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La ‘isla del secuestro’ de Ramón Isaza en el río Magdalena

Como una forma de “castigo”, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio obligaron a decenas de habitantes de La Dorada, Puerto Triunfo y otros pueblos aledaños a trabajar en cultivos de plátano en un islote. VerdadAbierta.com visitó la región y conoció la historia de dos de sus víctimas.

Todos en Puerto Triunfo, Antioquia, recuerdan a un familiar, un amigo o un vecino que supuestamente “se portó mal” y lo llevaron a una isla a treinta minutos en lancha del pueblo para trabajar en los cultivos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm). Eran “castigados”, por ejemplo, quienes se pelearan en un bar, los que no pagaban una deuda, los que consumían algún alucinógeno o aquellos que no siguieran al pie de la letra las reglas impuestas por los ‘paras’.

Carmen* fue una de las víctimas. Esta joven de 19 años vivía junto a su familia en La Dorada, Caldas, y fue retenida a finales de 1999 por hombres de las Acmm, bajo el mando de Ramón Isaza. Seis meses antes, paramilitares asentados en el corregimiento La Danta, de Sonsón, Antioquia, desaparecieron a su hermano tras una pelea en una discoteca. La joven no solo denunció los hechos, sino que siguió buscando a su hermano a pesar de las amenazas que comenzó a recibir. “Me dijeron que me quedara quietecita y que no volviera por allá. Yo no les hice caso y seguí insistiendo”, le contó la víctima a VerdadAbierta.com.

Ante la persistencia de esta mujer, las intimidaciones se concretaron. A Carmen la metieron a una camioneta donde también iba Ramón Isaza, conocido por los pobladores como ‘El Viejo’, y la dejaron en una base paramilitar en el corregimiento de Las Mercedes. Allí estuvo en un cuarto oscuro amarrada por tres días hasta que los ‘paras’ decidieron embarcarla rumbo a la Isla. La joven solo pensaba en su hijo de dos años que estaba en la casa cuando la raptaron.

Durante 15 días, fue obligada a cocinar para unas treinta personas, entre secuestrados y paramilitares, que trabajaban en el islote. “Me levantaban a las 4 y media de la mañana para preparar el desayuno y no me podía dormir en la noche hasta que todos comieran y terminara de lavar todos los trastes”, narró Carmen.

Las víctimas recuerdan que en la isla había grandes cultivos de plátano y yuca, y a su alrededor no se alcanzaba a ver tierra firme, solo el río Magdalena. El agua para cocinar era la misma del río, que era mezclada con cal para “limpiarla”. La dieta no variaba: avena con plátano, yuca, arroz y pastas.

Todos los retenidos dormían sobre la tierra bajo cambuches improvisados con plástico. Los paramilitares los vigilaban todo el tiempo, incluso mientras se bañaban. Quienes tuvieron intención de escaparse o de no trabajar fueron golpeados, amarrados o enterrados hasta el cuello en la tierra. También fue común que los obligaran a cargar agua en costales para llenar tanques de 50 galones. “Es increíble pero cierto, uno podía hacer miles de recorridos y jamás llenaba eso con agua, eran tareas absurdas para que uno no se quedara quieto”, rememoró una de las víctimas.

Varios afectados  aún recuerdan el caso de un muchacho que se perforó una de sus orejas y se colocó un arete, una práctica de moda entre los jóvenes en el país. Los ‘paras’ lo amenazaron y le exigieron que se lo quitara, pero él no les hizo caso. Carmen lo vio llegar a la isla con la oreja rasgada y sangrando mientras los paramilitares le advertían que jamás podía volver a desobedecerlos.

Las Acmm retuvieron personas en la isla desde mediados de los noventa hasta 2006, cuando sus hombres se desmovilizaron bajo los acuerdos con el gobierno nacional. Por lo general, permanecían entre 10 a 15 retenidos, no solo de La Dorada, sino de municipios como Puerto Triunfo, Puerto Perales, Cocorná y los corregimientos de Las Mercedes, Santiago Berrio, Estación Pita y Doradal.

Los jóvenes de Puerto Triunfo
En 1999, a sus 19 años, a Diego Solano le gustaba el rock, escuchaba a todo volumen música de bandas extranjeras, vestía de negro y se dejó crecer el cabello. Algo que seguramente hicieron muchos jóvenes del país para la época, pero no en Puerto Triunfo. Los paramilitares de Ramón Isaza se inmiscuían, incluso, en la forma de vestir de los pobladores.

El problema de este joven comenzó cuando los profesores de una institución educativa de Doradal, corregimiento de Puerto Triunfo, descubrieron que cuatro niñas estaban usando una Ouija, un tablero con el que supuestamente se puede entrar en contacto con el espíritu de los muertos. Isaza se enteró del escándalo y ordenó que detuvieran a Solano y a uno de sus amigos.

“Como nos vestíamos de negro, y eso no era normal en el pueblo, decían que éramos ‘satánicos’ y que teníamos que ver con el asunto de las niñas”, contó Solano. Una noche llegó la camioneta de los ‘paras’ a su casa y lo sacaron en pantaloneta y chanclas, mientras su mamá les suplicaba que no se lo llevaran.

Cuando llegaron a la isla los recibió un paramilitar que dirigía los cultivos de la isla y era conocido con el alias de ‘Pitufo’. Los amarraron a dos árboles, donde fueron una y otra vez interrogados; incluso, en una oportunidad los embadurnaron con melaza, un alimento para caballos con alta concentración de azúcar, para atraer a las hormigas y de esa manera torturarlos.

Cinco días después ambos jóvenes fueron desamarrados cuando los ‘paras’ se dieron cuenta que no sabían nada, pero los obligaron a trabajar. Los levantaban a las cinco de la mañana y una hora después les entregaban los machetes para ir a los cultivos, hacía las cuatro de la tarde les tocaba ir por leña para la comida y cuando caía el sol debían acostarse. Los fines de semana llegaba Ramón Isaza acompañado por varios hombres que venían en tres canoas. El domingo debían embarcar la cosecha de plátano y yuca que vendían en los mercados locales y que usaban para la gente de la organización armada ilegal.

Doce días después de su retención, la madre de Solano se encontró a alias ‘Pitufo’ en el mercado del pueblo y le suplicó que la dejara ir a ver su hijo. “Mi mamá, cuando me vio. no podía ni hablar, solo lloraba, porque en esos días yo ya estaba muy acabado”, contó. Su madre logró enviarle de vez en cuando gaseosa y pan con ayuda de los captores.

Sin embargo, esos contactos no siempre eran permitidos. En el caso de Carmen, su familia solicitó en repetidas ocasiones que dejaran que su hijo fuera hasta la isla para ver a su mamá, porque según decían no paraba de llorar, pero los paramilitares nunca aceptaron.

