Este departamento ha sido uno de los más fumigados desde 1991. Líderes, gobernantes y organizaciones sociales están a la expectativa de la decisión que tome el presidente Juan Manuel Santos.
Por: German Arenas Usme. Mocoa, Putumayo
Pese a ser ilegal, la siembra de cultivos de uso ilícito es la única entrada económica que tienen las comunidades en regiones apartadas del país. Diferentes sectores abogan por la sustitución de cultivos y la implementación de proyectos productivos para dejar de lado las fumigaciones. Foto: archivo Semana.
En un concepto enviado por el Consejo Nacional de Estupefacientes el pasado 24 de abril, el ministro de la salud, Alejandro Gaviria, señala que investigaciones recientes de la Organización Mundial de la salud (OMS,) ubican al glifosato como una de las sustancias “probablemente carcinogénicas para humanos”, y recomienda que se suspendan las fumigaciones de los cultivos de coca con esta sustancia.
A la voz de Gaviria se sumaron las de expertos como Daniel Mejía Londoño, quien fue presidente de la Comisión Asesora para la Política contra las Drogas; la de Guillermo Rivera Flórez, consejero presidencial para los derechos humanos; y la del defensor del pueblo Armando Otálora. Y aunque el ministerio de Defensa salió en defensa de la aspersión aérea de los cultivos, la última palabra la tiene el presidente Santos.
La noticia ha tenido gran acogida en Putumayo. Vicente William Castillo, ex alcalde de Puerto Guzmán, recuerda que las fumigaciones aéreas con glifosato se iniciaron en este departamento en 1994 en las veredas El Recreo y José María Hernández, en límites con el departamento de Caquetá.
Recordó que una de las primeras personas cuya salud se vio afectada por el glifosato fue el señor Alfonso Guerra de la vereda José María Hernández, quien perdió a uno de sus hijos tras consumir agua del rio luego una fumigación, y que hubo muchos casos de aborto y otras afecciones de salud después de las fumigaciones.
“Hace 21 años que estamos viviendo bajo la lluvia de glifosato sin que el Gobierno Nacional haya hecho nada”, dice Castillo. También recordó que en 1996 se presentaron las marchas cocaleras, que buscaban la suspensión de las fumigaciones, sin embargo la respuesta del gobierno fue que si para acabar la chanda había que matar el perro pues tocaba hacerlo.
Yule Anzueta, vocero de la Mesa de Organizaciones Sociales Campesinas del Putumayo, dice que ellos esperan que el Estado acoja la recomendación del Ministro de Salud. “Eso es lo que venimos discutiendo desde el año pasado con el presidente Santos, ya que nosotros en el Putumayo los cultivadores de matas de coca queremos una erradicación concertada bajo otro mecanismo”. También hizo un llamado a los campesinos para que no vuelvan acudira los cultivos ilícitos si suspenden las fumigaciones con glifosato.
Deccy Ibarra González,presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Putumayo, manifestó que esa institución reconoce los impactos sociales que generan los cultivos ilícitos, el narcotráfico. Por eso les pidió a los ministerios de Justicia e Interior que hicieran estudios sobre los daños colaterales que dejaban estas en la salud de los humanos, en los animales y el medio ambiente. “Nunca obtuvimos una respuesta de los ministerios pero hoy vemos el resultado de un estudio de la OMS”, acoto la señora Ibarra González.
Igualmente conceptuó que más que acudir a demandas contra el Estado, o en resembrar el territorio, se debe pensar en nuevas políticas que le sirvan al posconflicto.
Diego Fernando Gutiérrez, defensor regional del pueblo, aclaró que el ministerio de Salud está haciendo una recomendación de no emplear el glifosato como herbecida, pero ello no implica que se suspendan las fumigaciones.
La Defensoría, amparada en una acción de tutela que está en revisión por la Corte Constitucional, pidió una verificación en las zonas indígenas de los municipios de Orito, Villagarzón, y Puerto Caicedo, sobre la afectación de estas comunidades por las aspersiones. Pero también se mostró preocupado de que las hectáreas sembradas con matas de coca se han incrementado de 7.616 a casi 8 mil en los últimos seis meses en el departamento.
Por último, el gobernador Jimmy Díaz, le pide al Gobierno Nacional que ordene la suspensión definitiva de las fumigaciones aéreas y que se diseñen políticas de erradicación manual, voluntaria y concertada con los campesinos del departamento, algo que desde hace cinco años le vienen solicitando al presidente Juan Manuel Santos.
En el departamento del Putumayo desde el año 2011 hasta el pasado 9 de abril se han fumigado 3.100 hectáreas según el informe del ministerio de Justicia. En estos momentos no re registran fumigaciones.
