Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó

En respuestas dadas a VerdadAbierta.com, Carlos Reyes, delegado de este grupo guerrillero en las conversaciones que se adelantan en Quito, Ecuador, dijo, además, que no es cierto que tengan acuerdos con mineros en el departamento de Cauca para atentar contra líderes sociales.

entrevista eln 1Foto: archivo particular.En los últimos meses la situación de orden público en Chocó, sobre todo en el sur de ese departamento, ha estado alterada por choques armados entre la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, generando graves afectaciones a la población civil. Para la organización subversiva, en esa confrontación ese grupo ilegal, calificado de paramilitar, está recibiendo apoyo del Ejército Nacional.

Así lo denunció Carlos Reyes, delegado del Eln en las conversaciones que adelantan con el gobierno nacional en Quito, Ecuador, en las respuestas dadas a este portal sobre un cuestionario enviado en días pasados para conocer los avances de este proceso, que continúa afectado por las diferencias que tienen las partes sobre el tema del secuestro de civiles y los atentados a la infraestructura petrolera, prácticas a la que el grupo guerrillero se niega a renunciar.

El delegado también expresó sus puntos de vista sobre el asesinato de líderes sociales, lo que se están disputando en Chocó con los ‘gaitanistas’ y las supuestas relaciones con mineros del departamento de Cauca que habría ocasionado la muerte de activistas en contra de esa actividad extractiva y de sus afectaciones ambientales.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es hoy la realidad del proceso de la mesa de Quito? ¿Hay avances notorios desde que se hizo pública la negociación el pasado 7 de febrero?

Carlos Reyes (CR): Hay avances. Manteniendo la mesa de conversaciones en su integralidad, se han establecido dos submesas: la de la participación de la sociedad en la construcción de la paz y la de las acciones dinámicas humanitarias. En esta última, se llegó a concretar un “Marco Referencial” basados en el Derecho Internacional Humanitario.

En el tema de participación, el gobierno decidió congelar lo que se había avanzado y condicionar cualquier acuerdo o ejecución que se resolviera el tema de las privaciones de libertad que esta agendado en el punto de las acciones dinámicas humanitarias.

También se había logrado unos preacuerdos que quedaron congelados a causa del condicionamiento unilateral del gobierno. Estos se referían básicamente a unas “Audiencias Preparatorias” con procesos y sectores sociales, las iglesias, gremios, plataformas, etc., para que sean estos grupos organizados los que nos ilustren y propongan cómo debe ser la participación de la sociedad, sin entrar aún en lo temático.

VA: ¿Qué tantos efectos pueden tener las capturas masivas de líderes sociales a quienes las autoridades vinculan con el Eln? ¿En algún momento pueden frenar el trabajo que hacen en Quito?

¿Qué hay detrás de la captura de defensores de derechos humanos del Sur de Bolívar?

CR: Estamos muy preocupados por el genocidio ascendente que se viene presentando mediante el asesinato creciente de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Igualmente, por los falsos positivos judiciales que se vienen dando contra ellos. Esto no es congruente con un clima de paz y de hecho niega las condiciones mínimas para la participación, dado el miedo y los temores que ello desata. Según el dato reciente de la Defensoría del Pueblo, desde enero del 2016, hasta marzo del 2017, han sido asesinados 156 líderes y defensores de derechos humanos.

Es impensable que esto se esté dando en momentos en que se ha firmado un acuerdo con las Farc, en que se desarrolla un proceso con el Eln y en que se le ha dado el premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. Ya conocimos situaciones pasadas, cuando fueron exterminados más de 5 mil miembros de la UP (Unión Patriótica) y de otras organizaciones políticas y sociales.

VA: ¿Están en riesgo las bases sociales del Eln y las organizaciones que de alguna manera tienen una identidad ideológica y programática con ustedes?

CR: Está en riesgo todo el pueblo colombiano que sufre, protesta, se organiza, exige y lucha por sus derechos ciudadanos. Los falsos positivos judiciales, las amenazas, el desplazamiento y el homicidio de líderes están nuevamente al orden del día en nuestra patria.

VA: ¿Dónde consideran que son más altos los riesgos para sus bases sociales, en qué departamentos y regiones?

CR: El Eln está en toda Colombia. En algunas regiones tenemos más presencia. Llevamos 53 años luchando al lado del pueblo colombiano por sus derechos y reivindicaciones.

VA: Actualmente hay una intensa disputa en el sur del departamento de Chocó con las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Cuál es la lectura que ustedes vienen haciendo de lo que ocurre allí?

Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

CR: Primero que todo no entendemos porque se llaman Autodefensas Gaitanistas. Gaitán fue un revolucionario, antiimperialista, antioligárquico, crítico de las élites que gobernaban nuestro país. Su asesinato por parte de estos actores desató la violencia que aún hoy vivimos en Colombia. Otra sería la historia de Colombia si no lo hubieran asesinado.

Este grupo paramilitar tiene todo el apoyo, inteligencia y coordinación con las Fuerzas Militares del Estado que operan en el área de Chocó. No se puede explicar cómo se mueven en grupos numerosos en esta área como Pedro por su casa.

VA: Las autoridades les están atribuyendo una masacre perpetrada en Carra, un pequeño caserío del municipio de Litoral de San Juan, en Chocó, donde fueron asesinadas cinco personas. ¿Qué tienen que decir al respecto y porque creen que se la atribuyen al Eln?

CR: Aun no tenemos una información concreta sobre estos hechos. Pero tenga la absoluta seguridad que si el Eln ha cometido o es el responsable de esta situación, frente al pueblo colombiano reconocerá el error que se haya producido. Esa ha sido nuestra actitud frente a todos los errores o accidentes que se han dado en esta confrontación.

VA: En las zonas de los ríos San Juan y Baudó hay una fuerte presencia del Eln con el Frente de Guerra Occidental y varias de sus compañías, donde desde hace dos años hay una intensa confrontación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Qué tienen esas regiones que se las disputan a sangre y fuego, oro, coca, corredores estratégicos?

CR: Es una región muy rica en todo tipo de recursos, pero como se sabe, Chocó es el departamento más pobre de Colombia: alta corrupción, abandono por parte del Estado, desnutrición, con un alto nivel de contradicciones sociales donde participan todo tipo de fuerzas paraestatales e ilegales, amparadas por las Fuerzas Militares oficiales de Colombia, como sucede en gran parte del territorio nacional.  

El Eln está en Chocó desde hace decenas de años buscando organizar a la población para que le haga frente a toda esta situación, que la agobia y la mantiene en la pobreza y abandono inhumano.

VA: Con respecto a Cauca, ¿tienen ustedes en el sur de ese departamento alianzas con mineros que ponen en riesgo a los líderes sociales que se oponen a la minería? ¿Lo que ocurre allí tiene la misma lógica de confrontación que en Chocó?