El caso de Solano ya fue aceptado por Ramón Isaza, quien le pidió perdón en una audiencia pública que tuvo lugar en Puerto Triunfo hace varias semanas. (Ver: Víctimas, cara a cara con Ramón Isaza en Puerto Triunfo)

Después de la isla
No era fácil salir del islote, hacía falta que la víctima cumpliera con varios meses de trabajo forzado u ocurriera algo extraordinario. Así sucedió con Carmen, quien pudo abandonar la isla porque se enfermó de dengue. Una tarde que estaba totalmente deshidratada los ‘paras’ la llevaron hasta el malecón del pueblo y la dejaron allí. El amigo de Solano salió porque se cortó un pie con un machete mientras intentaban matar una culebra.

Solano sentía por esos días que se estaba quedando solo y perdía la esperanza de salir con vida de la isla. Pero una tarde oyó que ‘El Viejo’ dio la instrucción de que lo soltaran porque él no tenía que ver con el incidente en Doradal. Al día siguiente, lo llevaron hasta la base de los paramilitares en Las Mercedes, que también era conocida por la gente del pueblo como ‘Omega 14’, y allí lo estaban esperando no solo su madre, sino líderes comunitarios, el alcalde, el sacerdote y el personero, quienes intercedieron ante Isaza para su liberación.

El muchacho siguió viviendo en el pueblo y hoy recuerda que los primeros meses sentía vergüenza de haber estado en la isla: “a mí me daba pena, yo sabía que nada debía, pero por el solo hecho de haber estado allá la gente del pueblo los estaba señalando y mirando mal a uno”. Carmen, en cambio, tuvo que salir de la zona por miedo a que tomaran represalias contra su hijo.

La verdad en Justicia y Paz
La Fiscalía conocía la existencia de la isla y había documentado algunos casos de reclutamiento de menores que comenzaron con trabajos forzados en este lugar. Sin embargo, la versión de las víctimas que han empezado a hablar es diferente a la que Isaza ha entregado en sus versiones de Justicia y Paz.

En audiencia ante magistrados en Bogotá en agosto 2013, Isaza habló de la existencia de dicha isla, pero explicó que a ella iban jóvenes, entre ellos menores de edad, quienes eran enviados por su familia para disciplinarlos y para que no cayeran en manos de la guerrilla. “A mí me los dieron para que lo reaconductara, los que las familias me entregaron eran drogadictos o ladrones”, dijo el exjefe paramilitar en esa ocasión y agregó que la gente del pueblo lo creía capaz de “enderezar el mal camino”.

Las víctimas de la isla han negado una y otra vez que sus familiares los hayan enviado bajo esas condiciones; incluso, se conocen casos de madres que salieron desplazadas luego de que sus hijos fueran amenazados con embarcarlos a la isla. Tampoco es cierto que todas las víctimas fueran jóvenes, hubo casos de padres de familia que fueron llevados a la isla porque no pagaron la cuota del arriendo de sus viviendas.

Lo que si es cierto que es muchos fueron a parar a la isla por acusaciones que sus propios vecinos le hacían a Ramón Isaza; algunos pobladores creían que era una forma de aleccionar a las personas.

Solano fue una de las pocas víctimas que se atrevió a reclamarle de frente a Ramón Isaza por su secuestro. Carmen, por su parte, ha seguido las audiencias porque aún desconoce el paradero del cuerpo de su hermano, pero no se ha referido al tema de la isla. “Pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que esto que había sido era muy grave, pero es que es muy difícil recordarlo”, dijo.

Muchas de las víctimas que fueron conducidas a la isla arbitrariamente aún tienen miedo de contar lo que allí sucedió, y otras simplemente prefieren dejar esos hechos en el pasado. “A la gente del pueblo se le volvió tan rutinario el castigo que se le olvidó que eso es un secuestro”, concluyó Solano.

(*) Nombre cambiado por solicitud de la fuente

Se enreda proceso de ‘Don Berna’ en Justicia y Paz

Mientras la Fiscalía señala que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no ofrece garantías de imparcialidad y transparencia para juzgar a este exjefe paramilitar y confeso narcotraficante, los abogados que representan a víctimas afirman que el Ente Acusador no ha investigado a fondo los crímenes.

A los aplazamientos y cancelaciones de audiencias que han generado serios retrasos en el proceso de Justicia y Paz que se le sigue a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien estuvo al frente de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se sumó una compleja discusión jurídica que demorará aún más la posibilidad de proferir una sentencia contra este exjefe paramilitar y confeso narcotraficante.

Se trata de las solicitudes de recusación presentadas en Medellín tanto por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro, quien pidió a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín declararse impedida para continuar el juzgamiento de alias ‘Don Berna’ al considerar que no ofrece las garantías de imparcialidad necesarias; como por el jurista Eduardo Carreño Wilches, abogado de la exsenadora Piedad Córdoba en el caso que se sigue contra el exjefe paramilitar por su secuestro, ocurrido el 21 de mayo de 1999 en Medellín, quien aseguró que la Fiscalía "no ha sido diligente en la documentación de los hechos criminales perpetrados por los bloques mencionados ni tampoco en develar sus patrones de macrocriminalidad”.

El Ente Acusador y el defensor de la exsenadora sustentaron sus peticiones en el Auto proferido por la Sala de Justicia y Paz el 4 de septiembre de 2013, en el que no solo se excluyó de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, sino porque allí se ordenó compulsar copias para que se investigara a importantes dirigentes políticos, militares activos y en retiro, empresarios y al expresidente y Senador electo, Álvaro Uribe Vélez.

Según el Fiscal 45, en dicho Auto, la “Sala emitió conceptos sobre el postulado que, a criterio del Ente Investigador, son juicios y opiniones anticipadas que a la postre afectan la legalización de cargos contra Murillo Bejarano”.

En ese Auto, la decisión de exclusión se sustentó en que los postulados que hicieron parte del Boque Cacique Nutibara no cumplieron con los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley 975 en tanto no colaboraron con la justicia, la desmovilización de esta estructura armada fue considerada “un montaje” y su máximo jefe, alias ‘Don Berna’, tampoco ha contribuido con la verdad sobre las acciones perpetradas por este grupo armado ilegal, que se desmovilizó en Medellín el 25 de noviembre de 2003.

Para el fiscal Chavarro, con esa decisión, la Sala de Justicia y Paz de Medellín prejuzgó la integridad de Murillo Bejarano y, de paso, quedó en tela de juicio la imparcialidad, objetividad y transparencia de este tribunal, toda vez que las pruebas presentadas en el proceso de exclusión de los siete postulados del bloque Cacique Nutibara hacen parte del escrito de acusación contra alias ‘Don Berna’. “La Sala ya valoró los elementos que también serán materia de análisis en esta audiencia concentrada del señor Murillo Bejarano”, argumentó el fiscal.

Chavarro agregó que en dicha decisión se afirmó que la llamada ‘Oficina de Envigado’, estructura fundamental en la conformación de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, liderada por alias ‘Don Berna’, aún continúa activa y que sus cabecillas guardan algún tipo de relación con el hoy extraditado exjefe paramilitar, “quedando por sentado que el señor Murillo Bejarano continúa delinquiendo, lo que lleva a la Fiscalía a preguntarse: ¿cómo estaría llamada a prosperar la pretensión de formulación y legalización de cargos, si la Sala desde un asunto que no tenía por qué resolver dio por sentada la continuidad delictiva del postulado Murillo Bejarano, aún después de su extradición?”.

