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“Paramilitarismo en Urabá no habría sido posible sin Fuerza Pública”: Fiscalía

El ente investigador reiteró que el apoyo de sectores del Ejército y la Policía Nacional fue fundamental en la expansión del Bloque Bananero, confirmando lo dicho por algunos postulados en sus versiones en el proceso de Justicia y Paz.

“Sin ayuda de la Fuerza Pública habría sido imposible sacar adelante la guerra en el Urabá”, aseguró en una versión libre en 2007 Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien fuera el jefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

A partir de esas versiones, que fueron complementadas por investigaciones de la Unidad de Justicia y Paz, la Fiscalía ratificó lo dicho por alias ‘HH’ e identificó cuatro tipos de apoyo a los paramilitares en terreno: despejar áreas determinadas, retardar el ingreso de unidades militares a algunas zonas, levantar retenes en las vías para el movimiento de la tropa y acompañar las operaciones armadas.

El análisis de la Fiscalía se conoció durante el juicio bajo la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que se sigue contra Veloza García, quien comandó los bloques Bananero, que operó en la zona central del Urabá antioqueño, y el Calima, que hizo presencia en una buena parte del Valle del Cauca.

Durante la etapa de contextualización del Bloque Bananero, el Ente acusador destacó el importante rol que jugaron sectores de la Fuerza Pública en la expansión paramilitar de Urabá. Las investigaciones dejaron claro que quien mantenía contacto directo con los militares fue Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, un exoficial del Ejército que se retiró siendo subteniente y años más tarde se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), donde comandó el Bloque Metro, que hizo presencia en las regiones del Nordeste y el Oriente de Antioquia, así como en Medellín y varios municipios del área metropolitana.

Según se relata en el libro ‘Las guerras del Doblecero’, escrito por el antropólogo Aldo Civico, el ex paramilitar se contactó con los hermanos Carlos y Vicente Castaño por medio de un Mayor retirado del Ejército que lo invitó a entrenar militarmente a un grupo de civiles. Además, García Fernández había sido el jefe de seguridad en Urabá de la comercializadora de banano Banacol. Su conocimiento de la región fue crucial para la expansión de las Accu.

El caso de ‘Doblecero’ no es el único. Según la Fiscalía, los hermanos Castaño preferían incluir en su grupo armado a personas que se habían retirado del Ejército como Manuel Arturo Salom Rueda, alias 'JL', a quien se le atribuye la formación de por lo menos 10 mil paramilitares que luego trasegaron por todo el país. (Ver: Instructor de los 'paras' no colaborará más con la justicia)

De los 447 ex paramilitares que se desmovilizaron como integrantes del Bloque Bananero, 57 pertenecieron al Ejército y de ellos solo 12 de ellos están postulados a la Ley de Justicia y Paz. Esta situación no fue particular de esta facción armada ilegal; de hecho, según datos de la Fiscalía, del total de desmovilizados de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional (unos 31 mil paramilitares), 970 fueron miembros del Ejército Nacional, 21 de la Infantería de Marina y 13 de la Policía.

Brigada 17 de Urabá
Veloza ha dicho en más de una oportunidad que los paramilitares contaron con la ayuda de miembros de varios batallones de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Urabá antioqueño. La Fiscalía se refirió al coronel Bayron Carvajal, quien siendo capitán comandó el Batallón Vélez a comienzos de la década de los noventa, una unidad adscrita a esa guarnición militar y con presencia en Turbo, y señalado de haber sido cómplice a las Accu.

“Todos esos operativos que hizo Carvajal, o que fueron conseguidos para Carvajal, donde hubo bajas, siempre fueron con nosotros o hechos por nosotros y legalizados. Había muchos soldados que andaban de civil con nosotros y se hacían pasar como un miembro más de las autodefensas”, aseguró Veloza García ante fiscales de Justicia y Paz.

Carvajal fue condenado a más de 20 años de prisión por la muerte de un civil y diez miembros de un grupo élite antinarcóticos de la Policía Nacional en Jamundí, Valle, en hechos ocurridos en mayo del 2006.

La Fiscalía también se refirió al teniente coronel Germán Morantes Hernández, quien fue comandante de infantería del Batallón Vélez y a quien los paramilitares le suministraban información y le servían como guías. “Este coronel sostenía reuniones con ‘Doblecero’ y con ‘HH’. Cuando llegaban a la Brigada inmediatamente les abrían las puertas”, aseguró uno de los desmovilizados.

En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín pidió que se investigara a Morantes Hernández, así como a los ex generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina e Iván Ramírez, y al teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares y/o se concertaron” con grupos paramilitares. (Ver: Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

El ente investigador también mencionó a un militar que no ha sido identificado y que todos los ex paramilitares que operaron en Urabá conocían como ‘Beto’ y de quien solo se sabe que es de apellido Gutiérrez. Según los desmovilizados, este uniformado, que pertenecía a la Regional B2 de Inteligencia del Ejército Nacional y gran amigo de ‘Doblecero’ y de Carlos Castaño, era un contacto directo en la Brigada 17, y era quien traía y llevaba los mensajes entre unos y otros.

La Fiscalía se refirió nuevamente al apoyo que los paramilitares recibieron por parte del general Rito Alejo Del Rio, desde su llegada a la Brigada 17 de Ejército en 1995. Según la versión de ‘HH’, el alto oficial era amigo personal de Carlos Castaño y de alias ‘Doblecero’. (Ver: Rito Alejo Del Río: de “pacificador” a condenado)

En conjunto con estos militares, los paramilitares planearon y cometieron varios crímenes, según el Ente investigador. Uno de ellos fue una masacre ocurrida en zona rural de Turbo el 14 de junio de 1995, donde miembros de la Fuerza Pública participaron en el asesinato de cuatro personas.

