Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln

Durante tres meses, esa guerrilla y las tropas estatales suspenderán acciones ofensivas y realizarán medidas de carácter humanitario. En ese departamento, uno de los más afectados por el conflicto armado, habrá requisitos adicionales y contará con un comité de seguimiento liderado por dirigentes afrodescendientes e indígenas.

inicio cese fuego eln 1El Eln deberá cesar cuatro prácticas durante la vigencia del cese al fuego. Foto: archivo Semana.Este domingo inicia el cese del fuego y de hostilidades bilateral, temporal y nacional que acordaron el pasado 4 de septiembre los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador. La medida se extenderá hasta el próximo 9 de enero y las partes deberán cumplir ocho compromisos que pactaron luego de superar una larga crisis en la que mediaron el senador Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leyva. Es la primera vez que ese grupo insurgente asume una suspensión temporal de la confrontación contra el Estado.

Las estructuras guerrilleras recibieron la orden de parar las acciones ofensivas el pasado viernes, cuando el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, les ordenó "a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado". (Lea más: Así recibieron en las regiones el anuncio del cese al fuego con el Eln)

Ese mismo día, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, emitió el Decreto 1590, en el que ordena "la suspensión de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del Eln que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo del cese y los protocolos pertinentes". (Descargue aquí el Decreto)

Según el acuerdo pactado en Quito, durante los próximos tres meses el gobierno nacional deberá fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para garantizar la protección de líderes defensores de derechos humanos; mejorar las condiciones de salud, ubicación y seguridad de los militantes del Eln recluidos en diversos penales; agilizar la excarcelación de civiles procesados por delitos asociados a la protesta social; y poner en marcha las audiencias en las que organizaciones sociales propondrán mecanismos para el desarrollo de la discusión del punto uno de la agenda, que es sobre participación de la sociedad.

El Eln, por su parte, deberá suspender el secuestro, los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores de 15 años y la instalación de minas antipersonal en aquellas áreas donde tienen una activa presencia armada.

La verificación del cese del fuego estará a cargo del Mecanismo de Veeduría y Verificación, integrado por representantes del gobierno nacional, la guerrilla del Eln, la ONU y la Iglesia Católica, quienes contarán con la protección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Sin embargo, sólo hasta el pasado viernes las partes le pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar a la misión de ese organismo que actualmente reside en Colombia en virtud del acuerdo suscrito con las Farc para que realice las tareas de veeduría y verificación.

Aunque el Consejo aún no se ha pronunciado, las partes ya acordaron que voceros de la Iglesia Católica participarán en las instancias regional y local del Mecanismo a través de las diócesis que están en los territorios donde opera el grupo armado. Para el proceso con esa guerrilla, y por solicitud de las partes, la Conferencia Episcopal designó una comisión que lidera y coordina el acompañamiento de la institución a los diálogos, integrada por los obispos de Cali, Arauca, Tibú, Quibdó e Itsmina, esta última a cargo del párroco del municipio de Sipí.

Chocó, caso especial

inicio cese fuego eln 2Durante la instalación del Comité, un grupo de cinco líderes regionales denunció múltiples afectaciones contra la población civil cometidas por el Eln y las Agc . Foto: Cortesía Mapp-OEA.Este cese del fuego tendrá un capítulo regional. Se trata del cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó que, entre marzo y agosto pasados, elaboraron decenas de organizaciones sociales del departamento adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, y a los movimientos de víctimas y de mujeres. El acuerdo fue presentado a las partes en Quito el 31 de agosto, y contempla nueve medidas en beneficio de las comunidades negras e indígenas, así como de la propia mesa de diálogos.

Como el gobierno nacional y el Eln se comprometieron a respetar las exigencias de las comunidades, el pasado miércoles las organizaciones sociales instalaron en Quibdó el Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario. La presentación del Comité se llevó a cabo en la Fundación Universitaria Claretiana, con la presencia de Juan Myer, integrante del equipo negociador del gobierno nacional; el gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar; el gobernador de Chocó, Jhoany Palacios, y el obispo de la Diócesis de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto.

En el evento, presidido por dirigentes comunitarios, se dio a conocer la composición del Comité, que estará integrado por 20 personas: 13 líderes afro de las cinco subregiones del departamento, una delegada de las mujeres, un representante de los jóvenes y cinco delegados por el mismo número de organizaciones indígenas que integran la Mesa de Diálogo y Concertación.

La Secretaría Técnica del Comité, encargada de la coordinación, está integrada por otros cinco líderes: Vanessa Rivas, Cleiver Córdoba, Diana Mosquera, Esildo Pacheco y Lino Membora. Todos los nombramientos son producto de un proceso de concertación entre las organizaciones de base, que terminó el pasado martes.

Los 25 líderes deberán vigilar que el gobierno nacional y el Eln cumplan las nueve exigencias del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, dos de las cuales coinciden con lo pactado en el cese bilateral: la no instalación de minas antipersonal y el no reclutamiento de menores de 15 años de edad.

Las otras siete exigencias son: desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo; respeto a la autonomía territorial y a las autoridades étnicas; cese de la violencia contra las mujeres, los niños y las personas LGBTI; el respeto a la vida y la integridad de las comunidades y sus dirigentes; la suspensión de los desplazamientos, los confinamientos y las restricciones a la movilidad; suspender la siembra de cultivos de uso ilícito, así como de actividades mineras; y la participación en la mesa del Frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en el Chocó.

El Comité aún no termina de definir los protocolos y estrategias que le permitirán realizar la veeduría y la verificación.

Guerra en el departamento

inicio cese fuego eln 3 Representantes de la comunidad internacional escucharon las denuncias de las comunidades. Foto: Cortesía Mapp-OEA.Los líderes chocoanos dejaron claro durante la instalación del Comité de Seguimiento que la desaparición de las Farc como fuerza insurgente generó un incremento de la actividad militar del Frente de Guerra Occidental del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que hacen presencia en todas las subregiones del departamento. Los puntos más críticos de la confrontación son, por ahora, el Bajo Atrato, la zona del Baudó y el alto San Juan. (Lea más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

Al respecto, los líderes comunitarios contaron en detalle cómo los afectan las operaciones del Eln y de las Agc en la región. El dirigente Milton Velásquez, de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), dijo que "anteriormente las Farc utilizaron mucho estas comunidades, pero no pusieron minas. Hoy, el Eln ha puesto más de 17 minas en Riosucio". La instalación de estos artefactos explosivos afecta la movilidad en los consejos comunitarios y los resguardos indígenas y desde hace varios meses decenas de familias se encuentran en situación de desplazamiento en ese municipio, luego de huir de combates en la cuenca del río Truandó.

En el municipio Alto Baudó, donde hacen presencia unidades del Eln, la instalación de minas también es una preocupación para la comunidad. Jairo Mosquera, representante legal del consejo comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes (Acaba), declaró que en ese pueblo "los campesinos no pueden ir ni siquiera a sus cultivos, porque los diferentes caminos veredales se encuentran minados", lo cual afecta la producción agrícola y la seguridad alimentaria de los pobladores.

Los combates entre esa guerrilla y las Agc, que ya controlan parte del Medio Baudó, han afectado las prácticas culturales de la comunidad, agobiada por el miedo: "Antes, la fiesta era el espacio por excelencia de todos los actos culturales, pero ahora a la fiesta no llega nadie. Se han desplazado las cantaoras, los curanderos, muchos de ellos a Quibdó e Istmina. No se puede escuchar un volador porque lo primero que se nos viene a la mente es la tragedia más inminente, porque allá se hace lo que los grupos armados al margen de la ley decidan".

En las subregiones del Alto y Medio Atrato, ambas organizaciones armadas han generado múltiples victimizaciones contra la población, de acuerdo con el líder Alexis Heredia, del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia). Según Heredia, "hemos tenido heridos por el fuego cruzado entre el Eln y el Clan del Golfo (como el gobierno llama a las Agc). Estamos siendo víctimas de intentos de homicidio, retenciones, robos, secuestros, amenazas, señalamientos, confinamientos, minas, cultivos de uso ilícito y minería ilegal".

Además de los impactos directos sobre los derechos fundamentales, los líderes señalan que las Agc y el Eln también han lesionado los procesos organizativos de las comunidades. Denunciaron, por ejemplo, retenes en los ríos, intentos de cooptación de las organizaciones étnico-territoriales y restricciones a la movilidad, al punto que "ni las mismas organizaciones de base podemos hacer nuestro trabajo, porque antes de salir tenemos que pedirle permiso al Eln", según contó Elizabeth Moreno, del Consejo Comunitario General del Río San Juan (Acadesan).

