Participación de la sociedad, nuevo escenario en las conversaciones con el Eln

Desde hace más de un año organizaciones nacionales, regionales y locales, reunidas en la Mesa Social para la Paz, construyen una propuesta para presentar en la mesa pública que hoy se instaló en Quito, se evalúe su participación en las negociaciones y se tengan en cuenta sus demandas.

dialogo nacional 1Aunque no se ha definido el mecanismo bajo el cual la sociedad va a participar de los diálogos hay un gran avance al interior de las organizaciones sociales para que sea a través de Cabildos Abiertos. Foto: cortesía Colectivo Mecha Libertaria.El pasado fin de semana, la Mesa Social para la Paz, convocó a la realización de “100 encuentros por la participación y la paz”, evento que se realizó en las principales ciudades del país y en las regiones más afectadas por el conflicto armado, entre ellas, el Catatumbo, Norte de Santander; Saravena, Arauca; Puerto Asís, Putumayo; y Popayán, Cauca.

El propósito de estos encuentros fue discutir alternativas de participación en la mesa de negociaciones en su fase pública que se instaló este martes en Quito, Ecuador, con el fin de que los problemas regionales lleguen a ese escenario y generar los insumos para trabajar, en conjunto con procesos organizativos a nivel nacional, en el punto uno de la agenda que comenzará a discutir el gobierno nacional con el grupo guerrillero y que se titula Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz. (Ver: Negociación con el Eln, en su fase pública)

En diálogo con VerdadAbierta.com, Sebastián Quiroga, miembro del comité de impulso de la Mesa Social para la Paz, aseguró que el resultado de los encuentros fue satisfactorio y sobrepasaron la meta, pues se realizando alrededor de 150 a nivel nacional.

“En Cali, Popayán, Bogotá, Pamplona y Bucaramanga, se realizaron dos o más espacios. Hay que destacar la participación del departamento de San Andrés, donde la comunidad raizal se reunió a hablar de sus problemáticas particulares, al igual que ocurrió con las demás regiones afectadas directamente por el conflicto social, político y armado”, señaló el activista.

En Puerto Asís, Putumayo, asistieron alrededor de 70 voceros de distintas organizaciones del departamento. Marco Rivadeneira fue uno de ellos, quien expuso que una de las mayores preocupaciones que rondan a las comunidades es el tema minero-energético, que no se tocó en La Habana en los acuerdos con las Farc, pero que a su juicio la sociedad lo debe tocar.

“Acá la retirada de los grupos armados de las regiones ha generado nuevas concesiones con multinacionales, que han generado un daño medioambiental y el desplazamiento de cientos de campesinos, y ¿quién dice algo?, nadie”, afirmó el labriego.

La economía campesina fue otro de los temas que se tocó durante el encuentro en Puerto Asís. Los asistentes aseguraron que hay un desconocimiento en lo acordado en La Habana porque no se volvió a hacer una socialización del nuevo acuerdo y que, a pesar de conocer que hay una política de sustitución de cultivos de uso ilícito, hay varias comunidades, de distintas veredas, que no están de acuerdo con la sustitución y que deben ser escuchadas.

Por otro lado, en Popayán, Cauca, uno de los temas al que mayor tiempo le dedicaron fue la violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. “Lo que hemos venido denunciando es que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta social, se tienen que poder hacer las actividades sin que nos maten o asesinen, como ha venido ocurriendo”, aseguró Walter Quiñones, uno de los asistentes al encuentro regional.

De allí que una de las propuestas más consolidadas sea la de buscar un trato especial para las movilizaciones sociales, que no criminalice la protesta social y que haya respeto de las garantías judiciales para los líderes sociales que adelantan procesos judiciales, aspectos que, según la comunidad, van en contravía al nuevo Código de Policía.

“El gobierno nos ha incumplido, no es firmar los procesos en La Habana o Ecuador. Es que se nos cumpla a quienes hemos venidos trabajando por la paz desde hace años. El gobierno tiene que escuchar es al pueblo colombiano, la violencia viene de parte de ellos contra nosotros y cada día es más sistemática”, puntualizó el líder campesino.

En los temas discutidos en las ciudades principales hubo consenso entre los asistentes en que lo acordado en La Habana con la guerrilla de las Farc no se tuvo en cuenta la manera en la cual la guerra afectó a las ciudades principales.

“En La Habana no se contempló la afectación que tuvieron y siguen teniendo los barrios periféricos en las ciudades principales a causa del conflicto. El acceso a la vivienda y los servicios públicos, la situación de delincuencia y pandillismo también son causa de la guerra y a ello hay que buscarle solución”, aseveró Quiroga.  

El gran reto que afronta el primer punto de la agenda es encontrar el mejor mecanismo para que la sociedad participe en la mesa pública instalada en Quito; asimismo, se espera que se sortee con éxito la inestabilidad que ha tenido el inicio formal del proceso, previsto para octubre del año pasado.

Cabildos abiertos, ¿el mejor mecanismo de participación?

dialogo nacional 2Durante el fin de semana al rededor de 150 encuentros locales de paz, convocados por la Mesa Social para la Paz, se desarollaron a nivel nacional para recoger insumos para el punto uno de la agenda. Foto: archivo Semana.En las discusiones adelantadas por aquellas organizaciones que integran la Mesa Social para la Paz, vienen tomando fuerza dos posibles alternativas de participación: la primera de ellas es generar un conjunto de diálogos territoriales en diferentes dimensiones (municipal, departamental y nacionales), como los del fin de semana pasado, donde salgan temas propios de cada territorio; y la segunda es que se fijen unos temas de carácter nacional, como el  minero-energético, el enfoque de género  y los crímenes de Estado, entre otros, para que sean discutidos en los espacios territoriales y de allí sacar un documento para proponerlo a la mesa pública en Quito.

Pese a que la discusión continúa abierta, viene tomando forma la primera propuesta de desarrollar desde cada territorio un documento, con las particularidades propias de las comunidades, que sirva como insumo para la construcción de un texto nacional que agrupe cada una de las reivindicaciones territoriales.

