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Farc reconocen frente a víctimas daño causado en Bojayá

La fuerte confrontación armada en el Atrato medio a comienzos del 2000 llevó a esta guerrilla a atacar con todos los medios a las facciones paramilitares. El desvió de un cilindro bomba acabó con la vida de 79 personas, la mayoría de ellos niños.

0-perdon-farc-bojayaVarios sobrevivientes de la masacre de Bojayá estuvieron presentes en La Habana. Foto: cortesía

Tras la reunión sostenida con una comisión que viajó a La Habana, Cuba, desde el departamento del Chocó, la llamada Delegación de Paz de la guerrilla de las Farc reconoció en un comunicado el error cometido durante el ataque a una facción paramilitar en pleno casco urbano del municipio de Bojayá, Atrato medio chocoano, que acabó con la vida de 79 personas, entre hombres, mujeres y niños, que buscaron protección en la iglesia del pueblo, hasta donde fue a parar el artefacto explosivo no convencional.

Este reconocimiento los llevó, además, a lamentar el hecho ante los sobrevivientes, quienes vivieron desde aquel 2 de mayo de 2002 una de las tragedias de la guerra más cruentas que hayan padecido las comunidades ribereñas del Atrato y el país.

“[…] hubo un momento fatal […] en el que el desvío de un proyectil de fabricación artesanal dirigido contra la mayor posición paramilitar en la localidad provocó la desgracia y el infortunio al caer en el templo católico donde se había refugiado la población que no alcanzó a huir de Bojayá antes de la toma paramilitar y los duros combates posteriores”, se lee en el comunicado expedido este jueves desde La Habana.

Lo que recuerdan algunos sobrevivientes es el horror: "Había gente que lo único que le quedaba entero era un dedo, quedaban molidos, como caer una piedra en un pantano", recuerda una niña, que le dio su testimonio al Grupo de Memoria Histórica, que adelantó una investigación al respecto. "Entre los escombros del templo, al lado de los muertos, se quedaron los heridos que no estaban en capacidad de caminar (…) desde allí tuvieron que escuchar la continuidad de los combates", evocó otro de los sobrevivientes. (Ver: Una cicatriz en lo profundo del Atrato)

La comisión que salió de Quibdó días antes con destino a La Habana estuvo integrada por varios sobrevivientes de aquel 2 de mayo, entre ellos el sacerdote Antún Ramos, quien, junto a un puñado de monjas de la comunidad de las Agustinas, estuvo ese día en la parroquia acompañando a la comunidad que había buscado refugio en el templo.

En el comunicado difundido desde la isla de Cuba, las Farc precisaron el contexto de guerra del primero semestre del 2002, una vez se rompieron los diálogos que se adelantaban en la región de El Caguán, con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, para justificar sus acciones armadas a lo largo del río Atrato.

“En ese momento, un conjunto de acciones militares ofensivas se desarrollaba en todo el territorio nacional por parte del Estado con asistencia militar extranjera, en un contexto de expansión ilimitada del paramilitarismo. Una de las áreas en las que se ensayó y se ensañó el paramilitarismo como brazo operativo de las fuerzas militares, fue ese punto de nuestra geografía en el Atrato, en concreto Bojayá”, indicó la llamada Delegación de Paz de las Farc.

Lo que vino después, tras varios días de intensos combates entre guerrilla y paramilitares, fue el hecho atroz de la explosión de un cilindro bomba en el templo, dejando 79 personas muertas, decenas de heridos y la evacuación total del pueblo por parte de los pobladores sobrevivientes ante la arremetida de los grupos armados ilegales en las inmediaciones del caserío.

Ante un nuevo reconocimiento del hecho, las Farc admitieron que “este hecho nos ha dolido en el alma guerrillera, y por ello, ahora cuando estamos dialogando para construir la paz con verdad y justicia, debemos expresar, como lo hicimos días después en un comunicado, que sentimos un profundo pesar, que nos duele hondamente el fatal desenlace que para la población de Bojayá significó ese terrible suceso”.

El espíritu de este comunicado es similar al mensaje difundido el 8 de mayo de 2002 por voceros del Bloque José María Córdova, la facción guerrillas que estuvo al frente de los ataques y la responsable del error militar que ocasionó la tragedia. En esa ocasión, expresaron su pesar por lo sucedido y precisaron que "de nuestra parte jamás hubo intención de hacer daño a la comunidad".

En el nuevo pronunciamiento, las Farc ratificaron lo dicho en aquella ocasión: “reconocemos el hecho, expresamos nuestra desolación y pesar por el resultado y nuestro reconocimiento y empatía a las víctimas, a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos”.