Para Heredia, el reclutamiento y el desplazamiento también afectan el desarrollo de las organizaciones: "El Eln está reclutando menores negros e indígenas y desplazando gota a gota a las autoridades tradicionales de sus territorios, situaciones que debilitan el proceso organizativo". En el caso del Medio Baudó, los líderes aseguraron que las Agc se han metido a la brava en las reuniones en las que la comunidad discute asuntos relacionados con la posibilidad de constituirse como sujeto de reparación colectiva.

Las denuncias de los dirigentes fueron respaldadas por el gobernador Palacios, quien aseguró que la extorsión es otro de los fenómenos que afectan gravemente a las comunidades: "Por una ración de plátano le cobran mil pesos a nuestros campesinos para poderla vender en el medio Baudó y llevarla a la parte del San Juan. ¿Eso quién lo hace? El Clan Úsuga. Pero cuando revertimos la ecuación, el Eln en el Alto Baudó nos cobra por subir una arroba de arroz. Entonces, estamos en ese fuego cruzado, y la población sufriendo: todos los días desplazamientos, confinamientos y extorsión".

Por esas razones, los líderes aseguraron que el "fin de la guerra" prometido en la mesa de conversaciones de La Habana está lejos de llegar a Chocó. Una postura que comparten los representantes de los organismos de cooperación internacional. El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, Gerard Gómez, dijo públicamente que "nos hace sufrir mucho que aquí todavía haya tanta violencia, después de la esperanza que se proyectó hacia afuera con el acuerdo de paz" con las Farc.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), que monitorea las condiciones de seguridad en el departamento y acompaña al Comité, aseguró que "en los últimos seis meses el Chocó, junto al Cauca, ha sido el territorio más afectado por el conflicto. Hay confrontaciones armadas muy duras entre estructuras criminales y el Eln, intervención de la Fuerza Pública contra unos y otros, violencia contra liderazgos y comunidades, y miles de desplazamientos".

Responden unos y otros

inicio cese fuego eln 4El gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar. Foto: Cortesía Mapp-OEA.Después de escuchar las denuncias de las comunidades, a los representantes del gobierno nacional y del Eln les llegó el turno de responder sobre la manera como se dará cumplimiento al Acuerdo Humanitario.

El primero en pasar al micrófono fue el gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar, quien reconoció que el acuerdo con las Farc "le dio un empujón muy fuerte a la mesa para avanzar en la toma de la decisión por parte de las dos delegaciones de asumir el cese bilateral al fuego". Sin embargo, les pidió a las comunidades clasificar por actor las afectaciones relacionadas en ese documento, "para que el Eln pueda dar respuesta".

Cuéllar aseguró que, con el fin de avanzar en el suministro de esas "respuestas", la guerrilla estudia la posibilidad de construir una suerte de "cartografía humanitaria para el Chocó", en la que se identifiquen los lugares en los que se han instalado minas antipersonal y se han reclutado menores, así como las estructuras responsables de esas acciones.

También aseguró que el Eln estudia la petición de las comunidades de enviar un delegado del Frente de Guerra Occidental a la mesa de diálogos de Quito, con lo que se pretende garantizar el compromiso de esa estructura con el proceso de paz.

A su turno, el negociador del gobierno nacional, Juan Myer, también reconoció que la propuesta humanitaria del departamento "nutrió el acuerdo de cese de hostilidades bilateral". Más que por la identificación de responsabilidades, este vocero estatal llamó la atención sobre la necesidad de construir mecanismos de articulación entre la misión de la ONU y el Comité de Seguimiento del Chocó.

Ambos delegados, sin embargo, valoraron la instalación del Comité y de su Secretaría Técnica, del que dijeron es un interlocutor directo para operativizar el acuerdo de cese del fuego y su verificación.

Lo que se pretende en Chocó, hasta ahora un objetivo inédito en el país, contará con el acompañamiento de la Mapp-OEA, Naciones Unidas, la Embajada de Suecia y la Iglesia Católica. Se trata de otro enorme esfuerzo de los indígenas y los afros, duramente afectados por el conflicto, que actualmente también presionan al gobierno nacional y a las Farc para implementar el Capítulo Étnico consignado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto a través del ejercicio autónomo de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. (Leer más: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)

Así recibieron en las regiones el anuncio del cese al fuego con el Eln

La guerrilla y el gobierno llegaron a un acuerdo para aliviar los impactos de la guerra contra la población civil. La decisión, que estuvo marcada por tensiones, es el primer resultado tangible de la mesa de negociaciones en Quito, Ecuador. ¿Qué piensan líderes sociales en diversos departamentos donde opera esa organización?

cese bilateral eln 0Tras el anuncio del cese bilateral diversos sectores sociales y políticos ratificaron su apoyo al proceso de paz e invitaron a las partes a avanzar con prontitud. Foto: Cortesía Oficina Alto Comisionado para la Paz.

Hasta el pasado jueves 31 de agosto, la mesa de conversaciones con el Eln en la capital ecuatoriana estaba en crisis. Ese día, las partes no habían llegado a ningún acuerdo frente a los diez puntos que estaban en discusión de cara a la firma de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Por entonces, los negociadores del gobierno nacional le exigían a este grupo guerrillero ponerle fin a los secuestros, los ataques a la infraestructura, la instalación de minas antipersonal, la extorsión y las “acciones terroristas”.

Por su parte, el Eln, tal como consta en su revista Insurrección, divulgada el pasado 14 de agosto, le exigía al gobierno nacional “combatir el paramilitarismo con el fin de neutralizar el genocidio en curso contra las fuerzas alternativas de cambio”; cesar la judicialización contra dirigentes populares; cumplir los acuerdos asumidos con los movimientos sociales; “levantar los bloqueos y confinamientos de zonas y comunidades”; y resolver la crisis del sistema penitenciario.

Ante ese escenario, y como en otras ocasiones, el gobierno nacional reforzó la mesa con la presencia de Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático, y del exministro Álvaro Leyva desde el jueves pasado. Ambos tuvieron la tarea de dinamizar los diálogos con el objetivo de llegar al acuerdo que se anunció ayer, en el que se ajustaron, eliminaron o sustituyeron varias de las peticiones iniciales.

Tras alcanzar el acuerdo, desde el Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el cese bilateral se irá renovando de acuerdo al avance de las negociaciones: “La prioridad es proteger a los ciudadanos, por eso durante este período cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos, y demás hostilidades contra la población civil”.

Según lo anunciado ayer, las partes acordaron el cese bilateral al fuego temporal, que iniciará el primero de octubre y finalizará el 12 de enero de 2018, con ocho compromisos que serán supervisados por veedores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Iglesia Católica y representantes de la mesa de negociaciones.

El Eln se comprometió a suspender los secuestros y retenciones; a no atentar contra la infraestructura del país; a suspender el reclutamiento de menores de edad de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario; y, finalmente, a no instalar artefactos antipersonales que puedan poner en peligro la integridad de la población civil.

Por su parte, el gobierno nacional acordó fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) para la protección de líderes sociales; adelantar un programa de carácter humanitario para los presos del Eln; “velar por el cumplimiento de la aplicación de la ley que recientemente desjudicializó (sic) varios tipos de protesta social”; y, por último, de manera simultánea a la hora cero del cese bilateral, poner en marcha las audiencias para escuchar a la sociedad civil y avanzar con ello en el punto uno de la mesa.

“Es el primer acuerdo de esta naturaleza que firma el gobierno nacional con esta guerrilla en más de 50 años, y que constituye el primer paso para ir avanzando a una paz definitiva con el Eln, que conduzca al fin del conflicto con este grupo alzado en armas y al desarrollo de la agenda que se pactó en marzo de 2016”, aseguró Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno nacional.

Por su parte, ‘Pablo Beltrán’, jefe del equipo negociador del Eln, calificó el acuerdo como una ayuda para aliviar el ambiente de polarización que algunos sectores han querido sembrar en el país. “Que el espíritu por rebajar la intensidad del conflicto empiece hoy mismo, no esperemos al primero de octubre”, dijo.

