El duro paso de la paz por el Congreso

Durante el año que duró el Fast Track, el Legislativo aprobó diez normas. El último tramo fue cuestionado por los cambios que sufrió la Jurisdicción Especial para la Paz, el hundimiento de la Reforma Política y el limbo en el que quedaron las Circunscripciones Especiales de Paz con las que se pretende garantizar la representación de las víctimas.

fast track 1A la izquierda, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, durante la plenaria en la que el Senado hundió la reforma política. Foto: Senado.

Esta semana, la última del procedimiento especial de Fast Track, terminó de ahogar las expectativas de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, de un lado, y del gobierno nacional y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), por otro, de que el Congreso de la República convertiría en normas los elementos centrales del Acuerdo Final para la terminación del conflicto que las partes firmaron en Bogotá el 24 noviembre de 2016. (Lea más: El turbulento primer año del acuerdo con las Farc)

Este jueves, último día de vigencia de ese procedimiento de aprobación expedita, la Secretaría del Senado declaró que la corporación no aprobó el acto legislativo que crearía las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que se pactaron en La Habana para garantizar la representación en la Cámara de Representantes, entre 2018 y 2026, de las víctimas que habitan 167 municipios duramente golpeados por el conflicto armado.

La decisión, que representa un retroceso en la promesa de democratización acordada entre el gobierno nacional y las Farc, fue rápidamente controvertida por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que con base en el reglamento del Congreso y en jurisprudencia de la Corte Constitucional declaró que los 50 votos que obtuvo el proyecto en el Senado eran suficientes para su aprobación. Lo propio hizo el presidente, Juan Manuel Santos, quien anunció que "esa reforma fue aprobada".

Lo cierto, sin embargo, es que oficialmente la reforma se hundió en el Legislativo y que el asunto depende del Senado, cuyo presidente, Efraín Cepeda, le comunicó a Rivera que "procederemos a realizar un estudio detallado de todas las situaciones fácticas y jurídicas que han confluido en la situación" y que "una vez se tenga (una decisión) estaremos informando lo antes posible". Con el tiempo corriendo en contra, el Ministro alegó que la determinación debe tomarse a la brevedad para que la Registraduría pueda organizar las elecciones legislativas, que deberán realizarse en marzo de 2018.

De persistir la discrepancia, el gobierno nacional acudirá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que resuelva las diferencias de interpretación, lo que dejaría prácticamente muerta la posibilidad de que las Circunscripciones entren en vigencia en 2018.

El limbo en el que quedó la iniciativa generó una profunda molestia en la Mesa Nacional de Víctimas, cuyo coordinador, Odorico Guerra, insistió durante la vigencia del Fast Track en la necesidad de aprobar el proyecto y en la injusticia que representaba dilatarlo cuando, desde mayo pasado, el Congreso aprobó la reforma necesaria para que la Farc tenga 10 curules hasta 2026.

fast track 2 Durante el trámite de las Circunscripciones, el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, insistió en la necesidad de que las víctimas tengan representación en el Congreso. Foto: Ministerio del Interior.Ello se suma a los cambios sustanciales que sufrió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), primero en la Corte Constitucional y luego durante la aprobación de la ley estatutaria en el Congreso, situación que fue cuestionada por juristas, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos. Tres golpes al corazón del acuerdo que terminaron de empañar un trámite que, se suponía, dejaría lista la normatividad necesaria para convertir en realidad las transformaciones que prometió el acuerdo de paz. (Lea más: Implementación de la JEP: persiste la deuda con las víctimas)

El saldo que dejó el Fast Track fue de seis actos legislativos y cuatro leyes aprobadas, un acto legislativo en veremos y nueve sin aprobar. El escenario que se viene para la implementación es adverso, dado que las reformas deberán tramitarse de manera ordinaria y que el próximo año el mundo político se volcará de lleno a la carrera electoral.

El gobierno nacional había programado para ayer (viernes) una rueda de prensa en la que presentaría un balance sobre los resultados obtenidos durante el periodo legislativo denominado Fast Track, pero ante las diferencias de criterio en la aprobación de las Circunscripciones Especiales para la Paz, se vio obligado a aplazarla, sin que aún se conozca una fecha precisa. No obstante, VerdadAbierta.com presenta un panorama de las decisiones tomadas en el Congreso, que dejan un sabor agridulce en el camino de la implementación de lo acordado con las Farc.

Normas que aprobó el Congreso

Durante el año de duración del Fast Track, el gobierno nacional invirtió sus esfuerzos políticos en conseguir la aprobación de las normas necesarias para garantizar la seguridad jurídica y la participación política de los integrantes de la Farc.

De ahí que la primera norma aprobada fuera la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, que otorgó indultos, amnistías y otros tratamientos penales especiales a los exguerrilleros y los miembros de la Fuerza Pública procesados y condenados por delitos relacionados con el conflicto.

Con dificultades administrativas y legales, la norma se ha ido aplicando. De acuerdo con el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que mide la implementación por solicitud del gobierno nacional y la Farc, hasta septiembre pasado habían sido excarcelados 2.133 prisioneros políticos y 812 integrantes de la Fuerza Pública, lo que corresponde al 69% y el 47% del total solicitado y certificado por las partes, respectivamente.

fast track 3Durante la discusión de la ley estatutaria de la JEP en la Cámara, Voces de Paz repartió rosas blancas en señal de reconciliación. Con el fin del 'fast track', termina la vocería de esa agrupación política en el Congreso. Foto: Voces de PazLa siguiente decisión del Legislativo fue la aprobación de la Ley 1830 del 6 de marzo de 2017, que permitió durante la vigencia del Fast Track la participación en los debates, con voz, pero sin voto, de seis integrantes de la agrupación política Voces de Paz, que representaron los intereses de las Farc en el Congreso. Recientemente, la vocera Imelda Daza fue anunciada como fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y candidato presidencial por ese partido. (Ver más en: Aprobada reforma para que Voces de Paz intervenga en el Congreso)

La tercera iniciativa aprobada fue el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Además, proscribió la extradición por conductas juzgadas en la JEP, decidió que miembros de las Farc condenados en la Jurisdicción podrán participar en política y creó normas específicas para el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública.

Por entonces, la Corte Constitucional no había eliminado la votación en bloque y la exigencia de que el gobierno nacional aceptara las modificaciones sugeridas por los congresistas, ambas propias del Fast Track que había aprobado el legislativo en 2016, por lo que el texto correspondió a lo negociado en el punto de víctimas de la agenda de la mesa de conversaciones de La Habana.

La norma, sin embargo, sufrió serias modificaciones en noviembre pasado por decisión de la Corte Constitucional, que eliminó la comparecencia obligatoria de terceros y agentes estatales no armados a la JEP; dejó la resolución de tutelas en manos de la propia Corte; eliminó el régimen disciplinario especial para magistrados; mantuvo la resolución de conflictos de competencia en manos de la justicia ordinaria; y dejó intactos los fueros constitucionales. (Lea más: ¿Corte Constitucional dejó a medias la justicia transicional?)

Los cambios fueron calificados por la Farc como generadores de "consecuencias adversas para la paz". De otro lado, motivaron la creación de un Equipo de Litigio Internacional compuesto por 69 organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia y 24 asociaciones de colombianos en el exilio, que alegan que el Sistema, tal como fue aprobado por la Corte, mantiene la impunidad contra máximos responsables civiles y militares y lesiona los derechos de las víctimas. (Lea más: Preocupación por implementación de la JEP llega a la Corte Penal Internacional)

fast track 4Los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras apoyaron el trámite del Estatuto de la Oposición. Foto: Senado.La cuarta iniciativa que aprobó el Congreso fue el Estatuto de la Oposición, conciliado el 26 de abril pasado, que otorga garantías para las organizaciones políticas que se declaren en oposición al gobierno, tales como financiación adicional, acceso a medios y a información oficial, y participación en las mesas directivas del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Además, creó la Procuraduría delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición.

La siguiente decisión fue el Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017, que creó un artículo transitorio en la Constitución según el cual el análisis de constitucionalidad de los desarrollos normativos del Acuerdo Final debía tener en cuenta lo contemplado en el propio acuerdo en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y derechos fundamentales. Asimismo, determinó que todas las instituciones y autoridades estatales debían cumplir "de buena fe" lo pactado durante los próximos tres periodos presidenciales. (Lea más: Acuerdo de paz: inmodificable, pero sujeto a voluntades políticas)

Ambas disposiciones fueron consideradas por el gobierno nacional y la Farc como la garantía de que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto era inmodificable, especialmente desde octubre pasado, cuando la Corte Constitucional declaró exequible ese acto legislativo. No obstante, tan sólo un mes después, la propia Corte hizo cambios sustanciales a lo pactado en La Habana, en la sentencia sobre la exequibilidad del acto legislativo de creación de la JEP.

La sexta decisión aprobada por el Congreso es el Acto Legislativo 03 del 23 de mayo de 2017. Esta es una de las normas clave para el futuro político de la exguerrilla, dado que creó el procedimiento para la obtención de la personería jurídica de la hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a la que le otorgó una financiación especial transitoria para funcionamiento y para campañas a Congreso y Presidencia en las elecciones de 2018 y 2022. La norma también le otorgó cinco curules fijas en Senado y cinco en Cámara al nuevo partido para ambos periodos.

Sin embargo, desde mediados de mayo, los trámites legislativos se le complicaron al gobierno nacional por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional de modificar el Fast Track, que anuló la votación en bloque y la obligatoriedad de que los cambios a las iniciativas fueran aprobados por el Ejecutivo para garantizar que se ajustaran a lo pactado en La Habana.

Tales modificaciones alargaron y complejizaron los debates, en un escenario adverso que se agudizó con la renuncia de Juan Fernando Cristo a la cartera del Interior, el paulatino retiro de Cambio Radical de la Unidad Nacional, la carrera preelectoral a la que se volcaron los legisladores, las fracturas en las bancadas de los partidos Liberal y Conservador, y la fuere campaña en contra de los acuerdos promovida por el Centro Democrático.

fast track 5En su balance del primer año de la implementación, Ricardo Téllez, del Consejo Político Nacional de la Farc, declaró que el partido estaba en desacuerdo con la metodología de medición de cumplimiento elaborada por el Instituto Kroc. Foto: CSIVI-Farc.En ese contexto, la siguiente norma aprobada por el legislativo fue la Ley 1865 del 30 de agosto de 2017, clave para la Farc porque permitió la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para posibilitar la creación de una subdirección especializada encargada de garantizar la seguridad de los integrantes del partido y de los excombatientes y sus familias según sus niveles de riesgo.