La guerrilla de las Farc expresó su voluntad de resarcir el daño, al que califican de “involuntario”, tanto en su pronunciamiento del 2002 como ahora. Según lo han dicho desde La Habana, “estamos considerando, de acuerdo con nuestras capacidades, posibilidades y obligaciones, unas respuestas lo más integrales posibles ante nuestra deuda con la comunidad de Bojayá. Respuestas de diferente índole, para lo cual damos por abierta una nueva y más madura fase de consultas para acordar actuaciones reparadoras y transformadoras, a realizar con las comunidades afectadas por este hecho”.

¿Y los paramilitares?
La otra cara de ese cruento hecho la tienen los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se enfrentaban a las Farc en esa región del Atrato chocoano. Hombres del Bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, chocaban con guerrilleros del Bloque José María Córdova, desde días atrás por el dominio de ese eje estratégico que conduce hacia el sur a la capital del departamento y hacia el norte al Golfo de Urabá.

Esta facción de las Auc comenzó su incursión a la zona de Bojayá el 17 de abril de 2002, según las declaraciones de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, con un grupo conformado por 200 hombres, quienes se embarcaron en lanchas rápidas en el puerto del municipio de Riosucio. Su objetivo era atacar las posiciones de la guerrilla de las Farc, donde tenían presencia histórica.

Los combates que sostenían en sus avances, poco a poco los fueron conduciendo al área de Bojayá, donde las comunidades afrodescendientes e indígenas eran vulnerables a los grupos armados ilegales, pues carecían de protección estatal y el Ejército desoía los llamados de auxilio y las alertas de instituciones defensoras de los derechos humanos.

Finalmente la avanzada del Bloque Elmer Cárdenas llegó al casco urbano de Bojayá y en sus alrededores se apertrecharon decenas de guerrilleros de las Farc, quienes atacaron sin vacilación alguna, con los resultados trágicos ya conocidos.

A finales de mayo de 2008, el exjefe paramilitar habló a través del sistema de videoconferencia sobre esos trágicos sucesos y de cara a la comunidad, que se reunió justamente en el templo dinamitado, explicó lo sucedido aquel 2 de mayo de 2002. En esa ocasión, se esforzó en precisar detalles de lo ocurrido y atribuyó toda la responsabilidad a la insurgencia y al padre Antún, a quien señaló de haber cerrado con candado el templo, cuando varios paramilitares le recomendaron que sacara la gente del lugar y la llevara a otro lugar, a lo que el sacerdote se negó.

Al principio, alias ‘El Alemán’ no aceptó su responsabilidad en esos hechos e insistió que todo fue por culpa de las Farc que lanzaron la pipeta sobre la iglesia, pero finalmente acabó admitiendo su culpa, no sin antes recalcar que sus hombres ayudaron a las víctimas después de la explosión; incluso, dijo que fue él, personalmente, quien organizó los preparativos con las entidades del gobierno para sacar a los heridos y darles sepultura a los muertos. (Ver: Rabia en Bojayá por declaraciones del "Alemán")

Si bien la comunidad toda se desplazó del caserío, poco a poco fue retornando y con la ayuda de diversas instituciones, públicas y privadas, fue superando las secuelas de la guerra, pese a las promesas de los insurgentes y de los arrepentimientos de los paramilitares.

Víctimas en La Habana: los que fueron y los que faltaron

0-grupos-de-victimas-cubaSolo unas pocas personas debían representar el dolor que han padecido millones durante los últimos 50 años. ¿Qué tanto se logró? Este es el balance de los cinco grupos de víctimas que hablaron con el gobierno y las Farc.

De izquierda a derecha: José Antequera, Consuelo González de Perdomo, Luis Mendieta, Jineth Bedoya y Piedad Córdoba Ruiz, integrantes de cada uno de los grupos de víctimas que viajaron a La Habana. Fotos: archivo Semana.

La tarea de seleccionar a 60 víctimas para que fueran a La Habana, divididas en 5 grupos, era realmente titánica. El PNUD, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal debían escoger solo un puñado de las más de siete millones de personas que han padecido directamente el conflicto armado colombiano y a través de ellas “reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”, como pidió la mesa de negociaciones.

Además, no tenían libertad total para definir quiénes iban y quiénes no. Desde el inicio, el gobierno y las Farc les dieron unos criterios a seguir, entre ellos equilibrio, pluralismo y sindéresis, y aclararon que les podrían hacer recomendaciones si era necesario. Así sucedió con el guerrillero que habló desde la cárcel en la cuarta delegación, quien fue propuesto de manera reiterada por el grupo insurgente, según lo confirmaron las tres instituciones encargadas de la selección.