La Fiscalía también identificó dos casos de ejecuciones extrajudiciales que comprometieron a civiles. El primero ocurrió en 1995, cuando un grupo de paramilitares, en compañía de dos escuadras del Batallón Vélez, llegaron a la finca de unos hermanos de apellido Álvarez para sacar un ganado que supuestamente se iba a llevar la guerrilla. Los paramilitares mataron con una granada a dos personas que estaban en la entrada de la propiedad y les entregaron los cadáveres a los miembros del Ejército para que los hicieran pasar como muertos en combate.

El otro caso sucedió en mayo de 2004, cuando los ‘paras’ engañaron a dos hombres que vivían en el casco urbano de Turbo asegurándoles que iban a formar parte de ese grupo armado, pero luego los trasladan a la vereda el Limón, donde los asesinaron y entregaron sus cuerpos a miembros del Batallón Vélez. Sobre este caso se abrió una investigación en la justicia ordinaria en la que están vinculados el coronel Gustavo Eduardo Contreras y los soldados John Jairo Villa y Eduard Villamizar.

Si bien la Fiscalía aclaró que no se trataba de una estrategia de la Fuerza Pública como institución, resaltó que algunos militares que se negaron a colaborar con los paramilitares fueron perseguidos y sancionados por el Ejército, y expuso el caso del entonces coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo comandante de la Brigada 17 a mediados de los noventa, quien se atrevió a denunciar en 1996 la complicidad de altos mandos de esa guarnición militar con los jefes de las Accu. En su momento, Velásquez fue calificado de desleal y mentiroso, y lo retiraron del Ejército en 1997. (Ver: “Del Río mantenía informado a Uribe”: Ex coronel Velásquez)

En una carta enviada el 31 de mayo de 1996, Velásquez le advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, sobre el grado de deslegitimación al que ha llegado el Ejército en Urabá “por el pensamiento que corre en la región en el sentido de que trabajamos en alianza con la delincuencia organizada o paramilitares”. Hoy, 18 años después, la Fiscalía le dio la razón al exoficial.

La tenebrosa máquina de guerra que dirigió ‘Don Berna’

Este exjefe paramilitar deberá responder ante la justicia por la desaparición forzada de 162 personas, entre ellas 12 menores de edad y un adulto mayor, cometidas por hombres bajo su mando de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc.

A Wilfredy de Jesús Pavas Botero lo vieron con vida por última vez un 8 de noviembre de 2004. Ese día salió de su casa, ubicada en la vereda El Carmen del municipio de El Retiro, Oriente antioqueño, y no regresó jamás. Casi siete años después, las confesiones hechas a fiscales de Justicia y Paz por desmovilizados del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) han permitido saber qué pasó con él.

Wilfredy fue interceptado a pocos kilómetros de su residencia por miembros de esta facción paramilitar. Luego de ser llevado a la base que tenían en el sector Rancho Triste, corregimiento San José del municipio La Ceja, lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo.

Este fue uno de los 162 casos de desaparición forzada por los que deberá responder Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y que le fueron imputados por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz. Los hechos presentados por este despacho fueron cometidos entre los años 1998 y 2005 por hombres de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, de los cuales ‘Don Berna’ fue su jefe máximo. Actualmente, se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos purgando una condena de 31 años por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país.

Según la documentación adelantada por el ente investigador, los paramilitares utilizaron esta práctica como un mecanismo de control social y territorial en las zonas donde tuvieron fuerte injerencia, y la aplicaron a quienes consideraban milicianos o guerrilleros e, incluso, para purgar sus propias filas.

Ejemplo de ello es el caso de caso de D*, un joven de 16 años de edad, integrante del Bloque Cacique Nutibara visto por última vez el 29 de noviembre de 2002 en el barrio El Salado, de la comuna 13 de Medellín. En diligencia de versión libre, alias ‘Don Berna’ reconoció que este muchacho fue víctima de desaparición forzada por parte de hombres bajo su mando que operaban en este sector de la ciudad.

Los registros indican que la capital antioqueña fue la cuidad más afectada por este flagelo pues allí se lograron documentar 79 casos. El municipio de Valencia, Córdoba, con 26 casos; seguido por San Carlos, en el oriente antioqueño, con 16, son las poblaciones donde más se registraron estos crímenes, después de Medellín; le siguen La Ceja, también en el Oriente, con nueve; San Roque, Nordeste antioqueño, con ocho; Santa Bárbara, suroeste de Antioquia, con cuatro; Tierralta, Córdoba, con siete; Bello e Itagüí, en el Valle de Aburrá, con tres y dos casos respectivamente; Rionegro y Abejorral, en el Oriente antioqueño, cada uno con dos; y los municipios antioqueños de Caldas y Copacabana, al igual que la ciudad de Montería, cada uno con un caso.

Los análisis revelan que la desaparición forzada aumentó a medida que los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, avanzaban en su plan de expansión y consolidación en todo Medellín y los municipios aledaños del Valle de Aburrá y oriente antioqueño, así como en el sur de Córdoba. Las cifras muestran que la mayor cantidad de casos se produjeron entre 2000 y 2005. Solo en este periodo fueron desaparecidas 157 personas, siendo el 2002 el año más grave con 47 desapariciones, seguido del 2005, con 29; 2003, con 37; 2004, con 26; 2001, con 10; y 2000, con 8.

Lo que deja claro la documentación hecha por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz es que la comuna 13 de Medellín constituye un caso emblemático en materia de desaparición forzada, dada la magnitud que tuvo este flagelo en esta zona suroccidental de la ciudad. De los 79 casos documentados hasta ahora ocurridos en la capital antioqueña, por lo menos 50 de ellos se perpetraron en barrios como El Salado, San Javier La Loma, Veinte de Julio, Conquistadores y Las Independencias, así como en el corregimiento San Cristóbal, cuya dinámica social está fuertemente ligada a esta comuna.

