Cese al fuego con el Eln, en una difícil recta final

Faltando un mes para que termine oficialmente el acuerdo bilateral, temporal y nacional, que pactaron el gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador, y vigente desde el 1 de octubre, la búsqueda de una salida negociada enfrenta un tenso momento por cuenta de dos hechos que, esta semana, debilitaron aún más la mesa de negociaciones.

cese eln 1Durante el cuarto ciclo de conversaciones, los negociadores del Eln realizaron pegagogía sobre el cese al fuego en los distintos frentes de guerra. Foto: Twitter- Eln.Tras once días de silencio, la guerrilla del Eln reconoció en un comunicado su participación en las acciones violentas que terminaron con la vida de 13 personas en zona rural del municipio Magüi Payán, departamento de Nariño, hecho que se constituye en la segunda violación al cese al fuego por parte del grupo armado. La primera el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama.

El grupo insurgente aseguró que el pasado 27 de noviembre unidades del Frente de Guerra Suroccidental llegaron hasta la vereda Pueblo Nuevo “para entablar conversación” con un grupo armado ilegal llamado Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) del que hacen parte excombatientes de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

Esa “conversación” buscaba “aclarar el comportamiento agresivo que (las GUP) tienen con las comunidades”, referido a supuestos atropellos “contra la vida, costumbres, bienes y la convivencia pacífica” y, especialmente, al presunto asesinato de “nueve pobladores y líderes de la región, entre junio y agosto de este año”.

El Eln relató que, una vez en el sitio, las GUP “abrieron fuego contra nuestras unidades guerrilleras, obligándolas a responder”. El enfrentamiento, según el comunicado, dejó diez integrantes de las GUP muertos y otros seis retenidos, que posteriormente fueron liberados. La guerrilla aseguró, además, que dos civiles murieron y tres más resultaron heridos, pero atribuye esos crímenes a que “en medio de la confrontación los integrantes de las GUP atacaron de forma intencional y alevosa a la población civil del caserío”.

Esa versión es contraria a la que ofreció la Defensoría del Pueblo. Una misión humanitaria de la entidad que viajó al lugar de los hechos informó que a las 5 de la tarde de aquel 27 de noviembre el Eln llegó a las veredas Pueblo Nuevo y Juanchito “con el fin de someter” a un grupo armado ilegal. Y agregó que “los hermanos Álvaro y Nilson Samuel Cuero, integrantes de la línea de mando de este grupo, que estaban en Pueblo Nuevo, se negaron a someterse. Las versiones de la comunidad manifiestan que Álvaro empezó a disparar y que los integrantes del Eln respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil”.

cese eln 2El defensor del Pueblo, Carlos Negret, aseguró el pasado martes que son 13 las víctimas de los hechos violentos ocurridos en Magüi Payán. Foto: Defensoría del Pueblo.La Defensoría aseveró que el hecho dejó 13 muertos: tres integrantes del grupo armado ilegal; tres civiles, entre ellos uno que “padecía una discapacidad mental” y una mujer embarazada; dos personas sobre las que hay versiones encontradas frente a si eran civiles o disidentes de las Farc; cuatro personas sobre las que no se hace distinción de si eran pobladores o integrantes del grupo armado; y el representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas, Edison Ortiz Bolaños. Sobre este último, la Defensoría indicó que su hermano Wilman Ortiz hace “parte de las disidencias” y “fue retenido por el Eln”.

Pero las cifras no cuadran. El pasado miércoles el vicepresidente, Óscar Naranjo, aseguró desde Tumaco que sólo tenía certeza de seis muertos y un herido. Frente a esa discrepancia, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, declaró que “con el gobierno afortunada o desafortunadamente no nos ponemos de acuerdo ni en las cifras de los líderes sociales (asesinados), pero le puedo asegurar a la comunidad que hay 13 cadáveres en Magüi Payán, lo que pasa es que la comunidad enterró a sus familiares en los sitios que ellos quisieron”. Además, fue enfático en que “nosotros mandamos una misión humanitaria que se desplazó por esos ríos y constató los 13 cadáveres”.

Los cuerpos, de acuerdo con la entidad, fueron enterrados en las veredas Pueblo Nuevo, Ricaurte, Playón, Punta de Barco, Las Cruces y Panga de los municipios Magüi Payán, Roberto Payán y Barbacoas, todos en Nariño. Teniendo en cuenta esa versión, Negret, declaró que “elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese del fuego y hostilidades que representa esta acción” por parte del Eln, que, de acuerdo con la Defensoría, generó el confinamiento de la población de la zona.

El enfrentamiento también fue calificado como una violación del cese al fuego por parte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que el pasado 1 de diciembre, en su segundo informe de monitoreo al cese, informó que el de Magüi Payán “es el tercer combate entre el ELN y grupos de crimen organizado que se registra en lo corrido de 2017”, al tiempo que declaró que “este hecho constituye una violación al compromiso de suspender temporalmente distintas acciones, propias de la guerra de guerrillas y de una fuerza insurgente”.

cese eln 3 En la presentación de su balance al presidente, el jefe del equipo negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el cese al fuego es "un hecho muy importante y significativo porque abre puertas para que se vaya jalonando el resto de la agenda”. Foto: Presidencia.La última palabra sobre lo ocurrido en Nariño la tendrá el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), integrado por las partes, así como por voceros de la iglesia Católica y Naciones Unidas.

Esta acción armada continuó minando la credibilidad en el cese al fuego que, según prometieron las partes, aliviaría la crisis humanitaria que enfrentan los pobladores de las regiones donde el Eln hace presencia. El hecho, además, se sumó a la incertidumbre que generó la renuncia del jefe negociador del equipo del gobierno nacional, Juan Camilo Restrepo, y tres miembros más: José Noé Ríos, Juan Sebastián Betancur y el general (r) Eduardo Herrera Berbel.

Ante las especulaciones que generó la noticia, Santos explicó que la renuncia se había pactado tres meses atrás, luego de que Restrepo le informara sobre “problemas personales” y la necesidad de atender “unos cultivos en la Sabana” de Bogotá. El jefe negociador también informó públicamente que se dedicará de lleno a trabajar como árbitro en un litigio comercial que cursa en la Cámara de Comercio de París, dada su especialidad en resolución de conflictos en los campos financiero y energético.

Aunque la decisión fue percibida por una parte de la opinión como un mal síntoma del momento que atraviesa la negociación con el Eln, una fuente de la delegación del grupo insurgente, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a este portal que “la salida de él no se da por diferencias ni tensiones, sino por sus otras responsabilidades, propias de los entornos en los que él se mueve, que hacían que su actitud fuera un poco pausada en la mesa”.

La fuente consultada consideró, además, que “una renovación del equipo del gobierno puede incrementar las probabilidades de que el proceso se agilice y se puedan construir acuerdos relevantes para darle mayor significación a los diálogos antes de las elecciones, lo cual requiere mayor disposición y voluntad”.

De las demás renuncias del equipo de gobierno nacional, la del general (r) Herrera es la única que se ha declarado “irrevocable”, mientras las de Betancur y Ríos se perciben como protocolarias, a la espera de que Santos defina el equipo negociador que arrancará el quinto ciclo de diálogos.

Balances sobre cese al fuego

cese eln 4El Frente de Guerra Occidental, uno de cuyos comandantes es Uriel, reconoció el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama. Foto: Captura de video - Eln.Al margen de la verificación realizada por el MV&V, existen dos informes de seguimiento sobre el cese al fuego pactado entre el gobierno y el Eln: uno, elaborado por el Cerac; y otro, emitido por la Red de Veeduría Social al Cese al Fuego, compuesta por varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de corte nacional y regional.

En el caso del Cerac, el foco se centra en la suspensión de acciones ofensivas y de hostilidades; mientras en el de la Red, la atención está puesta en el alivio de la situación humanitaria en un sentido amplio.

Los análisis realizados por el centro de estudios concluyen que “los principales beneficiados del cese al fuego serían los combatientes”, dado que desde el 1 de octubre no se registran combates entre las partes. Los enfrentamientos, de acuerdo con este centro, venían a la baja desde el inicio de la fase pública de diálogos, en febrero pasado, con una reducción hasta el día del comienzo del cese del 42,8 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2016. En concreto, la pérdida de vidas del lado del Eln se ha reducido en 68 por ciento, mientras del lado de la Fuerza Pública, en un 60 por ciento.

En su primer informe mensual de monitoreo, el Cerac reportó que el Eln había cometido su primera violación al cese al fuego con el asesinato del gobernador Aulio Isarama, hecho reconocido por el Frente de Guerra Occidental. Sin embargo, reportó que el periodo transcurrido entre el 1 y el 24 de octubre, un día antes del homicidio de la autoridad indígena, era el “más largo de días consecutivos sin el registro de acciones ofensivas del Eln en los últimos cinco años”. A excepción de ese hecho, aseguró que las partes habían cumplido con los demás compromisos del cese. (Leer más: Eln, responsable de asesinato de líder indígena en Chocó)

En su segundo informe mensual, el Cerac consideró como una acción violatoria del cese el enfrentamiento ocurrido en Magüi Payán y alertó por una posible tercera violación relacionada con la convocatoria realizada por el Frente de Guerra Occidental a una reunión con civiles y medios de comunicación los próximos 12, 13 y 14 de diciembre en el municipio Medio San Juan, llamada “Chocó construyendo visión de país y región”.

Con el evento, esa estructura busca establecer un diálogo político con “organizaciones sociales, ONG’s, institucionalidad, partidos, gremios, diferentes iglesias y otros” sobre situaciones relacionadas con el cese al fuego y con el punto sobre participación de la sociedad de la agenda de diálogos de Quito.

Al respecto, el Cerac asumió como válida la interpretación del gobierno nacional, según la cual “este tipo de reuniones son prohibidas por la legislación nacional y también son contrarias al Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Temporal”, dado que el Eln “no puede convocar a la comunidad a un encuentro donde estarán armados”.

Frente al tema, el comandante de ese frente de guerra, conocido como ‘Uriel’, declaró que “la invitación sigue en pie pese a la inconformidad por parte del gobierno (...) En los protocolos no se prohíben las reuniones con la población, otra cosa es que el gobierno se empeñe en aislarnos de la gente”. Agregó, además, que “solo el Mecanismo de Veeduría y Verificación puede determinar las violaciones del cese”.

cese eln 5Aun con el malestar expresado por el gobierno, el Frente de Guerra Occidental del Eln decidió continuar con la convocatoria al evento “Chocó, construyendo visión de país y región”. Foto: Captura de video - Eln.El Cerac también incluyó en sus reportes de octubre y noviembre once posibles violaciones al cese al fuego cometidas por el Eln en Chocó, Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Vichada y Antioquia, que incluyen asesinatos, atentados contra la infraestructura, combates con grupos armados ilegales, secuestros, reclutamientos forzados, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. Ninguno de esos hechos ha sido reconocido por el Eln ni adjudicados formalmente a esa guerrilla por el MM&V, que tiene la última palabra.

En cuanto a los compromisos del gobierno nacional, el Cerac los declaró cumplidos en ambos periodos, dado que “no se conocieron reportes de hechos en los que la Fuerza Pública comprometiera la seguridad o integridad física de integrantes del Eln”. Sin embargo, esos los compromisos van más allá de garantizar la seguridad de los guerrilleros e incluyen acciones relacionadas con la protección de los líderes sociales y el alivio de la situación humanitaria para los prisioneros políticos.

