Fallos de Justicia y Paz muestran diversas facetas de las Auc

La reciente sentencia, que pone en duda la idea de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como una confederación de ejércitos a la cabeza de los hermanos Castaño, deja al descubierto que entre los magistrados de Justicia y Paz no existe una única versión sobre el fenómeno paramilitar.

sentencias jyp 1Un reciente fallo negó que las Auc fueran una confederación jerárquica con un mando único. Foto: revista Semana.

Las Auc fueron “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes” que se aliaron para aprovechar el proceso de paz. Esta fue la hipótesis que el magistrado Eduardo Castellanos expuso en la más reciente sentencia del Bloque Tolima. Su tesis resultó polémica. (Ver: “Las Auc fueron una alianza criminal de ejércitos privados”)

Días después de que fuera difundida por los medios de comunicación, un grupo de organizaciones lideradas por la Corporación Arco Iris y Marcha Patriótica publicaron un pronunciamiento en el que califican el fallo como preocupante “por cuanto intenta desconocer los hechos, suficientemente documentados”. Aseguran que no resulta apropiado en momentos en que se pone en duda la sistematicidad de los asesinatos a líderes sociales.

Su versión, más cercana a la que el propio Castaño divulgaba, indica que las Auc “fue mucho más que una organización criminal, convirtiéndose en un proyecto político de derecha armada con presencia en casi todo el territorio nacional”. Agregaron, entre otras cosas, que la unidad de mando de Carlos Castaño era “absoluta”.

Sin embargo, este es solo un ejemplo más de los debates propios de los tribunales de Justicia y Paz, pues sus magistrados no tienen una versión única sobre el fenómeno paramilitar. Revisando las sentencias, se pueden identificar distintas visiones sobre el origen de las Autodefensas, su configuración, los grados de responsabilidad del Estado y las verdaderas motivaciones de la guerra.

Esta pluralidad de versiones ha suscitado interesantes polémicas entre las salas de Justicia y Paz, especialmente en las de Bogotá y Medellín. VerdadAbierta.com resume algunos de los enfoques.

¿Qué tan culpable es el Estado?

sentencias jyp 2Las sentencias han expuesto diferentes versiones sobre el origen de las Autodefensas Unidas de Colombia y sus motivaciones. Foto: revista Semana.

Si en algo coinciden la mayoría de los fallos en su contexto es que durante casi 20 años existieron leyes que incentivaron la creación de los grupos paramilitares. En las primeras sentencias, proferidas en su mayoría por la magistrada Uldi Teresa Jiménez, del Tribunal Superior de Bogotá, se le da especial énfasis a las leyes que permitieron la aparición de estos grupos, como el Decreto de Estado de Sitio 3398 de 1965, que decía que “todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Las 10 verdades que deja Justicia y Paz

Así aparecieron grupos que supuestamente defendían a los ganaderos de la guerrilla, como Acdegam que auspició a los ‘paras’ del Magdalena Medio; el grupo de ‘Chepe’ Barrera en el sur del Magdalena, que después se unió a las Auc; el de Francisco Piedrahita que dio cabida más adelante al Bloque Montes de María, autor entre muchas otras de la masacre del Salado; ‘Los Carranceros’ en los Llanos Orientales; y ‘Los Huelengues’, la banda que originó el Bloque dirigido por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.

También se ha cuestionado el Decreto 356 de 1994, creado durante la Presidencia de César Gaviria y siendo ministro de Defensa Rafael Pardo, que permitió la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir. Según explicó el magistrado Eduardo Castellanos en la sentencia contra Hébert Veloza, alias ‘HH’, de octubre de 2013, éstas fueron la fachada bajo las cuales “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales".

No cabe duda tampoco de los nexos de paramilitares con políticos, militares y funcionarios públicos. El debate surge, sin embargo, a la hora de definir si el origen de estos grupos paramilitares fue una política auspiciada desde los entes estatales.

En el fallo contra el Bloque Nutibara de octubre de 2015, el magistrado Rubén Darío Pinilla dejó en evidencia los nexos de militares con grupos paramilitares en Medellín y agrega: “la promoción, organización y apoyo de los grupos paramilitares se convirtió en una política trazada, auspiciada o permitida y facilitada desde los altos mandos de las Fuerzas Militares”; y, a su juicio, no se trató de hechos aislados, responsabilizó al Estado colombiano en su conjunto por los delitos cometidos por los grupos paramilitares, pues asegura que “el Estado sabía de esas actividades de sus agentes”. La sentencia del Tribunal de Medellín: más allá de Uribe

En Bogotá, La primera sentencia contra Salvatore Mancuso en octubre de 2013, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia, se enfocó en encontrar las redes de apoyo que permitieron la entrada y expansión del Bloque Catatumbo en Norte de Santander. El fallo menciona funcionarios de la Fiscalía, del Das, del Ejército, de la Policía, alcaldías y gobernaciones que facilitaron el accionar del grupo paramilitar

Valencia aseguró en su decisión que, para cumplir con el componente de verdad prometido por la Ley de Justicia y Paz, era necesario que estas personas que prestaron un apoyo funcional al grupo respondieran, como autores mediatos o, de acuerdo a la teoría del derecho, como ‘el hombre de atrás’. Planteó la figura del reloj de arena que en su parte inferior representa la estructura jerárquica del bloque paramilitar y la parte superior la jerarquía de los organismos del Estado que le sirvieron al grupo armado.
Esto encendió la polémica en el Tribunal.

En esa sentencia, el magistrado Eduardo Castellanos hizo un salvamento de voto aclarando que no encontraba pruebas suficientes para que los funcionarios públicos fueran juzgados como parte de la estructura paramilitar: “aun cuando tales personas pudieron haber ocupado cargos de notable importancia en las dependencias que representan, ello de ninguna manera constituye prueba de peso para concluir desde lo oficial, a nivel nacional o regional se trazó una política para auspiciar las acciones de bloque Catatumbo (...) tal grado de generalización atenta contra la honra, el buen nombre y la dignidad de quienes como servidores públicos cumplieron adecuadamente sus deberes”, aseguró.

