“Empresarios y militares que patrocinaron la guerra en el Cesar deben responder”: ‘Solís Almeida’

Este jefe guerrillero, integrante del Estado Mayor Central de las Farc, ha pasado 40 años en las filas del grupo armado. Hoy, concentrado en la zona veredal de Tierra Grata en La Paz, Cesar, coordina la dejación de armas y el tránsito a la vida civil de cerda de 150 combatientes. Allí, la pedagogía de paz se convirtió en la mejor arma para empezar a hacer política.

entrevista solis 1Pese a los avances en la construcción de la zona veredal, este comandante guerrillero asegura que ha faltado diligencia y compromiso por parte del gobierno para concluir las obras. Foto: Andrés Celis.“Con el paso del tiempo, el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y los institutos dedicados a la investigación del conflicto armado han demostrado la manera en la que empresarios y paramilitares, con complicidad de algunos políticos, se aliaron para generar la guerra en el departamento. Hoy día hay verdades que debemos conocer y por las cuales deben responder”, afirma Abelardo Caicedo Colorado, comandante del histórico Frente 19, conocido en las filas guerrilleras como ‘Solís Almeida’.

Concentrado en la zona veredal de Tierra Grata, junto con guerrilleros de los frentes 19 y 41, ‘Almeida’ asegura que muchos de los hechos del conflicto que se le atribuyeron a las Farc los cometieron otros grupos armados: “Cada cosa que pasaba la clase política y los medios aseguraron que eran las Farc, no tuvieron en cuenta que en la Sierra Nevada también delinquió Giraldo o los hermanos Rojas. Hoy luego de conocer parte de sus crímenes se debe esclarecer la verdad”.

Por este jefe subversivo, el gobierno de los Estados Unidos llegó a ofrecer 2,5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Estaba pedido en extradición por delitos asociados al narcotráfico, cargos que surgen porque gran parte de su vida guerrillera operó en la Sierra Nevada de Santa Marta.

‘Almeida’ logó sobre vivir a los operativos del Plan Patriota ejecutado en el gobierno de Álvaro Uribe, que asestó grandes golpes militares, entre ellos la muerte de ‘Martín Caballero’ en los Montes de María, lo que diezmó tanto al frente que comandaba como al Bloque Caribe en general.

El jefe guerrillero habló con VerdadAbierta.com desde su zona de concentración no sólo de la cruenta guerra que se vivió con los ‘paras’ y narcos en la Sierra Nevada; también se refirió a la importancia de haber tenido un trabajo político con las distintas comunidades del departamento durante la confrontación y sobre el legado que dejó ‘Simón Trinidad’ para los guerrilleros del Bloque Caribe.

VerdadAbierta.com (VA): El Plan Patriota fue una de las operaciones militares de mayor éxito que tuvo un gobierno nacional en contra del Bloque Caribe, ¿cómo cambió el curso de la guerra las acciones militares de este?

‘Solís Almeida’ (SA): Nos tocó resistir más de seis años de manera continua en La Sierra Nevada. Anteriormente los operativos duraban uno o dos meses, con el Plan Patriota la tropa del Ejército llegó para quedarse; no fue tanto por los operativos, pero sí por el abastecimiento.  Con ello empezaron a diezmarnos.

Perdimos muchos compañeros, otros no aguantaron el poder del enemigo, no aguantaron la resistencia que estábamos haciendo y abandonaros las filas, eso se da en medio de toda confrontación. Nos retiramos de La Sierra y fuimos a la serranía del Perijá, tuvimos bajas muy sensibles y se redujo un gran número la cantidad de integrantes de los frentes.

(VA): Durante años, el acceso de los medios de comunicación a La Sierra Nevada fue muy escaso, poco se pudo conocer al detalle sobre la cruenta guerra que se libró entre narcos, ‘paras’ y guerrilla. ¿Qué verdades quedan por conocerse?

(SA): En el corregimiento de Guachaca, Santa Marta, el grupo paramilitar de Hernán Giraldo centró su negocio narcotraficante y paramilitar, allí tiene sede la primera División del Ejército y funciona la base de La Remonta, una de las bases anti narcóticos más sofisticadas que tiene el Estado en la costa Atlántica.

Los colombianos debemos conocer el apoyo que recibieron los ‘paras’ por parte de las Fuerzas Armadas para controlar decenas de municipios de Cesar y la Costa Atlántica, entre ellos Zona Bananera, Buritaca, Palomino, entre otros, y la manera bajo la cual empezaron el asesinato sistemático de quienes en ese entonces nos colaboraron.

(VA): ¿Y las de las Farc?

(SA): Como organización hemos dicho que vamos a decir toda la verdad. Pero hay que tener en cuenta que los medios comunicaron documentaron muchas acciones a nuestro nombre que no fueron así, acá hay más verdades por conocerse por parte de otros actores políticos y armados que por nosotros mismos.

Siempre se ha dicho que las Farc somos los que hemos causado las mayores atrocidades. Sin embargo, el país no sabe más de media historia de lo que ocurrió acá en la región Caribe, hay muchas verdades de La Sierra Nevada que no se han contado, al igual que las de Cesar y Magdalena.

(VA): ¿Cómo cuáles?

(SA): Un sólo ejemplo de ello es las bases militares que se montaron por parte de los paramilitares en el municipio de Ciénaga que causaron el desplazamiento de cientos de familias para repoblar las veredas con la base social de paramilitarismo. Allí hubo colaboración de políticos locales, militares y empresarios. Ellos también están llamados a responder.

(VA): En Chalán, en los Montes de María, no olvidan el atentado con un “burro bomba” contra la estación de policía que dejó afectado a decenas de civiles. ¿Pedirán perdón?

(SA): Como organización  hemos dicho que pediremos perdón a todas la victimas por los daños que hemos causado. En lo que fue el ataque contra la estación de Policía en Chalán, nunca fue nuestra intención hacerle daño a la población civil, nunca en cualquier ataque el objetivo fue la población, la guerra la librábamos con el Ejército.

Vida en comunidad

entrevista solis 2Para cada combatiente del Bloque Caribe, la figura de 'Simón Trinidad' es un referente político, social y cultural. Hay quienes aún guardan la esperanza de tenerlo de regreso. Foto: Andrés Celis.(VA): Los  indígenas Yukpa se opusieron a que ustedes se concentraran en la vereda Los Encantos. Ahora, con las pedagogías de paz, ¿cuál es el panorama político y la relación con esta comunidad?

(SA): Ellos se opusieron por estar mal asesorados, quien estuvo detrás de ellos fue el exprocurador Alejandro Ordoñez, quien les aseguró que nosotros les íbamos quitar el territorio y los íbamos a desplazar. El territorio de ellos viene desde la carretera que comunica a Valledupar con Norte de Santander, entonces si a usted le dicen que lo van a sacar pues obviamente se opone, pero fue por mala información.

Una vez realizadas las pedagogías, la comunidad ha entendido parte del proceso de paz y la importancia que también tiene para ellos, como en el tema de las vías terciarias, la adecuación de sus territorios y el respeto por sus tradiciones.