CR: Primero que todo es falso que en Cauca el Eln tenga alianza con empresarios mineros. No hay ninguna prueba de ello. En Chocó sí hay un enfrentamiento, desde años atrás, con los grupos paramilitares y con el Ejército colombiano que los utiliza, los ha colocado como fuerza de choque frente a las guerrillas y como fuente de terror para el movimiento social y las tendencias políticas contrarías al régimen.

VA: ¿Por qué han intensificado las acciones dinamiteras contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca? ¿Buscan presionar un cese al fuego bilateral?

CR: No se han intensificado. Hay dos departamentos, Arauca y Norte de Santander, por donde pasa el oleoducto que va al puerto de embarque de crudo en Coveñas, que ha tenido acciones de sabotaje por más de una veintena de veces en este año. Desde que se inició el saqueo del petróleo colombiano en esta región, hace treinta años, el Eln ha mantenido la política de no permitir el robo del petróleo que inició bombeando 200 mil barriles por día y hoy tan sólo se producen en Caño Limón un poco más de 30 mil barriles por día. Ya se lo robaron casi todo.

Este crudo es de compañías trasnacionales que sólo dejan pobreza, deterioro del medio ambiente y corrupción. Como se ha saqueado el recurso, estamos próximos a ser importadores de petróleo.

VA: Pero, ¿ustedes son conscientes de los daños ambientales que están generando esos atentados?

CR: Con la exploración y explotación del petróleo en Arauca se ha cometido un ecocidio, es decir danos ambientales irreparables; se ha masacrado y desterrado comunidades indígenas como la de los Sikuanes. Esta explotación no le ha dejado nada positivo al pueblo araucano.

Los daños ambientales generados por las voladuras son infinitamente menores que los que se generán por la actividad de las multinacionales en la explotación petrolera y el resto de nuestros recursos naturales. Ahora es menor el derrame porque la abolladura del tubo que estamos realizando paraliza la producción y obliga al ahorro de nuestro petróleo que no va ser saqueado por las compañías trasnacionales. Más de un millón de barriles en lo que va corrido del año, un poco más de la producción diaria en Colombia.   

VA: Ustedes mantienen operaciones ofensivas en diversas regiones del país y eso exige recursos económicos. ¿De donde están sacando la plata para financiar esta etapa de la guerra? ¿Cuáles son las fuentes de financiación?

CR: Llevamos 53 años alzados en armas, siempre hemos contado con la inmensa colaboración de la población y de aportes voluntarios de gentes que tienen economías en las regiones, además de cobrar impuestos a grandes capitales.

VA: ¿Cuál es la relación del Eln con las economías criminales?

CR: En Colombia hay economías criminales como las de los que recibieron coimas, sobornos, cuotas, de Odebrecht; los sobrecostos de Reficar; los billones de pesos que desfalcaron a Saludcoop; los dineros para alimentación de niños robados en Chocó y La Guajira; lo de Agro Ingreso Seguro; y pare de contar. Esos son dineros que capitalizan economías criminales en la total impunidad y desvergüenza. Son crímenes contra el pueblo colombiano que ve reducidos sus servicios básicos de salud, educación, alimentación, vivienda económica, carreteras.

Nosotros, como Eln, no tenemos ninguna relación con estas economías. Estamos obligados a denunciarlas y combatir a sus autores.

VA: ¿Ustedes están copando territorios que están abandonando las Farc? En una anterior entrevista, Pablo Beltrán reconoció que “iban donde los llamaran”.  ¿Se mantienen en esa actitud?

“En el Chocó nadie reclama a Odín Sánchez”: 'Pablo Beltrán', jefe negociador del Eln

CR: No estamos copando territorios que tenían las Farc. Históricamente hemos mantenido nuestras fuerzas guerrilleras en zonas que compartimos. Claro que vamos donde nos llamen, pero tenga en cuenta que Colombia tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y ni siquiera el Estado colombiano los atiende.

VA: Cada vez que hay ataques, atentados, enfrentamientos del Eln con otros actores armados, se piensa que no hay unidad de mando. ¿Qué tan cierta es esa percepción? ¿Están alineados todos los frentes al Comando Central (COCE) y la mesa de conversaciones en Quito?

CR: Hay unidad de mando. Nos guiamos por las orientaciones del Quinto Congreso, realizado a finales de 2015, y el ejercicio que realiza la Dirección Nacional y el Comando Central. Todos acatamos la democracia y el centralismo por el cual nos regimos. En el ELN no hay ruedas sueltas, todo obedece a un plan y si nos salimos de él, de la ética revolucionaria y el Derecho Internacional Humanitario, tenemos mecanismos de corrección, unos estatutos, una juridicidad.

No hay pérdida de control de mando, estamos unificados, respetamos nuestros organismos de dirección. No estamos exentos de cometer errores y en esto le exigimos a la sociedad colombiana que nos hagan todo tipo de aportes, recomendaciones, críticas, que nos conduzcan a una nueva Nación con paz, equidad y justicia social.  

VA: ¿En su camino de diálogo y negociación estarían dispuestos a sostener una conversación con empresarios? De ser así, ¿qué condiciones se necesitarían para que pudiera darse?

CR: El universo de participación es muy grande. Estamos dispuestos a dialogar con los empresarios. Aún más, invitamos a los gremios a dialogar y a escucharnos mutuamente. No se necesita ninguna condición especial, esperamos que en este proceso puedan tener su voz, propuestas y salidas a los problemas que aquejan nuestra sociedad.

VA: Por último, ¿por qué el Eln no se le mide a un cese unilateral del fuego, temporal, para que las comunidades puedan salir de los confinamientos que están padeciendo, sobre todo en Chocó?

CR: El cese al fuego debe ser bilateral, acordado, verificado, y respetado por las dos partes.

En Nariño quieren reactivar Pacto Local de Paz

Comunidades campesinas y resguardos indígenas de los municipios de Samaniego y Santa Cruz han elaborado varias propuestas para que sean tenidas en cuenta en la mesa de diálogos con el Eln en Quito, Ecuador. La idea recoge experiencias vividas hace más de una década.

pacto eln 1Foto: archivo Semana.Amparados en experiencias implementadas hace más de diez años, que lograron reducciones significativas en la confrontación armada y que impulsaron proyectos sociales y económicos, indígenas y campesinos de Nariño se han reunido de nuevo con el fin de trazar una agenda de temas en común que permita pacificar la región, fortalecer procesos de desarrollo y aportar al naciente proceso de paz con el Eln.

Para lograr esos objetivos, propusieron la reactivación de un Pacto Local de Paz en una carta dirigida a las delegaciones del gobierno y del grupo guerrillero que sesionan en Quito. En la misiva también sugirieron la ejecución de un programa de protección y autoprotección para líderes sociales y comunidades; el desminado humanitario de varios corregimientos de los municipios; y la participación de la sociedad civil. La propuesta recoge, en parte, la experiencia vivida entre 2004 a 2007 en el municipio de Samaniego. (Ver carta)

Según cuentan voceros de las organizaciones participantes, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos, pese a que el documento de propuesta es reciente, las comunidades han venido trabajando en los territorios desde hace más de una década en los planes de vida de las comunidades indígenas en los resguardos, generando proyectos productivos y ejerciendo resistencia a la entrada de las transnacionales mineras.