La magistrada Lester González también se opuso a la tesis de Valencia y en una segunda sentencia contra Mancuso -que fue proferida solo un mes después de la primera- dijo que “el paramilitarismo no constituyó en sí mismo una política estatal que tuviera proyección en el tiempo ni que fuera diseñada expresamente por algún órgano constitucional ni legítimo”, y agregó que aunque hubo participación de miembros del Estado, se deben resaltar los esfuerzos estatales que se adelantaron durante la expansión del paramilitarismo a fin de fortalecer la Fuerza Pública.

El origen y las motivaciones

sentencias jyp 3Ha generado polémica definir el grado de participación de los entes estatales en la creación y promoción de grupos de Autodefensas.  Foto: revista Semana.

Estos son tal vez los criterios que han evolucionado con el pasar de los fallos en Justicia y Paz. A medida que ha pasado el tiempo, se han complejizado las explicaciones sobre el origen de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y la posterior creación de las Auc. También se ha investigado más a fondo cada uno de los bloques paramilitares para desmontar la idea de sus motivaciones puramente contrainsurgentes.

En esto ha jugado un papel fundamental el compromiso de los magistrados de construir contextos en sus sentencias y la misma reforma que en 2012, a partir de la cual, la Fiscalía comenzó lo que denominaron investigación en contexto.

En la primera sentencia contra el Bloque Vencedores de Arauca, en 2012, por ejemplo, para explicar el origen de las Accu, se menciona aquel mito fundacional instaurado por los hermanos Castaño, según el cual, el surgimiento de los grupos paramilitares en los 80 está relacionado con el secuestro y posterior asesinato de su padre, Jesús Antonio Castaño González, a manos del Frente 4 de las Farc.

Este falso mito fundacional, desvirtuado en años recientes por investigaciones periodísticas y académicas, ha ido desapareciendo también de los fallos judiciales. El falso mito fundacional de las autodefensas de los Castaño

Se han configurado entonces versiones más complejas sobre la creación de las Accu que no desconocen que los hermanos Castaño eran narcotraficantes desde esa época y que contaron con el apoyo de los empresarios en Urabá.
De acuerdo en la sentencia contra el ‘El Alemán’, el paramilitarismo en Urabá fue “impulsado por los empresarios bananeros, con el propósito de mantener el orden social, alterado por las distintas manifestaciones legales y armadas. Bajo esta consideración, el referente más cercano a la creación de estas estructuras se encuentra en el modelo seguido por las Autodefensas Campesinas de Segovia, las cuales fueron impulsadas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, miembros activos en ese entonces del Cartel de Medellín”.

Sobre el origen de las Auc y sus motivaciones también hay diferencias. Por ejemplo, en la sentencia del Bloque Mineros de febrero de 2015, la magistrada María Consuelo Rincón hace un resumen de las cumbres y estatutos para definirlas: “La agrupación tomó el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.); se acordó agrupar las existentes en la lucha contrainsurgente, en torno a la organización de las “Autodefensas” de Colombia, con la misión primordial de combatir la subversión en el territorio nacional y mantenerla hasta tanto el enemigo demostrara una ferviente voluntad de paz”.

Esta fuente de información ha sido duramente criticada desde los estrados judiciales, sobre todo, luego de que en audiencia pública Salvatore Mancuso confesó nunca haber leído los estatutos. Además, cuando entre los mismos existen reglas tan inverosímiles como “no involucrarse en actividades de narcotráfico”.

Para dar cuenta de otras motivaciones que tuvieron los bloques paramilitares y desvirtuar la idea de que se trató de una simple guerra contra las guerrillas, los fallos de Justicia y Paz se han enfocado en encontrar las particularidades de por qué llegaron a cada región.

Por ejemplo, para explicar la llegada de los grupos paramilitares a Norte de Santander desde Urabá, la magistrada Alexandra Valencia expuso tres objetivos: erradicar los grupos guerrilleros; eliminar toda forma de sociedad política populista, representada entre otros por sindicatos y líderes comunales; y “la modificación del sector industrial, cuyo concepto estuvo dirigido a su fortalecimiento, con la instalación a gran escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a la transformación de la tradición agrícola”.

El magistrado Pinilla expuso cómo el origen de los frentes Pacífico y Héroes del Chocó, que luego integrarían el Bloque Pacífico, estuvo ligado a cuidar las rutas del narcotráfico a proteger las actividades mineras. De la misma forma, en la sentencia del Bloque Cundinamarca se explicó que su expansión estuvo guiada por el tubo del que se extraía la gasolina.

A través de los fallos, los jueces han aclarado que los contextos de estas sentencias siguen en construcción y que ninguna se constituye como una verdad definitiva.

Se enredó la libertad de los ‘paras’ en la costa Caribe

Han pasado varios meses, e incluso años, desde que algunos desmovilizados del Bloque Norte cumplieron la condena de ocho años que se pactó en la Ley de Justicia y Paz, pero por problemas de trámite muy pocos están en libertad.

excarcelacion paras caribeFoto: archivo Semana.A mediados de enero, más de 20 paramilitares del pabellón de Justicia y Paz de la cárcel de Barranquilla se declararon en huelga de hambre. Protestaban porque no han sido puestos en libertad, a pesar de que ya cumplieron ocho años en la cárcel, la pena máxima para los desmovilizados que se acogieron a la ley 975 de 2005.