Pese a ello, y de acuerdo con el Instituto Kroc, desde la firma del acuerdo de paz y hasta octubre pasado, la Farc reportó 36 homicidios de excombatientes y familiares, mientras la Policía contabilizó hasta septiembre 19 asesinatos contra exmilitantes y 11 contra familiares. (Lea más: Participación política, un balance agridulce)

La séptima norma aprobada es el Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017, que destina recursos del Sistema General de Regalías para la financiación de proyectos de inversión que se desprendan del Acuerdo Final, particularmente los relacionados con la superación de la desigualdad en el campo y la reparación de las víctimas en municipios afectados por "la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado", así como aquellos "en los que se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables".

Posteriormente, el Congreso aprobó una de las normas más polémicas de la legislatura: el Acto Legislativo 05 del 29 de noviembre de 2017, que "prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo. estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes". Asimismo, declaró que por ley se deberá regular las sanciones penales, disciplinarias y administrativas para quienes incurran en esas prácticas.

La iniciativa, considerada necesaria por sectores académicos, políticos y de víctimas, dada la probada participación ante estrados judiciales de la relación entre agentes estatales y grupos paramilitares, levantó ampolla en Cambio Radical, el Centro Democrático y un sector de los empresarios. En una carta enviada en agosto, el Consejo Gremial Nacional le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, que no tramitara el proyecto "por tratarse de una validación retroactiva del alzamiento en armas de las Farc y una degradación de la legitimidad del Estado". No obstante, el proyecto consiguió las mayorías del Congreso.

fast track 6La bancada del Centro Democrático, liderada por el senador Álvaro Uribe, fue la que presentó el mayor número de proposiciones durante el trámite de la ley estatutaria de la JEP. Foto: Senado.La décima y última decisión ocurrió este jueves, cuando el Senado aprobó la conciliación de la ley estatutaria de la JEP. La norma, imprescindible para poner en marcha esa jurisdicción, también introdujo modificaciones sustanciales a lo pactado entre el gobierno y las Farc. Entre ellas, la exclusión del Sistema de los responsables de delitos de violencia sexual, la posibilidad de que los procesados recusen a los magistrados y la exclusión de la JEP de quienes no contribuyan efectivamente a la verdad, la justicia y la reparación, para quienes el acuerdo contemplaba la imposición de las penas más altas.

Pero quizá el cambio más cuestionado ha sido el de prohibir que se posesionen como magistrados quienes en los últimos cinco años hayan defendido víctimas de violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en tribunales nacionales e internacionales. Múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la decisión y han anunciado que buscarán su anulación durante el trámite de revisión en la Corte Constitucional.

Aun con esos cambios, este viernes seis integrantes del Consejo Político Nacional de la Farc y un exprisionero político firmaron las actas de acogimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: Seuxis Hernández (conocido en la guerra como 'Jesús Santrich'), Luciano Marín ('Iván Márquez'), Pablo Torres ('Pablo Catatumbo'), Judith Salamanca ('Victoria Sandino'), José Cabrera ('Fabián Ramírez'), Jaime Alberto Parra ('Mauricio Jaramillo') y Jaison Murillo ('Alirio'). Los cuatro primeros, candidatos del partido al Senado y la Cámara de Representantes, debían acogerse al Sistema para poder competir en las próximas elecciones.

En veremos está la que podría ser la aprobación número 11 durante el trámite del Fast Track: el acto legislativo que crea las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, cuya discrepancia radica en si se cumplieron las mayorías absolutas o no. La votación final fue 50 a favor y 7 en contra. Existen dudas sobre si la media debe hacerse sobre 102 congresistas o sobre 99, que es el número real de los senadores, dadas las suspensiones (con detención incluso) de tres de ellos.

Lo que no se aprobó

Sin aprobar quedaron nueve iniciativas que el gobierno nacional había radicado en el Congreso. Con cuatro de ellas se buscaba, originalmente, desarrollar varios de los aspectos del punto sobre reforma rural integral contenido en el Acuerdo Final: los proyectos de ley de regulación del servicio público de adecuación de tierras, de creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, de adjudicación de baldíos en reservas forestales y de regulación del Sistema Nacional Catastral Multipropósito. (Leer más: La Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento)

Aunque el Ejecutivo intentó meterle acelerador a las dos primeras iniciativas en la última semana, no alcanzaron a ser aprobadas vía Fast Track. Más aún, los proyectos habían sido duramente cuestionados por congresistas del Polo Democrático y de la Alianza Verde, así como por los integrantes de Voces de Paz, quienes a comienzos de noviembre le enviaron una carta a los ministros del Interior y de Agricultura, en la que les pedía retirarlos dado que "no desarrollan el Acuerdo Final en pro de los derechos ya adquiridos para comunidades rurales" y no fueron debidamente concertados con las Farc en la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI).

fast track 7El ministro del Interior, Guillermo Rivera, le pidió al Senado hundir la reforma política. Foto: Senado.Tampoco pasaron los proyectos que buscaban modificar la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y la Ley de Garantías, ni el que desarrollaba un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de plantas de uso ilícito, al que siempre se opuso el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

En el tintero también quedó la iniciativa que pretendía adoptar medidas para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, luego de que las comisiones primeras de Senado y Cámara aplazaran el debate para después de terminada la vigencia del procedimiento legislativo especial, dadas las profundas diferencias que existían frente al texto, presentado por el gobierno nacional para facilitar el sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Lea más: Alias ‘Otoniel’: ejemplo sangriento de tres desmovilizaciones fallidas)

El último proyecto que no fue aprobado es el acto legislativo de reforma política y electoral, que anunciaba "la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera". La iniciativa se hundió definitivamente el pasado miércoles, cuando el propio ministro Rivera le pidió a la plenaria del Senado que la votara negativamente luego de recibir duras críticas de todas las bancadas, que alegaron que tras pasar por las comisiones primeras conjuntas el texto había sufrido drásticos cambios en temas centrales, como la independencia del Consejo Nacional Electoral, controles a la financiación de las campañas, adquisición progresiva de derechos para movimientos políticos minoritarios y prohibición del transfuguismo. Varios congresistas, y de manera insistente el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, también habían cuestionado el proyecto por "cambiar las reglas de juego" para los partidos en vísperas de elecciones.

Más aún, hubo proyectos que el gobierno nacional ni siquiera le presentó al Congreso, como el que consultó con las víctimas para reformar la Ley 1448 de 2011, o de Víctimas y Restitución de Tierras, otra promesa del acuerdo para avanzar en la reparación.

Aún falta por aprobar las normas que se requieren para avanzar en la eliminación de la desigualdad en el campo y en la apertura democrática nacional, dos de los pilares del acuerdo con el que el gobierno nacional y las Farc le pusieron punto final al conflicto armado. No obstante, los trámites legislativos restantes deberán realizarse de manera ordinaria y, desde julio de 2018, con una nueva composición política en Senado y Cámara, lo que genera una fuerte incertidumbre sobre el futuro de lo pactado con las Farc. 

Un año después del paso del Acuerdo Final por el Congreso de la República, se puede concluir que las víctimas no estuvieron en el centro de la discusión. A larga se aprobaron más beneficios para la exguerrilla (necesarios para que sus miembros dejaran las armas y se reintegren a la vida civil) y se antepusieron los intereses particulares de algunos legisladores.

Preocupación por implementación de la JEP llega a la Corte Penal Internacional

Un equipo de abogados de varias organizaciones defensoras de derechos humanos se reunió este jueves con el equipo de la CPI encargado de estudiar el caso colombiano. Alegan que la Justicia Especial para la Paz que aprobó el Congreso y avaló la Corte Constitucional no responde a sus aspiraciones frente a la justicia transicional y piden investigar crímenes contra defensores.

cpi jep 1El Equipo de Litigio Internacional creado por decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos buscará que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, asuma las investigaciones contra los máximos responsables de los que no se ocupará la justicia transicional. Foto: CPILas recientes modificaciones que ha sufrido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional tienen en máxima alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos del país. El tema, que ha sido llevado al Legislativo y se discute con preocupación en foros y reuniones, saltó al plano internacional el pasado 24 de noviembre, cuando se cumplió un año de la firma del Acuerdo Final de paz entre el gobierno y las Farc en el Teatro Colón de Bogotá. (Lea más: Implementación de la JEP: persiste la deuda con las víctimas).

Ese día, 69 organizaciones colombianas y 24 asociaciones de colombianos exiliados en países de Latinoamérica, Centroamérica y Europa le enviaron una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda; al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sebastiano Cardi; y al relator especial de las Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff. (Ver carta)

En ella, los firmantes anunciaron la creación de un Equipo de Litigio Internacional conformado por abogados defensores de derechos humanos, cuyo objetivo será presentarle a la CPI comunicaciones periódicas referidas a casos de su competencia "sobre los cuales pesa el riesgo de impunidad", para que evalúe la eventual apertura de investigaciones sobre los máximos responsables de esos crímenes. Ello, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional eliminó la comparecencia obligatoria ante la JEP de civiles y agentes estatales no armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos y avaló los requisitos con los que la mesa de diálogos y más tarde el Congreso limitaron el juzgamiento de integrantes de la Fuerza Pública por responsabilidad de mando. (Lea más: ¿Corte Constitucional dejó a medias la justicia transicional?).

Entre las organizaciones firmantes se encuentran algunas de las que apoyaron con mayor insistencia la firma del Acuerdo Final, incluyendo a varias de las que prestaron asesoría jurídica o técnica para la construcción del punto sobre víctimas en la mesa de diálogos de La Habana: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Conocedoras en detalle de la JEP que se pactó en Cuba, las organizaciones declararon en esa carta que "la implementación efectiva del Acuerdo Final y en particular del punto de víctimas era nuestra esperanza para alcanzar verdad y justicia en los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, pero vemos con preocupación cómo se está diluyendo dicha aspiración".

El objetivo de incidir políticamente ante la CPI para que asuma las investigaciones sobre máximos responsables que no irán a la JEP empezó a materializarse este jueves. En La Haya, el equipo de trabajo de la CPI encargado de realizar el examen preliminar sobre Colombia se reunió con Luis Guillermo Pérez, representante del Cajar; Soraya Gutiérrez, del Movice y la CCEEU; y Andreas Schüller, del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).

El objetivo de la reunión fue entregar formalmente esa misiva, así como presentar el resumen ejecutivo de la primera comunicación que radicará el Equipo de Litigio Internacional en marzo de 2018, que se refiere a la impunidad en el juzgamiento de los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia.

