¿Qué pasa con los archivos de Justicia y Paz?

Tres salas del país tienen 10 años de información de las verdades de este proceso, pero no existe una directriz general de cómo deben guardar la documentación.

archivos jyp 1La Secretaría de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá explica que, cuando se requiere, envían la documentación organizada a la Corte Suprema de Justicia pero la reciben en desorden. Foto: María Clara Calle.Después de una década de investigar los crímenes de los paramilitares y de un proceso con cerca de 5 mil postulados que han hablado en cientos de audiencias, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.

La Ley 975 de 2005, con la que se creó Justicia y Paz, inicialmente les endilgó la responsabilidad a las secretarías de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de “organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley”. Sin embargo, no especificó cómo guardar la documentación.

Sólo hasta 2011 hubo un poco más claridad sobre qué hacer con esa documentación. En la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, se estipuló que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fuera el encargado de preservar los archivos sobre violaciones a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dictaminó que la Rama Judicial le podía pedir al Archivo General o a los archivos regionales que guarden la información que ellos produzcan.

Pero en la Ley no hay una directriz específica para los archivos de Justicia y Paz y sólo dice que el CNMH podrá recopilar los testimonios de las víctimas de diferentes maneras, incluyendo lo que se habló en las audiencias públicas realizadas en el proceso con los paramilitares.

Es por ello que Myriam Loaiza, integrante de la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostuvo que la gran diferencia que surgió para tratar los archivos es que con la Ley 1448 se incluyó la opinión de las víctimas y, además, “dio luces sobre la importancia de documentar no sólo lo que se recopila en el proceso, como se hacía en Justicia y Paz, sino todo lo que tiene que ver con memoria registrada de la población afectada”.

Más allá de eso, aún no existe ninguna entidad que centralice todos los archivos que se han producido durante la última década como resultado del proceso de paz con los paramilitares. Todo lo contrario: las salas de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen su propia metodología para guardar la información.

Faltan directrices

archivos jyp 2Hasta hace cuatro años, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá estaba localizada en el edificio del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: archivo Semana.“Usted no encuentra ni en el Consejo Superior de la Judicatura ni de la sala una reglamentación o un instructivo que diga cómo se debe organizar, y eso debería depender del Consejo para que fuera unificado”, expresó Jorge Cruz, secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y agregó que no se detalla cuáles son los medios que debería tener la Secretaría para preservar los archivos y que tampoco se los da el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

Por ejemplo, los fallos en firme que pasan de la Sala de Justicia y Paz de Medellín al Juzgado de Ejecución de Sentencia son, en parte, digitalizados por el CNMH, pero el resto de los cerca de 200 procesos que tienen allí están únicamente de manera física.

“La conservación se hace de manera muy arcaica, por decirlo así, porque no se cumple con todos los parámetros que indican las normas de archivo”, explicó Margarita María Betancur, secretaria de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, quien después de hacer un curso de archivística por voluntad de la misma Sala, sin que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera algo que ver al respecto, se dieron cuenta de que tampoco estaban tan desfasados en la preservación de los archivos.

Pero Betancur reconoció que aparte de las audiencias, de algunos oficios y de las sentencias en firme de Jesús Ignacio Roldán, de Bloque Héroes de Tolová y del prontamente ejecutoriado de Ramiro Vanoy; la mayoría del archivo no está digitalizado.

“Conservamos físicamente parte de los audios y por protección al medio ambiente intentamos que no sea en CD o DVD. En todos los computadores de los despachos reposan memorias de toda la información que se produce y tenemos un archivo en cajas con los documentos. A la par, tenemos un registro en computador de qué se archiva, cuántas carpetas y cuántos folios”, relató Betancur.

En Bogotá también tienen su propia manera de archivar la documentación de Justicia y Paz. La Secretaría de esta Sala aseveró que no tiene contacto ni con el CNMH ni con el Archivo General de la Nación. Allí guardan la información en ocho torres de DVD con las audiencias, de las que hacen un back up en un disco duro personal de Cruz; y tienen digitalizado cerca de dos tercios de la información y por lo menos 600.000 folios en papel. Los primeros expedientes que están en ese archivo datan de 2006, que fueron unos incidentes y algunas exclusiones. La primera imputación llegó en 2009 y desde entonces la cantidad de documentación se incrementó drásticamente a medida que el Tribunal tenía más información de los casos.

“La organización de los archivos la manejo yo, pero si llega alguien nuevo no lo sabe manejar o de pronto quiere hacer algo más novedoso o llega otro que ni le va ni le viene y eso se acaba ahí”, advirtió el funcionario.

Cruz recuerda que en 2015 hubo un intento del Consejo Superior de la Judicatura por digitalizar toda la información de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que es la que tiene más casos de paramilitarismo en el país. Este era un mecanismo que no sólo permitía el acceso más rápido a los interesados, porque podrían consultar directamente la información en computadores de la sala, sino que protegerían más los archivos pues a medida que se escaneaban, se almacenaban en el Consejo Superior de la Judicatura y una copia iba a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

Pero de un momento a otro terminaron ese trabajo sin que la empresa encargada de ello rindiera cuentas ante la Secretaría sobre qué se había digitalizado y qué no. “Lamentablemente los recursos se acabaron, el paro judicial anterior tuvo que ver con eso y la empresa que digitalizó solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se diera por terminado, de forma consensuada, el contrato, y de la noche a la mañana se paró ese proyecto que era bueno”, indicó Cruz.