Por su parte, la Red de Veeduría Social le presentó su informe de seguimiento sobre los 50 primeros días del cese al fuego al MV&V el pasado martes en Bogotá. En él, concluyó que, si bien se redujo la confrontación armada, no se cumplió con el principal objetivo de mejorar la situación humanitaria de la población.

Otra de las conclusiones del documento es que no se han desplegado acciones concretas de lucha contra el fenómeno criminal que la Red continúa denominando “paramilitarismo”. En el texto se lee que “pese a algunos discursos y compromisos formales y a lo establecido en los acuerdos de La Habana, la persecución política y la acción paramilitar continúa siendo una de las principales causas de agresiones contra el movimiento social”.

Según Agustín Jiménez, vocero de Paz Completa, la mayor parte de la información con la que se elaboró el informe proviene de indígenas, afros, campesinos e integrantes de iglesias protestantes. Los datos, de acuerdo con Jiménez, fueron “posteriormente triangulados con la Defensoría del Pueblo e instituciones públicas y privadas de los territorios. Una vez depurada, la información ingresó a una base de datos, en la que un equipo técnico clasificó las violaciones”.

El informe registró un total de 299 civiles víctimas de distintos delitos entre el primero de septiembre y el 20 de noviembre, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones campesinas, con mayor afectación en los departamentos de Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. Según el documento, en el 73 por ciento de los hechos se atribuye la responsabilidad al Estado, en el 17 por ciento a desconocidos, en el 8 por ciento a los paramilitares y tan solo en un 1 por cierto a la guerrilla.

A diferencia del Cerac, la Red no registró ningún combate atribuido al grupo guerrillero y sólo identificó como violaciones al cese al fuego el asesinato del gobernador Aulio Isarama, la retención de un civil y el posible asesinato de un excombatiente de las Farc.

Para Olimpo Cárdenas, vocero de la Mesa Social por la Paz, el porcentaje atribuido al Estado corresponde a hechos que ocurrieron durante los primeros 50 días del cese, como la masacre en Tumaco y el posterior ataque a la comisión verificadora el pasado 25 de octubre; los asesinatos de excombatientes de las Farc; y los “tratos inhumanos” que el Inpec les ha dado a los presos políticos, sociales y de guerra en los distintos centros carcelarios. Por ello asegura que “el accionar paramilitar y la persecución política son el lastre del movimiento social y de los líderes en territorio”.

Los otros compromisos

cese eln 6 Con la pendiente reestructuración del Sistema de Alertas Tempranas, el gobierno promete mejorar la protección de líderes sociales y dirigentes políticos de oposición. Foto: archivo Semana-Además de suspender el fuego, el gobierno nacional y el Eln acordaron otros compromisos durante la vigencia del cese, que finaliza el próximo 12 de enero. En primer lugar, el Ejecutivo se comprometió a robustecer el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo “para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados”.

En un comunicado expedido el pasado primero de diciembre, en el que presentó los resultados del cuarto ciclo de conversaciones, el gobierno nacional anunció como avance la “publicación del proyecto de decreto para agilizar y fortalecer el SAT”. (Haga clic aquí para ver el proyecto de decreto)

El proyecto, publicado en la página web del Ministerio del Interior para recibir comentarios ciudadanos entre el 23 de noviembre y el pasado jueves, consta de 14 páginas y responde a un compromiso asumido por el gobierno nacional en el Decreto Ley 895 de 2017, que creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política pactado con las Farc.

En dicha norma, y en consecuencia con el acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a reformar el SAT para evitar colisiones entre esa herramienta de la Defensoría y las nuevas funciones del Sistema Integral, que deberá tener un sistema de prevención para proteger a las organizaciones sociales y los movimientos políticos que se declaren en oposición, incluyendo a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

De ahí que el proyecto de decreto consista en la creación de un Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, parte del Sistema Integral de Seguridad, que constaría de dos componentes: uno de alertas tempranas, a cargo de la Defensoría, y otro de respuesta y reacción, coordinado por el Ministerio del Interior e integrado por distintas instituciones estatales. Aún falta que se expida el decreto y que se ponga en marcha la reestructuración en ambas entidades.

En segundo lugar, el gobierno nacional se comprometió a implementar un programa de carácter humanitario para la población reclusa del Eln, que pretendía mejorar las condiciones de salud, la ubicación cerca de sus núcleos familiares y una evaluación de los riesgos de seguridad en los centros penitenciarios. Al respecto, los avances han sido pocos, en un escenario de crisis carcelaria denunciado por la Defensoría del Pueblo desde principios de 2016.

Según Gloria Silva, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, organización que desde 2008 acompaña a los presos del Eln, solo hasta el pasado 27 de noviembre un grupo de médicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó una evaluación, en la que en cuatro horas se constató el estado de salud de 29 prisioneros.

Para Silva, “contrario a lo que se acordó, lo que ha habido son maltratos en contra de los presos políticos del Eln en varias cárceles del país. En lo que tiene que ver con los traslados de sitios de reclusión nada es lo que se ha adelantado, por lo que definitivamente no hay cumplimiento”.

Los atropellos a los que se refiere esta abogada fueron consignados en denuncias públicas emitidas por distintos colectivos integrados por reclusos. La más reciente de ellas, con fecha del 7 de diciembre, afirma que durante un operativo conjunto de requisa de celdas entre el Comando de Reacción Inmediata del Inpec y el Gaula de la Policía, en el pabellón B de la penitenciaría del Bosque, de Barranquilla, se reportó la pérdida de documentos personales e información del proceso judicial que se adelanta contra el insurgente Ricardo Álvarez, así como de varios informes que los prisioneros tenían preparados para enviar a la mesa de Quito.

cese eln 7Las audiencias preparatorias para el desarrollo del punto uno de la agenda se realizaron en Toncacipá, Cundinamarca. Foto: Cortesía de Darwin Torres.

Situación similar se vivió con los reclusos de las Farc, quienes sólo hasta la última fase de conversaciones en La Habana empezaron a recibir parte de los beneficios pactados, como el traslado a centros penitenciarios, brigadas de salud y, en algunos casos, la excarcelación y el indulto. Aun así, hoy quedan cerca de mil integrantes de la desaparecida organización guerrillera por obtener su libertad.

Al respecto, en el comunicado del primero de diciembre el gobierno nacional aseguró que se le ha dado “riguroso cumplimiento al desarrollo de un esquema integral para mejorar la condición humanitaria de los presos”, hecho que controvierten organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y militantes del Eln consultados por este portal.

En tercer lugar, el gobierno nacional se comprometió a velar por el cumplimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto (1820 de 2017) pactada con las Farc, en lo que respecta a la concesión de tratamientos penales especiales a personas procesadas por delitos asociados a la protesta social, quienes han tenido que sortear varias dificultades, tales como los problemas con la interpretación de la Ley en los juzgados de ejecución de penas.

Nadia Triviño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad, afirma al respecto que “en la mayoría de esos casos ya se concedió la libertad condicional. Pese a ello, quedan varios casos por resolver, quizá los más complicados de abordar jurídicamente, por lo que los procesos están estancados. En otros, se han negado las libertades porque los delitos imputados no son concernientes a la protesta social”.

El cuarto compromiso del Ejecutivo era desarrollar las audiencias preparatorias para la puesta en marcha del punto uno de la agenda, sobre participación de la sociedad. En efecto, entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre pasados se realizaron diez audiencias en tres bloques, con la participación de 208 delegados de organizaciones sociales y políticas, sindicales, agrarias, de víctimas, defensoras de derechos humanos, étnico-territoriales y defensoras del medio ambiente, así como de alcaldías e instituciones públicas y privadas. (Lea más: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)

En esas audiencias, que contaron con la presencia de las delegadas del Eln Silvana Guerrero y Consuelo Tapia, y los delegados del gobierno Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, las partes escucharon las propuestas de los dirigentes sociales y políticos sobre el modelo de participación que debería implementarse en el desarrollo del punto uno, con el que se espera decantar los temas a negociar en los puntos de Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz, con la amplia participación de la sociedad civil. (Lea más: "El Eln no va a renunciar a la participación de la sociedad": Silvana Guerrero)

En cuanto al Eln, la organización asumió cuatro compromisos sobre la suspensión de hostilidades durante el cese: abstenerse de instalar minas antipersonal; suspender el reclutamiento de menores de 15 años; no secuestrar ciudadanos colombianos y extranjeros; y no atentar contra la infraestructura. De momento, ni el gobierno nacional ni el grupo subversivo han reportado violaciones a esos compromisos, sobre los cuales deberá emitir conclusiones el MV&V.

En el mes que le resta al acuerdo del cese al fuego, la encargada de dirimir las controversias frente a posibles incumplimientos por cada una las partes será la Mesa Transitoria, creada al cierre del cuarto ciclo de conversaciones y compuesta por hasta tres integrantes de cada delegación, que rige desde el primero de diciembre hasta el 9 de enero del próximo año.

Durante ese periodo, ambas partes discutirán una posible prolongación del cese al fuego, que permita continuar dinamizando la mesa con celeridad teniendo como telón de fondo las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. La tarea no es fácil, sobre todo en un ambiente tan inestable, en el que otras fuerzas continúan operando sin control en regiones agobiadas por el narcotráfico y la minería ilegal.

"El Eln no va a renunciar a la participación de la sociedad": Silvana Guerrero

VerdadAbierta.com habló con la vocera de este grupo subversivo en las audiencias preparatorias del punto uno de la agenda, llamado Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz, que se realizan en Colombia, y cuyos resultados serán llevados a la mesa de negociaciones que se instaló hace nueve meses en Quito, Ecuador.

entrevista silvana guerrero 1Guerrero hace parte de la dirección del Frente de Guerra Nororiental del Eln. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Silvana Guerrero lleva más de dos décadas en el Eln y hace parte de la dirección del Frente de Guerra Nororiental, que opera con mayor fortaleza en la región del Catatumbo, Norte de Santander, de donde es oriunda. Esta Licenciada en Educación Básica, con énfasis en Educación Ambiental, es una de las dos mujeres que integra el grupo de diez delegados del grupo alzado en armas en la mesa de conversaciones con el gobierno nacional, que desde hace nueve meses busca alternativas para ponerle fin a una confrontación de más de 50 años.

El papel de Guerrero es clave en la fase actual de los diálogos, que se desarrolla en Tocancipá, Cundinamarca, desde el pasado 30 de octubre, con unas audiencias cerradas en las que participan representantes de 200 organizaciones sociales que pretenden proponer insumos sobre cómo debería desarrollarse el punto uno de la agenda de diálogos, Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz, del que dependen en buena parte los puntos 2 y 3, llamados Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz. (Lea más: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln).

En este escenario, Guerrero fue designada por la guerrilla para liderar estas audiencias, teniendo del lado del gobierno nacional a Luz Helena Sarmiento. VerdadAbierta.com dialogó con ella sobre este primer ejercicio colectivo, al que acuden voceros de organizaciones campesinas, iglesias, instituciones públicas, comunidad LGBTI, jóvenes, mujeres, sindicatos, víctimas, prisioneros políticos, académicos, afrodescendientes, indígenas, ambientalistas, colombianos exiliados y de distintos procesos sociales de Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y el Caribe.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo fue la negociación de este ejercicio de audiencias preparatorias en la mesa de diálogos?