La noche más oscura de la comuna 13
La comuna 13 fue epicentro del operativo militar urbano más grande desplegado hasta ahora en el país, conocido como Operación Orión, y realizado entre el 16 y el 19 de octubre de 2002. En él participaron fuerzas combinadas del Ejército, Policía, DAS, CTI de la Fiscalía y Fuerza Área Colombiana. Con esta intervención, se buscaba expulsar a las milicias del Eln, Farc y los llamados Comandos Armados Populares (Cap), quienes habían convertido esa vasta zona de la ciudad en un fortín criminal difícil de penetrar.

Si bien ‘Don Berna’ explicó en versión libre rendida desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, en marzo de 2009, cómo paramilitares del Bloque Cacique Nutibara participaron en la planeación de este operativo, que estuvo bajo el mando de los entonces generales Mario Montoya, del Ejército; y Leonardo Gallego, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hasta el momento solo existe una destitución proferida por la Procuraduría contra el general Gallego y actualmente cursa una investigación preliminar por parte de una Fiscalía de Derechos Humanos de Bogotá contra el general (r) Montoya.

Lo que ya se puede afirmar con toda claridad es que, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional declaraba públicamente que las Fuerzas Militares habían recuperado el orden y la seguridad en la Comuna 13, los paramilitares bajo el mando de alias ‘Don Berna’ aplicaban un régimen de terror tendiente a exterminar cualquier vestigio insurgente que dejó un saldo de personas desaparecidas aún por establecer, pues si bien la Fiscalía 45 de Justicia y Paz ha logrado documentar cerca de 50 casos, organizaciones no gubernamentales como la Corporación Jurídica Libertad tienen plenamente identificados por los menos 92.

Bajo esas cifras se esconden duras tragedias, como la de Edgar López Celis, quien fue visto por última vez el 30 de noviembre de 2002 en El Salado. Según el relato de hechos, ese día, este conductor se disponía a iniciar el recorrido que debía cubrir con su colectivo, cuando varios hombres armados se subieron al automotor, obligaron a los pasajeros a descender y se lo llevaron hacia otro sector del barrio, donde fue obligado a abordar un vehículo particular.

Un día antes, se registró la desaparición de Carlos Emilio Torres, joven de 22 años quien fue sacado de la vivienda de su novia, en el barrio El Salado, por varios hombres que llegaron hasta allá diciéndole que ‘necesitaban hablar con él’. A Jaime Ramírez, también de 22 años, le tocaría la misma suerte siete meses después de la Operación Orión: el 4 de junio de 2003 fue abordado a eso de las 6 de la tarde por varios integrantes del Bloque Cacique Nutibara mientras hacía ejercicio en una placa polideportiva del barrio El Salado.

En diligencias de versión libre adelantadas por fiscales de Justicia y Paz entre los años 2011 y 2013, alias ‘Don Berna’ reconoció que hombres bajo su mando llevaron a cabo la desaparición de estas personas. Sin embargo, para los familiares de las víctimas este reconocimiento es insuficiente, pues siguen sin recuperar los restos mortales de sus seres queridos, que se presume están enterrados en lo que se conoce como La Escombrera, un depósito de escombros ubicado en la parta más montañosa de la comuna 13.

“No sé qué sentir. Que ese señor (alias ‘Don Berna’) reconozca que desapareció a mi hijo pues no me dice nada en últimas. Lo que me interesa es que me diga dónde está”, afirma Gloria Holguín, madre de Carlos Emilio.

El Juzgado tercero Penal de  Circuito Especializado de Medellín le impuso a alias 'Don Berna' una condena de 27 años de prisión  por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, por hechos ocurridos en la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal entre los años 2002 y 2004.

Comuna 13, un camposanto
“Todos sabemos que cuando los paramilitares abordaban a alguien, lo subían hasta La Escombrera y allá los desaparecían. Incluso hay desmovilizados que le han dicho eso a la justicia. Lo que yo me pregunto es cuándo van a cerrar entonces La Escombrera”, dijo Holguín.

El 4 de septiembre de 2013, el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo, le comunicó a la Alcaldía de Medellín que tenía “el deber de adelantar y tomar acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en La Escombrera” y exhortó a la autoridad municipal, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería Municipal, para que “adoptaran e implementaran “mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos, los cuales han sido ineficaces”.

Sin embargo, poco o nada ha cambiado en La Escombrera. Toneladas de escombros son arrojadas diariamente allí, sepultando la esperanza de los familiares de los desaparecidos de encontrar los restos de sus seres queridos. Se estima que más de 100 víctimas de este flagelo se encuentran enterradas allí.

Ante la falta de acciones por parte de la Administración Municipal para cerrar este lugar, el magistrado Pinilla Cogollo envió el pasado 6 de febrero un oficio al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, recordándole la petición de cierre de La Escombrera, advirtiéndole que es una obligación legal de la Administración Municipal en tanto hace parte de los deberes del Estado. Dicha obligación, según el escrito, “se desprende de los convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia o que lo obligan, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, entre otras.

A las peticiones de la justicia se sumarán también las acciones que realizarán los propios familiares de los desaparecidos. Para el próximo 7 de junio, varias decenas de ellas pernoctarán hasta el día siguiente en la entrada de La Escombrera para exigir, una vez más, que se cierre este lugar y se adelanten labores de exploración y exhumación.

Si bien lo anterior tiene altos niveles de complejidad, lo mínimo que piden los familiares de las víctimas de desaparición son muestras de voluntad de atender sus pedidos. Y a decir verdad, es lo mínimo, si se tiene en cuenta que muchas de ellas no han superado los traumas que dejaron tantos años de barbarie que tuvieron que padecer bajo la tenebrosa máquina de desapariciones forzadas que dirigió alias ‘Don Berna’.

El terror que los paramilitares sembraron en La Palma, Cundinamarca

Alias ‘El Águila’ y sus hombres desplazaron a cientos de pobladores de este municipio de Cundinamarca en su guerra con el Frente 22 de las Farc y su afán de ser los dueños del cartel de gasolina.