En El tambo promueven desminado civil humanitario

“La propuesta nace de todo el acumulado organizativo que por décadas hemos tenido en los territorios, los puntos expuestos son fruto de las agendas locales de cada comunidad campesina y de cada resguardo. No es un trabajo de alguna fundación o Ong, son proyectos de la misma gente, con cada una de sus particularidades y reivindicaciones”, aseguró Javier Dorado, vocero de la Minga por la Paz de Nariño.

A juicio de este líder regional, tras el asesinato del alcalde del municipio de  Santa Cruz, Jaime Chazatar, en diciembre de 2011, quien había llegado al cargo con el respaldo de  las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y  su pertenencia a la etnia de Los Pastos, la organización de los pueblos indígenas se radicalizó más alrededor de proteger los resguardos, la vida colectiva e individual de los líderes, defender la ‘Pacha Mama’ (Madre Tierra) y bloquear el paso de los actores armados por sus territorios ancestrales.

A ello se suma, según se lee en la misiva remitida a Quito, que aparte del conflicto armado persistente en la región, “en esa área hay una fuerte presencia de cultivos de uso ilícito y que como región fronteriza juega un rol estratégico por el narcotráfico. Esto genera, como consecuencia,  altos niveles de corrupción, crimen y violencia e impide el desarrollo de las comunidades”.

En el departamento hay una presencia histórica del Eln, a través del Frente Comuneros del Sur, de ahí la importancia de hacer llegar la propuesta a la mesa de diálogo en Quito. Pero no ha sido el único, también estuvo las Farc, con el Frente 29 y la Compañía Mariscal Sucre, en proceso de desarme y reinserción; y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con el Bloque Libertadores del Sur, desmovilizado el 30 de julio de 2005.

Dada la proliferación de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y de laboratorios para su procesamiento, así como el vacío que ha dejado la concentración de las Farc, se rumora que a la región llegó un grupo que se identifica como ‘Águilas Negras’, que se suma a otros grupos criminales.

En retrospectiva

pacto eln 2Foto: archivo Semana.Una de las primeras respuestas a la oleada de violencia que padeció la región a finales de la década del noventa fue la construcción en Samaniego de un Pacto Local de Paz, liderado por el alcalde Harold Montufar Andrade, quien aprovechó el trabajo organizativo de campesinos e indígenas y lo tradujo en un conjunto de acuerdos, que involucró a todos los actores presentes en su municipio.

El Pacto, según reposa en documentos de las organizaciones, contenía una carta con diez puntos donde se le exigía tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares, el respeto por la vida, los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la convivencia. Asimismo, declaraban a las comunidades autónomas en la construcción de gobernabilidad y fortalecimiento del Estado social de derecho.

“El Pacto Local de Paz ha sido una experiencia exitosa de paz a nivel local y nacional, que logró vincular al Eln y otros grupos armados, que se comprometieron públicamente a respetar y aportar el pacto y a implementar un desminado humanitario (en el corregimiento de Chinchal y zona Montañosa en Samaniego, así como en el resguardo del Sande), ha sido la base de una propuesta de solución política y negociada al conflicto armado”, se lee en la misiva.

En diálogo con VerdadAbierta.com, el exalcalde de Samaniego, Harold Montufar, explicó que uno de los resultados más importantes del Pacto fue la reducción significativa de los homicidios; las alteraciones del orden público también disminuyeron; su fuerza social les permitió intervenir en la liberación de secuestrados, como el caso del abogado Héctor Bastidas en el año 2005, así como presionar para que se decretaran ceses de hostilidades de los grupos armados mientras se desarrollaban actividades culturales en los municipios; reducir los retenes armados ilegales en las vías, lo que redujo los secuestros masivos; y comprometer a las guerrillas con el desminado integral de los resguardos.

Pese al éxito que tuvo la implementación del Pacto Local de Paz, terminada la administración de Montufar, en el año 2007, el gobierno entrante de Aylen Yamile Montenegro no le dio continuidad a esa iniciativa, lo que reactivó el conflicto armado. Aun así, bajo el temor latente de tener la guerra a sus espaldas, en el territorio las organizaciones campesinas y resguardos indígenas continuaron trabajando por la defensa de la vida y la región.

Una vez iniciadas las negociaciones en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, las organizaciones campesinas buscaron contactarse con los comandantes de los frentes de ese grupo armado que operaban en la región, logrando concretar un nuevo acuerdo para desminar humniatariamente algunos corregimientos, que en principio se empezó a aplicar con el respeto por la vida de los habitantes y la no siembra de artefactos explosivos. De igual manera suciedio, durante la fase exploratoria de diálogos con el Eln.

“Hay un plan piloto de desminado humanitario en el resguardo indígena del Sande, que era habitado por las Farc y el Eln. Cuando fue el proceso de diálogos con de las Farc, se habló con los comandantes de la guerrilla, quienes estuvieron de acuerdo, nos faltaba con la gente del Eln, entonces fuimos a hablar con Juan Carlos Cuellar, actual gestor de paz, quien nos expresó que una vez iniciado los diálogos se le daría celeridad a la propuesta poner el plan en marcha”, comentó un vocero de la Mesa Social por la Paz, que agrupa un conjunto de organizaciones interesadas en fortalecer el proceso de negociación con el Eln.

Esperanza en Quito

pacto eln 3Foto: archivo Semana.Para las comunidades de Nariño, la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln es el espacio en el que pretenden exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el grupo armado en pasadas negociaciones y el canal para plantear las agendas propias de cada territorio y los ejes temáticos que a juicio de las organizaciones se quedaron por fuera de La Habana.

“La mesa de Quito es un espacio importantísimo para plantear las reivindicaciones de la agenda de pueblos y comunidades; de todos modos, nosotros trabajamos independiente de que haya o no un cambio estructural con los diálogos, que es lo que se espera”, aseveró Montufar.  

Uno de los acuerdos que quedó en vilo, desde el año 2006, cuando se planteó en la cuarta ronda de conversaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y la guerrilla del Eln fue el desminado humanitario de 14 veredas de la región, el cual contó con el aval del Comando Central del grupo armado, pero se quedó a la espera de la aprobación y ejecución por parte del gobierno nacional.

Ahora bien, parte de la propuesta de las comunidades y resguardos es que, en aras de avanzar en la subcomisión de dinámicas y acciones humanitarias, se empiece con la implementación de los compromisos incumplidos. Sumado a ello, según reposa en la propuesta, se brinde apoyo, fortalecimiento y acompañamiento a la guardia indígena y campesina en los territorios de Guachavés, el Sande, la Montaña y corregimiento de Chincal.

Al departamento de Nariño se han sumado otros municipios y regiones del país que han empezado a construir sus propuestas, con base en las agendas propias, para contribuir al fortalecimiento de las negociaciones que se adelantan en Quito, la idea es sumar comunidades, para que la participación social sea eficaz en este nuevo proceso de paz.