Silvana Guerrero (SG): Fue un proceso de varios ciclos de debate con el gobierno, que inició con la propuesta por parte del Eln de que para el ejercicio de la participación debíamos antes consultarle a la sociedad cómo debía desarrollarse. Luego acordamos las audiencias preparatorias, de las que el gobierno dice es un regalo que le concede a la organización, porque no estaba concebido dentro del acuerdo del 30 de marzo de 2016 (la agenda de diálogos). Ante eso, nosotros dijimos que concebíamos las audiencias como una herramienta viable dentro de la parte metodológica.

(VA): ¿Con qué criterio eligieron a los 200 delegados que fueron invitados a las audiencias?

(SG): Inicialmente el gobierno propuso que diez expertos académicos y de organismos multilaterales diseñaran la propuesta de participación y que así avanzaríamos en el tiempo. Nosotros reconocimos el trabajo de las organizaciones propuestas por el gobierno, pero concebimos eso como una falta de respeto con la gente de los territorios, que ha vivido la realidad del conflicto. El debate tomó varios ciclos, hasta que logramos concretar la propuesta en número: 155 organizaciones, que debían estar agrupadas en estamentos o bloques: iglesias, gremios, partidos políticos, medios de comunicación, organismos multilaterales, en fin, no sólo organizaciones sociales. El número se mantuvo, sin embargo, no todos los bloques pasaron.

entrevista silvana guerrero 2Guerrero y Consuelo Tapia son las dos mujeres que integran la delegación de paz del Eln, compuesta por diez personas. Foto: Cortesía de Darwin Torres.(VA): Aún con visiones distintas, el grueso de las organizaciones representadas en las audiencias apoya la salida negociada al conflicto entre el gobierno y el Eln. No obstante, no asistieron los estamentos que tienen mayor resistencia a la mesa. ¿Por qué no fueron convocados los gremios, los políticos y otros sectores?

(SG): Hay que aclarar que esta no es la participación, sino un espacio para que la mesa tenga insumos para alimentar lo que cada una de las partes concibe sobre cómo debería ser la participación de la sociedad. Ese debate que usted menciona se dio en la mesa, pero esos sectores no pasaron (la selección) por parte del gobierno.

Nosotros hemos dicho que hay que hablar con los empresarios, con las personas no organizadas, con todo el mundo. También hemos dicho que las audiencias, aparte de dar insumos, son una posibilidad de llevar el mensaje de que todos los colombianos nos tenemos que comprometer en crear esa visión común de paz para el país. Sin embargo, esta es una negociación y nosotros no somos los únicos que decidimos.

(VA): ¿A qué se debió esa negativa que incluyó, además, a los medios de comunicación?

(SG): A que con el gobierno colombiano no es fácil negociar. Sabemos que esa inquietud está muy generalizada en los medios, pero también en la sociedad, porque ha salido muy poca información de este ejercicio. Desafortunadamente el gobierno le tenía mucho temor a que estas audiencias se desarrollaran acá en Colombia, con los argumentos de que esto podría ser tomado por los medios de comunicación, de que se podía salir de las manos por la seguridad misma.

En el tema de los medios, el gobierno argumentó que, como se iba a hacer un ejercicio de comunicaciones, en ese espacio podríamos consultarles las dos preguntas que estaban definidas para las audiencias. De otro lado, en el momento en que el general (r) Eduardo Herrera estaba en la mesa, él propuso la participación de los militares retirados. Nosotros dijimos: "perfecto, que vengan". Pero eso no pasó. El gobierno siempre saca excusas para impedir, pero tal vez más adelante se dé cuenta de que esto le hubiera servido políticamente.

(VA): La mesa empezó a discutir este tema de las audiencias preparatorias desde el inicio de la fase pública de diálogos. ¿Por qué les tomó nueve meses definir un procedimiento?

(SG): La submesa de participación entró en una especie de receso debido al atranque que se crea en la mesa cuando la delegación del gobierno pone una condición para avanzar, y es que la organización debía renunciar de manera categórica, definitiva y pública al tema de las retenciones. Ahí se crea un nudo, y la organización pone sobre la mesa que si eso era un condicionante por parte del gobierno, entonces nosotros poníamos la condición de que debían parar el asesinato de líderes sociales, porque el gobierno siempre quiere que nosotros demos, pero ellos no.

En ese caso, por ejemplo, ellos decían que en los temas del paramilitarismo y de líderes les era muy difícil comprometerse, porque el gobierno no es el responsable y se le sale de las manos dar una respuesta, como si la podría dar el Eln renunciando definitivamente a las retenciones. Allí entramos en un pare de casi un ciclo, donde nosotros continuamos escuchando propuestas que nos llegan de acá de Colombia. Esto pudo haber arrancado en el tercer ciclo, pero el debate fue largo.

entrevista silvana guerrero 3Guerrero lleva más de 20 años de militancia en el Eln. Foto: Cortesía de Darwin Torres.(VA): ¿El Eln es consciente de que los tiempos extensos que se toma la mesa para tomar decisiones afectan el interés en el proceso?

(SG): Llegar a cada acuerdo o preacuerdo es una discusión larga, de días, de semanas, que no es fácil, por la misma complejidad de los temas. Quizá la expectativa que hay en Colombia, en la comunidad internacional, es que se hubiese podido avanzar más en estos nueve meses, pero no son discusiones fáciles, porque cada uno tiene sus argumentos, sus justificaciones. Sin embargo, yo creo que hemos avanzado significativamente. Para nosotros es un buen balance el cese al fuego bilateral temporal nacional, que despega el tema de las audiencias preparatorias, porque además permite garantías en el territorio para la participación.

(VA): Ahora que están a punto de concluir las audiencias, ¿cómo se van materializar los insumos que trajeron las organizaciones para construir ese modelo de participación?

(SG): Todo este tiempo el Eln ha mantenido una visión de participación del pueblo, ese es el factor fundamental para nosotros. Entonces, mire lo complejo que va a ser para nosotros una vez terminen estas audiencias negociar con el gobierno cómo van a ser incluidas esas herramientas y esos insumos que arroje el ejercicio. Materializar el diseño va a ser toda una discusión en la submesa y posteriormente en la mesa. Esperamos que no sea mucho tiempo, no tanto como el que llevó el de las discusiones de estas audiencias preparatorias. Sin embargo, estamos preparados para dar los debates como organización, porque no vamos a renunciar a lo que para nosotros significa la validez de estos insumos. La propuesta de participación de la sociedad es nuestra, nos la hemos peleado.

(VA): ¿Cuál es la propuesta concreta del Eln para poner en marcha la participación de la sociedad una vez terminen las audiencias preparatorias?

(SG): Nosotros queríamos tener la posibilidad de hablar con el país, y eso nos lo ha posibilitado esta fase pública de diálogos. El hecho de que seamos una organización ilegal hace que no hayamos tenido la oportunidad en todos estos años de escuchar al pueblo. Este material de insumos servirá para enriquecer la propuesta del Eln, que va encaminada a que no sean unas luchas por sectores de manera independiente, sino buscar que cada uno de los sectores asuma la visión general de lo que significan estos diálogos de paz; es decir, cuál es la propuesta de país desde lo social, político, económico, ambiental, para encaminar unos esfuerzos para lograr unas transformaciones en esta mesa de diálogos.

(VA): Desde hace años el Eln ha planteado la necesidad de llevar a cabo una convención nacional. Con la metodología que se defina, ¿el desarrollo del punto uno sería el equivalente a esa convención?

(SG): Nosotros no queremos caracterizar un ejercicio en el que vamos a ir paso a paso. Preferimos ir mirando qué arroja el proceso y a qué va a conllevando.

(VA): Los delegados de las organizaciones sociales en las audiencias preparatorias han dicho que el ejercicio de participación que se defina debe ir de lo local a lo nacional. ¿La mesa está en capacidad de atender esa demanda?

entrevista silvana guerrero 4De acuerdo con Guerrero, la participación de la sociedad es un inamovible del Eln en la negociación con el gobierno nacional. Foto: Cortesía de Darwin Torres.(SG):Ese tema es del interés del Eln. Nosotros hemos dicho que la participación debe ir de lo local a lo regional y a lo nacional, y que debe ser vinculante, amplia, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. El problema es que esto es una negociación, vamos a ver qué tanto va a acceder el gobierno a todas estas propuestas. Los invitados de alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, han coincidido en esta solicitud a la mesa y creemos que eso es positivo en el sentido de que le habla al gobierno, que está un poco renuente a que esto sea así.

(VA): Otra de las peticiones de los delegados es que el gobierno nacional y el Eln les garanticen seguridad para poder participar, en el sentido de que estos espacios no les traigan represalias a ellos y sus organizaciones. ¿Qué medidas va a tomar la mesa al respecto?

(SG): Ese es un debate permanente que ha dado el Eln. Desde un primer momento, cuando empezamos a proponer organizaciones, dimos el debate sobre la estigmatización por parte del gobierno, porque si nosotros proponemos la participación de una organización, entonces es cercana a nosotros, simpatizante, amiga. Ya ahí empieza el problema, al decirnos: "llamen ustedes a los de ustedes y nosotros llamamos a la institucionalidad", por lo que nosotros tenemos que pedir que se corrija ese vocabulario.

Todo ese tipo de discusiones se dan en la mesa, porque no hay una semana que no recibamos una noticia trágica en el país en materia de los asesinatos y amenazas que están recibiendo los líderes sociales, sobre cómo el Estado va en contra de la protesta social. Acabamos de ver la experiencia de Nariño, la del Catatumbo. Nosotros, además, estamos abiertos a recibir y a asumir de manera autocrítica las situaciones en las que nosotros estemos relacionados, que además no son política de la organización. Sabemos que también hay preocupaciones por lo que puede hacer la organización en los territorios, sobre todo en el Pacífico.

(VA): Justamente, antes de estas audiencias el Eln asesinó a un líder social: Aulio Isarama, gobernador indígena de Chocó. ¿Qué medidas van a tomar al respecto?

(SG): El comandante Pablo Beltrán, en cabeza de la delegación, y el conjunto del Eln, hemos dicho que ese no un hecho grave, sino un hecho gravísimo. El Eln también ha aclarado que acciones como estas no son política de la organización. Ya el organismo superior está tomado medidas y cursará el debido proceso, porque nosotros tenemos unos reglamentos, una constitución y unos criterios. Hemos asumido públicamente que es un error, hemos pedido disculpas, y lamentamos en conjunto este hecho.

(VA): Una vez se defina el mecanismo de participación de la sociedad en los diálogos, ¿cómo se va a garantizar que a ese escenario asistan organizaciones de distintas corrientes ideológicas?

(SG): Cuando arranque en sí el ejercicio de participación va a haber una respuesta para quienes tienen la idea de que ese espacio será limitado, porque nuestra propuesta es muy amplia. Por ahora, lo importante es que hay una coincidencia de las organizaciones sociales, los organismos multilaterales y la institucionalidad frente a que la participación debe ser en los territorios, amplia y vinculante. Esas herramientas van a enriquecer la propuesta que tiene la organización en materia de participación. 

Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln

Durante tres meses, esa guerrilla y las tropas estatales suspenderán acciones ofensivas y realizarán medidas de carácter humanitario. En ese departamento, uno de los más afectados por el conflicto armado, habrá requisitos adicionales y contará con un comité de seguimiento liderado por dirigentes afrodescendientes e indígenas.

inicio cese fuego eln 1El Eln deberá cesar cuatro prácticas durante la vigencia del cese al fuego. Foto: archivo Semana.Este domingo inicia el cese del fuego y de hostilidades bilateral, temporal y nacional que acordaron el pasado 4 de septiembre los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador. La medida se extenderá hasta el próximo 9 de enero y las partes deberán cumplir ocho compromisos que pactaron luego de superar una larga crisis en la que mediaron el senador Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leyva. Es la primera vez que ese grupo insurgente asume una suspensión temporal de la confrontación contra el Estado.

Las estructuras guerrilleras recibieron la orden de parar las acciones ofensivas el pasado viernes, cuando el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, les ordenó "a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado". (Lea más: Así recibieron en las regiones el anuncio del cese al fuego con el Eln)

Ese mismo día, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, emitió el Decreto 1590, en el que ordena "la suspensión de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del Eln que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo del cese y los protocolos pertinentes". (Descargue aquí el Decreto)

Según el acuerdo pactado en Quito, durante los próximos tres meses el gobierno nacional deberá fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para garantizar la protección de líderes defensores de derechos humanos; mejorar las condiciones de salud, ubicación y seguridad de los militantes del Eln recluidos en diversos penales; agilizar la excarcelación de civiles procesados por delitos asociados a la protesta social; y poner en marcha las audiencias en las que organizaciones sociales propondrán mecanismos para el desarrollo de la discusión del punto uno de la agenda, que es sobre participación de la sociedad.

El Eln, por su parte, deberá suspender el secuestro, los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores de 15 años y la instalación de minas antipersonal en aquellas áreas donde tienen una activa presencia armada.

La verificación del cese del fuego estará a cargo del Mecanismo de Veeduría y Verificación, integrado por representantes del gobierno nacional, la guerrilla del Eln, la ONU y la Iglesia Católica, quienes contarán con la protección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Sin embargo, sólo hasta el pasado viernes las partes le pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar a la misión de ese organismo que actualmente reside en Colombia en virtud del acuerdo suscrito con las Farc para que realice las tareas de veeduría y verificación.

Aunque el Consejo aún no se ha pronunciado, las partes ya acordaron que voceros de la Iglesia Católica participarán en las instancias regional y local del Mecanismo a través de las diócesis que están en los territorios donde opera el grupo armado. Para el proceso con esa guerrilla, y por solicitud de las partes, la Conferencia Episcopal designó una comisión que lidera y coordina el acompañamiento de la institución a los diálogos, integrada por los obispos de Cali, Arauca, Tibú, Quibdó e Itsmina, esta última a cargo del párroco del municipio de Sipí.

Chocó, caso especial

inicio cese fuego eln 2Durante la instalación del Comité, un grupo de cinco líderes regionales denunció múltiples afectaciones contra la población civil cometidas por el Eln y las Agc . Foto: Cortesía Mapp-OEA.Este cese del fuego tendrá un capítulo regional. Se trata del cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó que, entre marzo y agosto pasados, elaboraron decenas de organizaciones sociales del departamento adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, y a los movimientos de víctimas y de mujeres. El acuerdo fue presentado a las partes en Quito el 31 de agosto, y contempla nueve medidas en beneficio de las comunidades negras e indígenas, así como de la propia mesa de diálogos.

Como el gobierno nacional y el Eln se comprometieron a respetar las exigencias de las comunidades, el pasado miércoles las organizaciones sociales instalaron en Quibdó el Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario. La presentación del Comité se llevó a cabo en la Fundación Universitaria Claretiana, con la presencia de Juan Myer, integrante del equipo negociador del gobierno nacional; el gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar; el gobernador de Chocó, Jhoany Palacios, y el obispo de la Diócesis de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto.

En el evento, presidido por dirigentes comunitarios, se dio a conocer la composición del Comité, que estará integrado por 20 personas: 13 líderes afro de las cinco subregiones del departamento, una delegada de las mujeres, un representante de los jóvenes y cinco delegados por el mismo número de organizaciones indígenas que integran la Mesa de Diálogo y Concertación.

La Secretaría Técnica del Comité, encargada de la coordinación, está integrada por otros cinco líderes: Vanessa Rivas, Cleiver Córdoba, Diana Mosquera, Esildo Pacheco y Lino Membora. Todos los nombramientos son producto de un proceso de concertación entre las organizaciones de base, que terminó el pasado martes.

Los 25 líderes deberán vigilar que el gobierno nacional y el Eln cumplan las nueve exigencias del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, dos de las cuales coinciden con lo pactado en el cese bilateral: la no instalación de minas antipersonal y el no reclutamiento de menores de 15 años de edad.

Las otras siete exigencias son: desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo; respeto a la autonomía territorial y a las autoridades étnicas; cese de la violencia contra las mujeres, los niños y las personas LGBTI; el respeto a la vida y la integridad de las comunidades y sus dirigentes; la suspensión de los desplazamientos, los confinamientos y las restricciones a la movilidad; suspender la siembra de cultivos de uso ilícito, así como de actividades mineras; y la participación en la mesa del Frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en el Chocó.

El Comité aún no termina de definir los protocolos y estrategias que le permitirán realizar la veeduría y la verificación.

Guerra en el departamento

inicio cese fuego eln 3 Representantes de la comunidad internacional escucharon las denuncias de las comunidades. Foto: Cortesía Mapp-OEA.Los líderes chocoanos dejaron claro durante la instalación del Comité de Seguimiento que la desaparición de las Farc como fuerza insurgente generó un incremento de la actividad militar del Frente de Guerra Occidental del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que hacen presencia en todas las subregiones del departamento. Los puntos más críticos de la confrontación son, por ahora, el Bajo Atrato, la zona del Baudó y el alto San Juan. (Lea más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

Al respecto, los líderes comunitarios contaron en detalle cómo los afectan las operaciones del Eln y de las Agc en la región. El dirigente Milton Velásquez, de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), dijo que "anteriormente las Farc utilizaron mucho estas comunidades, pero no pusieron minas. Hoy, el Eln ha puesto más de 17 minas en Riosucio". La instalación de estos artefactos explosivos afecta la movilidad en los consejos comunitarios y los resguardos indígenas y desde hace varios meses decenas de familias se encuentran en situación de desplazamiento en ese municipio, luego de huir de combates en la cuenca del río Truandó.

En el municipio Alto Baudó, donde hacen presencia unidades del Eln, la instalación de minas también es una preocupación para la comunidad. Jairo Mosquera, representante legal del consejo comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes (Acaba), declaró que en ese pueblo "los campesinos no pueden ir ni siquiera a sus cultivos, porque los diferentes caminos veredales se encuentran minados", lo cual afecta la producción agrícola y la seguridad alimentaria de los pobladores.

Los combates entre esa guerrilla y las Agc, que ya controlan parte del Medio Baudó, han afectado las prácticas culturales de la comunidad, agobiada por el miedo: "Antes, la fiesta era el espacio por excelencia de todos los actos culturales, pero ahora a la fiesta no llega nadie. Se han desplazado las cantaoras, los curanderos, muchos de ellos a Quibdó e Istmina. No se puede escuchar un volador porque lo primero que se nos viene a la mente es la tragedia más inminente, porque allá se hace lo que los grupos armados al margen de la ley decidan".

En las subregiones del Alto y Medio Atrato, ambas organizaciones armadas han generado múltiples victimizaciones contra la población, de acuerdo con el líder Alexis Heredia, del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia). Según Heredia, "hemos tenido heridos por el fuego cruzado entre el Eln y el Clan del Golfo (como el gobierno llama a las Agc). Estamos siendo víctimas de intentos de homicidio, retenciones, robos, secuestros, amenazas, señalamientos, confinamientos, minas, cultivos de uso ilícito y minería ilegal".

Además de los impactos directos sobre los derechos fundamentales, los líderes señalan que las Agc y el Eln también han lesionado los procesos organizativos de las comunidades. Denunciaron, por ejemplo, retenes en los ríos, intentos de cooptación de las organizaciones étnico-territoriales y restricciones a la movilidad, al punto que "ni las mismas organizaciones de base podemos hacer nuestro trabajo, porque antes de salir tenemos que pedirle permiso al Eln", según contó Elizabeth Moreno, del Consejo Comunitario General del Río San Juan (Acadesan).

Para Heredia, el reclutamiento y el desplazamiento también afectan el desarrollo de las organizaciones: "El Eln está reclutando menores negros e indígenas y desplazando gota a gota a las autoridades tradicionales de sus territorios, situaciones que debilitan el proceso organizativo". En el caso del Medio Baudó, los líderes aseguraron que las Agc se han metido a la brava en las reuniones en las que la comunidad discute asuntos relacionados con la posibilidad de constituirse como sujeto de reparación colectiva.

Las denuncias de los dirigentes fueron respaldadas por el gobernador Palacios, quien aseguró que la extorsión es otro de los fenómenos que afectan gravemente a las comunidades: "Por una ración de plátano le cobran mil pesos a nuestros campesinos para poderla vender en el medio Baudó y llevarla a la parte del San Juan. ¿Eso quién lo hace? El Clan Úsuga. Pero cuando revertimos la ecuación, el Eln en el Alto Baudó nos cobra por subir una arroba de arroz. Entonces, estamos en ese fuego cruzado, y la población sufriendo: todos los días desplazamientos, confinamientos y extorsión".

Por esas razones, los líderes aseguraron que el "fin de la guerra" prometido en la mesa de conversaciones de La Habana está lejos de llegar a Chocó. Una postura que comparten los representantes de los organismos de cooperación internacional. El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, Gerard Gómez, dijo públicamente que "nos hace sufrir mucho que aquí todavía haya tanta violencia, después de la esperanza que se proyectó hacia afuera con el acuerdo de paz" con las Farc.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), que monitorea las condiciones de seguridad en el departamento y acompaña al Comité, aseguró que "en los últimos seis meses el Chocó, junto al Cauca, ha sido el territorio más afectado por el conflicto. Hay confrontaciones armadas muy duras entre estructuras criminales y el Eln, intervención de la Fuerza Pública contra unos y otros, violencia contra liderazgos y comunidades, y miles de desplazamientos".

Responden unos y otros

inicio cese fuego eln 4El gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar. Foto: Cortesía Mapp-OEA.Después de escuchar las denuncias de las comunidades, a los representantes del gobierno nacional y del Eln les llegó el turno de responder sobre la manera como se dará cumplimiento al Acuerdo Humanitario.

El primero en pasar al micrófono fue el gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar, quien reconoció que el acuerdo con las Farc "le dio un empujón muy fuerte a la mesa para avanzar en la toma de la decisión por parte de las dos delegaciones de asumir el cese bilateral al fuego". Sin embargo, les pidió a las comunidades clasificar por actor las afectaciones relacionadas en ese documento, "para que el Eln pueda dar respuesta".

