Narrar la memoria: ¿Quiénes, cómo y para quiénes?

“¿Tiene límites el derecho de los periodistas a narrar el sufrimiento ajeno en vivo y en directo?”

debate bojaya maria emma willsReflexiones de María Emma Wills, asesora Dirección General del Centro Nacional de Memoria HistóricaEsta semana, en los medios, se inauguró un debate sobre víctimas, narración y memoria que se desencadena cuando algunos periodistas e integrantes de la organización de víctimas de Bojayá se confrontan alrededor de quién tiene derecho a relatar para un público amplio eventos de enorme significación emocional para sus protagonistas. ¿Deben periodistas consumados y sensibles relatar las exhumaciones que se llevan a cabo en Bojayá para informar a otros públicos?

 

Por un lado algunos periodistas reivindican que les asiste el derecho a la libertad de prensa, una libertad que requiere, aún de las víctimas, el respeto a su autonomía para definir qué y cómo relatar sucesos que ellos juzgan de importancia pública. Y por otra parte, los integrantes de la organización de víctimas reclaman su derecho a la intimidad, personal y colectiva, y a resguardar un evento de tanta solemnidad y emocionalidad, de cámaras fotográficas y grabadoras. En un país crispado, el debate derivó rápidamente en juicios tajantes que no permiten discernir con serenidad lo que podemos decantar y aprender de este desencuentro.

 

1. La autonomía de la prensa: ¿hasta dónde?

Nadie duda que la prensa, para ser pilar de democracia, tenga que hacer valer su autonomía. Ella está llamada a escudriñar el poder y a fiscalizar la manera cómo quienes ocupan cargos decisorios, usan o abusan de su autoridad. Para que cumpla este papel, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni los Jueces, pueden irrumpir en su fuero y decirle cómo y a quién entrevistar. Bajo este mismo criterio, la prensa está en libertad de investigar y hacer de veedora de quienes detentan poder en instituciones y organizaciones sociales con el fin de defender los derechos ciudadanos. De allí se derivan investigaciones extraordinarias como la del caso Watergate que puso al descubierto los abusos del Presidente Nixon y lo obligó a dimitir, o la del Boston Globe que desentrañó una trama de corrupción en las jerarquías de la Iglesia Católica para encubrir y proteger sistemáticamente las violaciones sexuales cometidas por sus sacerdotes en la ciudad de Boston.

Ahora bien, frente al caso Bojayá, los periodistas podrían argumentar que quieren hacer veeduría sobre las instituciones comprometidas con garantizar los derechos a una reparación integral de esta comunidad victimizada. No obstante, lo que quieren los periodistas es el cubrimiento in situ de las exhumaciones. Por esta razón, la pregunta no es tanto si deben y pueden hacer veeduría sobre la institucionalidad (un derecho inobjetable que no requiere de su presencia en la exhumación), sino a quién le pertenece el relato de este momento solemne.

¿Tiene límites el derecho de los periodistas a narrar el sufrimiento ajeno en vivo y en directo?

Si, pues en democracia, a la par que se instituyeron el derecho a informar y ser informado, nacieron otras garantías vinculadas a la separación entre el mundo público y la vida privada.

Las democracias liberales, esas que se encuentran bajo fuego en este momento en tantos países, surgieron también de la mano del reconocimiento de una esfera de libertades personales, “un cuarto propio” al decir de Virginia Woolf, desde el que las personas pueden imaginarse a sí mismas y auto-determinarse. Justamente la diferencia entre los regímenes autoritarios y totalitarios, y las democracias tiene que ver con el respeto a esa distinción. Mientras los primeros arrasan con ella y buscan regular a las personas en su intimidad a través de todo tipo de técnicas y aparatos burocráticos (incluidos los medios), la segunda reconoce el imperativo de respetar el “cuarto propio” de sus ciudadanos y ciudadanas.

Es verdad que esta distinción ha sido criticada pues en el fondo el cuarto propio ha estado más regulado de lo que solemos reconocer: la vida privada sigue pautas impuestas por el Estado y la Iglesia que, a través del Derecho y el púlpito, han impuesto normas que ponen en desventaja a mujeres, niños y niñas, y ancianos. Del reconocimiento de esta desigualdad, surgieron luchas que aún tienen eco y continúan en el siglo XXI. Por ejemplo, frente a la norma social que dictamina que “los trapos sucios se lavan en casa”, muchas ciudadanas han reivindicado su derecho a la voz, es decir a contar cómo ellas, sus cuerpos, su dignidad, han sido objeto de vejámenes a manos de vecinos o familiares, delitos que se dejan en el silencio por acontecer en el ámbito de la intimidad y la privacidad.

Así, llevar a la luz pública las violencias que han sido por tanto tiempo ocultadas, ha sido una batalla por expandir los propios contornos de la democracia. Bajo los argumentos cada vez más robustos y sofisticados de las propias mujeres, el problema de estas violencias ha dejado de ser un asunto personal y se ha convertido, y con razón, en una cuestión de salud, educación, cultura y regulación jurídica, es decir en un problema público.