Al final de los viajes, el gobierno se mostró satisfecho con la selección y dijo que no se escucharon 60 voces sino cientos por la representatividad que se logró. Las Farc sí tuvieron un reparo: “Desgraciadamente no se ha cumplido el compromiso de escuchar a las víctimas causadas por las políticas económicas”, dice un comunicado publicado en su página web el pasado 16 de diciembre.

Pero más allá de los intereses de cada lado de la mesa, ¿cuál fue el balance de los viajes a Cuba? El propósito de incluir a víctimas de toda clase de victimarios se cumplió en términos generales. Militares, empresarios, sindicalistas, religiosos, académicos, periodistas y personas del común estuvieron en La Habana. De los 60 no sólo hubo afectados por la Fuerza Pública y las Farc, sino también por paramilitares, el Eln, bandas criminales y un único caso de una comunidad afectada por multinacionales mineras.

En delitos, el gran ausente fue el despojo de tierras y la pérdida de bienes muebles e inmuebles. En cuanto a territorios, no fueron elegidas personas de departamentos poco conflictivos como Amazonas o Boyacá pero sí faltaron las víctimas del Eje Cafetero donde la guerra no termina, especialmente en Risaralda. Además, la mayoría fueron de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

En género cumplieron con lo pedido pues la mayoría de los viajeros fueron mujeres. Además, hablaron en la Mesa de Diálogos representantes de la niñez, los LGTBI y las personas con discapacidad. Para cumplir con la cuota étnica, viajaron varios representantes de los afrodescendientes, de los indígenas y un único líder de los campesinos. La ausencia fue por parte de los gitanos y los raizales de San Andrés.

Aunque hubo varias ausencias, se logró la tarea de representar los padecimientos de más de 50 años de conflicto sólo con 60 personas. Estas son las estadísticas de las víctimas que fueron a La Habana y los análisis más detallados de quiénes estuvieron y quiénes faltaron.

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“Un cese al fuego puede ayudarle al proceso de paz”: Jan Egeland

0-jan-egelandEl secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, visitó al país para constatar que la guerra sigue teniendo profundo impacto humanitario en las zonas rurales más alejadas. VerdadAbierta.com habló con él sobre el actual proceso de paz.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados. Foto: VerdadAbierta.com.

Para Jan Egeland Colombia no es una tierra desconocida. El hoy secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados estuvo en Colombia en 1999 enviado directamente por Kofi Annan, como asesor especial de la ONU para los diálogos que se iniciaban en el Caguán, entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. Para entonces este noruego ya tenía una larga trayectoria en resolución de conflictos. Había participado en los acuerdos de Oslo, que permitieron el primer acercamiento secreto entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en 1993, y en la firma de los acuerdos entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en 1996.

Durante los dos años que estuvo en Colombia, Egeland conoció por dentro el proceso de paz del gobierno de Pastrana, y fue uno de los pocos diplomáticos que tuvo acceso tanto al máximo jefe de las Farc ‘Manuel Marulanda’; como al líder histórico del Eln, Nicolás Rodríguez, ‘Gabino’. Pero ni con el uno ni con el otro las negociones llegaron a feliz término. En 2002 se fue del país y desde entonces ha dirigido prestigiosas organizaciones de derechos humanos como la Cruz Roja en Noruega, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y Human Rights Watch en Europa. Además, ha conocido de cerca conflictos como los de Gaza, Uganda, Congo e Irak.

La semana anterior regresó a Colombia de la mano de la ONG que dirige, y que tiene presencia en 24 países del mundo donde hay conflictos, incluido Colombia, donde tiene cinco oficinas. Su viaje incluyó una visita a Jambaló, en Cauca, y Tumaco, en Nariño, dos municipios que han estado en jaque por los grupos armados durante todo este año. Allí conoció las aulas que su organización ha construido como parte de la asistencia humanitaria a la población. VerdadAbierta.com habló con él en la costa nariñense sobre la guerra, la paz y las experiencias del pasado.

Verdad Abierta: Usted estuvo en Colombia durante el frustrado proceso del Caguán y regresa ahora que hay conversaciones con la guerrilla en La Habana. ¿Qué diferencias ve entre lo que se vivía hace diez años y ahora?