Negociación con el Eln, en su fase pública

Tras superar los tropiezos para el inicio de las conversaciones, se inició en Quitó, Ecuador, un nuevo proceso con el que se pretende llegar a un acuerdo final para dar por terminado el conflicto armado con la segunda guerrilla más grande del país. El camino no será fácil y se negociará en medio del conflicto.

inicio mesa eln 1Durante el acto de instalación, el jefe negociador del gobierno Luis Camilo Restrepo, expresó que el proceso debe guiar a ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia y propiciar el tránsito del Eln a la política legal. Foto: Presidencia.Pese a los constantes traspiés en el último año, todo está servido para que la fase pública de las negociaciones con el Eln arranque con pie derecho. Ambas partes cumplieron con lo pactado el pasado 18 de febrero: el exrepresentante a la Cámara Odín Sánchez fue dejado en libertad, los dos gestores de paz, Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, fueron excarcelados del complejo penitenciario de Bellavista en Medellín y se indultó a Nixon Cobos y Leivis Valero, dos reclusos integrantes del grupo subversivo. (Leer más: La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca)

Reunidos en la hacienda Cashapamba, a las afueras de Quito, las dos delegaciones coincidieron en sus discursos en un objetivo común: avanzar a superar las brechas sociales y políticas que han mantenido al país en 52 años de guerra.

“Nos convoca para estas conversaciones la grandeza para poner la paz por encima de nuestras diferencias y para entender que son precisamente esas diferencias las que nos enriquecen como nación. Unas conversaciones que materialicen el mandato constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, pronunció el jefe negociador del gobierno Juan Camilo Restrepo.

Por su parte, ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación del Eln, aseguró que el resultado de las conversaciones depende de que las partes se muevan de las posiciones tradicionales en las que se han mantenido y muestren una voluntad política de cambio: “El país ha visto que en guerrilla estamos dispuestos a cambiar a fondo y para muestra están los acuerdos firmados con compañeros de Farc, proceso del cual estamos dispuestos a aprender. A la vez que lamentamos el adverso que existe para la implementación de estos acuerdos”.

Cabe resaltar que ambos discursos destacaron que esta negociación que se inicia es única e independiente de otros, por lo cual equipararla con el de las Farc sería caer en el error de no ver las particularidades de cada proceso. “Las discusiones serán autónomas y con esto pretendemos llegar a los acuerdos que respondan a la naturaleza de esta mesa. Reconocemos al Eln como una organización con su identidad e historia propias”, enfatizó Restrepo.

Ambas partes coincidieron en señalar que los aportes de las delegaciones tienen que generar cambios urgentes para abrir puertas que permitan alcanzar una paz estable y duradera. En los discursos hubo peticiones expresas de ambas partes: por un lado, para que la guerrilla rechace públicamente el lastre del secuestro; y por el otro, para que el Estado ceda privilegios y pueda existir una redistribución de la riqueza.  

El reto que comenzó a tejerse en Quito no es menor. En diálogos pasados, el Eln se caracterizó por ser muy dogmática y no tener una estructura de mando definida, lo que derivó en constantes discusiones internas que llevaron a prolongar las negociaciones mientras el conjunto de la representación de los frentes de guerra del grupo subversivo se ponía de acuerdo. No obstante, en el discurso pronunciado por ‘Pablo Blentrán’ se aseguró que el diálogo nacional es el mejor medio para llegar a entendimiento entre colombianos.

En esta oportunidad, la guerrilla parece estar cohesionada tras el ingreso de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito’, comandante del Frente ‘Domingo Laín’, al Comando Central (Coce) de la organización en el pasado V Congreso del grupo armado, realizado en enero del 2015. A ello se suma la participación del movimiento carcelario a través del punto uno de la agenda, quienes velarán porque los presos del grupo armado tengan una participación directa en la mesa de negociaciones. (Leer más: ‘Pablito’: el fiel de la balanza en el Eln )

Dinámica de la fase púbica

La agenda pactada entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln consta de seis puntos: Participación de la sociedad en la Construcción de la Paz; Democracia para la Paz; Transformaciones para la Paz; Víctimas; Fin del conflicto; e Implementación. (Consulte la agenda aquí)

Al respecto, el jefe negociador del equipo gubernamental sostuvo que “seremos fieles al acuerdo suscrito en marzo de 2016; las agendas temáticas escogidas, su filosofía, sus principios y procedimientos serán nuestra carta de navegación”. Y fue enfático al advertir que este escenario público de las negociaciones no es una fase exploratoria: “No venimos a esta mesa a explorar; ya la fase exploratoria quedó atrás. El objetivo de esta mesa –cito el texto- es ‘subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad’. Esa es nuestra misión”.

De acuerdo con el jefe de la delegación estatal, la mesa pública de negociaciones empezará abordando dos temas de manera simultánea: el primero es las dinámicas y acciones humanitarias, del que se espera “debe generar mejores condiciones para la discusión de otros temas de la agenda”.

Y el segundo tema es la participación de la sociedad en la construcción de la paz, uno de los asuntos en el que más ha insistido el grupo guerrillero y uno de los aspectos diferenciadores del proceso con las Farc. A juicio de varias organizaciones sociales, a los diálogos en La Habana, le faltó “pueblo” por cuanto los foros adelantados en conjunto por la ONU y la Universidad Nacional se quedaron cortos para los reclamos a nivel regional de las comunidades.

No obstante, Restrepo precisó que esa participación debe ser “ordenada” [y] para que sea provechosa debe acotarse en tiempos determinados, y para que sea relevante, debe enmarcarse en el espíritu participativo de la carta del 91”. En su análisis consideró que se deben cumplir tres propósitos: “útil, provechosa y relevante”.

inicio mesa eln 2"Se inicia una nueva etapa que seguramente será menos complicada que la anterior porque es la etapa en la que la bandera de la paz está flameando junto a la bandera de la esperanza" aseguró el representante del gobierno de Ecuador Juan Meriguet. Foto: Presidencia.

Si bien desde que se iniciaron los acercamientos el tema de la participación de la llamada sociedad civil ha estado en boca de los jefes guerrilleros y de las organizaciones sociales; no obstante, aún no se ha definido una metodología precisa para lograrlo.

En su discurso, Restrepo tejió las primeras puntadas, invocando, de nuevo, el acuerdo de marzo de 2016: “Las delegaciones definirán la metodología de trabajo y las formas en que estas iniciativas se considerarán, así como los mecanismos y formas de participación de la sociedad”. Esa será, según él, la primera tarea en Quito, pero de entrada precisó su alcance: “teniendo una metodología clara, confiamos en que las propuestas de la sociedad, sin tener un carácter vinculante, serán de vital importancia en esta mesa”.