Las cuentas del secretario es que para entonces pudieron haber digitalizado cerca del 90 por ciento de los archivos, pero actualmente, por la nueva información que se ha producido, ese porcentaje se pudo haber reducido hasta un 60 por ciento de los casi dos millones de folios que existen allí.

Esto no sólo vuelve más lento el acceso que las personas puedan tener a esos archivos, que deben solicitar la información que buscan para que la Secretaría la encuentre, sino que además aumenta el riesgo de que un documento o un CD se pierdan o se afecten por cualquier condición; incluso, ya ha habido problemas en un par de ocasiones.

Antes de que la Sala de Justicia y Paz funcionara en un edificio propio en Bogotá desde hace cuatro años, debía compartir las salas de audiencia con todo el Tribunal Superior de Bogotá. Allí los archivos se guardaban directamente en el computador de la sala y se hacían las copias de la información al finalizar la audiencia.

“Tengo problemas porque a esta altura, por tiempo o manipulación, un CD no abre y no tengo otro medio que pedirle al Tribunal. Solicito una copia de los archivos del back up que ellos tienen de alguna audiencia de alguna sala. Doy todos los datos y me contestan que no encuentran esa audiencia”, relató Cruz. En otro caso que ocurrió lo mismo, la Secretaría recuperó una copia con uno de los abogados del caso.

Pese a estos hechos, Cruz sostuvo que no hay posibilidad de que un archivo de Justicia y Paz en Bogotá se pierda pues tiene todo organizado, por lo menos hasta cuando le compete, pues una vez las sentencias quedan en firme, la información de las tres Salas de Justicia y Paz en el país pasa a la Juez de Ejecución de Sentencia, Luz Marina Zamora.

Principio de orden

archivos jyp 3El acceso a los archivos de Justicia y Paz es abierto a todas las personas que demuestren un interés en la información. Es solo solicitar detalladamente qué requiere. Foto: María Clara Calle.Es en este punto de la cadena cuando entra el CNMH. Gracias a un acta de entendimiento con el CSJ, firmada en abril de 2013, se estableció que este Centro podría brindar una cooperación técnica para trabajar en la memoria histórica de los documentos judiciales y asesoraría para una política de manejo de archivos. De esta manera, se consolidó el primer paso para preservar toda la información que resultara de Justicia y Paz y, también, de los procesos de Restitución de Tierras.

Posteriormente, el CNMH y el CSJ firmaron el acuerdo PSAA14-10137 de 2014 con el que puntualmente la Sala Administrativa del Consejo podía coordinar con el Centro para acceder a la documentación, inicialmente de restitución de tierras y luego, desde finales de 2015, empezaron a trabajar con información de Justicia y Paz como tal.

“Cuando el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Justicia y Paz se da cuenta de que hay una orden específica de archivo, nos notifica y hacemos protocolo para cumplimiento de eso, que están dirigidos a hacer una copia digital fidedigna del expediente en materia de archivos, luego su descripción y su análisis a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del CMH”, profundizó Myriam Loaiza.

Pero no siempre tiene que existir un dictamen judicial para que el Centro guarde los archivos, pues tanto el CNMH como varios juzgados han entendido “la orden de manera ampliada y por eso hemos tenido acceso a la información y muchos jueces les permiten hacer copias de los casos que no tienen reserva”, señaló Loaiza.

Una vez la información llega al CNMH, la Dirección de Archivos de esta entidad recopila la información, hace un inventario y describe la documentación. Posteriormente, el Observatorio de Derechos Humanos ubica los casos no documentados para rastrear toda la información y por último, pasa a la Dirección de Construcción de Memoria, que investiga los casos y hacen un informe extenso de lo que pasó.

“Lo que tratamos de hacer es que ese caso juzgado por el juez se visibilice en clave de memoria histórica. De alguna manera equiparamos una verdad judicial, que es específica sobre un caso, y la trasladamos a una verdad histórica documentada y soportada en archivos”, dijo Loaiza.

Hasta ahora, de las más de 40 sentencias que se han proferido en Justicia y Paz, el CNMH está trabajando con algunas, como las de los bloques Bloque Vencedores de Arauca, Libertadores del Sur y Catatumbo con documentación específica de los procesos de Salvatore Mancuso; y del Élmer Cárdenas, cuya documentación mediría cerca de cinco metros si se pusiera en fila recta, sin contar las 150 audiencias en video.

Y es que a la información que envían las salas de Justicia y Paz de los casos ya en firme, el Juzgado de Ejecución de Sentencias suma la información de las víctimas y de todas las entidades públicas que hayan registrado hechos victimizantes relacionados.