Jan Egeland: Hace más de 10 años la guerra era generalizada. Se estipula que 200 municipios eran los más azotados por el desplazamiento forzado. Las ciudades principales también padecían la violencia: Bogotá llegó a ser una de las capitales más violentas del mundo, en Medellín y Cali las bombas, los atentados y los homicidios estaban disparados. Antes la expectativa de vida era de 50 años y ahora es de más de 70. Esto indica que la guerra cambió pero no porque haya disminuido sino porque hoy se vive en zonas rurales, donde normalmente no ha habido presencia estatal, y en algunas zonas urbanas marginadas, como Tumaco. Los desplazamientos masivos ya no se concentran en 200 sino en 20 municipios del país.

VA: ¿Cuál es el riesgo de que la violencia ya no sea generalizada?

JE: Olvidar que en esos lugares existe guerra es lo peor que le podría pasar al país. Yo creo que hay dos Colombias completamente distintas. Una, que incluye a las ciudades principales, es próspera, más pacífica y tiene cierta estabilidad. Esa Colombia se parece a Suiza. Pero hay otra que está en un conflicto completamente vivo y se parece al Congo.

VA: Usted dirige ahora una organización que trabaja por los refugiados. ¿Ha cambiado este problema en Colombia?

JE: Cuando era el enviado a Colombia del secretario de la ONU, Kofi Annan, los desplazamientos masivos eran dos veces más grandes que los de ahora. Pero esta modalidad permanece pues entre 2013 y 2014 ha habido 140 desplazamientos masivos. A esto se suman los desplazamientos individuales. En total, Colombia registra casi 6 millones de desplazados y más de 400.000 refugiados desde los 80. Sólo en 2013 se desplazaron 200.000, según la ONU.  Antes del desplazamiento, el 54 % de esas personas eran pobres y después la cifra subió a 97 %. De igual manera, el 27 % estaban en extrema pobreza (con menos de un dólar por día) y luego del desplazamiento se pasó a un 77 %. Colombia produce más desplazados que muchas otras guerras y lo más grave es que el 60 % de este hecho se concentra en 13 municipios del país.

VA: En esta visita usted estuvo en Jambaló y Tumaco, dos municipios donde se vive el conflicto. ¿Cómo ven sus pobladores los diálogos en La Habana?

JE: Allí no se ve un proceso de paz sino que el conflicto ha aumentado porque las partes quieren tomar posiciones para hacerse más fuertes antes de que termine la guerra. Además, son lugares donde están todos los grupos: las Farc, el Ejército, las bandas criminales y el único que falta es el Estado con algo más que presencia de Fuerza Pública.

La comisión humanitaria camino a la escuela San Antonio Curay, construida por el Consejo Noruego para Refugiados. Foto: VerdadAbierta.com.

VA: ¿Ese recrudecimiento del conflicto ha sucedido durante otras negociaciones de paz en el mundo?

JE: Claro. El dialogar en medio de la guerra produce unas crisis que están relativamente contempladas. Pero yo creo que en estos momentos, un cese al fuego puede ayudarle a los diálogos entre el gobierno y las Farc.

VA: ¿Quiénes son los que más sufren ese recrudecimiento?

JE: Los indígenas y los afros ponen hasta el último de sus hombres en este conflicto. Ellos lo dan todo por sus tierras, son los que ponen más desplazados y más muertos. Luchan de una manera muy desproporcionada a como lo hace el resto de la gente del país.

VA: Usted dijo que los grupos armados quieren fortalecerse antes de terminar la guerra. Según las experiencias internacionales, ¿realmente se finaliza el conflicto con la firma de un acuerdo?

JE: A principios y mediados de los 90 hubo varios procesos de paz que se acordaron en Centroamérica, como el de El Salvador y el de Guatemala. Sin embargo, después de la firma los índices de homicidios no bajaron mucho. Hubo una paz formal porque se desmovilizaron la guerrilla, grupos del Ejército inmiscuidos en violaciones a derechos humanos o actores ilegales que trabajan con el Estado, pero no hubo paz en territorio y no se logró una seguridad para la gente. Se trató únicamente de una paz política como la de El Salvador, donde antiguos jefes de las cinco guerrillas que componían el FMLN hoy son políticos.

VA: ¿Y cuál es el riesgo en Colombia?

JE: Las otras formas de violencia, como las bandas criminales, son un problema que se tiene que reconocer y una amenaza contra la población. Si bien las bacrim no tienen nada de políticos como la guerrilla, sí produce el mismo efecto negativo como muerte, homicidio y conflicto. Será muy difícil si sólo se firma una paz política para las Farc y quedan esas bandas.

VA: ¿Qué diferencia ve entre el proceso del Caguán y el que se sigue hoy en La Habana?