300 paras cundinamarcaLas Autodefensas de Cundinamarca, comandadas por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’, atormentaron a los habitantes de los municipios del norte del departamento. Particularmente a los de La Palma. Según documentó la Fiscalía 21 de Justicia y Paz, este grupo paramilitar utilizó la fuerza para apropiarse de los negocios ilegales en la zona, desplazando a la mayoría de los pobladores.

Los ‘paras’ de alias  ‘El Águila’ se enfrentaron al Frente 22 de las Farc para sacarlos de aquellos municipios por donde atraviesa el  poliducto Puerto Salgar-Mancilla, de Ecopetrol. En los años que operó este grupo paramilitar se presentaron los mayores robos de gasolina en el departamento. Según cifras oficiales, tan solo en 2002 hurtaron 421 barriles de combustible de este poliducto diariamente. (Ver: El tubo de la abundancia)

A medida que los paramilitares se fueron consolidando en algunas regiones de Cundinamarca aumentó el número de  desplazamientos. La mayoría de pobladores salió en 2002 cuando los ‘paras’ tuvieron más poder en la zona. Según cifras del Registro Único de Población Desplazada (Rupd) mientras en 2000 se presentaron 342 desplazamientos, en 2001 la cifra aumentó a 986 y en 2002 llegó a los 3.000 desplazados.

En audiencia de imputación de cargos ante los magistrados de Justicia y Paz en Bogotá, los ex paramilitares de las Autodefensas de Cundinamarca aceptaron haber expulsado a la gente de su tierra, por tal razón la Fiscalía los acusó de 148 hechos de desplazamiento a los postulados Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’; Narciso Fajardo Marroquín, alias ‘Rasguño’; Carlos Iván Ortiz López, alias ‘Martillo’; Raúl Rojas Triana, alias ‘Caparrapo’; y José Absalón Zamudio Vega, alias ‘Buena Suerte’.

Por lo menos 473 víctimas denunciaron ante Justicia y Paz que dejaron sus fincas por la violencia que ocasionaron los paramilitares. La mayoría de víctimas fueron desplazadas masivamente del municipio de La Palma. Según datos del Rupd, 1.136 personas se vieron obligadas a salir en 2002 de este municipio, que está a 150 kilómetros de Bogotá.  Es decir, que más de la tercera parte de los desplazados del departamento salieron de este pueblo.

Los habitantes de La Palma fueron víctimas de la guerrilla y de los paramilitares. En 1983 se creó el Frente 22 de las Farc y se ubicó en los municipios del norte de Cundinamarca, incluido La Palma, con el objetivo de financiar al Comando Conjunto Central  de las Farc. Este grupo guerrillero cometió secuestros, extorsiones y boleteos en las zonas bajo su dominio. (Ver: lo que hizo las Farc en Cundinamarca).

A finales de los ochenta alias ‘El Águila’ llegó al departamento y acordó una especie de pacto de no agresión con esa facción guerrillera. Los paramilitares se quedaron en el municipio de Yacopí, mientras los insurgentes mantenían a la mayoría de sus hombres en La Palma. A mediados de los noventa este pacto se rompió porque los subversivos asesinaron a 12 paramilitares en Caparrapí. Desde entonces se presentaron enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares que se intensificaron en 2002.  

Hablan las víctimas
En la audiencia de imputación de cargos contra los ex paramilitares de las Autodefensas de Cundinamarca, los abogados de las víctimas reiteraron que la Fuerza Pública no impidió que estos hechos ocurrieran, pues la base militar y la estación de Policía de La Palma nunca reportó ninguno de estos incidentes.

El primer desplazamiento masivo ocurrió el 2 de agosto de 2002 cuando un grupo de ‘paras’ al mando de alias ‘Tumaco’ entró a la vereda Hoya de Tudela, reunió a sus pobladores y los amenazó con asesinarlos sino salían del pueblo, pues según dijeron se iban a enfrentar con la guerrilla. Ese día 62 personas se desplazaron del municipio.

A otros habitantes los acusaron de ser supuestos colaboradores de las Farc y los asesinaron.  Así ocurrió con un joven que sacaron de su casa a la fuerza y lo torturaron frente a su madre porque no aceptó unirse a las filas paramilitares.  “A mi hijo lo mataron delante mío y yo no pude hacer otra cosa que suplicarles que no lo hicieran, luego de eso me dijeron que no me querían volver a ver y por eso me fui de mi finca y no pienso regresar”, dijo su madre en la audiencia de imputación de cargos.

Algo similar le  ocurrió le ocurrió a Blanca*, quien tuvo que salir de su finca en Hoya de Tudela con sus hijos porque acusaban a su esposo de ser un supuesto auxiliador de la subversión. “Ese día llegaron en la mañana buscando a mi esposo, me decían que él era colaborador de la guerrilla y que como no estaba en la casa lo iban a buscar para matarlo”, recordó la víctima.

Otros campesinos tuvieron que dejar sus fincas porque los grupos armados las convirtieron en territorio de guerra. Antonio*, un jornalero de Hoya de Tudela, le contó a los fiscales de Justicia y Paz que dejó su tierra porque los ‘paras’ la usaron como trinchera. El campesino se opuso y en retaliación asesinaron a dos amigos que se encontraban junto a él.

En 2003 Antonio regresó a su predio, pero estaba en muy mal estado. “Cuando volví a mi finca no encontré nada, sólo las paredes porque lo demás se lo habían robado, los cultivos estaban quemados”, aseguró.

Lo mismo ocurrió el 2 de octubre de 2002 cuando los paramilitares llegaron en la mañana a las veredas El Hoyo y Garrapatal en el municipio de La Palma y causaron el desplazamiento de 41 personas. En este caso también amenazaron a los pobladores para que salieran de su tierra y asesinaron a algunos campesinos a quienes acusaban de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. En horas de la tarde se enfrentaron con las Farc.