Desde hace más de un año organizaciones nacionales, regionales y locales, reunidas en la Mesa Social para la Paz, vienen construyendo una propuesta para presentarla en Quito, donde se evalúe su participación en las negociaciones y se tengan en cuenta sus demandas. Para hacerla más integradora, se convocó a la realización de “100 encuentros por la participación y la paz” en las principales ciudades del país y en regiones donde el conflicto armado ha golpeado a la comunidades con intensidad. (Leer más en: Participación de la sociedad, nuevo escenario en las conversaciones con el Eln)

Ataques previos a instalación de la mesa

Llegar a esta fase pública de las conversaciones no fue fácil, se recorrió un camino lleno de obstáculos, muchos de los cuales afectaron a la población civil. Actualmente el grupo armado tiene presencia armada en 99 municipios con cinco frentes de guerra, compuestos por 38 frentes, comisiones y compañías. Según cifras de la Fiscalía, a diciembre de 2015 los hombres alzados en armas no superaban los 1.500, dato que si se compara con los 4.130 que llegaron a ser en 2002 revela una reducción notable de esta organización insurgente.

Sin embargo, las acciones militares realizadas el año pasado e inicios de éste por algunas células de esta guerrilla, demuestran que aún tiene capacidad bélica y de injerencia en los territorios, como ocurrió con el paro armado del mes de septiembre y los ataques contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca, uno de sus bastiones más importantes.

Miembros del ELN

El año pasado la guerrilla cerró uno de sus mayores periodos con injerencia militar en ciudades principales y cascos urbanos. Tras el paro armado, la última acción se presentó en la ciudad de Bogotá el 28 de diciembre cuando un artefacto explosivo fue activado al norte de la capital, dejando como resultado un policía muerto y otros siete heridos.

A inicios de año, la guerrilla asedió de manera reiterada el oleoducto Caño Limón – Coveñas en Teorama, Norte de Santander, y Arauquita, Arauca. Según reportó Ecopetrol, para el año 2016 se presentaron 43 atentados y se identificaron y retiraron 33 válvulas ilícitas en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cesar.

Por su parte, el Ejército ha asestado bajas importantes y capturas significativas a miembros del grupo armado. A finales de la semana pasada en la vereda Las Conchas, Anorí, tras un operativo militar murió alias ‘Pirulo’, quien, según expedientes de la Fiscalía, fungía como jefe de la comisión de finanzas del Frente Héroes y Mártires de Anorí; de igual manera, capturaron a otro integrante de esta unidad guerrillera.

En Tame, Arauca, tras un operativo adelantado por la fuerza de Tarea Conjunta Quirón fue capturado alias ‘La Muerte’, quien es sindicado de ser uno de los sicarios de la guerrilla que opera en el departamento, a quien hacen responsable del asesinato en 2016 de dos conductores contratistas del Ejército en la vía que conduce de Fortul y Tame.

Junto a ellos, han sido capturados más de 15 integrantes del grupo insurgente, a quienes les han imputado cargos de rebelión, concierto para delinquir, terrorismo, entre otros, varios de ellos civiles a quienes han identificado como integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla.

Asimismo, en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Arauca y Bolívar distintas organizaciones sociales reportan que la confrontación militar entre el Ejército y la guerrilla ha generado desplazamientos masivos, asesinatos y zozobra entre las comunidades. A ello se suma la disputa territorial entre bandas criminares y el grupo armado por los territorios que han dejado las Farc.

Al igual que ocurrió con el desarrollo del proceso de paz con las Farc, mientras no haya un desescalamiento del conflicto las bajas de ambos lados se van a seguir presentado. La propuesta del Eln es apuntar a un cese de hostilidades definitivo, como lo anunció ‘Pablo Beltrán’ en Quito: “un aporte que debe hacer esta mesa de negociaciones es ir concretando progresivamente un acuerdo humanitario que reduzca la intensidad del conflicto por la vía de aliviar todos los dolores de esta guerra en una progresión de acuerdos sucesivos proyectados a materializar un cese bilateral de fuego”.

inicio mesa eln 3Las acciones militare del la guerrilla se han concentrado en atentar contra la industria petrolera, los departamentos más afectados han sido Arauca y Norte de Santander. Foto: archivo Semana

Deudas pendientes con la justicia

En agosto de 2016 la Fiscalía imputó cargos contra los integrantes del Comando Central (Coce), máxima instancia de dirección del Eln, por los delitos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, utilización de métodos de guerra ilícitos y daño contra la infraestructura petrolera y energética.

Tras la imputación, el entonces vicefiscal Jorge Perdomo aseguró que la Fiscalía tenía todo el material probatorio de 15.741 casos de secuestros, reclutamiento ilícito, homicidio, desplazamiento forzado, violencia de género e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Según el ente investigador, desde 1986 hasta 2014 se cometieron más de 1.300 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas que dejaron pérdidas de 68 billones de pesos y decenas de desastres naturales tras el derrame de crudo, que superan los 73 billones de pesos. Hechos cometidos en su mayoría por el Frente Domingo Laín. (Leer más: La petro-guerra del Eln en Arauca)

Esta facción de la guerrilla, que opera principalmente en el departamento de Arauca y que se extiende por Boyacá y Casanare, es la estructura más activa militarmente, cuenta con alrededor de 400 hombres y concentra el 60 por ciento de la capacidad de guerra del grupo armado según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Documentos de la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía aseguran que la guerrilla cometió 126 casos de feminicidio en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare; según la investigación judicial, fue política del grupo armado asesinar a las mujeres comprometidas con integrantes de la Policía y el Ejército o a quienes prestaran cualquier tipo de colaboración a la Fuerza Pública.  

A ello se suman 87 casos de violencia basada en género ocurridos en los departamentos de Antioquia, Chocó y Risaralda en contra de menores de 14 años, quienes fueron objeto de abuso sexual, esterilización o aborto.

Frente al secuestro, el grupo armado deberá responder por 4.894 casos, entre los cuales se encuentran varias retenciones masivas como la ocurrida el 17 de septiembre del año 2000 en el kilómetro 18 de la vía que de Cali conduce a Buenaventura, donde fueron plagiadas 59 personas, y el secuestro de más de 30 ciudadanos extranjeros.

No será un camino fácil, sobre todo que se hará en medio de la guerra, con un gobierno confrontado por hechos de corrupción y con bajos niveles de popularidad. Pero a partir de la instalación de la mesa pública de negociaciones, se abre una nueva etapa que, como bien lo expresó Restrepo, “materialicen el mandato constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Cronología de la negociación

Participación de la sociedad, nuevo escenario en las conversaciones con el Eln

Desde hace más de un año organizaciones nacionales, regionales y locales, reunidas en la Mesa Social para la Paz, construyen una propuesta para presentar en la mesa pública que hoy se instaló en Quito, se evalúe su participación en las negociaciones y se tengan en cuenta sus demandas.

dialogo nacional 1Aunque no se ha definido el mecanismo bajo el cual la sociedad va a participar de los diálogos hay un gran avance al interior de las organizaciones sociales para que sea a través de Cabildos Abiertos. Foto: cortesía Colectivo Mecha Libertaria.El pasado fin de semana, la Mesa Social para la Paz, convocó a la realización de “100 encuentros por la participación y la paz”, evento que se realizó en las principales ciudades del país y en las regiones más afectadas por el conflicto armado, entre ellas, el Catatumbo, Norte de Santander; Saravena, Arauca; Puerto Asís, Putumayo; y Popayán, Cauca.