JE: En el de Pastrana realmente nunca hubo diálogos serios. Solamente se conversó sobre cómo negociar. En cambio ahora ya hay tres acuerdos pactados. Otra diferencia es que por un momento, antes de iniciar estas últimas negociaciones, el gobierno y las Farc actuaron de manera discreta. Yo creo que eso es lo que permite el éxito de un proceso de paz porque no tiene la presión de la opinión. Pero esto se perdió y ahora los avances, los tropiezos y las pausas son completamente públicos. Sin embargo, creo que este proceso de paz sí se logrará.

En su viaje, Egeland interactuó con varios estudiantes y docentes en escuelas de Tumaco. Foto: VerdadAbierta.com.

VA: ¿Y cómo ve el tiempo que se ha tomado para estos diálogos? ¿Ha sido igual en otros países?

JE: Aquí el proceso es más lento. El Canal Noruego, que se hizo en 1993 para acercar a Israel y a Organización para la Liberación de Palestina, tardó nueves meses entre el primer cara a cara y la firma. Era muy diferente porque no se acordaron puntos de un acuerdo sino cómo posibilitar el fin del conflicto, cómo acercar a las partes. El de Guatemala duró seis años con varias pausas de por medio. Más allá del tiempo de otras negociaciones, creo que este es el momento para el proceso de paz colombiano. No se pueden tardar otros dos años para pactar los tres acuerdos restantes. Es ahora o nunca.

VA: ¿Cuál es la diferencia de este proceso de paz con otros del mundo?

JE: En todos los países creen estar en las más difíciles condiciones para dialogar pero no es así. Si bien es cierto que en 50 años Colombia ha padecido un conflicto duro, no es lo mismo negociar el futuro de Jerusalén que una guerra causada principalmente por la tierra, en un país completamente rico y extenso y en crecimiento económico como es Colombia. Otra diferencia es que este país tiene el dinero para reparar a las víctimas mientras que otros no. Una gran ventaja es que los diálogos han sido directamente entre las partes mientras que en otras situaciones, la negociación es por países intermediarios.

VA: ¿Cómo ve este proceso de restitución de tierras respecto a otros del mundo?

JE: La tierra y el desplazamiento son el núcleo del conflicto colombiano, la causa y el efecto. En restitución hay buenas leyes pero un regular sistema de realización. Si no es más eficaz el proceso, se tomarán un centenar de años restituyendo las tierras de los campesinos y no es un buen augurio que haya 39 jueces de tierras para solucionar cientos de miles de casos. Hay ejemplos fallidos de los que se podría aprender como el Zimbabwe, donde dieron hectáreas sin que las personas supieran cultivar, o Mozambique y Angola, que no fue una restitución sistemática.

VA: Después de visitar Jambaló y Tumaco, ¿qué impresiones se lleva?

JE: La organización de los indígenas Nasa del Cauca es impresionante y me sorprenden las condiciones de violencia de Tumaco. Además de estar en medio del fuego de todos los actores armados, el Ejército colombiano mezcla lo civil con lo militar al utilizar escuelas como cuarteles. Los niños no pueden ir a estudiar por temor a que las Farc ataquen el fortín que hay en sus colegios y ya ha habido menores de edad muertos por eso.

La diferencia en Colombia de la que hablé al inicio se ve realmente en que las personas de las ciudades capitales desconocen o ven muy lejano lo que se vive en lugares como Tumaco. Con seguridad la reacción de que un niño no pueda estudiar por haber una base militar en el colegio sería otra si esto sucediera en el norte de Bogotá. Otra de las cosas que vi es la violencia de los empresarios. Aquí las empresas privadas hacen lo que quieren con las tierras que por años han pertenecido a las poblaciones más vulnerables sin que el Estado diga nada, como pasa en Tumaco con las palmeras en territorios de comunidades negras. 

“Las Farc sobrevivieron gracias al narcotráfico”: Duncan

0-gustavo-duncanEl investigador Gustavo Duncan, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por la Mesa de Conversaciones de La Habana, plantea que debe debería aceptarse la tesis de que el narcotráfico ayudó a financiar una guerra que se libró con fines políticos.

Gustavo Duncan, investigador académico y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Foto: archivo Semana.

Gustavo Duncan es posiblemente el más joven de los 12 integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por la Mesa de Conversaciones de La Habana, cuyo trabajo aún es confidencial, y que se conocerá en pocos días, cuando los relatores entreguen un documento consolidado. Duncan es politólogo, con maestría en seguridad global de la Universidad de Cranfiel (Inglaterra) y de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes.

Desde hace casi una década se ha dedicado a investigar las relaciones entre narcotráfico y política. Su más reciente libro es “Más que plata o plomo” un estudio comparado entre México y Colombia sobre el poder político del narcotráfico. En 2006 publicó “Los señores de la guerra”, una historia sobre la génesis de las Auc en las regiones y la manera como construyeron su poder.  VerdadAbierta.com habló con él a propósito de la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de considerar el narcotráfico como un delito conexo con el político, para efectos de la participación en política de los guerrilleros que dejen las armas.