(VA): ¿Durante los años de confrontación cómo fue la relación?

(SA): Con ellos, en San Genaro, tuvimos tan buena relación que cuando yo estaba comandando el Frente 41 nos permitieron ayudarles con sus quebrantos de salud y de higiene oral, también entramos a solucionar problemas de convivencia que existieron entre algunas familias y nos pidieron colaboración para dirimir los conflictos.

Con las demás comunidades como los Koguis, Wiwas y los Kakuamos mantuvimos una relación buena por el respeto a las creencias y a la cultura, nunca tratamos de imponerles cosas, y respetamos sus sitios de pagamento. Dentro del Bloque Caribe hay integrantes que perteneces a estas etnias, y es la hora donde siguen haciendo sus ritos culturales.

(VA): Y qué ocurrió con los Arahuacos…

(SA): En la Sierra Nevada la relación también fue buena. Pero la guerra hace sus estragos y en muchas comunidades se presentó el problema que unos se ingresaron a la guerrilla otros a los grupos paramilitares, entonces se presentaron rupturas de los núcleos familiares.

La semana pasada un grupo de guerrilleros se reunió con esta comunidad que nos están reclamando la inclusión dentro de los Diálogos de La Habana. Acá hemos compartido con ellos en un diálogo de saberes donde  como habitantes de La Sierra nos pensamos el desarrollo social y agroecológico del territorio.

Recientemente fueron invitados a participar dentro de la  Comisión de Seguimiento, Verificación e Implementación de los acuerdos de paz (Cesivi) por parte del Secretariado de la organzización.

Vida campamentaria

entrevista solis 3Comparado con otras zonas veredales, la de Tierra Grata es una de las más avanzadas, no obstante, aún no están terminadas todas las instalaciones. Foto: Andrés Celis.(VA): Hasta el momento se han reunido, durante las pedagogías de paz, con diversas organizaciones de los diferente municipios del departamento, ¿qué tan provechosas han sido las pedagogías y las charlas?

(SA): Para nosotros el balance es muy positivo. Nos hemos podido rencontrar con personas y agremiaciones con las que antes desarrollamos un buen trabajo político en las veredas y corregimientos. Pero lo más importante es que hemos podido acercarnos a esas organizaciones y pueblo en general con el que no teníamos contacto por las vicisitudes de la guerra. Hoy con ellos, desde orillas distintas, estamos trabajando en pro de la paz.

(VA): La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró que el 30 de abril entregarían finalizadas algunas zonas veredales, entre esas la de Tierra Grata. ¿Cuál es el avance en el territorio?

(SA): Al ritmo que vamos lo dudo, nosotros en una de las primeras reuniones nos comprometimos a que colocábamos 100 guerrilleros para agilizar la construcción, pero la realidad es que sólo son 10 los que están trabajando, no hay los materiales suficientes, si los hubiera en un soplo terminamos.

Trabajando con el 10 por ciento de la fuerza nos va a llegar otro mes más en lo mismo. Ahora bien, lo que hay construido son para 94 unidades, y somos alrededor de 150 y si a ello se suma los 40 prisioneros que van a llegar se aumentan más las zonas de construcción, que esta semana estuvieron paradas por la falta de materiales y el incumplimiento en los pagos a los contratistas.

(VA): ¿Por qué escogieron llamar a la zona veredal ‘Simón Trinidad’?

(SA): Dentro de nosotros los guerrilleros ha existido desde tiempos atrás el legado de conmemorar a quienes han sido ejemplos de moral y lucha revolucionaria. En el Bloque Caribe tenemos a algunos compañeros que lo fueron o siguen siendo. ‘Simón’ es uno de ellos, es un hombre que significó mucho para Cesar y para el Caribe colombiano, el nombre es apenas un pequeño homenaje a su vida revolucionaria dentro de las Farc.

En esta zona muchos compartimos con él, yo en especial fui quien lo acompañó durante su ingreso. Los demás lo llevan por su disciplina, preparación política y enseñanzas, pasaba largas horas enseñando a los guerrilleros ortografía.

(VA): ¿Qué anécdota recuerda estando con ‘Trinidad’?

(SA): A su ingreso a las Farc él no era muy hábil con las armas ni con el estado físico que se mantiene en la guerrilla. Cada vez que llegábamos a un sitio él se pedía ser la persona encargada de llevar los alimentos a quienes hicieran la guardia o a quienes estuvieran lejos del campamento, así durante muchos meses lo hizo para coger el ritmo de la guerra.

Era un hombre muy disciplinado, pero a la vez muy humano, siempre compartía con los guerrilleros de base sus conocimientos como profesor y también los de la cocina, le gustaba estar en la rancha para preparar, para todos, los platos especiales que comía en la ciudad. En especial las pastas.

(VA): ¿Algún temor que tenga en su tránsito a la vida civil?
 
(SA): Estoy próximo a cumplir 40 años de estar en las Farc. El temor que tengo es que la situación de violencia contra los líderes sociales y de víctimas, defensores de derechos humanos se acreciente más, porque si no respetan la vida de los que ni siquiera han empuñado un arma para defender sus ideas, ¿qué nos espera a nosotros?

El temor es que  los que no caímos en medio de la confrontación vayamos a caer en medio de la paz, eso sería doloroso para todos nosotros, morir ahora que la apuesta es por la paz.

Gobierno promueve cuestionado proyecto de ordenamiento rural

El Ejecutivo busca usar las facultades extraordinarias del Presidente de la República para eliminar la Ley Agraria de 1994, contrariando los derechos de comunidades que reclaman históricamente el acceso a tierras o son víctimas del conflicto armado y los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc. VerdadAbierta.com presenta una radiografía del panorama.

decrero ley agrario 1 El Ministerio de Agricultura busca aprobar vía trámite legislativo extraordinario un polémico Proyecto Decreto Ley. Este pretende eliminar la Ley Agraria del 1994 que garantiza los baldíos para la reforma agraria. La propuesta es un complemento a la ya aprobada Ley Zidres. Foto archivo Semana.El pasado 22 de abril, el Ministerio de Agricultura anunció en su página web que el gobierno nacional comenzará a socializar la “Ley de Tierras”. La imagen promocional anuncia que la gira comienza en Cali este miércoles 26 de abril y terminará el sábado 6 de mayo en Bogotá. Para participar se debe que diligenciar un formulario en línea.

Sin embargo, en ningún aparte esta cartera ministerial aclara que es un “Proyecto Decreto Ley”, que sería aprobada por sanción presidencial, evitando así el trámite ante el Congreso de la República.

El borrador de la norma contiene aspectos cuestionados como la derogación de la Ley 160 de 1994, llamada la Ley Agraria, con lo cual se afectarían las comunidades campesinas, indígenas y afros, que hoy tienen poca tierra y carecen de ella; además, de fondo beneficiaría a personas y empresas que se apropiaron de manera irregular de grandes extensiones de tierras; fortalecería las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres); y modificaría cuando menos dos artículos del actual Plan Nacional de Desarrollo.