Para el Fiscal 45, la Sala de Justicia y Paz de Medellín juzgó de manera anticipada a alias 'Don Berna', pues en el Auto de exclusión ya mencionado se consignaron juicios de valor sobre su poca colaboración brindada a la justicia y su renuencia a contar toda la verdad, aspectos que no eran de su competencia “en tanto lo debatido era si se legalizaban o no los cargos contra Juan Fernando Chica Atehortúa y seis postulados más del bloque Cacique Nutibara, más no las versiones que hasta ese momento había rendido Diego Fernando Murillo Bejarano, además de valorarlas y calificarlas como carentes de verdad. ¿Qué elementos tenía la Sala para llegar a esa conclusión?”, se preguntó Chavarro.

El Auto referido tuvo como magistrado ponente a Rubén Darío Pinilla Cogollo, quien ha sido crítico de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, a la que ha considerado que como un mecanismo aplicado sólo para rebaja de penas, tal como se lo expresó a VerdadAbierta.com en una entrevista el 25 de junio de 2012; también ha cuestionado el trabajo de la Fiscalía, sobre la que ha dicho, en algunos casos, que cumple una tarea “tardía y omisiva y no responde a los fines de la ley de justicia y paz y los intereses y derechos de las víctimas”; y se atrevió a decir en algún momento que por lo menos un fiscal delegado de la Unidad de Justicia y Paz presentó sólo “la versión de los victimarios”.

Fiscal recusado
Paradójicamente, el documento utilizado por el Fiscal 45 para sustentar su recusación contra la Sala de Justicia y Paz, fue el mismo al que aludió Carreño Wilches para pedirle a Chavarro que se declarara impedido para continuar con la documentación de los bloques que lideró en su momento alias ‘Don Berna’.

Tal como lo recordó este abogado, el Auto ordenó expedir copia de dicha decisión al Fiscal General de la Nación para que evaluara el cumplimiento de las funciones de varios fiscales, entre ellos, a Albeiro Chavarro.

Según el jurista, si bien la Corte Suprema de Justicia estudia actualmente la apelación a este fallo tanto por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz como por los defensores de los siete postulados, hasta tanto no haya un pronunciamiento en sentido contrario, la decisión de que se evalúe la conducta del funcionario judicial sigue en firme, razón suficiente para que sea recusado y se designe a otro fiscal para que continúe con la documentación de los bloques paramilitares que conformó y lideró alias ‘Don Berna’.

Carreño Wilches fue más allá al expresar que Murillo Bejarano, en su calidad de inspector general de las Auc, debió conocer los altos mandos militares que cohonestaron con el proyecto paramilitar, nombres que aún no ha revelado ante los fiscales de Justicia y Paz, quedándose solo en enunciados generales y señalamientos a personas ya fallecidas como los integrantes de la banda La Terraza y el mismo Carlos Castaño Gil, situación que termina por darle la razón a quienes piden su exclusión de la Ley de Justicia y Paz.

En ese mismo sentido se pronunció Sebastián Escobar Uribe, quien representa en este proceso a los familiares de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, asesinados en Bogotá el 19 de mayo de 1997 por orden de Castaño y cuyo crimen se ejecutó bajo la dirección de alias ‘Don Berna’. Según este abogado, la solicitud de recusación presentada por el Fiscal 45 de Justicia y Paz tiene el objetivo de evitar las exigencias que le ha hecho la Sala de Justicia y Paz para que documente con rigurosidad los crímenes de las estructuras paramilitares bajo el mando de este postulado,con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

“La Fiscalía no ha actuado con la debida diligencia. La documentación de los hechos es deficiente y no cumple con las mínimas exigencias plantadas en la Ley 1592 que acoge un nuevo esquema de investigación criminal por el cual se establecen la priorización de casos para que se develen además los patrones de macrocriminalidad”, aseveró Escobar Uribe, quien además manifestó su preocupación porque, en su caso, “las víctimas que yo represento tenían la condición de defensores de derechos humanos y ahora no, hecho grave porque se pierde la oportunidad de dejar en evidencia la política criminal que los grupos paramilitares adelantaron contra los defensores de derechos humanos”.

Oscar Correa, abogado que representa al Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos que padeció el secuestro de cuatro de sus investigadores y un atentado dinamitero contra sus instalaciones en febrero y agosto de 1999, respectivamente, a manos de hombres al servicio de alias ‘Don Berna’, aseveró que la petición de la Fiscalía constituiría una estrategia para evitar que sea la Sala de Justicia y Paz de Medellín la que continúe con el juzgamiento de este postulado.

“Resulta contradictorio que la Fiscalía diga que la Sala prejuzgó al indicar que el Bloque Cacique Nutibara no se desmovilizó cuando en su escrito de acusación consignó que en la génesis del bloque Héroes de Granada participaron miembros del Cacique Nutibara que recibieron la orden de trasladarse al (municipio) San Carlos para conformar otra estructura paramilitar. ¿Acaso no se reconoce ahí que no hubo desmovilización total?”, argumentó Correa, quien de pasó destacó que situaciones como ésta dejan al descubierto las graves falencias que encierra la Ley de Justicia y Paz, la cual considera un “proceso de justicia transaccional”.

En los próximos días será la misma Sala de Justicia y Paz la que resuelva las recusaciones, de no aceptarse los impedimientos o se apelen, será la Corte Suprema de Justicia la instancia que, finalmente, resuelva este lio jurídico.

Con todo y la defensa que hizo el propio ‘Don Berna’ de este proceso, al señalar que “ha permitido que se sepan muchas verdades en el país”, lo cierto es que tras ocho años de vigencia de la Ley 975 y con debates jurídicos como éste, las miles de víctimas que dejó el accionar de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová aún siguen esperando una justicia que parece que no llega, una verdad que no aparece y una reparación que cada vez se ve más lejana.

Comunidad en el Oriente antioqueño, inquieta por condena a exalcalde

Juzgado de Bogotá impuso pena de 40 años de prisión contra Edgar Eladio Giraldo Morales por su participación en un crimen cometido por miembros del Bloque Metro de las Accu. En el municipio rechazaron decisión judicial y marcharán en defensa del exfuncionario.

“La justicia ha obrado mal y estamos dolidos con ella”, dice enfáticamente Julio Zapata, comunicador social de profesión y promotor de una marcha que se realizará este viernes 14 marzo en San Rafael, municipio del Oriente antioqueño, en rechazo a la condena de 40 años de prisión que le impuso el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá a Edgar Eladio Giraldo Morales, exalcalde de esta población.

El fallo, con fecha del 28 de febrero pasado, declaró culpable a Giraldo Morales de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, por hechos relacionados con la muerte y posterior desaparición del profesor Julio Ernesto Ceballos Guzmán y el exsoldado profesional Ángel Hipólito Jiménez.