“Se rumoraba ese día en horas de la mañana que quienes no saliéramos del pueblo nos iban a matar, por lo cual decidimos irnos con mi familia”, dijo una pobladora de Garrapatal en la audiencia ante jueces de Justicia y Paz.

Carlos*, un campesino que vivía en El Hoyo, vio cómo torturaron y asesinaron a su hermano, a quien acusaban de ser un supuesto informante de la guerrilla, “a mi hermano lo sacaron de la casa amarrado de los pies y las manos, lo golpearon mucho tiempo, lo amarraron a un árbol y luego lo degollaron”, contó. Ese mismo día toda la familia salió rumbo a Bogotá. Su familia se presentó ante los magistrados de Justicia y Paz, y pidieron que les ayuden económicamente para poder retornar a su tierra.  

Los magistrados de Justicia y Paz pidieron a la fiscal indagar con mayor profundidad y se identifiquen a aquellos miembros de la Fuerza Pública y políticos locales y regionales que se aliaron con los paramilitares de alias ‘El Águila’ para permitir que sus acciones se perpetraran con total impunidad.

* Nombres cambiados por razones de seguridad

¿Dónde están los desaparecidos del Magdalena Medio?

Desde 1984, Ramón Isaza y sus hombres utilizaron la desaparición forzada como estrategia para ocultar su responsabilidad criminal en departamentos como Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Familiares de víctimas se quejan de lentitud de la justicia para aclarar los casos.

Después de 13 años, Adriana* no sabe cuál es el paradero de su esposo. La desaparición ocurrió el 10 de abril de 2002. Hace un año asistió a una versión de Justicia y Paz para preguntarle a varios exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) por su pareja y la única respuesta que obtuvo fue que “a ellos les había parecido que lo habían matado”.

Esta semana, cuando la mujer presentó su caso ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, la magistratura llamó la atención para que la Fiscalía agilice la investigación sobre lo ocurrido al esposo de Adriana y dio un plazo de un mes para que se le dé un avance a las indagaciones.

En la sala de audiencias estaban presentes los exparamilitares Ramón Isaza y sus subalternos Walter Ochoa Guisao, alias El Gurre’; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Mc Guiver’; Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’; y John Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, quienes admitieron su responsabilidad en por lo menos 160 desapariciones forzadas de poco más de 1.500 casos que tiene la Fiscalía.

Adriana manifestó que “ellos no tuvieron en cuenta que de esas víctimas había hijos. Que iban a ser rebeldes por la falta de su padre. Son muchachos que entraron a las drogas por falta de su papá. Estaba en embarazo cuando mi esposo desapareció, hoy la niña tiene 11 años y no conoció al papá. No quiero que se compadezcan de mis lágrimas, sino que nos den el compromiso, que tienen, el de la paz. Que los desaparecidos tengan un lugar. Aunque sea que nos den un pedazo de brazo”.

Junto a ella asistieron al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá diez familiares más de víctimas de las Acmm para exponer sus dramas luego de la desaparición forzada de sus parientes. En sus intervenciones denunciaron que aún hay exmiembros de las Acmm en libertad sin pagar sus crímenes; reclamaron mayor celeridad en los procesos para conocer la verdad; se quejaron de la lentitud de la Fiscalía para encontrar fosas comunes e identificar plenamente los restos ya encontrados y exhumados; y expresaron su inquietud por las demoras en establecer quienes estuvieron detrás de las desapariciones de sus padres, esposos, hermanos e hijos.

Algunos familiares también rebatieron los móviles o causas de los crímenes construidos por la Fiscalía a partir de las confesiones de los postulados en sus versiones libres, pues consideran que los vuelven a revictimizar. Una de esas personas fue Catalina*, quien ante la presentación del caso de la desaparición de su hermano, contradijo la versión expuesta por la Fiscalía ante la magistratura.

El muchacho fue retenido y desaparecido en septiembre de 2002 en Honda, Tolima. El fiscal que presentó el caso, reprodujo la versión de los exparamilitares, quienes explicaron que fue asesinado y arrojado al río Magdalena porque, según ellos, estaba extorsionando a nombre del grupo ilegal y agregaron que en el momento de la retención le encontraron una carta extorsiva.

Catalina aseveró que la muerte y desaparición de su hermano se debió a un asunto pasional en el que está involucrado Wilson Garzón Hernández, alias ‘Pantera’, un exmiembro de las Acmm que al parecer está en libertad y posiblemente vive en Honda.

“Supuestamente ‘Pantera’ se ennovió con la novia que tenía mi hermano. Fue por eso que lo desaparecieron. No fue que mi hermano estuviera extorsionando ni mucho menos, porque él era una persona sana. No tenía vicios ni nada de eso”, aclaró la mujer.

La Fiscalía señaló que ‘Pantera’ tiene seis investigaciones en la justicia ordinaria. Una de ellas por el doble homicidio de Wilmer Hernán Clavijo y Luz Marina Muñoz Figueroa, ocurrido el 21 de septiembre de 2003 en Honda, Tolima. Al respecto, magistrada Uldi Teresa Jiménez López, quien preside la audiencia, expresó su inquietud porque las investigaciones contra alias ‘Pantera’ apenas estuvieran en etapa previa.

El fiscal respondió que todos estos casos que pasan del proceso de Justicia y Paz a la justicia ordinaria han tenido la misma suerte de cuando estaban delinquiendo los paramilitares: la mayoría se quedaron estancados en las fiscalías locales de los municipios donde ocurrieron los hechos.