En una carta dirigida al director del establecimiento carcelario, culpa de estas dilaciones a los seis jueces de ejecución de penas de Barranquilla: “Nosotros hemos cumplido con los compromisos que adquirimos al acogernos al proceso de desmovilización (verdad, justicia, perdón garantía de no repetición y reparación), por lo tanto, exigimos a los jueces de ejecución de penas de Barranquilla, cumplan con lo de ordenado por el tribunal de justicia y paz”. (Ver comunicado)

Se trata de un problema de trámite entre los jueces de la justicia transicional, es decir los magistrados de Justicia y Paz, y los jueces de la justicia ordinaria. Para algunos expertos, este es el resultado de una ley que no cumplió los límites temporales que se impuso y, cuyos funcionarios, tanto jueces como fiscales, no lograron conectarse con sus pares en de la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), es claro que la ley no le está cumpliendo a quienes se desmovilizaron y decidieron hacer parte del proceso, pues los postulados están cumpliendo en promedio 9.4 años de prisión.

El problema ya había sido denunciado cuando los primeros jefes paramilitares cumplieron su condena, y desde entonces se han logrado mejoras sustanciales en el proceso. Sin embargo, los abogados de los postulados coinciden en que hay un embudo en los procesos de la costa Caribe que puede convertirse en una ‘bomba de tiempo’ en las cárceles.

¿Por qué está enredada la libertad de los exparamilitares?

Cargas desproporcionadas

Foto: archivo Semana.El enredo se centra en la sustitución de la medida de aseguramiento, una figura creada en 2012 por el Congreso de la República cuando se reformó la Ley de Justicia y Paz, que permitía dejar en libertad a los desmovilizados que, aunque no hubieran sido condenados,  cumplieran ocho años privados de la libertad. La medida fue tomada a raíz de la mínima cantidad de fallos emitidos hasta entonces.

De acuerdo con información de la Fiscalía, hasta el momento hay 28 sentencias de Justicia y Paz en firme y la mayoría en contra de exjefes paramilitares. Estas personas tienen un procedimiento distinto para solicitar su libertad.

De acuerdo con abogados y expertos en el tema consultados por VerdadAbierta.com, varios de los ‘paras’ rasos y exmandos medios del Bloque Norte han encontrado un primer embudo en la falta de personal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. Una sola magistrada debe resolver las solicitudes de libertad de todo el Bloque Norte, la estructura más numerosa de las Auc.

Aunque la norma dice que hay un plazo de 20 días para resolver dichas sustituciones de medida de aseguramiento, lo cierto es que cada uno de estos casos se está tardando entre ocho y nueve meses en llegar a audiencia.  

En respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de postulados en la cárcel de Montería, la magistrada Zoraida Anyul Chalela aseguró que sólo cuenta con un profesional de apoyo debido al recorte de personal que hizo el Consejo Superior de la Judicatura.  Esta entidad “no prorrogó las medidas de descongestión, ni creó cargos permanentes que se requieren, lo que ha traído una sobrecarga laboral”. En esa misma respuesta, la magistrada aseguró que a comienzos del año pasado había 68 peticiones de libertad en su despacho esperando una respuesta.

Los abogados que acompañan estos casos y los mismos postulados son conscientes del trabajo imparable de la magistrada, pero saben que estas solicitudes desbordan las capacidades de la funcionaria. Teniendo en cuenta, además, que esta misma magistrada es la encargada de hacer las imputaciones a los postulados e imponer medidas cautelares de los predios que serán destinados a la reparación a las víctimas.

Por esa razón, en respuesta a la tutela, el Tribunal de Bogotá aseguró que esta situación no puede afectar los derechos de quienes que acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que le pidió al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia dar respuestas claras y de fondo a las solicitudes de los desmovilizados.

Desorden y pagos irregulares

Foto: archivo Semana.Una vez los desmovilizados llegan a juicio y la magistrada le concede la libertad, esta envía copias de la decisión a los jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria, es decir, a los jueces que se encargan de vigilar el cumplimiento de las sentencias proferidas.

Esto sucede porque en la mayoría de los casos, mientras estos exparamilitares eran juzgados por Justicia y Paz, los procesos siguieron andando en la justicia ordinaria por hechos que sucedieron mientras hicieron parte del grupo armado.  Cada postulado tiene en promedio entre 5 a 20 sentencias proferidas por jueces de todo el país y mientras estas sigan en firme es imposible que salgan libres.

Como una solución, la Corte Suprema ha dicho que la magistrada debe informar a los jueces de ejecución para que suspendan dichas sentencias, pero este procedimiento se ha tornado particularmente enredado en Barranquilla.

“Llega la orden de suspensión al centro de servicios administrativos, que está encargado de hacerlas llegar a los jueces de ejecución de penas, pero a veces ese simple procedimiento se demora meses o se refunden los documentos”, dijo Beatriz Quintero, quien representa a casi el 70 por ciento de los postulados en la cárcel de Barranquilla.

Una vez llega a los despachos de los seis jueces de ejecución, la decisión de suspender las sentencias puede tardar unos cuantos meses. Las tutelas de los exparamilitares por las demoras han llegado hasta la Corte Suprema, que les ha recordado a los jueces que estos sólo deben hacer la suspensión de la sentencia, pues del estudio de los casos se encarga la justicia transicional.  

“Me ha pasado que solicito la copia de la sentencia que en teoría están vigilando y me dicen que la sentencia se perdió, fallos con nombre errados y eso genera unos trancones terribles”, indica la abogada.

Por esta razón, la MAPP/OEA ha propiciado espacios de dialogo entre las entidades que ayuden a descongestionar las solicitudes de libertad que se han quedado en el embudo. De hecho, hace una semana se reunieron los seis jueces, con las autoridades carcelarias, la Defensoría del Pueblo y los abogados para darle solución al problema.

Sin embargo, a los postulados les preocupa en particular las decisiones del juez cuarto de ejecución de penas de Barranquilla que ha ordenado pagar una caución a quienes quieran acceder a su libertad. En algunos casos ha llegado a ordenar pagos de hasta 15 salarios mínimos.

