Qué contesta y qué no contesta el Ejército Nacional

Tras la infructuosa búsqueda de una entrevista con el general Alberto Mejía, comandante del Ejército, VerdadAbierta.com acudió a un derecho de petición a través del cual se le solicitó información al alto oficial sobre diversos temas relacionados con la seguridad del país. En varias preguntas se esgrimieron razones de seguridad para no responderlas.

respuesta ejercito 1Tras una infructuosa solicitud de entrevista al general Alberto Mejía, se decidió consultarlo a través de un derecho de petición. Foto: archivo Semana.Colombia vive momentos de alto contraste en el tema de la seguridad nacional: de un lado se respira cierto optimismo por los logros que, poco a poco, se van alcanzando con la guerrilla de las Farc en el desarrollo de los acuerdos pactados con el gobierno nacional; pero de otro, hay un creciente avance de grupos armados ilegales, rotulados por algunos sectores como “paramilitares”, y que suponen un incremento del riesgo para las comunidades y sus líderes.

Para conocer a profundad lo que está pasando en el país, VerdadAbierta.com intentó, infructuosamente, entrevistar al general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional. Desde el pasado 8 de febrero se le notificó a su Oficina de Prensa tal intención, pero veinte días después se obtuvo una lacónica respuesta del sargento segundo Jorge Castro, ayudante del alto oficial: “por el momento mi general no ha tenido la disponibilidad; lamentablemente no se ha presentado un espacio para hacerla. En el momento que se den las condiciones le estaremos informando”.

Frente a una respuesta que no ofrecía certidumbre alguna sobre cuándo se tendría la entrevista, este portal decidió recurrir al mecanismo de derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y del derecho al acceso a la información pública, consagrado en los artículos 20 y 74 de la misma, desarrollado por la Ley 1712 de 2014.

En total se le formularon 21 preguntas al general Mejía. A vuelta de correo las respuestas llegaron, pero no fueron dadas por el Comandante del Ejército, tal como se había solicitado, sino por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, bajo el mando de la coronel Sandra García Colmenares. Varios de los interrogantes no fueron respondidos, alegando reserva por razones de seguridad nacional.

Lo que se reservan

Las preguntas dirigidas a establecer las estructuras, números de hombres, capacidad militar y áreas de operaciones de los grupos armados ilegales que operan en varias regiones del país, en particular los llamados ‘Pelusos’, que es como se conoce una antigua disidencia del Epl; la guerrilla del Eln; y la presencia de miembros de los carteles mexicanos en el país y sus alianzas con organizaciones criminales.

También se alegó que está bajo reserva información relevante sobre cantidad de hombres, capacidad militar y áreas de operaciones de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), una organización armada surgida a mediados de 2006 en el Urabá antioqueño, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

En ese mismo sentido se evitó responder si los ‘gaitanistas’ u otros grupos armados ilegales están llegando a las antiguas zonas dominadas por la guerrilla de las Farc, que ahora quedaron sin su presencia tras la concentración de todos sus frentes en 26 zonas dispuestas para en ello en varios departamentos del país, y cuál sería el interés de copar esas áreas.

Los riesgos que afrontan las zonas de concentración de las Farc

Otro de los temas sobre el que se alegó carácter reservado tiene que ver con el tráfico de armas, municiones y explosivos. La Dirección de Comunicaciones Estratégicas así lo dispuso para referirse a este lucrativo negocio en cuanto a las áreas fronterizas más vulnerables y a los controles que aplica para contrarrestarlos.

Para cada una de esas preguntas se respondió que “Por corresponder a información de inteligencia en los términos de la Ley 1621 de 2013, artículos 4, 33 y 34, así como del Decreto 857 de 2014, artículos 13 y 14, no es posible brindar esos datos, especialmente teniendo en cuenta que se trata de información que compromete la seguridad y defensa nacional, lo cual genera el carácter de reservado de la misma”. (Consultar aquí Ley 1621 y Decreto 857)

Qué sí cuentan

respuesta ejercito 2El Ejército tiene identificados cinco departamentos críticos en asuntos de seguridad: Norte de Santander, Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia. Foto: archivo Semana.La Dirección de Comunicaciones Estratégicas aseveró que ante la concentración de las Farc en las zonas veredales acordadas con el gobierno nacional, el Ejército Nacional “permanentemente ha desarrollado operaciones en la totalidad del territorio” y “se ha dispuesto el desarrollo de operaciones para lograr la presencia de las instituciones estatales en lugares donde por motivos del conflicto se dificultaba el acceso de la población a la oferta estatal”.

Por tanto, aseveró esa unidad militar, “es factible afirmar que no ha existido la necesidad de un reposicionamiento, lo que ha variado es el tipo de operaciones que se llevan a cabo en los lugares donde el orden público y la seguridad no brindaban las condiciones para el normal funcionamiento de las instituciones”.

Sobre las regiones más críticas del país por presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), se identificaron los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia, donde “el Ejército Nacional mantiene el desarrollo de las operaciones militares, de acuerdo con las condiciones actuales de orden público en cumplimiento de nuestra misión constitucional […] para lo cual estamos disponiendo todas nuestras capacidades en conjunto con las demás entidades de los sectores público y privado, teniendo como objetivo primordial el bienestar de la comunidad contribuyendo al control institucional del territorio”.

En cuanto a los grupos armados organizados que tiene identificados el Ejército Nacional de Colombia y en qué regiones están ubicados, la Dirección de Comunicaciones Estratégicas recurrió a la Directiva 015 de 2016, por medio de la cual se expiden los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los GAO.

La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes

En ese sentido, se lee en la respuesta, “el Consejo de Seguridad Nacional encontró que actualmente existen tres de esos grupos, la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con presencia en Urabá principalmente; Los Puntilleros, anteriormente conocidos como Bloque Meta y Libertadores de Vichada, con injerencia en los Llanos Orientales; y Los Pelusos (Disidencias del EPL), que delinquen en parte de la región fronteriza de Norte Santander”.

Asimismo, “por cumplir con los lineamientos de la mencionada Directiva, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) haría parte a su vez de los Grupos Armados Organizados”.

Ante la pregunta de cómo se está actuando contra las estructuras criminales ligadas al narcotráfico y la minería calificada de ilegal y cuáles son las regiones priorizadas para adelantar operaciones militares, se respondió que el “el Ejército Nacional adelanta operaciones militares con el fin de desarticular los fenómenos criminales (entre otros narcotráfico y minería ilegal) y la delincuencia organizada trasnacional, contribuyendo a la consolidación de una paz estable y duradera y al desarrollo del país”.

Sin entrar en detalles, se hizo referencia al llamado “Plan de Campaña Victoria de Estabilización y Consolidación que adelanta nuestra Fuerza”, a la que se integran “dos estrategias denominadas Resplandor y Gema, las cuales brindan las directrices para contrarrestar el narcotráfico y la minería ilegal, respectivamente”.

Como parte de esa estrategia se creó en el 2015 “la Brigada contra la Minería Ilegal, que cuenta, en cada División, con Batallón Especial dedicado a combatir esta actividad, cuyo objetivo es neutralizar a las organizaciones criminales que se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros en 233 municipios de Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar y otros departamentos”. De ella hacen parte “500 uniformados”, quienes están “destinados para consolidar la estrategia integral en contra de ese flagelo, no solo en materia ambiental y minera, sino también desde la perspectiva criminal y delictiva de los grupos ilícitos que se lucran de esta actividad”.

Sobre las tareas ligadas a contrarrestar el tráfico de drogas, se precisó que “el Ejército Nacional realiza operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en todas las zonas del país. Al tiempo que, su Brigada contra el Narcotráfico adelanta operaciones de interdicción en áreas específicas como Chocó, Nariño Putumayo, Caquetá, Catatumbo, Cauca, Guaviare y Vichada”.