La Unidad de Justicia y Paz priorizó el proceso contra Isaza y sus subalternos con el fin de agilizar los trámites judiciales para proferir, antes de que acabe el año, una sentencia que también se aplique a más de 60 desmovilizados de este grupo armado ilegal. (Ver: Así será la priorización de Justicia y Paz)

Aprendizaje macabro
¿De dónde le vino la idea a las Acmm de desaparecer a sus víctimas? “Fue Henry Pérez el que le dijo a los muchachos que no podían dejar a nadie tirado en las carreteras ni en los pueblos, tenían que botarlos al río y así, si no dejábamos a nadie, no íbamos a tener que pagar nada”, dijo ante las víctimas Ramón Isaza, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), recordando las primeras desapariciones forzadas de la región.

A finales de la década de los setenta, Pérez e Isaza conformaron grupos de autodefensa para responder supuestamente a los abusos de la guerrilla. Isaza se movía en el margen occidental del río Magdalena, en Antioquia; Pérez, junto a su padre, Gonzalo, tenían su centro de operaciones al otro lado del Río, en Puerto Boyacá.

Según explicó Isaza, cuando creó en 1977 un grupo conocido como ‘Los Escopeteros’, sus hombres no ocultaban los cuerpos de sus víctimas, sino que los dejaban en los caminos y en los pueblos. En 1984 este grupo paramilitar se unió a las Autodefensas de Puerto Boyacá, según Isaza, porque no tenía recursos para mantener a sus hombres. (Ver: La máquina de guerra de Ramón Isaza)

Pérez, para ese entonces jefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá, se comprometió a pagar una mensualidad de 17 mil pesos a cada integrante después de la fusión de los grupos. Una vez bajo su mando, comenzó a entrenar militarmente a los hombres de Isaza y les enseñó a descuartizar los cuerpos de las víctimas y cómo arrojarlos al río Magdalena.

Isaza explicó que en 1984 los hombres de Pérez asesinaron a decenas de personas tanto en Puerto Boyacá como en Puerto Triunfo por el simple hecho de ser forasteros: “Cuando yo le entregué el mando a Henry Pérez, había dos o tres carros siempre en la autopista y a todo el que encontraban por ahí y no conocían lo mataban y lo desparecían”.

Para la Fiscalía también hubo otras motivaciones y presentó el caso de una masacre perpetrada bajo el mando de Pérez en Samaná, Caldas, que aterrorizó a la población. El 17 de noviembre de 1990 un comando paramilitar llegó a la finca Piedra Candela, del corregimiento San Diego, asesinó a una menor de 16 años que tenía tres meses de embarazo y se llevaron por la fuerza a Manuel Betancur, dueño de la finca, y a sus hijos Juan, José y Manuel y a Carlos García, trabajador del Incora y presidente, en La Dorada, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesino (Anuc).

Dos días después, los paramilitares asesinaron a los cinco hombres y a cuatro de ellos los enterraron en una fosa común y al otro lo arrojaron al río, sin que hasta la fecha se hayan recuperado sus restos. Por Esto hechos, más de diez personas de la familia Betancur salieron desplazados de la zona.

Aunque los ex paramilitares de las Acmm postulados a Justicia y Paz explicaron que asesinaron a esas personas porque tenían información de que estaban ayudando a los guerrilleros, la Fiscalía planteó otra explicación: detrás de ese homicidio colectivo habría una pelea por la tierra. Según información de prensa de la época, esta finca fue adjudicada a los campesinos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y la disputa por los predios comenzó cuando encontraron una mina de oro en la propiedad.

Otra serie de asesinatos reconocidos y que también habría dejado decenas de desaparecidos fue la guerra de las Autodefensas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio contra el cartel de Medellín. A principios de 1990, Pablo Escobar les propuso a Pérez y a Isaza una alianza para enfrentarse el Estado, pero ambos se negaron. Eso los convirtió en enemigos del narcotraficante, con quien sostuvieron una cruenta confrontación en los meses siguientes. (Ver: La otra guerra de Pablo Escobar)

Los postulados reconocieron que durante esa época asesinaron a decenas de personas de quienes sospechaban eran cercanas al jefe del cartel de Medellín. “En la guerra contra Escobar la táctica era no dormir, él nos enviaba cada rato gente de Medellín y les daba plata para que consiguieran información de lo que pasaba en el Magdalena Medio”, aseguró Isaza ante fiscales de la unidad de Justicia y Paz en 2012, testimonio que fue presentado en esta nueva audiencia.

Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘McGuiver’, admitió que en La Dorada, Caldas, asesinaron a varias personas de quienes se decía eran sicarios al servicio de Escobar, sin que tuvieran certeza sobre esos vínculos.

En junio de 1991 hombres de Escobar asesinaron a Pérez y al mando del grupo quedó Luis Eduardo Meneses Báez, alias ‘Ariel Otero’, quien ese mismo año pactó una desmovilización con el gobierno, pero también fue asesinado.

Víctimas de todo tipo
Isaza no se desmovilizó en esa ocasión; por el contrario, decidió independizar su grupo de las Autodefensas de Puerto Boyacá y formó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, grupo que se fortaleció y empezó a extenderse hacia algunos municipios de Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Tolima. En 2000, Isaza creó cinco frentes paramilitares y les asignó un jefe, quien, según han dicho los desmovilizados, tomaba sus propias decisiones.

Pese a esa aparente independencia, para la Fiscalía es claro que la mayoría de las desapariciones forzadas tienen en común las políticas del grupo paramilitar impartidas por su jefe principal, Ramón Isaza. La primera era desaparecer a las personas que supuestamente ayudaban a la guerrilla, pero también a miembros de la Fuerza Pública que los combatían, trabajadores del narcotraficante Pablo Escobar y a todos aquellos que ellos consideraran enemigo.

Entre 2001 y 2002, época en la que más crecieron estos frentes paramilitares, se presentó el mayor número de desapariciones forzadas. Gran parte de las víctimas fueron recicladores, consumidores de drogas y trabajadoras sexuales de aquellos pueblos donde tenían hegemonía armada.

