“El duelo necesita de espacios íntimos. La sociedad necesita información. El futuro nos exige responsabilidad y por ello estamos llamados a sumar y no dividir”.
Así quedó la iglesia de Bojayá tras el enfrentamiento que sostuvieron las Farc y paramilitares hace quince años. Foto: archivo Semana.La libertad de prensa es un derecho necesario para el funcionamiento de la democracia. No es un privilegio para los periodistas y los medios sino un mecanismo básico para que la sociedad cuente con insumos para evaluar su entorno y decidir sobre su futuro. De ahí que sea un derecho muy delicado cuando se pretenda restringir aun cuando los propósitos de limitarlo sean los más legítimos, altruistas, valientes, dignos y admirables.
Hay algunos discursos que están especialmente protegidos por la libertad de prensa y por lo tanto son más difíciles de limitar. Por ejemplo, hay personas que por su rol en la sociedad están más expuestas a la crítica: políticos, funcionarios públicos y personas de notoriedad. Ellos han aceptado de manera voluntaria que, al incursionar en la esfera pública, se disminuya el margen de protección a su intimidad.
Pero, ¿qué pasa si quien se convirtió en un actor de relevancia pública y centro de atención social, nunca tuvo la oportunidad para elegir si quería serlo o no? Este es el caso de la comunidad de Bojayá, un caso emblemático y a la vez protagonista de una de las tensiones más difíciles sobre libertad de prensa y derecho a la intimidad en nuestro país. Nadie elige ser víctima, pero en un país como el nuestro son un actor de relevancia pública.
A los colombianos nos interesa el cubrimiento periodístico de lo que ha pasado y lo que pasará con Bojayá. Las distintas acciones de reparación que se inicien en favor de quienes padecieron la masacre de las FARC aquel 2 de mayo de 2002 son hechos de gran interés público que doblan su relevancia noticiosa en el marco de un proceso de paz.
Por otra parte, quince años de duelo, pero también de cubrimiento y en ocasiones de olvido periodístico, le enseñan a la comunidad que hay un riesgo enorme de que el relato de uno de los momentos más difíciles de su dolor-las exhumaciones- termine en situaciones que entorpezcan el difícil camino de reparación que recorren. Ahí encuentro mucha legitimidad en la preocupación de la comunidad sobre cómo proteger la intimidad de su duelo. “No estamos de acuerdo con que se mediatice el dolor y el distanciamiento obedece, en parte, a la forma como se han presentado las noticias durante estos años,” me dijo un integrante del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá. Nadie puede refutar cuánta verdad hay en esa valoración
La preocupación motivó la elaboración de un protocolo que comenzó a discutirse el 2014 y fue aprobado por la Comunidad de Bojayá a finales de abril de 2017 con el apoyo (logístico) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre el contenido del mismo sólo diré que es extremadamente difícil que términos como “coordinar, orientar, limitar interlocutores, abstenerse de grabar, escribir y entrevistar, revisar, retroalimentar y avalar” sean compatibles con estándares de libertad de expresión. La motivación del protocolo es legítima, pero la solución es cuestionable en términos de proporcionalidad con el derecho a la intimidad del duelo que se pretende proteger. Cuando limitamos la libertad de expresión no solo tenemos que tener buenos motivos sino escoger las opciones menos lesivas.
No culpo a la comunidad de Bojayá por el resultado del protocolo, pero sí a la ONU. Después de una semana de observar –y celebrar- cómo sectores en favor de víctimas y periodistas salen a la arena pública para discutir desde las distintas miradas que tiene un caso difícil como este, me sorprende la inmunidad en el debate público y ausencia de crítica al rol de este organismo internacional.
La ONU tiene la obligación, los recursos financieros y técnicos para procurar una salida balanceada a esta tensión entre intimidad y libertad de prensa. Además, por el acompañamiento que ha ofrecido a la comunidad de Bojayá, la ONU ha tenido la oportunidad de procurar que sus procedimientos se ajusten a estándares de derechos humanos, uno de ellos, no lo olvidemos, es la libertad de prensa. La discusión simplista sobre cuál derecho prevalece sobre el otro es estéril. El gran reto que tenemos es cómo garantizar simultáneamente el derecho a la información de la sociedad y el derecho a la intimidad de las víctimas en su duelo. Y esto es importante no solo para Bojayá, sino para todos los casos que tenemos por delante.