Hasta el momento, el CNMH continúa trabajando con los archivos y aspira abrirlos al público en este año. Además, según Loaiza, la otra expectativa es que en 2017 se gestione un depósito en el extranjero para que sea el tercer lugar donde se guarde la información de Justicia y Paz que ellos trabajan, además de la Rama Judicial, el CNMH y las organizaciones sociales.

Esta sería otra de las maneras para evitar que le suceda algo a todos los archivos. Myriam Loaiza aclaró que si bien no hay un peligro inminente, de todas maneras están los riesgos que implica que el conflicto siga vivo como ahora: “los archivos judiciales no han sufrido una amenaza directa, pero puede haber alguna alteración o modificación de documentación, aunque los jueces son muy cuidadosos. A veces los jueces y las víctimas sufren amenazas directas, y esto es un riesgo indirecto a la documentación pues puede que no sea del todo completa porque el archivo judicial se hace en medio del conflicto”.

A esto se suma que no siempre las Salas de Justicia y Paz cuentan con las condiciones físicas adecuadas para preservar el archivo, con los requerimientos de temperatura y espacio que se necesitan para garantizar su seguridad.

“Realmente no tenemos una directriz específica del CSJ sobre conservación. Es más de cada sala, de la manera en que cada uno va viendo la necesidad de hacer esa conservación y así”, afirmó Betancur.

A esto se suma la insistencia de Cruz de que exista una directriz general de cómo preservar los archivos y que el Consejo Superior de la Judicatura los apoye en esto. Quizá esta sea una lección sobre el camino a tomar con los archivos que surjan de todo el proceso judicial y de memoria histórica con las Farc para que desde ya las disposiciones sean claras de qué se debe hacer con ellos, a dónde van, cómo se protegen y quién los debe administrar con qué recursos. Todo para que no se pierda ningún dato de lo que ocurrió durante el conflicto.

VerdadAbierta.com gana Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

El especial '¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?' fue galardonado en la categoría de Reportaje para Prensa.

especial 10 jypCaptura de pantalla del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?Entre septiembre y diciembre del año pasado este portal publicó 25 piezas periodísticas que, en su conjunto, hacen un profundo balance sobre el proceso de justicia transicional bajo la Ley 975 de 2005, conocido como Justicia y Paz, y que se aplicó a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tras dejar sus armas en eventos colectivos realizados entre los años 2003 y 2006. Vea el especial aquí.

A través de una exhaustiva investigación que recurrió a la documentación de las confesiones y las sentencias contra los desmovilizados, la reseña de expedientes judiciales, entrevistas con víctimas, fiscales, magistrados, académicos y excombatientes, trabajo de campo y el uso de herramientas multimedia, el equipo periodístico de VerdadAbierta.com logró establecer los logros y las deudas pendientes de ese proceso judicial alternativo.

Entre los logros se encuentran los resultados en la búsqueda de desaparecidos, las verdades que destapó la justicia y las reivindicaciones de las víctimas que durante años fueron ignoradas y violentadas. El proceso se quedó corto a la hora de encontrar la plata que amasaron las Auc para destinarla a la reparación de sus víctimas, de juzgar a quienes impulsaron esa máquina de guerra y de procesar a todos los grupos paramilitares.

En su acta, el jurado determinó que "escudriñar periodísticamente entre los vericuetos de la justicia en Colombia para exponer con claridad hechos y consecuencias que impactan a la sociedad es lo que logra este reportaje colectivo, que abraza las técnicas del periodismo de investigación y toma con decisión lo relevante de la era digital".

Cabe destacar que la investigación contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas en inglés como USAID).

Este galardón se suma a otros tres premios Simón Bolívar que este proyecto ha ganado desde que salió al aire, en agosto de 2008. El primero fue el del periodista Javier Osuna, quien, en 2009, fue galardonado en la categoría de Revelación por su investigación titulada ‘La prensa silenciada’; el segundo fue obtenido en 2011 en la categoría de Internet por la serie ‘Las verdades del conflicto’; y el anterior fue otorgado en 2013, por la mejor investigación en internet con un informe especial sobre el despojo de tierras.

Además, en 2014, María Teresa Ronderos, fundadora y exdirectora de este portal, fue reconocida como la mejor periodista del año. Para la época había publicado su libro Guerras recicladas, en el que reconstruyó la historia del paramilitarismo desde sus orígenes en los setenta hasta la desmovilización de las Auc.

Este nuevo reconocimiento a la labor investigativa de VerdadAbierta.com no sólo es motivo de regocijo para el equipo de redacción, sino un estímulo más para continuar con la labor periodística de largo aliento, que ha sido la marca distintiva en sus ocho años de vida.

La violencia sexual que padecieron las guerrilleras del ERG

Un grupo de excombatientes del Ejército Revolucionario Guevarista le narró a fiscales de Justicia y Paz sobre la política de cero embarazos al interior de este grupo subversivo y de cómo esta se hizo cumplir aun contra la voluntad de las propias mujeres.  

mujeres guerrilla erg 1La Fiscalía documentó 21 casos de abortos a las que fueron obligadas siete mujeres excombatientes del ERG. Foto: archivo Semana.En los próximos días, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dictará la primera sentencia contra un grupo guerrillero postulado a los beneficios de la justicia transicional. En este caso, la decisión se proferirá contra 24 integrantes del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), grupo insurgente que surgió como una disidencia al interior del frente Ernesto Che Guevara del Eln en 1993 y que tuvo fuerte injerencia en el Medio Atrato chocoano, suroeste antioqueño y norte de Risaralda.