La Juez 11 Penal respaldó las pruebas y los argumentos que presentó la Fiscalía, que indican que el exmandatario, quien fue alcalde de este municipio del Oriente antioqueño en los periodos 2001-2003 y 2004-2007, no solo ordenó sino que presenció cómo miembros del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) asesinaron a esas dos personas para luego enterrarlas en una fosa común.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos adelantada por un fiscal de Derechos Humanos de Medellín, el 15 de octubre de 2001 el docente y el exsoldado profesional fueron citados a una reunión en zona rural de San Rafael con Jorge Iván Arboleda Fernández, alias ‘Arboleda’, comandante en esa época del Bloque Metro en el Oriente antioqueño. En el sitio de encuentro aguardaban otros miembros de este grupo armado, entre ellos José Alexander Osorio, alias ‘Candado’; Jader Antonio Cuesta, alias ‘Medellín’ o ‘Niche’; Edilson Hoyos, alias ‘El Capi’; y Jesús Antonio Suárez, alias ‘Cosecho’.

Los dos citados fueron retenidos y amarrados. Según testimonios de exparamilitares, al lugar también llegó Giraldo Morales, para ese entonces alcalde de San Rafael, quien le manifestó a alias ‘Arboleda’ que “había que matar al profesor, porque estaba en contra de las autodefensas y le estaba colaborando a la guerrilla”.

El exsoldado también fue señalado por el entonces burgomaestre como una persona que "venía extorsionando a los comerciantes del municipio en nombre de las Autodefensas, que no les estaba dando el dinero a los ‘paras’ y que ese tipo de cosas no se podían permitir". Ambas personas fueron asesinadas y sus cuerpos enterrados en una fosa en zona rural de San Rafael.

Quince meses después, familiares de las víctimas viajaron al corregimiento El Jordán, de San Carlos, Oriente antioqueño, donde fue instalada una base del Bloque Metro. Allí contactaron a Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doblecero’, jefe de esta estructura paramilitar, a quien le pidieron que les permitiera recuperar los restos de sus allegados. Él accedió a la petición, pero les exigió el pago de un millón 500 mil pesos. En el afán de darles sepultura digna, los parientes cancelaron el dinero exigido

Inicialmente, el exalcalde fue vinculado a un proceso penal para que respondiera por el doble asesinato, no obstante, el 27 de mayo de 2002 el Fiscal 111 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Marinilla (Antioquia), profirió resolución inhibitoria, es decir, archivó el caso hasta que aparecieran nuevas pruebas, pues las existentes no permitían establecer con certeza la participación de Giraldo Morales en estos hechos.

Con base en nuevas pruebas, el expediente fue desarchivado y reabierto el 16 de mayo de 2007 por el Fiscal 9 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH con sede en Medellín, con el fin de revisar el proceso; un mes después se anuló la resolución inhibitoria de mayo de 2002 y se vinculó del nuevo al exalcalde de San Rafael.

Si bien se dijo en un primer momento que la reapertura del expediente se debió a anónimos enviados al Ente acusador, serían las confesiones hechas por paramilitares desmovilizados a los fiscales de Justicia y Paz lo que le daría un nuevo impulso a este proceso.

Un testimonio determinante en contra Giraldo Morales fue dado en 2009 por el exparamilitar Jader Armando Cuesta, alias ‘Medellín’ o ‘Niche’, quien se desmovilizó en 2004 en Bugalagrande, Valle, en las filas del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En su versión, señaló que “el alcalde de San Rafael nos daba 30 millones de pesos mensuales, nos daba para los gastos y la logística, nos prestaba las volquetas para nosotros movilizarnos; estuvo cuando se planeó la masacre de Granada, porque él era el alcalde que tenía el contacto con el comandante de Policía de Guatapé y nos dejaron pasar unas armas que llevábamos para la masacre”.

El fallo validó otros testimonios entregados por habitantes de San Rafael, quienes advirtieron que el entonces Alcalde les entregaba contratos a los miembros del Bloque Metro y sostenía constantes reuniones con Parmenio de Jesús Usme García, uno de los hombres de confianza de ‘Rodrigo Doblecero’. “El alcalde se reunía con (alias) ‘Parmenio’, con otros que llamaban ‘Diablo Rojo’ y ‘Canoso’. Los policías también trabajaban de la mano de los paramilitares. Ellos no hacían nada, se mantenían reunidos con los paramilitares”, señaló uno de los testigos escuchados durante el juicio.

“Un hombre de paz”
El fallo fue recibido entre los habitantes de San Rafael con extrañeza y consternación, pues muchos no conciben que las afirmaciones hechas contra Giraldo Morales estén apegadas a la realidad.

“Desde el momento que se conoció el fallo, los habitantes del municipio han manifestado su rechazo a esta decisión. Edgar Eladio es una persona muy querida en la población”, indicó Julio Zapata, quien considera que la justicia no obró con imparcialidad y por ello bautizaron el plantón que realizarán este viernes en San Rafael como el “funeral a la justicia y a la verdad”. El evento contará con el apoyo y la participación de varias juntas de acción comunal.

La idea, según este comunicador social, es realizar una marcha en horas de la noche por las principales calles del pueblo cargando un ataúd que simbolice “la muerte de la justicia” y en la que las personas que quieran manifestar su apoyo al exmandatario lo puedan hacer.

“Las personas que declararon (contra el exalcalde) en el juicio son enconados opositores políticos. Todas las sindicaciones de apoyo a las autodefensas son inconsistentes. De hecho, el propio (alias) ‘Parmenio’, quien está condenado a 28 años de cárcel, dice que Eladio es inocente y le ha pedido a la justicia que lo escuche, pero ningún juez, ningún fiscal, lo ha querido escuchar”, aseguró Zapata y no dudó en resaltar que hay un apoyo masivo al exalcalde en San Rafael.

Personas conocedoras de la realidad de la región consultadas por VerdadAbierta.com, describieron a Giraldo Morales como un hombre que, mientras fue mandatario local, se preocupó por los temas de paz y derechos humanos; además, durante su primera gestión (2001-2003), lideró la Mesa Humanitaria de Alcaldes del Oriente Antioqueño, instancia creada por los burgomaestres de esta zona del departamento a principios de la década de 2000 con el fin de exigirle a los grupos armados ilegales que operaban en la región respeto por la sociedad civil, así como unos mínimos humanitarios en la guerra.

Giraldo Morales también integró espacios de participación como la Asamblea Provincial del Oriente y el Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño. Fuentes cercanas a su gestión, aseguraron que los indicadores de desempeño en su segundo periodo como alcalde (2004-2007) revelan que su administración avanzó en temas como desarrollo rural y fortalecimiento de espacios democráticos y participación ciudadana.

“Recuerdo que para los años que se iniciaron los acuerdos humanitarios con los actores del conflicto, acompañé muy de cerca a los alcaldes del Oriente, los conocí personalmente y puedo decir que Eladio es inocente”, expresó Oscar Castaño, periodista conocedor de las realidades del Oriente antioqueño.

La última palabra en este caso la tiene la Corte Suprema de Justicia, que en próximos meses deberá resolver la apelación de esta sentencia, quien determine si las valoraciones hechas por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, sobre la cercanía que tuvo el exmandatario con los jefes del Bloque Metro de las Autodefensas, se ajustaron a la verdad o no.