Desde la semana pasada, congresistas como Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Ángela Robledo, del Partido Verde; organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas; y comunidades campesinas y étnicas organizadas, vienen advirtiendo sobre los efectos negativos de esta iniciativa titulada “Ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales”.

El documento ha tenido una transformación sustancial. Inicialmente fue concebido como un Proyecto de Ley, lo que suponía un trámite legislativo extraordinario, conocido como fast track, para sacar adelante los acuerdos logrados con la guerrilla de las Farc. Así lo informamos el pasado jueves. (Leer en: El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral)

No obstante, este lunes se conoció que era un proyecto de Decreto Ley, con lo que evita su paso por el Congreso de la República y va directamente a sanción presidencial. Con este cambio, funcionarios del alto gobierno, según fuentes consultadas, pretenden evitar la discusión en el Legislativo y su posible rechazo.

Para remediar la situación y rodearla de un supuesto ambiente de consenso y superar el escollo de la consulta previa, el Ministerio de Agricultura armó de afán un proceso de socialización en varias ciudades del país y delegó en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la interlocución entre sectores sociales y el gobierno nacional que resulte de este mecanismo.

De acuerdo con un comunicado difundido por la ANT al respecto, “esta iniciativa legislativa que desarrollará el Punto 1 del Acuerdo de Paz recogerá las ideas que se discutan durante estas jornadas de argumentación y debate entre todos los colombianos”. Serán siete encuentros, que comienzan hoy en Cali, seguidos de Medellín (27 de abril); Montería (28 de abril); Santa Marta (2 de mayo); Villavicencio (3 de mayo); Florencia (5 de mayo); y Bogotá (6 de mayo).

Según el anuncio, cada evento será moderado y dirigido técnicamente por representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la Alta Consejería para el Posconflicto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras.

Se espera que participen “distintos sectores del campo, agroindustriales, asociaciones campesinas, entidades territoriales, organismos de control, juntas de acción comunal, cooperativas agropecuarias, registradores, notarios, jueces, estudiantes y profesores, empresarios y pequeños campesinos”.

Los críticos a este procedimiento y al proyecto de Decreto Ley se preguntan por qué el Ministerio de Agricultura pretende socializarlo en dos semanas y en ciudades capitales donde no está concentrada la población campesina ni étnica.

El borrador del proyecto de Decreto Ley también está en manos de los miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en la que confluyen representantes de la guerrilla de las Farc, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Alta Consejería para el Posconflicto. Todos ellos están encargados de estudiar las iniciativas legislativas relacionadas con el posconflicto para establecer si se acomodan o no a lo pactado en el Acuerdo Final con las Farc.

Intereses oscuros

decrero ley agrario 2El Proyecto Decreto Ley es cuestionado también porque el Gobierno pretende socializarlo en dos semanas, afectando los derechos de consulta previa a la que tienen las comunidades étnicas. Foto: archivo Semana.La iniciativa propone dejar sin efecto la Ley 160 de1994, norma agraria que actualmente garantiza, entre otras cosas, que los baldíos (tierras de la Nación) son para la reforma agraria, la adjudicación de tierras a comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente. En ese sentido, quienes cuestionan el Proyecto señalan que bajo la falsa idea de dar cumplimiento al Acuerdo de Paz, lo que el gobierno nacional pretende es complementar la Ley Zidres y brindar mayor seguridad jurídica a los “inversionistas del campo”. Es decir, a empresas nacionales y extranjeras que han encontrado impedimientos en la Ley 160 para desarrollar proyectos a gran escala.

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) fueron creadas en 2016 con la Ley 1776 y declaradas constitucionales por la Corte Constitucional en febrero de este año. Fueron también cuestionadas porque legalizan la acumulación de baldíos para que empresarios desarrollen proyectos extensivos.

Las críticas a la nueva iniciativa gubernamental se enfocan en que avalan las formas en cómo fue violada la Ley 160. Y de paso, dificulta que avancen los procesos de documentación sobre los despojos de tierras, si habían comunidades que las reclamaban pero que fueron expulsadas durante el conflicto armado, como ocurrió en Puerto Gaitán y Mapiripán, en Meta (Lea: Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia).

El siguiente mapa (elaborado con datos de informes de la Contraloría Delegada para el Sector agropecuario entre febrero y septiembre de 2014) muestra las acumulaciones ilegales de baldíos que realizaron empresas nacionales y extranjeras y que con la Ley Zidres no sólo se legalizarían, sino que podrían llegar a acceder a extensiones de tierras superiores si inscriben su proyecto en el Ministerio de Agricultura, el cual les dará adicionalmente los incentivos previstos en la 1776.

Ya la Contraloría Agraria documentó los siguientes casos de empresas y particulares acumuladores de baldíos. Varias de ellas acudieron a la estrategia de crear múltiples Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), para adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, lo que está permitido por la Ley Agraria vigente. Por cada SAS adquirían una UAF.

Sólo en esa región, estas empresas concentraron por lo menos 346 mil hectáreas de baldíos, es decir, el 11 por ciento de las tierras que el Estado requiere para cumplir con la Reforma Rural Integral. Esta Reforma, planteada en el Acuerdo de Paz, proyecta un Fondo de 3 millones de hectáreas para redistribuir durante los primeros 10 años a comunidades campesinas y étnicas que las requieran.

En ese sentido, quienes cuestionan el proyecto de Decreto Ley explican que la iniciativa está en sintonía con las Zidres, porque aunque la Corte es enfática en señalar que las Zidres deben desarrollarse en zonas aislasdas de los centros urbanos, demanden altos costos de adaptación productiva, tengan baja densidad poblacional, presenten altos índices de pobreza y carezcan de infraestructura, la nueva iniciativa deja abierta las posibilidades de legalizar la acumulación de baldíos bajo diversas modalidades y propone un nuevo modelo de gestión de tierras para todo el país.

Por ejemplo, a quienes desarrollen proyectos de interés público; a título oneroso a empresas o personas no beneficiarias de reforma agraria, y a quienes construyan o desarrollen inversiones sobre los suelos aplicando la figura de derecho real de superficie. El Proyecto Decreto Ley no establece criterios de adjudicación de tierras a campesinos pobres o sin tierra; por el contrario, indica que los baldíos pueden ser titulados a “beneficiarios” o “sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural”, dos palabras sin especificación.

Adicional a lo anterior el Proyecto propone levantar las restricciones que hay sobre las Zonas de Reserva Forestal, las áreas de reserva ambiental y parques nacionales y naturales protegidas desde 1959, para usar algunas de estas áreas para proyectos. Además, plantea un mecanismo de saneamiento automático para los baldíos donde se desarrollan proyectos agroindustriales como los señalados en el mapa.

