No cesa la violencia en El Bagre

      

En las últimas semanas fueron asesinados dos campesinos y un líder indígena en distintos hechos registrados en este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Comienza a preocupar la sevicia con que secometieron algunos de ellos. Una de las víctimas fue desmembrada y sus restos arrojados al río Nechí.

dlr el bagre 1Foto: cortesía Agencia de Presena IPC.Mientras desde La Habana, Cuba, resuenan mensajes esperanzadores sobre un eventual y pronto fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, en municipios como El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, los vientos de la guerra no dejan de soplar; por el contrario, tienden a recrudecerse y ya amenazan con provocar una delicada crisis humanitaria.

Todo porque la cruenta confrontación armada que azota a esta localidad desde finales de 2015 y que tiene como protagonistas al Frente 36 de las Farc, la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) está generando serias afectaciones entre la población campesina, comunidades indígenas, así como entre líderes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos con presencia en la región.

Los hechos más recientes se registraron en la semana del 17 y el 21 de mayo, cuando fueron asesinados dos campesinos y un joven indígena. Según informaron voceros de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), que agrupa mineros artesanales del Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar, el pasado 17 de mayo hombres fuertemente armados pertenecientes a los ‘Gaitanistas’ incursionaron en la vereda Campo Alegre del corregimiento Puerto López y sacaron a la fuerza de su vivienda al campesino Manuel Gregorio Carrasco.

El labriego fue asesinado, su cuerpo desmembrado y posteriormente arrojado al río. Luego, los ‘gaitanistas’ cruzaron el afluente que surca la vereda y asesinaron al campesino Rafael Mesa. Según informaron voceros de Aheramigua, luego de los homicidios los ‘Gaitanistas’ obligaron a la comunidad a reunirse y, frente a ellos, justificaron el atroz hecho diciendo que se trataba de colaboradores de la guerrilla y que lo hacían para que la comunidad escarmentara.

Tres días después, mientras se movilizaba en su motocicleta por el casco urbano de El Bagre, fue ultimado a tiros Manuel Chima Pérez, indígena de la etnia Zenú, quien además integraba la guardia indígena del resguardo Los Almendros, ubicado en este municipio.

De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el joven, de 21 años de edad, no había llegado a denunciar ningún tipo de amenazas en su contra; situación contraria a la de varios líderes indígenas de este mismo resguardo, quienes en el último año han recibido delicadas intimidaciones por cuenta de oponerse a que sus territorios sean zona de refugio y tránsito de los distintos actores armados.

Esta muerte se presentó justo un día antes de la visita al municipio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien presentó allí oficialmente el proyecto Paz en Acción, con el cual el gobierno nacional pretende fortalecer la presencia del Estado en aquellos municipios fuertemente afectados por el conflicto armado o donde actualmente se registran preocupantes fenómenos de violencia.

“Con este proyecto buscamos que los municipios más afectados por el conflicto sientan que la llegada de la paz significará más seguridad y una transformación de sus condiciones de vida; que por fin sientan la llegada del Estado colombiano”, declaró en su momento el jefe de cartera.

El lanzamiento del proyecto coincidió además con el inicio de la semana por la paz: “Nos preparamos para la reconciliación”, evento convocado por la Alcaldía de El Bagre, el Comité de Convivencia Ciudadana de esta localidad y que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas.

La actividad, que arrancó el pasado 21 de mayo y se extenderá hastael próximo 28 de mayo, cuyo propósito es exigirles a los actores armados que cesen la violencia que tiene en zozobra al municipio, cuenta también con el apoyo de diversas organizaciones sociales de la región, como Aheramigua, quienes justamente realizarán este viernes 27 de mayo una vigilia permanente por la paz en la iglesia católica del corregimiento Puerto López.