Los traspiés de la mesa

Para llegar a ese anuncio, sin embargo, las partes tuvieron que sortear múltiples dificultades. Desde junio pasado, cuando se anunció oficialmente la visita del papa Francisco a Colombia, desde ambos lados de la mesa plantearon ese hecho como una oportunidad trascendental para anunciar un cese al fuego bilateral, teniendo en cuenta los vínculos históricos del Eln con sectores de la Iglesia Católica y el respaldo del alto jerarca a la consecución de la paz. (Leer más: Cese bilateral de fuego con el Eln, ¿impulso para la mesa en Quito?)

“Esperamos que cuando llegue el Papa el país lo reciba con la noticia de un cese bilateral de fuego, estamos trabajando en ello y esperamos que la diligencia del equipo negociador del gobierno sea efectiva. No es por nosotros, es para las comunidades, en defensa de la vida y para evitar que el paramilitarismo siga creciendo”, aseveró Eduardo Martínez, gestor de paz del grupo insurgente, durante un encuentro con la prensa el pasado mes de julio.

Sin embargo, la tarea no fue fácil. Si hacia dentro las partes enfrentaban diferencias que parecían insalvables, hacia afuera tenían la necesidad de mostrar avances concretos al término del tercer ciclo. Desde que la mesa empezó a funcionar, en febrero pasado, gobierno nacional y guerrilla solo habían acordado priorizar el punto de participación de la sociedad y el subpunto de acciones humanitarias, sin que hubiera resultados tangibles en ninguno de ellos.

Fuentes de la mesa que pidieron el anonimato le contaron a VerdadAbierta.com que, hasta hace una semana, el tono de la negociación era exclusivamente de confrontación y que no había disposición para construir acuerdos. Las sesiones conjuntas, que debían empezar a las 8:30 de la mañana y terminar a la una de la tarde, iniciaban con retraso y terminaban temprano. La parálisis era tal que no se habían construido documentos de carácter técnico que sirvieran de insumo para la discusión del cese.

La obsesión por la bilateralidad que ha marcado los diálogos de Quito, a diferencia de los varios gestos unilaterales con los que contó la mesa de conversaciones con las Farc, tenía a las partes en un callejón sin salida.

Ejemplo de lo anterior es que el número de peticiones sobre las hostilidades era exactamente igual de cada lado (cinco). Y aunque el Eln se ha caracterizado por su radicalismo, el gobierno nacional no se quedó atrás. Las mismas fuentes le dijeron a ese portal que, hasta la semana pasada, la respuesta de la delegación dirigida por Juan Camilo Restrepo era que el Ejecutivo ya estaba avanzando en todos los temas que pedía la guerrilla y que lo estaba haciendo al margen de la mesa, bien sea por la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, órdenes de la Corte Constitucional o decisiones del Presidente de la República.

En el Eln había preocupación por la exigencia del Ejecutivo para cesar las extorsiones o “los impuestos de guerra”. Para la insurgencia, dejar de recibir dinero de los civiles conduciría a un debilitamiento estratégico de la organización. Una lógica que mantiene desde 1998, cuando incluyó ese concepto en el Acuerdo de Puerta del Cielo que firmó con la sociedad civil en Alemania. Al final, como se conoció este lunes, el cese de la extorsión no se incluyó en el cese bilateral temporal. (Ver acuerdo)

Fuentes de ambas delegaciones consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que buena parte de los obstáculos se resolvieron gracias a la gestión de los enviados de última hora: Álvaro Leyva e Iván Cepeda.

Compromisos de las partes

cese bilateral eln 2Hasta hace una semana la mesa estaba congelada, ninguna de las partes avanzaba en gestos unilaterales. Foto: Cortesía Oficina Alto Comisionado para la Paz.

El primer compromiso asumido por la guerrilla, cesar el secuestro y las retenciones, ha sido una de las exigencias del gobierno nacional a lo largo de la negociación. En esta oportunidad, la presión de las distintas organizaciones acompañantes del proceso, de la ciudadanía y de la comunidad internacional sirvió para reforzar el mensaje de rechazo a esa práctica del grupo armado, proscrita por el Derecho Internacional Humanitario.

En lo que va corrido del año, según cifras del Gaula de la Policía, la guerrilla ha secuestrado por lo menos 14 personas, entre nacionales y extranjeros. El pasado 2 de septiembre alias ‘Yeison’, comandante del Frente Ernesto Che Guevara, reconoció en una entrevista que esa estructura asesinó al ciudadano ruso Arsen Voskanyan, quien permanecía bajo su poder desde noviembre de 2016 luego de haberse intentado fugar de su cautiverio en el bajo Baudó, Chocó.

En cuanto a las retenciones, aunque no se tiene una cifra consolidada, solo en Norte de Santander la Defensoría del Pueblo ha registrado 12 y en Arauca 10 en lo corrido del año. Una práctica que la guerrilla ha justificado con el argumento de ejercer “control” sobre las personas que transitan por los corregimientos donde hace presencia. Como fue el caso de los periodistas Derk Johannes Bolt, de 62 años, y el camarógrafo Eugenio Ernest Marie Follender, de 58, retenidos y liberados en zona rural de El Tarra, en junio pasado.

El segundo compromiso, suspender los ataques contra la infraestructura, ha sido una de las peticiones del gobierno nacional durante la negociación y una de las mayores fuentes de ingreso del grupo armado. Entre enero y agosto de 2017, Ecopetrol registró 44 ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Arauca. Según cifras de la entidad, en 2016 se invirtieron más de 40 mil millones de pesos en reparaciones por ese tipo de acciones.

En cuanto al tercer punto, suspensión del reclutamiento de menores de edad, la guerrilla se comprometió a no ingresar a sus filas a niños menores de 15 años, según lo establece el Derecho Internacional Humanitario. Aunque no se conoce la cifra exacta de niños y adolescentes en poder del Eln, en declaraciones públicas Nicolás Rodríguez Bautista, máximo comandante de la organización, ha asegurado que ningún militante está en la organización en contra de su voluntad. Sin embargo, el pasado 2 de enero la Policía y el Ejército “rescataron” ocho menores integrantes del Frente Domingo Laín.

Zonas de operación del Eln

Finalmente, frente a la suspensión de instalar minas antipersonal, desde hace más de seis meses la guerrilla trabaja con comunidades campesinas y resguardos indígenas para la identificación y mapeo de campos minados en Arauca y Nariño. En este último departamento se priorizarán los municipios Samaniego y Santa Cruz para realizar el desminado humanitario acordado en la mesa.

De otro lado, los compromisos que asumirá el gobierno nacional durante el cese bilateral están dirigidos, en su mayoría, a proteger a la sociedad civil y facilitar su participación en los diálogos. El tema es de la mayor importancia para la guerrilla y será abordado en los dos primeros puntos de la agenda que rige las conversaciones: participación de la sociedad en la construcción de la paz y democracia para la paz.

El primer punto es el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (SAT), nace de una propuesta del Eln que consistía en crear un “Sistema de Alerta y Ataque” de cuatro fases, en el que las comunidades denunciaran agresiones o amenazas por parte de estructuras paramilitares, la Fuerza Pública neutralizara las amenazas, las comunidades verificaran la eficacia de las medidas y, finalmente, se hiciera una difusión pública de los procedimientos. En el acuerdo, el gobierno nacional se comprometió a robustecer el SAT “para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados”.

El segundo punto consiste en que “el gobierno velará en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó (sic) varios tipos de protesta social”. VerdadAbierta.com consultó a la oficina de comunicaciones de la delegación del gobierno nacional para conocer oficialmente a qué ley se refiere este apartado, pero no obtuvo respuesta.

Consultado por este portal, el senador Iván Cepeda, que participó en la negociación del cese, explicó que “se trata de la Ley de Amnistía e Indulto aprobada en diciembre de 2016”. La norma, tal como quedó consignado en los acuerdos de La Habana, contempla la cesación de los procedimientos judiciales contra integrantes de “organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria” que hayan cometido delitos “en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta”, tales como lanzamiento de sustancias peligrosas y lesiones personales. No obstante, la Ley no despenaliza ninguna de esas conductas.

El tercer punto se refiere a agilizar una tarea pendiente en la mesa: la realización de audiencias preparatorias con la sociedad civil para encarar el punto uno de la agenda, que busca recoger propuestas sobre el resto de puntos y construir “una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación”. Organizaciones y movimientos sociales como la Cumbre Agraria, la Mesa Social para la Paz y Por una Paz Completa han trabajado en el diseño de propuestas sobre cómo debería ser esa participación.

El último punto es el único que beneficiará directamente a los militantes del Eln, y consiste en la ejecución de un programa humanitario dirigido a los guerrilleros presos para “mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad” en las cárceles.