El propósito de estos encuentros fue discutir alternativas de participación en la mesa de negociaciones en su fase pública que se instaló este martes en Quito, Ecuador, con el fin de que los problemas regionales lleguen a ese escenario y generar los insumos para trabajar, en conjunto con procesos organizativos a nivel nacional, en el punto uno de la agenda que comenzará a discutir el gobierno nacional con el grupo guerrillero y que se titula Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz. (Ver: Negociación con el Eln, en su fase pública)

En diálogo con VerdadAbierta.com, Sebastián Quiroga, miembro del comité de impulso de la Mesa Social para la Paz, aseguró que el resultado de los encuentros fue satisfactorio y sobrepasaron la meta, pues se realizando alrededor de 150 a nivel nacional.

“En Cali, Popayán, Bogotá, Pamplona y Bucaramanga, se realizaron dos o más espacios. Hay que destacar la participación del departamento de San Andrés, donde la comunidad raizal se reunió a hablar de sus problemáticas particulares, al igual que ocurrió con las demás regiones afectadas directamente por el conflicto social, político y armado”, señaló el activista.

En Puerto Asís, Putumayo, asistieron alrededor de 70 voceros de distintas organizaciones del departamento. Marco Rivadeneira fue uno de ellos, quien expuso que una de las mayores preocupaciones que rondan a las comunidades es el tema minero-energético, que no se tocó en La Habana en los acuerdos con las Farc, pero que a su juicio la sociedad lo debe tocar.

“Acá la retirada de los grupos armados de las regiones ha generado nuevas concesiones con multinacionales, que han generado un daño medioambiental y el desplazamiento de cientos de campesinos, y ¿quién dice algo?, nadie”, afirmó el labriego.

La economía campesina fue otro de los temas que se tocó durante el encuentro en Puerto Asís. Los asistentes aseguraron que hay un desconocimiento en lo acordado en La Habana porque no se volvió a hacer una socialización del nuevo acuerdo y que, a pesar de conocer que hay una política de sustitución de cultivos de uso ilícito, hay varias comunidades, de distintas veredas, que no están de acuerdo con la sustitución y que deben ser escuchadas.

Por otro lado, en Popayán, Cauca, uno de los temas al que mayor tiempo le dedicaron fue la violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. “Lo que hemos venido denunciando es que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta social, se tienen que poder hacer las actividades sin que nos maten o asesinen, como ha venido ocurriendo”, aseguró Walter Quiñones, uno de los asistentes al encuentro regional.

De allí que una de las propuestas más consolidadas sea la de buscar un trato especial para las movilizaciones sociales, que no criminalice la protesta social y que haya respeto de las garantías judiciales para los líderes sociales que adelantan procesos judiciales, aspectos que, según la comunidad, van en contravía al nuevo Código de Policía.

“El gobierno nos ha incumplido, no es firmar los procesos en La Habana o Ecuador. Es que se nos cumpla a quienes hemos venidos trabajando por la paz desde hace años. El gobierno tiene que escuchar es al pueblo colombiano, la violencia viene de parte de ellos contra nosotros y cada día es más sistemática”, puntualizó el líder campesino.

En los temas discutidos en las ciudades principales hubo consenso entre los asistentes en que lo acordado en La Habana con la guerrilla de las Farc no se tuvo en cuenta la manera en la cual la guerra afectó a las ciudades principales.

“En La Habana no se contempló la afectación que tuvieron y siguen teniendo los barrios periféricos en las ciudades principales a causa del conflicto. El acceso a la vivienda y los servicios públicos, la situación de delincuencia y pandillismo también son causa de la guerra y a ello hay que buscarle solución”, aseveró Quiroga.  

El gran reto que afronta el primer punto de la agenda es encontrar el mejor mecanismo para que la sociedad participe en la mesa pública instalada en Quito; asimismo, se espera que se sortee con éxito la inestabilidad que ha tenido el inicio formal del proceso, previsto para octubre del año pasado.

Cabildos abiertos, ¿el mejor mecanismo de participación?

dialogo nacional 2Durante el fin de semana al rededor de 150 encuentros locales de paz, convocados por la Mesa Social para la Paz, se desarollaron a nivel nacional para recoger insumos para el punto uno de la agenda. Foto: archivo Semana.En las discusiones adelantadas por aquellas organizaciones que integran la Mesa Social para la Paz, vienen tomando fuerza dos posibles alternativas de participación: la primera de ellas es generar un conjunto de diálogos territoriales en diferentes dimensiones (municipal, departamental y nacionales), como los del fin de semana pasado, donde salgan temas propios de cada territorio; y la segunda es que se fijen unos temas de carácter nacional, como el  minero-energético, el enfoque de género  y los crímenes de Estado, entre otros, para que sean discutidos en los espacios territoriales y de allí sacar un documento para proponerlo a la mesa pública en Quito.

Pese a que la discusión continúa abierta, viene tomando forma la primera propuesta de desarrollar desde cada territorio un documento, con las particularidades propias de las comunidades, que sirva como insumo para la construcción de un texto nacional que agrupe cada una de las reivindicaciones territoriales.

Juan Hougthon, vocero del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, que integra la Mesa Social para la Paz, aseguró a este portal que la forma como la sociedad participe debe ser el resultado de un acuerdo entre todos los sectores sociales: “tiene que llegar todo el mundo, los sectores rurales, el empresariado, los miliares y también deberían ser partícipes las dos partes de la mesa. No nos parece que lo adecuado es que aparezcan miles de mecanismos sin que sean concertados”.

En lo que si hay un acuerdo, de todos los sectores que han estado en las discusiones, es que la participación de la sociedad tiene que ir más allá de la queja nacional, lo que han denominado una “participación trasformadora”, donde esperan que el resultado de los consensos a los que se llegue pasen a ser mandatos, es decir, que se incluyan dentro de lo acordado para que pasen a ser sujeto del aparato legislativo.

Ahora bien, en cuanto al mecanismo de participación, la Mesa Social para la Paz ha trabajado en la idea que sea a través de cabildos abiertos, contenidos en la Constitución Política. A juicio de los voceros, esta figura recoge soberanía popular y es la mejor manera de integrar a todos los sectores sociales en pro de llegar a un solo consenso.

La propuesta es ambiciosa; en el plan que se han trazado las organizaciones sociales se espera que participen los 1.122 municipios del país. Uno de los primeros retos que tendría, de ser aplicada esta figura, es modificar sus alcances, pues según lo contenido en la Carta Política las normas de orden público no se pueden discutir y este ha sido uno de los temas que en las regiones se le ha dado mayor relevancia.