Verdad Abierta: Más allá de ser una actividad criminal ¿Se puede considerar al narcotráfico como una forma de financiar la guerra?

Gustavo Duncan: La guerrilla y ciertos sectores de la sociedad civil argumentan que quienes empuñaron las armas desde la insurgencia no lo hicieron para lucrarse personalmente sino por una causa superior. Esa es una gran pregunta ¿Sirvió el narcotráfico a una causa superior?

VA: ¿Cuál es su respuesta a esa pregunta?

G.D: Yo no creo que esta haya sido una guerra por un motivo superior. Las Farc tienen que desmontar el mito de que hicieron la guerra por un bien superior y no pensando en ellos, que van a ser una élite política y económica cuando salgan a la vida civil. En eso hay que tener en cuenta la economía política del narcotráfico. Este no es un negocio igual a los otros, porque su principal medio de producción es el poder. En el narcotráfico lo que cuesta es construir el poder suficiente para reducir los riesgos del negocio. Paramilitares y guerrilla se tomaron el negocio rápidamente porque ellos tenían precisamente eso: poder. Lo mismo que el Estado. Así el narcotráfico terminó involucrado en todo el conflicto.

VA: ¿Cómo se produjo el maridaje entre guerrilla y narcotráfico?  

G.D: Ellos controlaban zonas de colonización que eran importantes para cultivar la coca. Lugares lejanos, donde el Estado tiene dificultades para llegar. La droga se cultiva en minifundio porque ningún latifundista va correr el riesgo de perder su hacienda por cultivar droga, por eso se cultiva en medio de la selva, donde la tierra no vale. Entonces, la guerrilla terminó convirtiéndose en el regulador de esas zonas de producción de droga, en esencia, porque el Estado estaba muy lejos.

VA: ¿Son entonces los campesinos cocaleros su base política?

G.D: Una cosa son los intereses políticos estratégicos de los jefes de la guerrilla y otra cosa los intereses de la gente que siembra coca. La relación de las Farc con los campesinos terminó siendo de explotación porque ellos se quedaban con los excedentes que producían los colonos y a cambio ofrecían cierta protección y cierta defensa contra el Estado. Ellos acapararon los recursos que les permitieron seguir en la guerra.

VA: ¿Se les puede considerar narcotraficantes a los miembros de las Farc?

G.D: Ellos cobraban el gramaje, y en un momento dado se metieron a controlar laboratorios para apoderarse de los excedentes de la droga. Sobrevivieron y lo hicieron gracias al narcotráfico. Uno puede decir que han hecho una guerra política buscando transformar la sociedad y el Estado, pero esa transformación también tiene unos intereses individuales para la dirigencia.

Ellos necesitaron el narcotráfico. Obtuvieron recursos del narcotráfico por cuenta del gramaje, pero teniendo el poder, imposible no pensar que controlaban laboratorios para quedar con mayores excedentes. Ahora, ellos controlaban unas zonas lejos de los mercados internacionales, no podían controlar toda una ruta como lo hacen otros narcos.

VA: Entonces, ¿debe ser conexo el narcotráfico con el delito político?

G.D: Sí, estoy de acuerdo. No creo que el involucramiento de las Farc con el narcotráfico haya sido por ideales. Creo que hubo objetivos políticos pero también personales. Sin embargo, para efectos prácticos de la negociación, y que los guerrilleros se inserten en la sociedad, es necesario hacer esa concesión.

VA: Si guerrilla y paramilitares recurrieron al narcotráfico, ¿por qué a estos últimos no se les dio el mismo tratamiento?

G.D: Porque los paramilitares no lo pidieron. La clase política era la gran aliada de los paramilitares, pero cuando se desmovilizaron las Auc, tenían toda la sociedad civil en contra, cualquier concesión que se hiciera en ese sentido iba a ser torpedeada.

VA: ¿Las bandas criminales podrían exigir tratamiento político?

G.D: Es un riesgo del que se está hablando y el gobierno dice que no habrá tal cosa. Y el gobierno tiene razón porque no hay condiciones. Las bacrim no tienen cómo hacerse valer políticamente. Si mañana los Úsuga se entregan, ¿qué ONG va a pelear por ellos? ¿Qué sector político va ir ante los medios a decir que los Úsuga tenían trabajo político? Nadie.

VA: ¿Cómo cambiará la desmovilización de las Farc el negocio del narcotráfico?