Por último, se consultó sobre las operaciones que ha realizado el Ejército Nacional desde la firma del Acuerdo Final con la guerrilla de las Farc, el pasado 24 de noviembre, contra las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como ‘Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’, en qué regiones ha sido más intensas esas operaciones y cuáles son los resultados concretos.

En total, precisaron, son 203 operaciones en todo el país entre esa fecha y el 12 de marzo pasado, un número significativo si se tiene en cuenta que contra los llamados ‘Puntilleros’ se han realizado 43 y contra los ‘Pelusos’ 29.

En contraste

respuesta ejercito 3El Ejército informó que entre el 24 de noviembre de 2016 y el 12 de marzo de este año ha realizado 203 operaciones contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Foto: Vanessa Reyes.Pese a que buena parte de las respuestas apelan a la generalidad, en diversas intervenciones públicas del general Mejía se precisan algunos detalles que se funden en las respuestas dadas por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Se destaca, por ejemplo, las declaraciones dadas a periodistas el pasado 17 de febrero en el Fuerte Militar de Tolemaida, al finalizar el acto de graduación de 1.200 soldados profesionales.

“Estos 1.200 nuevos soldados profesionales hacen parte de un grupo de más de 5.000 que van a graduarse este año y van a ser desplegados a las áreas más críticas de Colombia. El propósito es trabajar muy duro ocupando áreas inestables, de donde salieron las FARC y en donde estamos haciendo erradicación de cultivos ilegales”, indicó Mejía.

Ese día también se anunció la creación de cuatro fuerzas de despliegue rápido que estarán conformadas por varias brigadas móviles y contarán con apoyo aéreo. Según el general Mejía, "el Ejército continúa fortaleciendo sus capacidades". Pero no sólo este alto oficial ha precisado detalles sobre cómo esta fuerza constitucional enfrentará a los grupos armados organizados.

Durante una declaración dada por el presidente Juan Manuel Santos tras concluir dos reuniones con miembros del Comité Ejecutivo de la Ley de Víctimas y del Consejo Superior de Restitución de Tierras, anunció el envío de 68 mil efectivos a regiones de alta conflictividad: “[ellos] están dedicados a copar el espacio, a atacar por supuesto los grupos ilegales, cortarles sus fuentes de financiación, cortarles sus corredores de movilidad […] a todos estos grupos que pretender hacer presencia”. Dijo, también, que “15 mil efectivos más están dedicados a mantener el orden alrededor de las zonas veredales”, allí donde se concentran las Farc.

Con respecto a la presencia de organizaciones criminales extranjeras, entre ellas el Cartel de Sinaloa, de México, quien ha hecho referencia a ellas de manera más directa y que constata la información que reportan desde diversas regiones del país, entre ellas del Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y Tumaco, es la canciller María Ángela Holguín.

La alta funcionaria de Estado habló del tema el 13 de marzo pasado ante los asistentes el 60 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, realizado en Viena, Austria, y allí dijo: “se ha detectado la incidencia creciente de carteles extranjeros, con enormes sumas de dinero para garantizar la compra de la hoja de coca, los precursores y las instalaciones. ¡Ya no sólo estamos enfrentando los carteles colombianos, si no también extranjeros!”.

Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país

Por último, una de las preocupaciones con respecto a los grupos armados organizados es la visión limitada que ofrece la Directiva 015 de 2016 de la que se hace referencia en la respuesta dada por el Ejército, por cuanto, en esencia sólo se reconocen cuatro grupos, dejando por fuera de su acción aquellas estructuras criminales que existen a lo largo y ancho del país y que son reseñadas, incluso, en documentos de la Defensoría del Pueblo, tales como ‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’,  ‘La Constru’, ‘Águilas Negras Nueva Generación’, ‘Los Carranceros’, ‘Renacer los Buitragueños’, ‘La Oficina de Envigado’, ‘La Cordillera’, ‘Los Pachencas’ y ‘Los Costeños’, cuyo accionar afecta, en mayor medida, a comunidades rurales y a sus líderes.

Comuna 21 de Cali, ¿fortín político de las Farc?

Tras la Octava Conferencia de la guerrilla de las Farc, en 1993, el grupo armado se propuso activar un plan estratégico para que las redes urbanas se hicieron sentir en las ciudades principales del país. La idea era ampliar el respaldo popular y “hacer sonar la guerra” en los centros urbanos. La capital vallecaucana fue uno de sus epicentros en el país.

milicias farc cali 1Junto al PC3 la Red Urbana Manuel Cepeda Vergas lograron articular procesos tanto políticos como militares. Foto: archivo Semana.Durante más de una década, este populoso sector de Cali padeció con rigor la presencia de la guerrilla de las Farc. Allí adelantaron por igual tareas militares y políticas. Hoy, cuando el grupo subversivo se proyecta a su nuevo futuro sin armas, la pregunta es si estas zonas urbanas donde tuvieron tanta actividad se convertirán en sus feudos políticos y serán respaldados por sus pobladores.

No fue un proceso fácil para las Farc obtener el control de buena parte de las comunas de la ciudad. Tuvieron que sortear a grupos delincuenciales formados a la sombra de los carteles de Cali y del Norte del Valle, luego a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y por último a la Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Milicianos de aquellas épocas, que hoy se aprestan a reintegrarse a la vida legal y participar en el nuevo movimiento político que crearán las Farc, son claros al reconocer que la confrontación durante los primeros años del gobierno Uribe fue cruenta, pero no los eliminó totalmente. Ahora miran las comunas caleñas con otros ojos.

En diálogo con VerdadAbierta.com, exintegrantes de este grupo guerrillero hicieron un ejercicio de memoria que los llevó a recordar su llegada a las barriadas de Cali, su proceso de consolidación y control de las callejuelas, y cómo se relacionaron con las comunidades.

A sangre y fuego

mapa barrios cali A pesar de tener presencia en la mayoría de barrios de la ciudad, las Farc se concentraron en estas tres comunas de Cali. Mapa: VerdadAbierta.comEn 1995, los principales medios regionales reportaron el incremento en los atentados contra patrullas de la policía, guarniciones militares y edificios de las instituciones locales. Los hechos eran atribuidos a la Red Urbana Manuel Cepeda Vargas, una unidad guerrillera que no sólo salió a luz pública por su accionar miliar, sino por su trabajo clandestino en diferentes zonas de Cali, entre ellas la populosa Comuna 21.

La presencia de esta estructura de la guerrilla se sintió con fuerza. Bajo el mando de Milton Sierra Gómez, alias ‘JJ’, pretendieron incidir en barrios como Los Chorros, Terrón Colorado y Alto Aguacatal. No obstante, se concentraron, con mayor intensidad en Siloé, en el occidente; la Comuna 21, en el oriente; y en Zona Marroquín, un territorio del distrito de Agua Blanca.

En estos territorios, el grupo armado fijó como prioridad generar zonas de retaguardia cuando la confrontación se agudizara y consolidar un bastión político a través de las juntas de acción comunal, los sindicatos y la organización sociales de base.

La historia de la Comuna 21 es ejemplo de ello. Este sector, compuesto por ocho barrios y seis urbanizaciones, emergió a finales de la década del ochenta con un choque cultural entre personas que llegaron desplazadas de otros departamentos y los habitantes de las nuevas construcciones que se empezaron a edificar. A ello se sumó la presencia de bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas y la comercialización de armas, un rezago de los carteles de Cali y del Norte del Valle.

Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), los habitantes del sector para el año 2005 no tenían estudios más a allá de la secundaria; la mayoría de familias eran afrodescendientes; la estratificación de los barrios no superaba el nivel uno; y buena parte de sus pobladores trabajaban en la informalidad o como jornaleros asalariados.