El paso de Salvatore Mancuso por la guerra

Junto con sus hombres de confianza crearon cuatro grupos paramilitares en la Costa Caribe y Norte de Santander. Esta es la historia que ha reconstruido la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Una tarde de 1992, en Tierralta, Córdoba, tres guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (Epl) intentaron extorsionar a Salvatore Mancuso, quien para ese entonces administraba varias fincas ganaderas de la familia de su esposa. En su reacción, decidió seguir a los insurgentes y cuando supo dónde se ocultaban, entregó las coordenadas a miembros del Ejército, quienes hicieron una emboscada con esa información. Desde ese día, se convirtió en informante de la Brigada 11 del Ejército.

Ese mismo año conoció a quien se convertiría en uno de sus mejores amigos, el mayor Walter Fratini Lobaccio. En un retén del Ejército, el oficial detuvo el vehículo en el que viajaba Mancuso y sorprendidos de encontrarse entre descendientes de italianos en el sur de Córdoba iniciaron una conversación. El oficial fue el segundo comandante del Batallón Junín y había llegado a la región un año antes proveniente de Puerto Berrio, donde estuvo bajo el mando del general Farouk Yanine Díaz. (Ver: Farouk Yanine, Víctor Carranza y los 'paras')

Según Mancuso, Fratini le dijo “si quieres conservar la vida pelea para defenderte o vende la tierra, porque la guerrilla te va a matar”. Juntos convocaron a ganaderos de Tierralta para convencerlos de que se armaran, crearan redes de comunicación y cada uno se hiciera cargo de la seguridad de ciertas zonas. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, los ganaderos le pagaban a Fratini un impuesto de 2 mil pesos por hectárea, pues el Mayor quería replicar lo que había sucedido en el Magdalena Medio en la década del ochenta, donde ganaderos y paramilitares se unieron para hacerle frente a la subversión. (Ver: El entrenamiento de Yair Klein

El mayor Fratini murió en un accidente aéreo en junio de 1993, pero los ganaderos continuaron con los planes. En septiembre de ese mismo año, guerrilleros del Epl intentaron secuestrar al ganadero Hernán Palacios, cuando Mancuso se enteró decidió enfrentarlos y asesinó a tres de ellos, quienes luego fueron presentados por el Ejército como muertos en combate. Este hecho incrementó su fama en Córdoba.

En 1994 el nombre de Mancuso llegó a odios de Carlos y Vicente Castaño, para ese entonces jefes de un grupo paramilitar que delinquía al margen izquierdo del río Sinú, y lo citaron a una reunión donde le propusieron que trabajaran en conjunto. En versiones libres, admitió que aceptó la propuesta en parte por miedo. Al encuentro también fueron Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, y John Henao, conocido como ‘H2’.

En ese mismo año, después de la muerte de Fidel Castaño, hermano de Carlos y Vicente, se crean las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Acuu) y Salvatore Mancuso pasa a figurar como uno de los jefes principales de este grupo. Para 1995, el ex jefe paramilitar creó la cooperativa de vigilancia y seguridad privada Nuevo Horizonte, para ese entonces eran legales y se conocían como ‘convivir’. Bajo ese manto de legalidad, encubrieron varios delitos que cometieron en la zona. Este primer grupo de hombres que acompañaron a Mancuso luego se conoció como Compañía Córdoba y en la expansión paramilitar se convirtió en el bloque Córdoba.

La expansión por la Costa Caribe
A medida que se fortalecieron las Accu, los hermanos Castaño miraban a Sucre, Bolívar y Cesar, pues al parecer una parte de los grupos guerrilleros que habían salido de Córdoba estaban llegando a estos departamentos. En los Montes de María operaban, para esa época, los frentes 35 y 37 de las Farc dirigidos por Gustavo Rueda Díaz alias ‘Martín Caballero’.

Según la Fiscalía, Mancuso llegó al Guamo, Bolívar, por invitación del ganadero Jairo Pineda, quien le ofreció a cambio unas fincas y le vendió otras a muy bajo precio. Entre esas Villa Amalia, el Chimborazo y las Pampas, propiedades que el ex jefe paramilitar entregó en el proceso de Justicia y Paz para la reparación a las víctimas. (Ver: Los enredos de los bienes que entregó Mancuso)

Durante 1996 ocurrieron cuatro masacres en el Guamo y los paramilitares comenzaron a llegar a Sincelejo, Tolú Viejo y a la zona de La Mojana, en Sucre. El 4 de diciembre de ese año miembros de las Accu, acompañados de miembros de las Convivir Nuevo Horizonte y Nuevo Amanecer, asesinaron a 11 pobladores del corregimiento de Pichilín, en Morroa, Sucre.

Aunque antes hicieron apariciones esporádicas, es en 1997 cuando os paramilitares de los hermanos Castaño llegan definitivamente a los Montes de María, luego de una reunión en la finca Las Canarias en la zona rural de Sincelejo que pertenecía al ex gobernador Miguel Nule Amín. A este encuentro, acudió un centenar de finqueros y políticos de Bolívar que acuerdan la llegada de Accu. Ese año se decide que el grupo en esta región sería dirigido por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. (Ver: un pulso a las verdades en los Montes de María)

El 23 de marzo de 1997 este grupo paramilitar perpetró lo que se conoce como la primera masacre del Salado, en Carmen de Bolívar: matan a cuatro campesinos y a una profesora de la escuela. Los ‘paras’ se aliaron con los Méndez, una familia de hacendados que formó su propio grupo de autodefensas, para cometer esta matanza (Ver: Los Méndez, antecesores de los 'paras' en los Montes de María. (Ver: Los Mendez, antecesores de los 'paras')

El rumor de lo que estaban haciendo los hermanos Castaño y Mancuso en Córdoba también llegó hasta el Cesar, donde operaba un grupo armado que seguía órdenes de Augusto Castro, conocido como el ‘Tuto Castro’, uno de los principales despojadores de tierra en la Costa, y al Magdalena, en cuya región estaba José María ‘Chepe’ Barrera y su gente. La presencia de estos grupos, aunque eran independientes, facilitó la llegada de las Accu.
La Fiscalía documentó que el arribo de los hombres de Castaño a estos dos departamentos se acordó en una reunión con los hermanos Nelson y Jorge Gnecco Cerchar. En junio de 1996, Salvatore Mancuso envió los primeros 25 hombres a las sabanas del Ariguaní, en límites entre Magdalena y Cesar, con la condición de que los ganaderos debían servir como guías.

El 18 de septiembre de ese año, Mancuso conformó junto con Jorge Gnecco Cerchar, un reconocido comerciante, ganadero y hermano del ex gobernador de Cesar, Lucas Gnecco, una Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda. Desde comienzos de los noventa, los Gnecco se habían erigido en una familia poderosa en esa región. Lucas fue elegido gobernador de Cesar, y su primo Hugo Gnecco Arregocés, alcalde de Santa Marta. Ambos fueron luego destituidos e inhabilitados por prácticas corruptas en sus administraciones.

Según la Fiscalía, para los paramilitares no fue fácil llegar a Magdalena y Cesar porque aún no tenían suficientes hombres, por eso se inventaron lo que ellos llamaron “operaciones avispa”: actuaban en equipos pequeños y en diferentes municipios para que los ganaderos creyeran que eran un grupo mucho más grande.

