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¿Por qué está enredada la libertad de los exparamilitares?

Hace un año 170 desmovilizados cumplieron ocho años en prisión, pero solo 22 están libres. A la hora de pedir su excarcelación se han tropezado con problemas de papeleo, desarticulación al interior de la Fiscalía y exigencias poco claras. Los escasos resultados ponen en duda la existencia de una verdadera justicia transicional.

Excombatientes AUC recuperan su libertadEn 2015,  más de 500 excombatientes cumplen ocho años en prisión desde que fueron postulados a la ley de Justicia y paz, por lo que se espera que soliciten su libertad. Foto: Revista Semana.

En junio de 2005, hace casi diez años, se profirió la Ley de Justicia y Paz, la norma que propuso penas de no más de ocho años a los paramilitares a cambio de que contaran la verdad y entregaran bienes para reparar a las víctimas. De antemano se sabía que en 2013 los primeros desmovilizados culminarían su pena y que si cumplían los compromisos saldrían libres. Sin embargo, el sistema judicial parece no estar aún preparado para cumplir los acuerdos que hicieron con los excombatientes. Un mal precedente para un futuro proceso de desmovilización de las Farc.

Durante este año, 530 de los más de 2.600 desmovilizados en prisión cumplen ocho años tras las rejas, en esa cifra están incluidos todos los jefes paramilitares que estuvieron detenidos en el centro de reclusión de La Ceja en 2006 que no fueron extraditados. Tras largos procesos judiciales solo 116 del total, algo más del 20 por ciento, han sido condenados por la justicia transicional.

Aunque era previsible, los cientos de procesos en la justicia ordinaria que corren a la par de las investigaciones de Justicia y Paz son hoy un impedimento para la salida de desmovilizados. A esto se suma que aún no hay criterios claros sobre cómo medir si un exparamilitar contó toda la verdad, reparó a las víctimas o si se resocializó.

“Esto sucede porque en un comienzo se pensó que el modelo de Justicia y Paz iba a ser más rápido, entonces discusiones sobre el cumplimento no se iban a dar al final”, opina Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones sobre Justicia Transicional en Dejusticia. Agrega que los enredos en la libertad de los postulados son efecto de una visión cortoplacista.

A raíz de esta lentitud en los procesos judiciales, en 2012 cuando se reformó la ley de Justicia y Paz, y viendo que se avecinaba la libertad de los ‘paras’, el Congreso creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento. Bajo esta modalidad el 80 por ciento de los desmovilizados que no han sido condenados por la justicia transicional y que han cumplido los requisitos pueden pedir la libertad. 122 desmovilizados la han solicitado, pero solo 46 han salido favorecidos.

Quienes sí han sido condenados, que es el caso de la mayoría de los exjefes paramilitares, deben recurrir a la llamada libertad a prueba que exige además que el desmovilizado haya cumplido con lo que la sentencia le ordena. A pesar de estar efectivamente fuera de la cárcel, los desmovilizados deben seguir colaborando con la justicia durante cuatro años más. Por esta medida solo hay un excombatiente en libertad. (Reintegración de exparamilitares que salgan libres durará cuatro años)

Cuando existe una condena, los exparamilitares deben acudir a las dos instancias para quedar efectivamente libres, en algunos casos, como le ocurrió a Édgar Ignacio Fierro Florez, conocido con el alias de ‘Don Antonio’, se le ha otorgado la sustitución de medida de aseguramiento, pero le han negado la libertad a prueba. Por lo tanto, tiene que seguir en la cárcel.. (Ver: El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’ )

Los complejos proceso judiciales y la oposición que ha hecho la Fiscalía contra la libertad de varios exjefes paramilitares, lleva a los defensores y los propios exparamilitares a pensar que hay una estrategia deliberada para no dejarlos salir de la cárcel. Acusación que el ente investigador niega.

La justicia ordinaria manda la parada

Versiones Libres Justicia y PazDurante las primeras versiones libres de Justicia y Paz, los fiscales compulsaron copias a la justicia ordinaria para que se investigaran a los terceros, pero el ente investigador terminó duplicando procesos en contra de los excombatientes por los mismos hechos. Foto: Revista Semana.

Aunque en teoría son 47 los desmovilizados a quienes ya les aceptaron la libertad, solo 22 están efectivamente en la calle. Los demás han tenido que permanecer en la cárcel mientras se suspenden o avanzan los procesos en la justicia permanente. Lo paradójico, según dijeron varios defensores de los excombatientes, es que estos procesos se abrieron por las confesiones que ellos mismos hicieron en versiones libres.

Un ejemplo, es el caso del Bloque Centauros de las Autodefensas, un grupo paramilitar que delinquió en los Llanos Orientales. En las primeras versiones libres, hace ocho años, los desmovilizados contaron cómo entregaron civiles muertos para hacerlos pasar por guerrilleros heridos en combate. Los fiscales de la justicia transicional enviaron estas confesiones a fiscales de la Unidad de Derechos Humanos para que investigaran a los demás involucrados, en este caso, a los miembros de la fuerza púbica. Sin embargo, estos abrieron nuevos procesos contra los paramilitares por los mismos hechos, incluso libraron ordenes de captura contra personas que ya estaban en la cárcel.

“Cuando los postulados versionaban, compulsábamos copias a la justicia ordinaria. La lógica era que se iniciaran investigaciones frente a los terceros, eso no se entendió y se imputaron y formularon cargos a los postulados. Alias ‘HH’ terminó con 70 sentencia en menos de tres meses, igual que ‘el Alemán’”, dijo una fuente de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

Como se trata de jefes de grupos que cometieron todo tipo de atrocidades, cientos de investigaciones se esparcieron por todas las direcciones de la Fiscalía, en la mayoría de los casos duplicando el trabajo que ya se estaba haciendo, y aún hoy no hay claridad de cuántas procesos siguen en curso. Los abogados que defienden a los exparamilitares del Bloque Córdoba hicieron un primer sondeo en Montería y encontraron más de 300 investigaciones en despachos de la Fiscalía, la mayoría inactivas.

“Yo creo que el proceso de justicia transicional que tenemos en Colombia es único, donde los procesos siguen activos a lado y lado en Justicia y Paz y en la ordinaria”, dijo la defensora de un exparamilitar que pidió la reserva de su nombre.

Cuando se reformó la ley de Justicia y Paz en diciembre de 2012, se crearon las figuras para suspender investigaciones y acumular sentencias. El problema fue que la ley especificó que solo se podían suspender las investigaciones una vez estuviera en firme la medida de aseguramiento en la justicia ordinaria -un procedimiento que se inicia ante los jueces cuando el ente investigador ya tiene las pruebas-. Este confuso problema de trámite ha impedido a decenas de postulados salir de la cárcel.

“Las compulsas están matando la idea de justica transicional, los que tienen preparación son los fiscales y magistrados de Justicia y Paz. No tiene sentido que después de tantos esfuerzos sociales y económicos todo lo terminé decidiendo un fiscal de la justicia ordinaria que no sabe nada de esta ley”, aseguró Camilo Sánchez.

La Corte Suprema ha dicho que este problema debe coordinarse al interior de la Fiscalía, y aunque ha habido algunos esfuerzos de los fiscales de Justicia y Paz para hacerle entender a sus pares que están duplicado el trabajo y congestionando la entidad con procesos innecesarios, no ha sido posible un cambio. Tampoco han sido muchos los logros de la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales, una dependencia del ente investigador encargada, entre otras cosas, de evitar este tipo de desconexiones entre la justicia ordinaria y la transicional.

En la práctica este desorden del ente investigador ha repercutido en procesos como el de Úber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, quien fue uno de los jefes del Bloque Montes de María de las Auc. El mismo día que se le dieron la libertad a prueba, una fiscal de derechos humanos desempolvó una investigación por la masacre de cuatro trabajadoras sexuales en el Centro Histórico de Cartagena en 2003. ‘Juancho Dique’ había aceptado el crimen y ya está siendo procesado por los mismos en el justicia transicional, quienes no han respondido por estos hechos son los empresarios que pagaron para que este crimen se cometiera.

Algo peor ocurrió en el caso de José de Jesús Pérez, alias ‘Sancocho’, ex jefe un frente Farallones del Bloque Calima que delinquió en el Cauca, a quien los medios lo anunciaron como el primer paramilitar de alto rango en quedar libre por orden de la Corte Suprema. Pero lo cierto es que casi un año después de expedida la sentencia, Pérez no ha podido salir del centro de reclusión, porque las investigaciones que cursan contra él en la justicia ordinaria no han sido suspendidas, aunque se trata de delitos ya investigados en la justicia transicional.

Las confusas decisiones de los jueces

Magistrados de conocimiento Justicia y PazEn Colombia hay 10 magistrados de conocimiento de Justicia y Paz. Ellos son quienes han condenado a los excombatientes y han seguido el proceso judicial de cada uno de ellos, sin embargo, no son quienes toman la decisión de su libertad en primera instancia. Foto: Revista Semana.