A esa explosiva situación social y económica llegaron las Farc: en un principio, a través de la Red Urbana Manuel Cepeda Vargas; y luego a través del Partico Comunista Colombiano Clandestino (PCCC, también conocido como PC3).

Para la época, el gobierno nacional, junto con la Tercera Brigada del Ejército alertaron que Cali estaba recobrando su importancia para los grupos armados ilegales. La ciudad era punto de partida y de llegada de un corredor estratégico para el tráfico de droga y armas que llevaba de la capital vallecaucana al puerto de Buenaventura y de allí a Tumaco, en Nariño, para luego seguir hacia los departamentos de Putumayo y Caquetá, donde ya proliferaban los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Según las autoridades, las milicias de las Farc llegaron a las barriadas a controlar esa ruta.

Control territorial

“El trabajo en las zonas consistió, en un inicio, en mirar las necesidades de la gente que, por lo regular, el factor común era la delincuencia, la inseguridad y el bandolerismo. Nosotros empezamos a hacer un trabajo de mucho tacto, inteligencia y clandestinidad para tratar con la gente y saber cuándo actuar, cómo hacerlo y con qué fines”, relató Alonso*.

Según los planes de las Farc, el primer objetivo era sacar a las bandas delincuenciales de los barrios y controlar la seguridad. Para ello, establecieron unas normas de convivencia, al igual que ocurrió en numerosos corregimientos y veredas del país.

Algunos recuerdan que, para la época, lograron hacer que varios miembros de las bandas abandonaran sus actividades delincuenciales, pero con otros hubo una “confrontación frontal” en la que siempre tuvieron ventaja por el carácter de clandestinidad de esta estructura. “Si tú no ves a quien te está atacando y no sabes dónde está, te va a quedar muy difícil responderle”, aseguraron los exmilicianos.  

La tarea de la guerrilla fue remplazar al Estado. “Si uno le brinda atención a la gente, pues se va a ganar esa confianza de ellos, que puedan llegar tranquilos al barrio, que puedan trabajar sin que nada pase. Cualquiera podía dejar algo en la calle y ahí mismo lo iba a encontrar”, recordaron.

Lo que ocurría en la Comuna 21 no fue un hecho aislado. En otros sectores de Cali se presentaron casos similares, no sólo con las Farc, sino también con la guerrilla del Eln, que incidió a través del frente urbano Omaira Montoya Henao en las zonas sur y occidental de la ciudad.

A diferencia de lo que ocurrió en otras regiones del país, en Cali, según cuentan los exmilicianos, los métodos y prácticas los diferenciaron del paramilitarismo. En el momento en que las Farc fijaron sus objetivos políticos para intervenir las comunas, decidieron trabajar con las juntas de acción comunal y la organización social.  

“Los ‘paras’ carecieron de objetivos políticos y de una conciencia de clase, con lo cual utilizaron prácticas que degradaron más la humanidad en los barrios. Acabaron la delincuencia sin discriminar a los civiles inocentes  y sin ningún fin político. Sólo pretendían asumir el control del tráfico de armas y drogas”, aseveró León*, otro exguerrillero

Para el 2002, la Comuna 21 ya estaba bajo el dominio de la Red Urbana Manuel Cepeda Vargas. Comenzó entonces la segunda fase del plan, que consistió a acentuar el trabajo político en toda la comuna. Paralelo a ello se asestaron los golpes militares más fuertes en la ciudad, entre ellos el secuestro de los 12 diputados del Valle perpetrado el 11 de abril de ese año, que contó con la participaron de varios insurgentes de esta estructura.

“No sabíamos que eran las Farc”

milicias farc cali 2La política de Defensa y Seguridad Democrática asestó golpes contundentes en contra de las redes de apoyo de las Farc en Cali, al punto de desplazarlas de la influencia que mantenían en los barrios. Foto: Personería de Cali.El trabajo político nunca fue abierto, es decir, la gente nunca supo, en un inicio, quiénes eran del grupo armado o no. Desde la clandestinidad, articulados en las milicias urbanas y el PC3, comenzaron a proponer espacios organizativos comunales, barriales y sindicales, a los cuales acercaron gente de confianza los distintos barrios de la comuna, al igual que ocurrió en varias de las grandes ciudades del país.  

Milicias urbanas: el rostro clandestino de las Farc

“No nos interesaban que todos fueran ‘farianos’, sino que se armara un proceso sólido y consciente que reivindicara las necesidades de la gente. Así emergieron organizaciones barriales y sociales que aún hoy día persisten. Ya no en la comuna sino en la ciudad como tal”, aseveró uno de los exguerrilleros.

Ismael Caicedo, un viejo dirigente comunal, recordó que no a todos les gustaba la presencia ocasional de los hombres patrullando por el barrio y por ello muchos de los pobladores se fueron, pero con el tiempo se consolidó la presencia guerrillera y se les “agradeció” por la pacificación del territorio.

“De esos días me acuerdo que fue después de largo tiempo que dijeron que eran de las Farc, fue, con error a equivocarme, cuando los paramilitares quisieron entrar a los barrios. Ahí supimos que los que habían hecho todo en el barrio era la guerrilla, pero no la de camuflados, sino la de acá de la ciudad”, dijo Caicedo.

Este viejo líder social indicó que aunque no todos los pobladores se sintieron identificados con el proceso de organización social liderado por las Farc, la mayoría sí le apostó a ello para salir de la rutina del día a día y exigirle al gobierno mejores condiciones de vida de los habitantes: “De esta organización también salieron mucho ‘pelados’ para las Farc; unos para hacer trabajo en colegios y universidades, y otros fueron bien al monte”.  

El plan frustrado de los ‘paras’

El trabajo político de las Farc en los barrios de la Comuna 21, paralelo al desarrollo de las actividades militares, les sirvió para enfrentar en 2002 a los paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandados por José Hebert Veloza, alias ‘HH’, que pretendían tomarse los barrios desde el norte de la ciudad hacia el sur.

La maquinaria de guerra Bloque Calima

“Ese año nos destapamos, hicimos saber que quienes veníamos estando todo este tiempo éramos las Farc, con nuestras distintas estructuras, pero bajo la misma organización”, enfatizó uno de los exmilicianos y agregó la entrada de los ‘paras’ fracasó por varias razones, entre ellas porque el trabajo político que tenían generó un rechazo de la comunidad. A ello se sumó, según testimonios de líderes comunales, que las acciones militares de la Red Urbana Manuel Cepeda Vargas los posicionó como una de las unidades guerrilleras con mayor capacidad de afectación, por lo cual rara vez algún actor armado trataba de entrar a la zona.

“La situación llegó al punto que ni los mismos policías de las estaciones que quedaban en la comuna hacían algo, se sabía que si allí estaban las Farc, eran ellos quienes mandaban y ya, ni siquiera patrullaban por los barrios la autoridad, porque para qué”, recordó Caicedo.

El resultado de la confrontación entre las Farc y los ‘paras’ quedó condensado en los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. El balance del año 2004 terminó con más de cien asesinatos selectivos en los barrios de Cali y el desplazamiento de decenas de personas en las zonas rurales, en su mayoría indígenas de los resguardos Páez y Embera.  

Tras la desmovilización del Bloque Calima, el 18 de diciembre de 2004 en el corregimiento de Galicia, municipio Bugalagrande, Valle del Cauca, el control de algunas de las comunas quedaron a manos de la guerrilla, en su mayoría de las Farc, las milicias del Eln fueron diezmadas tras intensos operativos de la Fuerza Pública.

