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Arauca: prueba ácida para el proceso de paz

0-araucaPobladores de Arauca le pidieron al Eln y al gobierno que se sienten ya a conversar. Advierten que hasta ahora no se les ha tenido en cuenta como parte de la sociedad civil y que si no se hace un posconflicto incluyente, se puede desatar una nueva ola de violencia.

El departamento de Arauca ha sido azotado constantemente por conflicto armado. Foto: archivo Semana.

Basta tomar la carretera que lleva de Arauca, capital del departamento de Arauca, hasta Tame, para ver las señales de un conflicto que sigue vivo. Por esta vía, pavimentada hace cinco años por un batallón de ingenieros, se puede comprender lo difícil que resulta hablar de paz en esta región. Durante las cerca de tres horas que dura el trayecto, se ven caseríos abandonados, infraestructura destruida y poca gente en la calles. En contraste, estos pueblos fantasmagóricos están rodeados de grandes extensiones de tierras ganaderas y de cultivos de palma africana que asoman por la vera del camino.

“En la carretera uno se da cuenta como ha sido la guerra, de Panamá para acá la vaina es pesada, muy caliente, ¿me entiende? Uno pasa por ahí y es mejor no decir nada. A pesar de que ha estado tranquilo uno sabe que por ahí está la guerrilla” afirma un habitante de Tame, que habló con VerdadAbierta.com

La presencia de la guerrilla en el departamento es de vieja data. En septiembre de 1980 un grupo armado atacó el puesto de Policía del corregimiento de Betoyes en Tame, anunciando así que nacía el Frente Domingo Laín del Eln, cuyo nombre invocada a uno de los curas españoles que combatió con esa guerrilla. Este frente, a diferencia de otros grupos guerrilleros del país, surgió de las entrañas mismas de un movimiento campesino radicalizado en los años 70 luego del proceso de colonización de la región del Sarare.

Las Farc, por su parte, empezaron a hacer presencia por aquella misma época con el Frente X y posteriormente con la Columna Móvil Alfonso Castellanos del Bloque Oriental, la estructura militar más grande de ese grupo insurgente. Entre los años 2001 al 2005 el panorama del conflicto se haría más complejo cuando las Auc de Carlos Castaño llegaron de la mano de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, quien comandaba el Frente Vencedores de Arauca.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, que cita datos de la Policía Nacional, entre 2000 y 2013, en Arauca hubo 3.632 homicidios, una tasa mucho más alta que el promedio nacional. El pico de muertes ocurrió en 2003 cuando el gobierno de Álvaro Uribe declaró como zona de rehabilitación la parte petrolera de este departamento y la ofensiva paramilitar estaba en pleno desarrollo. Y una segunda ola fuerte de homicidios ocurrió en 2008 cuando Farc y Eln se trenzaron en una guerra sin cuartel, contra sus propias bases sociales.

Y es que a lo largo de estas tres décadas, Arauca ha sido escenario de guerras entre las propias guerrillas; entre estas y los paramilitares y entre las fuerzas armadas y cada uno de los grupos que allí hacen presencia. En medio de este complejo panorama ha habido auges y caídas del petróleo, una fuerte violencia política, y una relación ambigua con Venezuela en la frontera. Por eso tienen razón los araucanos al decir que la paz en su territorio no será cosa fácil.

“Que nos escuchen”
Organizaciones sociales, comunidades afro e indígenas se dieron cita en el duodécimo Encuentro Regional de Paz en Tame, Arauca Foto:VerdadAbierta.com.

“Los iluminados agentes del centralismo no tienen la última palabra, acá niños, mujeres, afros, indígenas y campesinos pensamos. Y con nosotros no han contado. La paz nace del territorio, de las regiones, y no de un grupo de personas que no han vivido el conflicto” dijo a VerdadAbierta.com Older Cáceres, vocero de la Alianza Departamental por la Paz de Arauca.

Como Cáceres alrededor de 200 personas entre campesinos, indígenas, afros, representantes de víctimas y de la iglesia asistieron al Encuentro Regional para la Paz en Tame, el 11 y 12 de diciembre, con el fin de enterarse de qué manera los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las Farc se podrían aplicar en la región, compartiendo así mismo las problemáticas y expectativas frente a un posible postconflicto.