El panorama en los tribunales de Justicia y Paz tampoco es muy claro. A finales del año pasado, cuando ya comenzaba la oleada de peticiones de sustituciones de medida de aseguramiento, se reunieron los cinco magistrados de control de garantías de Justicia y Paz que existen en el país. La idea era crear unos parámetros generales para tomar las decisiones, pero no se logró. La conclusión fue que cada magistrado conservaba la independencia.

Esto se ha visto reflejado en sus pronunciamientos. Algunos magistrados son mucho más exigentes en sus requisitos que otros, de forma que la suerte del desmovilizado depende en parte de las manos en las que caiga su proceso.

A los primeros exparamilitares que pidieron su libertad, se las negaron por razones de papeleo o faltas menores. Por ejemplo, como parte de los requisitos se exige un certificado de buena conducta que es expedido por el Inpec, pero cuando los desmovilizados tuvieron que trasladarse a cárceles de otras ciudades para asistir a audiencias o ir a diligencias de exhumación hay lapsos de tiempo que el centro penitenciario no certificó. Los magistrados no concedieron la libertad por esa razón.

Les negaron su excarcelación también por faltas menores reportadas por los centros carcelarios como tener licor o celulares no permitidos es sus celdas y haber entrado a sus redes sociales sin permiso. Conductas por las cuales ya habían recibido sanciones por parte del Inpec. La Corte Suprema ha sido tajante en pedir mayor flexibilidad en estas decisiones y poco a poco se han sentado unos parámetros que han permitido que los primeros desmovilizados puedan salir a las calles.

La situación se complica para una minoría de exparamilitares cuya sentencia está en firme, pues la ley exige que la decisión la tome un juez de ejecución de penas, para eso fue designada la juez Luz Marina Zamora. Dos de sus primeras decisiones fueron controversiales: a ‘Don Antonio’ no solo le negó la libertad por no haber asistido a un acto para pedir perdón (a pesar de que el exjefe paramilitar aseguró que fue la Unidad de Víctimas quien aplazó el evento), sino que pidió su exclusión del proceso de Justicia y Paz; a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien lleva más de ocho años en prisión, le negó la solicitud porque dijo que no llevaba un solo día en la cárcel por cuenta de justicia y paz y libró contra el preso una orden de captura. Esto a pesar de que la Corte Suprema ya había aclarado que el tiempo de pena cuenta a partir del momento que el gobierno postuló a los excombatientes a Justicia y Paz. (Ver: Por qué se enredó la libertad de ‘El Alemán’)

“Es un problema que se presenta cada vez que se incorpora una nuevo actor a la justicia transicional. Ya al final del proceso entra la figura del juez de ejecución de penas que viene de un esquema totalmente diferente y no conoce los procesos y con quien hablar de conceptos macro-delincuencia es complicado”, aseguró una fuente de la Dirección de Justicia Transicional que pidió la reserva de su nombre.

Por encima de esta juez están los diez magistrados de conocimiento, que son los que en realidad han estado presentes en todo el proceso. A partir de fuertes pronunciamientos han revocado algunas de las decisiones de la juez de control de garantías, como la de ‘El Alemán’. Los últimos autos de libertad a prueba como el de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, revelan una posición más flexible por parte de Zamora. (Ver: ‘Julián Bolívar’ a punto de salir en libertad)

Expertos en el tema coinciden en que el problema obedece a que la ley está mal planteada y que lo ideal es que sean estos últimos, los magistrados de conocimiento, quienes tomen las decisiones de cierre de justicia transicional, porque tienen más elementos de juicio para saber quién cumplió y quién no.

¿Cómo medir que cumplieron?

Libertad desmovilizados AUCLos conceptos de los magistrados de control de garantías sobre el cumplimiento de los deberes por parte de los desmovilizados no son unánimes, pero poco a poco la Corte Suprema ha sentado una posición más clara. Foto: Revista Semana.

Más allá de los líos de papeleo, uno de los problemas más espinosos es bajo qué parámetros se va a medir que los postulados cumplieron con los compromisos de fondo, es decir, que dijeron la verdad, que entregaron bienes para reparar a las víctimas y que mientras estuvieron en la cárcel hicieron un esfuerzo por resocializarse.

“Nunca hubo un debate de qué significa la contribución sustantiva al proceso. Siempre les dijeron que si no cumplían perdían los beneficios. Pero no se trazó una línea razonable con criterios claros. En algunos casos parece que esperamos que estos desmovilizados sean un informe de la verdad del conflicto andante”, dijo Camilo Sánchez.

La ley deja claro que para certificar el cumplimiento en verdad es suficiente un certificado de la Fiscalía o del magistrado de conocimiento, según la etapa en la que se encuentre el proceso. La Corte subrayó este requisito en el caso del exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, pues en primera instancia se le negó la libertad argumentando que la verdad no se trataba de “una sumatoria de diligencias judiciales”. Vale aclarar que este es uno de los casos que más genera controversia, porque las víctimas han dicho una y otra vez que el exparamilitar ocultó verdades que de antemano conocía. (Ver: Los olvidos de ‘Juancho Prada’)

La Corte Suprema ha dicho en varias oportunidades que en Justicia y Paz es necesario flexibilizar el concepto de verdad, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que ha trascurrido y la cantidad de delitos que cometieron estos grupos armados. “el hecho de que el postulado no hubiese relatado pormenorizadamente cada uno de los hechos en los que admitió tener responsabilidad, no puede asumirse como el incumplimiento de la exigencia”, dicta el alto tribunal.

A esto se suma que contra varios exjefes paramilitares se abrieron investigaciones por falso testimonio, en la mayoría de los casos por versiones que entregaron contra parapolíticos. A ‘Juancho Dique’ lo demandaron por negar ante la Corte el hurto de ganado, a alias ‘Don Antonio’ por supuestamente no decir la verdad en el caso de Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y a Iván Ernesto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, de mentir en contra del parapolítico Hugo Aguilar.

La Fiscalía dice que de demostrarse que mintieron serían excluidos de la justicia transicional, pero para ellos se requiere un fallo de la justicia ordinaria. El problema es que las investigaciones se han tardado hasta tres años sin mostrar avances significativos. No obstante, la sola existencia de un proceso ha sido argumento suficiente para que delegados de la Procuraduría y defensores de víctimas se opongan a la libertad.

En términos de entrega de bienes los desafíos son mayúsculos, pues la ley plantea si estando en libertad, la Fiscalía encuentra que los desmovilizados ocultaron bienes, pierden automáticamente los beneficios de Justicia y Paz y regresarían a la cárcel a cumplir una pena de 40 años. Ese compromiso se mantiene durante esos mismos 40 años, eso quiere decir que si por ejemplo un postulado lleva 29 años libres y encuentran un bien que no entregó a las autoridades, pues le tocaría regresar a la cárcel.

En procesos como el de Edward Tobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y ‘Juancho Prada’ la Fiscalía, aunque no se ha opuesto a su libertad, ha dicho que sigue investigando algunos bienes que ocultaron o que al parecer serían ilegales. La Corte Suprema ha dicho que el ente investigador ya tuvo ocho años para perseguir los bienes de los exparamilitares y que en caso de tener pruebas de alguna ilegalidad debe pedir inmediatamente la exclusión de estas personas del proceso de Justicia y Paz.

“Nosotros simplemente planteamos que algunos postulados no han hecho actos genuinos de reparación. A veces hablamos de comandantes de grupos que se financiaron del narcotráfico y solo entregaron diez millones de pesos, ese no es el sentido natural de las cosas. Pero si no tenemos elementos de juicio para pedir la exclusión, no lo vamos a hacer”, dijo la fuente de la Dirección de Justicia Transicional.

Otro ‘cuello de botella’ ha resultado el tema de la resocialización, una condición para otorgar la libertad. A ‘Ernesto Báez y a Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, un magistrado de control de garantías les negó su excarcelación argumentando que durante los primeros años se muestra que no participaron en actividades de resocialización dentro del centro carcelario.

Una queja constante de los postulados ha sido la ausencia de actividades de resocialización creadas por el Inpec. De hecho ante la falta de programas y previendo la pronta salida de los exparamilitares, cuando el Congreso de la República modificó la ley de Justicia y Paz, pidió al Inpec crear programas de resocialización que brindara también acompañamiento psicosocial a los desmovilizados. En algunas cárceles desde el año pasado el Ministerio de Justicia se ha hecho responsable del asunto.

Los propios magistrados de conocimiento han criticado en varias oportunidades esta carencia. “He cuestionado seriamente la labor del Inpec y por esta misma razón, la del Ministerio de Justicia. Esto por cuanto la operatividad de aquel instituto adolece, por no haber sido creado para ellos, de políticas que de manera eficaz administren las exigencias de resocialización de la población carcelaria de Justicia y Paz”, dijo la magistrada Alexandra Valencia en un salvamento de voto.