Cuéllar aseguró que, con el fin de avanzar en el suministro de esas "respuestas", la guerrilla estudia la posibilidad de construir una suerte de "cartografía humanitaria para el Chocó", en la que se identifiquen los lugares en los que se han instalado minas antipersonal y se han reclutado menores, así como las estructuras responsables de esas acciones.

También aseguró que el Eln estudia la petición de las comunidades de enviar un delegado del Frente de Guerra Occidental a la mesa de diálogos de Quito, con lo que se pretende garantizar el compromiso de esa estructura con el proceso de paz.

A su turno, el negociador del gobierno nacional, Juan Myer, también reconoció que la propuesta humanitaria del departamento "nutrió el acuerdo de cese de hostilidades bilateral". Más que por la identificación de responsabilidades, este vocero estatal llamó la atención sobre la necesidad de construir mecanismos de articulación entre la misión de la ONU y el Comité de Seguimiento del Chocó.

Ambos delegados, sin embargo, valoraron la instalación del Comité y de su Secretaría Técnica, del que dijeron es un interlocutor directo para operativizar el acuerdo de cese del fuego y su verificación.

Lo que se pretende en Chocó, hasta ahora un objetivo inédito en el país, contará con el acompañamiento de la Mapp-OEA, Naciones Unidas, la Embajada de Suecia y la Iglesia Católica. Se trata de otro enorme esfuerzo de los indígenas y los afros, duramente afectados por el conflicto, que actualmente también presionan al gobierno nacional y a las Farc para implementar el Capítulo Étnico consignado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto a través del ejercicio autónomo de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. (Leer más: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)

Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln

Hasta el próximo 16 de noviembre voceros del gobierno nacional y de esa guerrilla escucharán las sugerencias que tienen delegados de organizaciones sociales de todo el país para poner en marcha el punto uno de la agenda de diálogo. Su inicio estuvo marcado por duros cuestionamientos al grupo insurgente por el asesinato de un gobernador indígena en Chocó.

participacion social proceso eln 1Las audiencias preparatorias se desarrollan en Tocancipá desde el pasado 30 de octubre y hasta el próximo 16 de noviembre. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Bajo estricta confidencialidad y a puerta cerrada se reúnen desde el pasado 30 de octubre en Tocancipá, Cundinamarca, decenas de representantes de organizaciones sociales de diversas regiones del país para darle cuerpo al punto uno de la agenda de diálogos, llamado Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz, pactado entre el gobierno nacional y este grupo insurgente.

Estas audiencias preparatorias, que iniciaron luego de nueve meses de diálogos en Quito, Ecuador, están diseñadas en tres bloques, en cada uno de los cuales se escuchan y sistematizan las propuestas de diversas expresiones de la sociedad civil organizada frente a los mecanismos que podrían ponerse en marcha para concretar esa participación.

Este ejercicio colectivo, en el que participan 200 delegados de distintas organizaciones sociales, finaliza el próximo 16 de noviembre y cuenta con la presencia de dos voceras del Eln -Consuelo Tapias y Silvana Guerrero- y otros dos por parte del gobierno nacional -Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur-. No se incluyeron dirigentes de partidos políticos, directores medios de comunicación o representantes de los gremios empresariales.

Dos de los tres bloques ya concluyeron y en ellos participaron voceros de pequeños mineros, jóvenes, plataformas de paz, movimientos sociales; organizaciones étnico-territoriales, agrarias y de víctimas; sindicatos, centros de pensamiento, universidades, empresas del sector minero-energético y líderes sociales de Santander, el sur de Bolívar, Chocó y Nariño.

El propósito es que sus aportes sean la puerta de entrada a la concreción de la agenda de negociación con el Eln, cuyos puntos dos y tres, Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz, dependen en buena medida de los insumos que arroje el desarrollo del punto uno. Esos tres temas son la gran apuesta en la mesa de diálogos del grupo alzado en armas desde hace 52 años, que desde las fallidas negociaciones entre el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar ha planteado la necesidad de darle protagonismo a la sociedad en la solución de los problemas que originaron el conflicto armado.

Uno de los temores expuestos durante este encuentro y que representa un enorme desafío es el proceso electoral que se avecina, por lo que el actual gobierno nacional y el Eln deberían ofrecer resultados concretos que garanticen la continuidad de los diálogos durante el próximo mandato presidencial, que arranca el 7 de agosto de 2018.

Difícil comienzo

Las audiencias preparatorias arrancaron en medio de duros cuestionamientos contra esa guerrilla por el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero el pasado 24 de octubre en Alto Baudó (Chocó). El hecho fue reconocido por el Frente de Guerra Occidental del Eln, que dijo haber retenido al gobernador para interrogarlo, pero que aquel se había negado a caminar y se había 'abalanzado' sobre un guerrillero, razón por la cual fue asesinado. (Lea más: Eln, responsable de asesinato de líder indígena en Chocó)

Contrario a esa versión, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, declaró este viernes que el dirigente indígena fue asesinado con dos tiros de fusil, por la espalda, mientras estaba en "estado de indefensión", lo que arreció los cuestionamientos contra el grupo insurgente, cuya acción violó el cese al fuego bilateral decretado por las partes desde el 1 de octubre y constituye una grave violación a los derechos humanos.

Entre las múltiples propuestas presentadas, conocidas de manera exclusiva por VerdadAbierta.com, se destaca que la participación debe concebirse como un proceso público, abierto y escalonado desde lo territorial hasta lo nacional. Asimismo, que sea un escenario que incorpore los aprendizajes de las mesas de negociación que han establecido el gobierno y distintos sectores sociales, que reconozca las experiencias de las colectividades, que esté acompañado de garantías de seguridad, que cuente con recursos financieros suficientes y que incluya los enfoques diferencial y de género.

Las propuestas, sin embargo, difieren en procedimientos, dimensión, alcance y tiempos del ejercicio de participación. Este portal expone algunas de las principales sugerencias que las organizaciones de la sociedad civil han presentado hasta ahora en Tocancipá.

Las plataformas de paz

participacion social proceso eln 2Este es el cuestionario que deben responder los participantes. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Tres de las propuestas más detalladas sobre el mecanismo de participación que debería elegir la mesa de Quito fueron presentadas por las plataformas por la paz que han acompañado más de cerca el proceso de diálogo entre el gobierno y el Eln: el Comité de Impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, la RedProdepaz y la campaña Por Una Paz Completa.

La propuesta más ambiciosa y compleja es la del Comité de Impulso, del que hacen parte 200 organizaciones y plataformas sociales y políticas, que van desde el sector sindical hasta el eclesial y que incluye al Congreso de los Pueblos. El corazón de su iniciativa es el desarrollo de un gran diálogo nacional, en el que la sociedad tome decisiones sobre temas de interés general, algunos de los cuales han sido definidos por el gobierno nacional como "líneas rojas" que no pueden cruzarse en las negociaciones con las guerrillas.

Ese diálogo permitiría, de acuerdo con el Comité, "un avance visible en la superación de las causas sociopolíticas del conflicto armado y en las transformaciones y garantías democráticas necesarias para la tramitación no armada de los conflictos".

El ejercicio tendría cuatro instancias de deliberación y toma de decisiones, en las que participarían todos los sectores de la sociedad, así: cabildos locales, cabildos regionales, cabildos en el extranjero y una mesa social para la paz a nivel nacional. La idea es que en un ejercicio escalonado se construya un acuerdo o pacto que le sería entregado a la mesa de Quito, en la que se acordarían las reformas necesarias para hacerlo realidad. 

Como el gobierno nacional y el Eln no especificaron en la agenda concertada qué temas iban a negociar, el Comité de Impulso entregó una agenda temática que sería debatida en las cuatro instancias y que tiene seis puntos: vivencia y profundización de la democracia, seguridad y convivencia ciudadanas, justicia y derechos de las víctimas, ordenamiento de los territorios, modelos económicos y sustentabilidad ecológica y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

Entre los subtemas se encuentran asuntos ya abordados en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto pactado con la guerrilla de las Farc, como la reforma política, la reforma agraria y las garantías de movilización. Pero hay otros que el Ejecutivo se negó a negociar con ese grupo insurgente, como la doctrina de seguridad nacional y la composición de las Fuerzas Armadas. Entre las discusiones específicas para este proceso aparecen los planes de vida de los pueblos étnicos, la política minero-energética, el medio ambiente y los derechos a la vivienda y al trabajo.

La propuesta del Comité es enorme, costosa y extensa en el tiempo. Implicaría instalar cabildos ciudadanos en todos los municipios del país, así como crear cabildos regionales en zonas como el Catatumbo, el norte de Cauca, el Pacífico y el Centro Oriente. Además de eso, propone que junto a la Mesa Nacional funcionen siete mesas sectoriales y ocho mesas poblacionales, cada una con 100 delegados. Cada instancia, de acuerdo con la iniciativa, debería tomar decisiones relacionadas con los puntos de la agenda temática con miras a transformar políticas públicas.

Diana Sánchez, vocera del Comité de Impulso en estas audiencias preparatorias, declaró que el diálogo nacional buscaría poner en marcha "las transformaciones que la institucionalidad no ha permitido". Y agregó que por el carácter del proceso "no necesitaríamos una refrendación en el Congreso de la República, porque la participación del constituyente primario le daría anclaje y legitimidad" al pacto.

La otra propuesta amplia es la de la RedProdepaz que, en asocio con la campaña Por Una Paz Completa, le entregó al gobierno nacional y al Eln tres modelos de participación construidos tras un proceso de consulta realizado en Chocó, Arauca, Antioquia, el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Suroccidente. En el ejercicio, realizado entre mayo y agosto pasados, participaron 756 personas de 228 organizaciones comunitarias.

El primer modelo reduce la discusión a dos temas gruesos: el minero-energético y el del ordenamiento territorial, que también han sido del interés histórico del Eln. La sugerencia es que distintos actores de la sociedad civil elaboren propuestas sobre esos temas en varios escenarios regionales y uno nacional.

participacion social proceso eln 3Las audiencias cuentan con la presencia de las delegadas del Eln Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, y los delegados del gobierno Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur. Foto: Cortesía de Darwin Torres.En lo regional, la RedProdepaz le propuso a la mesa "adoptar como uno de sus mecanismos de participación" los espacios de construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactados entre el gobierno nacional y las Farc para 16 subregiones compuestas por 170 municipios, dado que "lo que allí se produzca compete al punto dos de la agenda, 'transformaciones para la paz'". El otro componente territorial serían unos escenarios de deliberación sobre la implementación de los PDET y lo minero-energético.

En lo nacional, los delegados de las regiones se sumarían a espacios de diálogos sectoriales para definir una propuesta de política pública para los dos temas seleccionados, que le sería entregada a la mesa de Quito para su consideración.

El segundo modelo presentado por la RedProdepaz no tiene agenda delimitada y está compuesto por cuatro fases, con una duración de un año: la primera consistiría en la participación local a través cabildos y otras formas de deliberación, en las que se definirían las transformaciones necesarias para la paz; la segunda sería un diálogo regional en el que se acotaría la agenda por temas, sectores y territorios, con la participación de gremios económicos, partidos políticos y "sectores afines a las políticas de Estado".

La tercera fase consistiría en una asamblea intersectorial, en la que 200 delegados de las regiones terminarían de afinar la agenda a modo de insumos para la elaboración de políticas públicas; y la cuarta y última etapa sería llevar esa agenda a la mesa de Quito para su discusión.