Declive organizativo

milicias farc cali 3Hoy día la vida diaria de la comuna 21 se vive entre pandillas, droga y delincuencia. La gobernación junto con la alcaldía han generado políticas públicas para superar las brechas sociales y económicas Foto: archivo Semana.Para los años 2005 y 2006 se vivió un periodo de estabilidad en las zonas que controlaron las Farc. No obstante, con la entrada en rigor de la Política de Defensa y Seguridad Democrática se asestaron golpes militares contra la organización guerrillera que debilitaron su presencia en los barrios.

Entrado el 2007, aún con el rezago de los asesinatos selectivos ocurridos en algunos de los barrios, las batidas policías y las incursiones militares se tomaron la Comuna 21. La orden, proveniente desde la Casa de Nariño, tenía por objetivo terminar el plan implementado desde 2004 con el cual se pretendía terminar con las redes urbanas y de apoyo de las Farc.

Para ello se destinaron unidades especiales y dos cuerpos de inteligencia que, con el apoyo del Ejército en las zonas rurales y el plan de recompensas, pronto asestaron los primeros golpes. Uno de los más sentidos fue la muerte de Milton Sierra Gómez, alias ‘JJ’, comandante de la Red Urbana Manuel Cepeda Vargas, durante un combate en la población de El Barco, Valle del Cauca.

El golpe se sintió en las ciudades donde operaba la Red, hubo cambios en los mandos que asumieron la dirección de las milicias urbanas y se hizo necesario que ante la oleada de operaciones los integrantes que operaban en la ciudad se replegaran a las zonas rurales.

Luego de la muerte de ‘JJ’, el nuevo comodante de las estructuras pasó a ser Gustavo Álvarez Cardona, alias ‘Santiago', uno de los guerrilleros que participó en el secuestro de los 12 diputados del Valle. Un año más adelante, en mayo de 2008 lo capturaron durante un operativo en Buenaventura,  otro golpe  que, en menos de un año, desbarató la presencia de las milicias en los barrios caleños.

‘Santiago’, recluido en la cárcel de Chiquinquirá, comentó para este portal que tras su captura se hizo aún más complejo el panorama en las ciudades: “se desarticularon las comunicaciones y gran parte de la milicia se tuvo que subir al monte, era eso o que la inteligencia los asesinara. Aún así, muchos de los clandestinos siguieron operando bajo el mando en las ciudades”.

Los reportes de la Policía indican que para el primer periodo de 2008 se desarticularon cinco redes de apoyo, se allanaron alrededor de 240 propiedades de las Farc en Cali y fueron capturados 15 integrantes, entre colaboradores y milicianos.

El presente

A partir del 2008, la realidad de la Comuna 21 volvió a cambiar radicalmente. Caicedo es testigo de la trasformación. Dijo que para esa fecha muchos de los líderes que se forjaron en el barrio fueron amenazados, otros desaparecidos y varios más ingresaron a las filas guerrilleras.

“No será bien visto lo que diga, pero la salida de las Farc de acá trajo consigo de nuevo la llegada del bandolerismo y la delincuencia. Hoy esa es la vida de la comuna, el tráfico, la violencia y la falta de oportunidades. Retrocedimos un tiempo, pero por fortuna ya no se vive esa época donde mataban a cualquiera sin saber por qué, y lo lamentable es que acá eso de la política se acabó, yo ya no hago nada, más por temor que por otra cosa”, reconoció Caicedo.

Para los exintegrantes de la Red y del PC3 lo que se logró en Cali, más allá de la ejecución del plan político para los distintos barrios, fue lo que ellos llaman “el acumulado organizativo” que dejaron en algunos sectores de la ciudad, lo que a juicio de algunos será capitalizado cuando regresen a las comunas caleñas, entre ellas la Comuna 21, sin armas y con el respaldo del nuevo partido político.

“Militarmente no nos vencieron en la ciudad, los que hicimos presencia en los barrios acá seguimos, siendo mandos en años pasados y hoy aportándole a la paz a raíz de la firma de los acuerdos de La Habana.  La guerra en contra nuestra fue cruenta, pero en lo que respecta a Cali no desaparecimos”, afirmó uno de los exguerrilleros, esperanzado en el futuro político que se avecina.

Jurisdicción Especial de Paz, sí, pero con limitaciones

Tras la aprobación de la plenaria en Senado, el acto legislativo quedó con más blindajes para los financiadores de la guerra y condiciones especiales para la participación de las Farc en política.

aprobacion jep 1 Con 62 votos a favor y 2 en contra, finalmente el Senado aprobó el proyecto de acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz. Foto: Carlos Julio Martínez, Semana.Tras cerca de siete horas de intenso debate durante el tercer día agendado para discutir el proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los senadores presentes en el recinto del Congreso de la República no lograban ponerse de acuerdo. El ambiente estaba caldeado entre afectos a esta salida transicional y los que oponían a ella.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, no logró terminar su intervención cuando el presidente del Senado y miembro del Partido de La U, Mauricio Lizcano, le dio la palabra a su copartidario Roy Barreras, quien representó a la célula legislativa en las negociaciones con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Aunque algunos todavía esperaban su turno, Barreras pidió que se votara la suficiente ilustración. Es decir, que se diera paso de una vez por todas a la votación final de los cambios que tendría el acto legislativo. Y así fue. En ese momento se aprobaron las nueve últimas proposiciones con 62 votos a favor, poco más de la mitad de todos los senadores, y 2 en contra: los de Claudia López y Antonio Navarro, del Partido Verde. Como sucedió en todas las discusiones relacionadas con el proceso de paz, el Centro Democrático se retiró al momento de votar.

Con estos últimos cambios, se aprobó formalmente la Justicia Especial para la Paz, a través de la cual se juzgará a guerrilleros de las Farc y militares, fundamentalmente, que participaron en la guerra durante las últimas cinco décadas. No fue un trámite fácil, sobre todo por las resistencias de sectores en retiro de las Fuerzas Armadas, empresarios y políticos que se resisten a darle privilegios a los insurgentes.
 
Se aprobó la JEP, si, un anhelo de quienes apoyaron el proceso de negociación con las Farc y de miles de ciudadanos que han padecido el conflicto armado, pero las pretensiones iniciales quedaron, de alguna manera, limitadas por las últimas nueve proposiciones que se presentaron anoche y fueron ratificadas por las mayorías en el Senado.

VerdadAbierta.com tuvo acceso a las proposiciones aprobadas durante la plenaria final y presenta un resumen de ellas.

Tatequieto a la participación política de las Farc

Una de las mayores críticas de los partidos de oposición hacia la JEP era que los guerrilleros pudieran participar en política, incluso sin que hubieran pagado la sanción restaurativa. Si bien esto quedó intacto, se agregó una condición con la que podrían perder sus futuros derechos en la materia.

La proposición del senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, respaldada por su hermano Juan Manuel Galán, especificó que si los miembros de organizaciones rebeldes cumplen con las sanciones y las obligaciones que les imparta el Tribunal de Paz, esta instancia determinará si están inhabilitados o no para participar en política, de acuerdo a los parámetros que se precisen en la Ley Estatutaria que detalle el mecanismo bajo el que operará la JEP.

Los civiles salieron más blindados

El coordinador de ponentes Roosvelt Rodríguez propuso agregar dos palabras al Artículo 12 del Acto Legislativo para que cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad le pida a la Sección de Revisión que llame a un tercero del que se sospeche haya participado o financiado crímenes graves relacionados con el conflicto armado, ésta no le pueda “ordenar a comparecer” con base únicamente en los informes que recibe la JEP de diferentes organismos, sino que necesite más pruebas para llamarlo a juicio.

Otra de las proposiciones aprobadas frente al tema de los civiles fue la del senador Germán Varón, de la bancada de Cambio Radical. Se eliminó por completo uno de los párrafos del artículo 16 que hablaba de los financiadores de paramilitares u otros grupos armados que ayudaron voluntariamente, y no como resultado de una extorsión y se agregó que la “participación determinante” que tuvo un civil en toda la acción “eficaz y decisiva” durante la comisión de los delitos.