Cuestiones de fondo

decrero ley agrario 3 La propuesta que impulsa el Ministerio de Agricultura plantea que los baldíos pueden ser titulados a "beneficiarios" sin establecer criterios claros de adjudicación, como sí lo establece la Ley Agraria 160 de 1994. Foto: archivo Semana.Expertos en el tema, que solicitaron la reserva de la identidad, cuestionaron también el proyecto de Decreto Ley porque, por la vía del fast track, se pretenden reglamentar los artículos 104 (Catastro Minero y Sistema Nacional de Tierras) y 105 (Proceso único administrativo y/o judicial), asuntos que, según el Conpes 3859 de 2016, debieron estar listos el 31 de diciembre de 2016.

En ese Conpes, que contiene la Política del Catastro Multipropósito (Plan de acción 2016-2023), se prevé como herramientas el Barrido Predial Masivo y la rectificación administrativa de área y linderos a partir de acuerdo de voluntades de los propietarios. Se pretende con todo ello, según los expertos, “realizar labores de saneamiento de las situaciones irregulares en torno a la propiedad, clarificación de los derechos de posesión y ocupación, lo mismo que la constitución de títulos y la resolución de conflictos de uso del suelo”.

Estas normas, que se complementarían con la reglamentación que se propone en el borrador del Decreto Ley, atienden, según los consultados, las recomendaciones de la Misión de Transformación del Campo, para los llamados proyectos empresariales de gran interés, pero cuya seguridad jurídica está hoy en entredicho (acumulación de UAF).

Entre esas recomendaciones están, según los consultados, “crear un mecanismo que permita a quienes hayan incurrido en dicha acumulación indebida a partir de 1994, pero estén realizando proyectos productivos, puedan entregar el derecho de propiedad al Estado y se suscriba en reemplazo un contrato (con la seguridad jurídica que este otorga), que le permita usar las tierras con un claro compromiso de uso productivo durante el plazo de vigencia del contrato. En caso de que no se acceda a entregar la propiedad, crear una causal adicional de extinción del dominio, que se active al verificar la ilegal acumulación de predios cuya tradición haya tenido origen en la adjudicación de baldíos”.

Adicionalmente acogen la recomendación en relación con los llamados ocupantes indebidos, entre ellos los de la falsa tradición, de privilegiar la “función social”, a través de opciones de titulación o de una compensación expedita y suficiente.

Finalmente, el proyecto de Decreto Ley, tiene riesgos de inconstitucionalidad, especialmente por las órdenes que le ha dado la Corte en pronunciamientos fechados en 2014, 2015 y 2016, al gobierno nacional en relación con el Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, que implica hacer un inventario de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Según la Corte, la ausencia de ese inventario es causa de la no certeza sobre “(i) cuales son los bienes a nivel nacional que tienen la naturaleza de baldía, (ii) cuáles son sus características físicas y agrológicas, (iii) si los mismos se encuentran indebidamente ocupados o contrarían los límites de acumulación, (iv) si existe un título originario que válidamente entrego la titularidad del mismo, (v) su ubicación precisa, o (vi) si fueron ilegalmente sustraídos del dominio del Estado”.

De llegar a ser firmado por el Presidente de la República, la Corte Constitucional será la única que podrá determinar si se abusó del fast track para aprobar un modelo de desarrollo agrario engavetado que, según cuentas, favorecería a los grandes inversionistas agroindustriales, muchos de ellos cuestionados, yendo más allá de lo que propone el Acuerdo de Paz con las Farc.

El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc establece cambios que buscan un mayor acceso a tierras por parte de comunidades que carezcan de ella o que no tengan la suficiente. No obstante, varios congresistas y organizaciones sociales alertan sobre un proyecto de Ley que contradice lo acordado.

reforma agraria 1En una carta, varios congresistas, organizaciones campesinas y étnicas, y ong advierten que el Gobierno Nacional quiere tramitar vía fast track (trámite legislativo extraordinario) un Proyecto de Ley que va en contravía de los temas agrarios del Acuerdo de Paz. Foto archivo Semana.El concepto de reforma agraria fue acogido en 1960 cuando el gobierno nacional de aquella época reconoció que gran parte de la violencia se derivó de la falta de acceso a tierras. El conflicto armado de los últimos treinta años revirtió ese intento de redistribuir la propiedad rural, por lo que el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc reiteró la necesidad de lograr una Reforma Rural Integral. El problema ahora es que un nuevo proyecto de Ley contraría lo acordado entre las partes, pues su fondo es dejar sin efecto la Ley 160 de 1994, la ‘madre’ de la Ley Agraria en Colombia.

Así lo advierten varios congresistas del Polo Democrático, el Partido Verde, organizaciones campesinas y étnicas, y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y por tal razón, el pasado el 18 de abril, decidieron enviarle una carta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), advirtiendo la “inconstitucionalidad” y contradicciones del borrador del proyecto de Ley “Por el cual se adoptan disposiciones de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales y se dictan otras disposiciones”. (Lea la carta)

La Comisión está integrada por tres miembros del gobierno nacional y tres de las Farc para velar por el cumplimiento de los seis puntos del Acuerdo de Paz. Las leyes necesarias para implementar el Acuerdo tienen un trámite preferente, uno legislativo extraordinario conocido como fast track. El proceso funciona así: el gobierno presenta sus propuestas a la Comisión, que es el órgano en el que los proyectos son discutidos. De ser concertados, entonces hay vía libre para radicarlo en el Congreso.

Eso explica la preocupación de quienes envían la carta a la Comisión, pues de no ser modificado el proyecto de Ley en esta instancia, el Congreso ya no podrá hacerlo, de no ser que cuente con la venia del gobierno nacional.

Varias fuentes le aseguraron a VerdadAbierta.com que quien presentó la propuesta fue Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras. De ser así, sería una contradicción de la política nacional agraria, pues el gobierno nacional liquidó el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reconociendo que era necesaria una nueva institución para resolver los problemas agrarios históricos del país y ayudar en la transición al posconflicto.

Precisamente la carta señala que el proyecto busca desconocer la Ley Agraria, cuyo principio es la reforma agraria, que en el Acuerdo va más allá de la entrega de títulos de propiedad a campesinos y comunidades étnicas, garantizándoles además los medios, la infraestructura y asistencia técnica para progresar en el campo. (Lea: La tarea titánica de cumplir con el punto agrario)

Este medio se comunicó con la Agencia Nacional de Tierras, pero la Oficina de Comunicaciones indicó que la institución no podía ser vocera en ese caso, remitiendo la solicitud al Ministerio de Agricultura. La jefe de prensa del Ministerio, a su vez, indicó que el tema debía ser abordado por la Agencia. Buscamos una respuesta de Miguel Samper al respecto, esperando aún su versión frente al cuestionado proyecto de Ley.

