En la era de Trump, ¿habrá respaldo al acuerdo de paz?

El presidente electo de Estados Unidos poco o nada ha dicho sobre Colombia. En medio de incertidumbres y especulaciones, la embajada en Estados Unidos y organizaciones sociales en Washington comienzan una campaña para rescatar el paquete de ayudas que había propuesto el gobierno saliente de Barack Obama.

trump 1El próximo viernes, 20 de enero, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos. Foto: archivo Semana.Como parte de una tradición en Estados Unidos, los funcionarios de la saliente administración escriben cada cuatro años un resumen de sus logros en un documento conocido como Exit Memo. En el suyo, el Secretario de Estado, John Kerry, resaltó el apoyo del gobierno Obama al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia. “Creemos que este acuerdo ayudará a lograr una paz justa y duradera para todos los colombianos, y estamos dispuestos a apoyar la implementación del acuerdo”, dice el texto publicado el pasado 5 de enero.

Pero, más allá de las intenciones del gobierno saliente, hay pocas esperanzas de que este tema siga siendo una prioridad para la administración de Donald Trump. En abril de 2016, durante la campaña, en su único discurso dedicado a la política exterior, el entonces candidato anunció su slogan America First (América Primero): “Ningún ciudadano estadounidense volverá a sentir que sus necesidades son secundarias a las de los ciudadanos de países extranjeros". Esto, según analistas internacionales, implica que, en términos de presupuesto, le dará prioridad a los problemas domésticos.

De Colombia sólo se refirió a mediados de junio en un comunicado en el que criticaba a Hillary Clinton por haber respaldado el Tratado de Libre Comercio. Lo cierto es que más allá de México y el muro que propuso construir en la frontera, Trump ha hecho muy pocas menciones sobre América Latina.

“Hay cierta incertidumbre porque no ha hecho un sólo pronunciamiento sobre el proceso de paz. Podemos esperar un respaldo al acuerdo, ahora que el Congreso lo aprobó, pero las respuestas sólo las tendremos cuando comience su administración”, indicó Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Lawg (Latin America Working Group), una coalición de organizaciones que conecta activistas latinoamericanos con el Congreso de Estados Unidos.

Por esta razón, en cabeza de Atlantic Council, un reconocido centro de pensamiento en Washington, se creó un grupo de trabajo que reúne a congresistas y exfuncionarios de ambos países para conseguir que Estados Unidos siga respaldando a Colombia luego de firmar el acuerdo. El grupo será dirigido por los congresistas Roy Blunt, republicano, y Benjamin Cardin, demócrata  

Gran parte de lo pase en los próximos meses dependerá del lobby que haga el embajador Juan Carlos Pinzón. Quien también podría tener un papel central en esta discusión es el general retirado de la Marina John Kelly, quien fue designado por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Entre 2012 y 2016, Kelly fue jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), que dirige las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

El general retirado ha elogiado públicamente los cambios en materia de seguridad en Colombia y ha dicho que debe mantenerse el respaldo de Estados Unidos al país suramericano durante la etapa de posconflicto. Sin embargo, Kelly solo ocupará el cargo si el Senado aprueba su nombramiento.

¿Y el paquete de ayudas?

trump 4El saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promovió la creación del programa Paz Colombia, para ayudar en la fase de posconflicto con las Farc. Foto: archivo Semana.El nuevo Congreso, de mayoría republicana, es el encargado de aprobar cada año el Presupuesto de Asuntos Internacionales, que incluye los paquetes de ayudas que se designarán a cada uno de los países.

A pesar de que en los últimos años había una tendencia de disminución al presupuesto que era entregado a Colombia, en 2016 Obama propuso que un paquete de 450 millones de dólares (muy por encima de los 300 millones aprobados en 2015), aunque menor a los 700 millones que se entregaron hace 10 años con el Plan Colombia.

El Senado y la Cámara lo habían aprobado, incluso le sumaron 90 millones más, gracias al lobby de organizaciones de derechos humanos que trabajan desde Washington. Sin embargo, llegó el final del año y el presupuesto de asuntos internacionales de todo el mundo no fue aprobado porque los partidos no lograron ponerse de acuerdo. Algo que ha sido común en los últimos años.

Donald Trump, una vez posesionado, tendrá que enviar una nueva propuesta al Congreso sobre el Presupuesto de Asuntos Internacionales. Por ahora los recursos están aprobados hasta marzo de este año.

Aún es muy pronto para saber qué va a pasar, pero el slogan del America First y el apoyo que le dieron a Trump algunos republicanos de base, que son poco internacionalistas y que prefieren ahorrar dinero recortando ayuda exterior, hacen temer que pueda haber ajustes a los paquetes de ayudas en el mundo.

A pesar de la nueva coyuntura, para algunos analistas el escenario no es tan sombrío, pues la cooperación en Colombia nunca ha generado grandes debates entre los partidos. “No creo que habrá cambios grandes en la ayuda hacia Colombia que se basen en términos de partido. Puede haber cambios relacionados a ajustes fiscales que los republicanos quieren hacer globalmente”, aseguró Gimena Sánchez, Coordinadora del programa de los Andes Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus iniciales en inglés), quien sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia.

Históricamente las discusiones sobre Colombia entre los congresistas no han girado en torno a si debe o no entregarse el paquete de ayudas, sino en cómo deben distribuirse las cargas. Mientras los demócratas han puesto más énfasis en ayudas económicas y protección de derechos humanos, los republicanos se han centrado más en temas de drogas y seguridad. Fueron esas discusiones las que en 2007 hicieron que la proporción de las ayudas cambiara, de tal manera que el componente militar disminuyó del 80% al 65% del total del paquete de ayudas.