Los que ya están libres

Libertad desmovilizados AUCLa mayoría de los exjefe paramilitares que en 2006 estuvieron en el centro de reclusión La Ceja y no fueron extraditados a la Estados Unidos cumplieron ya los ocho años de prisión, pena alternativa de Justicia y Paz. Foto: Revista Semana

Una vez afuera, los desmovilizados están obligados a comenzar una ruta de reinserción de la Agencia Colombia para la Reintegración (ACR) que dura cuatro años, tiempo que corresponde a la mitad del tiempo de condena. Una vez salgan de la cárcel tienen 30 días para presentarse ante la ACR y firmar un acuerdo de ingreso al programa. Hasta ahora hay 22 personas ubicadas en las principales ciudades del país que ya comenzaron su ruta. Con esta pequeña prueba piloto se han podido evidenciar los retos a los que enfrentará el país en los próximos años.

Dicha ruta de reintegración varía sustancialmente de la que recorren los desmovilizados que no pasaron por la cárcel. Para los postulados a ley de Justicia y Paz se designaron a los más experimentados funcionarios de la Agencia y cada uno tendrá a su cargo el proceso de diez desmovilizados.

Una de las principales preocupaciones es la reintegración laboral, pues los excombatientes tienen que seguir asistiendo a las audiencias y versiones libres que los citen, lo que dificulta conseguir un trabajo fijo. Además, a diferencia de los otros reinsertados, por ley quienes salgan de las cárceles no tendrán derecho a acceder a un capital semilla para comenzar sus propios proyectos productivos.

A esto se suma que sus prontuarios criminales son públicos y sus condenas por crímenes de lesa humanidad no solo espanta a las empresas privadas, sino que les impide contratar con el Estado. A pesar de esas dificultades, según la ACR, ya once de ellos tienen trabajos en talleres mecánicos, construcciones, plazas de mercado, entre otras. Cinco son bachilleres y tres están actualmente estudiando.

Los postulados de la Ley de Justicia y Paz han reiterado el temor por su seguridad. De acuerdo con la versión de uno de los abogados que defienden a los exparamilitares del Bloque Catatumbo, uno de los desmovilizados salió libre y regreso a Córdoba, pero tuvo que cambiar de lugar de residencia porque a su casa llegaron panfletos amenazantes. La situación fue denunciada ante el magistrado de control de garantías de Medellín.

El panorama aún no es claro y los excombatientes están atentos a un decreto que se espera salga en un mes, en que quedé claro qué entidad será la responsable de protegerlos una vez estén fuera de la cárcel. Peligro que será más latente en el caso de los jefes paramilitares que aún no han quedado en libertad.

Pero la Agencia es consciente de que tal vez el principal reto será que la comunidad en general los acepté y dejé de percibirlos como los asesinos que fueron, “Esto ya no puede ser visto desde la perspectiva del pánico, sino tiene que verse desde la realidad para plantear qué vamos a hacer. No podemos crear un ghetto donde tengamos a más de dos mil postulados de Justicia y Paz porque nadie los quiere ver”, aseguró Esneyder Cortés, director programático de la ACR.

Así van las libertades

VerdadAbierta.com hace un recuento de qué ha pasado con las solicitudes de libertad de los principales jefes paramilitares que no fueron extraditados y que ya cumplieron su condena.

Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’

Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’

El exjefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Auc hizo un primer intento por solicitar la libertad a prueba, pues ya está condenado, pero la juez de ejecución de penas aseguró que aún no había cumplido la pena contada desde el momento en que fue postulado. Agregó que los bienes que ofreció aún no habían entrado oficialmente al Fondo para Reparar a las Víctimas, procedimiento que no depende del postulado. La defensa del exjefe paramilitar no apeló y espera solicitar la libertad nuevamente.

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Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio

Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’

Este exjefe paramilitar que delinquió en Atlántico y fue mano derecha de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, fue el primero en solicitar que lo dejaran salir de la cárcel, pero el proceso judicial se enredó tanto que aún no hay certeza de cuánto tiempo le queden tras las rejas. En junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia le concedió a alias ‘Don Antonio’ la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, es decir que consideró que el postulado cumplió con sus compromisos y que, por lo tanto, podía quedar en libertad condicional.

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Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’

Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’

Este es uno de los procesos judiciales más enredados y que impone retos a la justicia transicional. Luego de una pelea en los tribunales de Justicia y Paz, ‘Juancho Dique’, uno de los exjefes paramilitares del Bloque Montes de María y quien fue el primer condenado en Justicia y Paz, obtuvo la libertad prueba y la sustitución de medida de aseguramiento al demostrarse que cumplió con todos los requisitos.

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Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’

Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’

Cuando el exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia pidió la libertad a prueba, el Juzgado de Ejecución de Sentencias rechazó la solicitud porque no había cumplido con la pena alternativa contemplada en la Ley de Justicia y Paz, de ocho años de prisión; y que contra Rendón Herrera había siete procesos en la justicia ordinaria pendientes que debían sumarse al expediente que le abrió la justicia transicional. Ese juzgado dijo no tener competencia para acumular esos procesos. (Ver: ¿Por qué se enredó la libertad de ‘El Alemán’?)

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Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’

Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’

El exjefe paramilitar del Bloque Montes de María fue, junto a ‘Juancho Dique’, el primer paramilitar en ser condenado en junio de 2010 en Justicia y Paz por su responsabilidad en la masacre de Mampuján, entonces debe solicitar su libertad por los dos caminos – sustitución de medida de aseguramiento y la libertad a prueba.

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Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’

Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’

El comandante político del Bloque Central Bolívar ya cumplió ocho años recluido en la cárcel de Itagüí. Fue elegido como uno de los postulados a priorizar, es decir, que su proceso judicial se agilizó para que las personas que estuvieron bajo su mando se puedan acoger a una sentencia anticipada. Sin embargo, no ha sido aún condenado, porque lo que solicitó únicamente la sustitución de medida de aseguramiento.

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Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’

Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’

Fue el primer exjefe paramilitar en quedar libre. Hizo parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por el paramilitar Ramón Isaza. Gallo Bedoya fue el jefe del frente Celestino Mantilla un pequeño grupos paramilitar que delinquió en el municipio de Guaduas entre 2002 y 2006, antes, en la década de los 80 alias ‘El Pájaro’ delinquió en el Autodefensas de Puerto Boyacá.

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Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’

Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’

Este exjefe paramilitar ya fue sentenciado por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, pero como el fallo fue apelado y la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado, no requería pedir la libertad a prueba.

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Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar'

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar'

Para expertos en el tema, la sentencia contra este jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar muestra que el Juzgado de Ejecución de penas ha entendido los mensajes enviados por los magistrados de control de garantías y ha flexibilizado sus posturas. La juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, aceptó su petición y le concedió la libertad a prueba, pues aseguró que cumplió con los deberes de verdad, justicia y reparación que exige esta ley de la justicia transicional. (Ver: ‘Julián Bolívar’, a punto de salir en libertad)

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Fiscalía tiene 47 solicitudes de libertad de exparamilitares

En las próximas semanas, el Ente acusador deberá resolver si extiende los “paz y salvos” correspondientes y exponer los casos ante magistrados de Justicia y Paz, quienes en últimas resuelven si los dejan libres o no. En este proceso, ya hay cuestionamientos.

Por lo menos 161 desmovilizados cumplen ocho años de cárcel en 2014.Por lo menos 47 solicitudes de libertad condicional ya fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación de exparamilitares detenidos y postulados a la Ley de Justicia y Paz, norma transicional que otorga beneficios a quienes se sometieron a este proceso transicional luego de su desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos ocho años de cárcel

Así lo confirmó el Ente acusador y de paso reiteró que esas libertades, que técnicamente se llaman sustitución de medida de aseguramiento, es decir que pasan de la prisión a la casa, pero continúan vinculados a los procesos que se les sigue, deberán seguir un procedimiento especial.

Héctor Eduardo Moreno, coordinador de la dirección nacional de Justicia Transicional (antes Unidad de Fiscales para la Justicia y la Paz) aseguró que los postulados no obtienen la libertad “de manera automática”, pues el caso de cada uno se someterá a un proceso de verificación.

Según datos de esa dependencia, este año 161 excombatientes cumplen los ocho años de reclusión, tope máximo de prisión establecido en la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, y 47 de ellos ya radicaron su respectiva solicitud ante la Fiscalía para iniciar su proceso de libertad condicional o sustitución de medida de aseguramiento. Hasta el momento cinco exparamilitares han recibido ese beneficio.

Entre los solicitantes hay once poderosos exjefes paramilitares que, en aplicación de las normas transicionales, alegan que ya cumplieron los requisitos para quedar en libertad condicional, ellos son: Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’; Édgar Ignacio Fierro Flórez, ‘Don Antonio’ ; Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’; Edwar Cobos Tellez, alias ‘Diego Vecino’; Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Jorge Iván Laverde Zapata, ‘El Iguano’;
Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’.