Estos espacios de diálogo son promovidos por la Redprodepaz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red de Iniciativas por la Paz desde la Base y la Organización Pensamiento y acción Social, apoyados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“Para hablar de esta región hay que hablar de las guerrillas, en especial de Eln, que ha sido hasta ahora el grupo que más injerencia ha tenido por la manera como se involucraron con la comunidad, y por su influencia política que ha llegado a que pongan gobernadores y varios alcaldes” contó un poblador a VerdadAbierta.com.

Por eso no es excepcional que haya pobladores que ven a la guerrilla como una autoridad mayor que el Estado. “Acá el Eln históricamente ha sido un contra-Estado, que además del control militar ejerce el social. La gente prefiere consultar con ellos los problemas que buscar ir a alguna dependencia del gobierno” dice otro habitante de Tame.

Sin embargo, la gente está cansada de ese control y quiere que sea haga realmente un proceso de paz con todos los grupos. Ese fue el llamado que hicieron los principales voceros de la región, así como el profesor e investigador Carlos Medina Gallego, que fue ponente del evento, quien insistió en que el Eln debe asumir con realismo la oportunidad que tiene en materia de paz, con el proceso de La Habana, y que debe decidirse a sentarse a la mesa pronto.

“Tanto las Farc como el Eln se deben es sentar a dialogar primero que todo con la gente y luego con el gobierno, ya nos cansamos de tanta joda y de que nos maten” aseguró un líder de Tame. 

Algunos de los asistentes, sin embargo, criticaron la manera como se ha manejado la participación en la Mesa de Conversaciones de La Habana y manifestaron la esperanza de que un eventual proceso con el Eln les permita una participación directa. “De darse el diálogo con el Eln nosotros como población civil vamos a participar y a incidir directamente en lo que se acuerde, no como con las Farc, que unos pocos hablan a nombre de todos. Con seguridad uno de los inamovibles será la problemática social y política que ha traído la política minero energética” aseguró un líder de Saravena.

La lucha por el petróleo
Han sido las comunidades indígenas las más afectadas en la disputa por el control del negocio del crudo, han perdido sus territorios siendo forzados a desplazarse. Foto:VerdadAbierta.com.

Parte del conflicto desatado entre las guerrillas y el Estado ha girado en torno al desarrollo de la política minero energética del gobierno. Con la llegada de multinacionales como la Occidental y la Mannesman en las zonas rurales de Arauca, en los años ochenta, empezó una confrontación por el control del territorio y los recursos que emanan del llamado oro negro.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, que pasa por Arauca y Arauquita, y que es uno de los más importantes del país, pues atraviesa casi toda la geografía colombiana, se convirtió en objetivo para las guerrillas, pero en especial para el Eln, tanto con el secuestro a sus funcionarios, como con la extorsión que cobran a los contratistas, y el permanente sabotaje al “tubo”.

Si bien una década atrás el sabotaje disminuyó notablemente, pues con el Plan Colombia se creó un batallón de helicópteros dedicado a cuidar el oleoducto, en los últimos tres años los ataques han vuelto a ser constantes y ello ha afectado, entre muchos otros factores, los ingresos que por materia de petróleo esperaba el gobierno de Juan Manuel Santos.

La explotación de este recurso natural, a pesar de haber dejado millonarias regalías en las arcas públicas del departamento, también trajo problemas sociales y culturales que fueron eje de discusión en cada una de las mesas de trabajo desarrolladas. Los integrantes de la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca afirman que el 70% del suelo está concesionado a las multinacionales, lo cual ha dejado pérdidas económicas para el municipio, donde se ha violado el derecho a la vida y a la permanencia de las comunidades en los territorios.

Coinciden con la afirmación de MOCIPAR los voceros de La Alianza Departamental por la Paz de Arauca, quienes contaron que desde que se habló de la “Arauca Saudita” fue el detonante de los problemas que ya se venían registrando por la disputa con el petróleo, “el Estado prometió desarrollo y lo que trajo fue más guerra y desplazamiento, lo que hicieron fue crear un negocio más, el de la extorsión de las guerrillas y el de las multinacionales en nuestro suelo”.

Según Luis Eduardo Celis, asesor de la Red Prodepaz “el cobro de extorsiones y las negociaciones entre empresarios y guerrilleros han constituido la fuente de financiación del Frente Domingo Laín, y le ha dado el músculo suficiente para incidir dentro del Eln. En un eventual proceso de paz el frente Laín tendrá mucha influencia en la toma de decisiones”.