Para hacerse notar y atemorizar a los pobladores, perpetraron algunas masacres, entre ellas la de Pivijay, ocurrida el 1 de septiembre de 1996 donde murieron siete personas, y el 27 de octubre de 1996 asesinaron a siete personas y desaparecieron cuatro más en el corregimiento de Media Luna, Cesar. Los paramilitares en esta región quedaron a cargo de dos hombres de confianza de Salvatore Mancuso: René Ríos González, alias ‘Santiago Tobón’, y Baltazar Mesa Durango, alias ‘Baltazar’. (Ver: La historia del 'Juan Andrés Álvarez)

Luego de que las Accu se posicionaron en Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso quisieron expandir su grupo hasta la Guajira, para ellos buscaron a un hombre que hiciera los contactos con narcotraficantes y contrabandistas que pudieran financiarlos en el departamento, se trató de Rodrigo Tovar Pupo, quien años después iba a ser conocido como ‘Jorge 40’.

En mayo de 1997 y por instrucciones de los hermanos Castaño, Mancuso y ‘Jorge 40` debían reunirse con el contrabandista Santander Lopesierra, en Fonseca, sur de La Guajira, pero luego de que los ‘paras’ con los que iban en un carro mataron a dos hombres en una protesta, son enviados a la cárcel en Barracas, donde los dejan en libertad luego de sobornar al fiscal. (Ver: Cómo se tomaron los 'paras' La Guajira)

La reunión se postergó y en 1998 los paramilitares comenzaron a hacer sus primeras incursiones violentas a Urumita, Villanueva y San Juan del Cesar en el sur de Guajira, territorio que sabían era estratégico para el contrabando y el narcotráfico, y donde se decía que las guerrillas llevaban los secuestrados del Cesar y Magdalena. Para ello contaron con la ayuda de narcotraficantes, ganaderos y contrabandistas de la zona.

Los intereses paramilitares también mirarían al Atlántico. Los primeros acercamientos comenzaron en 1998 y al frente de ellos estuvo Doménico Mancuso Hoyos, primo de Salvatore Mancuso, quien fue conocido como ‘David Sotomayor’. Más adelante, en Norte de Santander, usó el alias de ‘Lucas’.

Salvatore Mancuso había negado en varias versiones libres que Doménico fuera su primo, pero a finales de 2012 lo reconoció ante los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá, luego de que varios ex paramilitares del Bloque Catatumbo se refirieron al parentesco de los paramilitares. Mancuso Hoyos nunca se entregó a la justicia.

Atlántico se mantuvo al margen de la guerra que se desató en los departamentos vecinos hasta el año 2000 cuando ‘Jorge 40’ envió a la región al ex mayor del Ejército José Pablo Díaz, quien fue asesinado en 2003 en la troncal del Caribe. En su reemplazo, asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de `Don Antonio’. Todos los grupos de la Costa Caribe quedaron adscritos al llamado Bloque Norte, que quedó bajo el mando de ‘Jorge 40’. (Ver: El paso macabro de las Auc por Atlántico)

La ruta macabra hacia el Catatumbo
En 1999, los hermanos Castaño decidieron extender su grupo paramilitar a Norte de Santander. Para tal fin citaron a Mancuso y a Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, a una finca en San Pedro de Urabá, donde les informaron que tendrían que crear una facción en Cúcuta, seguir a Tibú y adentrarse en el Catatumbo, con el fin de apropiarse del negocio del narcotráfico que por ese entonces estaba bajo el dominio del Eln y las Farc.

El 15 de marzo de ese año, desde algún lugar del Parque Natural del Nudo de Paramillo, Carlos Cataño anunció ante los medios de comunicación la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al oriente del país. Los paramilitares de este bloque provenían en su mayoría de Urabá y fueron entrenados en la finca los Guayabos, de Necoclí, y desde allí 200 hombres fueron transportados en camiones hasta Tibú. (Ver: En siete camiones se vino la muerte)

Al Catatumbo llegaron algunos de los hombres que habían cometido varias masacres en Antioquia, como Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien estuvo en las incursiones de los corregimientos El Aro y La Granja, en Ituango, en junio de 1996; también estuvo Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’, quien no se desmovilizó y se integró a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas como ‘Los Urabeños’. El encargado de esos hombres fue Armando Alberto Pérez Betancur, alias 'Camilo', un capitán que escapó del Ejército para evitar investigaciones en su contra por ejecuciones extrajudiciales. 

Una vez en la zona, estos hombres cometieron varias masacres. Una de ellas se perpetró el 29 de mayo de 1999. Los ‘paras’ montaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano de Tibú con el corregimiento de la Gabarra, detuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a varias personas que se transportaban en ellos. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo)

Varios miembros de la Fuerza Pública participaron en estas masacres. En el 2004, el Tribunal administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a pagar cerca de 45 mil millones de pesos a un grupo de 120 víctimas. El mayor Mauricio Llorente Chávez y tres policías fueron sentenciados a 40 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia, por participar en los crímenes ocurridos durante esa época en el Catatumbo.

Doménico Mancuso, conocido en la zona como ‘Lucas’, hizo los primeros contactos con altos mandos del Ejército en Norte de Santander para que facilitaran la llegada de los paramilitares. Además, según la Fiscalía, fue el encargado de manejar el negocio del narcotráfico.

Algunos crímenes
A continuación, se resaltan de manera cronológica alguno de los crímenes que cometieron los hombres bajo el mando de Salvatore Mancuso durante los años de operación de sus bloques y frentes paramilitares.

16 de julio de 1995
Asesinan al concejal Alberto Darío Ruiz Polo.

1 de septiembre de 1996
Paramilitares llegaron al casco urbano del municipio de Pivijay en Magdalena, entraron violentamente a las casas de seis personas y las asesinaron frente a sus familias.

4 de diciembre de 1996
Paramilitares junto a miembros de dos cooperativas de seguridad de vigilancia y seguridad perpetran la masacre del corregimiento Pichilín en el Morroa, Sucre, donde asesinan a 11 personas.

21 de marzo de 1997
El 21 de marzo de 1997 paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a cinco personas en el corregimiento Libertad, en San Onofre, Sucre

12 y 13 de octubre de 1998
Un grupo de por lo menos 80 paramilitares del Bloque Norte de las Auc y de las Autodefensas del Palmor hizo un recorrido por las veredas La Secreta, La Unión, Parranda Seca y el Chimborazo, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y asesinó a cerca de 20 campesinos.

29 mayo de 1999
Los paramilitares montaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano del municipio de Tibú con el corregimiento de la Gabarra, retuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a varias personas.

21 de agosto de 1999
Más de 150 paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron al menos a 35 personas.

29 de febrero 2000
Hombres bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, entraron al caserío de Filo Gringo en el Tarra, Norte de Santander, asesinaron a una pareja de ancianos y le prendieron fuego a varias casas. Los hechos causaron el desplazamiento masivo de los habitantes.

11 junio de 2001
Asesinan a Miguel Ignacio Lora Méndez, jefe de inteligencia del CTI, luego de que ordenara un allanamiento a la casa de Salvatore Mancuso. También estaba investigando la intervención de los paramilitares en la Universidad de Córdoba.