La Fiscalía ha documentado casos de trabajadoras sexuales que fueron asesinadas y desaparecidas porque, según la versión de los desmovilizados de las Acmm, “estaban distrayendo” a los paramilitares o porque sus lugares de trabajo eran frecuentados por guerrilleros. También se conocen casos de personas con algún tipo de discapacidad mental a quienes mataron por deambular en las calles.

Pero no siempre las órdenes provenían de ‘El Viejo’ o de los ex jefes paramilitares de las distintas zonas en las que operaron. Así sucedió con Agustín Correa, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Despensa, en Guaduas, asesinado y desaparecido el 22 de junio de 2002. Según John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘el Pájaro’, quien fue jefe en esa región, la orden se la dio un empleado de una empresa petrolera de la zona, quien les pagaba una mensualidad para que asesinaran a quienes él señalara como supuestos colaboradores de la guerrilla.

Otro caso aún no aclarado es el de Juan Diego Ruiz Valencia, el excontralor y exauditor de Sonsón, Antioquia, quien tenía intensiones de presentar su candidatura para la Alcaldía de ese municipio del Oriente antioqueño para las elecciones de octubre de 1994 por una corriente del Partido Conservador conocida como Partido Renovador Colombiano. No obstante, disputas políticas internas acabaron en una denuncia penal que lo llevó a tener casa por cárcel.

Estando bajo arresto domiciliario denunció ante la Fiscalía los atropellos a los que estaba siendo sometido por el entonces senador Fabio Valencia Cossio, quien lideraba un movimiento conocido como Coraje, una tendencia del Partido Conservador, así como por el fiscal que llevaba su caso, el comandante de Policía del municipio, capitán Héctor Fabio Pérez Cárdenas, y por familiares de William Ospina Naranjo, otro de los candidatos a la Alcaldía.

En medio de esas circunstancias, Ruiz Valencia fue sacado de su residencia la noche del 12 de junio 1994 por varios hombres armados que se presentaron como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y desde esa época se desconoce su paradero.

Exparamilitares de las Acmm que hacían presencia en esa región antioqueña para esa época aceptaron su responsabilidad en este hecho y ante la pregunta de la magistrada de si esa desaparición tenía motivaciones políticas, tanto Isaza como Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’ y Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘McGuiver’, insistieron en que detrás del asesinato no hubo tales móviles y señalaron a un cabo del Ejército, quien les dijo que Ruiz tenía vínculos con la guerrilla.

Por este hecho, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 2012, tras considerar que las autoridades no le prestaron la suficiente protección a Valencia Ruiz, tras las amenazas denunciadas por él ante las autoridades, y la condenó a pagar una indemnización a la familia de la víctima.

Si bien los ex paramilitares de las Acmm reiteraron que muchas de sus víctimas fueron señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla, la magistrada Jiménez López aclaró que en este proceso de justicia transicional se escucha la versión de los postulados, pero no se puede poner en tela de juicio la condición de las víctimas, “más allá de que alguien haya sido o no haya sido, son hechos que nunca debieron ocurrir”, aseguró.

La audiencia a la que comparecen Ramón Isaza y sus hombres terminará el 28 de marzo y se espera que además del delito de desaparición forzada, se presenten los casos de reclutamiento de menores, violencia basada en género, desplazamiento y homicidios.

(*) Nombres cambiados por razones de seguridad

Fredy Rendón: a responder por 1.041 crímenes

Con la imputación hecha recientemente por la Fiscalía de Justicia y Paz contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, se espera que en un plazo no mayor a un año se pueda conocer sentencia contra este exjefe paramilitar.

‘El Alemán’, durante la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, en 2006. Foto: archivo Semana.Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien fuera máximo comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), deberá responder ante la justicia por 1.041 crímenes que le fueron imputados recientemente por la Fiscalía 48 de Justicia y Paz, encargada de documentar todo lo relacionado con esta estructura paramilitar que ejerció un férreo control sobre el norte del Urabá antioqueño y chocoano.

Se trata de la segunda imputación, que también cobijó a otros 29 postulados de este Bloque, que se realiza en Antioquia bajo el esquema de priorización, adoptado por la Fiscalía General de la Nación desde junio del presente año y con el cual se buscaba agilizar los procesos de Justicia y Paz.

Como se recordará, la Fiscalía eligió 16 máximos responsables de los bloques paramilitares y frentes guerrilleros que actualmente cursan trámite ante la justicia transicional para concentrar en ellos toda la investigación penal de los crímenes guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado.

Así, los equipos de fiscales creados para sacar adelante la priorización se concentraron no solo en la documentación de los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia basada en género, sino que además debían construir los llamados patrones de macro-criminalidad, a fin de reconstruir las estrategias del grupo armado, entender sus dinámicas locales, conocer sus aspectos logísticos, modus operandi, entre otros.

En el caso de ‘El Alemán’, la Fiscalía 48 de Justicia y Paz logró documentar y construir los patrones de macro-criminalidad en 915 casos de desplazamiento forzado, 55 desapariciones forzadas, 12 reclutamientos forzados de menores de edad y 14 casos de violencia basada en género.

Los desplazamientos del Cacarica
En lo que a desplazamiento forzado hace referencia, la Fiscalía 48 le imputó a ‘El Alemán’ el delito de “deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil”, por los casos conocidos como las tomas a los municipios de Riosucio  y Bojayá, en el Urabá Chocano; Dabeiba, en el occidente de Antioquia, así como por la denominada ‘Operación Génesis’.

Por todos estos hechos la Fiscalía logró documentar un total de 915 víctimas directas, cifra relativamente baja si se tiene en cuenta que solo en la ‘Operación Génesis’ reportes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que el ingreso de los paramilitares, en connivencia con tropas de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, generó un éxodo masivo en la región superior a las 4.000 personas.