“No puede ser que demos garantías a la Fuerza Pública y que no podamos darlas a los empresarios”, puntualizó en el debate el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador.

Capítulo para cultivadores de hoja de coca

aprobacion jep 2 El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró en el Congreso que había logrado acuerdos con comerciales el gobierno en el 95% de sus propuestas. Foto: Carlos Julio Martínez, Semana.Atendiendo la petición que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez al gobierno nacional y que reiteró ayer en la plenaria del Senado, el Congreso aprobó una modificación respecto a los cultivadores de hoja de coca para uso ilícito, quienes serán beneficiados con los programas de sustitución voluntaria que pretende el Acuerdo de paz. En este se planteaba que tendrían un tratamiento jurídico diferencial entiendo que no son los más poderosos ni los que más ganan en la cadena del narcotráfico.

Ahora, la Ley Estatutaria deberá especificar “en qué casos y bajo qué circunstancias” es la Jurisdicción Especial o la justicia ordinaria y, por ende, será la Fiscalía la que investigue “los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones” de coca o el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Compuerta al resto de los guerrilleros

Con tan sólo tres líneas, la propuesta de la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal logró lo que hasta ahora impedía el Acuerdo de paz. Las Farc y el gobierno nacional habían sido claros que la Jurisdicción Especial sería para los insurgentes que firmaran un pacto de negociación. Pero en el último debate de la plenaria de Senado, los congresistas aprobaron que también entraran el resto de condenados, investigados o procesados por ser de las Farc antes del 1 de diciembre de 2016, sin necesidad de que esta guerrilla los incluya en su listado de combatientes que están concentrados en las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), adelantando su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

Esa decisión permitirá que los guerrilleros que se acogieron individualmente a la Ley de Justicia y Paz ahora puedan presentarse a la JEP. En diferentes escenarios, miembros de las Farc habían sentado su voz de protesta al respecto pues a muchos los consideran traidores por haber abandonado las filas.

Por otra parte, algunos congresistas sentaron su voz de protesta, pero nada fue impedimento para la aprobación final. “La justicia no les puede abrir la puerta a aquellos que participaron en otros procesos de paz con el gobierno. Podría haber impunidad porque Colombia ha estado tanto tiempo en guerra ahora no pueden llegar acá los que no cumplieron con otros proceso”, expresó durante el debate Alexánder López, del Polo Democrático.

Un lugar para las víctimas

La otra propuesta de Sofía Gaviria aprobada en el Congreso fue que se deba “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones” en todos los pasos que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto, desde la búsqueda hasta la entrega digna de los restos.

Sin embargo, el Acto Legislativo no especificó cómo será esa participación o qué entidad será la encargada de promoverla. Este es otro de los detalles que tendrá que precisar la Ley Estatutaria que surja en el Congreso para ejecutar la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial y la Comisión de la Verdad.

Indígenas por su justicia

La preocupación de qué pasará con la justicia ancestral que aplican los indígenas tuvo su defensa con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Alianza Social Independiente (ASI). Los senadores Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, de estos partidos respectivamente, lograron que se creara una sala para cuando un caso pueda ser juzgado por la justicia indígena y también por la JEP. La idea es que esté conformada por dos magistrados de la JEP que no están relacionados con ese juzgamiento y por dos jueces indígenas. En el caso de no llegar a un consenso mayoritario, la decisión final quedará en manos del presidente de la Jurisdicción Especial de Paz.

Vuelve y juega el enfoque de género

Las palabras “enfoque de género” reaparecieron luego de que se borraran casi por completo del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá, tras las peticiones de los movimientos cristianos. Aceptando la propuesta del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, ahora “el enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases” del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el que están la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Lo que sigue

Una vez aprobada la JEP en el Senado de la República, el texto deberá pasar por un proceso de conciliación con la Cámara de Representantes por cuanto hay diferencias en uno y otro. Lo que se estableció es que será un proceso rápido para unificar el documento, y una vez listo pasará a estudio de la Corte Constitucional.

Una vez esté todo listo, comenzará el proceso de discusión sobre la Ley Estatutaria de la JEP que es, en últimas, el texto que consignará cómo debe aplicarse este mecanismo de justicia transicional. Si bien hay un borrador, aún no se tiene un texto definitivo, así como tampoco hay claridad sobre cuáles serían los tiempos que tiene el Legislativo para tramitar esta norma, vital para que comience a operar la Justicia Especial para la Paz.

Otra de las tareas que sigue es el nombramiento de los magistrados de las Salas que integrarán la JEP y las secciones del Tribunal para la Paz, que se encargará de juzgar los crímenes de quienes sean presentados a esta instancia judicial de carácter transicional.

Desde hace varios meses, el gobierno nacional seleccionó un comité que lidera la escogencia de los nuevos operadores judiciales, se trata de José Francisco Acuña, delegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil Robles Gil, delegado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; María Camila Moreno, delegado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); y Claudia Vaca, delegada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Siete regiones sin las Farc: los conflictos que siguen

En un reciente informe, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza la situación de orden público tras la salida de esa guerrilla de algunos territorios en los que ejerció 'autoridad' mientras estuvo alzada en armas. Es una voz de alerta para la implementación del Acuerdo Final alcanzado en Cuba.

conflictos que siguenLa salida de las Farc del ajedrez del conflicto y de las economías ilegales, trajo consigo una serie de movimientos de otros actores armados. en donde los más perjudicados son los civiles. Foto: archivo Semana.“Con la movilización de las FARC hacia las zonas veredales y puntos transitorios, Colombia entró en una nueva fase de la confrontación armada”. Esa es una de las principales conclusiones del informe Siete regiones sin FARC, ¿siete problemas más?, publicado el pasado martes por la FIP. (Descargue el documento aquí)

Ese centro de pensamiento analizó qué ha ocurrido en Chocó, Tumaco (Nariño), Cauca, Buenaventura (Valle del Cauca), el Bajo Cauca antioqueño, el eje Llanos Orientales-Orinoquia y Catatumbo (Norte de Santander), a partir de la concentración de la guerrilla más grande del país en las 19 Zonas Veredales y los siete Puntos Transitorios de Normalización, en donde sus integrantes estarán hasta el 30 de mayo, para entregarle de manera gradual sus armas la ONU, preparar su reincorporación a la vida civil y a la vida política por vías legales.

Esas regiones tienen un común denominador: que en ellas se cumplen algunas condiciones que, indudablemente, conllevan a que “se formarán otras expresiones de violencia local y armada con sus respectivos reacomodos, disputas y alianzas”. Además, el informe advierte que “hay que ser muy cuidadosos en identificar qué tipos de violencia son continuidad del conflicto armado y cuáles no”.

¿Quiénes quedarán cuando las Farc dejen las armas?

Los riesgos evaluados por la FIP son: la continuidad y reacomodo de otros grupos guerrilleros; la persistencia del crimen organizado a nivel rural y urbano, ya sea porque no habrá mayores cambios o porque desde ya se avizora la posibilidad de reacomodos y disputas con otros grupos similares o guerrilleros; el surgimiento de nuevas estructuras armadas promovidas por desertores y disidencias de las Farc, que continuarán de manera independiente o forjarán alianzas, disputas y nichos de coexistencia con otros grupos; y la permanencia y exacerbación de otras violencias como agresiones a líderes sociales.

Así inició el accidentado desarme de las Farc

Es así como en el informe se estableció que esas cuatro variables, “en las que las economías criminales del narcotráfico y el oro son transversales, permiten identificar parte de las condiciones locales que continuarán y definirán las dinámicas territoriales del conflicto y la violencia”. Y plantea que las regiones analizadas “ponen sobre la mesa un debate más amplio sobre la reincidencia en espirales de violencia y la durabilidad de los acuerdos de paz”.