Juan Hougthon, vocero del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, que integra la Mesa Social para la Paz, aseguró a este portal que la forma como la sociedad participe debe ser el resultado de un acuerdo entre todos los sectores sociales: “tiene que llegar todo el mundo, los sectores rurales, el empresariado, los miliares y también deberían ser partícipes las dos partes de la mesa. No nos parece que lo adecuado es que aparezcan miles de mecanismos sin que sean concertados”.

En lo que si hay un acuerdo, de todos los sectores que han estado en las discusiones, es que la participación de la sociedad tiene que ir más allá de la queja nacional, lo que han denominado una “participación trasformadora”, donde esperan que el resultado de los consensos a los que se llegue pasen a ser mandatos, es decir, que se incluyan dentro de lo acordado para que pasen a ser sujeto del aparato legislativo.

Ahora bien, en cuanto al mecanismo de participación, la Mesa Social para la Paz ha trabajado en la idea que sea a través de cabildos abiertos, contenidos en la Constitución Política. A juicio de los voceros, esta figura recoge soberanía popular y es la mejor manera de integrar a todos los sectores sociales en pro de llegar a un solo consenso.

La propuesta es ambiciosa; en el plan que se han trazado las organizaciones sociales se espera que participen los 1.122 municipios del país. Uno de los primeros retos que tendría, de ser aplicada esta figura, es modificar sus alcances, pues según lo contenido en la Carta Política las normas de orden público no se pueden discutir y este ha sido uno de los temas que en las regiones se le ha dado mayor relevancia.

“En primera medida se busca generar pactos de convivencia local para reducir la violencia social y disminuir las brechas económicas, en el orden regional se pretende, que fruto de lo discutido en los cabildos, se puedan ajustar los planes de desarrollo municipales de cara a las necesidades más sentidas por las comunidades. Y, finalmente, a nivel nacional debemos generar insumos, propuestas y descensos frente a lo discutido en los demás puntos del acuerdo”, agregó Hougthon.

Las organizaciones sociales aseguran que no se han casado con ningún plazo para la realización de los cabildos, pero coinciden en que tiene que ser un tiempo que se adecúe el tiempo político del país y de las comunidades. “En mi opinión, no se debería prolongar más de seis meses una vez arranque el proceso. Es decir, si a los seis meses logramos los pactos de convivencia locales, podemos ir avanzando entonces hacia la realización de todos los cabildos o la instancia territorial que se proponga”, indicó el vocero del Congreso de los Pueblos.

No hay que olvidar que esta figura constitucional, contenida en la Ley 134 de 1994 y recientemente modificada y complementada en Ley 1757 de 2015, se ha intentado aplicar en el país sin fruto alguno, como ocurrió entrada la década del noventa cuando diversos sectores campesinos, sindicales y estudiantiles convocaron a los cabildos populares para emitir un pliego de peticiones al gobierno nacional para mejorar las condiciones sociales y políticas en los territorios.

Sin embargo, tras la realización de los cabildos en varias ciudades como Barrancabermeja, Santander; y Palitas, Cesar, el diálogo con el gobierno nacional se frustró por la inestabilidad política que vivía el país y la estigmatización que cayó sobre las organizaciones convocantes.

Recientemente, tras el triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, varias figuras políticas y académicas aseguraron que  los cabildos eran el mejor mecanismo para llegar a un consenso entre los del Sí y los del No. Quizá sea esta una nueva oportunidad de acudir a este mecanismo para que de forma incluyente participen la mayoría de sectores sociales.

Queda esperar a que inicien los ciclos de conversaciones en Quito para que las partes fijen la manera en que la sociedad va a participar y se empiecen a conocer las primeras demandas discutidas en los encuentros regionales de paz. La esperanza es que todas esas voces sean tenidas en cuenta en las negociaciones y se incorporen a un acuerdo con la segunda guerrilla más antigua del país.

Negociación con el Eln, en su fase pública

Tras superar los tropiezos para el inicio de las conversaciones, se inició en Quitó, Ecuador, un nuevo proceso con el que se pretende llegar a un acuerdo final para dar por terminado el conflicto armado con la segunda guerrilla más grande del país. El camino no será fácil y se negociará en medio del conflicto.

inicio mesa eln 1Durante el acto de instalación, el jefe negociador del gobierno Luis Camilo Restrepo, expresó que el proceso debe guiar a ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia y propiciar el tránsito del Eln a la política legal. Foto: Presidencia.Pese a los constantes traspiés en el último año, todo está servido para que la fase pública de las negociaciones con el Eln arranque con pie derecho. Ambas partes cumplieron con lo pactado el pasado 18 de febrero: el exrepresentante a la Cámara Odín Sánchez fue dejado en libertad, los dos gestores de paz, Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, fueron excarcelados del complejo penitenciario de Bellavista en Medellín y se indultó a Nixon Cobos y Leivis Valero, dos reclusos integrantes del grupo subversivo. (Leer más: La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca)

Reunidos en la hacienda Cashapamba, a las afueras de Quito, las dos delegaciones coincidieron en sus discursos en un objetivo común: avanzar a superar las brechas sociales y políticas que han mantenido al país en 52 años de guerra.

“Nos convoca para estas conversaciones la grandeza para poner la paz por encima de nuestras diferencias y para entender que son precisamente esas diferencias las que nos enriquecen como nación. Unas conversaciones que materialicen el mandato constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, pronunció el jefe negociador del gobierno Juan Camilo Restrepo.

Por su parte, ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación del Eln, aseguró que el resultado de las conversaciones depende de que las partes se muevan de las posiciones tradicionales en las que se han mantenido y muestren una voluntad política de cambio: “El país ha visto que en guerrilla estamos dispuestos a cambiar a fondo y para muestra están los acuerdos firmados con compañeros de Farc, proceso del cual estamos dispuestos a aprender. A la vez que lamentamos el adverso que existe para la implementación de estos acuerdos”.

Cabe resaltar que ambos discursos destacaron que esta negociación que se inicia es única e independiente de otros, por lo cual equipararla con el de las Farc sería caer en el error de no ver las particularidades de cada proceso. “Las discusiones serán autónomas y con esto pretendemos llegar a los acuerdos que respondan a la naturaleza de esta mesa. Reconocemos al Eln como una organización con su identidad e historia propias”, enfatizó Restrepo.