De acuerdo con los defensores de los exparamilitares, esto es irregular si se tiene en cuenta que dentro del proceso de Justicia y Paz estos debían entregar todos sus bienes para reparar a sus víctimas. Independientemente de si esto se cumplió o no, los ‘paras’ rasos aseguran que no están en capacidad de cancelar esos montos.  

Algunos postulados han apelado la decisión en varias oportunidades hasta lograr una rebaja de hasta tres salarios mínimos, otros siguen en la cárcel buscando el dinero para poder quedar en libertad.

Muy pocos exparamilitares han podido sortear estos obstáculos y algunos se han encontrado con otra barrera cuando están listos para dejar el centro penitenciario: las medidas de aseguramiento siguen vigentes por investigaciones que los fiscales de la justicia ordinaria se han negado a cerrar. Se trata de delitos que ya está siendo juzgados por la justicia transicional.

“Lo que está claro es que esta norma nunca logró integrar la justicia ordinaria y no se midieron las consecuencias. Sin duda esto trae muchas lecciones para nuevos procesos de justicia transicional”, concluye la abogada.

VerdadAbierta.com gana Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

El especial '¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?' fue galardonado en la categoría de Reportaje para Prensa.

especial 10 jypCaptura de pantalla del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?Entre septiembre y diciembre del año pasado este portal publicó 25 piezas periodísticas que, en su conjunto, hacen un profundo balance sobre el proceso de justicia transicional bajo la Ley 975 de 2005, conocido como Justicia y Paz, y que se aplicó a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tras dejar sus armas en eventos colectivos realizados entre los años 2003 y 2006. Vea el especial aquí.

A través de una exhaustiva investigación que recurrió a la documentación de las confesiones y las sentencias contra los desmovilizados, la reseña de expedientes judiciales, entrevistas con víctimas, fiscales, magistrados, académicos y excombatientes, trabajo de campo y el uso de herramientas multimedia, el equipo periodístico de VerdadAbierta.com logró establecer los logros y las deudas pendientes de ese proceso judicial alternativo.

Entre los logros se encuentran los resultados en la búsqueda de desaparecidos, las verdades que destapó la justicia y las reivindicaciones de las víctimas que durante años fueron ignoradas y violentadas. El proceso se quedó corto a la hora de encontrar la plata que amasaron las Auc para destinarla a la reparación de sus víctimas, de juzgar a quienes impulsaron esa máquina de guerra y de procesar a todos los grupos paramilitares.

En su acta, el jurado determinó que "escudriñar periodísticamente entre los vericuetos de la justicia en Colombia para exponer con claridad hechos y consecuencias que impactan a la sociedad es lo que logra este reportaje colectivo, que abraza las técnicas del periodismo de investigación y toma con decisión lo relevante de la era digital".

Cabe destacar que la investigación contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas en inglés como USAID).

Este galardón se suma a otros tres premios Simón Bolívar que este proyecto ha ganado desde que salió al aire, en agosto de 2008. El primero fue el del periodista Javier Osuna, quien, en 2009, fue galardonado en la categoría de Revelación por su investigación titulada ‘La prensa silenciada’; el segundo fue obtenido en 2011 en la categoría de Internet por la serie ‘Las verdades del conflicto’; y el anterior fue otorgado en 2013, por la mejor investigación en internet con un informe especial sobre el despojo de tierras.

Además, en 2014, María Teresa Ronderos, fundadora y exdirectora de este portal, fue reconocida como la mejor periodista del año. Para la época había publicado su libro Guerras recicladas, en el que reconstruyó la historia del paramilitarismo desde sus orígenes en los setenta hasta la desmovilización de las Auc.

Este nuevo reconocimiento a la labor investigativa de VerdadAbierta.com no sólo es motivo de regocijo para el equipo de redacción, sino un estímulo más para continuar con la labor periodística de largo aliento, que ha sido la marca distintiva en sus ocho años de vida.

¿Qué pasa con los archivos de Justicia y Paz?

Tres salas del país tienen 10 años de información de las verdades de este proceso, pero no existe una directriz general de cómo deben guardar la documentación.

archivos jyp 1La Secretaría de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá explica que, cuando se requiere, envían la documentación organizada a la Corte Suprema de Justicia pero la reciben en desorden. Foto: María Clara Calle.Después de una década de investigar los crímenes de los paramilitares y de un proceso con cerca de 5 mil postulados que han hablado en cientos de audiencias, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.

La Ley 975 de 2005, con la que se creó Justicia y Paz, inicialmente les endilgó la responsabilidad a las secretarías de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de “organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley”. Sin embargo, no especificó cómo guardar la documentación.

Sólo hasta 2011 hubo un poco más claridad sobre qué hacer con esa documentación. En la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, se estipuló que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fuera el encargado de preservar los archivos sobre violaciones a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dictaminó que la Rama Judicial le podía pedir al Archivo General o a los archivos regionales que guarden la información que ellos produzcan.

Pero en la Ley no hay una directriz específica para los archivos de Justicia y Paz y sólo dice que el CNMH podrá recopilar los testimonios de las víctimas de diferentes maneras, incluyendo lo que se habló en las audiencias públicas realizadas en el proceso con los paramilitares.

Es por ello que Myriam Loaiza, integrante de la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostuvo que la gran diferencia que surgió para tratar los archivos es que con la Ley 1448 se incluyó la opinión de las víctimas y, además, “dio luces sobre la importancia de documentar no sólo lo que se recopila en el proceso, como se hacía en Justicia y Paz, sino todo lo que tiene que ver con memoria registrada de la población afectada”.

Más allá de eso, aún no existe ninguna entidad que centralice todos los archivos que se han producido durante la última década como resultado del proceso de paz con los paramilitares. Todo lo contrario: las salas de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen su propia metodología para guardar la información.