El problema de máximos responsables

cpi jep 2La Corte Penal Internacional estudia de manera preliminar el caso colombiano. Foto: CPIEl debate por el juzgamiento de los máximos responsables en la JEP fue intenso durante la negociación del Acuerdo Final y se agudizó tras el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Tras la renegociación que realizaron el gobierno y las Farc atendiendo las solicitudes del sector que ganó esa votación, las partes eliminaron del Acuerdo la definición de la responsabilidad penal de los militares de alto rango contenida en el artículo 28 del Estatuto de Roma. (Ver más en: El ‘toque’ de los militares a la Jurisdicción Especial para la Paz)

Además de ello, el gobierno nacional y las Farc establecieron nuevas exigencias para determinar esa responsabilidad, que se extendieron y endurecieron aún más en el Acto Legislativo 01 de 2017 que aprobó el Congreso y que avaló la Corte Constitucional el pasado 14 de noviembre.

Entre esas condiciones, que no figuran en el Estatuto de Roma, se encuentran que, para ser juzgado por crímenes ejecutados por un subalterno, un superior determinado debía tener "los medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan" y tener "conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la respectiva conducta". Asimismo, se incluyó la condición de que "las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando".

De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, esas disposiciones limitan la capacidad de los magistrados de la JEP para juzgar a los máximos responsables de crímenes graves. En una comunicación dirigida en enero pasado al entonces presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Telésforo Pedraza, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que la eliminación de la mención al Estatuto de Roma ocurrió "horas antes de que el acuerdo fuera firmado (...), luego de que oficiales activos y retirados del Ejército presentaran quejas sobre esta disposición".

En su carta a la fiscal Bensouda y a los altos representantes de Naciones Unidas, los representantes de las organizaciones no gubernamentales expresaron que esa modificación fue "el primer aviso de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado" y aseguraron que los criterios para la definición de responsabilidad de mando aprobados "elevan desproporcionadamente los estándares de juzgamiento, lo que impide efectivamente la lucha contra la impunidad".

También en enero pasado, la propia fiscal Bensouda, en un artículo para la revista Semana, controvirtió varias de las disposiciones que contenía al respecto el proyecto de acto legislativo 01, que por entonces debatía el Congreso.

Luis Guillermo Pérez, representante del Cajar en la reunión ante la CPI, asegura que "una de las intenciones de este encuentro es advertir que la decisión de la Corte Constitucional sobre la responsabilidad de mando no tomó en cuenta las consideraciones que expresó la fiscal Fatou Bensouda, quien mediante comunicación a la Corte solicitó de manera oportuna que se tuviera en cuenta el Estatuto de Roma".

cpi jep 3La primera comunicación del Equipo de Litigio está centrada en la impunidad que rodea los crímenes contra defensores de derechos humanos. Foto: archivo SemanaLa otra preocupación que expresa la carta también está relacionada con el fallo de la Corte. Se trata de la eliminación de la comparecencia obligatoria ante la JEP de civiles y agentes estatales no armados que participaron de manera activa y determinante en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en desarrollo del conflicto armado.

De acuerdo con la misiva, la decisión "desconoció la evidente participación de los terceros civiles en la comisión directa de graves violaciones a los derechos humanos, o en el financiamiento o colaboración con grupos armados, así como la participación en dichas violaciones de agentes del Estado no armados como alcaldes, gobernadores, registradores, funcionarios de organismos de seguridad, entre otros".

Al respecto, Pérez asevera que "buscamos reiterarle a la CPI que en Colombia hay una ausencia total de voluntad política para investigar y juzgar a los determinadores de crímenes de su competencia. Para la muestra, las más de 15 mil compulsas de copias emitidas por la Fiscalía y los tribunales en el marco del proceso de Justicia y Paz, sobre los cuales no ha habido ninguna consecuencia penal". (Lea más: ¿Se perdió la oportunidad de juzgar a los colaboradores del paramilitarismo?).

Es por esas razones que los firmantes anunciaron la creación del Equipo de Litigio Internacional, concluyendo que "ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional el único camino que nos queda para alcanzar la justicia y luchar contra la impunidad son los estrados internacionales".

Al respecto, Juan Carlos Ospina, coordinador de incidencia de la CCJ, asegura que “como la decisión de la Corte es de cierre, no tenemos a quién más acudir internamente. Se suponía que la JEP se creaba porque la justicia ordinaria había sido inoperante, y la Corte lo que hizo fue mantener la competencia sobre un grupo de personas sin fortalecer el sistema judicial. Por lo tanto, ya no hay nada que esperar y la tarea que se viene para las organizaciones es empezar a detallar sobre qué personas o conductas cabe la competencia de la CPI”. 

El resumen ejecutivo de la primera comunicación elaborada por las organizaciones para ser entregada a la CPI, que se presentó hoy en La Haya, fue conocido por VerdadAbierta.com y se refiere a un tema espinoso: el juzgamiento de los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en la JEP.

Asesinatos de defensores, ¿por fuera de la JEP?

cpi jep 4Distintas organizaciones han enviado comunicaciones a la CPI en la última década, centradas en hechos de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, violencia antisindical y desplazamiento forzado. Foto: archivo SemanaYa en el pasado, varias organizaciones defensoras de derechos humanos le han entregado comunicaciones a la CPI solicitando la apertura de investigaciones sobre hechos de violencia sexual, violencia antisindical, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. La más reciente se presentó en marzo de este año y se refería a la responsabilidad de directivos de la multinacional Chiquita Brands en los crímenes ejecutados por paramilitares en la subregión del Urabá antioqueño. (Lea más: Llevan caso de Chiquita Brands a la Corte Penal Internacional).

Sin embargo, la presentada de manera preliminar este jueves no solo pone en tela de juicio la capacidad de la justicia ordinaria para investigar esos hechos, sino también la competencia de la JEP para sancionar a los responsables de uno de los fenómenos violentos más graves ocurridos en el país: los crímenes contra defensores de derechos humanos.

El resumen ejecutivo de la comunicación, elaborada por el Cajar y el ECCHR, asegura que "la mayoría de la violencia contra defensores no hace parte del conflicto armado con las guerrillas", por lo que "no sería apropiado que la Jurisdicción Especial para la Paz se ocupara de esos crímenes".

El argumento de que los asesinatos y otros delitos cometidos contra defensores no hacen parte del conflicto armado se basa, de acuerdo con el documento, en los móviles de los homicidios y las amenazas. Según el texto, "los conflictos por la tierra y los recursos, y los relacionados con la justicia social, son los que generan la represión contra los defensores de derechos humanos. Aquellos que develan los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados, apoyan a las víctimas para obtener verdad y justicia, luchan por las comunidades marginalizadas, especialmente respecto a la tierra, o buscan transformar proyectos mineros, son una amenaza para sectores de la élite económica y política, por lo que frecuentemente son atacados para silenciarlos".

Muestra de ello, dice el documento, es que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, hace ya un año, la violencia contra defensores no ha disminuido. La organización Somos Defensores reportó 80 asesinatos de ese tipo en 2016, así como 51 en el primer semestre de 2017. El Cajar y el ECCHR aseguran en el informe preliminar que esas muertes están relacionadas con conflictos asociados a esos fenómenos, pero también con el hecho de que "los acuerdos de paz prevén una serie de reformas sociales, incluyendo reformas por la tierra", por lo que "quienes se oponen al proceso de paz parecen acudir a los asesinatos y la violencia para minar su credibilidad".

Juliette Vargas, abogada e investigadora de la comunicación, insiste en que la persistencia de los ataques tras la firma del acuerdo y las razones detrás de los homicidios son indicios de que esos hechos no están relacionados con la guerra y, por tanto, no deberían ser juzgados en la JEP.

"La competencia de la JEP está planteada de manera bastante amplia e incluye crímenes relacionados de manera indirecta con el conflicto. Por eso, nos preocupa el abordaje de este tipo de violencia en la jurisdicción, dado que es evidente que este tipo de violencia no tiene conexión directa con el conflicto armado", sostiene Vargas.

Por su parte, Pérez opina que "la mayoría de los crímenes que se han documentado no tienen que ver con el conflicto. Cuando se ha asesinado a dirigentes sindicales por el ejercicio de su actividad, porque, por ejemplo, incomodan al empresario en la negociación colectiva y éste ordena su asesinato a través de grupos paramilitares, no hay ninguna relación. O cuando se asesina a un dirigente indígena, campesino o afro para despojarlo de su tierra por ambición de algún terrateniente o empresa, eso tampoco tiene que ver con la confrontación".

En el informe preliminar de la comunicación a la CPI, las organizaciones incluyeron 10 casos de homicidios, amenazas y encarcelamientos contra igual número de defensores, que no han sido resueltos en la justicia ordinaria. Entre ellos se encuentran el asesinato del sindicalista Adán Alberto Pacheco en Barranquilla (2005) y los homicidios de los dirigentes afro del Bajo Atrato chocoano Orlando Valencia (2005) y Manuel Ruiz (2012), por los que han sido procesados varios paramilitares y frente a los cuales se desconocen los autores intelectuales. Esos casos, de acuerdo con Vargas, buscan ilustrar modus operandi y dan cuenta de los obstáculos que han enfrentado las víctimas para obtener justicia en el sistema ordinario.

De ahí que las organizaciones hayan expresado en el documento que "las investigaciones de la CPI contra los máximos responsables de crímenes contra la humanidad perpetrados contra defensores de derechos humanos reforzarían la justicia transicional y el proceso de paz. Los defensores representan comunidades que defienden sus derechos a la tierra y al acceso a los recursos, ayudan a las víctimas de violencia a obtener verdad y justicia y representan a grupos vulnerables, por lo que su trabajo es necesario para que la sociedad colombiana pueda cerrar el ciclo de 50 años de violencia".

La decisión sobre la competencia, en todo caso, residirá en los magistrados de la JEP, que desde ya enfrentan un escenario adverso por cuenta de la decisión del Congreso de impedir la posesión en sus cargos de quienes hayan representado víctimas en litigios relacionados con el conflicto. De lo que ocurra allí dependerá buena parte de la decisión de la CPI, que vigila de cerca la implementación del acuerdo de paz y, desde hace varios años, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia en el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. 