“En primera medida se busca generar pactos de convivencia local para reducir la violencia social y disminuir las brechas económicas, en el orden regional se pretende, que fruto de lo discutido en los cabildos, se puedan ajustar los planes de desarrollo municipales de cara a las necesidades más sentidas por las comunidades. Y, finalmente, a nivel nacional debemos generar insumos, propuestas y descensos frente a lo discutido en los demás puntos del acuerdo”, agregó Hougthon.

Las organizaciones sociales aseguran que no se han casado con ningún plazo para la realización de los cabildos, pero coinciden en que tiene que ser un tiempo que se adecúe el tiempo político del país y de las comunidades. “En mi opinión, no se debería prolongar más de seis meses una vez arranque el proceso. Es decir, si a los seis meses logramos los pactos de convivencia locales, podemos ir avanzando entonces hacia la realización de todos los cabildos o la instancia territorial que se proponga”, indicó el vocero del Congreso de los Pueblos.

No hay que olvidar que esta figura constitucional, contenida en la Ley 134 de 1994 y recientemente modificada y complementada en Ley 1757 de 2015, se ha intentado aplicar en el país sin fruto alguno, como ocurrió entrada la década del noventa cuando diversos sectores campesinos, sindicales y estudiantiles convocaron a los cabildos populares para emitir un pliego de peticiones al gobierno nacional para mejorar las condiciones sociales y políticas en los territorios.

Sin embargo, tras la realización de los cabildos en varias ciudades como Barrancabermeja, Santander; y Palitas, Cesar, el diálogo con el gobierno nacional se frustró por la inestabilidad política que vivía el país y la estigmatización que cayó sobre las organizaciones convocantes.

Recientemente, tras el triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, varias figuras políticas y académicas aseguraron que  los cabildos eran el mejor mecanismo para llegar a un consenso entre los del Sí y los del No. Quizá sea esta una nueva oportunidad de acudir a este mecanismo para que de forma incluyente participen la mayoría de sectores sociales.

Queda esperar a que inicien los ciclos de conversaciones en Quito para que las partes fijen la manera en que la sociedad va a participar y se empiecen a conocer las primeras demandas discutidas en los encuentros regionales de paz. La esperanza es que todas esas voces sean tenidas en cuenta en las negociaciones y se incorporen a un acuerdo con la segunda guerrilla más antigua del país.

La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca

El exrepresentante a la Cámara se convirtió en la moneda de cambio para darle inicio a los diálogos en su fase pública con la guerrilla del Eln. Con su libertad, se superará el último el escollo que mantuvo congelada la oportunidad de silenciar los fusiles con la segunda fuerza insurgente más grande del país. Sin embargo, hay un pasado oscuro que las comunidades de Chocó le reclaman al político y a su familia.

liberacion odin sanchez 1Fueron más de 10 meses los que el político chocoano duró secuestrado por la guerrilla del Eln, en su ultima aparición su estado de salud se notaba deteriorado, al igual que meses atrás había ocurrido con su hermano. Fotograma de youtube.Odín Sánchez Montes de Oca regresó a la libertad después de diez meses de cautiverio acompañado por una comisión humanitaria integrada por representantes de los seis países garantes del proceso de diálogo con el Eln, el gobierno nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el corregimiento de Noanamá, en Istmina, Chocó. Desde el pasado fin de semana se activaron los protocolos de su liberación, que incluyeron cesar al fuego en un radio de 50 kilómetros.

Según han informado voceros del Frente Che Guevara, del Frente de Guerra Noroccidental, estructura guerrillera responsables del secuestro, el estado de salud de Sánchez Montes de Oca es delicado, presenta cuadros de estrés, afectaciones de colón y úlcera. Una de las primeras tareas tras su liberación será someterse a chequeos médicos para establecer su condición física y mental.

Odín fue retenido por el Eln el 28 de abril de 2016 luego de negociar un ‘cambiazo’ por su hermano Patrocinio, quien para abril del año pasado llevaba más de dos años en poder de ese grupo guerrillero y estaba afectado por fuertes quebrantos de salud. Con su secuestro, según el Eln, se pretendía hacer “un juicio político” por hechos de corrupción cometidos bajo su liderazgo político.

Patrocinio fue alcalde de Quibdó en el periodo 2001-2003 y  gobernador del  departamento de Chocó entre 2008- 2010.

La liberación del excongresista responde al acuerdo logrado el pasado 18 de enero en Quito, Ecuador, donde el gobierno y la guerrilla fijaron una serie de actos unilaterales para descongelar el proceso de apertura de la fase pública de las negociaciones, entre ellos el indulto de los subversivos Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, ambos recluidos en la cárcel Bellavista de Medellín y quienes fueron dejados en libertad, para ser gestores de paz dentro del proceso, hace dos días.

En firme diálogos con el Eln

“Nos alegra profundamente  que salgan a encontrarse con la sociedad en los espacios de la gente, de las comunidades, de los sin voz, de los perseguidos y acallados por el sistema. En compañía de la iglesia y de todos los sectores que buscan como nosotros, la paz completa, la paz real y cotidiana para las mayorías del pueblo colombiano”, se lee en un comunicado de la delegación de paz de la guerrilla del Eln fechado el 30 de enero.

Según lo acordado, tras la liberación de Odín Sánchez Montes de Oca se indultarán dos mandos medios del grupo armado que pertenecían al Frente de Guerra Noroccidental, se trata de Nixon Arsenio Cobos Vargas y Leivis Enrique Valero Castillo, quienes presentan un delicado estado de salud y se encuentran confinados en penales de máxima seguridad.

La carga de Odín

liberacion odin sanchez 2 En reiteradas audiencias de versión libre el exjefe paramilitar acusó a Odín Sánchez de haber recibido dinero para financiar su campaña electoral y de haber apoyado al entonces Bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Foto: archivo SemanaAunque el lastre del secuestro ha sido reprochado por toda la sociedad colombiana, algunas comunidades en Chocó aseguran que el exrepresentante tiene una deuda social y política por el daño que generó durante su alianza con los grupos paramilitares que delinquieron en el departamento y las afectaciones que le causó al erario, llevándolo a la quiebra en temas de salud y educación.

“No hay necesidad de ser guerrillero o de siquiera compartir algún tipo de ideal con los ‘elenos’ para saber el daño tan grande que le hizo la familia Sánchez al departamento. No es de ahora, es de años atrás cuando robaron plata, hicieron acuerdos con los ‘paras’, no invirtieron en el desarrollo de las comunidades y se guardaron la plata”, aseguró un líder regional quien pidió la reserva de su nombre.

Es importante recordar que Odín Sánchez fue investigado y condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2011 por vínculos con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras haber apoyado el proyecto político paramilitar conocido como “Por una Urabá grande, unida y en paz”.

Le fallaron al Chocó

Adicionalmente, durante el proceso penal contra el excongresista, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, declaró en diversas ocasiones que destinó fuertes sumas de dinero para las campañas de varios políticos en el país, entre ellas la de Odín Sánchez.