Por su parte, Leonel Pérez, un sociólogo nacido en Tame a finales de la década del 40, afirma que la historia del departamento se ha fragmentado en el antes y después de la aparición del petróleo. “Hoy la comunidad debe de decir que petróleo sí pero no así, la incapacidad del Estado de abrazar a todo el territorio nacional no puede traernos más problemas que los que han dejado las multinacionales en la región, se debe romper con la centralización y fortalecer la base popular para que el gobierno nos escuche” dice Pérez.

El llamado de las comunidades afro e indígenas
Ángel Anaceto Díaz vocero de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascatidar). Foto: VerdadAbierta.com.

Pero el conflicto armado no es el único que se siente en Arauca. Hay profundas diferencias entre las propias comunidades y entre estas y las multinacionales. La Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca (Asocata) y la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascatidar), aunque tienen diferencias entre ellos, hicieron un llamado conjunto a los actores armados y en especial al Estado para que les respeten la vida y ayuden a preservar a sus comunidades.

“Nosotros llevamos años diciéndole al gobierno, a las ONG y a los demás organismos nacionales e internacionales que la explotación del suelo y del subsuelo está acabando con los pueblos indígenas” afirmó Ángel Anaceto Díaz vocero de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascatidar).

De otro lado, varios indígenas de las comunidades Uwa, Guahiba e Hitanü afirmaron que las Zonas de Reserva campesina (ZRC) comprenden territorios ancestrales que ellos no están dispuestos a negociar con nadie. “A nosotros que nos respeten lo poco que nos queda, a los campesinos les pueden dar otros territorios donde no se afecten nuestros derechos” afirmó un integrante de la comunidad Hitanü.

A estas peticiones se suman las de las comunidades afro, quienes aseguran que el desarrollo y permanencia de su raza va a depender de la creación de los Consejos Comunitarios, en especial los de Santa Inés, Puerto Rondón y los de las veredas la Holanda y la Hormiga, lugares donde se presenta mayor tensión por la tierra.

Para el coordinador de asuntos étnicos afrodescendientes de Tame, José Padilla Guerra, la creación de los Consejos va a terminar con la estigmatización con la que vive la población afro. “Acá vivimos entre la espada y la pared, se debe atender por igual a cualquier actor armado que llegue a los territorios, de no ser así nos señalan de ser parte de algún bando y posterior a ello vienen los asesinatos, por ello la importancia de tener un espacio protegido que garantice el libre desarrollo de la población”.

Advierte así mismo que hablar de paz suena muy utópico si el Estado no garantiza una verdadera inversión social en las regiones “el postconflicto va a ser peor que la misma guerra si no se garantizan los derechos para las minorías”.

El perdón que reclaman los araucanos
“Acá a nosotros hermano todos los actores del conflicto nos deben un perdón público, y una reparación integral. Los indígenas han sido diezmados por los proyectos minero energéticos al igual que los afro, las mujeres han sido violentadas y la gente que no ha tomado parte de ningún bando ha sido asesinada” dice un tameño que pidió no ser identificado. Asegura además que para el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez más de 200 líderes sociales y dirigentes políticos fueron encarcelados sindicados de ser colaboradores del terrorismo, silenciado así el pensamiento crítico.

De igual manera los araucanos exigen que el Estado repare a la gente que ha sido asesinada por las fuerzas militares, “A nosotros no se nos olvidan nuestros niños que murieron en Santo Domingo por la bomba que tiró la FAC, como tampoco se nos olvidan los afros asesinados el 5 de marzo de 2003 en una cancha de fútbol, ni los cientos de falsos positivos por parte del Ejército”.

El paso del paramilitarismo dejó para la región alrededor de 22 masacres de las cuales hasta ahora no se tenido reparación, según expresó un representante de víctimas. Y entre las acciones de las guerrillas se contabilizan varios atentados indiscriminados con bombas y las constantes muertes selectivas.

Al final del encuentro las organizaciones sociales invitaron a presionar para un cese al fuego bilateral y entre todos se comprometieron a darle un espaldarazo al proceso con las Farc, y presionar para que el Eln y al Epl también se vinculen a él.

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