La no repetición de la violencia se ve distante

Un año después de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las Farc, las acciones armadas de grupos ilegales de diversa procedencia, algunos de ellos conformados por disidentes de esa organización insurgente, continúan hostigando a las comunidades y a sus líderes, así como a defensores de derechos humanos, desmovilizados y a la Fuerza Pública, en diversas regiones del país. Quinta y última entrega de nuestro especial sobre la implementación del acuerdo de paz.

no repeticion 1A pesar de la desaparición de las Farc como grupo armado, en algunas regiones los ataques y las amenazas contra la población civil se han agudizado. Foto: Ricardo Cruz.“Las estructuras de grupos armados disidentes de las FARC-EP, que se autodenominan Frente Primero, han intensificado las amenazas y acciones de violencia contra la población civil en el municipio de Miraflores (Guaviare). Estas estructuras embrionarias en proceso de consolidación, han incurrido en conductas que se constituyen en violaciones graves a los derechos humanos de la población civil, así como en infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

De no ser por la palabra “disidentes”, enunciada en ese párrafo de uno de los tantos informes de riesgo que la Defensoría del Pueblo ha emitido en los dos últimos años sobre los grupos “residuales” de las Farc, podría pensarse que Colombia sigue enfrascada en una confrontación armada que la desangra y deja víctimas por doquier. Aunque ese panorama no refleja los resultados positivos en materia humanitaria que trajo consigo el proceso de paz con las Farc, sirve para ejemplificar que la anhelada no repetición de la violencia, que durante décadas han esperado pobladores de las regiones más conflictivas del país, aún está lejos de ser una realidad.

Muchas cosas han cambiado desde el 24 de noviembre del año pasado cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como 'Timoleón León Jiménez' y 'Timochenko', firmaron el Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, para ponerle fin a una confrontación armada de más de 53 años de duración.

Tras superar múltiples problemas logísticos y retrasos en los cronogramas acordados en La Habana, el 26 de junio de este año terminó la dejación de armas de las Farc y la ONU asumió su custodia para inhabilitarlas y crear tres monumentos en memoria de las víctimas del conflicto armado. El balance final de ese proceso establece que 6.802 guerrilleros entregaron 8.994 armas, 1,7 millones de cartuchos de munición, 38,2 toneladas de explosivos y demás elementos de su arsenal de guerra.

Las cifras arrojan una relación de 1,32 armas entregadas por combatiente, razón por la cual se destaca en el concierto internacional porque duplicó el promedio registrado en procesos similares. Además, se ubicaron más de mil caletas con armas, de las cuales la ONU inhabilitó 750 y las restantes serán extraídas por la Fuerza Pública.

Ya sin armas, las Farc crearon su partido político, al que bautizaron Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, para aspirar a las elecciones presidenciales y legislativas del 2018. A la par, las zonas en donde dejaron las armas se convirtieron en Puntos Territoriales de Capacitación y Reincorporación (PTCR), para preparar la reintegración a la vida civil de sus excombatientes.

De manera inmediata se sintió el efecto positivo del desescalamiento del conflicto y se redujeron a niveles históricos los índices de la violencia política. Según registró el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz previno por lo menos 2.726 muertes y durante los diez meses que duró el cese al fuego bilateral se dejaron de perder por lo menos 673 vidas. La Unidad para las Víctimas también reportó que antes de los diálogos de paz, en promedio, morían tres mil personas al año por causa del conflicto armado, y en lo corrido de 2017 la cifra se redujo a 78.

Sin embargo, a pesar de esos efectos positivos, la no repetición de la violencia, que es una de las razones de ser del proceso de paz, no se consolida. Por el contrario, en algunas regiones ha empeorado tras la salida de las Farc del ajedrez de la guerra.

Nueva dinámica del conflicto

Si bien el conflicto armado con las Farc finalizó hace año con la firma del Acuerdo Final, la violencia armada y sus consecuencias humanitarias persisten, especialmente en los Llanos Orientales y el Andén Pacífico. Foto: Ricardo Cruz.Una vez las Farc abandonaron aquellas zonas que, durante décadas, controlaron con puño de hierro, empezaron a ser copadas o disputadas por grupos armados ilegales para ejercer control territorial y obtener réditos de sus economías ilegales. Se destacan, en ese propósito, la guerrilla del Eln, que a la par adelanta negociaciones de paz en Ecuador; los denominados Grupos Armados Organizados (GAO), entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Epl y Los Puntilleros; y otras organizaciones con menor capacidad de fuego que fueron bautizadas por el Ministerio de Defensa como Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). (Ver más: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)

En su XXIII Informe, que fue presentado el pasado 9 de noviembre en Washington, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), expone claramente el panorama actual: “Una de las principales preocupaciones en el período observado (del 1 de agosto de 2016 y al 31 de enero de 2017) es que, paralelo a la salida de las FARC-EP de los territorios, los GAO, GDO, delincuencia común y otros grupos armados ilegales, han venido copando paulatinamente algunos de estos espacios. La percepción en esos territorios es que la Fuerza Pública no ha logrado posicionarse adecuada y eficientemente”. (Ver documento)

Para Eduardo Álvarez, quien dirige el Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el conflicto armado evolucionó durante la negociación de paz y después de la firma del Acuerdo Final: “Bajaron la intensidad y sus impactos humanitarios, concentrándose en algunas zonas y hubo una fragmentación territorial del conflicto armado. Ya no eran grandes territorios encendidos sino unas zonas más concentradas”.

Y enfatiza en que cada vez es más claro el nexo del conflicto armado con el crimen organizado, que se ha concentrado en regiones muy puntuales como el Pacífico nariñense, el sur y el norte del Cauca, el bajo Cauca y el nordeste antioqueño, el Catatumbo, algunos municipios de Arauca y el norte de Chocó.

Pase el mouse sobre cada círculo para ver la presencia de los grupos armados. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Aparte del nexo con el crimen organizado, Álvarez señala que entre el proceso de paz y la dejación de dejación de armas de las Farc, en algunas regiones se dieron casos de transferencia de capacidades organizacionales y territoriales entre grupos armados: “En zonas donde estaban las Farc entró el Eln, como en el norte de Chocó, donde estaba el Frente 57, y avanzó rápidamente a finales de 2016 de frente y en las narices del Estado colombiano”.

Producto de la concentración de las tropas de las Farc en su camino a la dejación de armas y reincorporación a la vida legal, ese departamento se convirtió en un hervidero y actualmente sus habitantes padecen una grave crisis humanitaria por los prolongados enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Ver más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó

La MAPP/OEA coincide con la visión de Álvarez. En su informe consignó que “las comunidades argumentan que se dio un escenario de facilitación por parte de las Farc para la llegada de otras estructuras a sus antiguas zonas de influencia. En este escenario, los cambios en el control se están dando en calma y con procesos que parecen articulados entre Farc y Eln, como se percibe en el Catatumbo y el Bajo Cauca”.

Sobre el Eln, la Misión de la OEA señala que el Eln es el grupo armado que más se ha favorecido con la desaparición de las Farc como grupo armado: “Es evidente que el ELN ha logrado establecerse gradualmente, sin mayor visibilización, como actor hegemónico en antiguas zonas compartidas con las FARC-EP. Por ejemplo, en los municipios de Barrancas, La Guajira; Samaniego, Barbacoas y Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; Amalfi y Remedios, Antioquia; y Santa Rosa del Sur, Bolívar, se ha conocido que miembros del ELN han empezado a consolidarse en veredas y corregimientos que anteriormente facilitaban rentas a las FARC-EP, relacionadas con narcotráfico, minería y extorsión”.

En cuanto a las Agc, denominadas por el gobierno nacional como 'Clan del Golfo', la MAPP registra información contradictoria: mientras destaca las disputas con el Eln en Chocó, advierte que ha “recibido información sobre presuntos acuerdos” con esa guerrilla para la explotación de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar. Asimismo, detalla que también tiene relaciones económicas con el Epl en el Catatumbo. Y agrega que en las zonas urbanas está cooptando pequeñas bandas delincuenciales para controlar “puntos de expendio de sustancias psicoactivas, el cobro de extorsiones al comercio y, en algunos casos, acciones de sicariato”.

Como si fuera poco esa situación, a los GAO y GDO se les ha sumado un nuevo actor: las disidencias o grupos residuales de las Farc, como los nombró el Ministerio de Defensa, que también están causando graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para combatirlas, el ministerio expidió su Directiva 37 el pasado 31 de octubre, en la que autoriza el uso de bombardeos en su contra y todo el accionar de la Fuerza Pública que contempla el DIH. Además, este jueves el presidente Santos declaró que "a esas disidencias les vamos a caer con todo, ahí no vamos a tener ninguna contemplación". (Ver directiva)

Disidentes, nuevo dolor de cabeza

no repeticion 3Este panfleto circuló en la tarde de ayer en Toribío, Caloto y Corinto, en el norte de Cauca, en donde se han dado combates y amenazas por parte de disidencias contra los indígenas Nasa.El temor de que se conformaran disidencias tras el proceso de paz se materializó el 13 de diciembre del año pasado. Ese día, las Farc expidieron un comunicado anunciando la expulsión de 'Gentil Duarte', 'Euclides Mora', 'John 40', 'Giovanny Chuspas' y 'Julián Chollo' de sus filas por oponerse al Acuerdo Final. De esa manera, el Frente Primero se convirtió en la primera disidencia 'oficial', liderada por 'Gentil Duarte', experimentado guerrillero que escaló hasta ser parte del Estado Mayor del temido Bloque Oriental. (Ver más: ¿Qué hay detrás de la expulsión de ‘Gentil Duarte’ de las Farc?)

A partir de ese momento, y por diferentes razones, han surgido diversos grupos y el número de excombatientes de las Farc que retornó a la clandestinidad aumentó. Se manejan varias cifras al respecto, que oscilan entre el seis y el diez por ciento de los hombres y mujeres que dejaron las armas, dependiendo de a quién se consulte, pero lo concreto es que se concentran principalmente en los Llanos Orientales y en el Pacífico sur. (Ver más: “Disidentes de las Farc no superan el seis por ciento”: Joshua Mitrotti)

Sobre estos nuevos grupos armados, Álvarez advierte que no se pueden categorizar como si fueran iguales y propone analizar sus trayectorias para entender el devenir de esta nueva fase del conflicto armado. Por ejemplo, señala las de los Llanos Orientales: “Son diferenciadas en la medida de que, si se mira la historia y el accionar de los grupos que continuaron en disidencia, se da cuenta de los rasgos tan marcados que había dentro de las Farc cuando estaban en armas y ahora de sus disidencias”.

Ese análisis permite comprender por qué es diferente el accionar de 'Gentil Duarte' e 'Iván Mordisco', dos jefes de las disidencias que operan el oriente colombiano. “Si bien hay similitudes en términos de quiénes son los líderes, como que ambos llevaban más de 30 años en las Farc y son expertos en tácticas de guerra e inteligencia, las diferencias son importantes para entender el tipo de disidencias que se están armando”, asegura Álvarez.

“Nuestras fuentes en terreno -continúa- nos dicen que mientras 'Gentil Duarte' es un tipo respetado, que tiene una ascendencia importante dentro de sus bases y ejerce un liderazgo que atrae gente de los ETCR de Charras y de Colinas, 'Iván Mordisco' progresivamente se fue criminalizando y hoy en día tiene una actitud más predatoria. Eso explicaría la tasa de homicidios en San José de Guaviare donde antes casi no habían”.