Otra paradoja es que Patricia Nieto y Natalia Botero, sean destinatarias de una serie de críticas generales y de vieja data contra los medios y el periodismo sin que hayan publicado una sola imagen o contenido que pueda considerarse revictimizante a la comunidad. Pareciera que su relato fuera una invitación para responsabilizarles por quince años de cubrimiento periodístico de Bojayá que no le son atribuibles; o que su aporte a la discusión rayara en lo absurdo por “no entender” el dolor de las víctimas. Las han expuesto en el deshonroso banquillo de “periodistas sin ética”, cuando no han publicado nada que atente contra el proceso de reparación de la comunidad.
Una cosa es revictimizar, otra muy distinta es criticar las acciones que las víctimas toman. En el primer caso se viola un derecho, en el segundo participamos de la discusión pública y labramos el camino para mejorar como sociedad. Bajo esta lupa, el artículo “El silencio de Bojayá”, publicado en VerdadAbierta.com, no le resta un solo derecho a la comunidad, en cambio, suma ingredientes para una discusión relevante. Un propósito noble como la construcción de un protocolo puede derivar en un instrumento inviable o inconstitucional, ahí la crítica no ataca a la comunidad, fortalece su causa
Patricia y Natalia llegaron a la región el domingo 7 de mayo y conocieron el protocolo el jueves 11. A quienes reclaman a las periodistas por no acatar un protocolo, les invito a explicarme cómo cumplir algo que no se conoce. A los expertos en derechos de las víctimas que además pasan horas en hemerotecas revisando noticias para entender el contexto de sus investigaciones, les pido que piensen en sus colegas que tratarán de indagar en 30 años lo que ocurre por estos días en el país.
Esa semana fue dolorosa, los tres primeros días estuvieron cargados de tensiones que eran leídas y valoradas por las periodistas en terreno en la difícil labor de escuchar a las víctimas y hacer su trabajo. Después de hablar con varias personas llegué a la conclusión de que la tensión se convirtió en agresión en una peregrinación en la vía pública cuando un funcionario de la ONU, se diera a una tarea incompatible con el logo de la camiseta que portaba: restringir la labor de la prensa en una circunstancia que no implicaba desprotección a los derechos de las víctimas. “La actuación del empleado de la ONU fue el punto de apoyo para las agresiones que se presentaron” escribió Patricia en su relato. Horas después el protocolo era distribuido masivamente a periodistas desde la oficina de comunicaciones de ese organismo. Era demasiado tarde, cuando los vidrios ya estaban rotos, la ONU había omitido leer un protocolo desproporcionado y había contribuido a lanzar piedras contra el derecho a la información.
En resumen, ni la comunidad de Bojayá es un monstruo que censura, ni las periodistas- que tuvieron serias restricciones- son el ícono del amarillismo irrespetuoso al dolor de las víctimas que pretendemos evitar.
Más que respuestas concluyentes o sermones sobre quién tiene la razón, quedan grandes desafíos. El duelo necesita de espacios íntimos. La sociedad necesita información. El futuro nos exige responsabilidad y por ello estamos llamados a sumar y no dividir. Ni el periodista es un actor del cual podamos prescindir en este momento, ni la comunidad debe por ello regalar la intimidad a la que tiene derecho. ¿Cómo balanceamos esta tensión sin hacer daño a las víctimas o sacrificar valores democráticos?
Si van a existir restricciones al cubrimiento, ¿deben ser universales para todo periodista interesado o se aplican de manera discrecional? ¿No es una carga muy elevada para la comunidad ser, redactor y supervisor de una limitación a la libertad de prensa en un contexto en el que es una parte directamente implicada? Si lo es, ¿dónde ubicamos la legítima participación de la comunidad en asuntos que le interesan? ¿Cuál es el rol de las entidades estatales y organismos internacionales que acompañan estos procesos? ¿A quién le corresponde dirimir las tensiones que se presenten en los espacios de cubrimiento?
Ante el enorme potencial de daño, ¿qué pautas de autorregulación y aproximación ética ofrecen los periodistas y medios interesados en cubrir estos hechos? En mi conversación con un representante de la comunidad, ofrecí el apoyo de la FLIP para contribuir al proceso, invito a todos los que han tomado la palabra a que hagan lo mismo.
*Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa – @PVacaV