Al respecto, ‘Nixon Barrera’, vocero del colectivo de presos políticos Camilo Torres del Eln, dijo desde la cárcel de Cúcuta que los guerrilleros detenidos aspiran, además, a la reducción de las condenas en un 15 por ciento para aliviar el hacinamiento y la congestión del sistema de salud. Y advirtió que “por lo general nosotros estamos en cárceles de máxima seguridad, donde las posibilidades de estudiar y resocializarnos son menores a las de otro tipo de cárceles”.

Aún falta que las partes definan los aspectos logísticos del cese y los procedimientos de verificación, pero el anuncio de las ocho medidas ya representa un alivio para las comunidades de las regiones donde opera el Eln.

 

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Chocó

En el departamento opera el Frente Resistencia Cimarrón, al mando de ‘Fabián’. Esa estructura ha sido escéptica de los diálogos y ha estado a cargo de operaciones políticamente costosas para el Eln, como los secuestros del excongresista Odín Sánchez en 2016 y de ocho jóvenes en el municipio de Nóvita en mayo pasado. Desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha reportado combates entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el departamento, lo que ha generado desplazamientos y confinamientos de población civil.

Ante la crisis humanitaria, en marzo de este año organizaciones adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó y a la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, junto al movimiento de víctimas y de mujeres de la región, emprendieron un proceso de concertación para elaborar una propuesta de acuerdo humanitario.

El proceso culminó en agosto pasado, con la suscripción de un documento de cinco páginas que incluía exigencias en torno a un cese bilateral, el desmonte de grupos armados ilegales, el respeto a la autonomía territorial, el desminado, el reclutamiento de menores, la violencia contra las mujeres, la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, entre otros delitos.

El documento fue presentado públicamente en Quibdó el pasado 18 de agosto, con la presencia del negociador del gobierno Juan Myer y del gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuellar. Este último, junto al también gestor de la guerrilla Eduardo Martínez, participó en la gestión que permitió que ocho delegados de las organizaciones sociales viajaran a Quito el pasado 31 de agosto para reunirse con la mesa, en el que fue el primer ejercicio de participación directa de la sociedad civil en los diálogos.

Jesús Flórez, integrante de Pacipaz, una de las organizaciones que acompañó el proceso de concertación y que viajó a Ecuador en representación de las comunidades, asegura que “en los lugares donde estaban antes las Farc han ido aumentado las acciones entre el Eln y el Ejército, y entre el Eln y los paramilitares, lo que ha generado zozobra, desplazamientos forzados, muerte de civiles y combates muy cerca de la población”. Por eso, asevera que “el acuerdo del cese al fuego es una medida concreta para minimizar al máximo las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en beneficio de la gente”.

Flórez, que ha acompañado los procesos sociales de la región durante los últimos 30 años, asegura que las partes se comprometieron a vincular a las organizaciones en el proceso de veeduría del cese con el apoyo de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Elizabeth Moreno, presidenta de la Asociación de Consejos Comunitarios del San Juan, que también estuvo presente en la reunión, afirma que “en estos 102 días de cese la comunidad y los líderes deberían tener la tranquilidad de realizar su trabajo, porque en los últimos meses el conflicto no lo ha permitido. Necesitamos que cesen los desplazamientos, los masacres y las desapariciones”.

De acuerdo con Luis Enrique Murillo, defensor regional del Pueblo, “alrededor de 500 mil personas, principalmente en entornos rurales, percibirán el alivio de un cese al fuego efectivo, que también es la oportunidad para que el Estado entre a territorios a los que no ha podido ingresar por el conflicto”.

 

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Arauca

Es uno de los departamentos donde el Eln es más fuerte en términos militares y políticos. Allí opera el Frente Domingo Laín, al mando de ‘Pablito’, que también hace presencia en Boyacá y Casanare. La concurrencia sostenida de esa guerrilla y de las Farc en la región desde 1980 ha hecho que, a la par que se libra la guerra, las organizaciones sociales se hayan visto obligadas a robustecer sus agendas de paz y desarrollo. (Leer más: ‘Pablito’: el fiel a la balanza del Eln)

Justo desde el domingo pasado, y hasta el próximo 10 de septiembre, el departamento celebra la Semana por la Paz para respaldar la implementación de los acuerdos de La Habana y, desde este lunes, el cese al fuego entre el gobierno y el Eln. La iniciativa es impulsada por las iglesias; el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, adscrito al Congreso de los Pueblos; la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, de Marcha Patriótica, y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz.

Dayana Flórez, coordinadora departamental de las Comisiones Ciudadanas, dice que el cese viene con un sabor agridulce porque, aunque elimina la presión que generan los combates y las operaciones militares sobre la población civil, abre las puertas de la incertidumbre sobre si la Fuerza Pública podrá garantizar la seguridad de la región, controlada por Eln en vastas zonas rurales. De acuerdo con Flórez, desde la desaparición de las Farc en Arauca por cuenta del proceso de paz “han empezado los robos y las violaciones”, por lo que los campesinos requieren medidas urgentes de protección.

Aun así, el cese al fuego representa una ganancia para los campesinos del departamento. Martín Sandoval, uno de los voceros de la Mesa de Organizaciones Cívicas, asegura que “como el Eln tiene una fuerte presencia en la región, las acciones militares con mayor impacto a nivel nacional se realizan casi siempre en Arauca, afectando seriamente a la población civil. Por eso, celebramos con mucho entusiasmo el cese, que ahorrará vidas y permitirá que la mesa coja confianza”. El líder dice que, además, la gente de la región espera que el acuerdo motive la reducción de “los hostigamientos y la represión por parte del Ejército y la Policía, que en desarrollo de sus acciones operacionales persiguen, estigmatizan, encarcelan y coartan la libre locomoción de los dirigentes populares, sociales y políticos”.

 

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Sur de Bolívar

Son cinco los frentes del grupo armado que operan en el departamento, tres de ellos, según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), relacionados con la explotación ilegal de minería aurífera. En lo corrido del año se han presentado más de 30 capturas contra líderes sociales de la región señalados de pertenecer al grupo insurgente, hasta el momento ninguno condenado.

Alberto García, líder agrario de Simití, asegura que el cese bilateral “será una oportunidad para los campesinos de aprovechar el campo”. Pese a ello, afirma que en varias reuniones entre la comunidad y el Eln se le ha preguntado a esa guerrilla cuál será el alcance de lo acordado.

“Mucha parte del campo le está diciendo al Eln que si va a pasar lo mismo que con las Farc, que ellos han cumplido pero el gobierno no está en nada. Si el Eln sacó eso (el cese), lo cumple. Uno que los ha malcriado por más de 40 años sabe que si lo prometieron lo harán. Pero si el gobierno no cumple, el problema va a ser más bravo, porque cientos de procesos estamos detrás de la mesa”, agregó el campesino.

Por otra parte, un profesor que trabaja en San Pablo y que pidió la reserva de su nombre cree que si bien el cese traerá mayor tranquilidad en el territorio, no se podrá hablar de una minimización de la violencia hasta que las bandas criminales y los grupos paramilitares dejen de operar. De igual manera, asegura que “el compromiso del Eln de dejar de reclutar menores es de gran alivio, no porque acá hayan llegado a obligarlos, sino porque el grupo armado sí era una opción de vida para los menores de las 27 escuelas rurales de los corregimientos del sur del departamento”.

 

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Nariño

Desde que las Farc anunciaron el cese bilateral y definitivo, en agosto de 2016, el Frente de Guerra Sur Occidental, compuesto por seis compañías y dos frentes, empezó a copar el territorio dejado por esa guerrilla. Aunque en repetidas ocasiones el Eln había hecho cese de hostilidades dentro de comunidades campesinas y resguardos indígenas, según sus pobladores el reclutamiento y las extorsiones aumentaron desde esa fecha.

Articulados en la Mesa Social por la Paz, varios procesos sociales han venido trabajando de la mano con el Eln en la posibilidad de realizar un desminado humanitario en por lo menos cuatro municipios del departamento, que ahora ven posible tras el compromiso de no sembrar más minas antipersonal mientras dure el cese bilateral.

“Hay mucha esperanza, en especial en cuanto a la eliminación de las minas antipersona. Además, es muy importante que se haya reconocido en la mesa la protección de líderes, ya que en los últimos tiempos los que más se ha menoscabado es la libertad de expresión, en especial de los que hablamos de paz”, afirma Harold Montufar, exalcalde de Samaniego y director del Instituto Sur Alexander Von Humboldt (Isais).