Faltan directrices

archivos jyp 2Hasta hace cuatro años, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá estaba localizada en el edificio del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: archivo Semana.“Usted no encuentra ni en el Consejo Superior de la Judicatura ni de la sala una reglamentación o un instructivo que diga cómo se debe organizar, y eso debería depender del Consejo para que fuera unificado”, expresó Jorge Cruz, secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y agregó que no se detalla cuáles son los medios que debería tener la Secretaría para preservar los archivos y que tampoco se los da el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

Por ejemplo, los fallos en firme que pasan de la Sala de Justicia y Paz de Medellín al Juzgado de Ejecución de Sentencia son, en parte, digitalizados por el CNMH, pero el resto de los cerca de 200 procesos que tienen allí están únicamente de manera física.

“La conservación se hace de manera muy arcaica, por decirlo así, porque no se cumple con todos los parámetros que indican las normas de archivo”, explicó Margarita María Betancur, secretaria de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, quien después de hacer un curso de archivística por voluntad de la misma Sala, sin que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera algo que ver al respecto, se dieron cuenta de que tampoco estaban tan desfasados en la preservación de los archivos.

Pero Betancur reconoció que aparte de las audiencias, de algunos oficios y de las sentencias en firme de Jesús Ignacio Roldán, de Bloque Héroes de Tolová y del prontamente ejecutoriado de Ramiro Vanoy; la mayoría del archivo no está digitalizado.

“Conservamos físicamente parte de los audios y por protección al medio ambiente intentamos que no sea en CD o DVD. En todos los computadores de los despachos reposan memorias de toda la información que se produce y tenemos un archivo en cajas con los documentos. A la par, tenemos un registro en computador de qué se archiva, cuántas carpetas y cuántos folios”, relató Betancur.

En Bogotá también tienen su propia manera de archivar la documentación de Justicia y Paz. La Secretaría de esta Sala aseveró que no tiene contacto ni con el CNMH ni con el Archivo General de la Nación. Allí guardan la información en ocho torres de DVD con las audiencias, de las que hacen un back up en un disco duro personal de Cruz; y tienen digitalizado cerca de dos tercios de la información y por lo menos 600.000 folios en papel. Los primeros expedientes que están en ese archivo datan de 2006, que fueron unos incidentes y algunas exclusiones. La primera imputación llegó en 2009 y desde entonces la cantidad de documentación se incrementó drásticamente a medida que el Tribunal tenía más información de los casos.

“La organización de los archivos la manejo yo, pero si llega alguien nuevo no lo sabe manejar o de pronto quiere hacer algo más novedoso o llega otro que ni le va ni le viene y eso se acaba ahí”, advirtió el funcionario.

Cruz recuerda que en 2015 hubo un intento del Consejo Superior de la Judicatura por digitalizar toda la información de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que es la que tiene más casos de paramilitarismo en el país. Este era un mecanismo que no sólo permitía el acceso más rápido a los interesados, porque podrían consultar directamente la información en computadores de la sala, sino que protegerían más los archivos pues a medida que se escaneaban, se almacenaban en el Consejo Superior de la Judicatura y una copia iba a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

Pero de un momento a otro terminaron ese trabajo sin que la empresa encargada de ello rindiera cuentas ante la Secretaría sobre qué se había digitalizado y qué no. “Lamentablemente los recursos se acabaron, el paro judicial anterior tuvo que ver con eso y la empresa que digitalizó solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se diera por terminado, de forma consensuada, el contrato, y de la noche a la mañana se paró ese proyecto que era bueno”, indicó Cruz.

Las cuentas del secretario es que para entonces pudieron haber digitalizado cerca del 90 por ciento de los archivos, pero actualmente, por la nueva información que se ha producido, ese porcentaje se pudo haber reducido hasta un 60 por ciento de los casi dos millones de folios que existen allí.

Esto no sólo vuelve más lento el acceso que las personas puedan tener a esos archivos, que deben solicitar la información que buscan para que la Secretaría la encuentre, sino que además aumenta el riesgo de que un documento o un CD se pierdan o se afecten por cualquier condición; incluso, ya ha habido problemas en un par de ocasiones.

Antes de que la Sala de Justicia y Paz funcionara en un edificio propio en Bogotá desde hace cuatro años, debía compartir las salas de audiencia con todo el Tribunal Superior de Bogotá. Allí los archivos se guardaban directamente en el computador de la sala y se hacían las copias de la información al finalizar la audiencia.

“Tengo problemas porque a esta altura, por tiempo o manipulación, un CD no abre y no tengo otro medio que pedirle al Tribunal. Solicito una copia de los archivos del back up que ellos tienen de alguna audiencia de alguna sala. Doy todos los datos y me contestan que no encuentran esa audiencia”, relató Cruz. En otro caso que ocurrió lo mismo, la Secretaría recuperó una copia con uno de los abogados del caso.

Pese a estos hechos, Cruz sostuvo que no hay posibilidad de que un archivo de Justicia y Paz en Bogotá se pierda pues tiene todo organizado, por lo menos hasta cuando le compete, pues una vez las sentencias quedan en firme, la información de las tres Salas de Justicia y Paz en el país pasa a la Juez de Ejecución de Sentencia, Luz Marina Zamora.

Principio de orden

archivos jyp 3El acceso a los archivos de Justicia y Paz es abierto a todas las personas que demuestren un interés en la información. Es solo solicitar detalladamente qué requiere. Foto: María Clara Calle.Es en este punto de la cadena cuando entra el CNMH. Gracias a un acta de entendimiento con el CSJ, firmada en abril de 2013, se estableció que este Centro podría brindar una cooperación técnica para trabajar en la memoria histórica de los documentos judiciales y asesoraría para una política de manejo de archivos. De esta manera, se consolidó el primer paso para preservar toda la información que resultara de Justicia y Paz y, también, de los procesos de Restitución de Tierras.