Las preocupaciones

reforma agraria 2El Proyecto de Ley propone modificar el concepto de Unidad Agrícola Familia (UAF), reemplazándola por el de Unidad de Producción Rural, permitiendo la acumulación de baldíos. Si el Goabierno no recupera los baldíos, difícilmente puede construir un Fondo de Tierras que garantice la Reforma Rural Integral. Foto archivo Semana.La carta advierte que la principal preocupación es que el proyecto plantee dejar sin efecto la Ley 160 de 1994 o Ley Agraria, y de paso proponga reformular el capítulo sobre territorialidad indígena sin realizar la consulta previa requerida. También que no exista claridad sobre la formalización y acceso al fondo de tierras a las que tienen derecho las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales según sus usos y constumbres. ( Lea el borrador de proyecto aquí)

La misiva señala, además, la gravedad que significa el desconocimiento del mandato constitucional sobre los baldíos (las tierras de las Nación), cuyo uso preferente son los sujetos de la reforma agraria (comunidades carentes o con insuficiente tierra).

El Acuerdo de Paz establece que para lograr la prometida Reforma Rural Integral es necesario crear un Fondo de Tierras que distribuya 3 millones de hectáreas durante los primeros 10 años. Y para nutrir ese fondo, el Estado debe recuperar por lo menos un millón 200 mil hectáreas de baldíos que le fueron despojados (Lea: El lío de organizar los baldíos en Colombia).

Pero el proyecto de Ley no está en sintonía con el Acuerdo: “(…) permite entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, estableciendo incluso mecanismos de acceso a título oneroso para personas que ya tengan propiedad y que ostenten patrimonio neto superior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, indica la carta enviada a la Comisión de Seguimiento.

Contrario al espíritu de la reforma agraria integral pactada, el Proyecto propone que se permita la adjudicación de baldíos a quienes desarrollen proyectos de “utilidad pública e interés social” tales como empresas mineras o petroleras; y de paso pone un obstáculo a los campesinos de escasos recursos para acceder a la propiedad rural exigiéndoles un nuevo requisito: estar en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).

Quienes advierten a la Comisión de las contradicciones de este proyecto aseguran que la propuesta modifica además el concepto de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), legalizando la acumulación de baldíos y el despojo de tierras. La UAF fue creada con la Ley 160 de 1994 como las extensiones de tierra que, según la riqueza del territorio, permiten a una familia campesina sobrevivir y progresar. La Ley Agraria prohíbe la acumulación de UAF porque atentaría contra la redistribución, es decir, la reforma agraria.

Sin embargo, el proyecto de Ley propone cambiar la definición de UAF, omitiendo las condiciones agroecológicas de la zona y borrando el concepto de familia, que es lo que lo vincula con la agricultura familiar y campesina. Por el contrario, propone la Unidad de Producción Rural, que puede ser adjudicada a “beneficiarios” y permite exceder las extensiones de la UAF. Desde 2012, la Contraloría y Procuradurías Delegadas Agrarias han advertido sobre la acumulación irregular de baldíos en regiones como la Altillanura, impidiendo el acceso a tierras a comunidades pobres y legalizando los despojos derivados del conflicto. Por “ineficiente” en la recuperación de baldíos fue que el Incoder fue liquidado (Lea: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder).

Por eso la carta es enfática en sostener que “es inaceptable que el Estado en lugar de profundizar en las herramientas para lograr la recuperación de esas tierras [baldíos acumulados] y la anulación de esas negociaciones fraudulentas, pretenda legalizarlas y sanearlas”.

Otros cuestionamientos al proyecto de Ley están relacionados con la participación. La propuesta le resta a las autoridades municipales la capacidad de decisión sobre el uso del suelo, dejando una buena parte de las decisiones al nivel central. A esto se suma la incorporación de otros temas que ni si quiera están contenidos en el Acuerdo de Paz, como el derecho real de superficie, una figura que habilita otros derechos sobre el suelo; la profundización en el modelo de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zidres), cuestionadas por legalizar la acumulación de baldíos; y las barreras para que pueda aplicarse la extinción de dominio, clave en la recuperación de propiedades para alimentar el Fondo de Tieras. (Lea: Las potenciales regiones para crear Zidres)

En ese sentido, quienes hacen el llamado a la Comisión de Seguimiento afirman que el Gobierno no puede usar el fast track para tramitar iniciativas normativas “que ha tenido proyectadas con anterioridad bajo otros enfoques de política pública, que se apartan totalmente del espíritu del Acuerdo de Paz”. Para que un Proyecto de Ley vaya vía fast track debe cumplir con requisitos de “conexidad, finalidad y estricta necesidad” en función del Acuerdo y por los cuestionamientos señalados, “el cumplimiento de dichos requisitos resulta ampliamente cuestionable”.

Precisamente, el pasado 9 de marzo, la Corte Constitucional tumbó el decreto 2204 de 2016, que establecía que la Agencia para la Renovación del Territorio Rural quedaba a cargo del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República y no del Ministerio de Agricultura. El Alto Tribunal aseguró que para tramitar normas vía Fast Track se deben cumplir unos requisitos que fueron previstos en la Sentencia 699 de diciembre de 2016.

Yamile Salinas, asesora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explica que el contenido del proyecto de Ley menciona la Reforma Rural Integral como apellido del Fondo de Tierras, pero que su contenido está más ajustado a las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo que a la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz. (Lea análisis: Proyecto en el fast track para sanear la acumulación de UAF)

En el análisis, Salinas indica que el Proyecto de Ley tiene consonancia con la Ley Zidres, advirtiendo que la propuesta de legalizar administrativamente la acumulación de baldíos impide documentar los “fenómenos de violencia, corrupción, proyectos económicos y estrategias de despojo disfrazadas de negocios legales”, como lo ha señalado en varias sentencias la Corte Constitucional.

El llamado a la Comisión de Seguimiento también es que vía fast track el gobierno nacional busca aprobar de forma expedita leyes que, además de contradecir el Acuerdo de Paz, deben surtir el trámite ordinario en el Congreso.

Violencia en Tumaco también se enfila contra los guerrilleros

En la misma semana, mataron a un indultado que había salido de la cárcel y a cuatro personas que se decían exmilicianos, pese a que las Farc no los reconocieran como tales. Alteración del orden público e inestabilidad política agravan la situación.

asesinatos tumacos 1Foto: VerdadAbierta.com.De nuevo en el puerto nariñense sobre el Pacífico se prenden las alertas sobre la implementación del Acuerdo de Paz, pues allí parece que el pacto entre las Farc y el Gobierno es sólo de papel, pues no ha contribuido a ponerle fin a la violencia que agobia a sus pobladores. Por el contrario, la situación se agudiza más por culpa de las disputas entre grupos armados ilegales que pretenden quedarse con las rentas de los negocios ilegales.

Esa violencia desbordada comenzó a impactar a los mismos guerrilleros de las Farc. El pasado 16 de abril fue asesinado en el corregimiento La Guayacana de Barbacoas, pero muy cerca de Tumaco, Luis Alberto Ortiz, guerrillero del Frente Daniel Aldana conocido dentro de las filas de las Farc como ‘Pepe’ y quien hace dos semanas salió indultado de la cárcel Villa Hermosa en Cali.