 

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Cauca

Tras la dejación de armas de las Farc, la Compañía Milton Hernández avanzó desde el sur del departamento para copar los espacios que antes dominaba esa guerrilla, lo cual afectó a las comunidades. Así lo pone de presente Enrique Fernández, miembro del área política de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca: “Entraron a ocupar territorios en la zona norte y han venido haciendo reclutamiento, cobrando vacunas y alterando la tranquilidad”.

Con el anuncio del cese al fuego, Fernández espera tranquilidad para los cabildos, pues más de 20 menores de edad han sido reclutados en los últimos siete meses en Jambaló, Toribío, Tacueyó, Corinto y Miranda. A ello se suma la afectación al control territorial de la Guardia Indígena con la siembra de minas antipersonal y la ejecución de asesinatos.

“Hace cuatro meses nos mataron a un guardia indígena en la vereda El Tierrero, de Toribío, porque allí hacemos control territorial contra el narcotráfico y la circulación de vehículos robados. Como indígenas queremos paz y vivir en un territorio libre sin que nadie nos moleste, pero el narcotráfico en la zona norte es muy fuerte y ellos están detrás de eso porque les genera recursos”, asegura Fernández. 

 

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Norte de Santander

La subregión del Catatumbo es la que mayor número de facciones del grupo armado concentra, 12 en total entre frentes rurales y urbanos. Desde la salida de la guerrilla de las Farc se desató una disputa territorial con el Ejército Popular de Liberación o ‘Los Pelusos’ para controlar la producción y comercialización de la pasta de coca.

Ólger Pérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asegura que un cese bilateral al fuego dará nuevas esperanzas de que se atenúen los conflictos locales, pero que las comunidades temen una arremetida del Ejército antes de que comience a regir el pacto.

“El temor es que en estos más de 20 días que falten (para el inicio del cese) se acreciente la guerra en el territorio y, por ende, nosotros paguemos las consecuencias. No queremos más capturados, asesinados o desaparecidos a nombre del conflicto. Es de suma urgencia que se inicie con el plan piloto de erradicación del paramilitarismo que contempló el Acuerdo Final de La Habana. Acá los ‘paras’ nos tienen de nuevo azotados”.

Por su parte, Ediver Suaréz, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), asegura que el Estado tiene que mostrar voluntad de paz y cumplir lo acordado con las Farc y con el Eln: “De ser cierto que el gobierno cumpla, en el territorio ya estamos preparados para ir a participar a Quito con nuestras propuestas. Entre ellas, la constitución de los territorios agroalimentarios”.

Cese bilateral de fuego con el Eln, ¿impulso para la mesa en Quito?

Desde el inicio del tercer ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y esta guerrilla el pasado lunes, se rumoró que finalizando este periodo de diálogo comenzaría un cese de hostilidades bilateral para desescalar la guerra y generarle confianza a la sociedad en el proceso de paz. ¿Qué tan cerca está y qué impactos regionales tendría?

cese eln 1Aunque hay contradicciones en la Mesa sobre el cese al fuego, ninguna de las partes lo ha descartado. La guerrilla presiona y el gobierno pide cumplimiento de lo acordado, no más secuestro ni atentados. Foto: archivo Semana.

Aún no hay certeza de la fecha de inicio, la manera en que se va a verificar ni los mecanismos que se van a utilizar para prolongarlo en el tiempo. Lo cierto es que sobre la mesa las cartas están echadas y se ha planteado la opción de silenciar los fusiles para darle celeridad a los puntos acordados y avanzar en el desarrollo de cada uno.

No obstante, hay contradicciones entre las partes: mientras el jefe negociador del gobierno nacional, Juan Camilo Restrepo, asegura que no se ha tocado el tema ni mucho menos los plazos de un eventual cese al fuego, algunos representantes de la delegación del Eln han afirmado que sí habrá cese bilateral y que sería de tres meses.

"La idea es que este cese temporal arranque con un tiempo más o menos de tres meses y que en el marco de dicho cese se realicen unas acciones que alivien de manera humanitaria principalmente a la población civil que ambas partes en el conflicto afectamos", aseguró el vocero insurgente Bernardo Téllez en declaraciones dadas a la prensa en días pasados.

Hay que recordar que en repetidas ocasiones el gobierno ha manifestado que no van a tocar el tema de un posible cese al fuego mientras la guerrilla no abandone el secuestro y no deje de arremeter contra la población civil.

A través de una fuente militar, VerdadAbierta.com conoció que una de las posibilidades que se ha planteado es que se empiece con un cese unilateral de fuego por parte del Eln, al igual que ocurrió en repetidas ocasiones con las Farc cuando se adelantaban las negociaciones en La Habana, que sea verificable para poder constatar que no haya cobro de vacunas, extorsiones ni secuestros y de ahí sí avanzar hacia el cese bilateral. La propuesta es que se respeten límites territoriales y no se concentre la tropa.

“Es un absurdo cesar el fuego por cesarlo. No se va a permitir que mientras se deja de disparar se aumenten en las regiones donde delinque el grupo las extorsiones, secuestros y homicidios. Si hay cese, será gradual y empezará por donde debe empezar y es por ello que nosotros debemos garantizar la seguridad de todos los colombianos. Se acordó negociar en medio del fuego y así se está haciendo”, puntualizó la fuente, quien solicitó la reserva de la identidad.

A ello se suma el cerco militar que tienen algunos de los llamados frentes de guerra del grupo subversivo, cuyas consecuencias son sendas capturas de integrantes de redes de milicias y colaboradores urbanos. Según cifras de inteligencia militar, para junio de este año más de 300 personas, supuestos integrantes del Eln, han sido detenidos.

Paralelo al calor de la guerra, otra es la realidad que están viviendo algunos territorios que desde hace décadas padecen la confrontación armada. A la fecha, las comunidades aseguran que se viene trabajando con la guerrilla en concretar acciones humanitarias para atizar el conflicto, entre ellas, y una de las más importantes, adelantar labores de desminado humanitario.

“Con el cese al fuego todos ganamos”

cese eln 2El Pacto Local por la Paz fue una iniciativa en Nariño que arrojó resultados de varios meses por respeto a la vida dentro de los territorios indígenas y cese al fuego contra la población Foto: archivo Semana.Si bien el Eln no tiene gran despliegue militar en el país, en aquellas regiones donde sí hace presencia, como Arauca, Sur de Bolívar, Chocó, Boyacá, Cauca, Nariño y la zona del Catatumbo, sus acciones militares han tenido impacto dentro de la población civil con efectos paradójicos: de un lado, resquebrajan la confianza en el proceso de paz; y de otro, evidencian las deudas que desde hace décadas tiene el Estado con esas comunidades a las que nunca ha podido llegar de manera integral.

Para los pobladores de esas regiones, el cese bilateral del fuego es necesario para materializar lo que han avanzado en los territorios y para devolverle la confianza a los escépticos. Si hay algo en lo que coinciden tanto movimientos sociales como expertos y gremios locales es que un eventual cese unilateral y luego bilateral descongelaría los puntos de la agenda y permitiría materializar las acciones humanitarias.

Como ya lo había contado este portal, a finales del mes de febrero, las comunidades campesinas y resguardos indígenas de los municipios de Samaniego y Santa Cruz, en Nariño, elaboraron varias propuestas a la mesa de diálogos de Quito para descontaminar sus territorios de minas antipersonal y el respeto por la vida de sus integrantes.

En Nariño quieren reactivar Pacto Local de Paz

Sus clamores tuvieron eco. Este martes fueron notificados desde la capital ecuatoriana que se seleccionaron tres áreas para comenzar el desminado humanitario en Samaniego y Santa Cruz. “Estamos muy felices, es la oportunidad de seguir avanzando como sociedad, nos escucharon en la mesa y ahora debemos materializar en el territorio lo que hemos venido planeando con antelación”, comentó Harold Montufar, exalcalde de Samaniego y promotor del Pacto Local de Paz.

El 13 de agosto en la vereda Mosqueral en Samaniego, se realizará la Asamblea por la Paz, el Buen Vivir y los Desminados Humanitarios. Allí las comunidades presentarán su Plan de Vida y la hoja de ruta a seguir para librar al territorio de las minas antipersona. Una de las condiciones que han fijado como petición es que se disminuya la guerra en el territorio con un cese al fuego.

A ello se suma que otros departamentos como Cauca y Arauca también tiene contemplados planes piloto de desminado humanitario, donde previamente guerrilla y comunidades han trabajado en la identificación de los territorios y el mapeo de los posibles artefactos explosivos.