G.D: Colombia sigue siendo el gran distribuidor de cocaína de América Latina hacia México y hacia Europa. Las Farc regulan la fase primaria de la producción… la gran pregunta es: ¿Qué va pasar con ese control de la producción de hoja de coca? ¿Quién va regular los cultivos que están en las zonas más alejadas de la geografía? Por un lado serán las bacrim, y por el otro los mandos medios de las Farc, que no manejan la retórica marxista y que no van a terminar incluidos en el proceso de paz. Es gente que sabe hacer la guerra, sabe hacer negocios ilegales.

VA: ¿Qué pasará con los parapolíticos?

G.D: Esa es otra de las grandes preguntas. Si  ‘Timochenko’ va a estar haciendo política pero los parapolíticos siguen presos, así como los militares y los paramilitares…entonces, ¿qué sentido de justicia es ese? Yo creo que el Estado terminará haciendo concesiones. Y el país tendrá que reconocer que la criminalidad ha sido parte intrínseca de la historia política. Finalmente lo que hizo el narcotráfico fue redefinir la clase política, redefinir las relaciones de poder local.

Las Farc nunca han sido una gran amenaza para la élite política bogotana. Han sido una gran amenaza para las élites locales. Y se ha prolongado en el tiempo gracias a los excedentes que les produjo el narcotráfico. Es decir, la misma guerra servía para proteger un negocio de 7.000 millones de dólares.

Delito político: ¿Qué tanto se puede estirar?

El presidente Juan Manuel Santos dijo esta semana que hay que ser flexibles y ampliar los delitos conexos con el político. Pero esta es una discusión de vieja data en el país.


Redefinir el delito político es clave para avanzar en el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Fotos: Semana

Después de dos años de conversaciones en La Habana entre el gobierno y las Farc, tres de seis puntos de la agenda ya acordados -incluido el de participación política- y con la discusión sobre el fin del conflicto en ciernes, el país comienza a pensar cómo los guerrilleros que un día empuñaron las armas, secuestraron y tuvieron relaciones con el narcotráfico pueden convertirse en políticos, es decir, en alcaldes, congresistas o funcionarios.

La controversia se desató después de que el martes el presidente Juan Manuel Santos admitiera que hay que “ser flexibles” con el concepto y abriera la puerta para que delitos comunes, como el narcotráfico o la extorsión, puedan ser considerados conexos, y en ese sentido, posible objeto de indulto y amnistía. Los delitos de lesa humanidad y de guerra, por su parte, requieren otro tratamiento, y para ellos está diseñado el Marco Jurídico para la Paz.

Humberto de la Calle, jefe negociador del equipo del gobierno, fue el primero en poner de presente la necesidad de redefinir el delito político si se quiere hacer efectiva la participación política de los guerrilleros que dejen las armas. En Colombia esa definición es cada vez más estrecha, y los delitos conexos cada vez menos. Según el Código Penal éste se limita a la rebelión, la sedición y la asonada, y por tanto quien incurra en estas actuaciones puede ser objeto de beneficios jurídicos, contemplados en la Constitución de 1991, como no ser extraditados por estos hechos y participar en elecciones o ser designado en altos cargos públicos, previo indulto.

Fue así por ejemplo como los desmovilizados del M19, del PRT, el EPL y el Quintín Lame pudieron participar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente inmediatamente dejaron las armas, y meses después su máximo líder, Antonio Navarro, fue nombrado como ministro de salud. Pero poco tiempo después todo cambió.

Puntos de quiebre de la tradición jurídica
Desde la segunda mitad del siglo XIX, las leyes colombianas eran más benévolas con los rebeldes, a quien trataban como altruistas. El giro comenzó a principios de los 90.

En 1993 Francisco Santos, hoy pre-candidato a la Alcaldía de Bogotá, emprendió una fuerte campaña para convertir el secuestro en un delito grave. Tres años atrás, él y otros periodistas y políticos habían sido secuestrados por Pablo Escobar, pero también por las guerrillas. Fue así como en medio de un ambiente de rechazo a esta práctica se aprobó la Ley 40, conocida en su momento como ley anti-secuestro, que rompió cualquier conexidad de esta práctica con la rebelión.

En 1997, cuando las guerrillas iniciaron una ofensiva militar en todo el país, secuestrando y matando a centenares de soldados, el General del Ejército Harold Bedoya, demandó el Código Penal de 1980 por un artículo que según él, violaba el derecho a la vida de los soldados. Se trataba del artículo 127 que decía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”. La Corte Constitucional le dio la razón a Bedoya en la sentencia C-456 de 1997 en la que derogó dicho artículo por considerarlo una amnistía general, anticipada e intemporal. En adelante las muertes en combate y los demás hechos asociados a este, como el porte de armas, han sido considerados como crímenes comunes.