Ortiz, indígena de la etnia Awá de 26 años de edad y con seis de pertenencia a las Farc, era uno de los cuatro insurgentes que han sido excarcelados para trasladarse a la zona de concentración de Tumaco, según le confirmó a VerdadAbierta.com Henry Castellanos, conocido como ‘Romaña’. Un defensor de derechos humanos que pidió la reserva de su nombre precisó que ‘Pepe’ pidió no estar dentro de la zona para vivir con su esposa y sus dos hijos.

A través de un comunicado las Farc denunciaron el hecho y responsabilizaron a un hombre identificado con el alias de ‘Renol’. Al preguntarle si él pertenecía a algún grupo armado, ‘Romaña’ respondió que son las “estructuras paramilitares” ubicadas en el corregimiento Llorente, de Tumaco. “Todo el mundo sabe dónde están, qué comen, dónde duermen. No son estructuras nuevas”, señaló el jefe subversivo, quien está encargado de la Zona Veredal del puerto nariñense, donde un grupo de insurgentes se preparan para retornar a la vida legal.

El defensor de derechos humanos consultado aseguró que en las calles de La Guayacana ‘Renol’ se hace pasar como miembro del Eln y se le atribuyen por lo menos otros cinco asesinatos de civiles.

Pero ‘Pepe’ no es el primer guerrillero que ha estado en la mira desde que las Farc se concentraron en las dos zonas veredales instaladas en Nariño. A finales de marzo, el turno fue para Idelber Rengifo, un miliciano del Frente 29 que sufrió un atentado en Samaniego. En un comunicado, las Farc se refirieron a él como un dirigente de masas de bajo perfil.

“No hay amenaza contra nosotros directamente, pero esto se constituye en una generalizada pues si eso pasa con compañeros que tienen poca visibilidad, ¿qué pasaría con quienes son más visibles”, dijo ‘Ramiro’, comandante del Frente 29, quien está concentrado en la zona veredal de Policarpa.

Por su parte, ‘Romaña’ explica que en Tumaco los guerrilleros que están dentro de la zona sí han recibido algunas amenazas, además de ciertos panfletos con los que pretenden intimidar a quienes integran allí la sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y a algunos líderes sociales.

Ante la pregunta de por qué hay guerrilleros por fuera de las zonas veredales si el Acuerdo de Paz estipula que las milicias también se debían concentrar, ‘Romaña’ sostuvo que en el caso del indultado él podría regresar a su casa según lo acordado y que algunos milicianos tienen permiso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“En el acuerdo se estipuló que las milicias de reserva y las milicias populares no ingresan a las zonas veredales”, indicó el jefe guerrillero. Sin embargo, al hacer una revisión de lo pactado, se contrasta que esto realmente no está contemplado ni en el Acuerdo de Paz ni en los protocolos de seguridad que crearon el gobierno nacional y las Farc para la seguridad de las zonas de transición. Pese a esto, fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz afirmaron que al no ser guerrilleros en armas, los milicianos podían estar por fuera haciendo trabajo político.

Disputa entre grupos armados

asesinatos tumacos 2Foto: VerdadAbierta.com.Además de los casos de estos guerrilleros, otro hecho ocurrido revela la magnitud de la confrontación entre ilegales. El pasado 15 de abril fueron asesinados por lo menos cuatro miembros de un grupo armado que en enero le escribió a la alcaldesa de Tumaco para solicitar ayudas en la dejación de armas.

En su momento, voceros de este grupo disiente aseguraron que habían sido miembros de las Farc, mientras que la guerrilla sólo reconoció a 12 de ellos como exmilicianos.

Grupos armados ilegales de Tumaco, en un callejón sin salida

“En horas de la noche, en la vereda Bajito Vaquería […] asesinaron a cuatro hombres con edades entre los 19 y 29 años de edad, miembros de un grupo armado aún sin identificar”, alertó la Diócesis de Tumaco mediante un comunicado.

Por su parte, la Diócesis detalló que entre enero y marzo de este año han ocurrido 30 asesinatos en el puerto nariñense. Y es que tal como lo explica, desde la desmovilización de los paramilitares en 2005, Tumaco se llenó de toda clase de grupos armados ilegales que varían de nombre, hasta el punto de que en este año se ha escuchado hablar de Clan Úsuga, Clan del Golfo, La Empresa, Clan Pacífico, Gaitanistas y Gente de Orden.

Para agravar la situación, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reconoció el pasado miércoles ante el Congreso de la República que el cartel mexicano de Sinaloa también hace presencia en el puerto, situación que los tumaqueños conocen desde hace por lo menos un año. De acuerdo con el funcionario, esa organización criminal “ha empezado a asentarse allí al punto que en los operativos que hace la Fiscalía se han llevado a cabo capturas significativas de ciudadanos mexicanos”.

En los corregimientos de Llorente (Tumaco) y La Guayacana (Barbacoas) han circulado panfletos de la autodenominada ‘Organización Sicarial del Pacífico’ y también del Frente de Guerra Comuneros del Sur, del Eln. A ello se suma la proliferación de grafitis de este grupo guerrillero.

“En la segunda semana de marzo de 2017 pintaron ‘Eln’ en muchas viviendas desde la comunidad el Pailón hasta El Diviso, incluyendo las de familias indígenas Awá ubicadas en el Predio El Verde (km 102 al km 110)”, indicó la Diócesis. Sin embargo, ‘Romaña’ descartó de tajo que algún guerrillero del Eln haya asesinado al indultado

Lo que sí es indudable es que los grupos armados ilegales que hacen presencia en Tumaco se disputan cada vez más a sangre y fuego el poder sobre las áreas dejadas por las Farc, tal como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo.

“La situación de riesgo se fundamenta en el interés de otros grupos armados ilegales como las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y el Eln por cooptar a jóvenes que retornen a los barrios y puedan tener experiencia en actividades delictivas, así como otros que por sus condiciones de vulnerabilidad están expuestos a las ‘ofertas’ de beneficios económicos y réditos para sus familias por parte de esas estructuras”, advirtió el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría en un informe de riesgo de inminencia que conoció VerdadAbierta.com y enviado a la Gobernación de Nariño el pasado 6 de abril.

Otra mirada es la que tiene Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz: “Se dice que alias ‘Pepe’ siguió en contacto con todos los milicianos que nunca se unieron al proceso pues para nadie es un secreto que en las zonas veredales de Nariño, especialmente en Tumaco, siguen en contacto como amigos porque se conocen hace mucho tiempo y siguen manteniendo negocios”.

De acuerdo con Álvarez, este hecho también muestra que las Farc están divididas, pese a que lo niegue el Secretariado, por la cantidad de desertores y de inconvenientes que han tenido con los exmilicianos.

Además, este investigador resaltó que pese a que la grave situación de Tumaco se ha advertido desde hace tiempo, el Estado todavía no ha tomado cartas reales en el asunto: “No hay una respuesta integral por parte del Estado más allá del Plan Victoria, que es sólo militar, no se piensa en cómo seguir el trayecto de grupos armados en el escenario de posdesmovilización. Además, se parte de la base de que todos los grupos funcionan igual en vez de crear una estrategia de milicias, otra de desertores y así, cosa que no existe”.