A continuación, presentamos algunos apartes de la radiografía que realizó la FIP, un par de semanas después de que las Farc iniciaron su proceso gradual de desarme, tras estar varios meses concentradas y por fuera de los territorios en los que fueron Dios y Ley.

 

Reacomodo y expansión del Eln, continuidad del crimen organizado e impacto humanitario


Es uno de los lugares en donde se vive intensamente el reacomodo de fuerzas ilegales tras la salida de las Farc. “En el centro y sur de este departamento se afianzan las disputas entre el ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo por el control de las economías criminales (oro y coca) y de los corredores fluviales con salida al océano Pacífico”, indica el informe.

Esa disputa inició en julio de 2015, cuando el gobierno nacional y las Farc acordaron desescalar las acciones armadas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), advirtió en ese momento sobre el aumento de organizaciones criminales, particularmente las AGC, que se estarían financiando con el cobro de cobrando vacunas por la explotación de oro y control de los cultivos de coca.

Esos enfrentamientos, sumados a las acciones de la Fuerza Pública para combatir esos grupos ilegales, han disparados los índices desplazamiento forzado de chocoanos. Según reportó OCHA, entre febrero y mayo de 2016 más de cinco mil personas de comunidades indígenas y afrocolombianas fueron desplazadas en Chocó, y más de ocho mil sufrieron limitaciones a la movilidad como consecuencia de enfrentamientos.

Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

Al respecto, la FIP señala que “el impacto humanitario a causa de la disputa entre las AGC y el ELN en Chocó es el principal desafío en el corto y mediano plazo. Es bastante diciente que mientras las FARC empiezan su proceso de desmovilización y dejación de las armas, estos grupos continúen con su intención de tomarse los territorios dejados por esa guerrilla y posicionarse en el centro y sur del departamento, con un Estado que parece actuar como un espectador más, con excepción de las acciones de las fuerzas armadas”. Además, cuestiona que “resulta paradójico que las respuestas sigan siendo las mismas: convocar consejos de seguridad, mientras que el impacto humanitario se acentúan sin solución real a la vista, para los pobladores de esta zona”.

 

Conflicto urbano y rural; transición en entredicho


Los retos de ese municipio que cuenta con un puerto en el Pacífico nariñense, están alrededor del crimen organizado, la delincuencia común, la pervivencia de economías criminales, el posicionamiento del Eln en el sector rural, y la aparición de nuevos grupos, conformados por disidentes de las Farc. Sobre ese último punto, llaman la atención los desertores de la Columna Móvil Daniel Aldana, “por lo que puedan significar para nuevas alianzas, disputas con otros grupos y para la seguridad de la zona veredal La Playa (corregimiento La Variante), epicentro del conflicto en años recientes. Tal es el caso de alias “Don Ye”, miliciano asesinado por las propias Farc”.

Según la FIP, Tumaco hace parte de la transformación territorial que ha experimentado el conflicto armado en los últimos 10 años, puesto que se desplazó hacia el occidente y, en general, hacia el andén Pacífico. Y tras la desmovilización de las Auc por ahí han desfilado diferentes grupos como
Nueva Generación, Águilas Negras y Rastrojos, que iniciaron una disputa territorial con las Farc, principalmente, con la columna móvil Daniel Aldana, fuertemente ligada al narcotráfico. Entre 2015 y 2016, arribaron las AGC con los consecuentes choques con la Columna Móvil Daniel Aldana.

Como si a ese explosivo coctel le faltara ingredientes, Tumaco tiene la mayor cantidad de cultivos de coca del país: aproximadamente 16.960 hectáreas, según el censo de 2015 de UNODC. Ese botín está en disputa y de ella hacen parte disidentes de las Farc y la correspondiente crisis humanitaria por una nueva ola de violencia: “Por un lado, están las disidencias y desertores de las FARC, que estarían vinculándose a las filas del crimen organizado, como “Gente del Orden” y “La Nueva Gente”. Por el otro, la presencia del ELN en el corregimiento de Llorente”.

En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc

La FIP concluye que Tumaco sin las Farc, “está ante un escenario de múltiples disputas y reacomodos que impactarán los ámbitos rural y urbano. Además de grupos armados preexistentes, expresiones criminales y de delincuencia común, este municipio nariñense afrontará en corto y mediano plazo los efectos de las milicias disidentes de las FARC, que de acuerdo con unos medios de comunicación, habría por lo menos 10 estructuras integradas por 700 de estas personas”.

En ese panorama, se cuestionan las capacidades estatales para “garantizar, por un lado, el funcionamiento y seguridad de las zonas veredales y del proceso de desmovilización y dejación de las armas y, por el otro, una transición real que permita una salida definitiva a los espirales de violencia que allí se han reproducido históricamente”.

 

Sin Farc, pero epicentro de agresiones a líderes sociales y violencias menos visibles

Este departamento es testigo de una gran contradicción: la violencia letal disminuyó desde hace dos año, pero han aumento otro tipo de agresiones, relacionadas con la intimidación y el control social. Y vive la tragedia de ser uno de los “epicentros” de agresiones contra los líderes sociales. Según datos de la FIP, en ese departamento, en 2016, se registraron 92 agresiones a líderes, 22 homicidios, 55 amenazas, 8 detenciones arbitraria1s y 7 intentos de homicidio, concentrados en Popayán y Caloto. El año pasado concentró el 13 por ciento de las agresiones a líderes en el país y la tendencia persiste en lo corrido del actual.

Las lógicas de violencia se diferencias por la ubicación geográfica: el norte fue territorio de las Farc con el Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas, estructuras con las ejerció un fuerte control territorial en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, cuyos líderes son los más agredidos, al parecer, “por su decisión de apoyar la sustitución de cultivos, lo cual, estaría generando presión armada por parte de grupos de narcotraficantes”.

La continua tragedia de los defensores de derechos humanos

La costa Pacífica, clave para las plantaciones de cultivos de coca y la minería ilegal ha sido escenario de enfrentamientos entre el Eln un grupo autodenominado como Águilas Negras, al que se le atribuyen amenazas, asesinatos a líderes sociales y restricciones a la movilidad. En el sur, el Eln ha provocado desplazamientos forzados y ha protagonizado enfrentamientos con el Ejército.

En ese escenario, la FIP indica que Cauca puede “verse notablemente afectado por la persistencia de violencias asociadas al control social, como lo han sido las amenazas contra líderes y la población civil en general. Y su vez se encuentra ante la expectativa del reacomodo y si hay disputas o alianzas entre los grupos armados que seguirán y los que puedan entrar, a lo que se suma la presión de grupos de narcotraficantes para que la organización social a favor de la sustitución de cultivos no marche”.

 

Entre la implementación y la expectativa por la continuidad de las AGC y el Eln

En esa región de Antioquia, la FIP encontró que hay una aparente y tensa calma, que podría acabarse por la movilización de las Farc hacia los sitios de concentración, por posibles reacomodos del Eln y de los 'gaitanistas'. “Hasta el momento, la balanza se inclina a que pueden mantener pactos de no agresión y hasta de cooperación para tener a flote el funcionamiento de las economías criminales y extracción de rentas provenientes del narcotráfico y la minería de oro. Sin embargo, estos pactos son frágiles, por lo que el escenario de coexistencia puede cambiar rápidamente a uno de disputa, como sucedió a final de 2015 e inicios de 2016”, indica el informe.

Además, advierte que un cambio de status quo, “haría de esta región una de las más difíciles y riesgosas para la implementación del Acuerdo de Paz, en especial, en lo relacionado con los entornos de las zonas y puntos veredales donde se concentran las FARC y sus garantías de seguridad. A esto se suma la intención que ha hecho pública el ELN de copar espacios dejados por las FARC”.