En la providencia se atribuirán responsabilidades a los máximos comandantes de la organización subversiva, entre ellos Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias ‘Cristóbal’; Francisco Antonio Salazar Hinestroza, alias ‘John Jairo’; y Lisardo Caro, alias ‘Romaña’, por cerca de 300 hechos que van desde el reclutamiento forzado, secuestro, despojo de tierras, desaparición forzada hasta la violencia de género, los cuales dejaron poco más de 350 víctimas reconocidas.

Lo que despierta especial interés es la determinación que tomen los magistrados de la Sala con relación a los crímenes de violencia de género. La razón: el Tribunal deberá decidir si reconoce la condición de víctimas de seis exguerrilleras actualmente postuladas a la Ley de Justicia y Paz quienes fueron sometidas a la práctica del aborto, aún en contra de su voluntad. Si bien son juzgadas como victimarias, sus historias también constituyen una violación a los derechos humanos y a los llamados derechos sexuales y reproductivos.

En efecto, la Fiscalía Sexta de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), documentó 21 casos de abortos a las que fueron obligadas siete mujeres excombatientes de este grupo armado ilegal. De ellas, seis están rindiendo versiones ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín actualmente. Según lo comprobó el Ente Investigador, varias fueron obligadas a recurrir a este procedimiento en más de una ocasión, incluso siendo menores de edad y en lapsos de tiempo no superiores a dos años. El hecho más desgarrador es el caso de una excombatiente que fue víctima de aborto forzado en seis ocasiones.

De acuerdo con la documentación realizada por la Fiscalía Sexta, si bien los estatutos del ERG permitían las relaciones entre los combatientes, prohibía expresamente a las mujeres quedar en embarazo, pues señalaban que además de los riesgos que ello implicaba para una tropa en constante confrontación con la fuerzas del Estado, podría distraer a los guerrilleros de su propósito combativo de “patria o muerte”. El desacato a esta norma era castigada con la muerte.    

Política de cero consentimiento  

mujeres guerrilla erg 2Peritos de la Defensoría del Pueblo consideran que los abortos no consentidos dejan heridas profundas en la psique femenina. Foto: archivo Semana.Los testimonios entregados por las postuladas coinciden en señalar que no importaba el estado de gestación, la política de “cero embarazos” al interior del grupo guerrillero era inflexible. “Ninguna de las personas entrevistadas estaban de acuerdo con el aborto, lo consideraban un crimen y jamás se pensó que pudiera ser un derecho de las mujeres el tener o no hijos”, señaló el fiscal sexto, añadiendo además que “todas las entrevistadas a las que se les practicaron abortos hubieran querido tener sus hijos, por lo que muchas trataban de ocultar su embarazo”.

Una excombatiente le narró la Fiscalía Sexta haber quedado en embarazo a la edad de 15 años, recién ingresó al grupo: “y me hicieron abortar. Yo no quería abortar pero era una obligación. Así no quisiera tocaba porque si no eso le puede costar a uno hasta la vida porque es desacato a las normas. Si una mujer salía en embarazo tenía una sanción. Había una política de abortos con la que no estábamos de acuerdo pero que había que acatar”.

Otra de las postuladas habló sobre la advertencia hecha por sus comandantes una vez ingresó al ERG: “le explicaban a uno sobre la prohibición de tener hijos y si quedaba en embarazo tenía que abortar, era una política sino a uno lo mataban”. En su testimonio también se advierte las duras condiciones en que eran practicados los abortos, muchas veces en los mismos campamentos selva adentro.

“Yo tenía una relación centralizada con un compañero. Creo que tenía como casi tres meses de embarazo. El bebe ya estaba grande, le comenté a mí compañero y él al comandante (…) entonces a mí me dan las pastillas que yo misma me las metí porque ya sabía (…) después de que uno se mete las pastas a la media hora ya se le viene. Estaba con mi compañero en el ‘cambuche’ y cuando se vino, lo vi salir y estaba formadito, y él fue el que lo cogió. Uno cuando aborta como que pierde la memoria, uno no quiere como nada".

Según médicos peritos de la Defensoría del Pueblo, quienes vienen haciendo un acompañamiento psicosocial a las postuladas, además de constituir una grave violación a los derechos fundamentales de las mujeres, los abortos no consentidos dejan heridas profundas en la psique femenina que pueden traducirse en depresiones o estados bipolares, trastornos disociativos o de ánimo.

La Fiscalía llamó la atención sobre el carácter discriminatorio de la política del ERG, toda vez que, según las propias postuladas, la responsabilidad de acatar la norma era solo de las mujeres, “pues los hombres que embarazaban a las mujeres no eran castigados, a ellos no se les hacía nada. A las mujeres sí y que más castigo que el aborto”, declaró una postulada ante funcionarios judiciales, quien añadió además que “había mucha desinformación, poca educación. Por eso era que pasaban siempre estas cosas, a pesar de que siempre suministraban pastas para planificar”.