Ambas partes coincidieron en señalar que los aportes de las delegaciones tienen que generar cambios urgentes para abrir puertas que permitan alcanzar una paz estable y duradera. En los discursos hubo peticiones expresas de ambas partes: por un lado, para que la guerrilla rechace públicamente el lastre del secuestro; y por el otro, para que el Estado ceda privilegios y pueda existir una redistribución de la riqueza.  

El reto que comenzó a tejerse en Quito no es menor. En diálogos pasados, el Eln se caracterizó por ser muy dogmática y no tener una estructura de mando definida, lo que derivó en constantes discusiones internas que llevaron a prolongar las negociaciones mientras el conjunto de la representación de los frentes de guerra del grupo subversivo se ponía de acuerdo. No obstante, en el discurso pronunciado por ‘Pablo Blentrán’ se aseguró que el diálogo nacional es el mejor medio para llegar a entendimiento entre colombianos.

En esta oportunidad, la guerrilla parece estar cohesionada tras el ingreso de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito’, comandante del Frente ‘Domingo Laín’, al Comando Central (Coce) de la organización en el pasado V Congreso del grupo armado, realizado en enero del 2015. A ello se suma la participación del movimiento carcelario a través del punto uno de la agenda, quienes velarán porque los presos del grupo armado tengan una participación directa en la mesa de negociaciones. (Leer más: ‘Pablito’: el fiel de la balanza en el Eln )

Dinámica de la fase púbica

La agenda pactada entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln consta de seis puntos: Participación de la sociedad en la Construcción de la Paz; Democracia para la Paz; Transformaciones para la Paz; Víctimas; Fin del conflicto; e Implementación. (Consulte la agenda aquí)

Al respecto, el jefe negociador del equipo gubernamental sostuvo que “seremos fieles al acuerdo suscrito en marzo de 2016; las agendas temáticas escogidas, su filosofía, sus principios y procedimientos serán nuestra carta de navegación”. Y fue enfático al advertir que este escenario público de las negociaciones no es una fase exploratoria: “No venimos a esta mesa a explorar; ya la fase exploratoria quedó atrás. El objetivo de esta mesa –cito el texto- es ‘subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad’. Esa es nuestra misión”.

De acuerdo con el jefe de la delegación estatal, la mesa pública de negociaciones empezará abordando dos temas de manera simultánea: el primero es las dinámicas y acciones humanitarias, del que se espera “debe generar mejores condiciones para la discusión de otros temas de la agenda”.

Y el segundo tema es la participación de la sociedad en la construcción de la paz, uno de los asuntos en el que más ha insistido el grupo guerrillero y uno de los aspectos diferenciadores del proceso con las Farc. A juicio de varias organizaciones sociales, a los diálogos en La Habana, le faltó “pueblo” por cuanto los foros adelantados en conjunto por la ONU y la Universidad Nacional se quedaron cortos para los reclamos a nivel regional de las comunidades.

No obstante, Restrepo precisó que esa participación debe ser “ordenada” [y] para que sea provechosa debe acotarse en tiempos determinados, y para que sea relevante, debe enmarcarse en el espíritu participativo de la carta del 91”. En su análisis consideró que se deben cumplir tres propósitos: “útil, provechosa y relevante”.

inicio mesa eln 2"Se inicia una nueva etapa que seguramente será menos complicada que la anterior porque es la etapa en la que la bandera de la paz está flameando junto a la bandera de la esperanza" aseguró el representante del gobierno de Ecuador Juan Meriguet. Foto: Presidencia.

Si bien desde que se iniciaron los acercamientos el tema de la participación de la llamada sociedad civil ha estado en boca de los jefes guerrilleros y de las organizaciones sociales; no obstante, aún no se ha definido una metodología precisa para lograrlo.

En su discurso, Restrepo tejió las primeras puntadas, invocando, de nuevo, el acuerdo de marzo de 2016: “Las delegaciones definirán la metodología de trabajo y las formas en que estas iniciativas se considerarán, así como los mecanismos y formas de participación de la sociedad”. Esa será, según él, la primera tarea en Quito, pero de entrada precisó su alcance: “teniendo una metodología clara, confiamos en que las propuestas de la sociedad, sin tener un carácter vinculante, serán de vital importancia en esta mesa”.

Desde hace más de un año organizaciones nacionales, regionales y locales, reunidas en la Mesa Social para la Paz, vienen construyendo una propuesta para presentarla en Quito, donde se evalúe su participación en las negociaciones y se tengan en cuenta sus demandas. Para hacerla más integradora, se convocó a la realización de “100 encuentros por la participación y la paz” en las principales ciudades del país y en regiones donde el conflicto armado ha golpeado a la comunidades con intensidad. (Leer más en: Participación de la sociedad, nuevo escenario en las conversaciones con el Eln)

Ataques previos a instalación de la mesa

Llegar a esta fase pública de las conversaciones no fue fácil, se recorrió un camino lleno de obstáculos, muchos de los cuales afectaron a la población civil. Actualmente el grupo armado tiene presencia armada en 99 municipios con cinco frentes de guerra, compuestos por 38 frentes, comisiones y compañías. Según cifras de la Fiscalía, a diciembre de 2015 los hombres alzados en armas no superaban los 1.500, dato que si se compara con los 4.130 que llegaron a ser en 2002 revela una reducción notable de esta organización insurgente.

Sin embargo, las acciones militares realizadas el año pasado e inicios de éste por algunas células de esta guerrilla, demuestran que aún tiene capacidad bélica y de injerencia en los territorios, como ocurrió con el paro armado del mes de septiembre y los ataques contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca, uno de sus bastiones más importantes.

Miembros del ELN

El año pasado la guerrilla cerró uno de sus mayores periodos con injerencia militar en ciudades principales y cascos urbanos. Tras el paro armado, la última acción se presentó en la ciudad de Bogotá el 28 de diciembre cuando un artefacto explosivo fue activado al norte de la capital, dejando como resultado un policía muerto y otros siete heridos.

A inicios de año, la guerrilla asedió de manera reiterada el oleoducto Caño Limón – Coveñas en Teorama, Norte de Santander, y Arauquita, Arauca. Según reportó Ecopetrol, para el año 2016 se presentaron 43 atentados y se identificaron y retiraron 33 válvulas ilícitas en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cesar.