Asimismo, considera que las disidencias de la Columna Daniel Aldana, que operan en Nariño, son diferentes a las de los Llanos Orientales, debido al origen de sus integrantes, lo que explica por qué se rearmaron más rápido: “Los exguerrilleros del oriente colombiano fueron campamentarios, hicieron parte de la guerrillerada y pasaron por escuelas donde recibieron la disciplina de las Farc; en cambio, los de Tumaco fueron de redes de apoyo y milicias, cooptados cuando las Farc le ganó la famosa guerra a Los Rastrojos en 2012. No toda la Daniel Aldana era de Los Rastrojos, pero gran parte sí, y justamente ese gran grupo de más de 300 personas, fue expulsado de la Zona Veredal de Tumaco y tenía los contactos y las redes financieras ilegales de ese municipio. Por eso para ellos fue muy fácil continuar cuando se desmontaron las Farc”. (Ver más: En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc)

Pase el mouse en cada punto para ver la presencia de las disidencias de las Farc en cada municipio. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Exguerrilleros de las Farc sostienen que no se puede calificar como disidencia a cualquier grupo de excombatientes que se haya apartado del proceso de paz. “Muy pocos han tomado ese camino de sumarse a bandas o crear situaciones distintas. En muchas partes ni siquiera se les puede llamar disidencias, no aceptamos que a la mayor parte las llamen así porque no se desprendieron como una parte del movimiento, sino que son personas que de manera individual se suman a otras y crean unas bandas. Las que se pueden denominar como disidencias son las del Frente Primero y pare de contar”, señala 'René Waltz', exjefe del Frente 29 que hace parte del Consejo Nacional de los Comunes del partido de la Farc.

Jaime Caicedo, docente de la Universidad Nacional y representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), concebida en el Acuerdo Final, llama la atención sobre la importancia de diferenciar a las disidencias de otros grupos delincuenciales: “En Tumaco algunos son antiguos desertores de las Farc que ya venían trabajando con inteligencia militar y ahora aparecen vinculados como si fueran disidencias actuales”.

A juicio del docente, “hay que reencaminar esa concepción de contrainsurgencia por parte del gobierno nacional en el manejo de posacuerdo, porque podeos terminar con la lógica de los funcionarios de Estados Unidos que señalan que las Farc no están cumpliendo y que mantienen una acción armada estratégica”.

Álvaro Villarraga, desmovilizado a comienzos de los años noventa de la guerrilla del Epl e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), también comparte el llamado sobre esa diferenciación: “La mayoría son expresiones de descomposición delincuencial, en donde si se estuvo adscrito al proyecto insurgente a través de milicias, ahora se revierte como expresiones de lucro individual o colectivo”.

Sobre las disidencias, Villarraga recuerda que es un fenómeno ocurrido en otros procesos de paz del mundo y del país. “El M-19 tuvo su disidencia armada, conocida como 'Jaime Bateman Cayón' que actuó como pequeña guerrilla disidente casi una década y tuvo algunas muy minoritarias expresiones de excombatientes que cayeron en actores delincuenciales, porcentajes ínfimos”, explica el investigador.

Con respecto al Epl, asegura que “antes de las Farc, era la guerrilla más grande que se había desmovilizado, de 18 frentes rurales, tuvo 13 pequeños grupos disidentes que fracasaron como proyecto de rehacer esa insurgencia, unos terminaron descompuestos en delincuencia común, otros fueron a nutrir el paramilitarismo y sólo uno sobrevive en el Catatumbo”.

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Sobre por qué surgieron varios grupos disidentes de las Farc, existen varias explicaciones, que van desde la falta de preparación para enfrentar esta situación, hasta la ausencia de liderazgo para implementar de manera integral el Acuerdo Final.

“El Acuerdo parte de que se entra en una nueva situación en la que confluye un conjunto de factores: planes de desarrollo con enfoque territorial, sustitución concertada de cultivos de uso lítico, reforma rural integral… pero no se han visto”, cuestiona Caicedo, y agrega que, si el Estado no estimula el surgimiento de nuevas economías para sustituir las ilegales, difícilmente se superaran los ciclos de violencia.

Además, diferentes analistas señalan que los problemas de adecuación de las zonas de concentración para la dejación de armas, sumados a la lentitud para desarrollar los programas de reincorporación y la falta de garantías jurídicas y de seguridad, han alentado la deserción y el rearme. El caso más preocupante es el de 'Rodrigo Cadete', exjefe del Frente 27 que dejó las armas en la Zona Veredal de Icononzo, Tolima, pero que meses después se alejó del proceso de paz y se sospecha que se unió a los grupos de 'Gentil Duarte'. (Ver más: 'Rodrigo Cadete': las dos caras de la reincorporación)

Por otro lado, Álvarez identifica que hubo problemas con la pedagogía que las Farc hicieron sobre el proceso de paz con sus integrantes: “Una versión muy consistente es que la famosa pedagogía no caló como todo el mundo pensó y sí hubo unos mandos que dijeron que no estaban de acuerdo con lo que se estaban negociando y que no tenían garantías de seguridad”. A su juicio, “no hubo por parte de las Farc ni del gobierno una estrategia de contención dirigida a los mandos medios para haber transformado esos liderazgos militares en usos políticos que ayudaran a aglutinar al resto de la base para estar pegados al proceso”.

VerdadAbierta.com intentó hablar con las entidades estatales que están a cargo del proceso de reincorporación de excombatientes de las Farc y sus disidencias, pero no fue posible entablar comunicación. Representantes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y del Ministerio del Posconflicto, dijeron que ese tema no era de su resorte y remitieron al Ministerio de Defensa. Este portal contactó con esa cartera ministerial y hasta el cierre de este artículo esperó respuesta al cuestionario que le solicitaron.

Advertencias de la Defensoría

VerdadAbierta.com tuvo acceso a varios informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta del accionar de las disidencias de las Farc en los Llanos Orientales y de los grupos de rearmados Policarpa, Nariño, que dan cuenta de las afectaciones que están sufriendo esas marginadas comunidades que aún espera por la no repetición de la no violencia que le prometió el Acuerdo Final.

31 de marzo de 2017

Cuando las tropas del Bloque Oriental de las Farc aún estaban concentradas en las zonas veredales para dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo alto a raíz de las acciones de la disidencia del Frente Primero y la eventual incursión las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Sobre ese grupo surgido a mediados de 2006, tras la desmovilización de las Auc, el informe señaló “la pretensión de ingresar o expandir sus estructuras a territorios que ya no son del control de las FARC”.

En cuanto a la disidencia del Frente Primero, advirtió que capitalizó a su favor la tregua unilateral de las Farc y el posterior cese al fuego bilateral, colocando pequeñas estructuras armadas en algunas regiones de los departamentos de Vaupés, Meta y Guaviare.

Sobre el accionar de esa disidencia encabezada por Gentil Duarte, la Defensoría detalló el uso de diferentes métodos para generar terror: “(…) De manera sutil y silenciosa, se le pide a la población civil no apoyar el acuerdo de paz y mantener las pautas de comportamiento consignadas en los manuales de convivencia elaborados por la guerrilla en tiempos de guerra. El Frente Primero ha promovido de manera inexcusable -entre los habitantes- reuniones con fines extorsivos y políticos. En su discurso, advierten a la población civil que las reglas y las normas de control social y territorial se mantienen, así como la “combinación de todas las formas de lucha””.

Y advirtió que, con su presencia, los líderes o representantes de las comunidades que se agrupan en organizaciones comunales, ambientales y de defensa de los derechos humanos, son quienes están en la primera línea de riesgo: “La movilidad por el territorio de personas orgánicas de la insurgencia que están con una u otra causa, genera incertidumbre y temor entre los defensores de derechos humanos y la población en general. En otras palabras, las amenazas contra expresiones ciudadanas que se opongan a los intereses de los actores armados, pueden generar desplazamientos forzados”.

10 de abril de 2017 

A partir de marzo de este año, los miembros del Frente Primero de las Farc que se apartaron del proceso de paz, razón por la cual fueron identificados como “estructuras embrionarias disidentes de las FARC-EP”, intensificaron sus actividades para cumplir con sus objetivos militares, políticos y económicos, alertó la Defensoría.

Esta agencia del Ministerio Público aseguró que esa disidencia “se viene fraguando desde el año 2015” y que “es evidente que estas estructuras han sacado provecho de los procesos de treguas (unilateral y bilateral) decretadas en el contexto del proceso de Paz e igualmente, del vaciamiento del territorio que significó la concentración de combatientes de las FARC en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Buenavista Guajira, y la escasa, por no decir que nula presencia institucional”.

Sobre su trato hacia la población civil, identificó que para ese entonces presionó para que se rechazara el proceso de paz y que impuso toques de queda como medidas de control territorial: “Hay preocupación por los pronunciamientos y señalamientos por parte de los disidentes a quienes se desmovilizan en el actual proceso de paz. Igualmente, veladamente, se cuestiona a la población civil que acompaña el proceso, dejando entrever la posibilidad de que esta estructura disidente actúe en contra de quienes se constituyan o puedan ser considerados como “leales al Secretariado” o “pro proceso de paz” pues serian un peligro para su seguridad, circunstancias que pueden significar que una persona sea declarada “objetivo militar””.

También se refirió a su apartado económico y estableció que “es evidente que las estructuras disidentes promueven acciones con estos fines: de una parte, según fuentes comunitarias, al parecer estarían exigiendo cuotas extorsivas a comerciantes; igualmente a ganaderos y lecheros; también estarían buscando supuestos bienes muebles e inmuebles presuntamente de las FARC-EP y la imposición y usufructo de cargas económicas a actividades ilegales como el cultivo y tráfico de estupefacientes”.

En esa región también hacen presencia grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Al respecto, la Defensoría aseveró que “estarían promoviendo atentados en contra de personas relacionadas no solo con la güerilla de las FARC en proceso de desmovilización, sino contra los movimientos sociales y políticos influenciados por la Marcha Patriótica, sectores ambientalistas independientes, que en virtud de la actual coyuntura política estarían ampliando su espectro en términos sociales y políticos”

22 de mayo de 2017 

Para ese municipio, la Defensoría del Pueblo emitió una de sus alertas más graves. En tono categórico, puso de presente que la disidencia del Frente Primero está cometiendo sendas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre ellas el secuestro de Harley López, funcionario de la ONU que promovía la sustitución de cultivos de hoja de coca. (Ver más en: Lo que hubo detrás del secuestro del funcionario de la ONU en Guaviare)

Pero su llamado de atención no se limitó a ese caso. En su informe denunció el reclutamiento forzado de siete menores de edad, ocurrido en las veredas Barranquillita y Caño Tigre en noviembre del año pasado. Como si fuera poco, esa agencia del Ministerio Público cuestionó que a pesar de “la oportuna advertencia y recomendación, los hechos victimizantes -cuyo presunto responsable es el Frente Primero en los departamentos de Vaupés y Guaviare-, se repiten una y otra vez, sin que haya autoridad que pueda evitarlo: Así lo indican el secuestro de un joven indígena inspector de policía el pasado mes de marzo, la retención de cinco ciudadanos extranjeros en el mes de abril en el Vaupés y el citado secuestro del miembro de la ONU en el municipio de Miraflores”.

Dijo, también, que su accionar es similar al que emplea en el departamento de Meta: “ (…) Han colocado pequeñas estructuras móviles de guerrilla particularmente en las zonas más alejadas del casco urbano de Miraflores, en zonas de confluencia de cuencas hidrográficas y zonas selváticas, que brindan ventajas físico-ambientales, geográficas y sociales para movilizar combatientes desde el departamento del Vaupés hasta el sur del Meta, Caquetá y centro del país y viceversa, usando este espacio como parte de la gran zona de retaguardia conformada por el sur de Guaviare y el departamento de Vaupés”.

Además, estableció que esa organización residual de las Farc pretende dominar vastas extensiones selváticas para controlar zonas de cultivos y laboratorios de procesamiento de coca; evitar el ingreso de la Fuerza Pública por el río Vaupés; y controlar peajes fluviales en los ríos Unilla y Vaupés, el cobro de extorsiones a contratistas, comerciantes y transportadores de mercancías, con destino a inspecciones ribereñas y los municipios Carurú y Mitú.

Según la Defensoría, ese grupo pretende mantener una lógica insurgente y contener el avance del Estado, por lo que se oponen al programa de sustitución de cultivos y demás ofertas institucionales: “En ese sentido ejecutan acciones intimidatorias y violentas en contra de la población, orientadas a la no integración de las comunidades con dichos programas, enviando el mensaje que aún permanecen en la región y que poseen capacidad militar transmitiendo la percepción de mantener el control territorial y la injerencia sobre la población civil”.

18 de junio de 2017

Este informe de riesgo puso de presente la relevancia de la ubicación estratégica de los Llanos Orientales que, en la actualidad, es objeto de disputa entre disidentes de las Farc y grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

A juicio de la Defensoría del Pueblo, entre esos tres municipios se mueven los siguientes factores de interés: “El control del cultivo, procesamiento y comercialización de pasta de coca y cocaína; el control de yacimientos de oro y tungsteno; la movilidad por caños, ríos y trochas; la débil o escasa presencia de instituciones del Estado que facilita la implementación de actividades ilegales y el sometimiento de la población civil; la conexión con los departamentos de Vichada, Meta, Caquetá y Vaupés, así como la cercanía a las fronteras con Venezuela y Brasil que convierte el territorio en un corredor estratégico para la salida y llegada de insumos para el procesamiento de la hoja de coca, así como para el tráfico de armas, gasolina o para la extracción ilegal de minerales (…)”.

Y como en la época en la que paramilitares y guerrillas se disputaban la tierra a sangre y fuego, la intención de sus sucesores continúa. Al respecto, la Defensoría explicó que “el interés económico en la tierra por parte de los grupos posdesmovilización de las AUC, se confirma al analizar las zonas que coparon a finales del año 2016 y comienzos del 2017, luego de la concentración de las FARC-EP en los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT) y Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), pues se trata de zonas con posibilidad de titulación de tierras o con expectativas de levantamiento de la reserva forestal”.

En cuanto a los exfarianos, indicó que “los territorios ubicados en parques naturales o en resguardos indígenas que por sus características no son objeto de titulación, quedaron desocupados y luego fueron ocupados por estructuras del Frente Primero disidente de las FARC-EP”.

Sobre los otrora frentes Primero y Séptimo de las Farc, ha documentado que desde diciembre de 2016 tienen presencia en 13 veredas de Guaviare y 16 de Meta, en donde “imponen normas de conducta, restringen la movilidad de la población, realizan reclutamientos forzados, cobran un porcentaje por cada transacción comercial de ganado, cerveza y cigarrillos, controlan la compra y venta de la base de coca, extorsionan a contratistas, imponen agendas sociales y políticas a las comunidades y realizan atentados en contra de la fuerza pública, la infraestructura”. Y se han reportado casos de contratistas o comerciantes que han sido víctimas de retaliaciones por negarse a pagar extorsión.

7 de abril de 2017

La Defensoría del Pueblo aseveró que antes de la dejación de armas de las Farc no ocurrieron ataques contra la Fuerza Pública ni la infraestructura de ese departamento, pero que durante ese periodo el Frente Primero y demás estructuras disidentes recrudecieron su control territorial, “facilitado por las dificultades en las comunicaciones, las distancias entre los centros poblados y las comunidades y la insuficiente presencia de autoridades civiles y militares en el territorio”, por lo que se dieron casos de reclutamientos forzado, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, amenaza y proselitismo armado.

Para ese momento, estableció que el Frente Primero, “mediante la administración del miedo mantiene la búsqueda de la aceptación de sus objetivos políticos y militares por parte de la población civil, y la incorporación de nuevos combatientes entre ellos menores de edad. Para el efecto, continúa aprovechando el desescalamiento del conflicto en el territorio, y profundizando su plan de expansión territorial con guerrilleros vestidos de civil en las cabeceras urbanas y con pequeñas unidades armadas y uniformadas diseminadas por todo el territorio del departamento”.

Sobre el porqué de su presencia en ese departamento, la Defensoría indicó que se debe a las condiciones geográficas del territorio y a la insuficiente movilidad institucional civil y militar, con lo que puede fortalecer su retaguardia. Además, en esa región se le facilita incorporar nuevos combatientes y mantener ciertas condiciones de seguridad para sus comandantes. Además, este informe precisó que “utiliza las cuencas de los ríos Apaporis, Vaupés y Guaviare, fortaleciendo las rutas de salida hacia Venezuela y Brasil, y el tránsito de combatientes hacia el centro del país, lo que le garantiza mantener una fuente constante de recursos económicos y corredores que los colocan fuera del alcance de las fuerzas estatales”.

Por otro lado, resaltó entre sus intereses económicos en esta región las extorsiones a comerciantes y contratistas; la búsqueda de testaferros y presuntos bienes de las Farc; y las rentas que dejan los cultivos ilícitos y el consecuente tráfico de estupefacientes.

Lo más demoledor de este informe es la falta de respuesta institucional para enfrentar ese panorama desolador. La Defensoría aseveró que la emergencia de esos tres municipios es tan grave como invisible: “La consolidación del Frente Primero no ha sido reconocida ni dimensionada aún en sus reales proporciones por las autoridades municipales, departamentales y nacionales encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Se requiere de la actuación inmediata, contundente e integral por parte del Estado. Es evidente que el subregistro como constante no ha sido valorado en su real significado: ante la ausencia de denuncias, algunas autoridades predican la imposibilidad de que grupos armados operen en el departamento”.

23 de agosto de 2017

Esa región, compuesta por los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, Fusagasugá, Pasaca y Silvania, suroccidente de Cundinamarca, fue clave durante el conflicto armado porque es un corredor natural de movilidad que conecta con la capital de la República desde el sur y el oriente del país. En la actualidad, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las Farc optaron por fortalecer sus estrategias de trabajo político y acercamiento comunitario en todos los municipios del Sumapaz, por lo que, “como en el pasado, esta región se constituye en una pieza clave ya no de un levantamiento armado, sino de la terminación de cincuenta años de lucha armada, y la incubación de un nuevo proyecto político y social”.

En medio de ese panorama de transición de la guerra a la construcción de paz, han surgido factores de riesgo a causa de la presencia de “presuntos responsables a grupos armados posdesmovilización de las AUC, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y de presuntas estructuras embrionarias disidentes de las FARC-EP”. Este informe alertó sobre la posibilidad de surgimiento de disidencias de las Farc en esta región, por lo que hizo un llamado para prevenir esa situación.

“El SAT mediante Informes de Riesgo y Notas ha registrado con preocupación la existencia de estructuras integradas por excombatientes de las FARC-EP que estarían por fuera del proceso de paz. Algunos segmentos de las milicias bolivarianas con asiento en Bogotá y Cundinamarca, podrían eventualmente seguir el mismo camino de los frentes Primero, Tercero y Séptimo ubicados en la Orinoquia y Amazonia, asumiendo hipotéticamente, que no se plegarían al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Lo anterior no es un temor infundado: “en algunas zonas rurales apartadas del Sumapaz, otrora estratégicas para el control territorial y social de las FARC-EP, recientemente se ha reportado la presencia de pequeños grupos de personas extrañas que, luego de identificar a los dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC), anónimamente han transmitido pautas y normas de comportamiento a la población civil y han hecho ‘llamados de atención’ para que las comunidades “cumplan con sus deberes y responsabilidades”, que en el pasado impusieran las FARC-EP”.

Por ello, la Defensoría subrayó que en el pasado los frentes 51 y 53 de las Farc “se fortalecieron logística y económicamente, acumulando gran experiencia en el territorio. No sería extraño, que los disidentes realizaran actos de extorsión a empresas de transporte y a distintos establecimientos comerciales de la provincia. Así mismo, podrían buscar capitalizar los vacíos suscitados en materia de resolución de conflictos y administración de justicia en zonas rurales, donde la población civil ha venido manifestando un aparente incremento de hurtos en las fincas y otros conflictos sociales, que generalmente fueran regulados por las FARC ante la ausencia institucional. Luego del proceso de agrupamiento en la ZVTN de La Fila, las comunidades sienten un “vacío de poder” que al parecer está siendo capitalizado igualmente por la delincuencia común y otras expresiones delincuenciales”.

9 de octubre de 2017

La Defensoría también ha emitido informes de riesgo sobre el sur del país. Sobre Policarpa, el otro municipio de Nariño que junto con Tumaco acogió las Zonas Veredales Transitorias de Normalización de ese departamento en donde la otrora guerrilla se concentró y dejó las armas, esa agencia del Ministerio Público no hace referencia a disidencias sino a excombatientes que conformaron o integraron nuevos grupos armados ilegales.

Y alertó que existen tres grupos que están cometiendo diferentes violaciones de derechos humanos y que por tal razón se encuentran en riesgo alrededor de 10 mil personas de la cabecera municipal y de algunos de sus corregimientos. (Ver más en: ¿La implementación del Acuerdo Final hace agua en Policarpa?)

Dichos grupos son los de 'La Vaca' -asesinado a finales de julio de este año-, 'Sábalo' y 'Morocho'. Sobre el primero, señaló que ha empezado a expandirse por el territorio que dominó el Frente 29 y que se está proyectando desde la cordillera hacia la costa; del segundo dijo que está reclutando menores de edad; y del tercero, precisó que está conformado “por desmovilizados (no reincorporados) de las FARC-EP”, que ha amenazado a los excombatientes presentes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y que tiene presencia entre los corregimientos de Remolino, Mojarras y Mercaderes.

Además, advirtió que “cada uno de estos grupos armados ilegales tiene intereses de expandir sus operaciones en toda la cordillera occidental, y podría presentarse alianzas o enfrentamientos armados por el control territorial y poblacional, en medio de la población civil. Cada una de estas estructuras armadas ilegales, vendría reclutando de manera ilegal jóvenes de la región, y llamando a integrar sus filas a personas que están en proceso de reincorporación, dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Normalización o fuera de éste”.

Asimismo, destacó que integrantes de esos nuevos grupos armados ilegales han amenazado a personas que se encuentran en proceso de reincorporación, “tal como sucedió con una mujer que iba a visitar a su madre, en el corregimiento de Mojarras, y quien habría tenido que devolverse al ETCR en La Paloma, al develarse un plan para asesinarla, el día lunes 25 de septiembre de 2017. El personal que transita por la vía Panamericana, proveniente del ETCR La Paloma, teme ser objeto de atentados con la vida, al existir grupos armados ilegales interesados en asesinarles. Igualmente, integrantes del Grupo Armado Ilegal de "La Vaca" han amenazado a quienes fueran comandantes de las FARC - EP y quienes están en proceso de reincorporación”.

Líderes sociales, en el medio

A pesar de las denuncias y advertencias reiteradas, se cumplió la desalentadora previsión de que durante la implementación del Acuerdo Final aumentarían los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De acuerdo con los registros de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 monitorea las agresiones contra estas personas, 55 fueron asesinados en 2014, 63 en 2015, 80 en 2016, y el 27 de octubre se igualó la cifra del año anterior con la muerte de Ramón Alcides García Zapata, quien promovía la sustitución de cultivos de hoja de coca en Antioquia. (Ver más: Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental)

90 líderes sociales fueron asesinados entre la firma del Acuerdo Final y el 27 de octubre de ese año. Fuente: Somos Defensores

Sobre este tema, las organizaciones han sido diligentes y en el último año algunas entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación las escucharon y tomaron medidas para frenar ese desangre, pero al final de cuentas no alcanzaron sus objetivos.

A mediados de marzo, la Defensoría emitió un informe de riesgo en el que alertó que 310 organizaciones sociales enfrentan sendos peligros en 282 municipios de 31 departamentos del país. Los analistas del Sistema de Alertas Tempranas determinaron que “la recurrencia de hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos dirigidos contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país, genera un alto nivel de incertidumbre en términos de las garantías para el ejercicio político en los territorios, en momentos en que se da inicio a la implementación de los acuerdos”. (Ver más: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales)

Para enfrentar esta grave situación, el 15 de junio la Procuraduría expidió una directiva para tratar de preservar la seguridad de los líderes en riesgo, propendiendo a dejar de lado la estigmatización en su contra y pidiéndole diligencia a los funcionarios del Estado para brindarles protección. (Ver más: No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales)

Sin embargo, esas medidas no fueron suficientes y el año en el que las Farc dejaron las armas, la violencia aumentó de nuevo. En medio de ese desangre, Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores, precisó que las agresiones se focalizaron contra líderes comunitarios y comunales por efectos del proceso de paz: “Creemos que la desmovilización de las Farc tiene ese efecto porque el componente campesino de las Farc es muy alto. Entonces, al salir tanta gente de las Farc, llegaron otros grupos armados a decirles que tienen que estar con ellos o se van”.

En vista de que las entidades estatales no han logrado brindarles protección, las organizaciones sociales y los líderes comunitarios tienen depositadas sus esperanzas en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que, entre sus tareas, y por mandato del Acuerdo Final, tiene la tarea de crear un plan de acción para enfrentar el paramilitarismo, señalado de ser el máximo responsable de las agresiones contra los defensores de derechos humanos.

Al respecto, Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas y representante por la sociedad civil de la CNGS, destaca que ese organismo esté integrado por la cúpula de Estado que evidencia una alta voluntad política, pero lamenta que el desarrollo de su actividad sea tan lento y que todavía no se haya empezado a discutir el plan enfocado en el desmonte del paramilitarismo.

“Es necesario identificar la forma de acción de los grupos que están perpetrando estos asesinatos en diversas regiones; hay patrones comunes y diferentes. Para ello se necesita hacer una inspección más de cerca para identificar esas actividades, que consisten en lazos con poderes locales en las regiones y poderes privados, en ocasiones con algunos funcionarios, que permite que esta actividad se desarrolle; o sencillamente por su actividad coercitiva”, cuenta sobre cómo debe discutirse ese plan.

Mientras se producen resultados concretos, un año después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, en algunas regiones se siente con fuerza la continuada dinámica armada y las economías criminales, por lo que las comunidades aún no ven cerca la concreción del derecho a la no repetición de la violencia.

El turbulento primer año del acuerdo con las Farc

La implementación de lo pactado con esa guerrilla en La Habana ha enfrentado múltiples tropiezos en el Congreso de la República, la Corte Constitucional y las regiones. A ello se suman un desencanto en sectores sociales, políticos y económicos, una institucionalidad débil y un gobierno sin liderazgo. También hay lunares por parte de esa exinsrugencia.

Especial El turbulento primer año del acuerdo con las Farc

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Implementación de la JEP: persiste la deuda con las víctimas

Durante los diálogos de La Habana el Ejecutivo y la guerrilla insistieron en que los afectados por el conflicto estaban en el centro del proceso de paz, la puesta en marcha de las medidas de reparación aún está en veremos. El aterrizaje del Acuerdo Final ha dejado en el aire la garantía de verdad plena. Cuarta entrega de nuestro especial sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

balance victimas 01Distintas organizaciones de víctimas han acompañado en el Congreso el trámite de la ley estatutaria de la JEP. Foto: archivo Semana.Ha pasado un año desde que el gobierno nacional y las Farc firmaron el Acuerdo Final de paz en el Teatro Colón de Bogotá. Un pacto político plasmado en más de 300 páginas, durante cuya negociación las partes aseguraron con insistencia que las víctimas estarían en el corazón del proceso de paz y que sus demandas se tramitarían en la discusión el punto cinco de la agenda.

Justamente, para garantizar los derechos de los afectados por la guerra, la mesa de diálogos acordó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contempla tratamientos penales benéficos para las Farc y la Fuerza Pública, a cambio de un amplio paquete de medidas en materia de justicia restaurativa que promete sanar las heridas generadas por más de cinco décadas de confrontación armada.

Aunque está claro que buena parte de los componentes del Sistema, así como otras medidas de reparación, tardarán años en arrojar resultados concretos, algunas de las decisiones que el Estado ha tomado para implementarlos tienen en máxima alerta a las organizaciones de víctimas y a las ONG que las han acompañado durante décadas en la defensa de sus derechos.

El balance del primer año de la puesta en marcha del punto cinco está compuesto por avances y retrocesos en varios temas que las víctimas siguen intentando posicionar en el Congreso de la República, la Corte Constitucional, la opinión pública y los escenarios de diálogo con el gobierno, en medio del desgaste generado por las dificultades presupuestales y de coordinación institucional que han obstaculizado la implementación efectiva de la Ley 1448 de 2011 o de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que también se prometió reparación efectiva.

La creación del Sistema


Buena parte de las decisiones legislativas y administrativas que se requerían para crear el Sistema Integral ya fueron tomadas. El pasado 4 de abril, el Congreso aprobó mediante el procedimiento de Fast Track el acto legislativo 01, que incluye un artículo transitorio en la Constitución que crea el Sistema y le otorga autonomía administrativa y presupuestal. Tan sólo un día después, la Presidencia emitió los decretos leyes de organización de la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), dos de los tres componentes del Sistema, también integrado por el Tribunal para la Paz y sus salas.

El mismo 5 de abril, la Presidencia emitió el decreto de creación del Comité de Escogencia encargado de elegir a los magistrados del tribunal y su presidente, así como de seleccionar a los directores de la Comisión y la Unidad de Búsqueda. El Comité, integrado por delegados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Secretario General de Naciones Unidas, la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, el Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional adelantó durante los meses siguientes un amplio proceso de revisión de hojas de vida, entrevistas y selección de los titulares de esas posiciones.

En la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Comité designó a la abogada experta en asuntos étnicos Mirtha Patricia Linares; como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, nombró al curtido fiscal experto en Derechos Humanos Giovanni Santoyo; como presidente de la CEV, encargó al sacerdote jesuita Francisco de Roux; y en la dirección de la UBPD, designó a la abogada Luz Marina Monzón, amplia conocedora del delito de la desaparición forzada.

Sin embargo, hasta la semana pasada, para que el Sistema quedara plenamente organizado restaban dos decisiones: la revisión de constitucionalidad del acto legislativo 01 efectuada por la Corte Constitucional y la aprobación de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso. La primera concluyó el pasado 14 de noviembre, cuando la Corte emitió un comunicado con las principales conclusiones de su sentencia al respecto. Una decisión que levantó duras críticas por parte de organizaciones de víctimas y centros de pensamiento, así como de líderes de opinión y de la propia Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

La razón para ello es que, entre otras disposiciones, la Corte Constitucional determinó que los terceros civiles responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario no podrán ser llamados a comparecer ante la JEP, sino que su eventual participación en la jurisdicción será voluntaria. La decisión socava la promesa que habían hecho el gobierno y las Farc de que el nuevo sistema de justicia transicional juzgaría a todos los responsables de la guerra, a excepción de los paramilitares, procesados en el proceso de Justicia y Paz, así como que permitiría conocer la verdad judicial sobre el conflicto.

Con esa determinación, la Corte dejó los procesos contra terceros en la justicia ordinaria, donde reposan más de 13 mil compulsas de copias expedidas por los magistrados de las Salas de Justicia y Paz contra civiles y agentes estatales armados y no armados por su participación en el desarrollo y la expansión del fenómeno paramilitar. Al respecto, Rubén Darío Pinilla, exmagistrado de esa jurisdicción; el director de la línea de investigaciones en Justicia Transicional de DeJusticia, Camilo Sánchez; y uno de los juristas que participó en el diseño de la JEP en los diálogos de La Habana, le dijeron a VerdadAbierta.com que los argumentos de la Corte carecían de sustento jurídico. (Lea los análisis de los expertos: ¿Corte Constitucional dejó a medias la justicia transicional?)

De la misma opinión es Juan Carlos Ospina, coordinador de incidencia de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien asegura que "la Corte hizo ajustes sustanciales en relación al punto 5, que preocupan porque rompen la lógica de la JEP, cambian el sistema que estaba establecido para conocer la verdad sobre los responsables del conflicto y le da un margen muy significativo a la justicia ordinaria en asuntos que se pretendía se cerraran en la nueva jurisdicción".

Como los expertos consultados previamente por este portal, Ospina asegura que el principal argumento del alto tribunal para excluir a los terceros, según el cual la JEP no es su juez natural, "no es razonable, porque es obvio que en cualquier sistema de justicia transicional el juez cambia. La Corte, además, limitó ese argumento a los terceros, pero no a las Farc ni a los agentes de Estado, por lo que su decisión no es entendible".

Frente a otra conclusión de la Corte, según la cual la JEP sí puede cobijar a los excombatientes porque fueron las Farc y el gobierno quienes firmaron el acuerdo de paz, Ospina apunta que "el presidente Juan Manuel Santos suscribió el Acuerdo como jefe de Estado, tal cual lo reconoció la Corte en su sentencia sobre el acto legislativo 02 (que le da estabilidad jurídica al acuerdo), por lo que la Jurisdicción también aplicaba para las autoridades civiles y los terceros". Por eso, el académico concluye que "el mensaje que ha enviado al Corte es que su planteamiento fue político y no jurídico".

balance victimas 2Las investigaciones por el delito de la desaparición forzada serán una de las prioridades del Sistema Integral. Foto: archivo Semana.En un comunicado expedido tras conocerse la decisión del alto tribunal, la Farc declaró que "la idea de establecer la JEP no era sólo para habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil y contribuir a la solución política del conflicto. También lo era para superar el régimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, se preserva la impunidad, y se desprecia a las víctimas". El fallo, sin embargo, fue celebrado por el expresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras, así como por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quienes habían protestado por el eventual juzgamiento de civiles en la JEP.

En medio del malestar que generó el fallo en amplios sectores que respaldan el proceso de paz, el pasado 15 de noviembre el Senado levantó aún más preocupaciones durante la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, la segunda decisión que hace falta para terminar de darle cuerpo al Sistema Integral. Ese día, la corporación determinó que no podrían posesionarse como integrantes de la jurisdicción quienes en los cinco años anteriores hubieran representado judicial o administrativamente ante tribunales nacionales e internacionales a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en hechos relacionados con el conflicto. De ser aprobada tal determinación, la directora de la UBPD no podría asumir el cargo, por sólo poner un ejemplo.

Esa decisión del Senado movilizó a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, quienes la calificaron de discriminatoria y violatoria del Acuerdo Final. La propia presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró que "dado que las inhabilidades que aprobó el Senado para los magistrados de la JEP parecen darse a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado, esa disposición sería inconstitucional".

Este miércoles 22 de noviembre, durante el trámite en Cámara del proyecto de ley estatutaria, las inhabilidades no fueron incluidas en la ponencia. Sin embargo, varias de las coaliciones de organizaciones defensoras de Derechos Humanos del país asistieron al recinto para entregarle al presidente de la corporación, Rodrigo Lara, más de seis mil firmas con las que piden eliminar esas disposiciones durante la conciliación de la iniciativa.

Uno de los responsables de entregar las firmas fue Reynaldo Villalba, vocero de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Para Villalba, la decisión del Senado es preocupante porque "afecta el derecho fundamental a la igualdad, dado que pone a los defensores de Derechos Humanos en un plano de inferioridad frente a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para impartir justicia; contradice el acto legislativo 01, que establece claramente que las condiciones para ser parte de la JEP son las mismas que se tienen para ser magistrado; y contraría otras normas, como el estatuto del abogado, que dice que es obligación defender los Derechos Humanos".

Villalba, además, opina que la decisión obedece a que "hay sectores que han estado gozando de impunidad durante largos años y quieren una composición de la JEP similar a la que ha mantenido esa impunidad en la justicia ordinaria". Juan Carlos Ospina, de la CCJ, coincide con esa lectura y dice que "la decisión de la Corte envalentonó a quienes se oponen al proceso de paz, que se animaron a presentar esa proposición discriminatoria que repercute de manera violenta en la lucha contra impunidad".

Aparte de ese asunto, que deberá ser resuelto durante la conciliación, el trámite de la ley estatutaria deberá sortear el debate de 205 proposiciones presentadas por los representantes a la Cámara.

Así las cosas, a un año de firmado el Acuerdo Final y a una semana de que se venza la vigencia del Fast Track, el gobierno aún enfrenta un serio desafío para poner en marcha el Sistema Integral con el que prometió entregar verdad, justicia y reparación.

La reforma a la Ley de Víctimas

balance victimas 3 En la conciliación de la ley estatutaria de la JEP se definirá si se aprueban o no las inhabilidades que definió el Senado para los integrantes de esa jurisdicción. Foto: archivo Semana.Además de la creación del Sistema, el punto 5 del Acuerdo Final de paz incluyó otras medidas de reparación, tales como la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y la inclusión de planes de reparación colectiva en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Sin embargo, una de las determinaciones que generó más expectativas entre las víctimas fue el acuerdo entre las partes de que era necesario fortalecer la política de atención formulada en la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios. (Lea más: Reparación colectiva, la deuda que dejó Alan Jara en la Unidad de Víctimas).

Para ello, la mesa de conversaciones acordó que el gobierno realizaría "un proceso efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones", que incluyera expertos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, con el objetivo de recoger propuestas encaminadas a reformar la Ley. La idea es que, con esos insumos, el Ejecutivo tramitara "ajustes y reformas normativas" que respondieran a las exigencias de las víctimas y armonizaran la Ley con el Acuerdo Final.

En efecto, el gobierno puso en marcha el proceso de participación en marzo pasado, con 26 encuentros regionales y uno nacional, realizado en abril, concentrando el debate a los temas de retornos y reubicación, rehabilitación psicosocial y reparación colectiva. De acuerdo con Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, en el proceso se recolectaron 2.493 propuestas, que fueron analizadas, sistematizadas y condensadas en un borrador de reforma a la Ley que quedó en manos de la Presidencia.

Pese al tiempo y los recursos invertidos, el Ejecutivo no presentó la iniciativa durante la vigencia del Fast Track. Según Guerra, "el tema ha generado muchas molestias, porque se buscaba alargar los tiempos de la Ley hasta 2036 para garantizar la reparación integral, así como resolver el problema de desfinanciación en la que se encuentra. Además, habíamos establecido cuáles de esas propuestas se convertirían en decretos reglamentarios y cuáles en una nueva ley en el marco de la implementación de los acuerdos". Sin embargo, según el líder, "al final todo se dilató".

Una de las organizaciones que acompañó más de cerca el proceso fue la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Marco Romero, su director, señala que desde el principio la iniciativa del gobierno se quedó corta frente a lo acordado en La Habana: "Al comienzo nosotros hablamos con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y con la Unidad de Víctimas, sobre la necesidad de abrir ese espacio, que ellos veían como un escenario muy pequeño, lo cual contrastaba con lo que se acordó en la Mesa, que pretendía abrir la posibilidad de reformar la ley para mejorar la política de atención, en el entendido de que si el acuerdo iba a ser poco estricto en el tema de las penas, debía ser muy generoso con la reparación". Y agrega que "al final, el ejercicio se hizo a la carrera y el gobierno no presentó ninguna reforma".

balance victimas 4Tan sólo resta una semana para que termine el procedimiento legislativo especial de Fast Track. Foto: archivo Semana.Entre los temas que, de acuerdo con Romero, era urgente modificar, se encuentran la ampliación del plazo de los hechos victimizantes con los que es posible ingresar al Registro Único de Víctimas, que la Ley 1448 limitó hasta 1985 para violaciones a los Derechos Humanos y hasta 1991 para hechos asociados a despojo de tierras. La petición obedecía, según el director de Codhes, a que "con el Acuerdo Final este plazo carece de sentido, porque la CEV y la JEP esclarecerán hechos cometidos durante todo el periodo de duración del conflicto, que según los ensayos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas corresponde al tiempo de existencia de las Farc. Entonces no puede ser que haya responsables desde los años 60 y víctimas reconocidas desde los 90".

Otros asuntos en los que las víctimas pedían modificaciones eran la reapertura del Registro Único de Víctimas para hechos cometidos antes de 2016, la garantía de los recursos para la reparación, la mejora de la atención psicosocial y la asistencia legal, la ampliación de los planes de reparación colectiva y garantías para el retorno voluntario de las víctimas en el exterior.

Como el plazo del Fast Track está a punto de terminar, Romero insiste en que "el hecho de que haya temas que no pasaron por ese procedimiento especial no quiere decir que dejen de ser obligación del Estado. Se tienen que tramitar por legislación ordinaria, respetando el Acuerdo, porque no puede ser que en este país haya una obsesión por darle garantías a los responsables de los crímenes ahogando el sistema de garantías de las víctimas".

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) también ha criticado duramente la manera como se desarrolló el proceso de participación para reformar la ley 1448. Luis Alfonso Castillo, vocero de esa organización, opina que "el hecho de que se haya decidido no presentar la reforma durante el Fast Track demuestra el talante de este gobierno, que tiene poco compromiso para asumir las reformas normativas que le redunden en mayor requerimiento presupuestal". Y agrega que, por esas y otras razones, "no hemos visto la centralidad de las víctimas en el proceso de implementación".

Con esa opinión coincide Guerra, quien asegura que "las víctimas nunca hemos sido el centro del desarrollo de los acuerdos. Uno no termina de entender cómo a la fecha no está claro el tema de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que benefician a las víctimas, mientras las Farc ya tienen definidas sus curules. Esa comparación, aunque odiosa, demuestra que hay una diferenciación entre lo que es para las víctimas y lo que es para la¿os victimarios".

Ante ese escenario, los líderes de las organizaciones esperan que el gobierno tramite la reforma a la ley por vía ordinaria, cumpliendo así la promesa del Acuerdo Final. Aún queda un largo camino para garantizar la reparación del daño causado por la guerra, dadas las serias dificultades que enfrenta el proceso en el más alto nivel. Una situación que genera consecuencias desproporcionadas para los directamente afectados por la confrontación.

A la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz que expidió el Congreso, el 6 de diciembre la Secretaría Jurídica de la JEP inició la posesión de sus magistrados, conforme lo indica el Artículo 15 transitorio de la Constitución Política, el cual fue incorporado por el Acto Legislativo 01 de 2017. (Ver comunicado)