Esas solicitudes están siendo revisadas al detalle por el Ente acusador bajo los criterios consignados en una circular interna que envió Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación, el pasado 4 de agosto, con el fin de determinar si el postulado cumplió con los requisitos que demanda la ley.

Los requisitos
Caterina Heyck Puyana, directora de articulación de fiscalías nacionales especializadas, explicó que el documento enviado por el Fiscal General aclara que la certificación de las solicitudes de libertad condicional estará supeditada al cumplimiento a las siguientes condiciones: haber permanecido como mínimo ocho años en un establecimiento de reclusión luego de su desmovilización; participado en actividades de resocialización; colaborado en el esclarecimiento de la verdad en las diligencias de Justicia y Paz; entregado bienes para la reparación de las víctimas, y no haber cometido ningún delito posterior a su desmovilización.

Frente al tema de la contribución al esclarecimiento de la verdad, la Fiscalía tendrá que certificar si los datos suministrados por los postulados en sus confesiones durante las versiones libres permiten establecer la información general del grupo armado ilegal, los crímenes que cometieron en sus áreas de influencia, las relaciones con políticos, empresarios o miembros de la Fuerza Pública, mecanismos de financiación, identificación de las redes de apoyo, los vínculos con el narcotráfico, nombres de los desaparecidos y la ubicación de sus restos.

También deberá precisar el Ente acusador si el postulado aún es solicitado para asistir a las diligencias de confesión y los hechos que están por verificarse. Cuando recobran su libertad condicional, los excombatientes se comprometen a presentarse ante la justicia cuando sean requeridos, de lo contrario perderán sus beneficios.

Otra de las verificaciones que debe hacer la Fiscalía es que los postulados no hayan cometido ninguna clase de delitos luego de la entrega de sus armas y su postulación a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

“Hemos establecido que debe recopilarse información de otros procesos, en caso de que existan procesos en otras direcciones, para lo cual hemos activado un mecanismo interno de verificación y de averiguación”, comentó Heyck.

Al respecto, esa labor de verificación permitió que se rechazara una solicitud de libertad condicional. El pasado 6 de agosto, al exjefe del Bloque de Cundinamarca, Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘el Águila’, se le negó su solicitud al encontrarse que desde febrero de 2013 tenía pendiente un proceso ante la justicia ordinaria, en el que está sindicado del secuestro y posterior asesinato del estudiante universitario Humberto Sarmiento Villate, quien bajo engaños fue llevado a una zona rural de Yacopí (Cundinamarca) a desenterrar una supuesta guaca. Este crimen fue cometido el 9 de noviembre de 2012, y uno de sus autores materiales confesó su participación y vinculó al exparamilitar.

Los que ya recobraron su libertad
Hasta el momento cinco exparamilitares han sido beneficiados con la medida de sustitución de la medida de aseguramiento y abandonado el penal, el último de ellos fue Jesús Noraldo Basto León, alias 'Parabólico' o 'Móvil 15', decisión que hizo pública esta semana el Juzgado de Ejecución de las Sentencias de Justicia y Paz de Bogotá.

Basto perteneció al frente Héctor Julio Peinado de las Auc y fue condenado en el 2013 a una pena alternativa de 7 años y 6 meses. El ex paramilitar permanecía recluido en la cárcel desde enero de 2007.

Los otros paramilitares que ya han salido de la cárcel son Víctor Asís Quintero, Jhon Jairo Álvarez Manco, Ramiro de Jesús Rojas Álvarez y José de Jesús Pérez. De ellos, Álvarez Manco fue el primero en recibir el beneficio. En diciembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó su libertad, la cual se hizo efectiva en abril pasado (Ver: Justicia y Paz comienza a dejar en libertad a ex paramilitares)

El camino no será fácil
Si bien la Fiscalía tiene claros los procedimientos para certificar o no las solicitudes de libertad condicional, el camino que deberá seguir ante los magistrados de las distintas salas de Justicia y Paz en el país no será nada fácil y podrá encontrar tropiezos, sobre todo en aquellos casos en los cuales alegue que los postulados no cumplieron con el esclarecimiento de la verdad.

Al hacer una revisión de las libertades, ya tuvo su primera derrota. Se trata del trámite de la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento del postulado José De Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, quien se desmovilizó con el Bloque Calima de las Auc y estaba detenido desde el 29 de diciembre de 2005.

Tras considerar que había cumplido con todos los requisitos, solicitó a mediados de este año su libertad condicional, no obstante tras valorar su caso un magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, se la negó en decisión tomada el pasado 28 de abril.

Los argumentos se negación se centraron en tres aspectos: no participó de manera activa en procesos de readaptación ni en actividades laborales, cometió actos de indisciplina durante su permanencia en el penal y no contribuyó con el esclarecimiento de la verdad.

Esta decisión fue apelada por el abogado de alias ‘Sancocho’ y el caso llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que tras valorar los argumentos de unos y otros resolvió revocar la medida tomada por el magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y le otorgó la libertad condicional al postulado el pasado 2 de julio.

En su fallo, la Corte cuestionó el papel de la Fiscalía en este caso, pues en diversas ocasiones manifestó que no estaban dadas las condiciones para que Pérez Jiménez obtuviera el beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento argumentando siempre que no contribuyó con la verdad, pese a que confesó 231 hechos criminales.

De acuerdo con el Ente acusador, citado por la Corte, este postulado “no ha contribuido de manera eficiente con la obtención de la verdad, ya que no ha ofrecido mayor información que conduzca a esclarecer los detalles relacionados, por ejemplo, con la vinculación de terceros al accionar paramilitar, tales como financiadores, colaboradores y vínculos de políticos”.

Al valorar esos argumentos, el alto tribunal aseguró que “carece de legitimidad para oponerse a la sustitución de la medida de aseguramiento, el fiscal que a estas alturas del proceso argumenta que el desmovilizado no ha colaborado de manera suficiente con el esclarecimiento de la verdad; ya que, de ser cierto, lo que debió hacer fue solicitar su expulsión tan pronto como tal comportamiento evasivo quedó evidenciado”.

Para sustentar su decisión, la Corte llamó la atención a los fiscales de Justicia y Paz sobre la enorme responsabilidad que tienen “en relación con la actividad que realiza el desmovilizado frente a su obligación de contribuir a dicha construcción, la cual, de no cumplirse, activa en dicho funcionario la legitimidad para perseguir su exclusión”.

Para reforzar sus conceptos, la Corte les recordó el papel activo que deben cumplir los fiscales en las versiones libres que rinde un postulado: “De modo que a la finalización de la versión libre la Fiscalía debe poder desentrañar si hay causal de archivo, de preclusión, si el desmovilizado ha desistido de su decisión de trasegar por la vía transicional, si hay razón para excluirlo, o si están dados los presupuestos para formular imputación, entre los cuales está, se insiste la versión completa y veraz; y actuar en consecuencia”.

Si bien los procesos de solicitud de libertad condicional están en marcha, no serán fáciles, sobre todo porque, en últimas, la decisión final la toman los jueces y, como lo ilustra este caso, en caso de que no haya una certificación en el concepto de esclarecimiento de la verdad se podrán chocar con argumentos como los expuestos por la Corte en el caso de la libertad de alias ‘Sancocho’.

Se enreda proceso de ‘Don Berna’ en Justicia y Paz

Mientras la Fiscalía señala que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no ofrece garantías de imparcialidad y transparencia para juzgar a este exjefe paramilitar y confeso narcotraficante, los abogados que representan a víctimas afirman que el Ente Acusador no ha investigado a fondo los crímenes.

A los aplazamientos y cancelaciones de audiencias que han generado serios retrasos en el proceso de Justicia y Paz que se le sigue a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien estuvo al frente de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se sumó una compleja discusión jurídica que demorará aún más la posibilidad de proferir una sentencia contra este exjefe paramilitar y confeso narcotraficante.

Se trata de las solicitudes de recusación presentadas en Medellín tanto por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro, quien pidió a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín declararse impedida para continuar el juzgamiento de alias ‘Don Berna’ al considerar que no ofrece las garantías de imparcialidad necesarias; como por el jurista Eduardo Carreño Wilches, abogado de la exsenadora Piedad Córdoba en el caso que se sigue contra el exjefe paramilitar por su secuestro, ocurrido el 21 de mayo de 1999 en Medellín, quien aseguró que la Fiscalía "no ha sido diligente en la documentación de los hechos criminales perpetrados por los bloques mencionados ni tampoco en develar sus patrones de macrocriminalidad”.

El Ente Acusador y el defensor de la exsenadora sustentaron sus peticiones en el Auto proferido por la Sala de Justicia y Paz el 4 de septiembre de 2013, en el que no solo se excluyó de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, sino porque allí se ordenó compulsar copias para que se investigara a importantes dirigentes políticos, militares activos y en retiro, empresarios y al expresidente y Senador electo, Álvaro Uribe Vélez.