22 de noviembre de 2000
Seis lanchas con 70 paramilitares del Bloque Norte salieron de Caño Clarín, un canal que comunica la Ciénaga y el mar Caribe, rumbo al corregimiento de Nueva Venecia en el municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, donde asesinaron a cerca de 40 campesinos y pescadores.

28 de julio de 2001
Paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron a María del Rosario Ríos, fiscal especializada de Cúcuta, que estaba investigando temas de narcotráfico.

1 de noviembre de 2001
Paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron a Carlos Arturo Pinto Bohórquez, reemplazo de la fiscal María del Rosario Ríos.

28 de agosto de 2001
Paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a Yolanda Paternina Negrete, fiscal especializada, encargada de investigar los procesos contra grupos paramilitares en los Montes de María, especialmente contra Rodrigo Pelufo, alias 'Cadena'.

23 de febrero de 2002
Hombres del Bloque Montes de María, bajo el mando de Luis Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’, asesinaron a Óscar Álvarez Díaz, Jairo Humberto Sastoque, Jesús Navas Rondón, Germán Bustos Carvajal, y Nelson Miguel Hernández Cortez. Estos eran agentes del CTI que salieron de Magangué hacia el corregimiento de Ventura.

10 de octubre de 2002
Paramilitares del Bloque Norte asesinaron a Gustavo de Silvestry, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Coolechera, la productora de leche más grande de la Costa Caribe.

9 de noviembre de 2002
Asesinan al estudiante de la Universidad del Atlántico, Reinaldo Serna. En 2001 había sido investigado por unos explosivos encontrados en ese centro de estudios, pero fue absuelto. Por estos hechos se convirtió en objetivo de los paramilitares en Barranquilla.

21 de enero de 2003
Héctor Manuel Gamarra Fontalvo, registrador de Becerril, fue asesinado por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc.

17 de febrero de 2003
Paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, que formaba parte del Bloque Norte, asesinaron al exconcejal Amauri Bossa Robles y al precandidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico, Martín Emilio Ochoa Rangel.

5 de marzo de 2003
Paramilitares del Bloque Catatumbo activaron un carro-bomba en el centro comercial Alejandría en Cúcuta. En los hechos murieron siete personas y otras 49 quedaron heridas.

13 de febrero de 2003
Dos paramilitares del Bloque Montes de María llegaron a la Torre del Reloj en el centro histórico de Cartagena y asesinaron a cuatro trabajadoras sexuales, una de ellas era menor de edad.

5 de abril de 2003
Paramilitares del Bloque Montes de María, comandados por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, asesinaron a Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde del Roble, en Sucre. Este asesinato fue promovido por el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien ya fue condenado por estos hechos.

Justicia y Paz, en la recta final para llegar con macro-sentencias de 'paras' en junio

La meta de cerrar los procesos contra 16 ex jefes paramilitares y guerrilleros postulados a Justicia y Paz con una sentencia que englobe a todos sus subalternos antes de junio de este año ya va a mitad de camino. VerdadAbierta.com muestra el estado de esos procesos y los pronósticos que hacen fiscales y abogados de víctimas y postulados.

audiencia

Desde inicios del año pasado, la Fiscalía decidió cambiar la estrategia de Justicia y Paz, y darle prioridad a los casos contra 16 de los principales ex jefes paramilitares y guerrilleros postulados al proceso para poder conseguir sentencias definitivas en un menor plazo. Con la estrategia original, que pretendía juzgar a más de tres mil postulados a Justicia y Paz caso por caso, según ordenaba la Ley 975 antes de que fuera reformada, el cálculo daba que tomaría casi un siglo terminarlos, una contradicción en sí misma pues se trata de una justicia transicional. (Ver nota: El año decisivo para Justicia y Paz).

De ahí que se haya reorganizado el trabajo de la Fiscalía para sacar adelante inicialmente 16 macro-procesos – reducidos ahora a 13 para la etapa de juicio – encabezados cada uno por un ex jefe de los grupos armados que está postulado a Justicia y Paz, con el objetivo de que éstos terminen en 16 sentencias colectivas para ellos y quienes fueron sus subalternos, y en reconocimientos, colectivos también, a quienes fueron sus víctimas.

La meta de junio de este año no es gratuita; en ese mismo mes muchos postulados, incluidos jefes paramilitares, podrían comenzar a solicitar su libertad porque cumplen los ocho años de prisión, la pena más alta a la que pueden ser condenados en Justicia y Paz. (Ver nota: Así será la priorización de Farc y Auc en Justicia y Paz).

El nuevo método consiste en que primero la Fiscalía hace las imputaciones contra los postulados (las acusaciones por sus delitos) en audiencias preliminares frente a los Tribunales de Justicia y Paz, y luego, comienzan las audiencias concentradas, en las que se expone de una manera más detallada los hechos o crímenes por los que son juzgados los postulados; después, el incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas, y termina con la sentencia y las posteriores audiencias de cumplimiento.

Hasta el momento, tres de esos procesos están por entrar a la última etapa de “audiencias concentradas”. Otros nueve macro- procesos se encuentran un paso atrás, en las “audiencias preliminares”, y los demás están en etapas anteriores.

El 9 de diciembre del año pasado, Juan Pablo Hinestrosa, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, defendió en una rueda de prensa el trabajo de la institución: “en junio de 2014, postulados como Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y otros postulados de mayor y menor rango van a quedar libres por el vencimiento de sus penas cumplidas. La apuesta que hace la Fiscalía desde que empezó esta administración es lograr que cuando empiecen a quedar libres estos postulados se tengan sentencias condenatorias para así cumplir con lo que se llama Justicia Transicional”, explicó.

La justicia transicional colombiana, que se ha aplicado en varios países como una manera de dejar atrás la guerra, buscó suspenderles las condenas por sus múltiples delitos atroces a aquellos paramilitares y guerrilleros que se comprometieron a dejar las armas en forma colectiva o individual, e imponerles penas de máximo ocho años de cárcel, a cambio de que colaboraran con la justicia, la verdad y la reparación de sus víctimas. Y este año se cumple esa pena máxima de ocho años para muchos de ellos.

VerdadAbierta.com consultó a fiscales, abogados de postulados y de víctimas que participan en el proceso y coincidieron en que no es muy probable que se consigan fallos condenatorios de los postulados y sus subalternos en los cinco meses que faltan. Además, algunos de ellos advirtieron que no sólo importa la celeridad con que se adelanten los procesos, si no que se cumplan los principios generales de la Ley de Justicia y Paz de responderle a las víctimas y a la sociedad con verdad y justicia y una reparación debida.

Las cuentas
Hasta diciembre del año pasado se habían realizado las imputaciones contra nueve de los postulados. Cada una de estas imputaciones incluye la descripción de la larga lista de crímenes que confesaron los ex paramilitares o ex guerrilleros y su grupo o que el fiscal del caso documentó, según los tipos de delitos que Fiscalía fijó como prioritarios. Estos son: violencia sexual, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento de menores y casos de connotación, que son delitos seleccionados por el fiscal de cada grupo como masacres, secuestros, extorsiones a gremios regionales u homicidios de minorías o líderes de la comunidad.