“El Bloque Élmer Cárdenas apoyó campañas políticas en el departamento del Chocó, la de Odín Sánchez, la de Édgar Eulises Torres y la de un señor Córdoba”  afirmó ‘El Alemán’, quien aseveró que se reunió con Sánchez  para darle dinero porque este le había manifestado que estaba pasando por una mala situación económica.

'El Alemán' y la parapolítica en Chocó

Alias ‘El Alemán’ declaró que el Bloque Elmer Cárdenas apoyó con logística y dinero a los políticos a través de una serie de reuniones adelantadas con lo que se conocía  en la región como Promotores de Desarrollo Social (PDS), quienes eran las personas encargadas y capacitadas desde la administración gubernamental para trabajar con las comunidades.
 
“Odín y Torres llegaron a mí buscando el respaldo de la organización, por intermedio de líderes de la zona, entre ellos Catalino Segura Moreno, líder de las comunidades negras, militante del Bloque y primer promotor de Desarrollo Social”, precisó el exparamilitar.

Los testimonios se suman a la larga lista de  pruebas que utilizó la Corte Suprema de Justicia para condenar al exrepresentante a nueve años de cárcel por brindar “apoyo al proyecto político de las autodefensas que se denominó por una Urabá Grande Unida y en Paz, que se conoció en el Chocó como Proyecto Político del Darién Colombiano”, que se ejecutó en  los municipios de Unguía, Riosucio y Acandí.

A ello se suma, según la sentencia del 27 de julio de 2011, que el político hizo parte del ‘Pacto de Singapur’, firmado el 10 de julio de 2003 bajo el auspició alias ‘El Alemán’, y que se constituyó en una alianza con un fin concreto: apoyar la candidatura de Julio Ibargüen a la Gobernación (promovida por Édgar Ulises Torres) y la de John Jairo Mosquera Navarro a la Alcaldía (promovida por Odín y su hermano Patrocinio).

En el texto del acuerdo se lee claramente ese compromiso: “[Los firmantes] se comprometen a adelantar campañas conjuntas para la Gobernación del Departamento del Chocó, Alcaldía de Quibdó y demás Alcaldías donde sea posible, y a convocar a su militancia… a sufragar masivamente el próximo 26 de octubre, para la Gobernación del Chocó por el Profesor Julio Ibargüen Mosquera, y para la Alcaldía de Quibdó por el doctor John Jairo Mosquera Navarro”.

Otro de los compromisos incluidos en el ‘Pacto de Singapur’ fue apoyar de manera concertada a Patrocinio (quien para la fecha del documento fungía como Alcalde de Quibdó) a la candidatura suya a la Gobernación en las elecciones regionales de octubre de 2007, proyección que se cumplió sin problema alguno, logrando ganar las elecciones avalado por el Partido de la U.

“Lo que nos cuesta como comunidad de mujeres, afros y campesinos es que un señor que se alió con los mismos que nos desplazaron, asesinaron y torturaron ahora sea víctima. No estamos diciendo que es bueno el secuestro, porque a nadie le gusta que le hagan daño a las personas, pero sí que debería el señor Sánchez repararnos como víctimas que fuimos de los paramilitares”, comentó para VerdadAbiert.com un líder del bajo Atrato.

El reclamo de las comunidades no es menor. Según el Consejo Superior de la Judicatura, Odín Sánchez le debe al Estado 5.885 millones de pesos por su relación con los grupos paramilitares. Deuda que no se ha cancelado y que por orden del ente debe pasar a la Unidad de Víctimas para reparar a los miles de afectados por el conflicto armado, entre ellas las comunidades asentadas en la región del Pacífico chocoano.

El secuestro, una práctica reprochable

lieracion odin sanchez 3La Familia del político se convirtió en el centro de atención del departamento cuando sus hermanos también fueron investigados y condenados por la Corte Suprema de Justicia. Fotomontaje: archivo SemanaPatrocinio cumplía tres años de estar en poder del grupo armado, por quien exigían un pago económico por su libertad. El exgobernador y exalcalde fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la contratación en los servicios de salud durante su alcaldía. En marzo de 2010 se profirió una condena en su contra de 18 meses de prisión al encontrarlo responsable del delito de peculado culposo por contratos irregulares celebrados en el área de la salud por 481 millones de pesos cuando fungió como alcalde (2001-2003).

Señalan los habitantes del departamento que en repetidas ocasiones la guerrilla manifestó, a través de comunicados, que la familia Sánchez no era bienvenida en el departamento, que habían robado a costa de las intimidaciones y que habían arruinado el departamento. Por lo cual el dinero de la liberación de los políticos iba a destinarse para las comunidades más afectadas.

Por estos motivos, el jefe de la delegación del Eln en Quito, el guerrillero ‘Pablo Beltrán’, aseveró que “usted se imagina quién reclama a ese señor en el Chocó, nadie”, en entrevista para VerdadAbierta.com. Recientemente este subversivo aceptó que el grupo armado sí había recibido una suma de dinero por la libertad del exrepresentante y que sería bueno que se destinara a las poblaciones más aisladas del departamento. De igual manera aseguró que son muy pocos los civiles que quedan en poder del grupo armado.

“En el Chocó nadie reclama a Odín Sánchez”: 'Pablo Beltrán', jefe negociador del Eln

Para los líderes regionales resultó paradójico la afirmación de Sánchez a través de un video que envió el grupo armado como prueba de supervivencia y que fue difundido a través YouTube. En esa intervención, el político le hace varias críticas al gobierno nacional y a los mandatarios locales: “nadie se va a salir de donde se siente seguro a la inseguridad de la capital o de las cabeceras municipales, eso es condición de mucha gente por lo que pasó en épocas anteriores que no cree en el Estado. Es muy difícil, salvo que se les crea, que pueda haber una paz estable y duradera en estas condiciones”.

“Las personas que no conocen el territorio les queda muy fácil hablar, pero cuando vienen y conocen se dan cuenta cómo es que vivimos, no porque haya gobierno ni Estado sino porque nos tocó a nosotros mismos mirar cómo sobrevivir. Es para nosotros raro que el señor Sánchez diga eso cuando nunca se preocupó por nosotros los apartados. Acá no hemos tenido paz y no la vamos a tener hasta que nos reparen, él debe empezar a hacerlo”, sentenció un líder regional.

Pese a ello, el lastre del secuestro no se justifica de ninguna manera y así lo entienden también las comunidades afectadas por las prácticas corruptas del Clan Sánchez Montes de Oca en el departamento de Chocó, quienes celebran la libertad de Odín. Se espera que con este paso acordado con el gobierno nacional, se abra la puerta para que todos los secuestrados que aún tiene en cautiverio el Eln recuperen su libertad.

Con la liberación de Odín Sánchez y el indulto a los dos reclusos del Eln, se espera que comience por fin el proceso de diálogo público para buscar acuerdos que le pongan fin a 51 años de guerra con este grupo armado. La instalación de la mesa está prevista para el 7 de febrero en Quito, Ecuador. Será el punto de partida para alcanzar lo que muchos han denominado la paz completa.