¿Se rompió el pacto?

dlr el bagre 2Foto: cortesía Agencia de Prensa IPC.Estas muertes se suman a la del exconcejal Wilson Hoyos, ocurrida el 28 de abril del presente año, quien fue herido a tiros por presuntos miembros de los ‘gaitanistas’ mientras se movilizaba por el casco urbano del corregimiento Puerto Claver, de El Bagre, y rematado horas después mientras era transportado en lancha por el río Nechí hacía el hospital Nuestra Señora del Carmen. El homicidio generó el desplazamiento forzado de tres líderes y una lidereza de este corregimiento, todos integrantes de  Aheramigua.

Según la Defensoría del Pueblo, entidad que viene monitoreando con especial atención la situación del Bajo Cauca antioqueño desde 2014, lo que ocurre en El Bagre obedecería al  rompimiento de acuerdos logrados en 2013 entre las Farc y los ‘Gaitanistas’, donde cada una de las partes se comprometía a respetar los territorios de dominio de cada grupo armado, así como las rentas derivadas de este. Así, la guerrilla transitaba por las áreas rurales que limitan con el sur de Bolívar mientras que los miembros del grupo armado postdesmovilización continuaron con el control del casco urbano y sus veredas aledañas.

“Pero a finales del año 2015 este pacto se rompió, ambas organizaciones armadas ilegales reactivaron la disputa por el control territorial, vulnerando de manera grave los derechos humanos de la población del corregimiento de Puerto Claver y cometiendo infracciones al DIH”, consignó esta agencia del Ministerio Público en Informe de Riesgo No. 007-16 del 8 de marzo de 2016.

Desde el rompimiento de esos acuerdos, se han registrado al menos cuatro fuertes combates entre ambas organizaciones. El primero de ellos se registró el 28 de noviembre del año pasado en el casco urbano de Puerto Claver, hecho que dejó cuatro personas muertas. El segundo se presentó en la segunda semana de diciembre de 2015 en el sitio conocido como Amarecí; pocas semanas después estas estructuras armadas se enfrentaron en las veredas La Llana, Muquí Alto y Santa Rosa.

Luego se registró un nuevo choque el pasado 11 de abril en inmediaciones del corregimiento Puerto López, también de El Bagre. Ese día, según informaciones de las autoridades, un numeroso grupo de hombres armados, que portaban brazaletes de las Farc y el ELN, descendieron por la Loma de La Puerca, hacia el Valle de Guamocó, en el sur de Bolívar, desde donde cruzaron hasta la zona del Bajo Cauca con el fin de atacar a los integrantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Pero las preocupaciones no paran aquí. El incremento de asesinatos selectivos, amenazas y desapariciones forzadas también tiene en máxima alerta a los organismos humanitarios. El 21 de septiembre de 2015 se registró el homicidio del sobrino y conductor del entonces candidato a la Alcaldía y actual alcalde de El Bagre, Ángel Meza. El 30 de noviembre de ese año fue asesinado un joven integrante de la Armada Nacional, que se encontraba de licencia donde su familia.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo consignó que en lo que va corrido de 2016 se han registrado cinco casos de desaparición forzada y posterior desmembramiento de cuerpos. “El caso que más atemorizó a la población civil fue el de Jair de Jesús Suarez, que el 9 de enero fue sustraído de su lugar de trabajo (en una finca), por un grupo de hombres al parecer pertenecientes a las Agc. Al parecer fue torturado y desmembrado”.

En otro caso ocurrido el 7 de enero, la víctima habría sido un adulto mayor de la vereda de El Coral; y algunas personas señalan que en el puente sobre el río Macerí, las Agc decapitaron a un hombre, “dejando la cabeza sobre el puente y lanzando el cuerpo al río”, reseñó la Defensoría en su informe de riesgo.

Pero sin duda el hecho más grave se registró a mediados del mes de enero, cuando unas 500 personas aproximadamente, de por lo menos cinco veredas de Puerto Claver, decidieron abandonar sus viviendas para desplazarse al casco urbano del pueblo, ante la amenaza constante de los enfrentamientos.