Por su parte, el Ejército ha asestado bajas importantes y capturas significativas a miembros del grupo armado. A finales de la semana pasada en la vereda Las Conchas, Anorí, tras un operativo militar murió alias ‘Pirulo’, quien, según expedientes de la Fiscalía, fungía como jefe de la comisión de finanzas del Frente Héroes y Mártires de Anorí; de igual manera, capturaron a otro integrante de esta unidad guerrillera.

En Tame, Arauca, tras un operativo adelantado por la fuerza de Tarea Conjunta Quirón fue capturado alias ‘La Muerte’, quien es sindicado de ser uno de los sicarios de la guerrilla que opera en el departamento, a quien hacen responsable del asesinato en 2016 de dos conductores contratistas del Ejército en la vía que conduce de Fortul y Tame.

Junto a ellos, han sido capturados más de 15 integrantes del grupo insurgente, a quienes les han imputado cargos de rebelión, concierto para delinquir, terrorismo, entre otros, varios de ellos civiles a quienes han identificado como integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla.

Asimismo, en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Arauca y Bolívar distintas organizaciones sociales reportan que la confrontación militar entre el Ejército y la guerrilla ha generado desplazamientos masivos, asesinatos y zozobra entre las comunidades. A ello se suma la disputa territorial entre bandas criminares y el grupo armado por los territorios que han dejado las Farc.

Al igual que ocurrió con el desarrollo del proceso de paz con las Farc, mientras no haya un desescalamiento del conflicto las bajas de ambos lados se van a seguir presentado. La propuesta del Eln es apuntar a un cese de hostilidades definitivo, como lo anunció ‘Pablo Beltrán’ en Quito: “un aporte que debe hacer esta mesa de negociaciones es ir concretando progresivamente un acuerdo humanitario que reduzca la intensidad del conflicto por la vía de aliviar todos los dolores de esta guerra en una progresión de acuerdos sucesivos proyectados a materializar un cese bilateral de fuego”.

inicio mesa eln 3Las acciones militare del la guerrilla se han concentrado en atentar contra la industria petrolera, los departamentos más afectados han sido Arauca y Norte de Santander. Foto: archivo Semana

Deudas pendientes con la justicia

En agosto de 2016 la Fiscalía imputó cargos contra los integrantes del Comando Central (Coce), máxima instancia de dirección del Eln, por los delitos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, utilización de métodos de guerra ilícitos y daño contra la infraestructura petrolera y energética.

Tras la imputación, el entonces vicefiscal Jorge Perdomo aseguró que la Fiscalía tenía todo el material probatorio de 15.741 casos de secuestros, reclutamiento ilícito, homicidio, desplazamiento forzado, violencia de género e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Según el ente investigador, desde 1986 hasta 2014 se cometieron más de 1.300 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas que dejaron pérdidas de 68 billones de pesos y decenas de desastres naturales tras el derrame de crudo, que superan los 73 billones de pesos. Hechos cometidos en su mayoría por el Frente Domingo Laín. (Leer más: La petro-guerra del Eln en Arauca)

Esta facción de la guerrilla, que opera principalmente en el departamento de Arauca y que se extiende por Boyacá y Casanare, es la estructura más activa militarmente, cuenta con alrededor de 400 hombres y concentra el 60 por ciento de la capacidad de guerra del grupo armado según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Documentos de la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía aseguran que la guerrilla cometió 126 casos de feminicidio en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare; según la investigación judicial, fue política del grupo armado asesinar a las mujeres comprometidas con integrantes de la Policía y el Ejército o a quienes prestaran cualquier tipo de colaboración a la Fuerza Pública.  

A ello se suman 87 casos de violencia basada en género ocurridos en los departamentos de Antioquia, Chocó y Risaralda en contra de menores de 14 años, quienes fueron objeto de abuso sexual, esterilización o aborto.

Frente al secuestro, el grupo armado deberá responder por 4.894 casos, entre los cuales se encuentran varias retenciones masivas como la ocurrida el 17 de septiembre del año 2000 en el kilómetro 18 de la vía que de Cali conduce a Buenaventura, donde fueron plagiadas 59 personas, y el secuestro de más de 30 ciudadanos extranjeros.

No será un camino fácil, sobre todo que se hará en medio de la guerra, con un gobierno confrontado por hechos de corrupción y con bajos niveles de popularidad. Pero a partir de la instalación de la mesa pública de negociaciones, se abre una nueva etapa que, como bien lo expresó Restrepo, “materialicen el mandato constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Cronología de la negociación

En firme diálogos de paz con el Eln

El próximo 7 de febrero se instalará formalmente la fase pública de conversaciones con la segunda guerrilla más grande del país. Así lo anunciaron los voceros de ambas delegaciones a través de un comunicado conjunto desde Quito, Ecuador.

pre mesa eln 1Ambas delegaciones de paz adelantaron reuniones por separado previos a reunirse para buscar un nuevo consenso que destrabara el proceso. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Tal parece que la frustración del pasado 27 de octubre, cuando el país y la comunidad internacional esperaban el inicio formal de los diálogos de paz,  no se va a volver a repetir. A ese fue el acuerdo al que llegaron el gobierno nacional y la insurgencia del Eln tras haber sostenido una serie de reuniones, por separado y conjuntas, con el fin de encontrar una ruta para descongelar el proceso de negociación.

“Vamos a iniciar un camino que debe conducirnos a redondear la paz de Colombia, a lo que el presidente Santos ha denominado la paz completa. Después de haber llegado a unos acuerdos con las Farc es nuestro mejor propósito el anhelo del pueblo colombiano que lleguemos a acuerdos con el Eln”, sostuvo el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, al referirse a la instalación de la mesa el próximo 7 de febrero.

Los escollos a superar no eran menores. Por un lado el gobierno nacional había colocado como inamovible la liberación del ex representante a la Cámara Odin Sánchez, quien ha permanecido secuestrado desde el 16 de abril de 2016 por el Frente de Guerra Occidental de esta guerrilla en las selvas del Chocó; por su parte, el grupo armado había pedido que fueran indultados dos de sus integrantes y el nombramiento de los gestores de paz, Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, ambos recluidos en la cárcel Bellavista de Medellín.