Con los métodos de planificación no solo se buscaba controlar la natalidad al interior del grupo guerrillero; también se pretendía imponer –y controlar- modelos de conducta de las combatientes. “si las mujeres querían sostener relaciones sexuales, debían solicitar un 'pase', para que les fueran suministrados mecanismos de planificación. Ahora bien, para los hombres no había métodos de planificación o uso del condón”, manifestó una excombatiente.

Y añadió: “allá, si una mujer era inestable la ponían en medio de la tropa y le hacían un llamado de atención colectivo, decían fulana se va a sancionar por inestable porque desde hace tiempo ha estado con ‘fulano’, con ‘perano’, no toma ninguna relación en serio. Pero a los hombres no les hacían eso”.

Si bien estas seis exintegrantes del ERG hoy están siendo juzgadas por el Tribunal de Justicia y Paz, proceso en el cual han reconocido su participación en la comisión de diversos delitos, también es cierto que ostentan la condición de víctimas de un delito igualmente atroz que, además, le será imputado a quienes fueron sus máximos comandantes al interior del grupo por cuanto fueron los responsables del cumplimiento de la política de “cero embarazos”.

Así, surgen varias preguntas cómo, ¿qué medidas de satisfacción, reparación o rehabilitación contempla la justicia transicional para quienes cumplen la doble condición de víctimas y victimarios? Además, ¿qué podrá compensar el daño causado a una mujer a la que le arrebataron de su vientre un hijo en nombre de la lucha revolucionaria? Dilemas que responderá la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en su sentencia contra el ERG.   

La historia de las milicias en Medellín pasa por Justicia y Paz

En una decisión sin precedentes fue condenado un integrante de los llamados Comandos Armados del Pueblo (CAP). La sentencia es un ejercicio de memoria sobre lo ocurrido en los barrios de la capital antioqueña durante tres décadas.

comandos populares 1Cientos de víctimas dejó la confrontación armada que se libro en las calles de la Comuna 13 de Medellín por cuenta de choques armados entre milicianos, paramilitares y Fuerza Pública. Foto Juan Diego Restrepo E.Fredi Alonso Pulgarín, conocido como ‘La Pulga’, pasará a la historia por ser el primer miembro de un grupo miliciano en ser condenado por la justicia transicional. Tras aceptar su responsabilidad en once homicidios y tres desplazamientos forzados, el pasado 9 de septiembre el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le concedió el beneficio de la pena alternativa de ocho años de prisión, contemplada en la Ley 975 de 2005 y que, en su origen, se aplicó a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Haga clic aquí para descargar la sentencia en PDF.

Alias ‘La Pulga’ integró los llamados Comandos Armados del Pueblo (CAP), un grupo de milicias que operó entre 1996 y 2002 en los barrios de la Comuna 13 de Medellín, occidente de la ciudad. A este grupo armado ilegal se le atribuye la autoría de cientos de casos de desplazamientos forzados y decenas de homicidios, algunos de los cuales causaron gran impacto en la ciudad, entre ellos el del sacerdote José Luis Arroyave Restrepo, ocurrido el 20 de septiembre de 2002.

La muerte del prelado evidenció el nivel de degradación de la guerra urbana que libraron milicias guerrilleras, células paramilitares y organismos de seguridad estatal en la Comuna 13. Sus habitantes aún recuerdan al clérigo como un líder espiritual que alentó a una comunidad que se derrumbaba en la desesperanza de la violencia y quien, desde su posición, trabajó hasta el día de su muerte por lograr la paz, la sana convivencia y la superación de la pobreza en este sector del occidente de la ciudad.

Por ello, la reciente decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín constituye un hecho sin precedentes toda vez que allí se consigna la otra cara del conflicto armado que se tomó esta ciudad: la de las milicias urbanas, un actor armado que arrastra una historia tan oscura como la del paramilitarismo, pero que solo hasta ahora comienza a ser develada en los estrados judiciales en clave de verdad, justicia y reparación.

De autodefensas a milicianos

Tal como lo documentó la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Dinac), fue un 26 de febrero de 1996 cuando nacieron, en pleno corazón de la comuna 13, los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Su origen guarda estrecha relación con las disputas por el poder interno que libraron las ‘Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo’ (Mppp), cuya historia resulta vital para entender todo el fenómeno miliciano en la capital antioqueña.

La historia tiene sus raíces en los conflictivos años ochenta, cuando un grupo de jóvenes de barrios como Popular I y Popular II; Andalucía, La Francia, Villa del Socorro y Guadalupe; entre otros, decidió organizarse para enfrentar la criminalidad protagonizada por las bandas y los combos que por aquellos tenía azotada a una población que parecía abandonada a su suerte por el solo hecho de haber colonizado las laderas más empinadas de la ciudad.