El tercer modelo de la RedProdepaz parte de la precisión de que los temas propuestos por la sociedad deben "poner punto final a la guerra entre el Estado y las organizaciones insurgentes, por lo que deben ser los que contribuyan a este propósito a la luz de los tiempos de hoy y de la correlación de fuerzas en el marco del conflicto". Este modelo insiste en que la agenda de la sociedad civil no puede tramitarse por completo en la mesa de Quito, sino que debe negociarse "con el Estado en un contexto de posconflicto armado".

Para cumplir ese objetivo propone la creación de unas Asambleas Temáticas Territoriales y una Mesa de Diálogo Social Nacional para la Paz. De la primera saldrían insumos para la segunda, provenientes de espacios de las organizaciones de base, colectivos y núcleos territoriales. La idea es que las propuestas de la Mesa sean borradores de nuevas normas y políticas públicas en cuatro temas específicos: ampliación de la democracia y derecho a la participación política, medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, ordenamiento territorial y soberanía, y seguridad ciudadana y convivencia.

Los documentos que se elaboren sobre esos temas se le entregarían al gobierno nacional y al Eln para que, de acuerdo con sus intereses, los conviertan en propuestas de políticas públicas, decretos y reformas legislativas y constitucionales.

Luis Eduardo Celis, quien presentó los modelos a nombre de la RedProdepaz, agregó que en cualquier caso se "requiere establecer un balance de las concertaciones y acuerdos que se han establecido en los últimos 16 años entre el gobierno y el mundo social y organizado, para conocer el grado de cumplimiento de lo pactado" y, de ese modo, acopiar lecciones para los diálogos que se llevan a cabo en Ecuador.

El último del grupo es el modelo propuesto por la Campaña Por Una Paz Completa, que reúne a 60 organizaciones sociales de todo el país. Su iniciativa tomaría cinco meses en ejecutarse y constaría de tres etapas. La primera tiene carácter territorial y se dividiría en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Llanos Orientales y Amazonía.

En cada una de esas zonas se realizarían encuentros amplios para diversos sectores sociales y reuniones cerradas entre políticos, autoridades y empresarios, que confluirían en un gran encuentro regional. Allí se definirían los temas específicos que dotarían de contenido los puntos 1, 2, 3 y 4 (sobre víctimas) de la agenda entre el gobierno nacional y el Eln.

participacion social proceso eln 4La financiación de las audiencias corre por cuenta del Grupo de Países de Apoyo de los diálogos de paz entre el gobierno y el Eln. Foto: Cortesía de Darwin Torres.La Campaña sugiere que los temas que se definan sean sistematizados y clasificados por las partes en los ejes de tierra y territorio, recursos naturales, ordenamiento y planeación territorial, infraestructura, corrupción, derechos fundamentales, seguridad y convivencia, víctimas e implementación.

En la segunda tarea, delegados de las regiones se encontrarían en un espacio de participación nacional conformado por mesas redondas, en las que se construirían agendas sectoriales. Y la tercera sería de carácter asambleario y nacional y se llamaría Asamblea Intersectorial e Interregional de Diálogo e Interlocución, en la que se terminaría de definir una agenda con enfoque regional y sectorial, que se le entregaría a la mesa de Quito para su estudio.

La propuesta de la Campaña parece ser la más preocupada por los tiempos político-electorales, al punto que le sugiere al gobierno nacional y al Eln terminar el proceso de participación de la sociedad en junio de 2018, dos meses antes de que culmine el periodo del presidente Juan Manuel Santos.

Las organizaciones sociales

A Tocancipá invitaron al segundo bloque de audiencias preparatorias a organizaciones sociales de distinta índole. Entre ellas, el grupo más numeroso fue el del Pacífico, de donde llegaron los dirigentes de las organizaciones afro e indígenas que integran el Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario del Chocó, así como representantes de las alcaldías de esta deprimida región del país. (Lea más: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln).

Más que modelos específicos de participación, esas organizaciones le compartieron a la mesa las características que, a su modo de ver, debe tener cualquiera que sea el modelo que se elija. La sugerencia principal es que a la hora de poner en marcha el mecanismo de participación se respeten las vocerías de los consejos comunitarios y los resguardos indígenas. (Lea más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó).

Elizabeth Moreno, del Consejo Comunitario General del Río San Juan (Acadesan), dijo que "ahora existen muchas figuras que buscan hablar por las comunidades, pero no se puede perder de vista que nosotros tenemos representantes reconocidos por la ley y elegidos en asambleas comunitarias para facilitar la participación ciudadana, amplia y en criterio".

En ese mismo sentido se expresó Rudelsindo Castro, del consejo comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes (Acaba), quien también declaró que "no se debe suplantar a las comunidades con comités y comisiones espurios".

La otra petición es que el proceso se haga en los territorios, aunque sean de difícil acceso. Pedro Asprilla, secretario de gobierno de Itsmina, Chocó, les dijo a las partes que "la mejor forma de participar es en el territorio, porque con reuniones en Quibdó (la capital) no se van a conocer los problemas de las poblaciones del Bajo o el Alto San Juan".

Los dirigentes afro e indígenas también reivindicaron las asambleas como la manera tradicional en que sus comunidades toman decisiones y le solicitaron a la mesa considerar esos mecanismos de participación, respetando su autonomía.

No obstante, los líderes le pidieron al gobierno nacional y al Eln definir el carácter del proceso de participación y la manera como se cumplirá lo acordado, cuestionando duramente la negativa del gobierno de incluir indicadores de cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final con las Farc en el Plan Marco de Implementación.

Al respecto, José Santos Caicedo, del Proceso de Comunidades Negras, declaró: "Quisiéramos preguntarles al gobierno y al Eln si están en condiciones de generar el verdadero proceso de participación tal cual las organizaciones y comunidades lo estamos planteando acá, porque no queremos tener que batallar luego para que lo pactado se cumpla, que es lo que estamos viviendo hoy con el Capítulo Étnico". (Lea más: En rojo, saldo del gobierno nacional por reparación de indígenas y afros).

La mayoría de los dirigentes chocoanos también destacaron como una garantía fundamental para su participación la inclusión de un delegado del Frente de Guerra Occidental del Eln en la mesa de diálogos, del que dicen no tener certeza si está comprometido con el proceso de paz. Esa unidad insurgente también fue responsable del secuestro del excongresista Odín Sánchez en 2016, hecho que contribuyó al retraso de la instalación de la fase pública de los diálogos. (Lea más: “En el Chocó nadie reclama a Odín Sánchez”: 'Pablo Beltrán', jefe negociador del Eln).

participacion social proceso eln 5Doscientos delegados de organizaciones de todo el país participan en los eventos, que se realizan a puerta cerrada. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Otro grupo numeroso en el segundo bloque de las audiencias preparatorias fue el de los sindicalistas. Allí asistieron los dirigentes de las tres centrales obreras del país: la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Central Unitaria de Trabajadores. Este grupo tampoco propuso modelos detallados de participación, pero sugirió la creación de espacios asamblearios para la negociación de la agenda sindical con el empresariado y el gobierno nacional en el marco de los diálogos de Quito.  

Las organizaciones de víctimas, por su parte, pidieron parar las afectaciones contra la población civil para dotar de legitimidad el proceso, abogaron por el cumplimiento de los compromisos gubernamentales con el movimiento y pidieron garantizar verdad, justicia y reparación.

Teresita Borrero, de las Madres de la Candelaria de Medellín, le dijo al Eln que "no se les olviden las víctimas de Machuca", mientras Luis Alfonso Castillo, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le dijo al gobierno nacional que "no puede seguir esperando a que salgamos a las calles a exigir nuestros derechos para que después de tres días y cinco muertos se siente a negociar acuerdos que nunca, jamás, va a cumplir".

Universidades y centros de pensamiento

Preocupado por los alcances de los mecanismos y los tiempos políticos, este grupo les hizo un llamado a las partes para concretar y tener en cuenta varios asuntos relacionados con la participación ciudadana en el proceso de paz. Al respecto, Sergio Guarín, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aseveró que "los puntos 1 y 2 de la agenda son entendibles para las organizaciones sociales y los centros de pensamiento, pero supremamente ambiguos y generales para la población en general y para los grupos de interés". 

Este investigador propuso que la participación de la sociedad civil debería girar alrededor de sólo tres asuntos, que son aquellos para los que "existen condiciones para conversar hoy en Colombia": la descentralización, los mecanismos de participación ciudadana y la política minero-energética.

El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, liderado por Alejo Vargas, también le pidió a la mesa de Quito definir la naturaleza, el alcance y los territorios donde se desarrollará la participación que le proponen a la sociedad, así como comprometerse de manera "clara, pública y expresa de que va a tomar seriamente en consideración los resultados de los ejercicios participativos".

Vargas les recordó al gobierno nacional y al Eln que "el gran desafío es lograr los actores sociales no alineados se entusiasmen con la posibilidad participar", mientras que Carlos Alberto Mejía, de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, les pidió a las partes no perder de vista que "la Colombia urbana no ve la paz como una prioridad y la Colombia rural está presenciando el incumplimiento del acuerdo con las Farc".

La Red Universitaria por la Paz, que agrupa académicos e investigadores de universidades de 12 departamentos, propuso que las instituciones de educación superior se habiliten como "cabildos o mesas de diálogo y construcción de paz", con el fin de convertirse en el escenario de debate que permita "desarrollar la agenda gobierno - Eln" con la participación de las partes, la comunidad internacional y la sociedad civil.

El tercer y último bloque de audiencias, que culminará el próximo jueves 16 de noviembre, tendrá carácter virtual y presencial, y contará con la participación de los presos políticos del Eln y colombianos exiliados en el exterior, entre otros sectores.

Una vez terminada esa fase, el gobierno nacional y el Eln tendrán la dura tarea de estudiar el conjunto de propuestas para negociar más adelante un mecanismo de participación que permita darle viabilidad al punto uno de la agenda. Todo ello en un clima preelectoral, marcado por la desconfianza generada por las dificultades que afronta la implementación de los acuerdos con las Farc en diversas regiones del país, los obstáculos legislativos para aprobar las normas que requiere su concreción y con la incertidumbre de la continuidad del cese al fuego bilateral después del próximo 9 de enero. 

Así recibieron en las regiones el anuncio del cese al fuego con el Eln

La guerrilla y el gobierno llegaron a un acuerdo para aliviar los impactos de la guerra contra la población civil. La decisión, que estuvo marcada por tensiones, es el primer resultado tangible de la mesa de negociaciones en Quito, Ecuador. ¿Qué piensan líderes sociales en diversos departamentos donde opera esa organización?

cese bilateral eln 0Tras el anuncio del cese bilateral diversos sectores sociales y políticos ratificaron su apoyo al proceso de paz e invitaron a las partes a avanzar con prontitud. Foto: Cortesía Oficina Alto Comisionado para la Paz.

Hasta el pasado jueves 31 de agosto, la mesa de conversaciones con el Eln en la capital ecuatoriana estaba en crisis. Ese día, las partes no habían llegado a ningún acuerdo frente a los diez puntos que estaban en discusión de cara a la firma de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Por entonces, los negociadores del gobierno nacional le exigían a este grupo guerrillero ponerle fin a los secuestros, los ataques a la infraestructura, la instalación de minas antipersonal, la extorsión y las “acciones terroristas”.