Negociaciones con el Eln, en un laberinto sin salida

De acuerdo a lo establecido en el comunicado conjunto, antes del 2 de febrero la guerrilla debe liberar al político chocoano y ese mismo día serán indultados los subversivos que solicitó la guerrilla, que según se ha podido establecer son dos mandos medios del Frente de Guerra Occidental, facción de la guerrilla que en un principio no aceptó soltar a Sánchez sin tener la libertad de sus militantes.

Para garantizar que se cumpla con lo acordado, las delegaciones integrarán comisiones humanitarias, en compañía de los países garantes y la Iglesia católica, y solicitarán al Comité Internacional de la Cruz Roja que participe en la liberación de Sánchez y los indultados una vez se cumpla con el protocolo pactado.

Durante la lectura del comunicado conjunto, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del Eln, aseguró que el acuerdo logrado permitirá el inicio de la agenda de seis puntos ya pactada, “cuyo propósito es superar el conflicto armado y crear condiciones para generar las trasformaciones que dignifiquen a la sociedad y a la nación colombiana”, dijo.

Intelectuales y líderes de opinión reclaman que inicie la negociación con el Eln

Pareciera que las partes hubieran escuchado el llamado que, desde diversos sectores de la sociedad civil, se les hizo para superar los obstáculos y avanzar con la apertura de la fase pública de la negociación, tal como lo solicitaron intelectuales y académicos a través de una carta pública fechada el pasado 9 de enero.

“Las partes deben ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz. Lo que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el futuro del país”, se lee en la misiva.

Espaldarazo nacional

pre mesa eln 2Quienes no ha desistido un solo momento del proceso ha sido la sociedad civil, con carta y manifestaciones se han mantenido firmes en exigir la instalación de la Mesa. Foto: Colectivo Mecha Libertaria.Pese a los tropiezos que se han presentado entre las partes y que han dilatado la instalación formal  de la mesa ya casi más de un año luego del primer anuncio, los movimientos sociales, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los activistas, académicos e intelectuales siguen manteniendo la esperanza que el diálogo conduzca a silenciar los fusiles  y con ello se empiece la construcción de una paz estable y duradera.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, aseguró que el inicio de los diálogos con el Eln es la mejor forma para seguir construyendo paz. “El Eln entró en razón y vamos a ponerle mucha fe para que este proceso de paz sea fructífero y rápido”, se lee en un comunicado publicado en la página de la entidad.

La Mesa Social para la Paz, una de las organizaciones que ha acompañado el proceso de paz, ha venido insistiendo que las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad civil está preparada, con temas y agendas, para asistir a Quito a nutrir el primer punto de la agenda de discusiones: participación de la sociedad en la construcción de paz.

Para lograr su propósito, este colectivo de organizaciones sociales anunció la realización el próximo 4 de febrero de cien encuentros “por la Participación y la Paz” en diversas regiones del país: “Nos proponemos sumar muchas más voces al Pacto para el Gran Diálogo Nacional para la Paz que suscribimos en Bogotá el pasado 3 de noviembre de 2016, y avanzar en la construcción de un consenso sobre los mecanismos de participación y agendas de construcción de paz”.

Este ha sido uno de los puntos a los que la guerrilla mayor le ha apostado desde hace décadas con el lema que de espaldas al pueblo no negociaría. Así lo dejó a entender una vez más ‘Pablo Beltrán’ durante la lectura del comunicado conjunto: “la participación es el corazón de la agenda de conversaciones y por ello esta agenda pertenece a los sectores populares y democráticos de Colombia. Esperamos que desde todas las regiones y sectores de la patria confluyan miles y miles de voces y esfuerzos para hacer cambiar Colombia” afirmó.  

Sociedad civil se prepara para participar en diálogos con el Eln

Por otro lado, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas señaló que el 7 de febrero es el inicio de una nueva oportunidad para que el Eln plante que su futuro no está en la lucha armada sino en la política. “espero que podamos ver que se cumplan con lo dicho en materia de libertad de los secuestrados, ese es un compromiso que no es con el gobierno ni con el Presidente, es un compromiso con la sociedad colombiana”, sentenció.  

Es esta quizá la ultima vez en que ambas partes se den la oportunidad de cumplir con lo acordado, los ánimos están desgastados y el país no aguantaría ver de nuevo las sillas vacías en el acto de instalación. De no darse el gesto de liberación de Odin Sánchez por parte del Eln, el gobierno no cumplirá con los indultos, como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos, lo cual cerraría  la oportunidad de avanzar a abrir la mesa a su fase pública.

La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca

El exrepresentante a la Cámara se convirtió en la moneda de cambio para darle inicio a los diálogos en su fase pública con la guerrilla del Eln. Con su libertad, se superará el último el escollo que mantuvo congelada la oportunidad de silenciar los fusiles con la segunda fuerza insurgente más grande del país. Sin embargo, hay un pasado oscuro que las comunidades de Chocó le reclaman al político y a su familia.

liberacion odin sanchez 1Fueron más de 10 meses los que el político chocoano duró secuestrado por la guerrilla del Eln, en su ultima aparición su estado de salud se notaba deteriorado, al igual que meses atrás había ocurrido con su hermano. Fotograma de youtube.Odín Sánchez Montes de Oca regresó a la libertad después de diez meses de cautiverio acompañado por una comisión humanitaria integrada por representantes de los seis países garantes del proceso de diálogo con el Eln, el gobierno nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el corregimiento de Noanamá, en Istmina, Chocó. Desde el pasado fin de semana se activaron los protocolos de su liberación, que incluyeron cesar al fuego en un radio de 50 kilómetros.

Según han informado voceros del Frente Che Guevara, del Frente de Guerra Noroccidental, estructura guerrillera responsables del secuestro, el estado de salud de Sánchez Montes de Oca es delicado, presenta cuadros de estrés, afectaciones de colón y úlcera. Una de las primeras tareas tras su liberación será someterse a chequeos médicos para establecer su condición física y mental.