Inestabilidad social y política

Foto: archivo Semana.Además de la fuerte confrontación armada entre estructuras criminales, el puerto tumaqueño ha estado afectado por intensas manifestaciones de cultivadores de hoja de coca para uso ilícito que se oponen a la erradicación forzada adelantada por el Ejército y reclaman una política de sustitución realmente efectiva.

En carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el pasado 17 de abril, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, califica la situación de Tumaco como critica: “Es un territorio donde sus habitantes, además de tener los mayores porcentajes de necesidades básicas insatisfechas del departamento y el país, tienen la mayor cantidad de hectáreas de coca sembradas en Colombia y el mundo”. Se calcula que allí hay por lo menos 17 mil hectáreas afectadas por esos sembradíos.

En su mensaje a Santos, el gobernador nariñense solicitó la creación de una comisión estatal de alto nivel para atender los problemas que afronta Tumaco “con el fin de articular una estrategia integral que permita avanzar satisfactoriamente en la consolidación del posconflicto en el territorio y la lucha contra los cultivos ilícitos”.

En medio de ese ambiente convulsionado, el pasado domingo también fueron asesinados en diferentes hechos tres indígenas: dos en Tumaco y uno en Barbacoas. Al respecto, la Asociación de Autoridades y Cabildos Tradicionales Indígenas Awá, emitió un comunicado en el que señala que esas muertes se suman a la innumerable lista de víctimas que han tenido que padecer en una guerra que parece no tener fin, y que les "da tristeza ver cómo, el proceso de paz que para nosotros significó la posibilidad de volver a vivir en armonía, en la práctica, ha significado el incremento al exterminio físico, cultural y espiritual de nuestro pueblo". Por esas muertes y las de otros tres nativos en Chocó y Cauca, Amnistía Internacional se pronunció y le pidió al gobierno nacional garantías para implementar el acuerdo de paz.

Bajo este agravamiento del orden público, los tumaqueños se aprestan a acudir a las urnas este domingo en unas elecciones atípicas, para elegir alcalde luego de que la titular de ese cargo fuera destituida por el Consejo de Estado tras concluir que estaba inhabilitada para ejercer toda vez que tenía una relación marital con quien fuera un alto funcionario del hospital local hasta días antes de su elección, en octubre de 2015.

Grupos armados ilegales, economías criminales y corrupción administrativa hacen de Tumaco un escenario de confrontación donde reina la violencia, sin que las soluciones a mediano y corto plazo se concreten.

Qué tanto podrá revelar la Comisión de la Verdad

Para las víctimas, esto depende de quiénes serán los comisionados, cómo se reconocerá la verdad y qué tan dispuesto está el país para conocer lo que ha sucedido durante más de 50 años de conflicto armado.

comision verdad 1Cerca de ocho millones y medio de víctimas esperan conocer las dinámicas de lo que sucedió en el conflicto. Foto: archivo Semana.Por lo menos en el papel, ya todo está listo para que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición comience a funcionar tras la firma el pasado 5 de abril por parte del presidente Juan Manuel Santos del decreto con fuerza de ley para su creación.

En este documento se reiteró la promesa que se consignó en el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016: que esta Comisión será autónoma e independiente, incluso en lo económico, pues sus dineros provendrán del Presupuesto General de la Nación, de donaciones y de recursos de cooperación internacional. Todo para esclarecer qué ocurrió durante la confrontación armada y, además, generar pactos de convivencia. Para lograr todo ello tendrá un tiempo límite de tres años.

Mientras esa Comisión prende los motores para su creación, las víctimas se preguntan qué tanto alcance puede llegar a tener realmente y qué tanta verdad conocerá el país. Para ellos, esto depende de tres momentos: la elección de los comisionados, el método para conocer la verdad y cómo reciba el país esa información.

El asunto comienza con quiénes serán los miembros de la Comisión de la Verdad. A partir de la firma del Decreto 588, corre el tiempo para que el Comité de Escogencia conformado por delegados de cinco organizaciones que van desde la ONU hasta el Sistema Universitario del Estado elijan a las 11 personas que la conformarán.

Alejandra Gaviria, directora nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), asegura que en las próximas dos semanas se debe reunir por primera vez el Comité de Escogencia y a partir de allí se abren las postulaciones para recibir las hojas de vida de los interesados en ser elegidos. Una vez se cierre esta fase, el Comité tendrá hasta tres meses para tomar la decisión final. (Ver comunicado)

El presidente Santos invitó a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, a las universidades, a los empresarios, a las Altas Cortes a postular a sus candidatos. Pero las víctimas quieren más. Tanto en el Acuerdo de Paz como en el Decreto 588 se asegura que ellas son el centro y que su participación “será plural, amplia y equilibrada”, por ello reclaman desde la Mesa por la Verdad su participación en la elección de los comisionados.

Esta organización fue conformada por cerca de 17 asociaciones de derechos humanos hace dos años con el fin de acompañar la Comisión de la Verdad. Y ahora ellos piden que el Comité de Escogencia anuncie una preselección y sobre estos candidatos, la ciudadanía opine, aunque advierten que estos pronunciamientos sólo los debe conocer el Comité “para evitar campañas de desprestigio”. Otra de las solicitudes es que algunos de los candidatos sean de regiones, de distintas profesiones y que haya igual número de mujeres que de hombres.

A esto se suma otra propuesta que hicieron el Movice y la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos sobre la elección de los comisionados. Ellos le hicieron llegar una carta a cada uno de los delegados del Comité de Escogencia donde les sugerían que ninguno de los comisionados que eligieran haya estado en un grupo armado legal o ilegal y que tengan conocimiento en derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Todo porque el desafío grande es abordar una verdad completa, que no esté dirigida sólo a las responsabilidades de las organizaciones guerrilleras”, precisó Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y miembro del Movice en Antioquia.

Si bien los estándares para ser elegido comisionado ya están puntualizados en el Decreto 588, la decisión final está en manos del Comité de Escogencia. Este es un paso trascendental pues, como señalan los representantes de víctimas, si no se eligen las personas idóneas y plurales se corre el riesgo de que ciertas víctimas queden en el olvido.

El proceso no está exento de críticas. Para el abogado Jaime Restrepo, presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla Terrorista, esta Comisión “obedece a una estrategia de socialismo en el continente que es titulado como el proyecto Nunca más, donde se habla de una verdad en donde se responsabiliza a la Fuerza Pública y a los paramilitares de toda la orgía de sangre, mientras las Farc y el Eln quedan en un acápite diminuto. No se pueden minimizar ninguna de las responsabilidades”.

¿Verdad para ocho millones de víctimas?

comision verdad 2Ninguna víctima de crímenes de Estado hacía parte del panel oficial de la firma del Decreto de la Comisión de la Verdad. Después de la insistencia, le dieron la palabra a la vocera del Movice. Foto: archivo Semana.Las reglas generales de la Comisión de la Verdad dictaminan que habrá audiencias públicas en las que todos los que se consideren victimarios, desde guerrilleros y militares hasta empresarios, podrán acudir a reconocer sus responsabilidades en el conflicto únicamente si así lo quieren. Esta verdad podrá ser de manera colectiva, es decir, explicando lo que sucedió en general, o individual para aceptar lo que le pasó a una persona en específico.