Los procesos que van más avanzados son los de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el del comandante del Frente 43 de las Farc, ‘Martín Sombra’, y el del Ejército Revolucionario Guevarista. Las audiencias concentradas están fijadas para el próximo 20 de enero en los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Medellín.

La diligencia que hasta el momento más retrasos presenta es la de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, que iniciará el 27 de enero con la imputación de cargos por su participación como comandante de los Bloques Héroes de Granada, Héroes de Tolová y Cacique Nutibara. (Ver nota: Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

Al hacer los cálculos hay que considerar que la Ley 1592 de 2012 que reformó la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, no establece ningún tiempo límite de duración de las audiencias preliminares y la concentrada. Los únicos plazos establecidos son los de los intervalos entre la finalización y el inicio de una nueva etapa.

A mediados del año pasado, cuando se anunciaron los primeros avances de la estrategia de priorización, la Fiscalía había anunciado que el 31 de julio de 2013 tendría radicados los escritos de imputación de cargos para que los magistrados establecieran la fecha de inicio de las audiencias. Sin embargo, los cálculos eran optimistas para el volumen de trabajo que esto implicaba y los fiscales sólo pudieron terminar estas imputaciones entre octubre y diciembre o apenas están por terminar. Un fiscal le explicó a VerdadAbierta.com que las audiencias concentradas podrían tardar un poco más que las imputaciones, pues la formulación de cargos es más detallada. “Se abordan todos los casos con más profundidad –explicó –, ahí debe quedar muy claro quiénes fueron los autores y si fueron materiales o no, y presentar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

En el siguiente gráfico puede visualizar mejor cómo es el proceso de priorización y el estado en el que se encuentran:

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Infraestructura
Uno de los problemas que más llama la atención de los defensores de los postulados y las víctimas es la escasa infraestructura y personal con la que cuenta la justicia para hacer esta inmensa tarea. La mayor parte de la responsabilidad para dictar esas 16 macro-sentencias recae sobre los seis magistrados de conocimiento de Justicia y Paz con los que cuenta el país (cuatro en Bogotá, uno en Medellín y uno en Barranquilla). Los fallos hasta el momento se refieren a 11 mil hechos que comprometen a 34 mil víctimas. A esto habría que agregar las demás diligencias que se derivan de los casos de otros postulados y estructuras guerrilleras y paramilitares que no han sido definidos como prioritarios, pero que aun así deben continuar.

Sobre esto, el director de la Unidad de Justicia y Paz, citó al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en una intervención que había hecho meses atrás diciendo: “señores Magistrados, el balón está en su campo, de ustedes depende que podamos sacar esta sentencias condenatorias antes de junio de 2014. De ustedes depende que este esfuerzo macro de la Fiscalía, Unidad de Justicia y Paz, no sea inocuo, que no estemos arando en el mar. Que realmente podamos mostrar que en Colombia no nos quedó grande la Justicia Transicional y que estamos en la Fiscalía General de la Nación, preparados para recibir un eventual proceso de Justicia Transicional que llegare de La Habana. Estamos demostrando que la política de priorización es un hecho, es un éxito. Que hemos cumplido, nos falta mucho por hacer, pero que lo que primero hicimos fue fijar una estrategia para poder evacuar en mayor medida toda esa cantidad de hechos y de víctimas que están reclamando justicia”.

No obstante, el trabajo de investigación de varias decenas de equipos de fiscales debe ser evaluado y sopesado por pocos magistrados con equipos de trabajo pequeños, para poder conducir adecuadamente la etapa de juzgamiento y dictar sentencia. Como dijo un abogado de uno de los postulados, “los magistrados no tienen el don de la ubicuidad”.

Explicó que “el deseo de todos es tener las sentencias, pero si uno ve el proceso desde la infraestructura es complejo, hay mucha distancia de lo que se quiere a lo que ocurre”. Además dijo que se requiere que colaboren también otras entidades como el Inpec, y las otras partes que participan del proceso. No obstante las dificultades, aseguró que “desde la metodología que se implementó con la priorización, en el último año por lo menos se logró algo que no se había obtenido desde el 2005: en un día se imputaron 300 hechos”.

Los aplazamientos han sido una de las causas en los retrasos de las audiencias. En los meses anteriores, entre julio y diciembre del año pasado, en los que la Fiscalía había programado la etapa de las audiencias preliminares, se han presentado retrasos por diferentes motivos que van desde problemas en el transporte de los postulados desde las cárceles, excusas médicas por parte de los postulados hasta simples trámites jurídicos o administrativos.

Otro jurista que defiende a un ex jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos expresa que para este año también hay que corregir los problemas logísticos que se presentaron en etapas anteriores. Relata que hubo retrasos de días o semanas porque los dispositivos para hacer las videoconferencias se dañaban o el Inpec fallaba en el traslado de algunos postulados.

Una defensora de víctimas de varios procesos de Justicia y Paz, entre ellos el del Bloque Central Bolívar, coincidió con las contrapartes en que los magistrados son muy pocos para tantas sentencias.

La meta
Esta misma abogada advierte, sin embargo, que “no se trata de afanarse para mostrar resultados. La eficiencia y la eficacia no pueden ir por vías distintas. La celeridad no puede recortar la esencia de Justicia y Paz, es decir, debe quedar claro que para reparación debe haber verdad, y no hay verdad si no hay justicia”.

La defensora también señala que “las víctimas están esperando que desde hace 10 o 20 años se les cuente la verdad. Lo que puede salir en junio son sentencias parciales, es decir una verdad parcializada. Porque los delitos priorizados excluyeron en algunos casos torturas, secuestros o robos. Y antes de que una víctima fuera asesinada, años antes había pasado por todo eso. Hay que tener en cuenta la reparación”.

El abogado del ex jefe paramilitar manifiesta que “estoy de acuerdo con la Corte cuando dice que es imposible llegar a una verdad absoluta del conflicto. Pero estas macro-sentencias deben contar la verdad para garantizar la no repetición. Hay víctimas que a pesar de contar ya con las sentencias, no han sido indemnizadas después de un año, y también hay temor entre los postulados que después de tanto tiempo queden libres y no quede muy clara su situación. Hay que pensar desde ahora en las seguridades jurídicas”.

Hasta este punto del proceso es claro que lo que falta para terminar es bastante: de cuatro partes del proceso de juzgamiento se ha avanzado parcialmente en la primera y faltarían otras tres, que en la práctica serán más extensas. El reto de alcanzar las 16 macro-sentencias anunciadas por la Fiscalía en el tiempo en que se lo propuso y, al mismo tiempo cumplir con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, recae casi completamente sobre los hombros de magistrados y fiscales.

No obstante, la responsabilidad de que esta se logre se extiende a diversas entidades que intervienen en el proceso. Por ejemplo, tan solo que un postulado no vaya a una audiencia programada porque el Inpec no hizo el traslado, o que no se haga una transmisión de una audiencia ente víctimas en un lugar remoto por razones técnicas, puede retrasar un caso varias semanas.