Odín fue retenido por el Eln el 28 de abril de 2016 luego de negociar un ‘cambiazo’ por su hermano Patrocinio, quien para abril del año pasado llevaba más de dos años en poder de ese grupo guerrillero y estaba afectado por fuertes quebrantos de salud. Con su secuestro, según el Eln, se pretendía hacer “un juicio político” por hechos de corrupción cometidos bajo su liderazgo político.

Patrocinio fue alcalde de Quibdó en el periodo 2001-2003 y  gobernador del  departamento de Chocó entre 2008- 2010.

La liberación del excongresista responde al acuerdo logrado el pasado 18 de enero en Quito, Ecuador, donde el gobierno y la guerrilla fijaron una serie de actos unilaterales para descongelar el proceso de apertura de la fase pública de las negociaciones, entre ellos el indulto de los subversivos Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, ambos recluidos en la cárcel Bellavista de Medellín y quienes fueron dejados en libertad, para ser gestores de paz dentro del proceso, hace dos días.

En firme diálogos con el Eln

“Nos alegra profundamente  que salgan a encontrarse con la sociedad en los espacios de la gente, de las comunidades, de los sin voz, de los perseguidos y acallados por el sistema. En compañía de la iglesia y de todos los sectores que buscan como nosotros, la paz completa, la paz real y cotidiana para las mayorías del pueblo colombiano”, se lee en un comunicado de la delegación de paz de la guerrilla del Eln fechado el 30 de enero.

Según lo acordado, tras la liberación de Odín Sánchez Montes de Oca se indultarán dos mandos medios del grupo armado que pertenecían al Frente de Guerra Noroccidental, se trata de Nixon Arsenio Cobos Vargas y Leivis Enrique Valero Castillo, quienes presentan un delicado estado de salud y se encuentran confinados en penales de máxima seguridad.

La carga de Odín

liberacion odin sanchez 2 En reiteradas audiencias de versión libre el exjefe paramilitar acusó a Odín Sánchez de haber recibido dinero para financiar su campaña electoral y de haber apoyado al entonces Bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Foto: archivo SemanaAunque el lastre del secuestro ha sido reprochado por toda la sociedad colombiana, algunas comunidades en Chocó aseguran que el exrepresentante tiene una deuda social y política por el daño que generó durante su alianza con los grupos paramilitares que delinquieron en el departamento y las afectaciones que le causó al erario, llevándolo a la quiebra en temas de salud y educación.

“No hay necesidad de ser guerrillero o de siquiera compartir algún tipo de ideal con los ‘elenos’ para saber el daño tan grande que le hizo la familia Sánchez al departamento. No es de ahora, es de años atrás cuando robaron plata, hicieron acuerdos con los ‘paras’, no invirtieron en el desarrollo de las comunidades y se guardaron la plata”, aseguró un líder regional quien pidió la reserva de su nombre.

Es importante recordar que Odín Sánchez fue investigado y condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2011 por vínculos con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras haber apoyado el proyecto político paramilitar conocido como “Por una Urabá grande, unida y en paz”.

Le fallaron al Chocó

Adicionalmente, durante el proceso penal contra el excongresista, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, declaró en diversas ocasiones que destinó fuertes sumas de dinero para las campañas de varios políticos en el país, entre ellas la de Odín Sánchez.

“El Bloque Élmer Cárdenas apoyó campañas políticas en el departamento del Chocó, la de Odín Sánchez, la de Édgar Eulises Torres y la de un señor Córdoba”  afirmó ‘El Alemán’, quien aseveró que se reunió con Sánchez  para darle dinero porque este le había manifestado que estaba pasando por una mala situación económica.

'El Alemán' y la parapolítica en Chocó

Alias ‘El Alemán’ declaró que el Bloque Elmer Cárdenas apoyó con logística y dinero a los políticos a través de una serie de reuniones adelantadas con lo que se conocía  en la región como Promotores de Desarrollo Social (PDS), quienes eran las personas encargadas y capacitadas desde la administración gubernamental para trabajar con las comunidades.
 
“Odín y Torres llegaron a mí buscando el respaldo de la organización, por intermedio de líderes de la zona, entre ellos Catalino Segura Moreno, líder de las comunidades negras, militante del Bloque y primer promotor de Desarrollo Social”, precisó el exparamilitar.

Los testimonios se suman a la larga lista de  pruebas que utilizó la Corte Suprema de Justicia para condenar al exrepresentante a nueve años de cárcel por brindar “apoyo al proyecto político de las autodefensas que se denominó por una Urabá Grande Unida y en Paz, que se conoció en el Chocó como Proyecto Político del Darién Colombiano”, que se ejecutó en  los municipios de Unguía, Riosucio y Acandí.

A ello se suma, según la sentencia del 27 de julio de 2011, que el político hizo parte del ‘Pacto de Singapur’, firmado el 10 de julio de 2003 bajo el auspició alias ‘El Alemán’, y que se constituyó en una alianza con un fin concreto: apoyar la candidatura de Julio Ibargüen a la Gobernación (promovida por Édgar Ulises Torres) y la de John Jairo Mosquera Navarro a la Alcaldía (promovida por Odín y su hermano Patrocinio).

En el texto del acuerdo se lee claramente ese compromiso: “[Los firmantes] se comprometen a adelantar campañas conjuntas para la Gobernación del Departamento del Chocó, Alcaldía de Quibdó y demás Alcaldías donde sea posible, y a convocar a su militancia… a sufragar masivamente el próximo 26 de octubre, para la Gobernación del Chocó por el Profesor Julio Ibargüen Mosquera, y para la Alcaldía de Quibdó por el doctor John Jairo Mosquera Navarro”.

Otro de los compromisos incluidos en el ‘Pacto de Singapur’ fue apoyar de manera concertada a Patrocinio (quien para la fecha del documento fungía como Alcalde de Quibdó) a la candidatura suya a la Gobernación en las elecciones regionales de octubre de 2007, proyección que se cumplió sin problema alguno, logrando ganar las elecciones avalado por el Partido de la U.

“Lo que nos cuesta como comunidad de mujeres, afros y campesinos es que un señor que se alió con los mismos que nos desplazaron, asesinaron y torturaron ahora sea víctima. No estamos diciendo que es bueno el secuestro, porque a nadie le gusta que le hagan daño a las personas, pero sí que debería el señor Sánchez repararnos como víctimas que fuimos de los paramilitares”, comentó para VerdadAbiert.com un líder del bajo Atrato.