Según el Fiscal 45, en dicho Auto, la “Sala emitió conceptos sobre el postulado que, a criterio del Ente Investigador, son juicios y opiniones anticipadas que a la postre afectan la legalización de cargos contra Murillo Bejarano”.

En ese Auto, la decisión de exclusión se sustentó en que los postulados que hicieron parte del Boque Cacique Nutibara no cumplieron con los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley 975 en tanto no colaboraron con la justicia, la desmovilización de esta estructura armada fue considerada “un montaje” y su máximo jefe, alias ‘Don Berna’, tampoco ha contribuido con la verdad sobre las acciones perpetradas por este grupo armado ilegal, que se desmovilizó en Medellín el 25 de noviembre de 2003.

Para el fiscal Chavarro, con esa decisión, la Sala de Justicia y Paz de Medellín prejuzgó la integridad de Murillo Bejarano y, de paso, quedó en tela de juicio la imparcialidad, objetividad y transparencia de este tribunal, toda vez que las pruebas presentadas en el proceso de exclusión de los siete postulados del bloque Cacique Nutibara hacen parte del escrito de acusación contra alias ‘Don Berna’. “La Sala ya valoró los elementos que también serán materia de análisis en esta audiencia concentrada del señor Murillo Bejarano”, argumentó el fiscal.

Chavarro agregó que en dicha decisión se afirmó que la llamada ‘Oficina de Envigado’, estructura fundamental en la conformación de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, liderada por alias ‘Don Berna’, aún continúa activa y que sus cabecillas guardan algún tipo de relación con el hoy extraditado exjefe paramilitar, “quedando por sentado que el señor Murillo Bejarano continúa delinquiendo, lo que lleva a la Fiscalía a preguntarse: ¿cómo estaría llamada a prosperar la pretensión de formulación y legalización de cargos, si la Sala desde un asunto que no tenía por qué resolver dio por sentada la continuidad delictiva del postulado Murillo Bejarano, aún después de su extradición?”.

Para el Fiscal 45, la Sala de Justicia y Paz de Medellín juzgó de manera anticipada a alias 'Don Berna', pues en el Auto de exclusión ya mencionado se consignaron juicios de valor sobre su poca colaboración brindada a la justicia y su renuencia a contar toda la verdad, aspectos que no eran de su competencia “en tanto lo debatido era si se legalizaban o no los cargos contra Juan Fernando Chica Atehortúa y seis postulados más del bloque Cacique Nutibara, más no las versiones que hasta ese momento había rendido Diego Fernando Murillo Bejarano, además de valorarlas y calificarlas como carentes de verdad. ¿Qué elementos tenía la Sala para llegar a esa conclusión?”, se preguntó Chavarro.

El Auto referido tuvo como magistrado ponente a Rubén Darío Pinilla Cogollo, quien ha sido crítico de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, a la que ha considerado que como un mecanismo aplicado sólo para rebaja de penas, tal como se lo expresó a VerdadAbierta.com en una entrevista el 25 de junio de 2012; también ha cuestionado el trabajo de la Fiscalía, sobre la que ha dicho, en algunos casos, que cumple una tarea “tardía y omisiva y no responde a los fines de la ley de justicia y paz y los intereses y derechos de las víctimas”; y se atrevió a decir en algún momento que por lo menos un fiscal delegado de la Unidad de Justicia y Paz presentó sólo “la versión de los victimarios”.

Fiscal recusado
Paradójicamente, el documento utilizado por el Fiscal 45 para sustentar su recusación contra la Sala de Justicia y Paz, fue el mismo al que aludió Carreño Wilches para pedirle a Chavarro que se declarara impedido para continuar con la documentación de los bloques que lideró en su momento alias ‘Don Berna’.

Tal como lo recordó este abogado, el Auto ordenó expedir copia de dicha decisión al Fiscal General de la Nación para que evaluara el cumplimiento de las funciones de varios fiscales, entre ellos, a Albeiro Chavarro.

Según el jurista, si bien la Corte Suprema de Justicia estudia actualmente la apelación a este fallo tanto por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz como por los defensores de los siete postulados, hasta tanto no haya un pronunciamiento en sentido contrario, la decisión de que se evalúe la conducta del funcionario judicial sigue en firme, razón suficiente para que sea recusado y se designe a otro fiscal para que continúe con la documentación de los bloques paramilitares que conformó y lideró alias ‘Don Berna’.

Carreño Wilches fue más allá al expresar que Murillo Bejarano, en su calidad de inspector general de las Auc, debió conocer los altos mandos militares que cohonestaron con el proyecto paramilitar, nombres que aún no ha revelado ante los fiscales de Justicia y Paz, quedándose solo en enunciados generales y señalamientos a personas ya fallecidas como los integrantes de la banda La Terraza y el mismo Carlos Castaño Gil, situación que termina por darle la razón a quienes piden su exclusión de la Ley de Justicia y Paz.

En ese mismo sentido se pronunció Sebastián Escobar Uribe, quien representa en este proceso a los familiares de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, asesinados en Bogotá el 19 de mayo de 1997 por orden de Castaño y cuyo crimen se ejecutó bajo la dirección de alias ‘Don Berna’. Según este abogado, la solicitud de recusación presentada por el Fiscal 45 de Justicia y Paz tiene el objetivo de evitar las exigencias que le ha hecho la Sala de Justicia y Paz para que documente con rigurosidad los crímenes de las estructuras paramilitares bajo el mando de este postulado,con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

“La Fiscalía no ha actuado con la debida diligencia. La documentación de los hechos es deficiente y no cumple con las mínimas exigencias plantadas en la Ley 1592 que acoge un nuevo esquema de investigación criminal por el cual se establecen la priorización de casos para que se develen además los patrones de macrocriminalidad”, aseveró Escobar Uribe, quien además manifestó su preocupación porque, en su caso, “las víctimas que yo represento tenían la condición de defensores de derechos humanos y ahora no, hecho grave porque se pierde la oportunidad de dejar en evidencia la política criminal que los grupos paramilitares adelantaron contra los defensores de derechos humanos”.

Oscar Correa, abogado que representa al Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos que padeció el secuestro de cuatro de sus investigadores y un atentado dinamitero contra sus instalaciones en febrero y agosto de 1999, respectivamente, a manos de hombres al servicio de alias ‘Don Berna’, aseveró que la petición de la Fiscalía constituiría una estrategia para evitar que sea la Sala de Justicia y Paz de Medellín la que continúe con el juzgamiento de este postulado.

“Resulta contradictorio que la Fiscalía diga que la Sala prejuzgó al indicar que el Bloque Cacique Nutibara no se desmovilizó cuando en su escrito de acusación consignó que en la génesis del bloque Héroes de Granada participaron miembros del Cacique Nutibara que recibieron la orden de trasladarse al (municipio) San Carlos para conformar otra estructura paramilitar. ¿Acaso no se reconoce ahí que no hubo desmovilización total?”, argumentó Correa, quien de pasó destacó que situaciones como ésta dejan al descubierto las graves falencias que encierra la Ley de Justicia y Paz, la cual considera un “proceso de justicia transaccional”.

En los próximos días será la misma Sala de Justicia y Paz la que resuelva las recusaciones, de no aceptarse los impedimientos o se apelen, será la Corte Suprema de Justicia la instancia que, finalmente, resuelva este lio jurídico.

Con todo y la defensa que hizo el propio ‘Don Berna’ de este proceso, al señalar que “ha permitido que se sepan muchas verdades en el país”, lo cierto es que tras ocho años de vigencia de la Ley 975 y con debates jurídicos como éste, las miles de víctimas que dejó el accionar de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová aún siguen esperando una justicia que parece que no llega, una verdad que no aparece y una reparación que cada vez se ve más lejana.

La ‘isla del secuestro’ de Ramón Isaza en el río Magdalena

Como una forma de “castigo”, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio obligaron a decenas de habitantes de La Dorada, Puerto Triunfo y otros pueblos aledaños a trabajar en cultivos de plátano en un islote. VerdadAbierta.com visitó la región y conoció la historia de dos de sus víctimas.

Todos en Puerto Triunfo, Antioquia, recuerdan a un familiar, un amigo o un vecino que supuestamente “se portó mal” y lo llevaron a una isla a treinta minutos en lancha del pueblo para trabajar en los cultivos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm). Eran “castigados”, por ejemplo, quienes se pelearan en un bar, los que no pagaban una deuda, los que consumían algún alucinógeno o aquellos que no siguieran al pie de la letra las reglas impuestas por los ‘paras’.