Posteriormente, el CNMH y el CSJ firmaron el acuerdo PSAA14-10137 de 2014 con el que puntualmente la Sala Administrativa del Consejo podía coordinar con el Centro para acceder a la documentación, inicialmente de restitución de tierras y luego, desde finales de 2015, empezaron a trabajar con información de Justicia y Paz como tal.

“Cuando el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Justicia y Paz se da cuenta de que hay una orden específica de archivo, nos notifica y hacemos protocolo para cumplimiento de eso, que están dirigidos a hacer una copia digital fidedigna del expediente en materia de archivos, luego su descripción y su análisis a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del CMH”, profundizó Myriam Loaiza.

Pero no siempre tiene que existir un dictamen judicial para que el Centro guarde los archivos, pues tanto el CNMH como varios juzgados han entendido “la orden de manera ampliada y por eso hemos tenido acceso a la información y muchos jueces les permiten hacer copias de los casos que no tienen reserva”, señaló Loaiza.

Una vez la información llega al CNMH, la Dirección de Archivos de esta entidad recopila la información, hace un inventario y describe la documentación. Posteriormente, el Observatorio de Derechos Humanos ubica los casos no documentados para rastrear toda la información y por último, pasa a la Dirección de Construcción de Memoria, que investiga los casos y hacen un informe extenso de lo que pasó.

“Lo que tratamos de hacer es que ese caso juzgado por el juez se visibilice en clave de memoria histórica. De alguna manera equiparamos una verdad judicial, que es específica sobre un caso, y la trasladamos a una verdad histórica documentada y soportada en archivos”, dijo Loaiza.

Hasta ahora, de las más de 40 sentencias que se han proferido en Justicia y Paz, el CNMH está trabajando con algunas, como las de los bloques Bloque Vencedores de Arauca, Libertadores del Sur y Catatumbo con documentación específica de los procesos de Salvatore Mancuso; y del Élmer Cárdenas, cuya documentación mediría cerca de cinco metros si se pusiera en fila recta, sin contar las 150 audiencias en video.

Y es que a la información que envían las salas de Justicia y Paz de los casos ya en firme, el Juzgado de Ejecución de Sentencias suma la información de las víctimas y de todas las entidades públicas que hayan registrado hechos victimizantes relacionados.

Hasta el momento, el CNMH continúa trabajando con los archivos y aspira abrirlos al público en este año. Además, según Loaiza, la otra expectativa es que en 2017 se gestione un depósito en el extranjero para que sea el tercer lugar donde se guarde la información de Justicia y Paz que ellos trabajan, además de la Rama Judicial, el CNMH y las organizaciones sociales.

Esta sería otra de las maneras para evitar que le suceda algo a todos los archivos. Myriam Loaiza aclaró que si bien no hay un peligro inminente, de todas maneras están los riesgos que implica que el conflicto siga vivo como ahora: “los archivos judiciales no han sufrido una amenaza directa, pero puede haber alguna alteración o modificación de documentación, aunque los jueces son muy cuidadosos. A veces los jueces y las víctimas sufren amenazas directas, y esto es un riesgo indirecto a la documentación pues puede que no sea del todo completa porque el archivo judicial se hace en medio del conflicto”.

A esto se suma que no siempre las Salas de Justicia y Paz cuentan con las condiciones físicas adecuadas para preservar el archivo, con los requerimientos de temperatura y espacio que se necesitan para garantizar su seguridad.

“Realmente no tenemos una directriz específica del CSJ sobre conservación. Es más de cada sala, de la manera en que cada uno va viendo la necesidad de hacer esa conservación y así”, afirmó Betancur.

A esto se suma la insistencia de Cruz de que exista una directriz general de cómo preservar los archivos y que el Consejo Superior de la Judicatura los apoye en esto. Quizá esta sea una lección sobre el camino a tomar con los archivos que surjan de todo el proceso judicial y de memoria histórica con las Farc para que desde ya las disposiciones sean claras de qué se debe hacer con ellos, a dónde van, cómo se protegen y quién los debe administrar con qué recursos. Todo para que no se pierda ningún dato de lo que ocurrió durante el conflicto.

La historia de las milicias en Medellín pasa por Justicia y Paz

En una decisión sin precedentes fue condenado un integrante de los llamados Comandos Armados del Pueblo (CAP). La sentencia es un ejercicio de memoria sobre lo ocurrido en los barrios de la capital antioqueña durante tres décadas.

comandos populares 1Cientos de víctimas dejó la confrontación armada que se libro en las calles de la Comuna 13 de Medellín por cuenta de choques armados entre milicianos, paramilitares y Fuerza Pública. Foto Juan Diego Restrepo E.Fredi Alonso Pulgarín, conocido como ‘La Pulga’, pasará a la historia por ser el primer miembro de un grupo miliciano en ser condenado por la justicia transicional. Tras aceptar su responsabilidad en once homicidios y tres desplazamientos forzados, el pasado 9 de septiembre el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le concedió el beneficio de la pena alternativa de ocho años de prisión, contemplada en la Ley 975 de 2005 y que, en su origen, se aplicó a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Haga clic aquí para descargar la sentencia en PDF.

Alias ‘La Pulga’ integró los llamados Comandos Armados del Pueblo (CAP), un grupo de milicias que operó entre 1996 y 2002 en los barrios de la Comuna 13 de Medellín, occidente de la ciudad. A este grupo armado ilegal se le atribuye la autoría de cientos de casos de desplazamientos forzados y decenas de homicidios, algunos de los cuales causaron gran impacto en la ciudad, entre ellos el del sacerdote José Luis Arroyave Restrepo, ocurrido el 20 de septiembre de 2002.