Varios de los jóvenes líderes de este movimiento de autodefensa urbano contaban con formación política y militar que recibieron en los llamados “campamentos de paz”, que se instalaron en las goteras de Medellín durante el proceso de paz que el expresidente Belisario Betancur (1982-1986) adelantó con la guerrilla del M-19. Con los conocimientos básicos de operaciones militares, los muchachos iniciaron una ola de asesinatos dirigidos contra expendedores de droga, drogadictos, raponeros y todo aquel señalado de “indeseable”; hechos que eran justificados mediante un discurso que exaltaba el valor de las masas populares y la importancia de la lucha revolucionaria.

Así, con la aprobación de una comunidad que vio en ‘los capuchos’ (como se les conoció por aquellos años) la única oferta real de seguridad en una ciudad sitiada por la guerra que el Cartel de Medellín libraba contra el Estado, el fenómeno miliciano comenzó a expandirse a otros sectores de la ciudad.

Su crecimiento fue tan rápido que, para finales de la década del ochenta, en Medellín se podían identificar claramente tres grupos milicianos: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (Mppp); las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas, las cuales tenían presencia en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad y una insipiente, pero sostenida presencia, en la comuna 13. Cada uno de ellos contaba con orientación ideológica y apoyo militar brindado por las guerrillas de las Farc y el Eln. Según lo reseñó la Dinac, los ‘elenos’ tenían fuertes vínculos con las Milicias Metropolitanas, mientras las Farc fueron más cercanas a las Mppp.

Sin embargo, las milicias comenzaron a perder legitimidad progresivamente ante sus comunidades por cuenta de los excesos de poder, la lumpenización de sus integrantes y las luchas intestinas. En una ciudad agobiada por el accionar de todo un ejército de sicarios al servicio del narcotráfico, donde ya comenzaban a advertirse los pasos del paramilitarismo, las milicias terminaron convertidas en un actor más de una guerra sin cuartel que desbordaba la capacidad de las entidades del Estado.

Por ello, el gobierno de César Gaviria Trujillo, por intermedio de la Consejería Especial para Medellín, adelantó un proceso de negociación con los tres grupos milicianos que vio sus frutos el 26 de mayo de 1994. Aquel día se firmó en el Centro Social Media Luna del corregimiento Santa Elena el “Acuerdo final para la paz y la convivencia: gobierno nacional, departamental y municipal”.

Ese acuerdo permitió la desmovilización de 650 milicianos y la creación de la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercoom), una iniciativa de seguridad privada integrada por exmilicianos que contaban con armas de corto alcance y radios de comunicación para su labor. Décadas después, analistas, académicos y activistas coinciden en señalar que dicho experimento fue un fracaso, pero terminó siendo semilla de nuevas formas de violencia, como las Convivir.  

A esto se suma que no fueron pocos los milicianos que retomaron las armas como respuesta a la arremetida violenta de la que fueron víctimas. De hecho, durante la fase de negociación fueron asesinados más de 30 integrantes de las milicias; mientras que, tan solo un mes después de firmados los acuerdos, fue asesinado Pablo García, ideólogo de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y uno de los signatarios de aquel histórico documento.

Rearmes y vendettas

comandos populares 3Las callejuelas de los barrios que conforman la Comuna 13 se convirtieron en un escenario de guerra urbana sin precedentes en el país. Foto: Juan Diego Restrepo E.La reconstrucción histórica hecha por la Dinac señala que varios de los milicianos reincidentes encontraron en los asentamientos subnormales que comenzaban a crecer en la Comuna 13 terreno fértil para continuar allí su proyecto político-militar. Y lo intentaron impulsar bajo el nombre de Milicias Populares, pero vino la sangrienta vendetta entre sus integrantes que sepultó a esta organización.

En efecto, la noche del 25 de febrero de 1996, varios integrantes de las Milicias Populares, decidieron darle un “golpe de Estado” a sus comandantes y, tras un fuerte enfrentamiento armado ocurrido en el barrio El Salado, asesinaron a cuatro de ellos. Quienes sobrevivieron decidieron plegarse a las órdenes del nuevo grupo, que los pobladores comenzaron a reconocer como los CAP.

Desde ese momento, esta incipiente organización armada intentó asegurarse el dominio social, territorial y militar de barrios como Blanquizal, Olaya, Vallejuelos, La Divisa 20 de Julio, Las Independencias, La Quiebra, Juan XXIII y El Salado, entre otros. Para ello, iniciaron una campaña de asesinatos indiscriminados que denominaron ‘limpieza social’ a fin de someter la voluntad de la comunidad y ganarse su obediencia. Para granjearse su apoyo, organizaron eventos en fechas especiales como el Día de las Madres o el Día del Niño. Además, siempre se presentaron como una organización armada revolucionaria, autónoma, inspirada en los “valores del marxismo-leninismo” y cercana a la guerrilla del Eln.

Se impuso así un “régimen miliciano” que, progresivamente, se fue tornando arbitrario y abusivo. Por un lado, el constante cobro de vacunas a comerciantes, transportadores y pobladores comenzó a golpear la confianza de la gente, pues quienes no colaboraron fueron expulsados de la zona. Los milicianos incurrieron en permanentes robos a los vehículos transportadores de alimentos; prohibieron del ingreso de funcionarios públicos (caso EPM) y limitaron la movilidad de los residentes, quienes no pocas veces, según los relatos recopilados por la Fiscalía, debían contar con la autorización de los CAP para salir del barrio o entrar acompañado de algún desconocido.