Carmen* fue una de las víctimas. Esta joven de 19 años vivía junto a su familia en La Dorada, Caldas, y fue retenida a finales de 1999 por hombres de las Acmm, bajo el mando de Ramón Isaza. Seis meses antes, paramilitares asentados en el corregimiento La Danta, de Sonsón, Antioquia, desaparecieron a su hermano tras una pelea en una discoteca. La joven no solo denunció los hechos, sino que siguió buscando a su hermano a pesar de las amenazas que comenzó a recibir. “Me dijeron que me quedara quietecita y que no volviera por allá. Yo no les hice caso y seguí insistiendo”, le contó la víctima a VerdadAbierta.com.

Ante la persistencia de esta mujer, las intimidaciones se concretaron. A Carmen la metieron a una camioneta donde también iba Ramón Isaza, conocido por los pobladores como ‘El Viejo’, y la dejaron en una base paramilitar en el corregimiento de Las Mercedes. Allí estuvo en un cuarto oscuro amarrada por tres días hasta que los ‘paras’ decidieron embarcarla rumbo a la Isla. La joven solo pensaba en su hijo de dos años que estaba en la casa cuando la raptaron.

Durante 15 días, fue obligada a cocinar para unas treinta personas, entre secuestrados y paramilitares, que trabajaban en el islote. “Me levantaban a las 4 y media de la mañana para preparar el desayuno y no me podía dormir en la noche hasta que todos comieran y terminara de lavar todos los trastes”, narró Carmen.

Las víctimas recuerdan que en la isla había grandes cultivos de plátano y yuca, y a su alrededor no se alcanzaba a ver tierra firme, solo el río Magdalena. El agua para cocinar era la misma del río, que era mezclada con cal para “limpiarla”. La dieta no variaba: avena con plátano, yuca, arroz y pastas.

Todos los retenidos dormían sobre la tierra bajo cambuches improvisados con plástico. Los paramilitares los vigilaban todo el tiempo, incluso mientras se bañaban. Quienes tuvieron intención de escaparse o de no trabajar fueron golpeados, amarrados o enterrados hasta el cuello en la tierra. También fue común que los obligaran a cargar agua en costales para llenar tanques de 50 galones. “Es increíble pero cierto, uno podía hacer miles de recorridos y jamás llenaba eso con agua, eran tareas absurdas para que uno no se quedara quieto”, rememoró una de las víctimas.

Varios afectados  aún recuerdan el caso de un muchacho que se perforó una de sus orejas y se colocó un arete, una práctica de moda entre los jóvenes en el país. Los ‘paras’ lo amenazaron y le exigieron que se lo quitara, pero él no les hizo caso. Carmen lo vio llegar a la isla con la oreja rasgada y sangrando mientras los paramilitares le advertían que jamás podía volver a desobedecerlos.

Las Acmm retuvieron personas en la isla desde mediados de los noventa hasta 2006, cuando sus hombres se desmovilizaron bajo los acuerdos con el gobierno nacional. Por lo general, permanecían entre 10 a 15 retenidos, no solo de La Dorada, sino de municipios como Puerto Triunfo, Puerto Perales, Cocorná y los corregimientos de Las Mercedes, Santiago Berrio, Estación Pita y Doradal.

Los jóvenes de Puerto Triunfo
En 1999, a sus 19 años, a Diego Solano le gustaba el rock, escuchaba a todo volumen música de bandas extranjeras, vestía de negro y se dejó crecer el cabello. Algo que seguramente hicieron muchos jóvenes del país para la época, pero no en Puerto Triunfo. Los paramilitares de Ramón Isaza se inmiscuían, incluso, en la forma de vestir de los pobladores.

El problema de este joven comenzó cuando los profesores de una institución educativa de Doradal, corregimiento de Puerto Triunfo, descubrieron que cuatro niñas estaban usando una Ouija, un tablero con el que supuestamente se puede entrar en contacto con el espíritu de los muertos. Isaza se enteró del escándalo y ordenó que detuvieran a Solano y a uno de sus amigos.

“Como nos vestíamos de negro, y eso no era normal en el pueblo, decían que éramos ‘satánicos’ y que teníamos que ver con el asunto de las niñas”, contó Solano. Una noche llegó la camioneta de los ‘paras’ a su casa y lo sacaron en pantaloneta y chanclas, mientras su mamá les suplicaba que no se lo llevaran.

Cuando llegaron a la isla los recibió un paramilitar que dirigía los cultivos de la isla y era conocido con el alias de ‘Pitufo’. Los amarraron a dos árboles, donde fueron una y otra vez interrogados; incluso, en una oportunidad los embadurnaron con melaza, un alimento para caballos con alta concentración de azúcar, para atraer a las hormigas y de esa manera torturarlos.

Cinco días después ambos jóvenes fueron desamarrados cuando los ‘paras’ se dieron cuenta que no sabían nada, pero los obligaron a trabajar. Los levantaban a las cinco de la mañana y una hora después les entregaban los machetes para ir a los cultivos, hacía las cuatro de la tarde les tocaba ir por leña para la comida y cuando caía el sol debían acostarse. Los fines de semana llegaba Ramón Isaza acompañado por varios hombres que venían en tres canoas. El domingo debían embarcar la cosecha de plátano y yuca que vendían en los mercados locales y que usaban para la gente de la organización armada ilegal.

Doce días después de su retención, la madre de Solano se encontró a alias ‘Pitufo’ en el mercado del pueblo y le suplicó que la dejara ir a ver su hijo. “Mi mamá, cuando me vio. no podía ni hablar, solo lloraba, porque en esos días yo ya estaba muy acabado”, contó. Su madre logró enviarle de vez en cuando gaseosa y pan con ayuda de los captores.

Sin embargo, esos contactos no siempre eran permitidos. En el caso de Carmen, su familia solicitó en repetidas ocasiones que dejaran que su hijo fuera hasta la isla para ver a su mamá, porque según decían no paraba de llorar, pero los paramilitares nunca aceptaron.

El caso de Solano ya fue aceptado por Ramón Isaza, quien le pidió perdón en una audiencia pública que tuvo lugar en Puerto Triunfo hace varias semanas. (Ver: Víctimas, cara a cara con Ramón Isaza en Puerto Triunfo)

Después de la isla
No era fácil salir del islote, hacía falta que la víctima cumpliera con varios meses de trabajo forzado u ocurriera algo extraordinario. Así sucedió con Carmen, quien pudo abandonar la isla porque se enfermó de dengue. Una tarde que estaba totalmente deshidratada los ‘paras’ la llevaron hasta el malecón del pueblo y la dejaron allí. El amigo de Solano salió porque se cortó un pie con un machete mientras intentaban matar una culebra.

Solano sentía por esos días que se estaba quedando solo y perdía la esperanza de salir con vida de la isla. Pero una tarde oyó que ‘El Viejo’ dio la instrucción de que lo soltaran porque él no tenía que ver con el incidente en Doradal. Al día siguiente, lo llevaron hasta la base de los paramilitares en Las Mercedes, que también era conocida por la gente del pueblo como ‘Omega 14’, y allí lo estaban esperando no solo su madre, sino líderes comunitarios, el alcalde, el sacerdote y el personero, quienes intercedieron ante Isaza para su liberación.

El muchacho siguió viviendo en el pueblo y hoy recuerda que los primeros meses sentía vergüenza de haber estado en la isla: “a mí me daba pena, yo sabía que nada debía, pero por el solo hecho de haber estado allá la gente del pueblo los estaba señalando y mirando mal a uno”. Carmen, en cambio, tuvo que salir de la zona por miedo a que tomaran represalias contra su hijo.

La verdad en Justicia y Paz
La Fiscalía conocía la existencia de la isla y había documentado algunos casos de reclutamiento de menores que comenzaron con trabajos forzados en este lugar. Sin embargo, la versión de las víctimas que han empezado a hablar es diferente a la que Isaza ha entregado en sus versiones de Justicia y Paz.

En audiencia ante magistrados en Bogotá en agosto 2013, Isaza habló de la existencia de dicha isla, pero explicó que a ella iban jóvenes, entre ellos menores de edad, quienes eran enviados por su familia para disciplinarlos y para que no cayeran en manos de la guerrilla. “A mí me los dieron para que lo reaconductara, los que las familias me entregaron eran drogadictos o ladrones”, dijo el exjefe paramilitar en esa ocasión y agregó que la gente del pueblo lo creía capaz de “enderezar el mal camino”.

Las víctimas de la isla han negado una y otra vez que sus familiares los hayan enviado bajo esas condiciones; incluso, se conocen casos de madres que salieron desplazadas luego de que sus hijos fueran amenazados con embarcarlos a la isla. Tampoco es cierto que todas las víctimas fueran jóvenes, hubo casos de padres de familia que fueron llevados a la isla porque no pagaron la cuota del arriendo de sus viviendas.

Lo que si es cierto que es muchos fueron a parar a la isla por acusaciones que sus propios vecinos le hacían a Ramón Isaza; algunos pobladores creían que era una forma de aleccionar a las personas.