No obstante, la Fiscalía señaló que, además de catalogarlo como crimen de guerra y delito de lesa humanidad, la práctica de expulsar violentamente a los campesinos de los territorios donde ingresaban obedecía a la política de las Auc de ejercer un férreo control social, territorial y de recursos con el fin de quitarle espacios a la guerrilla. Asimismo, para el Ente Investigar existen serias evidencias que varios desplazamientos cometidos por el Bloque Elmer Cárdenas obedecían a intereses relacionados con proyectos agroindustriales, como en el caso de la palma africana.

“En el desarrollo de estas políticas se evidenciaron cuatro grandes prácticas: la de generar temor e inseguridad en la población, las amenazas directas, los homicidios y los desplazamientos generados por combates entre grupos armados al margen de la Ley”, explicó el titular de este despacho, quien añadió que en casos como la Operación Génesis, “contaron con la colaboración de algunas autoridades legalmente constituidas”.

Al respecto, el mismo Rendón Herrera declaró en versión libre ante fiscales de Justicia y Paz, en enero de 2010, que el entonces jefe de inteligencia de la Brigada 17, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo le planteó al ya fallecido jefe paramilitar Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’ y a él personalmente en reunión privada, la necesidad de contar con algunos paramilitares para que sirvieran de guías en una gran operativo militar que se desarrollaría contra facciones de las Farc asentadas en los caños Cacarica, Salaquí y Truandó, Bajo Atrato chocoano.  

Al ser notificado de esto, el propio Carlos Castaño ordenó proveerlos. Un experimentado Julio Cesar Arce Graciano, alias ‘ZC’, se encargó de reclutarlos y con ellos se presentó a la Brigada 17, quienes luego fueron  incluidos en los equipos de militares que fueron transportados por aire y que viajaron hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997.

Así inició la denominada Operación Génesis, que acabaría cuatro días después, luego de intensos bombardeos contra supuestas posiciones de la guerrilla de las Farc, pero que terminó afectando a la población afrodescendiente que habitaba esas zonas. Las afectaciones también correrían por cuenta de los paramilitares que, de manera paralela, se internaron por dos meses más hasta los caseríos de Cacarica, Bijao, La Balsa, Bocas de Limón, La Honda y Salaquí, en el municipio de Riosucio, Urabá chocoano, dejando una estela de dolor y muerte a su paso.

El polémico operativo fue autorizado por el entonces comandante de la Brigada 17, general Rito Alejo Del Río, quien fue condenado el 24 de agosto de 2012 a la pena de 25 años de prisión por el asesinato del labriego Marino López, a quien los paramilitares dieron muerte en pleno desarrollo de este operativo militar conjunto.

Mujeres: botín de guerra
En esta misma audiencia también se conocieron los primeros 14 casos de violencia basada en género que le son imputados a ‘El Alemán’. Según lo ha podido establecer la Fiscalía de Justicia y Paz, si bien no era política explícita de las Auc ejercer violencia sexual contra las mujeres en los territorios donde hacían presencia, también es cierto que muchas zonas del país los paramilitares, valiéndose de su posición de poder, cometieron toda clase de vejámenes y ultrajes contra la población femenina, llegando incluso a utilizar este tipo de violencia como arma de guerra contra el enemigo.

El norte del Urabá antioqueño y chocoano, zonas de dominio del Elmer Cárdenas, no fue la excepción. De acuerdo con la Fiscalía 48, “entre las motivaciones para cometer este ilícito se encontraron, entre otras, la presunta vinculación con el bando contrario y en un porcentaje aún mayor, el abuso por cuenta del estatus de poder que ostentaban los miembros de la organización en sus zonas de injerencia”.

Los hallazgos del Ente Investigador dan cuenta de dos grandes prácticas por parte de los miembros del Elmer Cárdenas con relación a la violencia basada en género: el acceso carnal violento asociado con servidumbre y esclavitud y el acoso sexual a mujeres de diferentes edades. “Como modus operandi para llevar a cabo estos delitos hubo uso de la fuerza, sometimiento mediante engaños. Asimismo, dentro de las afectaciones sufridas por las víctimas se presentaron desplazamientos forzados, homicidios, embarazos, abortos, enfermedades de transmisión sexual y lesiones personales aparejadas con esta situación”, señaló el titular del despacho 48.

Entre las historias documentadas figura la de M*, quien fue víctima de secuestro, acceso carnal violento y homicidio en hechos ocurridos en el municipio de Riosucio, Chocó, el 5 de mayo de 1999. O el caso de K*, natural también de Riosucio, quien además de haber sido violentada sexualmente siendo menor de edad, fue reclutada forzadamente para integrar las filas del Elmer Cárdenas, en junio de 2003.

El reclutamiento
Si bien el 16 de diciembre de 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a ‘El Alemán’ por el reclutamiento forzado de 309 menores de edad, la Fiscalía 48 le imputó 12 nuevos casos de este delito, cometidos en su gran mayoría en los municipios chocoanos de Ungía, Riosucio, Acandí, Turbo, Mutatá y Vigía del Fuerte.

Tanto estos como sobre los aquellos por los que fue condenado, este despacho encontró patrones similares como lo son, de un lado, los reclutamientos individuales realizados por miembros de las Auc entrenados para tal labor, quienes recurrieron a la seducción mediante engaño, la invitación directa y en no pocos casos la fuerza y la intimidación. De otro lado, están los reclutamientos colectivos, para los cuales se realizaban convocatorias abiertas a la comunidad en donde se invitaba a los jóvenes a vincularse con las autodefensas.

Una vez incorporados, los menores de edad eran llevados a escuelas de entrenamiento, la mayoría de ellas ubicadas en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, en donde recibían adiestramiento militar y entrenamiento físico. En los testimonios recopilados por la Fiscalía se advierte que los jóvenes que no acataban el reglamento de las escuelas eran sometidos a maltratos físicos, verbales y psicológicos.