En esa zona también causa preocupación las agresiones contra líderes sociales: “De acuerdo con el seguimiento de la FIP, en El Bagre se han registrado recientemente tres asesinatos y tres casos de amenaza. Estas acciones han apuntado, principalmente, a la Asociación de Hermandades Agropecuarias y Mineras del Guamo (Aheramigua), de la que fueron asesinados dos de sus integrantes y otros dos fueron amenazados durante 2016”. La explotación aurífera es clave en esa región, puesto que es la de mayor producción en Antioquia.

¿Qué pasa con el Eln en el Bajo Cauca?

Otro factor de disputas puede ser su ubicación geográfica, porque al estar entre la Serranía de San Lucas y el Nudo del Paramillo, en un corredor importante para el tráfico de drogas hacia la frontera con Venezuela y conduce a los océanos Pacífico y Atlántico. Además, por su condición selvática es propicia para el cultivo y procesamiento de coca. En 2015, según SIMCI, tenía 4.809 hectáreas sembradas.

Y en medio de esos intereses se encuentran el Frente de Guerra Noroccidental del Eln (con los frentes Compañero Tomás y José Antonio Galán) en la zona rural de Cáceres, Zaragoza, Tarazá y El Bagre; y las AGC están establecidas en los cascos urbanos y las zonas rurales cercanas a las cabeceras de los seis municipios del Bajo Cauca.

 

Consolidación del crimen organizado y continuidad de violencias menos visibles

El municipio que cuenta con el puerto más grande del país, vive en medio del fuego cruzado entre La Empresa y La Banda Local, quienes se enfrentan a muerte por el control del microtráfico y la extorsión. Como consecuencia, se vive en una crisis humanitaria a causa del desplazamiento intra-urbano, el confinamiento, el reclutamiento forzado y la violencia sexual.

Al respecto, el informe indica que “La Empresa y La Banda Local –relacionada con las AGC- son la autoridad de facto en barrios de las comunas 10 y 12, aunque algunas fuentes también advierten que en la 11 tienen algún tipo de presencia (…) e imponen normas de conducta, horarios de entrada y salida y cobran peajes”.

El hecho de que diferentes grupos hayan tratado de controlar a Buenaventura y convertirla en una de las ciudades más violentas del país, es calificado por la FIP, en parte, por el “poco control estatal a la salida de drogas y el ingreso de armas y otros bienes a través de ríos, esteros y el mismo puerto. Se suma que barrios de la zona insular y continental se han convertido en puntos de extracción de rentas por medio del microtráfico, la extorsión, el fleteo y los peajes”.

La oscura noche de Buenaventura

Aunque los homicidios han reducido y las autoridades exponen estadísticas con orgullo, éstos ahora son cometidos “de manera más focalizada en las comunas 10 y 12, donde los dos grupos arriba mencionados se están reacomodando”. Así mismo, el informe detalla cómo son las vulneraciones por despojos de viviendas, extorsiones, reclutamientos forzados y violencia sexual.

Sobre ese último caso, señala que “el abuso de niñas por parte de los miembros de los grupos armados se ha utilizado para “domesticar, someter, oprimir, imponer normas y desatar terror”. En este caso, pertenecer a un grupo armado o simplemente tener un familiar en la banda da el poder de disponer de los cuerpos de las niñas y mujeres de las comunidades, en especial, de las estudiantes de colegio”.

 

¿Ad portas de la tormenta perfecta? Crimen organizado, presiones transnacionales, disidencias y persistencia de economías criminales

La alta tensión de palma esa región, puesto que coexisten y se reacomodan estructuras del crimen organizado y disidencias de las FARC. Sobre esa dinámica, la FIP advierte que “si bien la acción de la fuerza pública ha contenido la expansión y consolidación del Bloque Meta, de Libertadores del Vichada y las AGC, preocupa lo que pueda suceder con la consolidación de disidencias como los Frentes 1, 7 y 44 en Guaviare, Vaupés y Guainía, y su intención de controlar los eslabones de la cadena del narcotráfico, a pesar del reciente golpe de la fuerza pública”.

Y el narcotráfico es transversal en estos departamentos, puesto que desde hace décadas es una de las rutas más importantes del tráfico de drogas desde el centro del país hacia Venezuela; además, cuenta con los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización de cocaína como laboratorios de procesamiento, cristalizaderos y por lo menos tres rutas de salida de droga.

Mientras la mayoría de las Farc están en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en la región coexisten sus disidentes –con riesgo potencial de nuevas deserciones por parte de los frentes 7 y 27-, los Gaitanistas y  Los Puntilleros. Al respecto, el informe indica que “si bien en esta región del país coexisten los grupos armados, preocupa lo que pueda ocurrir en el corto y mediano plazo con el desmonte definitivo de las estructuras de las FARC, sobre todo en zonas históricas y con alta presencia de cultivos ilícitos, así como en aquellas de frontera donde ya hay reportes de posible reclutamiento de disidentes de las FARC por parte de estructuras criminales brasileras”.

Disidentes de las Farc, ¿detrás de asesinatos en Mesetas?

Y puntualiza que  “en este escenario, por un lado, inquieta la posible consolidación de la disidencia del Frente 1 en el sur de Guaviare, Guainía y Vaupés. Esto, sumado al interés de las AGC de incursionar en el Guaviare para controlar las rutas de droga, puede llevar al incremento de la violencia y de las afectaciones de la población civil, así como del reclutamiento de excombatientes de las FARC. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que se consoliden otras disidencias de las FARC, sobre todo en las zonas de cultivo de coca en el departamento del Meta”.

 

Continuidad de grupos guerrilleros, tensiones socio-políticas y expectativa ante el crimen organizado

Este es otro de los territorios críticos por los problemas de orden público, el aumento de cultivos de coca, las tensiones sociales y los fenómenos de contrabando y corrupción en la zona de frontera. En medio de ese panorama, en el último año, se ha dado una reconfiguración territorial entre el Eln y el Epl: “Para nadie es un secreto que estos dos grupos se repartieron el territorio con la salida de las FARC, lo que se hizo sin mayores dificultades debido al arraigo que tienen estos grupos en la región”, lo cual posible “no sólo por la necesidad de continuar con el narcotráfico, sino porque los integrantes de estos grupos guardan lazos de confianza de vieja data, razón por la cual se descartan enfrentamientos entre ambos grupos”.

Sobre el Eln, el informe señala que “parece estar fortaleciéndose en su trabajo político con miras a los resultados que puedan arrojar los diálogos de paz con el gobierno nacional. Sin embargo, no se descarta que quieran mostrar fortaleza militar y presencia territorial por medio de secuestros, atentados contra la infraestructura petrolera, bloqueo de vías, agresiones contra líderes sociales y acciones de bajo esfuerzo militar contra la fuerza pública”.

En cuanto al Epl, plantea que es una gran incógnita: “Si bien guarda rasgos similares con el ELN, su estado actual en términos militares no es del todo claro. Hasta hace poco habrían tenido la intención de comenzar incursiones en zonas del departamento de Cesar para abrir nuevas rutas para la comercialización de pasta de coca. Estas zonas colindan con el municipio nortesantandereano de Ocaña, como Río de Oro, La Palmita, Sabanas, zonas altas de Aguachica, así como Pailitas por el municipio de El Carmen, pero los reveses que han sufrido por las sucesivas capturas de sus integrantes los tendrían, de acuerdo con un integrante de la fuerza pública de la región, en un punto de inflexión o de no retorno”.

El Catatumbo, teatro de guerra

En medio de esos dos grupos también hacen su aparición las AGC, con la “subcontratación” de estructuras delincuenciales locales, las cuales están ubicadas principalmente en las cabeceras municipales de Ocaña, Ábrego, Tibú y en la zona metropolitana de Cúcuta. Además, también tienen presencia Los Rastrojos en Puerto Santander y en el vecino país de Venezuela.