Solano fue una de las pocas víctimas que se atrevió a reclamarle de frente a Ramón Isaza por su secuestro. Carmen, por su parte, ha seguido las audiencias porque aún desconoce el paradero del cuerpo de su hermano, pero no se ha referido al tema de la isla. “Pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que esto que había sido era muy grave, pero es que es muy difícil recordarlo”, dijo.

Muchas de las víctimas que fueron conducidas a la isla arbitrariamente aún tienen miedo de contar lo que allí sucedió, y otras simplemente prefieren dejar esos hechos en el pasado. “A la gente del pueblo se le volvió tan rutinario el castigo que se le olvidó que eso es un secuestro”, concluyó Solano.

(*) Nombre cambiado por solicitud de la fuente

El paso de Salvatore Mancuso por la guerra

Junto con sus hombres de confianza crearon cuatro grupos paramilitares en la Costa Caribe y Norte de Santander. Esta es la historia que ha reconstruido la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Una tarde de 1992, en Tierralta, Córdoba, tres guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (Epl) intentaron extorsionar a Salvatore Mancuso, quien para ese entonces administraba varias fincas ganaderas de la familia de su esposa. En su reacción, decidió seguir a los insurgentes y cuando supo dónde se ocultaban, entregó las coordenadas a miembros del Ejército, quienes hicieron una emboscada con esa información. Desde ese día, se convirtió en informante de la Brigada 11 del Ejército.

Ese mismo año conoció a quien se convertiría en uno de sus mejores amigos, el mayor Walter Fratini Lobaccio. En un retén del Ejército, el oficial detuvo el vehículo en el que viajaba Mancuso y sorprendidos de encontrarse entre descendientes de italianos en el sur de Córdoba iniciaron una conversación. El oficial fue el segundo comandante del Batallón Junín y había llegado a la región un año antes proveniente de Puerto Berrio, donde estuvo bajo el mando del general Farouk Yanine Díaz. (Ver: Farouk Yanine, Víctor Carranza y los 'paras')

Según Mancuso, Fratini le dijo “si quieres conservar la vida pelea para defenderte o vende la tierra, porque la guerrilla te va a matar”. Juntos convocaron a ganaderos de Tierralta para convencerlos de que se armaran, crearan redes de comunicación y cada uno se hiciera cargo de la seguridad de ciertas zonas. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, los ganaderos le pagaban a Fratini un impuesto de 2 mil pesos por hectárea, pues el Mayor quería replicar lo que había sucedido en el Magdalena Medio en la década del ochenta, donde ganaderos y paramilitares se unieron para hacerle frente a la subversión. (Ver: El entrenamiento de Yair Klein

El mayor Fratini murió en un accidente aéreo en junio de 1993, pero los ganaderos continuaron con los planes. En septiembre de ese mismo año, guerrilleros del Epl intentaron secuestrar al ganadero Hernán Palacios, cuando Mancuso se enteró decidió enfrentarlos y asesinó a tres de ellos, quienes luego fueron presentados por el Ejército como muertos en combate. Este hecho incrementó su fama en Córdoba.

En 1994 el nombre de Mancuso llegó a odios de Carlos y Vicente Castaño, para ese entonces jefes de un grupo paramilitar que delinquía al margen izquierdo del río Sinú, y lo citaron a una reunión donde le propusieron que trabajaran en conjunto. En versiones libres, admitió que aceptó la propuesta en parte por miedo. Al encuentro también fueron Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, y John Henao, conocido como ‘H2’.

En ese mismo año, después de la muerte de Fidel Castaño, hermano de Carlos y Vicente, se crean las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Acuu) y Salvatore Mancuso pasa a figurar como uno de los jefes principales de este grupo. Para 1995, el ex jefe paramilitar creó la cooperativa de vigilancia y seguridad privada Nuevo Horizonte, para ese entonces eran legales y se conocían como ‘convivir’. Bajo ese manto de legalidad, encubrieron varios delitos que cometieron en la zona. Este primer grupo de hombres que acompañaron a Mancuso luego se conoció como Compañía Córdoba y en la expansión paramilitar se convirtió en el bloque Córdoba.

La expansión por la Costa Caribe
A medida que se fortalecieron las Accu, los hermanos Castaño miraban a Sucre, Bolívar y Cesar, pues al parecer una parte de los grupos guerrilleros que habían salido de Córdoba estaban llegando a estos departamentos. En los Montes de María operaban, para esa época, los frentes 35 y 37 de las Farc dirigidos por Gustavo Rueda Díaz alias ‘Martín Caballero’.

Según la Fiscalía, Mancuso llegó al Guamo, Bolívar, por invitación del ganadero Jairo Pineda, quien le ofreció a cambio unas fincas y le vendió otras a muy bajo precio. Entre esas Villa Amalia, el Chimborazo y las Pampas, propiedades que el ex jefe paramilitar entregó en el proceso de Justicia y Paz para la reparación a las víctimas. (Ver: Los enredos de los bienes que entregó Mancuso)

Durante 1996 ocurrieron cuatro masacres en el Guamo y los paramilitares comenzaron a llegar a Sincelejo, Tolú Viejo y a la zona de La Mojana, en Sucre. El 4 de diciembre de ese año miembros de las Accu, acompañados de miembros de las Convivir Nuevo Horizonte y Nuevo Amanecer, asesinaron a 11 pobladores del corregimiento de Pichilín, en Morroa, Sucre.

Aunque antes hicieron apariciones esporádicas, es en 1997 cuando os paramilitares de los hermanos Castaño llegan definitivamente a los Montes de María, luego de una reunión en la finca Las Canarias en la zona rural de Sincelejo que pertenecía al ex gobernador Miguel Nule Amín. A este encuentro, acudió un centenar de finqueros y políticos de Bolívar que acuerdan la llegada de Accu. Ese año se decide que el grupo en esta región sería dirigido por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. (Ver: un pulso a las verdades en los Montes de María)

El 23 de marzo de 1997 este grupo paramilitar perpetró lo que se conoce como la primera masacre del Salado, en Carmen de Bolívar: matan a cuatro campesinos y a una profesora de la escuela. Los ‘paras’ se aliaron con los Méndez, una familia de hacendados que formó su propio grupo de autodefensas, para cometer esta matanza (Ver: Los Méndez, antecesores de los 'paras' en los Montes de María. (Ver: Los Mendez, antecesores de los 'paras')

El rumor de lo que estaban haciendo los hermanos Castaño y Mancuso en Córdoba también llegó hasta el Cesar, donde operaba un grupo armado que seguía órdenes de Augusto Castro, conocido como el ‘Tuto Castro’, uno de los principales despojadores de tierra en la Costa, y al Magdalena, en cuya región estaba José María ‘Chepe’ Barrera y su gente. La presencia de estos grupos, aunque eran independientes, facilitó la llegada de las Accu.
La Fiscalía documentó que el arribo de los hombres de Castaño a estos dos departamentos se acordó en una reunión con los hermanos Nelson y Jorge Gnecco Cerchar. En junio de 1996, Salvatore Mancuso envió los primeros 25 hombres a las sabanas del Ariguaní, en límites entre Magdalena y Cesar, con la condición de que los ganaderos debían servir como guías.

El 18 de septiembre de ese año, Mancuso conformó junto con Jorge Gnecco Cerchar, un reconocido comerciante, ganadero y hermano del ex gobernador de Cesar, Lucas Gnecco, una Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda. Desde comienzos de los noventa, los Gnecco se habían erigido en una familia poderosa en esa región. Lucas fue elegido gobernador de Cesar, y su primo Hugo Gnecco Arregocés, alcalde de Santa Marta. Ambos fueron luego destituidos e inhabilitados por prácticas corruptas en sus administraciones.

Según la Fiscalía, para los paramilitares no fue fácil llegar a Magdalena y Cesar porque aún no tenían suficientes hombres, por eso se inventaron lo que ellos llamaron “operaciones avispa”: actuaban en equipos pequeños y en diferentes municipios para que los ganaderos creyeran que eran un grupo mucho más grande.

Para hacerse notar y atemorizar a los pobladores, perpetraron algunas masacres, entre ellas la de Pivijay, ocurrida el 1 de septiembre de 1996 donde murieron siete personas, y el 27 de octubre de 1996 asesinaron a siete personas y desaparecieron cuatro más en el corregimiento de Media Luna, Cesar. Los paramilitares en esta región quedaron a cargo de dos hombres de confianza de Salvatore Mancuso: René Ríos González, alias ‘Santiago Tobón’, y Baltazar Mesa Durango, alias ‘Baltazar’. (Ver: La historia del 'Juan Andrés Álvarez)

Luego de que las Accu se posicionaron en Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso quisieron expandir su grupo hasta la Guajira, para ellos buscaron a un hombre que hiciera los contactos con narcotraficantes y contrabandistas que pudieran financiarlos en el departamento, se trató de Rodrigo Tovar Pupo, quien años después iba a ser conocido como ‘Jorge 40’.