En El Tambo promueven desminado civil humanitario

Para Eduardo Martínez y Juan Carlos Cuéllar, los dos gestores de paz del Eln, el desescalamiento de la guerra y el avance positivo de la mesa de Quito se ve reflejado en los territorios. Por años, desde su centro de reclusión, ambos fueron el contacto de distintas comunidades con Eln para avanzar en propuestas de respeto por la vida, ceses al fuego, pactos locales de paz e iniciativas sociales.

Hoy, tras años de diálogos e intercambio con las comunidades sobre la posible materialización de nuevos pactos locales de paz para desminar los territorios, lo ven como un fruto de la organización social y de la presión de la sociedad para concretar los puntos de la agenda.

“Nosotros hemos ido desescalando la guerra; en las regiones venimos trabajando con las comunidades en las acciones humanitarias propuestas. Hoy es una realidad que se desminarán tres lugares en Nariño, esperamos avanzar en otros departamentos y seguir acumulando fuerza con las comunidades”, afirmó Martínez.

Desde la sociedad civil se viene reclamando que las acciones humanitarias se sientan en el territorio también por parte del gobierno nacional y, en especial, de las Fuerzas Militares. Para los gremios campesinos y comunidades indígenas, la guerra debe ir disminuyendo en relación con las persecuciones y señalamientos a los que son sometidos en las regiones de influencia del Eln.

¿Qué hay detrás de la captura de defensores de derechos humanos del Sur de Bolívar?

Según cifras de organizaciones de derechos humanos, para el primer semestre de 2017 se disparó en más del 20 por ciento la persecución y señalamiento contra líderes del movimiento social, que incluyen cárcel y exilio. La más reciente fue la detención de 12 personas pertenecientes a la Mesa Social para la Paz, entre quienes están voceros de organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos.

Propuestas regionales

cese eln 3La sociedad sigue avanzado en propuestas de participación y generando expectativa para seguir apoyando la agenda de diálogos Foto: archivo Semana.Organizaciones territoriales como la Alianza por la Paz y Desarrollo de Arauca han hecho llegar propuestas a la mesa de diálogos para que un eventual cese al fuego se cumpla a partir de tres criterios: que sea práctico y materializable; que se pueda verificar; y que haga posible la separación de fuerzas del Estado, es decir, “que se deje de combatir a esta guerrilla sin olvidar el combate contra toda forma de criminalidad en el territorio”.

A lo anterior, tanto indígenas, como afros y campesinos han pedido que se haga veeduría a través de los países garantes, donde no solo se vigile que no se disparen más balas, sino que se cumpla en el territorio con el respeto a la vida y a la integridad de los derechos humanos.

Es de tal importancia del cese al fuego para las comunidades que varias organizaciones como el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), una de las organizaciones que han sido víctimas de la guerra en el departamento de Chocó, han establecido que a partir de que entre en vigencia se van a poder desarrollar nuevos proyectos regionales y, sobre todo, volver a asentarse en el territorio y vivir dignamente.

Para Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, el cese al fuego reviste mucha importancia para las poblaciones en región en la medida que les da un margen mayor de participación en los puntos de la agenda sin la amenaza del fusil: “Las partes tiene que pensar que al lado del cese al fuego hay una sociedad que está llamando a la participación y si sigue habiendo fuego no se va a poder desarrollar eso que tanto se quiere y es la participación de la gente”.

Al respecto, Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar, sostuvo que “el cese al fuego es respeto por la vida y los derechos humanos. Que se dejen de matar está bien, pero que a nosotros no nos acaben la vida con la amenaza o la cárcel, somos nosotros quienes hemos pagado el precio de una guerra que debe acabar”.

A todo ello se suma una centena de proyectos productivos que están varados en las distintas regiones a la espera que el cese de hostilidades les dé la posibilidad de desarrollar los planes de vida a las comunidades indígenas y los proyectos de desarrollo agrario a las organizaciones campesinas.

Si bien no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento, de seguir cumpliendo las partes en el desescalamiento de la confrontación armada, el propósito de concertar un cese unilateral o bilateral al fuego podría darse a finales del tercer ciclo de conversaciones. Entre la delegación de paz del Eln se ha rumorado que sea antes de la llegada del Papa Francisco a Colombia, a comienzos de septiembre; también se estima que su presencia impulse la decisión. Los negociadores del gobierno nacional han sido más reservados, pero no han negado la posibilidad si se sigue cumpliendo con las acciones humanitarias por parte del grupo insurgente.

Queda entonces la pregunta de si el gobierno nacional cumplirá la petición de los movimientos sociales y comunidades indígenas y campesinas para menguar la guerra en sus territorios y evitar la persecución y estigmatización a quienes los lideran.

“Ojalá esta oportunidad no sea un fracaso más para la paz”: Harold Montufar

Ad portas de finalizar el tercer ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador, VerdadAbierta.com habló con el exalcalde de Samaniego, Nariño, para conocer los avances en el territorio del desescalamiento del conflicto y las oportunidades que se darían con un eventual cese al fuego con el grupo insurgente.

entrevista montufa 1Se espera que el día de mañana la Mesa de Quito haga un anuncio sobre el cese bilateral. Foto: Cortesía Instituto Humboldt.Pocos han sido los avances tangibles de la negociación que se adelanta en Quito con la guerrilla del Eln. Mientras las partes continúan en reuniones a diario para buscar desescalar la guerra en el territorio y los mecanismos de participación de la sociedad, se ha desatado una precisión social y mediática para que haya un cese al fuego bilateral que pocas luces tiene de asomar en la mesa.

Harold Montufar, economista de profesión y especialista en Alta Gerencia, ha trabajado desde hace más de dos décadas para que cese la guerra en contra de los campesinas e indígenas; actualmente es coordinador del Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, institución que brinda asesoría, acompañamiento y coordinación a comunidades víctimas de la violencia.

En su periodo como alcalde de Samaniego (2004-2007) impulsó el Pacto Local de Paz por la Paz de Nariño, con el cual se logró reducir los índices de violencia del municipio y desarrollar proyectos sociales y económicos para las comunidades indígenas y campesinas. Proyecto que se pretende retomar ahora para desminar el territorio y avanzar con los proyectos productivos regionales. (Leer más: En Nariño quieren reactivar Pacto Local de Paz)

En 2006 fue invitado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y la delegación de paz del Eln a la cuarta ronda de conversaciones en La Habana, Cuba, donde se discutió, como se está haciendo ahora en Quito, las medidas de desescalamiento del conflicto, como el desminado humanitario, y la participación de la sociedad dentro de la mesa de conversaciones.

Ha sido víctima de todos los actores armados, en el desarrollo de la guerra fue secuestrado en seis oportunidades, dos por los paramilitares del Bloque Central Bolívar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dos por la guerrilla de las Farc, dos por el ELN y en una oportunidad la Fiscalía General dela Nación lo capturó, en pleno desarrollo del Pacto Local, aduciendo a que era guerrillero.

VerdaAbierta.com (VA): Hace una semana, más de 2.000 campesinos e indígenas de los municipios de Samaniego y Santa Cruz se reunieron en la asamblea por la paz, el buen vivir y los seminarios humanitarios ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?

Harold Montufar (HM): Una de las principales conclusiones tiene que ver con la realización del pacto Regional de paz, donde las comunidades del centro-occidente de Nariño, en alianza con las instituciones y autoridades tradicionales, presentan y gestionan el plan de paz y buen vivir y los desminados humanitarios. Otra es el fortalecimiento autónomo de las comunidades indígenas y campesinas para seguir fortaleciendo iniciativas de paz.

entrevista montufa 2Las comunidades campesinas de Samaniego han asegurado que el cese al fuego traería consigo la puesta en marcha de proyectos productivos. Foto: Cortesía Instituo Humboldt.(VA): Sobre la asamblea reposa la decisión tomada en la mesa de Quito de escoger Samaniego como uno de los territorios para aplicar el desminado humanitario, ¿cómo acogieron las comunidades la decisión tomada?

(HM): En Samaniego la exigencia del desminado humanitario se viene impulsando desde el año 2004 ante el Eln y las Farc, por tal razón el impacto de haber escogido estos territorios es muy positivo para las comunidades que hace muchos años han resistido al conflicto armado y que ahora se han reactivado en el pacto local de paz.

(VA): ¿Cómo se desarrollaría el procedimiento?