El reclamo de las comunidades no es menor. Según el Consejo Superior de la Judicatura, Odín Sánchez le debe al Estado 5.885 millones de pesos por su relación con los grupos paramilitares. Deuda que no se ha cancelado y que por orden del ente debe pasar a la Unidad de Víctimas para reparar a los miles de afectados por el conflicto armado, entre ellas las comunidades asentadas en la región del Pacífico chocoano.

El secuestro, una práctica reprochable

lieracion odin sanchez 3La Familia del político se convirtió en el centro de atención del departamento cuando sus hermanos también fueron investigados y condenados por la Corte Suprema de Justicia. Fotomontaje: archivo SemanaPatrocinio cumplía tres años de estar en poder del grupo armado, por quien exigían un pago económico por su libertad. El exgobernador y exalcalde fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la contratación en los servicios de salud durante su alcaldía. En marzo de 2010 se profirió una condena en su contra de 18 meses de prisión al encontrarlo responsable del delito de peculado culposo por contratos irregulares celebrados en el área de la salud por 481 millones de pesos cuando fungió como alcalde (2001-2003).

Señalan los habitantes del departamento que en repetidas ocasiones la guerrilla manifestó, a través de comunicados, que la familia Sánchez no era bienvenida en el departamento, que habían robado a costa de las intimidaciones y que habían arruinado el departamento. Por lo cual el dinero de la liberación de los políticos iba a destinarse para las comunidades más afectadas.

Por estos motivos, el jefe de la delegación del Eln en Quito, el guerrillero ‘Pablo Beltrán’, aseveró que “usted se imagina quién reclama a ese señor en el Chocó, nadie”, en entrevista para VerdadAbierta.com. Recientemente este subversivo aceptó que el grupo armado sí había recibido una suma de dinero por la libertad del exrepresentante y que sería bueno que se destinara a las poblaciones más aisladas del departamento. De igual manera aseguró que son muy pocos los civiles que quedan en poder del grupo armado.

“En el Chocó nadie reclama a Odín Sánchez”: 'Pablo Beltrán', jefe negociador del Eln

Para los líderes regionales resultó paradójico la afirmación de Sánchez a través de un video que envió el grupo armado como prueba de supervivencia y que fue difundido a través YouTube. En esa intervención, el político le hace varias críticas al gobierno nacional y a los mandatarios locales: “nadie se va a salir de donde se siente seguro a la inseguridad de la capital o de las cabeceras municipales, eso es condición de mucha gente por lo que pasó en épocas anteriores que no cree en el Estado. Es muy difícil, salvo que se les crea, que pueda haber una paz estable y duradera en estas condiciones”.

“Las personas que no conocen el territorio les queda muy fácil hablar, pero cuando vienen y conocen se dan cuenta cómo es que vivimos, no porque haya gobierno ni Estado sino porque nos tocó a nosotros mismos mirar cómo sobrevivir. Es para nosotros raro que el señor Sánchez diga eso cuando nunca se preocupó por nosotros los apartados. Acá no hemos tenido paz y no la vamos a tener hasta que nos reparen, él debe empezar a hacerlo”, sentenció un líder regional.

Pese a ello, el lastre del secuestro no se justifica de ninguna manera y así lo entienden también las comunidades afectadas por las prácticas corruptas del Clan Sánchez Montes de Oca en el departamento de Chocó, quienes celebran la libertad de Odín. Se espera que con este paso acordado con el gobierno nacional, se abra la puerta para que todos los secuestrados que aún tiene en cautiverio el Eln recuperen su libertad.

Con la liberación de Odín Sánchez y el indulto a los dos reclusos del Eln, se espera que comience por fin el proceso de diálogo público para buscar acuerdos que le pongan fin a 51 años de guerra con este grupo armado. La instalación de la mesa está prevista para el 7 de febrero en Quito, Ecuador. Será el punto de partida para alcanzar lo que muchos han denominado la paz completa.

Intelectuales y líderes de opinión reclaman que inicie la negociación con el Eln

Con el próximo jueves como la fecha en la que las delegaciones de paz del gobierno nacional y de la segunda guerrilla más grande del país se volverán a reunir, cien representantes de diversos sectores de la sociedad les pidieron en una carta que cedan "en su arrogancia" y prioricen "la urgencia nacional de la paz".
 
En octubre del año pasado iba a iniciar la fase pública de negociación, pero fue suspendida porque ambas partes alegaron incumplimiento de compromisos adquiridos. Foto: Oficina del Alto Comisionado de Paz.A continuación reproducimos el texto en su totalidad:
 
Las personas abajo firmantes, convencidas de que la paz es un derecho de la sociedad y un deber del Estado y del gobierno, así como de los grupos insurgentes, reclamamos la instalación formal de la mesa de negociación Gobierno-ELN.
 
Creemos que la agenda, adoptada por las dos partes y hecha pública el 30 de marzo de 2016 en Caracas, es un compromiso ético y político con el país que no acepta más dilaciones. No es saludable ni conveniente la negociación a través de los micrófonos, ni deseable la cadena de informaciones y contra-informaciones para explicar las demoras. Una fase exploratoria debe ser, por definición, discreta.
 
Desde los años ochenta del siglo pasado, el ELN ha insistido en la necesidad de la humanización de la guerra y en la aplicación estricta del Derecho Internacional Humanitario. Y sin embargo, continúa practicando el secuestro, lo cual es inaceptable. Por ello, exigimos la liberación inmediata de Odín Sánchez y el abandono definitivo de esta práctica.
 
Por otra parte, el gobierno nacional se comprometió a designar como gestores de paz a dos miembros del ELN detenidos, en lo que ya se ha avanzado; pero además, a indultar a otros dos insurgentes, lo que debido a limitaciones legales no se ha podido cumplir.  Como alternativa, proponemos designar a los cuatro como gestores de paz, mediante el levantamiento provisional de sus responsabilidades penales en aras de facilitar el diálogo.  
 
Las partes deben ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz. Lo que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el futuro del país.
 
Desde una sociedad expectante y convencida de que una paz completa requiere de todos los sectores sociales, demandamos que no cesen los esfuerzos de paz y que se instale cuanto antes la negociación formal entre el Gobierno y el ELN.
 