La muerte del prelado evidenció el nivel de degradación de la guerra urbana que libraron milicias guerrilleras, células paramilitares y organismos de seguridad estatal en la Comuna 13. Sus habitantes aún recuerdan al clérigo como un líder espiritual que alentó a una comunidad que se derrumbaba en la desesperanza de la violencia y quien, desde su posición, trabajó hasta el día de su muerte por lograr la paz, la sana convivencia y la superación de la pobreza en este sector del occidente de la ciudad.

Por ello, la reciente decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín constituye un hecho sin precedentes toda vez que allí se consigna la otra cara del conflicto armado que se tomó esta ciudad: la de las milicias urbanas, un actor armado que arrastra una historia tan oscura como la del paramilitarismo, pero que solo hasta ahora comienza a ser develada en los estrados judiciales en clave de verdad, justicia y reparación.

De autodefensas a milicianos

Tal como lo documentó la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Dinac), fue un 26 de febrero de 1996 cuando nacieron, en pleno corazón de la comuna 13, los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Su origen guarda estrecha relación con las disputas por el poder interno que libraron las ‘Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo’ (Mppp), cuya historia resulta vital para entender todo el fenómeno miliciano en la capital antioqueña.

La historia tiene sus raíces en los conflictivos años ochenta, cuando un grupo de jóvenes de barrios como Popular I y Popular II; Andalucía, La Francia, Villa del Socorro y Guadalupe; entre otros, decidió organizarse para enfrentar la criminalidad protagonizada por las bandas y los combos que por aquellos tenía azotada a una población que parecía abandonada a su suerte por el solo hecho de haber colonizado las laderas más empinadas de la ciudad.

Varios de los jóvenes líderes de este movimiento de autodefensa urbano contaban con formación política y militar que recibieron en los llamados “campamentos de paz”, que se instalaron en las goteras de Medellín durante el proceso de paz que el expresidente Belisario Betancur (1982-1986) adelantó con la guerrilla del M-19. Con los conocimientos básicos de operaciones militares, los muchachos iniciaron una ola de asesinatos dirigidos contra expendedores de droga, drogadictos, raponeros y todo aquel señalado de “indeseable”; hechos que eran justificados mediante un discurso que exaltaba el valor de las masas populares y la importancia de la lucha revolucionaria.

Así, con la aprobación de una comunidad que vio en ‘los capuchos’ (como se les conoció por aquellos años) la única oferta real de seguridad en una ciudad sitiada por la guerra que el Cartel de Medellín libraba contra el Estado, el fenómeno miliciano comenzó a expandirse a otros sectores de la ciudad.

Su crecimiento fue tan rápido que, para finales de la década del ochenta, en Medellín se podían identificar claramente tres grupos milicianos: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (Mppp); las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas, las cuales tenían presencia en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad y una insipiente, pero sostenida presencia, en la comuna 13. Cada uno de ellos contaba con orientación ideológica y apoyo militar brindado por las guerrillas de las Farc y el Eln. Según lo reseñó la Dinac, los ‘elenos’ tenían fuertes vínculos con las Milicias Metropolitanas, mientras las Farc fueron más cercanas a las Mppp.

Sin embargo, las milicias comenzaron a perder legitimidad progresivamente ante sus comunidades por cuenta de los excesos de poder, la lumpenización de sus integrantes y las luchas intestinas. En una ciudad agobiada por el accionar de todo un ejército de sicarios al servicio del narcotráfico, donde ya comenzaban a advertirse los pasos del paramilitarismo, las milicias terminaron convertidas en un actor más de una guerra sin cuartel que desbordaba la capacidad de las entidades del Estado.

Por ello, el gobierno de César Gaviria Trujillo, por intermedio de la Consejería Especial para Medellín, adelantó un proceso de negociación con los tres grupos milicianos que vio sus frutos el 26 de mayo de 1994. Aquel día se firmó en el Centro Social Media Luna del corregimiento Santa Elena el “Acuerdo final para la paz y la convivencia: gobierno nacional, departamental y municipal”.

Ese acuerdo permitió la desmovilización de 650 milicianos y la creación de la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercoom), una iniciativa de seguridad privada integrada por exmilicianos que contaban con armas de corto alcance y radios de comunicación para su labor. Décadas después, analistas, académicos y activistas coinciden en señalar que dicho experimento fue un fracaso, pero terminó siendo semilla de nuevas formas de violencia, como las Convivir.  

A esto se suma que no fueron pocos los milicianos que retomaron las armas como respuesta a la arremetida violenta de la que fueron víctimas. De hecho, durante la fase de negociación fueron asesinados más de 30 integrantes de las milicias; mientras que, tan solo un mes después de firmados los acuerdos, fue asesinado Pablo García, ideólogo de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y uno de los signatarios de aquel histórico documento.

Rearmes y vendettas

comandos populares 3Las callejuelas de los barrios que conforman la Comuna 13 se convirtieron en un escenario de guerra urbana sin precedentes en el país. Foto: Juan Diego Restrepo E.La reconstrucción histórica hecha por la Dinac señala que varios de los milicianos reincidentes encontraron en los asentamientos subnormales que comenzaban a crecer en la Comuna 13 terreno fértil para continuar allí su proyecto político-militar. Y lo intentaron impulsar bajo el nombre de Milicias Populares, pero vino la sangrienta vendetta entre sus integrantes que sepultó a esta organización.

En efecto, la noche del 25 de febrero de 1996, varios integrantes de las Milicias Populares, decidieron darle un “golpe de Estado” a sus comandantes y, tras un fuerte enfrentamiento armado ocurrido en el barrio El Salado, asesinaron a cuatro de ellos. Quienes sobrevivieron decidieron plegarse a las órdenes del nuevo grupo, que los pobladores comenzaron a reconocer como los CAP.