(HM): Desde el pacto local de paz de Samaniego y la Minga por la Paz de Nariño hemos exigido que se escuche nuestra propuesta para realizar tres desminados humanitarios en el Sánde, Chinchal y La Montaña, de tal manera que la comunidades proponen un protocolo para que sean civiles, guardias indígenas y campesinas quiénes lideren los procesos de desminado previa presentación del plan de paz y buen vivir del centro-occidente de Nariño.

(VA): ¿Qué elementos se pueden rescatar o adicionar a esta nueva oportunidad de silenciar el fuego en la región?

(HM): Hoy lo más importante es el fortalecimiento comunitario de indígenas, campesinos y mestizos, que bajo los protocolos de autonomía e identidad cultural hacen más visible la vida digna en los territorios. Es la continuación del pacto local de paz que se logró en desarrollar en 2007.

(VA): A seis meses del inicio formal de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del Eln, ¿qué impactos ha generado sobre el territorio?

(HM): La concepción del territorio hoy es mucho más clara cuando hablamos y gestionamos nuestra propuesta de plan de paz y buen vivir, que se presenta no sólo para los desminados sino también para el desarrollo territorial sostenible.

entrevista montufa 3.(VA): Hasta el momento es poco el avance que ha tenido la mesa y muy escueta la manera en la que la sociedad va a participar de este proceso, ¿qué percepción tienen las comunidades?

(HM): Las comunidades han sido claras en querer participar de la mesa con la inclusión de sus planes de vida y de desarrollo territorial. La paz la concebimos con desarrollo en lo local, que es lo que venimos trabajando desde hace años en Nariño. Por ahora, tenemos una gran expectativa de que esta vez sea cierto que las acciones humanitarias de desescalamiento del conflicto sean tomadas en la mesa de Quito entre el gobierno nacional y el Eln. Se debe seguir fomentando entre la sociedad una cultura de paz acorde al momento que estamos viviendo.

(VA): ¿Y en región cómo se puede desarrollar esa cultura de paz?

(HM): A través del funcionamiento del espacio educativo para la paz y el buen vivir. Este es un espacio físico y epistémico donde vamos a desarrollar diplomados de paz, escuelas de Liderazgo, cursos técnicos y queremos proponer que la Universidad del Cauca, la Universidad de Nariño y la Universidad Nacional mediante convenios puedan hacer pregrados.

Hoy está construido a un 85% el primer módulo con una capacidad de 100 estudiantes en dos auditorios y un gran auditorio para realizar reuniones de las organizaciones sociales que hacen procesos de construcción de paz. Este espacio educativo para la paz y el buen vivir está coordinado por el Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS.

(VA): ¿quiénes lo financian y apoyan?

(HM): El Espacio educativo fue apoyado por la organización Oikos Onlus región Friuli Venecia Giulia, al norte de Italia, por el centro de estudios sociales CES de la Universidad de Coímbra, Portugal, por las alcaldías de Samaniego Santa Cruz y la Gobernación de Nariño.

(VA): ¿En qué medida un cese bilateral ayudaría a desarrollar el pacto local de Paz y implementar esa cultura de paz?

(HM): Silenciando el fuego se alivia el territorio y se da paso al desarrollo de los planes de vida y proyectos productivos. Las ventajas son muchas, entre ellas que se va el temor de quedar en el territorio en medio del fuego cruzado o en una acción armada, poder andar el terreno sin precaución sería una de las principales ventajas, que tanto guerrillas como Ejército hagan un alto a las acciones armadas.

(VA): Su experiencia y participación en los procesos de paz anteriores con esta guerrilla le ha permitido conocer los alcances y retos que conlleva el diálogo. ¿Cree usted que el proceso va por buen camino? ¿hay voluntad política?

(HM): Tenemos la esperanza de que tanto el gobierno nacional y el Eln escuchen y lean con mucha atención lo que hoy las comunidades les exigen en torno a un compromiso serio y cierto sobre la paz completa, Ojalá esta oportunidad No sea un fracaso más en la historia cíclica de fracaso sobre la paz en Colombia.

(VA): Luego de su larga trayectoria por la defensa del territorio, la vida y las comunidades campesinas he indígenas, ¿por qué seguir insistiendo en la paz?

(HM): La paz es el camino que nos corresponde transitar a los líderes que queremos transformaciones profundas dirigidas a mejores mundos. Estoy convencido, hoy más que ayer, que desde el espacio educativo para la paz y el buen vivir, temas como cultura de paz deben convertirse en fundamentales para seguir trabajando por mejores mundos.

Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó

En respuestas dadas a VerdadAbierta.com, Carlos Reyes, delegado de este grupo guerrillero en las conversaciones que se adelantan en Quito, Ecuador, dijo, además, que no es cierto que tengan acuerdos con mineros en el departamento de Cauca para atentar contra líderes sociales.

entrevista eln 1Foto: archivo particular.En los últimos meses la situación de orden público en Chocó, sobre todo en el sur de ese departamento, ha estado alterada por choques armados entre la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, generando graves afectaciones a la población civil. Para la organización subversiva, en esa confrontación ese grupo ilegal, calificado de paramilitar, está recibiendo apoyo del Ejército Nacional.

Así lo denunció Carlos Reyes, delegado del Eln en las conversaciones que adelantan con el gobierno nacional en Quito, Ecuador, en las respuestas dadas a este portal sobre un cuestionario enviado en días pasados para conocer los avances de este proceso, que continúa afectado por las diferencias que tienen las partes sobre el tema del secuestro de civiles y los atentados a la infraestructura petrolera, prácticas a la que el grupo guerrillero se niega a renunciar.

El delegado también expresó sus puntos de vista sobre el asesinato de líderes sociales, lo que se están disputando en Chocó con los ‘gaitanistas’ y las supuestas relaciones con mineros del departamento de Cauca que habría ocasionado la muerte de activistas en contra de esa actividad extractiva y de sus afectaciones ambientales.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es hoy la realidad del proceso de la mesa de Quito? ¿Hay avances notorios desde que se hizo pública la negociación el pasado 7 de febrero?

Carlos Reyes (CR): Hay avances. Manteniendo la mesa de conversaciones en su integralidad, se han establecido dos submesas: la de la participación de la sociedad en la construcción de la paz y la de las acciones dinámicas humanitarias. En esta última, se llegó a concretar un “Marco Referencial” basados en el Derecho Internacional Humanitario.

En el tema de participación, el gobierno decidió congelar lo que se había avanzado y condicionar cualquier acuerdo o ejecución que se resolviera el tema de las privaciones de libertad que esta agendado en el punto de las acciones dinámicas humanitarias.

También se había logrado unos preacuerdos que quedaron congelados a causa del condicionamiento unilateral del gobierno. Estos se referían básicamente a unas “Audiencias Preparatorias” con procesos y sectores sociales, las iglesias, gremios, plataformas, etc., para que sean estos grupos organizados los que nos ilustren y propongan cómo debe ser la participación de la sociedad, sin entrar aún en lo temático.

VA: ¿Qué tantos efectos pueden tener las capturas masivas de líderes sociales a quienes las autoridades vinculan con el Eln? ¿En algún momento pueden frenar el trabajo que hacen en Quito?

¿Qué hay detrás de la captura de defensores de derechos humanos del Sur de Bolívar?

CR: Estamos muy preocupados por el genocidio ascendente que se viene presentando mediante el asesinato creciente de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Igualmente, por los falsos positivos judiciales que se vienen dando contra ellos. Esto no es congruente con un clima de paz y de hecho niega las condiciones mínimas para la participación, dado el miedo y los temores que ello desata. Según el dato reciente de la Defensoría del Pueblo, desde enero del 2016, hasta marzo del 2017, han sido asesinados 156 líderes y defensores de derechos humanos.

Es impensable que esto se esté dando en momentos en que se ha firmado un acuerdo con las Farc, en que se desarrolla un proceso con el Eln y en que se le ha dado el premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. Ya conocimos situaciones pasadas, cuando fueron exterminados más de 5 mil miembros de la UP (Unión Patriótica) y de otras organizaciones políticas y sociales.

VA: ¿Están en riesgo las bases sociales del Eln y las organizaciones que de alguna manera tienen una identidad ideológica y programática con ustedes?

CR: Está en riesgo todo el pueblo colombiano que sufre, protesta, se organiza, exige y lucha por sus derechos ciudadanos. Los falsos positivos judiciales, las amenazas, el desplazamiento y el homicidio de líderes están nuevamente al orden del día en nuestra patria.

