosas, cambia la denominación de algunas bandas criminales y las nombra Grupos Armados Organizados (GAO). El cambio implicó que grupos como el Epl dejaran de ser perseguidos solo por la Policía y entraran a ser combatidos por las Fuerzas Militares.

El Epl – o ‘Pelusos’, como los llama la Fuerza Pública – se ha autoproclamado como un grupo subversivo, pero el gobierno no los ha reconocido como tal.

La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes

El Ejército Nacional ha desplegado sus tropas en algunas veredas en Teorama, Hacarí, San Calixto, Sardinata y El Tarra. El objetivo, entre otros, es evitar que el ELN y el EPL ocupen los territorios donde hace presencia la guerrilla de las Farc en el Catatumbo, en caso de que el acuerdo de paz se concluya. Ya las autoridades habían advertido que el Epl estaba apropiándose de los negocios de la coca.

El Epl, a la conquista de la coca del Catatumbo

Sin embargo, la medida despertó una respuesta inmediata de los grupos armados, especialmente del Epl. Durante las últimas dos semanas de julio y la primera de agosto se presentaron frecuentes enfrentamientos que dejaron un militar muertos y tres civiles que quedaron heridos en medio de las balas.

“Hay un ambiente de zozobra entre los pobladores que sienten que sus vidas se ponen en peligro, sobre todo cuando las estaciones de policía quedan en el centro del pueblo o al lado de los colegios. Nunca se había visto un operativo de esas proporciones”, dijo Nelson Arévalo, director ejecutivo de la Asociación de Personeros del Catatumbo.

De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) los hechos violentos más recientes ocurrieron entre el 19 de julio y el 7 de agosto en los barrios El Centro, Chapinero y las Mantequillas en el municipio de Teorama; Miraflores, Centro, 20 de Julio, La Parrilla, 7 de agosto y 17 de Mayo en Hacarí; y la Vereda San Isidro en El Tarra. Según el informe de OCHA, se ha reportado el desplazamiento forzado interurbano de 655 personas en Teorama y Hacarí y el desplazamiento interveredal de 268 pobladores del Tarra.

“No se trata del desplazamiento tradicional de personas que dejan sus casas definitivamente. Lo que pasa es que las familias que viven en el casco urbano, los que están más cerca de las estaciones de Policía, pasan todas las noches en casas de familiares o amigos por miedo de que les pueda pasar algo”, contó Dióegenes Quintero, personero de Hacarí. En la vereda San Isidro, en El Tarra, las familias se desplazaron hacia la escuela.

De acuerdo con varios personeros consultados por VerdadAbierta.com, lo pobladores denunciaron que los enfrentamientos han afectado sus viviendas y que el Ejército hizo supuestos allanamientos en sus casas sin ningún tipo de orden judicial.  “Llegan maltratando a la gente, tratando a todo el mundo como si fueran guerrilleros”, contó un funcionario que pidió la reserva de su nombre.

Durante las últimas dos semanas los enfrentamientos cerca de los cascos urbanos han frenado, luego de que la Asociación de Personeros del Catatumbo se reuniera con miembros del Ejército y con la comunidad. “Se vive una igual una tensa calma, porque no se sabe cuándo los grupos vuelvan a atacar. Además hay constantes amenazas de que van a lanzar artefactos explosivos”, explicó Quintero.

Esto ocurre al mismo tiempo que vecino municipio de Tibú, que también hace parte del Catatumbo, se prepara para que la vereda Caño Indio se convierta en una de las 23 zonas de concentración donde las Farc iniciaran su proceso de dejación de armas y su regreso a la legalidad.  

Colegios, en riesgo

‘Los Pelusos’ han llegado a cada uno de los municipios del Catatumbo ganándose a los cultivadores de hoja de coca.La crisis humanitaria ha vuelto a despertar la polémica por la presencia de estaciones del Policía a pocos metros de los colegios. Por miedo a que quedaran en medio del fuego cruzado, algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Según OCHA, la decisión afectaría a cerca de 180 niños.

Ocurrió así en la escuela vereda Llana Baja, de Teorama, donde, según los habitantes, la constante presencia del Ejército causó pánico entre los estudiantes. También existen denuncias similares en el caso urbano de San Calixto. “Habíamos logrado sacar a la Policía de la casa que está adecuada para el hospedaje de los maestros, en la esquina del parque, pero con este operativo retornaron y quienes viven cerca sienten que están en peligro”, aseguró Nelson Arévalo.

Sucede lo mismo en el colegio el Colegio Monseñor Sarmiento Peralta en el Corregimiento de las Mercedes, Municipio de Sardinata, lugar donde se siguen presentando enfrentamientos entre los grupos ilegales y el Ejército. Desde 2013, la Corte Suprema había pedido el traslado de la estación de Policía, que además estaba cerca también del puesto de salud y de la iglesia, pero esto aún no ha ocurrido y los menores siguen en riesgo.