Desde ese momento, esta incipiente organización armada intentó asegurarse el dominio social, territorial y militar de barrios como Blanquizal, Olaya, Vallejuelos, La Divisa 20 de Julio, Las Independencias, La Quiebra, Juan XXIII y El Salado, entre otros. Para ello, iniciaron una campaña de asesinatos indiscriminados que denominaron ‘limpieza social’ a fin de someter la voluntad de la comunidad y ganarse su obediencia. Para granjearse su apoyo, organizaron eventos en fechas especiales como el Día de las Madres o el Día del Niño. Además, siempre se presentaron como una organización armada revolucionaria, autónoma, inspirada en los “valores del marxismo-leninismo” y cercana a la guerrilla del Eln.

Se impuso así un “régimen miliciano” que, progresivamente, se fue tornando arbitrario y abusivo. Por un lado, el constante cobro de vacunas a comerciantes, transportadores y pobladores comenzó a golpear la confianza de la gente, pues quienes no colaboraron fueron expulsados de la zona. Los milicianos incurrieron en permanentes robos a los vehículos transportadores de alimentos; prohibieron del ingreso de funcionarios públicos (caso EPM) y limitaron la movilidad de los residentes, quienes no pocas veces, según los relatos recopilados por la Fiscalía, debían contar con la autorización de los CAP para salir del barrio o entrar acompañado de algún desconocido.

Dicho régimen se volvió más aterrador cuando los paramilitares ingresaron a la Comuna 13. Para enfrentarlos, los CAP entablaron alianzas con las milicias de las Farc y Eln. Fue, a partir de este momento, cuando comenzaron a caer asesinadas decenas de personas por cuenta de señalamientos anónimos o por la simple sospecha de colaborar con “el enemigo”. Fue entonces cuando ese sector de la ciudad se convirtió en el teatro de guerra urbana más complejo del país.

En ello tuvieron gran responsabilidad los CAP. Un 21 de diciembre de 2001, por ejemplo, un comando armado de este grupo, entre quienes figuraban alias ‘La Pulga’, asesinó a los hermanos Manuel Alexander y Giovani Alexis Gómez, tras acusarlos de colaborar con los paramilitares.

A Evelio de Jesús Cadavid y su hijo Jorge Alonso Cadavid también los mataron bajo el mismo pretexto. Ocurrió el 17 de enero de 2002, cuando miembros de los CAP llegaron hasta la vivienda de las víctimas, en el barrio Juan XXIII y les dispararon a mansalva. A Gloria Estella Gil, una madre cabeza de hogar de 36 años, la asesinaron un 24 de marzo de 2002 en el barrio La Quiebra porque los milicianos la acusaron de pasarle información a la Policía.

Perdón público

comandos populares 2En las laderas occidentales de la capital antioqueña, los CAP impusieron su ley afectando a miles de pobladores que no tuvieron más salida que aceptar ese poder armado ilegal. Foto: Juan Diego Restrepo E.Los pobladores de la Comuna 13 sintieron que la confrontación armada que venían padeciendo estaba llegando a niveles insostenibles el día que los CAP asesinaron al sacerdote Arroyave.

Sucedió el 20 de septiembre de 2002, a eso de las 10:30 de la mañana. Ese día, mientras el clérigo y su conductor se movilizaban en un vehículo tipo camioneta por las calles del barrio Juan XXIII, dos sujetos encapuchados que viajaban en motocicleta se acercaron hasta el vehículo, detuvieron su marcha y, tras increparlo, le dispararon hasta causarle su muerte.

Uno de los encapuchados era alias ‘La Pulga’. Al preguntársele por los móviles de este crimen, contestó que si bien se opuso a esta muerte, eéta fue ordenada por sus superiores tras considerar que el religioso estaba colaborando con los paramilitares.

Se trató de una pérdida que aún duele entre los pobladores de la Comuna 13. No es para menos. Murió a la edad de 48 años y de ellos, 25 los dedicó al servicio comunitario como sacerdote. Los últimos siete años de su vida ofició como Gerente Social de la Comuna 13, entidad creada por la administración del entonces alcalde Juan Gómez Martínez (1998-2000).

Desde allí, el sacerdote conoció cada rincón de este sector. No tardaron sus pobladores en tomarle cariño por su compromiso con los más necesitados y con las problemáticas de la comuna. De hecho, al momento de su muerte venía trabajando infructuosamente en alcanzar un pacto de no agresión entre milicias y paramilitares que permitiera frenar el derramamiento de sangre en ese sector de la ciudad.

Pocas semanas después de este crimen, las autoridades militares y de Policía, en coordinación con la Fuerza Área Colombiana, el desaparecido DAS y el CTI de la Fiscalía, llevaron a cabo la famosa Operación Orión. Un número importante de miembros de los CAP fueron capturados; otros desertaron y otro tanto caerían asesinados meses después. Fue el fin definitivo de este grupo miliciano.

Sin embargo, las heridas que dejaron sus crímenes aún no cicatrizan en la comunidad. Por ello, el Tribunal de Justicia y Paz le ordenó a la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas adoptar un conjunto de medidas de reparación, entre ellas, construir e instalar en el mismo sitio donde murió baleado el sacerdote Arroyave una placa conmemorativa con la sentencia: “Aquí se truncó la vida, más no el ejemplo del Presbítero José Luis Arroyave, el 20 de septiembre de 2002. Su sangre derramada abonó esperanza y retoñó ilusiones”.

Durante la instalación y por decisión de los magistrados, alias ‘La Pulga’ deberá pedir perdón públicamente a los habitantes de la Comuna 13 por los actos de barbarie cometidos durante su pertenencia a los CAP.

Con esta sentencia, la primera que aborda a fondo el fenómeno del conflicto armado urbano, la violencia miliciana apenas comienza a develarse. Una verdad necesaria para una ciudad que aún requiere sanar todas sus heridas para avanzar hacia una reconciliación con su pasado.