En un terreno donde Incoder adelanta proyectos productivos con 65 familias de San Juan de Arama (Meta), sus beneficiarios denuncian asesinatos de tres de sus líderes. Los autores de las amenazas se hacen llamar ‘Bloque Gaitanista’.
Por Periódico del Meta
María del Mar Pino, directora Territorial del Incoder en el Meta, escuchó durante la rendición de cuentas las denuncias de los campesinos de San Juan de Arama y pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones. Foto: Periódico del Meta.
El predio Palomas está ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre, a unos 25 kilómetros del casco urbano de San Juan de Arama. Por años, fue un corredor estratégico de la guerrilla en el Meta, pues desde allí se podía acceder a zonas montañosas por un lado; y por otro, a las llanuras, donde la mata de monte suele ser un buen resguardo.
Al llegar al Alto de la Bodega, una loma muy conocida entre los viajeros desde donde se divisa esta inmensa subregión del Ariari, la malla vial para acceder hasta Palomas es casi inexistente: el 90 por ciento de las vías en el área rural está en pésimas condiciones y lo único que se ve es el polvo que generan destartalados carros que prestan el servicio de transporte hasta esa zona.
En los años de la época de la zona de distensión, cuando el gobierno de Andrés Pastrana adelantó conversaciones con las Farc, este municipio fue afectado por los controles que impuso esta guerrilla a pesar de no hacer parte del área despejada, echando abajo las fincas lecheras de la región, famosas por la calidad de sus lácteos.
Hace algunos años, el DANE detectó que el grupo poblacional entre los 15 y 25 años era el que registraba mayor expulsión de individuos del área, explicado porque al terminar o abandonar los estudios estas personas buscan otros oportunidades para seguir sus estudios o trabajar. Sin embargo, son muchas las familias que se van para evitar que sus hijos caigan en manos de grupos armados ilegales.
Hasta allí ha llegado el Incoder con nuevos proyectos productivos para las familias campesinas que hace tres años recibieron sus predios, luego de haber sido desplazadas por grupos armados. Pero Palomas es uno de esos retos que tiene el Estado con los programas de garantías en condiciones de retorno de quienes han sido desarraigados de sus territorios.
Allí, y en otros predios, llamados Agrovalles, Buenos Aires y Chipalito, los campesinos vienen denunciando desde hace tres meses la presencia de hombres armados alrededor de los terrenos, amenazándolos de nuevo, como hace más de una década, para que se vayan o que vendan las fincas a precios irrisorios.
Hace una semana los campesinos se armaron de valor y públicamente reiteraron sus denuncias durante la rendición de cuentas territorial que hizo el Incoder en el Meta y a la cual la misma entidad los invitó para que dieran a conocer su situación.
“Es un grupo que se hace llamar ‘Bloque Gaitanista’. Dicen que son paramilitares pero no les creo. A mí me tienen amenazado porque cuando era presidente de Junta de Acción Comunal no los dejaba hablar en las reuniones que teníamos con la comunidad y han vuelto a decirme cosas. Que me van a matar, que me tengo que ir…”, dice Flavio Pérez*, uno de los voceros campesinos.
Diana del Mar Pino, directora Territorial del Incoder, admite que tres de los beneficiarios de proyectos productivos en esa zona han sido asesinados y que no se han aclarado las circunstancias en las que ocurrieron sus crímenes. Sin embargo, Flavio asegura que son seis las víctimas en el último año, lo cual hace que exista más zozobra entre quienes se han atrevido a volver para cultivar la tierra.
“Es muy dolorosa esa situación. Allí hay una lucha diaria por las tierras. Como Incoder hemos hecho llamados de alerta a las autoridades departamentales, a la misma Alcaldía de San Juan de Arama para que estén pendientes de esta anomalía y a la Policía y a la Fiscalía para que esclarezcan los asesinatos”, afirma la Directora Territorial del Incoder. En total, son 65 familias las beneficiarias que han retornado.
A quienes han regresado se les entregan cuatro vacas y un toro para que reanuden su producción lechera, además de darles insumos agrícolas para huertas familiares y constante asistencia técnica.
Flavio y varios de sus compañeros campesinos piensan que los autores de las amenazas también pueden ser antiguos poseedores ilegales de los predios que quieren pescar en río revuelto para apoderarse de esas tierras.
“Andan en moto de arriba para abajo, no tienen uniformes de militares ni de policías ni nada que los identifique. Son como unos 10 o 15, parecen campesinos como nosotros. A algunos les han ofrecido 5 millones de pesos por 32 hectáreas de tierra, cuando eso puede llegar a valer unos 60 millones”, narra Flavio.
Al ser consultadas, fuentes militares que no quisieron dar una declaración oficial, explicaron que allí no hay una estructura de banda criminal identificada ni individualizado ningún jefe de grupo ilegal, pero indicaron que las muertes pueden deberse a disputas territoriales entre los mismos campesinos. No obstante, aseguraron que siguen con mucha atención las denuncias de las familias en esa región y que no descuidarán su seguridad, por lo que se trabajará conjuntamente con la Policía.
Explicaron que allí también opera el Frente 27 de las Farc, pero esta estructura ha perdido más de 120 guerrilleros en los últimos 12 meses, por lo que no descartan que se trate de subversivos de bajo rango que quieran extorsionar a campesinos de la zona para cobrar a nombre personal y no de la organización.
Por ahora, los campesinos regresan a sus casas, pero el temor de tener que desplazarse otra vez no les permite levantar vuelo definitivamente con sus proyectos de vida.
*Nombre cambiado por petición del denunciante
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