Los duros cuestionamientos contra Glencore

¿Qué relación hay entre el Batallón Especial Energético y Vial No. 2 de la Décima Brigada del Ejército y esta multinacional con sede en Suiza?

desde glencore 1Prodeco es una compañía subsidiaria de Glencore, multinacional que está hace 20 años en el país. Foto: archivo Semana.Una investigación realizada por dos ONG: Grupo de Trabajo Suiza-Colombia y Pensamiento y Acción Social (PAS), revela que 20 uniformados del Batallón Energético y Vial N.2 de la Décima Brigada del Ejército, financiado en parte por la empresa carbonera Glencore, están involucrados en cuatro investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008 en los departamentos del Cesar y La Guajira.

El documento llamado ‘Informe sombra de sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia’, sostiene que esta multinacional se comprometió en 2012 a trabajar en pro de los derechos humanos, pero “no evalúa, ni controla ni hace seguimiento a los convenios secretos de colaboración con las fuerzas militares colombianas”.  

Glencore se fundó en 1974, produce energía y trabaja con minerales, productos agrícolas y metales. Su casa matriz está en Suiza y tiene operaciones en los cinco continentes. En Colombia, es dueña de la empresa Prodeco, que extrae carbón de las minas Calenturitas y La Jagua, que están en La Loma, corregimiento de El Paso, y en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.

El informe cuestiona, por ejemplo, que esta multinacional “no haya demostrado un compromiso con el respeto a los derechos humanos, ni tampoco haya realizado un estudio de los riesgos que implica este tipo de convenios militares”, que se han suscrito desde hace más de una década por cerca de 180 mil dólares anuales (unos 600 millones de pesos), para proteger la infraestructura minera en La Jagua y Becerril.

La primera ejecución extrajudicial ocurrió el 6 de noviembre de 2006 en el sector Múcura de El Molino, municipio de La Guajira. Carlos Manuel Jiménez Pacheco fue asesinado por hombres del  Batallón Especial Energético y Vial No. 2. Por este crimen solo ha sido condenado el sargento Heraldo Eriben Hernández Pineda. El segundo ‘falso positivo’, como también se le conoce a este delito, se conoció el 7 de octubre de 2007. Un oficial y siete soldados fueron procesados por homicidio agravado en persona protegida por la muerte de Jesús Eliécer García Perdomo, mototaxista asesinado en una trocha cerca a un sitio conocido como El Joval, que queda entre los corregimientos de La Loma y El Hatillo, en El Paso, Cesar.

El tercer caso ocurrió el 21 de septiembre de 2007 en el municipio de Chiriguaná, y en la investigación se ha vinculado a un teniente: Reinaldo Segundo Manjarrés, como responsable de los delitos de homicidio a persona protegida y concierto para delinquir, por la muerte de Gabriel Ulises Martínez, un campesino  asesinado durante “una operación militar de control del área”. Y en el cuarto caso, otro teniente: Juan David Tinjacá Galeano, fue investigado por la muerte de James Ramírez Bula, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de marzo de 2008 en El Paso. En estos cuatro hechos, sin embargo, los hombres del Batallón afirmaron que las víctimas eran miembros de grupos armados ilegales y de bandas criminales.

El ‘Informe sombra de sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia’ cuestiona que esta multinacional no haya reprochado al Batallón Especial Energético y Vial No. 2 de la Décima Brigada, por cuatro ejecuciones extrajudiciales que se cometieron entre 2006 y 2008. Foto: archivo Semana.Ni Glencore ni Prodeco han reprochado a los militares investigados por ‘falsos positivos’, ni tampoco han solicitado al gobierno colombiano medidas para evitar que se repitan estas historias. En el informe, además de criticar esa actitud pasiva, también se cuestiona si esta compañía desconoce el conflicto armado que durante años ha padecido este departamento.  

El Grupo Prodeco, sin embargo, anunció a través de un comunicado que es normal que las compañías minero – energéticas y de infraestructura, firmen acuerdos de cooperación con el Ejército colombiano para proteger este sector de la industria; y que además la empresa está comprometida con la protección de los derechos humanos, y hasta capacita a sus empleados en estos temas. Sobre la forma en que se financia el Batallón, esta multinacional aseguró que ha contribuido a una pequeña porción de los gastos generales de operación de los militares, “la mayoría de los recursos vienen del propio Ministerio de Defensa”.  

Estos señalamientos se suman a otros que fueron publicados en el informe ‘El lado oscuro del carbón’ de la ONG holandesa Pax, que se publicó el año pasado. El documento recopila algunas de las versiones del exjefe paramilitar José Gelvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, que entre 1996 y 1998 se desempeñó como empleado encubierto de inteligencia militar en el departamento de seguridad de Prodeco. El documento afirma que la empresa carbonera financió junto con una multinacional estadounidense, el primer grupo de 200 hombres de las AUC que llegó al Cesar en 1996, el mismo año en que se constituyó la base militar dentro de la concesión de Prodeco y se creó el batallón.

“Por las condiciones de seguridad, estas organizaciones manejaban un esquema de operaciones y de inteligencia; en este último se hacía un reporte diario sobre el movimiento sindical y lo que ocurría en esta región del país… Pero el remedio resultó peor que la enfermedad,  porque con la llegada de este grupo armado todos los días hubo decenas de muertos”, dice uno de los apartes del informe, que también se refiere a los casos de desplazamiento que se registraron en los caseríos Mechoacán y El Prado, en La Jagua de Ibirico, cuyas tierras luego fueron adquiridas por Drummond y Prodeco, respectivamente.

Prodeco, sin embargo, negó en ese momento que la compañía haya estado involucrada en el desplazamiento de estas familias, y sostuvo que los señalamientos de ‘El lado oscuro del carbón’ son afirmaciones falsas e insustanciales.

Ambos informes, sin duda, generan un ambiente de escepticismo frente a la política de derechos humanos que promulga esta compañía, que ha sido vinculada en varias ocasiones con grupos paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas.