“El espíritu del acuerdo es aprender de las lecciones del pasado”: Paula Gaviria

En entrevista con VerdadAbierta.com, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos explica los retos y las posibilidades del acuerdo al que llegaron el gobierno y las Farc para desvincular a los menores de 15 años de ese grupo alzado en armas.

paula gaviriaPaula Gaviria, Consejera Presidencial de Derechos Humanos. Foto: archivo Semana.El mensaje es claro: se debe aprender de los errores del pasado para ofrecerle un mejor futuro a los niños, niñas y jóvenes que se van a desvincular de la guerrilla de las Farc bajo los acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y ese grupo insurgente.

Así lo ratificó Paula Gaviria, Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, quien ocupa ese cargo desde el pasado mes de abril. Su experiencia en estos temas no es poca, desde 2012 estuvo al frente de la naciente Unidad de Víctimas, que busca resarcir el daño que sufrieron millones de personas a causa del conflicto armado y también trabajó en la Defensoría del Pueblo.

El pasado 15 de mayo los representantes de las delegaciones del gobierno nacional y de la guerrilla anunciaron en La Habana el acuerdo “sobre la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”. (Vea el acuerdo)

En la primera vez que se adquiere un compromiso de esa magnitud en el país. En el pasado, cuando se logró un acuerdo para la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el tema de los menores de edad vinculados a esa organización paramilitar no fue tenido en cuenta y se les dio un tratamiento, en el que primó la falta de atención estatal.

Desvinculación de niños combatientes: errores para no repetir

Inicialmente VerdadAbierta.com quiso hablar con Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que ha desarrollado desde 1999 unos lineamientos para la atención de menores desvinculados de los grupos armados ilegales, pero desde la oficina de prensa de la entidad se indicó que, por orden de Presidencia, quien se debía referir al tema era la Consejera de Derechos Humanos.

En funciones de su cargo, que ocupa desde abril pasado, Gaviria integra la mesa técnica en la que tienen asiento cinco organizaciones que deben elaborar la hoja de ruta que permitirá la atención de los menores de 15 años que salgan de las Farc.

En la conversación con la funcionaria, se abordaron temas como las enseñanzas que deja el pasado, el papel del ICBF en el seguimiento a los acuerdos y las alternativas que adelantan las comunidades étnicas para atender a quienes abandonan la guerra y vuelven a sus familias.

VerdadAbierta.com (VA): Uno de los errores más graves en el proceso de desmovilización de las Auc fue la atención a los menores de edad. En el caso de las Farc, ¿cómo se asegura que, bajo el acuerdo con ese grupo alzado en armas, sí queden registrados y sean atendidos adecuadamente tras dejar las armas?

Paula Gaviria (PG): Los más importante es haber logrado el acuerdo de desvinculación de los menores antes de que se firme el acuerdo final, porque precisamente uno de los errores del pasado es que no se acordó y no se generó el mecanismo para atender a los niños, ni se preparó a la institucionalidad para eso. En su momento los paramilitares les dijeron a los niños que se devolvieran a sus casas. Después se inició una estrategia desde la Agencia Colombia de Reintegración en la que pudieron solamente encontrar unos 300, pero se creía que eran tres mil los que estaban en la fila de los paramilitares.

Tratando de prevenir ese tipo de situaciones, de que no se vayan sin generarles la protección y la reparación a que tienen derecho los niños, es que se acuerda lo que se anunció el pasado 15 de mayo: que las Farc va a dar la información sobre los menores de 15 años que tienen en sus filas, esa es la parte más inmediata y urgente. En segundo lugar se acuerda que ellos van a tomar las medidas necesarias para garantizar la salida progresiva de todos los menores de edad y para ello vamos a construir una hoja de ruta.

VA: ¿Qué garantiza que no se cometan los errores que se cometieron con la desvinculación de los menores de edad que estaban en los grupos paramilitares?

PG: Es un compromiso. Por eso el equipo que va a acompañar el proceso está compuesto tanto por entidades del Estado y organismos internacionales. Por la institucionalidad están la Defensoría y la Consejería de Derechos Humanos, con otros invitados del Estado, en donde tendrá que jugar un rol importante el ICBF y las entidades territoriales. También están los organismos humanitarios como el CICR, que ya ha cumplidos roles en otros acuerdos del proceso de paz como el tema de las personas desaparecidas; Unicef que tiene la experticia en el tema de los niños y las niñas; y la OIM, que tiene más de 20 años de experiencia en Colombia sobre el tema.

Además, están las organizaciones sociales que trabajan en los territorios. La idea es poder trabajar con una red amplia para que el enfoque que se quiere tener, que es comunitario y familiar, pueda llevarse a cabo. Está un mecanismo de acompañamiento y seguimiento al proceso, en donde va a estar muy pendiente la representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos.

VA: ¿Quién va a ser el principal responsable de la seguridad de los menores desvinculados y de su familia?

PG: El estado es el responsable de la seguridad de los niños una vez salgan de las Farc. Estamos definiendo eso, parte de lo que se tiene que acordar dentro de los protocolos es cuáles van a ser las entidades encargas. El acuerdo tiene un carácter humanitario y estos niños y niñas probablemente van a tener que estar acompañados de organismos humanitarios que les generen la tranquilidad necesaria para proceder con el restablecimiento de sus derechos.

Aquí hay una legislación de infancia y de adolescencia que prevé unas respuestas admirativas que tendremos que dar. El Estado tiene una obligación frente a esa protección y lo que nos encarga el acuerdo es que seamos creativos en las posibilidades que tendremos que generar para que lo que hoy está establecido, cuando no funcione bien, tengamos las respuestas que requieren los niños. El compromiso es la garantía de sus derechos, y la primera garantías es la de seguridad.

VA: ¿Cómo se garantiza que los menores no vayan a ser enjuiciados más adelante?

PG: La primera condición y la que prima en todos los menores de 18 años, es que son víctimas. Eso se va a respetar en el acuerdo y hace parte de los principios orientadores del acuerdo. Hay algunas menciones frente al tratamiento legal, que es claro frente a los menores de 14 años. También hay unas alternativas frente a los mayores de 14 que no tengan delitos admnistiables; para los que sí tengan, se generará un mecanismo especial para ellos.

VA: Es decir, ¿en ningún momento podrán ser enjuiciados al cumplir la mayoría de edad?

PG: Eso es lo que se va a revisar, porque hay diferente jurisprudencia que dice que se puede llevar un proceso por Ley de Infancia y Adolescencia cuando cometieron delitos siendo menores de edad, pero si los cometieron siendo mayores tienen otros procedimientos. Eso es parte de lo que se tendrá que revisar en las discusiones de los próximos días para garantizar el mayor interés de los niños. Siempre, cuando son menores de 18 años, prima su condición de víctimas.

VA: ¿El acuerdo seguirá las rutas de desvinculación que tienen las comunidades étnicas? Por ejemplo, en Cauca, los indígenas Nasa tienen un programa enfocado en la “rearmonización” de quienes estuvieron en la guerra, y no en los procesos formales de reintegración.

El regreso a casa de los indígenas Nasa que pasaron por la guerra

PG: Sí. El acuerdo prevé en uno de sus principios enfoques de género, etario y étnico. Hemos visto que esos modelos de reintegración que adelantan las comunidades indígenas y afrodescendientes, generan respuestas más restaurativas y comunitarias. Esas son el tipo de respuestas que se quieren favorecer en el acuerdo.

Inclusive, en la medida en que se pueda aprender de estas experiencias que han sido exitosas con grupos étnicos, se contemplarían para otro tipo de entornos. Claramente la cohesión y las maneras de entender la vida de las comunidades, son muy interesantes porque han funcionado y estamos revisando esas experiencias para ver qué podemos aprender de ellas y ponerlas al servicio de lo que se acordó.

VA: Desde 1999 el ICBF tiene una ruta especializada para atender a los niños que se desvinculan del conflicto armado y ha atendido alrededor de seis mil. ¿Cuál es la novedad del protocolo que se propone?

PG: El acuerdo nos pone la tarea de proponerla a la Mesa en los próximos días un programa para la garantía y el restablecimiento de derechos de los niños. Lo que se quiere es mejorar todo lo que podamos lo que se ha hecho hasta el momento: tener una respuesta más rápida y definir las acciones que van a redundar en el mejor interés de los niños para garantizar la restitución de sus derechos.

El espíritu del acuerdo es aprender de las lecciones del pasado para repetir lo bueno y no lo malo. No hemos definido todavía el cómo, los componentes de ese programa estarán por proponerse a la Mesa. Queremos que en el marco del fin del conflicto armado, porque en el país se han hecho muchas cosas pero en medio del conflicto, tengamos respuestas diferentes y recoger el aprendizaje del pasado para hacer lo mejor para los niños y niñas que van a volver a la civilidad.

VA: Si el ICBF tiene amplia experiencia en el tema, ¿por qué no hace parte de la mesa técnica junto con la Defensoría y la Consejería? Cuando se anunció el acuerdo, llamó la atención que aparecen incluso organizaciones internacionales como Unicef y la OIM, pero no se nombra al ICBF.

PG: En principio, el acuerdo no menciona entidades. En todo lo que se ha ido acordando desde 2012, la tendencia es que no se nombran entidades. En este caso fue una decisión de la Mesa para facilitar las respuestas, por lo rápido que quieren que sea la propuesta. Están la Defensoría y la Consejería, más como facilitadores, porque la respuesta la tiene que dar el Estado. No podemos dejar que la respuesta la dé alguien que no sea el Estado colombiano. Esa fue la razón. En el acuerdo dice claramente que están invitadas otras entidades del Estado y que se tendrá en cuenta la voz del ICBF.

VA: ¿Hay riesgo de que la cooperación internacional termine asumiendo un papel que es exclusivamente responsabilidad del Estado?

PG: No. Precisamente está previsto que estén la Defensoría del Pueblo y Consejería del Gobierno, para garantizar que la respuesta la dé el Estado. Se busca el acompañamiento de Unicef y la OIM por si hay alcances que tal vez el Estado no tiene. Pero sobre todo, dado el carácter humanitario, rápido y en el marco de generación de confianza, podamos dar una respuesta integral en beneficio de los niños.

VA: ¿Cómo iniciará la estrategia de desvinculación?

PG: Depende de la información que nos entreguen las Farc. El Estado viene preparándose en los últimos años para este momento, pero todo depende de la información que se entregue y por eso todo está por definirse.

VA: 'Iván Márquez' dijo que en las Farc hay 21 menores de 15 años. ¿Eso quiere decir que en las filas de las Farc sólo hay esa cantidad de menores o que se iniciará la desvinculación con una fase piloto de 21 niños?

PG: El Estado no sabe el número de niños y de niñas que hay en la guerrilla. Hay datos que se extraen sobre tendencias de acuerdo a los niños que han entrado al programa del ICBF, pero la información cierta sólo la tienen las Farc. Eso hace parte de sus compromisos: entregar la información primero de los menores de 15 y después del resto. Esperamos que las Farc honren sus compromisos y nosotros también, para generar las garantías y la confianza necesarias para que se pueda proceder con la entrega de todos los niños que están en sus filas.

VA: Pero queda la duda sobre si esos 21 niños son parte de una prueba inicial o si son la totalidad que hay en las Farc.

¿Cuántos niños hay en la guerra?

PG: No sabemos. El compromiso de ellos es el desvincular a todos los niños.

VA: El acuerdo habla sobre los menores de 15 años, ¿pero qué va a pasar con los que están en la franja previa a la mayoría de edad?

PG: El acuerdo es todos. Uno de los puntos dice que las Farc se comprometen a identificar a todos los menores de 18 años, y el gobierno y las Farc a proceder con la hoja de ruta para la entrega y salida de todos los menores de edad. Esa es la expectativa, pero vamos a empezar con una primera fase, si se quiere, de los menores de 15. Pero la idea es que sean todos, y si en esta fase entregan a menores de 18, estamos listos para eso.

Desvinculación de niños combatientes: errores para no repetir

Hace 10 años, cuando los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia estaban dejando las armas, los menores de edad no fueron una prioridad. VerdadAbierta.com recoge cinco lecciones que pueden ser claves para la desvinculación de los niños en las Farc.

Antioquia, Caquetá y Cauca son los tres departamentos donde más reclutan los grupos al margen de la ley. Los rostros de los menores de edad se distorsionan para preservar su identidad. Foto: archivo Semana.

Los menores vinculados a la guerra son una preocupación más o menos reciente en Colombia. En los años noventa, durante los acuerdos de dejación de armas con las guerrillas del M-19 y el Epl, no hubo ninguna consideración particular con los niños de las filas subversivas. Incluso, como no tenían cédula, fueron apartados de los programas estatales y no recibieron beneficio alguno.

Entre 2003 y 2006, durante la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez era consciente de que el reclutamiento forzado era una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, lejos de convertirlo una prioridad, se ocultó la dimensión de este crimen para evitar repercusiones ante la comunidad internacional.

Ahora que las Farc y el Gobierno Nacional llegaron a un nuevo acuerdo que establece una hoja de ruta para la entrega de todos los menores de 15 años que están en sus filas, vale la pena volver la mirada a los errores que se cometieron en el pasado. VerdadAbierta.com destaca cinco de ellos que considera fundamentales para no volver a repetir. (Ver acuerdo)

Sacarlos de las listas

La mayoría de los menores fueron regresados a sus casas días antes de que se oficiara el proceso de desmovilización de los frentes a los que pertenecían. Algunos exjefes paramilitares reconocieron ante los tribunales de Justicia y Paz que actuaron bajo las recomendaciones del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Para el funcionario, hacer evidente este crimen ponía en riesgo el proceso de negociación ante la comunidad internacional.

En ese entonces, la Procuraduría General de la Nación advirtió la equivocación que se estaba cometiendo, pero sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta: “Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva, no se ve que se esté discutiendo el tema de los niños, niñas y adolescentes. Así, las noticias se desarrollan en torno a las armas, bienes, y no con respecto a la necesidad de esclarecer el paradero de 11.000 a 14.000 niños, niñas y adolescentes. En general, el gobierno nacional no toma como parte esencial de la problemática del conflicto”.

En esa oportunidad dejaron las armas 913 menores, pero se cree que estos solo representaban solo un 10% del total de niños en las filas paramilitares. “Hay apreciaciones que indican que podrían ser tres mil o cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo aproximado con los jefes paramilitares”, asegura Álvaro Villarraga, director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Una vez esta situación fue evidente, en 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearon un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores desmovilizados. Al final hallaron a 273 adolescentes y jóvenes, pero solo 17 eran aún menores de edad.

Este ocultamiento les negó a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de entrar en programas de reintegración y los dejó a merced de las ofertas de ingresar a otros grupos criminales.

Resulta paradójico que la misma ley de Justicia y Paz en artículo 10 establece la entrega de los menores es un requisito para que un grupo el grupo paramilitar pudiera acceder a los beneficios de rebaja de pena. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido sancionado ni excluido del proceso de justicia transicional por haber apartado a los niños de sus frentes y privarlos de la atención estatal.

Enfoque étnico

desvinculacion de menoresEl 14,5% de menores de edad atendidos por el ICBF son indígenas y el 12,6% afrodescendientes. Foto: archivo Semana.Tampoco se implementó un programa de enfoque diferencial para los excombatientes que pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes. Tras el eventual desarme de las guerrillas, las comunidades étnicas tienen el enorme interrogante de qué pasará con los menores que decidan retornar a sus territorios comunitarios.

El acuerdo anunciado entre el gobierno y las Farc para desvincular a 21 menores de 15 años despertó gran entusiasmo en la comunidad indígena Nasa, asentada en el norte del departamento de Cauca, que ha sufrido los embates del conflicto armado y el reclutamiento de sus niños por parte de las Farc en mayor medida.

Un ejemplo de lo anterior se refleja en el juicio que la comunidad de Toribío les realizó a siete guerrilleros de las Farc en noviembre de 2014 por haber asesinado a dos guardias indígenas: dos eran menores de edad y otros dos acaban de cumplir 18 años. Esa difícil situación hizo que hace siete años los Nasa crearan su propia ruta para garantizar el éxito de la reinserción de los menores que empuñaron las armas.

Crónica de un juicio en las entrañas del Cauca

“Por la experiencia sabemos que el reclutamiento no sólo afecta a los niños y adolescentes, sino también a la familia, a la comunidad local y a la vida espiritual del territorio. Cada proceso de reincorporación o de volver a casa puede durar alrededor de dos años: los procesos son psicológicos, culturales, económicos, sociales, de reconstrucción de confianza con la familia, con la comunidad y con las autoridades tradicionales”, explicó Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, una organización Nasa.

Bajo su propio sistema de reintegración, basado en sus tradiciones culturales, la Acin ha desvinculado del conflicto armado a más de 50 menores de edad, que promedian los 14 años. Las autoridades indígenas esperan que el anuncio del domingo de La Habana les permita seguir realizando su labor en mejores condiciones.

“La exigencia de los mayores ha sido que los menores indígenas deben volver al seno de sus familias y de las comunidades para iniciar con su proceso de rearmonización. Esperamos contar con la fortuna de poder orientar el camino de estos niños ya en el contexto de paz, porque el proceso que se ha adelantado en estos siete años ha sido muy complejo por la guerra.”, indicó Capaz, quien estima que hay dos Nasa entre los 21 menores que mencionó las Farc.

El regreso a casa de los indígenas Nasa que pasaron por la guerra

Una visión muy similar recoge el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, que publicó el Centro de Memoria Histórica, al evaluar en clave étnica el proceso de desmovilización ocurrido entre 2003 y 2006.

Sobre las comunidades afrodescendientes recomienda tener en cuenta que “los procesos de reintegración con enfoque comunitario deben considerar los impactos en estas comunidades étnicas de tal situación”, por tal razón reitera que se deben “consultar con las autoridades de los consejos comunitarios y demás instancias organizativas, para derivar medidas de enfoque diferencial a su favor, sin menoscabo de su autonomía y en beneficio de los derechos colectivos de estas comunidades. Así, medidas de impacto asociadas con los procesos de reintegración deben pasar por el proceso de consulta previa con las comunidades receptoras de excombatientes”.

Con relación a la comunidad indígena señala que “se requiere en la política, en los programas y en sus acciones, criterios y una ruta diferencial de atención para los pueblos indígenas. La cual también considere, frente a personas procedentes de comunidades étnicas que no opten por el retorno voluntario a ellas, apoyarlas para que en el marco de su ejercicio libre de ciudadanía tengan la posibilidad de mantener los nexos con sus pueblos, cosmovisión, usos y costumbres”.

Trabajar con las familias

A mediados de 2011, cuando comenzaron los juicios contra los excombatientes de las Auc, llegó por primera vez ante los estrados judiciales Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, responsable del reclutamiento forzado de por lo menos 300 menores de edad. A una de las audiencias, realizada en Bogotá, viajaron decenas de jóvenes desde Necoclí, Urabá antioqueño, para narrar sus tragedias.

Una de las niñas presentes contó una historia que quedó en la memoria de los presentes. Cuando regresó a su casa, su familia ya no la trataba igual. Recordó que una tarde, mientras veía televisión, su mamá le pidió que lavara los platos, pero ella se negó y le contestó con una grosería. Su mamá, según recuerda, le gritó que solo faltaba que cogiera el fusil y los matara a todos, como ya estaba acostumbrada. Entre lágrimas, la niña le dijo a la magistrada que fue en ese momento que entendió que nadie, ni siquiera su familia, la podía ver con otros ojos.

En la sentencia contra ‘El Alemán’ quedo claro entonces que los programas de reintegración debían incluir a las familias. El informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC del CNMH también lo recomienda: “las capacidades familiares para proteger a los niños y las niñas del reclutamiento y la utilización en la guerra, en las expresiones de violencia sociopolítica y por las redes delincuenciales. De manera que se constituyan en el primer elemento protector”.

Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc

Según Villarraga, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha hecho grandes avances en la construcción de una metodología que permita ese retorno a sus familias. Desde 1999, está entidad diseñó y comenzó a implementar el Programa de Atención Especializada para restablecer los derechos, construir ciudadanía e integrar socialmente a los niños, niñas y adolescentes que se desvinculaban de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Cifras de la entidad revelan que, bajo las directrices del Programa Especializado, se han atendido 5.923 niños, niñas y adolescentes desde noviembre de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2015.

Son víctimas, no victimarios

Según el ICBF, el 50% de los miembros de las bandas criminales son menores de edad. Esa cifra en las Farc es de 42% y en el Eln de 44%. Los rostros de los menores de edad se distorsionan para preservar su identidad. Foto: archivo Semana.“Existe tanto en las medidas legislativas como en los imaginarios y la estructura institucional del Estado una dualidad al respecto del tratamiento que debe darse a las víctimas de reclutamiento”, dice el informe Voces y oportunidades para en la construcción de y adolescentes la paz en Colombia, publicado por la Defensoría del pueblo. Mientras la Ley de Víctimas reconoce como tales a los menores que se hayan desmovilizado sin haber cumplido la mayoría de edad, en ocasiones algunas autoridades judiciales y militares los tratan como victimarios.

Se refiere a que, por ejemplo, los niños que hacen parte de las bandas criminales, a diferencia de los que están en lo guerrilla o pasaron por grupos paramilitares, no son reconocidos como víctimas y pueden ser judicializados por sus delitos.

De esta forma, los menores de edad tampoco pueden ser interrogados con fines militares. En 2006 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas llamó la atención sobre los reportes de casos de interrogatorio por las Fuerzas Armadas a los niños y el incumplimiento del plazo máximo de 36 horas establecido en la legislación nacional para entregarlos a las autoridades civiles, en este caso al ICBF.

Regresar a sus lugares de origen

En 2006, después de la desmovilización paramilitar, la Defensoría del Pueblo advertía la falta de políticas públicas. Según esa agencia del Ministerio Público, “no se ha diseñado hasta el momento una política pública integral, intersectorial, permanente y sostenida para la atención de la niñez víctima del conflicto armado. En la actualidad únicamente se registra el funcionamiento del programa de Atención a Víctimas de la Violencia del ICBF”.

Aunque, desde 1999, se implementó una estrategia de reintegración familiar, muchos de estos niños llegaron a hogares transitorios, centros de atención especializada u hogares juveniles; a otros los entregaron a hogares tutores. Varios de ellos ubicados en centros urbanos. De acuerdo con la Defensoría, en los jóvenes que fueron llegando al programa había una tendencia marcada a no retornar a sus hogares y, por distintas circunstancias, a alejarse de su entorno local y social. Motivo que los hizo más vulnerables.

Según los expertos, es necesario tener en cuenta el entorno en donde fueron reclutados, pues hay que evitar a toda costa nuevos desarraigos. “Los escenarios urbanos son más hostiles y rompen con su construcción cultural campesina, indígena o afrodescendiente en lugar de recomponer los tejidos socio-culturales. Incluso si no fuera el mismo lugar de origen por razones de seguridad, se espera que el lugar de reintegración coincida con aquellos aspectos que ellos y ellas consideren positivos de tal lugar”, indica el informe de la Defensoría.   

De acuerdo con el mismo informe, es importante que exista una capacidad institucional en más allá de los centros urbanos, pues el 76,6 % de los menores desvinculados salieron de escenarios rurales.

Es evidente entonces que en la desvinculación de los menores de edad de grupos armados ilegales se han cometido grandes errores que no se pueden repetir. Una nueva equivocación generaría escenarios de vulneración que, en el peor de los escenarios, crearían las condiciones para su retorno a las armas, lo que sería imperdonable.

“La paz está asociada a la autonomía indígena”

Documental da cuenta de las recientes luchas de las comunidades indígenas del norte de Cauca para defender su soberanía. VerdadAbierta.com habló con su realizador sobre la producción y con una líder Nasa sobre los desafíos que trae la negociación de paz con las Farc.

documental nasas

El pasado viernes, en un foro realizado entre el Centro de Expresión Cultural y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, se proyectó Sangre y tierra: resistencia indígena en el norte de Cauca, una pieza audiovisual de 40 minutos de duración que documenta paso a paso las movilizaciones que han realizado los indígenas de los 17 resguardos Nasa de ese departamento para defender sus territorios y exigir que se respeten sus derechos.

Teniendo como hilo conductor la narración en nasa yuwe -la lengua nativa de la comunidad- y fragmentos en español, el documental reconstruye las acciones más importantes que realizaron los indígenas en 2015. Entre ellas se encuentran la Minga de Liberación de la Madre Tierra, que los llevó a ocupar varias fincas y cuya acción generó fuertes enfrentamientos con agentes de la Policía; las concentraciones a raíz del encarcelamiento de Feliciano Valencia, uno de los líderes más visibles de los Nasa, por el supuesto secuestro de un soldado que se infiltró en la Minga Comunitaria de 2008 y que fue juzgado de acuerdo a las normas de la comunidad; y diferentes ceremonias en las que los indígenas se relacionan de manera espiritual con su madre tierra.

Ariel Arango, director y productor del documental, destaca que, a pesar de las adversidades, el pueblo Nasa ha realizado un proceso de resistencia en el que se destaca su dignidad y su intensión de vivir en paz. Sobre este último punto, señala que la visión de paz que tienen las comunidades pareciera ir en contravía a la de las negociaciones que se están desarrollando en Cuba con las Farc.

“Encuentro que acá la paz no tiene que ver con ideologías, sino con una cuestión de pervivencia. El mensaje de los Nasa tiene que ver con la pervivencia y el respeto con los recursos naturales, su idea de paz está relacionada con la protección de los recursos de la madre tierra. También que la paz está directamente asociada con su autonomía y su soberanía sobre el territorio”, le dijo a VerdadAbierta.com.

A propósito de la proyección del documental, VerdadAbierta.com habló con Luz Marina Canastroche, exgobernadora del cabildo de López Adentro y actual consejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Verdad Abierta (VA): ¿Para los Nasa qué es la paz?

Luz Marina Canastroche (LMC): Para el Nasa la paz es estar en armonía consigo mismo como persona y con todo lo que está a su alrededor. Vemos a la madre tierra como nuestro sustento. La madre tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros le pertenecemos a ella.

VA: ¿Se ven representados con el proceso en La Habana con las Farc? Allá se habla de construir paz territorial con las comunidades…

LMC: Haciendo un análisis, esa realidad se ve muy lejos. Allá están sentados dos actores: gobierno y Farc, quienes se centran en el fin del conflicto armado. ¿Cómo se van a implementar los otros puntos de la agenda de negociación? Lamentablemente vemos que el trabajo de base que desde hace tiempo venimos realizando las comunidades indígenas, afro y campesinas en el norte del departamento, no está reflejado allá.

VA: ¿Han pedido espacios de participación en la mesa para plantear sus inquietudes?

LMC: Esos espacios se han solicitado. Como movimiento indígena tenemos unos puntos que queremos llevar a la mesa y decirles a los negociadores que la realidad en los territorios es diferente a la que están hablando. No ha habido ninguna respuesta y no vemos voluntad para que podamos manifestar nuestras inquietudes. Realmente nos están negando el derecho a la consulta.

VA: ¿Cuáles son los puntos de la agenda de negociación que más los inquietan?

LMC: En todos los puntos tenemos inquietudes, pero sobre todo en saber qué va a pasar con la Jurisdicción Especial Indígena. Ésta fue establecida en la Constitución Política de 1991 y se refiere al territorio, a la autonomía y al gobierno propio de las comunidades indígenas.

VA: ¿Ustedes qué proponen para que la Jurisdicción Especial Indígena no resulte afectada por los acuerdos del proceso de paz? ¿Qué hacer para que converjan?

LMC: El gobierno y todas sus estructuras nos van a tener que escuchar porque seguiremos exigiendo que se cumpla con la Constitución y que se respeten nuestros derechos. Hemos analizado que tenemos que seguir nuestro proceso organizativo y agotar todos los procedimientos legales. Si es necesario, llegaremos a segundas instancias y acudiremos al nivel internacional.

VA: ¿Básicamente es hacer la consulta previa para la implementación de los acuerdos que surjan en Cuba?

LMC: Claro, tienen que hacer la consulta. Es un derecho que no se pueden saltar.

VA: ¿Qué piensan de la posibilidad de que se creen zonas de concentración en cercanías de territorios indígenas para el proceso de dejación de armas?

LMC: Nuestros territorios y la comunidad han sido muy afectados por los actores armado. Por lo tanto, el movimiento indígena ha dicho que no va a permitirlas, menos cuando no ha sido consultado el tema. Las Farc y el gobierno avanzan en la identificación de municipios para desarrollar esa parte, pero la comunidad ha dicho que el territorio no se debe prestar porque lo han violentado bastante.

Aquí lo que se nos viene es una gran lucha en la defensa del territorio. No podemos permitir que unos extraños vengan a implementar sus planes. Hoy es fuerte el tema de defensa territorial y tenemos dificultades porque hay diferentes intereses en juego y no se está teniendo en cuenta qué está pensando el indio, qué está pensando el negro y qué está pensando el campesino.

VA: Con relación al tema de justicia, ¿los desmovilizados que pertenecen a comunidades indígenas deben ser juzgados por la justicia transicional o por la tradicional?

LMC: Hay varios casos en los que ha tocado llamar al orden y remediar esa desarmonía de los que se fueron a la guerra. La jurisdicción ordinaria no debe pasar sobre la indígena en los casos de los que quieran retornar a los territorios. El que está en casa, tiene regalas. El que llegue tendrá que acatar las normas y criterios de la justicia tradicional; se les aplicaría remedio y rearmonización.

VA: Tras la condena a Feliciano Valencia por el supuesto secuestro de un militar que se infiltró en la minga de 2008 ustedes han dicho que se les está violando el derecho a la autonomía. El proceso de paz de La Habana busca fortalecer la participación en las regiones y generar apertura democrática, ¿cómo ven ese punto?

18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia?

LMC: El gobierno nos deja entredicho la Jurisdicción Especial Indígena. Con el caso de Feliciano, no es él como tal, sino la jurisdicción en general. Si mañana no nos quieren reconocer la jurisdicción para el ejercicio de control territorial y de llamar al orden, cualquiera de nosotros podría correr la misma suerte. Quieren quitarnos esa herramienta para hacer control. El compañero Feliciano tiene una condena, pero es un caso que va en el marco de la gobernabilidad y la autonomía. Para nosotros es un desconocimiento y quieren poner la ley ordinaria sobre nuestras propias normas.

VA: ¿Qué piensan de la propuesta de crear Zonas de Reserva Campesina?

LMC: Ese es un tema que está sobre la mesa interétnica -espacio no gubernamental en el que las tres comunidades de la región buscan consensos- y hemos ido adelantando ese trabajo. Nos hemos escuchando entre nosotros, estamos identificando las necesidades de tierras de cada uno y analizamos cómo nos tenemos que proyectar. Hoy no nos podemos quedar pensando en indio solo, en negro solo o en campesino solo; aquí la lucha es en conjunto, respetando las diferentes formas de vida. Identificamos quiénes estamos en la zona y hacia dónde nos vamos a proyectar para seguir fortaleciendo los planes de vida de cada uno de los pueblos interétnicos que habitamos la zona.

VA: Es decir, ¿ustedes están dialogando por su cuenta para construir paz, evitar conflictos y no pedir tierras que pretende otro?

LMC: Sí, es un trabajo que venimos realizando años atrás, porque tuvimos problemas de tierras entre nosotros. Tenemos que seguir proyectándonos en conjunto.

VA: Actualmente en el norte de Cauca han proliferado los cultivos de marihuana y algunos se dan en el interior de territorios indígenas ¿Cuál es la postura de ustedes ante esta situación?

LMC: Es un tema muy álgido y surge en parte por descuido del gobierno. Nosotros hemos hecho propuestas para generar inversión y alternativas productivas para que la población no caiga en esa actividad. Eso ha generado que entre gente de otros departamentos a cultivar marihuana. Frente a eso hemos hecho acercamientos de diálogo y planteamos que el territorio no se recuperó para ese fin, pero resulta que hay otra gente que se está aprovechando de la situación. El comunero dice que el cabildo no da nada, pero resulta que nosotros no tenemos los recursos suficientes para invertir y que las familias cambien de cultivo. Esperamos que con el proceso de paz esto se pueda solucionar.

Radiografía de cómo blindar los acuerdos con las Farc

En La Habana quedó definida la ruta para proteger la implementación de lo pactado. Tal como fue establecido, debe pasar por el Congreso de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Federal Suizo.

blindaje juridico 1El Gobierno y las Farc dieron a conocer el modelo de blindaje el pasado jueves 12 de mayo. Foto: Oficina Alto Comisionado de Paz.A medida que el Gobierno y las Farc acordaban un punto de la agenda de negociaciones en La Habana, Cuba, para poner fin a la confrontación armada y consolidar un acuerdo duradero y sostenible, se preguntaban cómo iban a hacer para que lo pactado se cumpliera y no corriera el riesgo de que fueran derogados en el futuro por otros gobiernos adversos a este proceso.

Esa duda quedó resuelta el pasado jueves, cuando los representantes del gobierno y la guerrilla anunciaron la estrategia mediante la cual se blindarán los acuerdos, tanto política como jurídicamente, a través del comunicado conjunto N. 69, suscrito por ambas partes.

“En el día de hoy las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”, se lee en el preámbulo del  comunicado conjunto.

La clave es que todo lo pactado en La Habana sería incluido en la Constitución Política y se buscará el respaldo de Naciones Unidas para que, según lo acordado, tenga un respaldo internacional, bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El punto intermedio

Casi que desde que comenzaron los diálogos de paz, la guerrilla de las Farc le apostaba a cambiar la Constitución Política del país a través de una Asamblea Constituyente para blindar la implementación de los acuerdos de La Habana. El Gobierno se cerró a esta posibilidad y en un principio pensó en un referendo, a través del cual la gente votaba sobre cuáles leyes quería agregar a la Constitución y cuáles no.

Pero al final no optaron por ninguna de las dos formas con las que se puede cambiar la Carta Magna sino por una tercera vía posible, un Acto Legislativo, que debe discutirse en el Senado y la Cámara de Representantes.

Desde el año pasado, esta fue la apuesta del Gobierno que, sin discutirlo con la insurgencia en La Habana, presentó un proyecto al Congreso para que este aceptara mecanismo jurídicos que garantizaran el cumplimiento de los acuerdos del procoeso de paz, como las facultades especiales para el Presidente.

Aunque las Farc se opusieron a ese procedimiento, el acuerdo anunciado revela que las Farc aceptan participar en él y acordaron con el Gobierno enviar un artículo para su respectivo debate, que deberá ser introducido antes del 18 de mayo. La discusión del proyecto ya va para el séptimo de los ocho debates que se deben dar en esa instancia legislativa, lo que ha sido cuestionado por varios congresistas. Y justo ahí aparece la primera suspicacia: ¿Pueden cambiar un Acto Legislativo cuando ya lo han debatido casi por completo?

Alfredo Beltrán, presidente de la Corte Constitucional entre 1998 y 2006, explica que sí se puede, siempre y cuando “tenga relación con lo que se venía discutiendo o haya sido discutido en uno de los debates anteriores”. En su opinión, las modificaciones que quieren hacer el Gobierno y las Farc sí están en el mismo tema de implementación para la paz, aunque la última decisión la toma la Corte Constitucional.

Acuerdos como Ley y con tinte humanitario

blindaje juridico 2La Corte Constitucional será la última instancia para revisar los acuerdos. Foto: archivo Semana.Lo primero que los negociadores quieren agregar al Acto Legislativo actual es que el documento que se firme en La Habana sea parte del bloque de constitucionalidad y sea un Acuerdo Especial, en términos del DIH.

“El bloque de constitucionalidad existe para que las normas que no hacen parte de la Constitución tengan el mismo nivel que el texto de la Carta Magna. Ello genera obligaciones nacionales e internacionales”, detalla Carlos Holmes, abogado y excandidato a la Vicepresidencia por el Centro Democrático.

No obstante, el jurista afirma que es un “absurdo constitucional” quererle dar semejante valor a decisiones que van más allá de lo humanitario y que tocan aspectos económicos, sociales y políticos. “En la práctica, lo que hacen es acudir a sombrillas constitucionales para imponer el acuerdo”, sostiene Holmes.

Por su parte, Diego Martínez, uno de los abogados elegidos por la guerrilla para discutir el modelo de justicia transicional en este proceso de paz, aclara que se trata de una fórmula para que no sólo el Gobierno, que es transitorio, sino el Estado cumpla los acuerdos de paz. “Es una vía extraordinaria y única en la historia del país. Es la primera vez que se incorpora un tratado de paz a la Constitución”, detalla.

De otro lado, a lo pactado en La Habana se le da tratamiento de Acuerdo Especial, una figura de las normas del DIH, que pretende humanizar los conflictos. Ella ha sido aplicada, por ejemplo, en Yugoslavia, Ruanda y Oriente Medios, donde las partes involucradas hicieron un acuerdo especial para entregar prisioneros, como explica Víctor de Currea - Lugo, quien coordinó la Protección de Misión Médica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entre 1996 y 1999, y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

Este experto puntualiza que en lo que tiene que ver con el DIH sí podría invocarse un Acuerdo Especial en temas de víctimas o los prisioneros, por ejemplo, “pero no en el punto de los cultivos ilícitos, por mencionar uno de los aspectos de la agenda, porque el DIH no dice ni fu ni fa sobre el tema”.

De Currea - Lugo agrega que las movidas de La Habana en el plano internacional no son tanto de debate jurídico sino político de cómo hacer que sea un pacto de Estado y no de Gobierno. “Echar mano de DIH para hablar de paz no es el mecanismo más ortodoxo, en parte porque el DIH es para regular la guerra, pero el derecho también está al servicio de la política”, concluye.

Dos palabras que eliminan las demandas

Cuando el Congreso termine el actual Acto Legislativo, la Corte Constitucional lo revisará, pero el Gobierno y las Farc piden que ese control sea “único y automático”, tal como lo advierten en el comunicado conjunto.

“El control automático significa que una vez el acuerdo sea aprobado por el Congreso, pasa inmediatamente a la Corte, sin que exista la posibilidad de que el ciudadano demande, y la Corte debe producir un fallo en un plazo no menor a 60 días. A mi modo de ver, el Gobierno le está entregando en bandeja de plata todo lo que quieren las Farc porque ellos querían constitucionalizar el tema de la paz”, opina Bernardita Pérez, abogada constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.

Al respecto, Martínez complementa explicando que “si la Corte ha estudiado la constitucionalidad del acuerdo, hace tránsito a cosa juzgada y si lo hace, no podrá ser demandado nuevamente por nadie. Por eso se refiere que es de carácter único”.

Un nuevo Acto Legislativo

blindaje juridico 3Por el Congreso tendrá que pasar dos actos legislativos: uno para elevar lo pactado en La Habana a acuerdo especial y otro para incorporarlo a la Constitución. Foto: archivo Semana.El segundo paso jurídico será cuando ya esté firmado el acuerdo final con las Farc y esté listo el Acto Legislativo que hoy cursa en el Congreso para elevar a Acuerdo Especial lo pactado en La Habana. En ese momento, el Gobierno someterá a discusión otro Acto Legislativo, pero esta vez para que se incorpore “íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”, como detalla el comunicado. Además, deberá quedar explícitio que también se agrega la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el modelo de justicia transicional que pactaron los negociadores.

Pero, a diferencia de lo que hoy ocurre, los congresistas no podrán modificar ni una sola coma del acuerdo final y tendrán que votar únicamente si aprueban o no la totalidad del documento. Aunque sí deben darse los ocho debates reglamentarios en Senado, Cámara y en las Comisiones Constitucionales del Congreso.

“El texto tiene el principio de inescindibilidad, como está en la agenda de negociación. Es decir, que el acuerdo de paz lo conforman todos los acuerdos. Es un principio universal que tienen todos los tratados de paz y por eso el comunicado conjunto dice que el Congreso votará sí o no”, explica Martínez.

Para Holmes, esta fórmula “es una instrucción” al Congreso que le quita su capacidad deliberativa y Pérez agrega que “el Congreso quedó reducido a refrendar”, tal como también lo han advertido algunos congresistas críticos a este acuerdo alcanzado en La Habana.

En caso tal de que el segundo Acto Legislativo se apruebe, el control constitucional de la Corte debe ser otra vez “único y automático”, lo que elimina cualquier posibilidad de demanda ciudadana.

Un respaldo político de peso

Además de querer que el acuerdo de paz tenga alcances constitucionales, el Gobierno y las Farc buscan que Naciones Unidas y los guardianes del DIH, les den un espaldarazo a los acuerdos logrados por el gobierno y las Farc.

Lo primero que pactaron ambas partes es que cuando ya esté firmado el acuerdo final, lo llevarán al Consejo Federal Suizo, en Berna, que es el depositario de los Convenios de Ginebra que regulan el DIH.

Además, “una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el presidente Juan Manuel Santos le solicitará al Secretario General de las Naciones Unidas “que le dé la bienvenida” al Acuerdo y que lo anexe a la resolución con la que el Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a participar en la verificación en el posconflicto.

Sobre este particular, Pérez explica que la ONU puede responder que no porque “se comprometió con un punto en particular del acuerdo, pero no creo que se comprometa con la paz, que incluye reforma agraria, política de drogas y los demás puntos”. Sin embargo, De Currea - Lugo asegura que es un acto simbólico, desde la política, que también cuenta.

Lo cierto es que es una de las dos vías que eligieron el Gobierno y las Farc para blindar los acuerdos en un futuro, cuando el presidente sea otro. Según las Farc, “se trata de la mayor garantía de que nuestra palabra vale”, como explicó el jefe negociador Iván Márquez. Y para el gobierno, en palabras de líder del equipo oficial Humberto de la Calle, este acuerdo de paz que es un acuerdo político que “requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo”.

¿En qué está la columna móvil Teófilo Forero de las Farc?

Esta célula ha sido una de las más fuertes en el campo militar, pero sus acciones se han reducido drásticamente y su comandante, alias ‘El Paisa’, lleva una semana en La Habana. ¿Qué impacto tiene todo eso en el ajedrez de la guerra y la paz?

teofilo forero 1Estimaciones del Ministerio de Defensa apuntan que esta columna móvil ha alcanzado a tener hasta 500 hombres armados. Foto: archivo Semana.La columna móvil Teófilo Forero es un cuerpo élite dentro del Bloque Oriental de las Farc. Es responsable en las últimas dos décadas de fuertes ataques contra la población civil, líderes políticos y la Fuerza Pública en diversas regiones, especialmente en el suroriente del país. Sus hombres han estado bajo la comandancia de Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, un experimentado guerrillero que hace una semana llegó a La Habana, Cuba, para sumarse al equipo negociador del grupo insurgente.

Desde que comenzaron los diálogos con el gobierno nacional, en octubre de 2012, en Oslo, Noruega, se sospechaba que este jefe guerrillero no se alinearía al Secretariado de las Farc, máxima instancia de dirección de los alzados en armas, pero su reciente traslado a la isla del Caribe permite pensar, según algunos analistas, que se avanza por buen camino en el proceso de negociación y que sus hombres más beligerantes estarían en sintonía con los diálogos.

Pero más allá de su comandante, la Teófilo Forero representa para las Fuerzas Militares una de las columnas móviles más sanguinarias en la historia reciente del país. Y de acuerdo con Teófilo Vásquez, investigador del Cinep y del Centro Nacional de Memoria Histórica, esa columna móvil es la precursora de todas las columnas móviles que se crearon en la década del noventa como cuerpos élites de la guerrilla para combatir de manera más eficaz y eficiente al Ejército. “Representa una de las transformaciones estratégicas más importantes de las Farc”, sostiene este estudioso del tema.

Fuentes del mapa: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Fiscalía, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Universidad Nacional y Ejército.

El investigador Carlos Medina en su libro “Farc-EP Flujos y reflujos: La guerra en las regiones” (Universidad Nacional, 2011), asegura que la tarea inicial de la Teófilo Forero, cuando se creó en 1993, fue proteger a los miembros del Secretariado, pero debido a cambios en la estrategia de seguridad de los jefes guerrilleros, esta columna móvil gana “una importante capacidad operativa, en tácticas de inteligencia, secuestros de importantes dignatarios entre personal administrativo del Estado, militares de alto rango, entre otros y, a su vez, generar una dinámica de crecimiento de esta fuerza; que la convierte en la estructura de las Farc más activa y contundente por la resonancia de sus acciones".

Una vez consolidada, la Teófilo concentró sus operaciones en amplias zonas de los departamentos de Caquetá, Huila, Nariño y Putumayo; aunque, por su efectividad, realizó acciones en varias regiones del país. En la actualidad, esta columna móvil está conformada por las compañías Ayíber González y Wilfrido Castañeda, así como una red de apoyo, tanto urbana como rural, conformada por integrantes del llamado Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3). Su nombre es un homenaje al dirigente campesino Teófilo Forero, fundador de la Unión Patriótica, quien fue asesinado en Bogotá el 27 de febrero de 1989.

Según documentos de la Fiscalía, hasta el año 2002, la Teófilo Forero apoyó las incursiones armadas adelantadas por los bloques Sur y Oriental contra diferentes objetivos militares; luego alcanzó autonomía y se concentró en incrementar las finanzas de las Farc recurriendo al secuestro, robo de ganado y control a la producción de clorhidrato de cocaína. Para ese año, 500 hombres integraban esta columna móvil, la mayoría de ellos entrenados en los campamentos de las fuerzas especiales.

Sus acciones son consideradas osadas y milimétricamente planeadas. Muestra de ello es la toma del edificio Torres de Miraflores, en Neiva, el 26 de julio de 2001, de donde secuestraron por lo menos a 15 personas, entre ellas a Gloria Polanco, esposa del exgobernador del Huila, Jaime Lozada.

El país también se escandalizó con el asesinato del líder político Diego Turbay Cote, su madre y cinco personas más perpetrado el 29 de diciembre de 2000 en la carretera que de Puerto Rico, Meta, conduce a Florencia, Caquetá. Los cuerpos quedaron esparcidos en la vía.

La Teófilo también sorprendió al país con el secuestro del entonces congresista Jorge Géchem, ocurrido el 20 de febrero de 2002. Para lograrlo, obligaron a aterrizar el avión en el que viajaba, de la aerolínea Aires, en una carretera del Huila, previamente preparada para esa operación. Esta acción puso punto final a los diálogos con las Farc que adelantaba el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

A todo ello se suma el ataque con carrobomba contra el Club El Nogal, de Bogotá; los dos atentados contra el expresidente, y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez; y el perpetrado contra el exministro Fernando Londoño en plena vía pública de la capital de la República.

 

Alejada de las comunidades

De acuerdo con Vásquez, una de las características de la columna móvil Teófilo Forero es que, dada la envergadura de sus tareas militares, no tuvo estrategias sociales para acercarse a las comunidades en aquellas zonas donde hacía presencia, como sí lo hicieron otros frentes guerrilleros, que ejercen control social y político en sus áreas de operaciones.

“No querían hacer un trabajo de masas y no lo necesitaban más allá de las relaciones con la gente para moverse con seguridad”, como explica una fuente que pidió la reserva de su nombre.

teofilo forero 2Sólo sobrevivó uno de los 12 diputados de Valle del Cauca que secuestró la Teófilo Forero en 2002. Foto: archivo Semana.Dado que sus acciones eran netamente militares, éstas comenzaron a reducirse notoriamente una vez comenzaron los diálogos entre las Farc y el gobierno nacional, hace ya más de tres años, por dos razones fundamentales: de un lado, por las treguas unilaterales decretadas por las Farc, la última de ellas desde el 20 de julio de 2015, que aún está en vigencia.

De otro lado, a los golpes que le ha dado la Fuerza Pública, particularmente en desarrollo del llamado Plan Patriota, que unió al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía en la Fuerza de Tarea Omega con un objetivo común: debilitar a las Farc en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Muy pronto las Farc, especialmente el Bloque Sur, tuvieron “fuertes reveses militares que obligó a la organización a replegarse y a redefinir sus formas organizativas y operativas para ajustarse a la nueva dinámica de la guerra”, explica Medina en su investigación.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, en 2002 el Bloque Sur tenía por lo menos 2.000 hombres armados; para el 2005, solo un año después del Plan Patriota, esta cifra había descendido a 1.600.

Las Fuerzas Militares pusieron en marcha el plan de guerra conocido como Espada de Honor, que creó la Fuerza de Tarea Conjunta Júpiter, compuesta por más de 9.500 hombres encargados de dar de baja a los comandantes de las guerrillas y las bandas criminales. Desde entonces, alias ‘El Paisa’ se convirtió en el objetivo principal de esta unidad militar.

Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sobre el conflicto armado en Caquetá y Putumayo, divulgado en junio de 2014, registra que las acciones de la Fuerza de Tarea Júpiter, creada en noviembre de 2013, obligaron a ‘El Paisa’ “a replegarse desde el sector Balsillas en San Vicente del Caguán hacia los municipios de Puerto Rico, El Doncello, El Paujil y La Montañita; algunas versiones incluso aseguran que hacia abril de 2014 habría pasado por el departamento de Putumayo para refugiarse en Ecuador”, dejando la dirección de la Teófilo bajo la responsabilidad de alias ‘Camilo el Argentino’, de quién se desconoce su ubicación actual.

Las acciones de la Fuerza Pública también ocasionaron la muerte en combate de Marly Yurley Capera, alias ‘La Pilosa’, compañera sentimental de ‘El Paisa’; y la captura de Carlos Andrés Bustos, alias ‘Richard’, segundo al mando de la compañía ‘Ayíber Gonzales’.

Cifras del Ministerio de Defensa indican que, en 2015, cada tres días se presentó una acción contra la columna móvil Teófilo Forero. A diciembre de ese año, las operaciones militares arrojaron un balance de 21 capturados y más de 25 desmovilizados.

Más allá de esas muertes en combate, de las capturas y de las desmovilizaciones, otra señal del aparente ocaso militar de la Teófilo es su presencia territorial. Si bien nunca estuvo arraigada en algún municipio en especial, en los 90 y principios del 2000, los hombres bajo el mando de ‘El Paisa’ ocupaban el casco urbano de Puerto Rico, Caquetá, y volaban con regularidad el puente de la vía que lleva de ese municipio a San Vicente del Caguán y a la Florencia.

Además, constantemente asestaban golpes en el pie de monte como lo hicieron en los municipios huilenses de Rivera y Algeciras. “Ahora están replegados en la alta y medio Cordillera Central y desde Uribe no han podido hacer lo mismo. En esos momentos por los golpes militares y ahora, con Santos, por las expectativas de paz”, explica Vásquez.  

En efecto, las acciones de esta estructura subversiva se redujeron en un 90% desde que se decretó el primer cese unilateral por parte de las Farc en noviembre de 2012, según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

¿Qué esperan las víctimas?

teofilo forero 3Los atentados que perpetró, como el de El Nogal, y las tomas a diferentes pueblos del país, le valieron la famade ser la estructura más sanguinaria de las Farc, según Fuerzas Militares. Fotos: archivo Semana.Las acciones militares de la ‘Teófilo’ ha dejado cientos de víctimas en diversas regiones del país. Ahora, con el proceso de paz en marcha, y la llegada de ‘El Paisa’ a La Habana, todas ellas exigen conocer la verdad de lo ocurrido, pues aseguran que detrás de esas operaciones hay autores intelectuales que no han sido develados.

“Así como hay fotos de las tragedias, debe haber fotos del perdón y de la reconciliación, hecho que servirá al proceso y será educativo para el país, para lo historia y las generaciones que vienen”, afirma Marta Amorocho, víctima del atentado contra el club El Nogal.

Al respecto, Berta Lucia Fries, quien duró ocho años en recuperación tras el carrobomba que sacudió el exclusivo club, asegura que se debe generar un diálogo con las Farc para ver los valores y comportamientos que van a tener luego de dejar las armas: “No nos van a devolver a los hijos o familiares, pero nos merecemos, tanto los hijos o nietos de ellos como nosotros, vivir en un aire diferente”.

Frente a ‘El paisa’, las víctimas señalan que su llegada a La Habana podría contribuir a destrabar el proceso en lo que respecta a la dejación de armas y las garantías de seguridad y, asimismo, “debe ayudar a destrabar el proceso judicial que se inició en contra del Estado tras el atentado, hubo información por parte de desmovilizados y testigos que se había alertado a la Fiscalía de la acción y no se hizo nada”, puntualiza Fries.

El camino violento hasta la masacre de concejales en Puerto Rico

A ellas se suman, las víctimas de las masacres de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, perpetrada el 21 de mayo de 2005, y de Rivera, Huila, ocurrida el 27 de febrero de 2006, quienes han pedido un acto de perdón público no solo para ellos sino para las cerca de 8 mil víctimas que ha dejado esta columna móvil.

Detrás, ‘El Paisa’

teofilo forero 4Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', comandante de la Teófilo Forero, se incorporó el domingo a los diálogos de paz de La Habana. Foto: archivo Semana.Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, ha estado en la mayoría de las acciones militares de la Teófilo desde su creación en 1993. La efectividad de sus estrategias de guerra, le hicieron ganar respeto en la guerrilla y fuera de ella. Por todo ello, según Vásquez, su llegada a La Habana “es un mensaje a las tropas que un hombre que ha ganado en lo militar también tiene voluntad de desmovilización”.

Asimismo, integrarse al equipo negociador parece que derrumba el mito de que ‘El Paisa’ sería uno de los disidentes en una eventual desmovilización de las Farc. “Al contrario. Con todo lo militar que es, más su bajo compromiso en el narcotráfico, en los cultivos de coca o la producción de pasta básica de coca, era uno de los candidatos a la asistencia del acuerdo”, sostiene el investigador.

Así lo ratifica el informe de la FIP ya citado, que señala ‘El Paisa’ manifestó su voluntad de participar en los diálogos de paz ante las constantes presiones por parte de la Fuerza Pública. “Según interpretaciones de actores en la zona, su salida hacia a Ecuador tendría que ver con una eventual posibilidad de movilizarse desde este país hacia La Habana”, asevera el documento de este centro de investigación.

Poner a ‘El Paisa’ en el ajedrez de la guerra y la paz demuestra la cohesión de las Farc. Y, pese a las críticas, refleja las decisiones que el gobierno está dispuesto a tomar al permitir su presencia en la mesa de negociaciones, donde se verá, cara a cara, con el general Javier Flórez, quien lo persiguió durante varios años por las selvas del suroriente del país.