Por su parte, el Eln, tal como consta en su revista Insurrección, divulgada el pasado 14 de agosto, le exigía al gobierno nacional “combatir el paramilitarismo con el fin de neutralizar el genocidio en curso contra las fuerzas alternativas de cambio”; cesar la judicialización contra dirigentes populares; cumplir los acuerdos asumidos con los movimientos sociales; “levantar los bloqueos y confinamientos de zonas y comunidades”; y resolver la crisis del sistema penitenciario.

Ante ese escenario, y como en otras ocasiones, el gobierno nacional reforzó la mesa con la presencia de Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático, y del exministro Álvaro Leyva desde el jueves pasado. Ambos tuvieron la tarea de dinamizar los diálogos con el objetivo de llegar al acuerdo que se anunció ayer, en el que se ajustaron, eliminaron o sustituyeron varias de las peticiones iniciales.

Tras alcanzar el acuerdo, desde el Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el cese bilateral se irá renovando de acuerdo al avance de las negociaciones: “La prioridad es proteger a los ciudadanos, por eso durante este período cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos, y demás hostilidades contra la población civil”.

Según lo anunciado ayer, las partes acordaron el cese bilateral al fuego temporal, que iniciará el primero de octubre y finalizará el 12 de enero de 2018, con ocho compromisos que serán supervisados por veedores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Iglesia Católica y representantes de la mesa de negociaciones.

El Eln se comprometió a suspender los secuestros y retenciones; a no atentar contra la infraestructura del país; a suspender el reclutamiento de menores de edad de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario; y, finalmente, a no instalar artefactos antipersonales que puedan poner en peligro la integridad de la población civil.

Por su parte, el gobierno nacional acordó fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) para la protección de líderes sociales; adelantar un programa de carácter humanitario para los presos del Eln; “velar por el cumplimiento de la aplicación de la ley que recientemente desjudicializó (sic) varios tipos de protesta social”; y, por último, de manera simultánea a la hora cero del cese bilateral, poner en marcha las audiencias para escuchar a la sociedad civil y avanzar con ello en el punto uno de la mesa.

“Es el primer acuerdo de esta naturaleza que firma el gobierno nacional con esta guerrilla en más de 50 años, y que constituye el primer paso para ir avanzando a una paz definitiva con el Eln, que conduzca al fin del conflicto con este grupo alzado en armas y al desarrollo de la agenda que se pactó en marzo de 2016”, aseguró Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno nacional.

Por su parte, ‘Pablo Beltrán’, jefe del equipo negociador del Eln, calificó el acuerdo como una ayuda para aliviar el ambiente de polarización que algunos sectores han querido sembrar en el país. “Que el espíritu por rebajar la intensidad del conflicto empiece hoy mismo, no esperemos al primero de octubre”, dijo.

Los traspiés de la mesa

Para llegar a ese anuncio, sin embargo, las partes tuvieron que sortear múltiples dificultades. Desde junio pasado, cuando se anunció oficialmente la visita del papa Francisco a Colombia, desde ambos lados de la mesa plantearon ese hecho como una oportunidad trascendental para anunciar un cese al fuego bilateral, teniendo en cuenta los vínculos históricos del Eln con sectores de la Iglesia Católica y el respaldo del alto jerarca a la consecución de la paz. (Leer más: Cese bilateral de fuego con el Eln, ¿impulso para la mesa en Quito?)

“Esperamos que cuando llegue el Papa el país lo reciba con la noticia de un cese bilateral de fuego, estamos trabajando en ello y esperamos que la diligencia del equipo negociador del gobierno sea efectiva. No es por nosotros, es para las comunidades, en defensa de la vida y para evitar que el paramilitarismo siga creciendo”, aseveró Eduardo Martínez, gestor de paz del grupo insurgente, durante un encuentro con la prensa el pasado mes de julio.

Sin embargo, la tarea no fue fácil. Si hacia dentro las partes enfrentaban diferencias que parecían insalvables, hacia afuera tenían la necesidad de mostrar avances concretos al término del tercer ciclo. Desde que la mesa empezó a funcionar, en febrero pasado, gobierno nacional y guerrilla solo habían acordado priorizar el punto de participación de la sociedad y el subpunto de acciones humanitarias, sin que hubiera resultados tangibles en ninguno de ellos.

Fuentes de la mesa que pidieron el anonimato le contaron a VerdadAbierta.com que, hasta hace una semana, el tono de la negociación era exclusivamente de confrontación y que no había disposición para construir acuerdos. Las sesiones conjuntas, que debían empezar a las 8:30 de la mañana y terminar a la una de la tarde, iniciaban con retraso y terminaban temprano. La parálisis era tal que no se habían construido documentos de carácter técnico que sirvieran de insumo para la discusión del cese.

La obsesión por la bilateralidad que ha marcado los diálogos de Quito, a diferencia de los varios gestos unilaterales con los que contó la mesa de conversaciones con las Farc, tenía a las partes en un callejón sin salida.

Ejemplo de lo anterior es que el número de peticiones sobre las hostilidades era exactamente igual de cada lado (cinco). Y aunque el Eln se ha caracterizado por su radicalismo, el gobierno nacional no se quedó atrás. Las mismas fuentes le dijeron a ese portal que, hasta la semana pasada, la respuesta de la delegación dirigida por Juan Camilo Restrepo era que el Ejecutivo ya estaba avanzando en todos los temas que pedía la guerrilla y que lo estaba haciendo al margen de la mesa, bien sea por la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, órdenes de la Corte Constitucional o decisiones del Presidente de la República.

En el Eln había preocupación por la exigencia del Ejecutivo para cesar las extorsiones o “los impuestos de guerra”. Para la insurgencia, dejar de recibir dinero de los civiles conduciría a un debilitamiento estratégico de la organización. Una lógica que mantiene desde 1998, cuando incluyó ese concepto en el Acuerdo de Puerta del Cielo que firmó con la sociedad civil en Alemania. Al final, como se conoció este lunes, el cese de la extorsión no se incluyó en el cese bilateral temporal. (Ver acuerdo)

Fuentes de ambas delegaciones consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que buena parte de los obstáculos se resolvieron gracias a la gestión de los enviados de última hora: Álvaro Leyva e Iván Cepeda.

Compromisos de las partes

cese bilateral eln 2Hasta hace una semana la mesa estaba congelada, ninguna de las partes avanzaba en gestos unilaterales. Foto: Cortesía Oficina Alto Comisionado para la Paz.

El primer compromiso asumido por la guerrilla, cesar el secuestro y las retenciones, ha sido una de las exigencias del gobierno nacional a lo largo de la negociación. En esta oportunidad, la presión de las distintas organizaciones acompañantes del proceso, de la ciudadanía y de la comunidad internacional sirvió para reforzar el mensaje de rechazo a esa práctica del grupo armado, proscrita por el Derecho Internacional Humanitario.

En lo que va corrido del año, según cifras del Gaula de la Policía, la guerrilla ha secuestrado por lo menos 14 personas, entre nacionales y extranjeros. El pasado 2 de septiembre alias ‘Yeison’, comandante del Frente Ernesto Che Guevara, reconoció en una entrevista que esa estructura asesinó al ciudadano ruso Arsen Voskanyan, quien permanecía bajo su poder desde noviembre de 2016 luego de haberse intentado fugar de su cautiverio en el bajo Baudó, Chocó.

En cuanto a las retenciones, aunque no se tiene una cifra consolidada, solo en Norte de Santander la Defensoría del Pueblo ha registrado 12 y en Arauca 10 en lo corrido del año. Una práctica que la guerrilla ha justificado con el argumento de ejercer “control” sobre las personas que transitan por los corregimientos donde hace presencia. Como fue el caso de los periodistas Derk Johannes Bolt, de 62 años, y el camarógrafo Eugenio Ernest Marie Follender, de 58, retenidos y liberados en zona rural de El Tarra, en junio pasado.

El segundo compromiso, suspender los ataques contra la infraestructura, ha sido una de las peticiones del gobierno nacional durante la negociación y una de las mayores fuentes de ingreso del grupo armado. Entre enero y agosto de 2017, Ecopetrol registró 44 ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Arauca. Según cifras de la entidad, en 2016 se invirtieron más de 40 mil millones de pesos en reparaciones por ese tipo de acciones.

En cuanto al tercer punto, suspensión del reclutamiento de menores de edad, la guerrilla se comprometió a no ingresar a sus filas a niños menores de 15 años, según lo establece el Derecho Internacional Humanitario. Aunque no se conoce la cifra exacta de niños y adolescentes en poder del Eln, en declaraciones públicas Nicolás Rodríguez Bautista, máximo comandante de la organización, ha asegurado que ningún militante está en la organización en contra de su voluntad. Sin embargo, el pasado 2 de enero la Policía y el Ejército “rescataron” ocho menores integrantes del Frente Domingo Laín.

Zonas de operación del Eln

Finalmente, frente a la suspensión de instalar minas antipersonal, desde hace más de seis meses la guerrilla trabaja con comunidades campesinas y resguardos indígenas para la identificación y mapeo de campos minados en Arauca y Nariño. En este último departamento se priorizarán los municipios Samaniego y Santa Cruz para realizar el desminado humanitario acordado en la mesa.

De otro lado, los compromisos que asumirá el gobierno nacional durante el cese bilateral están dirigidos, en su mayoría, a proteger a la sociedad civil y facilitar su participación en los diálogos. El tema es de la mayor importancia para la guerrilla y será abordado en los dos primeros puntos de la agenda que rige las conversaciones: participación de la sociedad en la construcción de la paz y democracia para la paz.

El primer punto es el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (SAT), nace de una propuesta del Eln que consistía en crear un “Sistema de Alerta y Ataque” de cuatro fases, en el que las comunidades denunciaran agresiones o amenazas por parte de estructuras paramilitares, la Fuerza Pública neutralizara las amenazas, las comunidades verificaran la eficacia de las medidas y, finalmente, se hiciera una difusión pública de los procedimientos. En el acuerdo, el gobierno nacional se comprometió a robustecer el SAT “para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados”.

El segundo punto consiste en que “el gobierno velará en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó (sic) varios tipos de protesta social”. VerdadAbierta.com consultó a la oficina de comunicaciones de la delegación del gobierno nacional para conocer oficialmente a qué ley se refiere este apartado, pero no obtuvo respuesta.

Consultado por este portal, el senador Iván Cepeda, que participó en la negociación del cese, explicó que “se trata de la Ley de Amnistía e Indulto aprobada en diciembre de 2016”. La norma, tal como quedó consignado en los acuerdos de La Habana, contempla la cesación de los procedimientos judiciales contra integrantes de “organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria” que hayan cometido delitos “en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta”, tales como lanzamiento de sustancias peligrosas y lesiones personales. No obstante, la Ley no despenaliza ninguna de esas conductas.

El tercer punto se refiere a agilizar una tarea pendiente en la mesa: la realización de audiencias preparatorias con la sociedad civil para encarar el punto uno de la agenda, que busca recoger propuestas sobre el resto de puntos y construir “una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación”. Organizaciones y movimientos sociales como la Cumbre Agraria, la Mesa Social para la Paz y Por una Paz Completa han trabajado en el diseño de propuestas sobre cómo debería ser esa participación.