Dicho régimen se volvió más aterrador cuando los paramilitares ingresaron a la Comuna 13. Para enfrentarlos, los CAP entablaron alianzas con las milicias de las Farc y Eln. Fue, a partir de este momento, cuando comenzaron a caer asesinadas decenas de personas por cuenta de señalamientos anónimos o por la simple sospecha de colaborar con “el enemigo”. Fue entonces cuando ese sector de la ciudad se convirtió en el teatro de guerra urbana más complejo del país.

En ello tuvieron gran responsabilidad los CAP. Un 21 de diciembre de 2001, por ejemplo, un comando armado de este grupo, entre quienes figuraban alias ‘La Pulga’, asesinó a los hermanos Manuel Alexander y Giovani Alexis Gómez, tras acusarlos de colaborar con los paramilitares.

A Evelio de Jesús Cadavid y su hijo Jorge Alonso Cadavid también los mataron bajo el mismo pretexto. Ocurrió el 17 de enero de 2002, cuando miembros de los CAP llegaron hasta la vivienda de las víctimas, en el barrio Juan XXIII y les dispararon a mansalva. A Gloria Estella Gil, una madre cabeza de hogar de 36 años, la asesinaron un 24 de marzo de 2002 en el barrio La Quiebra porque los milicianos la acusaron de pasarle información a la Policía.

Perdón público

comandos populares 2En las laderas occidentales de la capital antioqueña, los CAP impusieron su ley afectando a miles de pobladores que no tuvieron más salida que aceptar ese poder armado ilegal. Foto: Juan Diego Restrepo E.Los pobladores de la Comuna 13 sintieron que la confrontación armada que venían padeciendo estaba llegando a niveles insostenibles el día que los CAP asesinaron al sacerdote Arroyave.

Sucedió el 20 de septiembre de 2002, a eso de las 10:30 de la mañana. Ese día, mientras el clérigo y su conductor se movilizaban en un vehículo tipo camioneta por las calles del barrio Juan XXIII, dos sujetos encapuchados que viajaban en motocicleta se acercaron hasta el vehículo, detuvieron su marcha y, tras increparlo, le dispararon hasta causarle su muerte.

Uno de los encapuchados era alias ‘La Pulga’. Al preguntársele por los móviles de este crimen, contestó que si bien se opuso a esta muerte, eéta fue ordenada por sus superiores tras considerar que el religioso estaba colaborando con los paramilitares.

Se trató de una pérdida que aún duele entre los pobladores de la Comuna 13. No es para menos. Murió a la edad de 48 años y de ellos, 25 los dedicó al servicio comunitario como sacerdote. Los últimos siete años de su vida ofició como Gerente Social de la Comuna 13, entidad creada por la administración del entonces alcalde Juan Gómez Martínez (1998-2000).

Desde allí, el sacerdote conoció cada rincón de este sector. No tardaron sus pobladores en tomarle cariño por su compromiso con los más necesitados y con las problemáticas de la comuna. De hecho, al momento de su muerte venía trabajando infructuosamente en alcanzar un pacto de no agresión entre milicias y paramilitares que permitiera frenar el derramamiento de sangre en ese sector de la ciudad.

Pocas semanas después de este crimen, las autoridades militares y de Policía, en coordinación con la Fuerza Área Colombiana, el desaparecido DAS y el CTI de la Fiscalía, llevaron a cabo la famosa Operación Orión. Un número importante de miembros de los CAP fueron capturados; otros desertaron y otro tanto caerían asesinados meses después. Fue el fin definitivo de este grupo miliciano.

Sin embargo, las heridas que dejaron sus crímenes aún no cicatrizan en la comunidad. Por ello, el Tribunal de Justicia y Paz le ordenó a la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas adoptar un conjunto de medidas de reparación, entre ellas, construir e instalar en el mismo sitio donde murió baleado el sacerdote Arroyave una placa conmemorativa con la sentencia: “Aquí se truncó la vida, más no el ejemplo del Presbítero José Luis Arroyave, el 20 de septiembre de 2002. Su sangre derramada abonó esperanza y retoñó ilusiones”.

Durante la instalación y por decisión de los magistrados, alias ‘La Pulga’ deberá pedir perdón públicamente a los habitantes de la Comuna 13 por los actos de barbarie cometidos durante su pertenencia a los CAP.

Con esta sentencia, la primera que aborda a fondo el fenómeno del conflicto armado urbano, la violencia miliciana apenas comienza a develarse. Una verdad necesaria para una ciudad que aún requiere sanar todas sus heridas para avanzar hacia una reconciliación con su pasado.

Ocho puntos para entender la guerra en Magdalena

La sentencia contra 'Carlos Tijeras' ayuda a esclarecer parte del conflicto armado en la Costa Caribe. Trece excongresistas, cinco exgobernantes, empresarios del banano, familias poderosas y once grupos criminales. Un cóctel explosivo en un solo departamento.

sentencia tijeras magdalenaJosé Gregorio Mangones Lugo, alias 'Carlos Tijeras', fue el jefe del desmovilizado Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc, uno de los tantos grupos armados ilegales que delinquió en el departamento de Magdalena. Fotos: archivo Semana y Sentencia de Justicia y Paz.