En mayo de 1997 y por instrucciones de los hermanos Castaño, Mancuso y ‘Jorge 40` debían reunirse con el contrabandista Santander Lopesierra, en Fonseca, sur de La Guajira, pero luego de que los ‘paras’ con los que iban en un carro mataron a dos hombres en una protesta, son enviados a la cárcel en Barracas, donde los dejan en libertad luego de sobornar al fiscal. (Ver: Cómo se tomaron los 'paras' La Guajira)

La reunión se postergó y en 1998 los paramilitares comenzaron a hacer sus primeras incursiones violentas a Urumita, Villanueva y San Juan del Cesar en el sur de Guajira, territorio que sabían era estratégico para el contrabando y el narcotráfico, y donde se decía que las guerrillas llevaban los secuestrados del Cesar y Magdalena. Para ello contaron con la ayuda de narcotraficantes, ganaderos y contrabandistas de la zona.

Los intereses paramilitares también mirarían al Atlántico. Los primeros acercamientos comenzaron en 1998 y al frente de ellos estuvo Doménico Mancuso Hoyos, primo de Salvatore Mancuso, quien fue conocido como ‘David Sotomayor’. Más adelante, en Norte de Santander, usó el alias de ‘Lucas’.

Salvatore Mancuso había negado en varias versiones libres que Doménico fuera su primo, pero a finales de 2012 lo reconoció ante los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá, luego de que varios ex paramilitares del Bloque Catatumbo se refirieron al parentesco de los paramilitares. Mancuso Hoyos nunca se entregó a la justicia.

Atlántico se mantuvo al margen de la guerra que se desató en los departamentos vecinos hasta el año 2000 cuando ‘Jorge 40’ envió a la región al ex mayor del Ejército José Pablo Díaz, quien fue asesinado en 2003 en la troncal del Caribe. En su reemplazo, asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de `Don Antonio’. Todos los grupos de la Costa Caribe quedaron adscritos al llamado Bloque Norte, que quedó bajo el mando de ‘Jorge 40’. (Ver: El paso macabro de las Auc por Atlántico)

La ruta macabra hacia el Catatumbo
En 1999, los hermanos Castaño decidieron extender su grupo paramilitar a Norte de Santander. Para tal fin citaron a Mancuso y a Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, a una finca en San Pedro de Urabá, donde les informaron que tendrían que crear una facción en Cúcuta, seguir a Tibú y adentrarse en el Catatumbo, con el fin de apropiarse del negocio del narcotráfico que por ese entonces estaba bajo el dominio del Eln y las Farc.

El 15 de marzo de ese año, desde algún lugar del Parque Natural del Nudo de Paramillo, Carlos Cataño anunció ante los medios de comunicación la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al oriente del país. Los paramilitares de este bloque provenían en su mayoría de Urabá y fueron entrenados en la finca los Guayabos, de Necoclí, y desde allí 200 hombres fueron transportados en camiones hasta Tibú. (Ver: En siete camiones se vino la muerte)

Al Catatumbo llegaron algunos de los hombres que habían cometido varias masacres en Antioquia, como Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien estuvo en las incursiones de los corregimientos El Aro y La Granja, en Ituango, en junio de 1996; también estuvo Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’, quien no se desmovilizó y se integró a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas como ‘Los Urabeños’. El encargado de esos hombres fue Armando Alberto Pérez Betancur, alias 'Camilo', un capitán que escapó del Ejército para evitar investigaciones en su contra por ejecuciones extrajudiciales. 

Una vez en la zona, estos hombres cometieron varias masacres. Una de ellas se perpetró el 29 de mayo de 1999. Los ‘paras’ montaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano de Tibú con el corregimiento de la Gabarra, detuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a varias personas que se transportaban en ellos. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo)

Varios miembros de la Fuerza Pública participaron en estas masacres. En el 2004, el Tribunal administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a pagar cerca de 45 mil millones de pesos a un grupo de 120 víctimas. El mayor Mauricio Llorente Chávez y tres policías fueron sentenciados a 40 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia, por participar en los crímenes ocurridos durante esa época en el Catatumbo.

Doménico Mancuso, conocido en la zona como ‘Lucas’, hizo los primeros contactos con altos mandos del Ejército en Norte de Santander para que facilitaran la llegada de los paramilitares. Además, según la Fiscalía, fue el encargado de manejar el negocio del narcotráfico.

Algunos crímenes
A continuación, se resaltan de manera cronológica alguno de los crímenes que cometieron los hombres bajo el mando de Salvatore Mancuso durante los años de operación de sus bloques y frentes paramilitares.

16 de julio de 1995
Asesinan al concejal Alberto Darío Ruiz Polo.

1 de septiembre de 1996
Paramilitares llegaron al casco urbano del municipio de Pivijay en Magdalena, entraron violentamente a las casas de seis personas y las asesinaron frente a sus familias.

4 de diciembre de 1996
Paramilitares junto a miembros de dos cooperativas de seguridad de vigilancia y seguridad perpetran la masacre del corregimiento Pichilín en el Morroa, Sucre, donde asesinan a 11 personas.

21 de marzo de 1997
El 21 de marzo de 1997 paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a cinco personas en el corregimiento Libertad, en San Onofre, Sucre

12 y 13 de octubre de 1998
Un grupo de por lo menos 80 paramilitares del Bloque Norte de las Auc y de las Autodefensas del Palmor hizo un recorrido por las veredas La Secreta, La Unión, Parranda Seca y el Chimborazo, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y asesinó a cerca de 20 campesinos.

29 mayo de 1999
Los paramilitares montaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano del municipio de Tibú con el corregimiento de la Gabarra, retuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a varias personas.

21 de agosto de 1999
Más de 150 paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron al menos a 35 personas.

29 de febrero 2000
Hombres bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, entraron al caserío de Filo Gringo en el Tarra, Norte de Santander, asesinaron a una pareja de ancianos y le prendieron fuego a varias casas. Los hechos causaron el desplazamiento masivo de los habitantes.

11 junio de 2001
Asesinan a Miguel Ignacio Lora Méndez, jefe de inteligencia del CTI, luego de que ordenara un allanamiento a la casa de Salvatore Mancuso. También estaba investigando la intervención de los paramilitares en la Universidad de Córdoba.

22 de noviembre de 2000
Seis lanchas con 70 paramilitares del Bloque Norte salieron de Caño Clarín, un canal que comunica la Ciénaga y el mar Caribe, rumbo al corregimiento de Nueva Venecia en el municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, donde asesinaron a cerca de 40 campesinos y pescadores.

28 de julio de 2001
Paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron a María del Rosario Ríos, fiscal especializada de Cúcuta, que estaba investigando temas de narcotráfico.

1 de noviembre de 2001
Paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron a Carlos Arturo Pinto Bohórquez, reemplazo de la fiscal María del Rosario Ríos.

28 de agosto de 2001
Paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a Yolanda Paternina Negrete, fiscal especializada, encargada de investigar los procesos contra grupos paramilitares en los Montes de María, especialmente contra Rodrigo Pelufo, alias 'Cadena'.

23 de febrero de 2002
Hombres del Bloque Montes de María, bajo el mando de Luis Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’, asesinaron a Óscar Álvarez Díaz, Jairo Humberto Sastoque, Jesús Navas Rondón, Germán Bustos Carvajal, y Nelson Miguel Hernández Cortez. Estos eran agentes del CTI que salieron de Magangué hacia el corregimiento de Ventura.

10 de octubre de 2002
Paramilitares del Bloque Norte asesinaron a Gustavo de Silvestry, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Coolechera, la productora de leche más grande de la Costa Caribe.

9 de noviembre de 2002
Asesinan al estudiante de la Universidad del Atlántico, Reinaldo Serna. En 2001 había sido investigado por unos explosivos encontrados en ese centro de estudios, pero fue absuelto. Por estos hechos se convirtió en objetivo de los paramilitares en Barranquilla.

21 de enero de 2003
Héctor Manuel Gamarra Fontalvo, registrador de Becerril, fue asesinado por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc.

17 de febrero de 2003
Paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, que formaba parte del Bloque Norte, asesinaron al exconcejal Amauri Bossa Robles y al precandidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico, Martín Emilio Ochoa Rangel.

5 de marzo de 2003
Paramilitares del Bloque Catatumbo activaron un carro-bomba en el centro comercial Alejandría en Cúcuta. En los hechos murieron siete personas y otras 49 quedaron heridas.

13 de febrero de 2003
Dos paramilitares del Bloque Montes de María llegaron a la Torre del Reloj en el centro histórico de Cartagena y asesinaron a cuatro trabajadoras sexuales, una de ellas era menor de edad.

5 de abril de 2003
Paramilitares del Bloque Montes de María, comandados por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, asesinaron a Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde del Roble, en Sucre. Este asesinato fue promovido por el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien ya fue condenado por estos hechos.