VA: ¿Dónde consideran que son más altos los riesgos para sus bases sociales, en qué departamentos y regiones?

CR: El Eln está en toda Colombia. En algunas regiones tenemos más presencia. Llevamos 53 años luchando al lado del pueblo colombiano por sus derechos y reivindicaciones.

VA: Actualmente hay una intensa disputa en el sur del departamento de Chocó con las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Cuál es la lectura que ustedes vienen haciendo de lo que ocurre allí?

Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

CR: Primero que todo no entendemos porque se llaman Autodefensas Gaitanistas. Gaitán fue un revolucionario, antiimperialista, antioligárquico, crítico de las élites que gobernaban nuestro país. Su asesinato por parte de estos actores desató la violencia que aún hoy vivimos en Colombia. Otra sería la historia de Colombia si no lo hubieran asesinado.

Este grupo paramilitar tiene todo el apoyo, inteligencia y coordinación con las Fuerzas Militares del Estado que operan en el área de Chocó. No se puede explicar cómo se mueven en grupos numerosos en esta área como Pedro por su casa.

VA: Las autoridades les están atribuyendo una masacre perpetrada en Carra, un pequeño caserío del municipio de Litoral de San Juan, en Chocó, donde fueron asesinadas cinco personas. ¿Qué tienen que decir al respecto y porque creen que se la atribuyen al Eln?

CR: Aun no tenemos una información concreta sobre estos hechos. Pero tenga la absoluta seguridad que si el Eln ha cometido o es el responsable de esta situación, frente al pueblo colombiano reconocerá el error que se haya producido. Esa ha sido nuestra actitud frente a todos los errores o accidentes que se han dado en esta confrontación.

VA: En las zonas de los ríos San Juan y Baudó hay una fuerte presencia del Eln con el Frente de Guerra Occidental y varias de sus compañías, donde desde hace dos años hay una intensa confrontación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Qué tienen esas regiones que se las disputan a sangre y fuego, oro, coca, corredores estratégicos?

CR: Es una región muy rica en todo tipo de recursos, pero como se sabe, Chocó es el departamento más pobre de Colombia: alta corrupción, abandono por parte del Estado, desnutrición, con un alto nivel de contradicciones sociales donde participan todo tipo de fuerzas paraestatales e ilegales, amparadas por las Fuerzas Militares oficiales de Colombia, como sucede en gran parte del territorio nacional.  

El Eln está en Chocó desde hace decenas de años buscando organizar a la población para que le haga frente a toda esta situación, que la agobia y la mantiene en la pobreza y abandono inhumano.

VA: Con respecto a Cauca, ¿tienen ustedes en el sur de ese departamento alianzas con mineros que ponen en riesgo a los líderes sociales que se oponen a la minería? ¿Lo que ocurre allí tiene la misma lógica de confrontación que en Chocó?

CR: Primero que todo es falso que en Cauca el Eln tenga alianza con empresarios mineros. No hay ninguna prueba de ello. En Chocó sí hay un enfrentamiento, desde años atrás, con los grupos paramilitares y con el Ejército colombiano que los utiliza, los ha colocado como fuerza de choque frente a las guerrillas y como fuente de terror para el movimiento social y las tendencias políticas contrarías al régimen.

VA: ¿Por qué han intensificado las acciones dinamiteras contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca? ¿Buscan presionar un cese al fuego bilateral?

CR: No se han intensificado. Hay dos departamentos, Arauca y Norte de Santander, por donde pasa el oleoducto que va al puerto de embarque de crudo en Coveñas, que ha tenido acciones de sabotaje por más de una veintena de veces en este año. Desde que se inició el saqueo del petróleo colombiano en esta región, hace treinta años, el Eln ha mantenido la política de no permitir el robo del petróleo que inició bombeando 200 mil barriles por día y hoy tan sólo se producen en Caño Limón un poco más de 30 mil barriles por día. Ya se lo robaron casi todo.

Este crudo es de compañías trasnacionales que sólo dejan pobreza, deterioro del medio ambiente y corrupción. Como se ha saqueado el recurso, estamos próximos a ser importadores de petróleo.

VA: Pero, ¿ustedes son conscientes de los daños ambientales que están generando esos atentados?

CR: Con la exploración y explotación del petróleo en Arauca se ha cometido un ecocidio, es decir danos ambientales irreparables; se ha masacrado y desterrado comunidades indígenas como la de los Sikuanes. Esta explotación no le ha dejado nada positivo al pueblo araucano.

Los daños ambientales generados por las voladuras son infinitamente menores que los que se generán por la actividad de las multinacionales en la explotación petrolera y el resto de nuestros recursos naturales. Ahora es menor el derrame porque la abolladura del tubo que estamos realizando paraliza la producción y obliga al ahorro de nuestro petróleo que no va ser saqueado por las compañías trasnacionales. Más de un millón de barriles en lo que va corrido del año, un poco más de la producción diaria en Colombia.   

VA: Ustedes mantienen operaciones ofensivas en diversas regiones del país y eso exige recursos económicos. ¿De donde están sacando la plata para financiar esta etapa de la guerra? ¿Cuáles son las fuentes de financiación?

CR: Llevamos 53 años alzados en armas, siempre hemos contado con la inmensa colaboración de la población y de aportes voluntarios de gentes que tienen economías en las regiones, además de cobrar impuestos a grandes capitales.

VA: ¿Cuál es la relación del Eln con las economías criminales?

CR: En Colombia hay economías criminales como las de los que recibieron coimas, sobornos, cuotas, de Odebrecht; los sobrecostos de Reficar; los billones de pesos que desfalcaron a Saludcoop; los dineros para alimentación de niños robados en Chocó y La Guajira; lo de Agro Ingreso Seguro; y pare de contar. Esos son dineros que capitalizan economías criminales en la total impunidad y desvergüenza. Son crímenes contra el pueblo colombiano que ve reducidos sus servicios básicos de salud, educación, alimentación, vivienda económica, carreteras.

Nosotros, como Eln, no tenemos ninguna relación con estas economías. Estamos obligados a denunciarlas y combatir a sus autores.

VA: ¿Ustedes están copando territorios que están abandonando las Farc? En una anterior entrevista, Pablo Beltrán reconoció que “iban donde los llamaran”.  ¿Se mantienen en esa actitud?

“En el Chocó nadie reclama a Odín Sánchez”: 'Pablo Beltrán', jefe negociador del Eln

CR: No estamos copando territorios que tenían las Farc. Históricamente hemos mantenido nuestras fuerzas guerrilleras en zonas que compartimos. Claro que vamos donde nos llamen, pero tenga en cuenta que Colombia tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y ni siquiera el Estado colombiano los atiende.

VA: Cada vez que hay ataques, atentados, enfrentamientos del Eln con otros actores armados, se piensa que no hay unidad de mando. ¿Qué tan cierta es esa percepción? ¿Están alineados todos los frentes al Comando Central (COCE) y la mesa de conversaciones en Quito?

CR: Hay unidad de mando. Nos guiamos por las orientaciones del Quinto Congreso, realizado a finales de 2015, y el ejercicio que realiza la Dirección Nacional y el Comando Central. Todos acatamos la democracia y el centralismo por el cual nos regimos. En el ELN no hay ruedas sueltas, todo obedece a un plan y si nos salimos de él, de la ética revolucionaria y el Derecho Internacional Humanitario, tenemos mecanismos de corrección, unos estatutos, una juridicidad.

No hay pérdida de control de mando, estamos unificados, respetamos nuestros organismos de dirección. No estamos exentos de cometer errores y en esto le exigimos a la sociedad colombiana que nos hagan todo tipo de aportes, recomendaciones, críticas, que nos conduzcan a una nueva Nación con paz, equidad y justicia social.  

VA: ¿En su camino de diálogo y negociación estarían dispuestos a sostener una conversación con empresarios? De ser así, ¿qué condiciones se necesitarían para que pudiera darse?

CR: El universo de participación es muy grande. Estamos dispuestos a dialogar con los empresarios. Aún más, invitamos a los gremios a dialogar y a escucharnos mutuamente. No se necesita ninguna condición especial, esperamos que en este proceso puedan tener su voz, propuestas y salidas a los problemas que aquejan nuestra sociedad.

VA: Por último, ¿por qué el Eln no se le mide a un cese unilateral del fuego, temporal, para que las comunidades puedan salir de los confinamientos que están padeciendo, sobre todo en Chocó?

CR: El cese al fuego debe ser bilateral, acordado, verificado, y respetado por las dos partes.