Y de trasfondo, se encuentran las tensiones socio-políticas y las reivindicaciones que piden las organizaciones comunitarias, las cuales han ido en aumento desde el paro campesino de 2013. Sobre este punto, la FIP indica que hay dos lecturas al respecto: “Por un lado, están aquellas que afirman que si bien el paro fue algo justificado tras décadas de promesas incumplidas –algunos trazan el origen de estos descontentos en el gran paro del oriente de los años 80– al mismo tiempo hubo organizaciones que se alzaron, arbitrariamente, con las banderas de dicho paro y se atribuyeron la interlocución exclusiva con el gobierno nacional”.

Protesta minera afecta zona de concentración de las Farc en Antioquia

Los mineros bloquearon la única vía de acceso a la Zona Veredal de Carrizal, en el Nordeste antioqueño en reacción a operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal. Los hechos retrasan la adecuación del área donde se concentran los insurgentes.

bloqueo carrsal 1Foto: Ricardo Cruz.Engañadas se sienten las comunidades campesinas asentadas en inmediaciones de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) de Carrizal, ubicada en límites de los municipios de Remedios y Segovia, nordeste de Antioquia. Todo por cuenta de los recientes operativos contra minería ilegal llevados a cabo por el Ejército Nacional en la región y que terminaron con la destrucción de maquinaría.

En desarrollo de operativos que pretendían afectar las finanzas del Frente José Antonio Galán del Eln, un contingente militar arribó el pasado 2 de marzo al paraje conocido como Lejanías, ubicada a menos de 10 kilómetros del punto donde hoy se concentran poco más de 120 guerrilleros de las Farc para hacer dejación de sus armas y reincorporarse a la vida civil. Allí destruyeron dos retroexcavadoras, dos dragones y tres dragas con la que se realizaba minería a cielo abierto

El hecho despertó la furia de la comunidad. “Aquí hubo una reunión en agosto del año pasado, en la que estuvieron presentes la Gobernación de Antioquia, la Alcaldesa de Remedios, el Alcalde Segovia y los señores de las Farc, en la que se acordó respetar la economía de los campesinos. De ese compromiso quedó un documento escrito, pero el gobierno no cumplió”, declara Ricaute García, líder campesino de la región, y de paso se preguntó: “el motivo para ese operativo era dizque darle un golpe a los ‘elenos’, antes venían diciendo que querían acabar las Farc. Y si el Eln firma la paz, ¿cuál será la excusa?”.

Lo preocupante es que por los menos 600 campesinos y mineros de zonas como Cañaveral, Carrizal, Lejanías, Altos de Manila, Rancho Quemado, entre otras, decidieron, desde el pasado 8 de marzo, bloquear la maltrecha trocha que sirve como única vía de acceso a Carrizal, razón por la cual no han podido ingresar los camiones que transportan los materiales necesarios para culminar las obras de adecuación de la Zona Veredal, donde también se evidencias serios retrasos, como en los otros cuatro puntos designados por las Farc y el gobierno nacional para la concentración de las tropas de esta guerrilla en Antioquia.

“Se esperaba que el pasado sábado los ministros de Defensa (Luis Carlos Villegas) y el del Posconflicto (Rafael Pardo) visitaran Carrizal, pero por problemas logísticos no pudieron visitar la región”, cuenta Lucía Carvajal, alcaldesa de Remedios. De acuerdo con la mandataria local, “por ahora se definió que habrá una reunión el próximo jueves (16 de marzo) en la ciudad de Medellín en la que estarán presentes delegados de las comunidades y delegados del gobierno nacional”.

Lo que sí han enfatizado una y otra vez las comunidades campesinas y los mineros que mantienen el bloqueo en la carretera es que se trata de un acto pacífico que de ningún modo constituye un rechazo a la presencia de la Zona Veredal que acoge a un nutrido grupo de insurgentes de las Farc.

“No nos estamos oponiendo a la Zona Veredal. Nosotros creemos y le apostamos a este proceso de paz”, añade Ricaute, quien dice que “cuando nos enteramos que aquí habría una zona de concentración nos alegramos y pensamos que ahora sí el gobierno nos iba a prestar más atención, más inversión para la comunidad, pero vea, está sucediendo todo lo contrario”.

VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) por el gobierno nacional, pero no se logró establecer contacto.

¿Problema avisado?

bloqueo carrsal 2Foto: Ricardo Cruz.Carrizal es una de las 20 veredas de Remedios que, junto con 59 veredas de Yondó (Antioquia), 25 de Cantagallo y 30 de San Pablo (ambas del Sur de Bolívar), conforman la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, un área geográfica de producción campesina de poco más de 180 mil hectáreas que cobija a unas 30 mil familias. Aunque la zona fue establecida mediante Resolución 028 del 10 de diciembre de 2002, sólo en 2011 fue reconocida por el presidente Juan Manuel Santos.

Esta vereda se encuentra ubicada en los límites de los municipios de Remedios y Segovia, en el nordeste de Antioquia. Ambas localidades se disputan la soberanía sobre este pequeño caserío habitado por poco más de 500 personas quienes subsisten, en su inmensa mayoría, de la actividad minera que desde tiempos ancestrales se realiza en la región.

“Podríamos decir que por lo menos el 90 por ciento de los habitantes de Carrizal y sus alrededores dependen de la minería”, explica la alcaldesa de Remedios. De acuerdo con la mandataria local, en la zona se practica minería de oro de aluvión y de veta. “El censo que tenemos hasta hoy es de 34 bocaminas (minería de veta) actualmente funcionando. No tenemos el dato de cuántas minas de aluvión funcionan, por eso no sabemos cuántas retros hay en la zona”, precisa la Alcadesa.

El oro es, quizás, lo único que abunda en Carrizal. La energía eléctrica brilla por su ausencia y el agua potable escasea. “Hay que tener en cuenta que cuando la gente de las Farc se queja de que en sus campamentos no hay agua, no hay electricidad, es que la gente de esas regiones vive así, en medio de todas las carencias posibles. No tenemos puesto de salud. Sacar un enfermo hasta un hospital nos puede tomar hasta ocho horas”, advierte García.

Pero ni el atraso ni las dificultades de acceso a servicios públicos básicos son los únicos problemas que rodean a esta Zona Veredal. Casi tan antiguas como las Farc en el territorio es la guerrilla del Eln. El Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y el Frente José Antonio Galán mantienen una presencia activa en las regiones antioqueñas del Nordeste y el Bajo Cauca. Carrizal se encuentra a tres horas de recorrido de El Bagre (Bajo Cauca) y a cinco horas Yondó (Magdalena Medio antioqueño). De ahí el interés que durante décadas han mantenido los grupos armados ilegales por controlar este pequeño paraje.

“Hasta el momento no se ha presentado dificultad alguna con los ‘elenos’. Ellos han manifestado que respetan ese proceso. Pero sabemos que el gobierno mantiene una confrontación con ellos, así estén en un proceso de negociación de paz. No deja de preocupar”, sostiene un líder comunitario consultado por VerdadAbierta.com y quien pidió reserva de identidad.

A lo anterior se suma el dominio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘El Clan del Golfo’, en el casco urbano de Segovia y que amenaza con extenderse a sus zonas rurales, entre ellas a la vereda Cañaveral, a tan solo dos horas de Carrizal.

A todas estas preocupaciones el gobierno nacional aún no parece tener una respuesta contundente. Con todo y ello, las comunidades campesinas asentadas en Carrizal y veredas aledañas continúan creyendo firmemente que el proceso de paz con las Farc constituye una oportunidad única para transformar un territorio olvidado por el Estado y azotado por la guerra.