 

2. Mi voz y mi historia: ¿de quién y para quién?

Sin desconocer que entre mundo público y vida privada existen porosidades que es necesario publicitar, es también necesario reflexionar sobre los alcances de un segundo principio que inspira la democracia: A cada ciudadano y ciudadana, de manera inalienable, le pertenece su voz y su cuerpo, es decir su intimidad. La ciudadanía es, con todas sus limitaciones, el sueño de un ejercicio soberano sobre la propia vida.

Las artes, las ciencias, los medios, por mucho tiempo desconocieron este principio aún en democracias supuestamente consolidadas. Los y las profesionales de estos campos, artistas, periodistas, investigadores sociales, médicos, representaron, investigaron, divulgaron e intervinieron en historias –voces y cuerpos— que en realidad pertenecían a otros. El ciudadano, bajo la mirada de esos otros imbuidos del poder instituido de las artes, las ciencias y las letras, perdió el control de su propia voz y su propio cuerpo, y se convirtió en “objeto de indagación, representación e intervención”. Los casos más extremos de estas expropiaciones dieron lugar, por ejemplo, a esterilizaciones forzadas de cuerpos femeninos intervenidos por médicos bien intencionados que se creyeron en el deber de actuar a nombre de un bien supremo, el control natal, haciendo caso omiso de la voz y la capacidad decisoria de las propias mujeres.

Sólo en la década de los setenta, esta expropiación “normalizada” por la cultura, se vio debatida e impugnada. Poco a poco, la academia y las clínicas, elaboraron consentimientos informados e instituyeron comités de ética que regulaban los límites de cada profesión.

Apropiarse (o expropiar) a otros de su voz y de su cuerpo fue impugnado como una práctica de dominación y de control que contravenía los fundamentos de una ciudadanía libre y autónoma.

Por eso, cuando buscamos llevar a la luz pública lo que ha estado censurado (como lo son las violencias contra las mujeres), no podemos hacerlo contraviniendo el sagrado derecho de las mujeres a su voz y a su cuerpo. Son ellas las que deciden cuándo y cómo llevar sus historias de vejaciones al ámbito público. Podemos establecer campañas como la de “no es hora de callar” para animar a las víctimas a relatar públicamente su experiencia, pero no podemos, ni con las mejores intenciones, obligarlas a hacerlo.

Lo mismo se puede decir de las historias de otros sectores subalternos –comunidades étnicas, afrodescendientes, LGBT, niños, niñas y jóvenes—que han sido invisibilizados, estereotipados y objetivados en la prensa y los medios.

En el campo ético, a nombre de un “bien supremo” (el descubrimiento público de un horror encubierto), no es posible expropiar a las propias víctimas de un ejercicio soberano sobre sus historias. Por esta razón, a la vez que es necesario dar un lugar central y digno a las víctimas en la esfera pública, este imperativo no puede llevarse a cabo infringiendo el segundo principio que anima las democracias: mi voz, mi historia, mi cuerpo, ante todo me pertenece, y yo, víctima individual o colectiva, decido cuándo, cómo y a quién contársela.

 

3. De lo sagrado y lo público

Un último argumento: el cubrimiento que está bajo discusión se refiere a una exhumación, es decir, una situación única e irrepetible, cargadas de emociones y sufrimiento para sus protagonistas. ¿Cómo resguardar la solemnidad y sacralidad de este momento? ¿Es posible conservar su carácter sagrado, y a la vez acoger cámaras y grabadoras?

En medio de una cultura del espectáculo, yo me inclino a pensar que más allá de las buenas intenciones y la pluma competente de los periodistas presentes, una situación donde se busca instituir una vez más la sacralidad de los rituales de paso de la vida a la muerte, exige un enorme pudor y respeto a la intimidad de sus protagonistas. No estamos en presencia de un acto anónimo y circunstancial sino ante un esfuerzo de devolver la singularidad y la particularidad a seres humanos que perdieron la vida en circunstancias que ofenden nuestra consciencia humanitaria. Los familiares y la organización de víctimas juzgaron que este acto de restitución de humanidad, exige, para ser reparador, de un silencio solemne e íntimo.

Entiendo el ofuscamiento de la prensa. Llegar a Bojayá requiere paciencia, recursos y tiempo. Comprendo que el protocolo elaborado por la organización de víctimas, la ONU y muchas familias de Bojayá en una asamblea amplia, aparezca como antipático, restrictivo y manipulador, a periodistas que se sienten, de buena fe, aliadas de las víctimas. Pero es preciso recordar que la investigación (social/periodística) está sujeta a límites éticos. Como investigadores o periodistas somos mediadores entre las historias de personas con capacidad y autonomía de decisión sobre su cuerpo, su voz y su historia, y una opinión pública local, regional y nacional.

Por último, es necesario recordar que en el campo ético, el resultado de una investigación, por ejemplo una crónica espléndida, queda en entredicho si se hace sin el consentimiento de quienes han vivido la historia y prestado su testimonio al narrador.

En estos frágiles tiempos de búsqueda de paz, el periodismo que se requiere es uno que ante todo debe reconciliar, con delicadeza, ponderación y empatía, los dos principios que he descrito en los párrafos anteriores: el de la libertad de prensa y el de los derechos de la ciudadanía, comunidades y personas, a decidir a quién, cuándo y cómo le dan el regalo de su voz y de su historia para ser llevada al ámbito público.

* Asesora Dirección General, Centro Nacional de Memoria Histórica