Firman:
 
Víctor de Currea-Lugo, profesor Universidad Nacional de Colombia
Eduardo Pizarro Leongómez, profesor universitario
Rodrigo Uprimny, profesor Universidad Nacional de Colombia
Olga Amparo Sánchez, coordinadora Casa de la Mujer
Brigitte LG Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt  
Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT
César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, USO
Padre Darío Echeverri, secretario de la Comisión de Conciliación Nacional
Iván Cepeda, senador y copresidente de la Comisión de Paz del Senado
Sigifredo López, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes
 
Ángela María Robledo, representante a la Cámara
Alirio Uribe, representante a la Cámara
Alfredo Molano, sociólogo
Sergio Fajardo, precandidato presidencial de Compromiso Ciudadano
Francisco de Roux, Sacerdote Jesuita
Socorro Ramírez, profesora universitaria
Hernando Corral G., periodista
Nórida Rodríguez, actriz
Camilo González Posso, presidente de Indepaz
Juan Bautista Jaramillo, docente-investigador, Observatorio de Movimientos Sociales
 
Patricia Lara, periodista
Sandra Jaramillo, directora de RedCaquetaPaz
Benjamín Cardona, Asamblea Provincial constituyente del oriente antioqueño
Amaury Padilla, director del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar
Ubencel Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Enrique Galán, director Casadepaz Casanare
Guillermo Vargas, director del Programa de Desarrollo y Paz de Montes de María
Javier Claro, Corporación Aguachica Modelo de Paz
Álvaro Obando, director de ADEL Nariño
Padre Juan Pablo Romero, director de Boyapaz
 
Javier Moncayo, director Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Centro
Padre Juan Carlos Rodríguez, director Programa de Desarrollo y Paz de Nororiente
Hugo Rincón, director de Tolipaz
Padre Juan Isaac Hernández, Corporación Desarrollo y Paz Bajo Magdalena
José Jairo González, Corporación de Desarrollo y Paz del Huila y el piedemonte amazónico
Alonso Ojeda Awad, vicepresidente Comité Permanente de Defensa los DDHH, CPDH
Jesús Abad Colorado, periodista y fotógrafo
Francisco Leal Buitrago, profesor universitario
Moisés Barón Cárdenas, presidente de la Federación sindical Funtramiexco Carlos A. Velásquez R, coronel (r) y profesor universitario
 
Marina Avendaño, LGTBI por la Paz
David Flórez, vocero de Marcha Patriótica
Fabio Ariel Cardozo, secretario de paz y reconciliación del Valle del Cauca. Antonio Madariaga, director de Viva la Ciudadanía
Daniel García-Peña Jaramillo, profesor Universidad Nacional de Colombia
Guillermo Pérez, defensor de Derechos Humanos
Alejo Vargas, profesor Universidad Nacional de Colombia
César Jerez, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC Marina Gallego, coordinadora nacional, Ruta Pacífica de las Mujeres
Álvaro Jiménez, director Campaña colombiana contra minas antipersonal
 
Jaime Zuluaga, profesor Universidad Externado de Colombia
Juan Manuel Ospina, profesor Universidad Externado y columnista de El Espectador
Oscar Vanegas Angarita, profesor de la Universidad Industrial de Santander
Jorge Bula Escobar, profesor universitario
Andrés Gil, vocero de Marcha Patriótica
Yolanda González, profesora Universidad Autónoma de Colombia Juan Tokatlián, profesor Universidad Di Tella, Buenos Aires.
Luis I. Sandoval M., presidente colegiado de Redepaz y columnista de El Espectador
Helberth Choachí González, profesor Universidad Pedagógica Nacional
Cristian Delgado, coordinador Comisión de Derechos Humanos, Marcha Patriótica
 
María del Rosario Aguilar, Profesora Universidad Nacional
Juan Diego Restrepo E., periodista
Iván Orozco, profesor Universidad de los Andes
Jorge Restrepo, director de Cerac
Alejandra Jaramillo, Profesora Universidad Nacional
Lisímaco Parra, Profesor Universidad Nacional
Carlos Medina Gallego, profesor Universidad Nacional de Colombia
María Cecilia O'Byrne, profesora Universidad de Los Andes
Camilo Álvarez, sociólogo
Paulo Orozco Díaz, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia
 
Mónica Moreno, socióloga
Margarita Garrido, profesora universitaria
Juan Gabriel Gómez, profesor Universidad Nacional de Colombia
María Teresa Garrido Otoya, jurista
Carlos Alberto Benavides, profesor Universidad Externado de Colombia
Enrique Chaux, profesor de la Universidad de los Andes
Alfonso Insuasty, Grupo de Investigación Kavilando
Neila Hernández Vásquez, directora ejecutiva Fundación Cultura Democrática
Luis Eduardo Celis, asesor Fundación Paz y Reconciliación
Magdalena León, profesora Universidad Nacional de Colombia
 
Irma Perilla Piñeros, Pensamiento y Acción Social
Luisamaría Navas Camacho, editora
Pablo Emilio Angarita, profesor Universidad de Antioquia
José Aristizabal, activista por la paz
Beatriz Montoya, Organización de Mujeres del Oriente, Amor
William Cristancho Duarte, coordinador de DDHH, Corporación Csomiancol
Lourdes Castro García, defensora de derechos humanos
Isabel Otero Blum, Psicóloga
Gloria Flórez, un Millón de Mujeres de Paz
Alejandro Toro, director Fundación para una Nueva Vida
 
Antonio Sanguino, vocero del Partido Verde
César Torres, investigador en Justicia Comunitaria
Carlos Velandia, Gestor de Paz y director Fundación ABC Paz
Norma Enriquez Riascos, defensora de derechos humanos
María Eugenia Vásquez Perdomo, activista por la paz
Jorge Rojas, exsecretario de Bogotá Humana
Gustavo Gallón, director Comisión Colombiana de Juristas
Martha Lucia Sánchez Segura, Directora Kolectiva feminista Pensamiento y Acción Política
Germán Navas Talero, representante a la Cámara
Carolina Rubio Sguerra, defensora de derechos humanos, departamento de Santander