El reto de la Comisión es lograr un equilibrio entre ambas maneras de reconocimiento puesto que es casi imposible determinar la verdad de lo que ocurrió con los más de 8.4 millones de personas que están en el Registro Único de Víctimas que padecieron afectaciones entre el 1 de enero de 1985 hasta el 1 de abril de este año; y a la vez no se puede hablar únicamente en términos generales de lo que ha pasado en los últimos 50 años de conflicto.

Alejandra Gaviria, del Movice, explica que la idea es que la responsabilidad individual refleje ciertos tipos de victimización que ayuden a esclarecer el fenómeno como tal, como los magnicidios de candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán o Bernardo Jaramillo para entender la violencia política. Pero complementando eso con una verdad colectiva que muestre las dinámicas, por ejemplo, del despojo de tierras o de los asesinatos selectivos.

“No conoceremos qué pasó a cada uno de los 8 millones de víctimas de manera individual, sino que en ese gran relato tendrán que estar incluidas. Es decir, no estará el nombre de mi padre, pero sí comprenderé qué pasó con la Unión Patriótica, de la que hacía parte mi padre”, precisa la activista.

Todo esto sin olvidar que el mandato de la comisión es para esclarecer sólo “graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto”. Esto implica que los hechos que no alcancen esa gravedad, no serán tema en la Comisión de la Verdad.

Para el abogado Restrepo esto no es un inconveniente; a su juicio, por lo menos en el papel, lo que se ha acordado hasta ahora cumple con los estándares internacionales del Estatuto de Roma, pero advierte que falta que se aplique en la realidad.

Sanar heridas

comision verdad 3El llamado reiterado de las víctimas es a que se conozcan las dinámicas de lo que pasó en el conflicto y quién estuvo detrás. Foto: archivo Semana. ​Durante los cuatro años que duró el proceso en La Habana, se hicieron evidentes las diferencias que existen entre las múltiples organizaciones de víctimas, mientras, los partidos políticos eligieron su orilla a favor o en contra de los diálogos de paz.

En ese ambiente caldeado es que trabajará la Comisión de la Verdad y por eso algunas víctimas se preguntan qué tan dispuesto está el país para conocer lo que realmente ha sucedido en el conflicto durante las últimas décadas.

Para Restrepo, por ejemplo, el miedo es que se utilice esa verdad para perseguir a los son considerados como “los enemigos”. Esto a pesar de que el presidente Santos advirtió que se no se trata de una “cacería de brujas o una cascada de señalamientos indiscriminados”.

Adriana Arboleda recuerda que, por ejemplo, durante Justicia y Paz los paramilitares decían que no podían contar la verdad porque la sociedad no estaba preparada. “Pero ese es un argumento de victimarios porque contar la verdad no polariza, sino que ayuda a la convivencia, la reconciliación y las garantías de no repetición, que es de lo que habla el acuerdo”, señaló.

Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, que es una de las organizaciones que hacen parte de la Mesa por la Verdad, explica que esa polarización sí es negativa, pero no lo es todo: “A diferencia de otras comisiones en el mundo, no sólo esclarecerá qué ocurrió, sino que uno de sus propósitos es ayudar a construir pactos de colaboración entre los actores sociales”.

Algo similar opina Gaviria cuando dice que el trabajo de la Comisión será encontrar una “verdad para la sociedad que no es para dividir” y que por más que en Colombia falte mucho para crear pactos de convivencia, “es la Comisión la que sirve como metodología social y que no se hace únicamente si la gente está dispuesta a escuchar o no”.

Para lograrlo, la Comisión podrá utilizar otros insumos que se hayan construido con anterioridad y estos abundan en Colombia. Está por ejemplo el trabajo de 20 museos adscritos a la Red Colombiana de Lugares de la Memoria, las decenas de investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los documentos de la Fiscalía respecto a todos los actores del conflicto y las verdades que han reconocido los paramilitares durante Justicia y Paz.

De hecho, surge la pregunta de qué tanta verdad podrá revelar la Comisión frente a los otros trabajos que ya se han hecho.

“Lo que tenemos es verdad judicial con la versión de los victimarios. Es una verdad acomodada”, explica Arboleda. Hasta el mismo presidente Santos reconoció durante la firma del decreto que “antes sólo podíamos aspirar –si acaso– a la verdad judicial. Ahora las víctimas van a poder obtener la verdad total, que es la suma de la verdad, de las experiencias, de todos los involucrados en el conflicto. Y no sólo las víctimas: también la sociedad”.

Respecto a los ejercicios de memoria que se han hecho, Arboleda cita como ejemplo la investigación del Centro de Memoria sobre la Comuna 13, en Medellín. Si bien la califica como un “muy buen trabajo en cuanto al desplazamiento” explica que hay varios hechos violentos que en los que no se profundiza como los homicidios, las desapariciones y las responsabilidades de los gobiernos y de la Fuerza Pública.

Para Gaviria, desde el Movice, la verdad la conocen las víctimas, pero no toda la sociedad y el trabajo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, desde el CNMH, ha sido sobre casos emblemáticos. Esto a excepción del informe ‘¡Basta ya!’, que es un ejercicio de verdad del conflicto que hizo el Centro pero que para Gaviria no profundizó de la manera adecuada en ciertas violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, conocidas popularmente como los falsos positivos.

Pero ahora el panorama es completamente distinto, por primera vez el Estado y las Farc se comprometen a aportar la verdad. “Esa llamada con semejante legitimidad no existía hasta el momento. Es un paso trascendental porque nunca habíamos tenido el compromiso de las partes para contar la verdad”, indica Gaviria.

Precisamente para aprovechar esta oportunidad única, las víctimas se están organizando desde ya. Restrepo anuncia que diferentes abogados especializados en derechos humanos y en DIH están trabajando para “para confrontar a las Farc para que desplieguen la verdad integral y completa”. El Movice, por su parte, explica que desde hace más de 30 años las víctimas han sido muy juiciosas recolectando cada información del caso, incluso cuando la Justicia no lo hace, “tal vez esperando esta oportunidad”.

Arboleda cuenta que están proponiendo otros métodos para que la Comisión de la Verdad funcione, además de las audiencias públicas. A su modo de ver, se deben pensar más estrategias a nivel territorial para que las víctimas no sólo tengan dos o tres minutos de intervención. “El desafío es que hay poco tiempo para establecer una metodología. Esta será posible a medida que la Comisión de la Verdad se articule con las víctimas”, precisa.

Y es que por más que se propongan acciones efectivas desde ya, finalmente el alcance real de la Comisión de la Verdad sólo se conocerá cuando se sepa, por ejemplo, quiénes son los comisionados o se especifique cómo es la participación de la sociedad. Hasta que ese momento llegue, las víctimas se seguirán organizando para aprovechar esta oportunidad que todos consideran histórica.