Guerra impide libre circulación entre poblaciones del Bajo Cauca

      
La guerra entre grupos armados ilegales de origen paramilitar no cesa en el Bajo Cauca antioqueño. A través deretenes instalados de día y de noche se controla el ingreso y la salida de los pobladores que van de una localidad a otra.

El municipio de Tarazá ha sido uno de los más golpeados por la nueva ola ‘para’ en el Bajo Cauca anitoqueño.

La situación más preocupante por estos días ocurre entre los municipios de Tarazá y Cáceres, municipios que ahora son dominados por facciones de Los Paisas y Los Rastrojos respectivamente. Ambos grupos han impuesto estrictos controles de acceso en las vías, pues temen infiltraciones que luego deriven en ataques a sus hombres.

“Esa situación se viene presentando desde hace varias semanas”, reconoce Carlos Mario Cuartas, alcalde del municipio de Tarazá en calidad de encargado desde hace ocho meses, pues su titular, Miguel Ángel Gómez García, fue detenido el 12 de noviembre de 2008 tras ser vinculado a un proceso penal por sus presuntos vínculos con el bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Pobladores de ambos municipios hablan en voz baja, pero indignados, sobre las restricciones a la libre circulación que soportan diariamente. “El domingo 13 de diciembre iba para Cáceres a una reunión familiar y llegando al sitio San Felipe un grupo de hombres detuvo el bus, nos revisaron todo lo que llevábamos y a quiénes no éramos de Cáceres nos obligaron a devolvernos a Tarazá”, cuenta Alba. “Eso es cosa de todos los días”.

Quienes conocen la dinámica del conflicto armado en esa subregión del Bajo Cauca antioqueño explican que los controles sociales se vienen utilizando como mecanismo de defensa por Los Paisas, brazo rural armado de la llamada ‘Oficina de Envigado’, que controla Tarazá, y Los Rastrojos, grupo armado ilegal venido del Valle del Cauca que domina Cáceres.

“Como ninguno de los dos grupos ha podido consolidar su poder en toda la región, tratan de evitar infiltraciones allí donde se han logrado imponerse”, asevera un conocedor del tema, habitante de una de las localidades y quien pidió no ser identificado. “El problema es que ven en todo extraño a un potencial enemigo”.

De acuerdo con análisis de la Policía Nacional, en el Bajo Cauca antioqueño actúan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; Los Paisas, que al parecer se han aliados con una facción del bloque Mineros de las Auc, y Los Rastrojos. Además, hay presencia de varios frentes de la guerrilla de las Farc. Esta subregión también concentra la mayor área de cultivos de hoja de coca en el departamento, calculada en unas 4 mil hectáreas.

Si bien las autoridades resaltan la disminución en un 31% de los homicidios cometidos entre agosto y noviembre de este año, cuando se presentaron 73 muertes violentas, con relación a igual periodo del año pasado, en el que ocurrieron 106 asesinatos, lo que preocupa a las comunidades son los controles sociales.

Un funcionario de la administración municipal de Cáceres resalta que han sido varias las reuniones que han tenido con oficiales del Ejército adscritos a la Brigada XI con sede en Montería y con jurisdicción en esta subregión de Antioquia, así como con altos mandos policiales del Distrito Especial de Caucasia, conformado en julio pasado para atacar el fenómeno de las llamadas “bandas emergentes” en once municipios, seis del Bajo Cauca y cinco del sur de Córdoba, pero los resultados son poco efectivos

Para algunos funcionarios de ambos municipios resulta preocupante que justamente un distrito especial de Policía, con un pie de fuerza de más de 800 hombres y en la que confluyen diferentes organismos de inteligencia, ocurran este tipo de obstrucciones a la libre movilidad. “Ellos dicen que mientras no los cojan con armas o cometiendo un delito no pueden hacer nada”, precisa un empleado municipal. “Pero todos los conocemos. Se ubican en las entradas de uno y otro municipio, todo el que pasa por ahí los ve”.

Donde también se están presentando este tipo de restricciones es en el municipio de El Bagre, sobre todo para aquellos pobladores que vienen de Caucasia. “Ahí la cosa es seria, pues a todo desconocido que llega a la plaza es abordado e interrogado. Si usted no tiene allí un conocido puede verse en problemas y corre el riesgo que lo detengan y hasta lo desaparezcan”, cuenta un habitante de esta localidad.

Pero así como hay problemas para circular de una localidad a otra, en ellas los controles son aún más restrictivos. “Aquí en Tarazá esa gente es la que manda”, dice un transportador. “Nos dicen cómo tenemos que trabajar, por dónde trabajar. Y si uno tiene problemas, ellos lo resuelven. Aquí no hay autoridad superior a la de ellos”.

Lo que más le preocupa a este transportador es el lenguaje de poder que expresan los paramilitares. “O se compone o lo mandamos a arreglar es una de las frases favoritas para referirse a los jóvenes que de pronto son rebeldes, por ejemplo. Ese tono mandón no se los ha quitado nadie”, asegura.

El problema, a juicio de este hombre, quien diariamente trabaja bajo la vigilancia de Los Paisas, es que los controles del Estado no son eficaces: “Entre los que mandan ahora hay varios desmovilizados. Ellos van cada mes al banco a a cobrar su plata con el revólver en la pretina del pantalón. Nadie les dice nada, nadie se atreve a requisarlos. Estamos cansados de eso”.

No obstante, estas revelaciones son desestimadas por altos oficiales de la Policía Nacional. Para el teniente coronel José Rincón Vargas, comandante operativo de la división especial de Caucasia, lo denunciado por las comunidades y las autoridades locales riñe con la verdad. “Todo eso es mentiras, nada de eso es cierto”, afirma el oficial, quien lleva menos de un mes en este destacamento.

“Tenemos el control sobre la vía que de Medellín conduce a la Costa, hay gente nuestra en todo lado”, reitera Rincón Vargas, quien considera que los obstáculos a la movilización entre algunas poblaciones del Bajo Cauca hacen parte de “una campaña de desinformación”, según él, “para crear zozobra”.  Puntualiza, además, que los hombres bajo su mando vienen trabajando en el tema de la seguridad, “por lo que las comunidades deben estar tranquilas y confiar en nosotros”.