Carlos Gaviria, magistrado en ese momento del alto tribunal, salvó su voto porque esta decisión “desestructuraba completamente la noción de delito político”. Según le dijo a VerdadAbierta.com, uno de los motivos que tuvo para oponerse fue que veía venir una negociación con la guerrilla y restringir de esa manera el delito político era “quitarle al gobierno un instrumento muy útil para dialogar”.

En la mira de jueces internacionales
Cuando Colombia se adhirió a la Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma en 2002, se comprometió a investigar y condenar todos los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Esto fue otro cambio para los rebeldes o sediciosos, pues de tajo todos los crímenes contemplados en las leyes internacionales dejaron de ser conexos con el delito político.

Francisco Bernate, profesor en derecho penal de la Universidad del Rosario, explica que desde ese momento la justicia internacional se convirtió en el ‘coco’ que presiona para que la justicia colombiana sí funcione, especialmente en contra de las amnistías. No obstante, el profesor Iván Orozco, uno de los más reconocidos expertos en esta materia, asegura que el delito político es un arcaísmo del siglo XIX que el derecho internacional no se ha ocupado de liquidarlo.

¿Paramilitares son delincuentes políticos?
A pesar de que la Corte había reducido de manera radical el alcance del delito político, en Colombia no había dudas sobre ese carácter de las guerrillas. De hecho la Ley 418 de Orden Público, que acaba de ser prorrogada por el Congreso, les daba amplias facultades a los gobiernos para desarrollar procesos de paz con los rebeldes. En cambio existían muchas dudas sobre qué tratamiento se debía dar a los grupos paramilitares. Por eso cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz, en 2005, esta incluía un artículo, el 71, en el que los consideraba a los guerrilleros y paramilitares como “sediciosos” por interferir “con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal” y por tanto, como posibles beneficiarios de indulto.

De haber sobrevivido esta figura, se le habría aplicado a los 30.000 desmovilizados que no tenían cuentas pendientes con la justicia. Sin embargo, el artículo se cayó en el control de constitucionalidad y poco después la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cerró de un portazo cualquier posibilidad de amnistía o indulto por la pertenencia a los grupos paramilitares cuando dijo que se les debía juzgar por concierto para delinquir agravado, pues su intención no era cambiar el statu quo –como sí lo hace el rebelde o sedicioso- sino mantenerlo.

La misma Corte Suprema de Justicia, en coherencia con la jurisprudencia que había sentado, también aprobó, en un hecho inédito, la extradición a Estados Unidos del jefe guerrillero de las Farc alias ‘Simón Trinidad’ solicitado por delitos de narcotráfico y secuestro, ninguno de ellos considerados delitos políticos, que son los que expresamente prohíbe la Constitución que sean objeto de extradición. Bajo esa misma consideración fueron entregados a la justicia norteamericana 14 jefes paramilitares en 2009, ya desmovilizados.

Se abre debate sobre Marco Jurídico
Los expertos consultados por VerdadAbierta.com señalaron que la jurisprudencia es débil para especificar qué es un delito político y qué no, o cuáles son los delitos conexos. Esto se previó en el Marco Jurídico para la Paz, que prepara el camino para la participación política de los posibles desmovilizados.

El Marco incluyó el artículo transitorio 67 en la Constitución Nacional, en el que se dice que será una ley estatutaria la que reglamente cuáles serán los delitos conexos pero que de ninguna manera lo serán aquellos de lesa humanidad, ni el genocidio. “En consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”, señala el artículo.

Sin embargo, hay por lo menos tres grandes interrogantes. Por un lado, Carlos Holmes Trujillo, abogado y quien fuera candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático en la campaña anterior, apunta que ese acto legislativo deja por fuera los crímenes de guerra, como el homicidio intencional, la tortura o la toma de rehenes.

El segundo es que, como lo ha dicho el fiscal Eduardo Montealegre en varias ocasiones, para que un delito sea considerado de lesa humanidad se le debe probar la sistematicidad y hasta ahora eso no ha ocurrido con los hechos cometidos por los máximos jefes guerrilleros.

En tercer lugar, queda el amplio espectro de los delitos comunes, sobre los que se tendrá que pronunciar el Congreso para definir cuáles tienen conexidad y cuáles no. Pero se anticipa que el narcotráfico será el tema más difícil de abordar y sobre el que el presidente Santos ya mostró sus primeras cartas al considerar que se debe ser “flexible”.