El último punto es el único que beneficiará directamente a los militantes del Eln, y consiste en la ejecución de un programa humanitario dirigido a los guerrilleros presos para “mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad” en las cárceles.

Al respecto, ‘Nixon Barrera’, vocero del colectivo de presos políticos Camilo Torres del Eln, dijo desde la cárcel de Cúcuta que los guerrilleros detenidos aspiran, además, a la reducción de las condenas en un 15 por ciento para aliviar el hacinamiento y la congestión del sistema de salud. Y advirtió que “por lo general nosotros estamos en cárceles de máxima seguridad, donde las posibilidades de estudiar y resocializarnos son menores a las de otro tipo de cárceles”.

Aún falta que las partes definan los aspectos logísticos del cese y los procedimientos de verificación, pero el anuncio de las ocho medidas ya representa un alivio para las comunidades de las regiones donde opera el Eln.

 

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Chocó

En el departamento opera el Frente Resistencia Cimarrón, al mando de ‘Fabián’. Esa estructura ha sido escéptica de los diálogos y ha estado a cargo de operaciones políticamente costosas para el Eln, como los secuestros del excongresista Odín Sánchez en 2016 y de ocho jóvenes en el municipio de Nóvita en mayo pasado. Desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha reportado combates entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el departamento, lo que ha generado desplazamientos y confinamientos de población civil.

Ante la crisis humanitaria, en marzo de este año organizaciones adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó y a la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, junto al movimiento de víctimas y de mujeres de la región, emprendieron un proceso de concertación para elaborar una propuesta de acuerdo humanitario.

El proceso culminó en agosto pasado, con la suscripción de un documento de cinco páginas que incluía exigencias en torno a un cese bilateral, el desmonte de grupos armados ilegales, el respeto a la autonomía territorial, el desminado, el reclutamiento de menores, la violencia contra las mujeres, la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, entre otros delitos.

El documento fue presentado públicamente en Quibdó el pasado 18 de agosto, con la presencia del negociador del gobierno Juan Myer y del gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuellar. Este último, junto al también gestor de la guerrilla Eduardo Martínez, participó en la gestión que permitió que ocho delegados de las organizaciones sociales viajaran a Quito el pasado 31 de agosto para reunirse con la mesa, en el que fue el primer ejercicio de participación directa de la sociedad civil en los diálogos.

Jesús Flórez, integrante de Pacipaz, una de las organizaciones que acompañó el proceso de concertación y que viajó a Ecuador en representación de las comunidades, asegura que “en los lugares donde estaban antes las Farc han ido aumentado las acciones entre el Eln y el Ejército, y entre el Eln y los paramilitares, lo que ha generado zozobra, desplazamientos forzados, muerte de civiles y combates muy cerca de la población”. Por eso, asevera que “el acuerdo del cese al fuego es una medida concreta para minimizar al máximo las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en beneficio de la gente”.

Flórez, que ha acompañado los procesos sociales de la región durante los últimos 30 años, asegura que las partes se comprometieron a vincular a las organizaciones en el proceso de veeduría del cese con el apoyo de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Elizabeth Moreno, presidenta de la Asociación de Consejos Comunitarios del San Juan, que también estuvo presente en la reunión, afirma que “en estos 102 días de cese la comunidad y los líderes deberían tener la tranquilidad de realizar su trabajo, porque en los últimos meses el conflicto no lo ha permitido. Necesitamos que cesen los desplazamientos, los masacres y las desapariciones”.

De acuerdo con Luis Enrique Murillo, defensor regional del Pueblo, “alrededor de 500 mil personas, principalmente en entornos rurales, percibirán el alivio de un cese al fuego efectivo, que también es la oportunidad para que el Estado entre a territorios a los que no ha podido ingresar por el conflicto”.

 

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Arauca

Es uno de los departamentos donde el Eln es más fuerte en términos militares y políticos. Allí opera el Frente Domingo Laín, al mando de ‘Pablito’, que también hace presencia en Boyacá y Casanare. La concurrencia sostenida de esa guerrilla y de las Farc en la región desde 1980 ha hecho que, a la par que se libra la guerra, las organizaciones sociales se hayan visto obligadas a robustecer sus agendas de paz y desarrollo. (Leer más: ‘Pablito’: el fiel a la balanza del Eln)

Justo desde el domingo pasado, y hasta el próximo 10 de septiembre, el departamento celebra la Semana por la Paz para respaldar la implementación de los acuerdos de La Habana y, desde este lunes, el cese al fuego entre el gobierno y el Eln. La iniciativa es impulsada por las iglesias; el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, adscrito al Congreso de los Pueblos; la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, de Marcha Patriótica, y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz.

Dayana Flórez, coordinadora departamental de las Comisiones Ciudadanas, dice que el cese viene con un sabor agridulce porque, aunque elimina la presión que generan los combates y las operaciones militares sobre la población civil, abre las puertas de la incertidumbre sobre si la Fuerza Pública podrá garantizar la seguridad de la región, controlada por Eln en vastas zonas rurales. De acuerdo con Flórez, desde la desaparición de las Farc en Arauca por cuenta del proceso de paz “han empezado los robos y las violaciones”, por lo que los campesinos requieren medidas urgentes de protección.

Aun así, el cese al fuego representa una ganancia para los campesinos del departamento. Martín Sandoval, uno de los voceros de la Mesa de Organizaciones Cívicas, asegura que “como el Eln tiene una fuerte presencia en la región, las acciones militares con mayor impacto a nivel nacional se realizan casi siempre en Arauca, afectando seriamente a la población civil. Por eso, celebramos con mucho entusiasmo el cese, que ahorrará vidas y permitirá que la mesa coja confianza”. El líder dice que, además, la gente de la región espera que el acuerdo motive la reducción de “los hostigamientos y la represión por parte del Ejército y la Policía, que en desarrollo de sus acciones operacionales persiguen, estigmatizan, encarcelan y coartan la libre locomoción de los dirigentes populares, sociales y políticos”.

 

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Sur de Bolívar

Son cinco los frentes del grupo armado que operan en el departamento, tres de ellos, según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), relacionados con la explotación ilegal de minería aurífera. En lo corrido del año se han presentado más de 30 capturas contra líderes sociales de la región señalados de pertenecer al grupo insurgente, hasta el momento ninguno condenado.

Alberto García, líder agrario de Simití, asegura que el cese bilateral “será una oportunidad para los campesinos de aprovechar el campo”. Pese a ello, afirma que en varias reuniones entre la comunidad y el Eln se le ha preguntado a esa guerrilla cuál será el alcance de lo acordado.

“Mucha parte del campo le está diciendo al Eln que si va a pasar lo mismo que con las Farc, que ellos han cumplido pero el gobierno no está en nada. Si el Eln sacó eso (el cese), lo cumple. Uno que los ha malcriado por más de 40 años sabe que si lo prometieron lo harán. Pero si el gobierno no cumple, el problema va a ser más bravo, porque cientos de procesos estamos detrás de la mesa”, agregó el campesino.

Por otra parte, un profesor que trabaja en San Pablo y que pidió la reserva de su nombre cree que si bien el cese traerá mayor tranquilidad en el territorio, no se podrá hablar de una minimización de la violencia hasta que las bandas criminales y los grupos paramilitares dejen de operar. De igual manera, asegura que “el compromiso del Eln de dejar de reclutar menores es de gran alivio, no porque acá hayan llegado a obligarlos, sino porque el grupo armado sí era una opción de vida para los menores de las 27 escuelas rurales de los corregimientos del sur del departamento”.

 

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Nariño

Desde que las Farc anunciaron el cese bilateral y definitivo, en agosto de 2016, el Frente de Guerra Sur Occidental, compuesto por seis compañías y dos frentes, empezó a copar el territorio dejado por esa guerrilla. Aunque en repetidas ocasiones el Eln había hecho cese de hostilidades dentro de comunidades campesinas y resguardos indígenas, según sus pobladores el reclutamiento y las extorsiones aumentaron desde esa fecha.

Articulados en la Mesa Social por la Paz, varios procesos sociales han venido trabajando de la mano con el Eln en la posibilidad de realizar un desminado humanitario en por lo menos cuatro municipios del departamento, que ahora ven posible tras el compromiso de no sembrar más minas antipersonal mientras dure el cese bilateral.

“Hay mucha esperanza, en especial en cuanto a la eliminación de las minas antipersona. Además, es muy importante que se haya reconocido en la mesa la protección de líderes, ya que en los últimos tiempos los que más se ha menoscabado es la libertad de expresión, en especial de los que hablamos de paz”, afirma Harold Montufar, exalcalde de Samaniego y director del Instituto Sur Alexander Von Humboldt (Isais).

 

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Cauca

Tras la dejación de armas de las Farc, la Compañía Milton Hernández avanzó desde el sur del departamento para copar los espacios que antes dominaba esa guerrilla, lo cual afectó a las comunidades. Así lo pone de presente Enrique Fernández, miembro del área política de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca: “Entraron a ocupar territorios en la zona norte y han venido haciendo reclutamiento, cobrando vacunas y alterando la tranquilidad”.

Con el anuncio del cese al fuego, Fernández espera tranquilidad para los cabildos, pues más de 20 menores de edad han sido reclutados en los últimos siete meses en Jambaló, Toribío, Tacueyó, Corinto y Miranda. A ello se suma la afectación al control territorial de la Guardia Indígena con la siembra de minas antipersonal y la ejecución de asesinatos.

“Hace cuatro meses nos mataron a un guardia indígena en la vereda El Tierrero, de Toribío, porque allí hacemos control territorial contra el narcotráfico y la circulación de vehículos robados. Como indígenas queremos paz y vivir en un territorio libre sin que nadie nos moleste, pero el narcotráfico en la zona norte es muy fuerte y ellos están detrás de eso porque les genera recursos”, asegura Fernández. 

 

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Norte de Santander

La subregión del Catatumbo es la que mayor número de facciones del grupo armado concentra, 12 en total entre frentes rurales y urbanos. Desde la salida de la guerrilla de las Farc se desató una disputa territorial con el Ejército Popular de Liberación o ‘Los Pelusos’ para controlar la producción y comercialización de la pasta de coca.

Ólger Pérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asegura que un cese bilateral al fuego dará nuevas esperanzas de que se atenúen los conflictos locales, pero que las comunidades temen una arremetida del Ejército antes de que comience a regir el pacto.

“El temor es que en estos más de 20 días que falten (para el inicio del cese) se acreciente la guerra en el territorio y, por ende, nosotros paguemos las consecuencias. No queremos más capturados, asesinados o desaparecidos a nombre del conflicto. Es de suma urgencia que se inicie con el plan piloto de erradicación del paramilitarismo que contempló el Acuerdo Final de La Habana. Acá los ‘paras’ nos tienen de nuevo azotados”.

Por su parte, Ediver Suaréz, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), asegura que el Estado tiene que mostrar voluntad de paz y cumplir lo acordado con las Farc y con el Eln: “De ser cierto que el gobierno cumpla, en el territorio ya estamos preparados para ir a participar a Quito con nuestras propuestas. Entre ellas, la constitución de los territorios agroalimentarios”.