El pasado 20 de agosto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, dictó sentencia condenatoria contra José Gregorio Mangones Lugo, alias 'Carlos Tijeras', y Omar Enrique Martínez Ossías, alias 'Maicol', desmovilizados del Frente William Rivas de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc). Ambos fueron condenados a 40 años de prisión, pero como cumplieron con los requisitos que exige la ley de Justicia y Paz, los magistrados les concedieron una pena alternativa de ocho años.

La sentencia recoge 564 crímenes que este grupo paramilitar, nacido del seno de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, cometió en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca, entre 2001 y 2005. 'Tijeras' fue condenado por la mayoría de los hechos por haber sido el jefe del grupo, los cuales consistieron en asesinatos selectivos y algunos desplazamientos. (Desacargue la sentencia en PDF)

Más allá de los procedimientos procesales y de impartir justicia, los magistrados Lester María González Romero, Uldi Teresa Jiménez López y Eduardo Castellanos Roso, con ponencia de este último, buscaron hacerle un aporte al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado. Para ello, dedicaron cientos de las 1.180 páginas que componen la sentencia, para hacer un análisis en profundidad sobre cómo fue la guerra en Magdalena. VerdadAbierta.com extrae y reseña ocho de sus conclusiones más importantes.

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El conflicto marchó al ritmo de las bonanzas bananera, marimbera y cocainera

El Tribunal de Justicia y Paz hace un detallado análisis histórico del departamento de Magdalena desde mediados del siglo XIX hasta la fecha de desmovilización del Frente William Rivas para entender las dinámicas del conflicto armado. Dentro de su recuento sobre los orígenes, destaca la titulación de baldíos que diferentes gobiernos les hicieron a las familias más poderosas de la región para impulsar las exportaciones de banano. Entre 1861 y 1874, les fueron entregadas 16.530 hectáreas a las familias Dávila, Díaz Granados, Alzamora y Campo, quienes se consolidarían como poder político y económico de la región, y en un futuro se aliarían con grupos armados ilegales para preservarlo.

 

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La sobrepoblación de grupos armados ilegales

El Magdalena tiene el inusitado hecho: además de las Farc y del Eln, en su territorio delinquieron otros nueve grupos armados ilegales. Todos surgieron en los años 90 como consecuencia de la bonanza cocainera, la amenaza guerrillera y la demanda de seguridad por parte de los sectores empresariales agrícolas y exportadores, en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca.

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De guerra antisubversiva, a guerra mafiosa

El cambio de milenio trajo consigo una nueva confrontación. Para el año 2000, los golpes que los paramilitares les propinaron a las Farc y al Eln, sumado a que no tenían una base social, causaron que se desatara una guerra en los otros nueves grupos armados ilegales que delinquían en la región. De combatir guerrilleros, los paramilitares pasaron a disputarse territorios y cobrarse deudas de sangre.

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Las Accu delinquieron de manera diferente en Urabá y en Magdalena

Los hermanos Castaño tuvieron dos grupos armados en las zonas bananeras de Urabá y de Magdalena: en la primera instalaron el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero, y en la segunda el Frente William Rivas del Bloque Norte. Pese a que en ambas regiones predominaba la exportación de banano y delinquían diferentes grupos guerrilleros, los paramilitares desarrollaron la guerra de maneras diferentes.

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La independencia de 'Jorge 40' y su modelo empresarial

Un correo electrónico de Carlos Castaño a Carlos Mauricio García Fernández, alias 'Doble Cero', confirmó que 'Jorge 40' se había “apropiado del Bloque Norte” y se había “separado de las ACCU”. Desde ese momento, 'Jorge 40' le imprimió una lógica de funcionamiento empresarial a sus frentes e identificó tres puntos al respecto.

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El accionar del Frente William Rivas

Tras varios años de investigaciones y de versiones libres de los desmovilizados, el proceso de Justicia y Paz concluye que 'Carlos Tijeras' fue el responsable de la mayoría de asesinatos ocurridos en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca, entre 2001 y 2005.

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Los bananeros

En la sentencia se hacen algunas referencias puntuales a las relaciones entre empresarios del banano y los grupos de autodefensa. Recuenta algunos casos en los que los bananeros utilizaron los “servicio sicariales” de los paramilitares para comprar predios a bajos precios o para forzar a colonos a abandonar tierras fértiles que estuviesen ocupando.

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La parapolítica

En este punto los magistrados hacen un análisis de cómo la alianza entre los políticos de las familias tradicionales y los paramilitares lograron que tuvieran mayor participación en el Congreso de la República y de cómo el Bloque Norte se organizó para crear distritos electorales para que sus candidatos ganaran las diferentes elecciones a las que se postularon. Pero uno de los puntos más fuertes de la sentencia es su llamado para que se rompa el círculo vicioso de clientelismo, pobreza e ilegalidad, para que de este modo las víctimas del conflicto armado no vuelvan a ser victimizadas.

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