Temores de los congresistas

trump 2En los próximos días el Congreso tendrá que definir un nuevo presupuesto para gastos internacionales. Foto: archivo Semana.Sobre el proceso de paz en Colombia, durante la administración Obama, la mayoría demócrata y una pequeña parte del partido republicano respaldaron abiertamente el proceso de paz (aunque no necesariamente implica que todos conozcan en detalle en qué consiste el acuerdo) y por eso fue aprobado el presupuesto.

Sin embargo, la discusión dejó ver algunas de las preocupaciones de los congresistas. Hubo un grupo, sobretodo republicano, que aunque apoyó el proceso estaba muy preocupado por el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. “Ese es un tema crítico en Estados Unidos. Por más que sea progresista, un político siempre tiene que parecer duro contra las drogas. Oficialmente todos van a decir que están de acuerdo con una política de cero coca y hay poco respaldo a la sustitución gradual”, indicó Sánchez.

Para los expertos es claro que Obama dio un giro a la política de Estados Unidos cuando no se opuso a que el presidente Juan Manuel Santos detuviera las fumigaciones aéreas con glifosato, pero no es claro si esa visión va a continuar con la nueva administración.

“Trump ha dicho muy poco del narcotráfico, ha hablado más de ley y orden a nivel doméstico. Pero creo que si llega abril y la estadística de Colombia sigue aumentando -por ejemplo llega a más de 200 mil hectáreas- las presiones van a ser muy grandes. Si Santos se enfoca sólo en la nueva política contra los cultivos ilícitos, es posible que la gente de Trump no vaya a ser tan paciente”, explicó Adam Isacson, miembro senior de Wola, una de las personas que más conoce la relación Colombia - Estados Unidos.

Hay también críticas frente a la no extradición de miembros de las Farc. Para los expertos, el caso de Colombia es una excepción, pues este mecanismo sigue siendo una herramienta importante en la lucha contra las drogas de otros países, sobretodo en Centroamérica. Aunque las solicitudes de extradición no dependen del Ejecutivo, sino de los fiscales de cada uno de los Estados, no es claro que el gobierno de Trump esté de acuerdo con la medida tomada por Colombia.

Otro grupo pequeño de congresistas, mucho más cercanos al expresidente y senador Álvaro Uribe, repitieron en el Congreso los argumentos esgrimidos por el Centro Democrático. Se trata especialmente de los latinos, más específicamente de los cubanos-americanos republicanos (la mayoría del sur de la Florida) que rechazaron de entrada el proceso, porque la mesa fue instalada en Cuba y porque recibió la ayuda de Venezuela.

Estos congresistas son un remanente del intenso trabajo de lobby que Uribe llevó a cabo bajo su administración (2002-2010). Aún es común que sean los miembros del Centro Democrático quienes sean citados como fuentes por los periodistas en Washington o los invitados por centros de pensamiento para dar sus opiniones sobre el estado de los derechos humanos en Colombia.

Un grupo menor de demócratas considerados de izquierda, pero con mucha influencia en temas de derechos humanos, han hecho fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz y las penas acordadas para los crímenes de lesa humanidad. La argumentación de estos congresistas ha ido muy de la mano de las críticas que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha hecho al acuerdo de paz.

El trabajo que queda por delante

trump 3John Kerry, saliente secretario de Estado, junto con el presidente Juan Manuel Santos. Foto: archivo Semana.Lograr que el Congreso aprobara el paquete de ayuda para Colombia no fue fácil. Las organizaciones llevaron a víctimas de todos los actores armados del conflicto, especialmente a las que fueron a La Habana, para que les explicaran a los congresistas estadounidenses por qué estaban de acuerdo con un proceso de paz. Las organizaciones no gubernamentales se encargaron de resolver las dudas en el Senado y en la Cámara, tarea que se ha dificultado después del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre.

“Sin importar cuál sea el panorama actual, nosotros vamos a seguir trabajando para que nuestro gobierno siga apoyando la implementación de los acuerdos, igual que el acuerdo del Eln”, indicó Lisa Haugaard, aunque aclaró que aún no se sabe qué importancia va a tener la defensa de los derechos humanos en términos de política exterior para el gobierno de Trump.

El mayor reto será, sin duda, conseguir que el paquete de ayudas se siga aprobando para respaldar la implementación de los acuerdos acordados con las Farc. “En general, es más difícil conseguir plata para la paz, que para la guerra. No me refiero que así piensen todos los congresistas, pero sí hay muchos intereses económicos y de seguridad que interfieren en las políticas de Estados Unidos frente a Latinoamérica”, apuntó Haugaard.

Un ejemplo de estos intereses fue visible en el Plan Colombia. Aunque se trataba de una inversión mayor de dinero, gran parte de los recursos regresaba a Estados Unidos en forma de contratos para compra de helicópteros, aviones especializados y contratistas para hacerle mantenimiento, entre otros.

Se espera que en el primer semestre de 2017 todas las incertidumbres se aclaren y el gobierno de Juan Manuel Santos diseñe una nueva estrategia para no perder la ayuda económica de Estados Unidos, necesaria para implementar los acuerdos alcanzados con las Farc y garantizar, como dijo Kerry, “una paz justa y duradera para todos los colombianos”.

“Es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”

Michael Evans, el analista del National Security Archive en Washington que ha trabajado en la desclasificación de archivos referidos al país, opina sobre el efecto que estos documentos pueden tener en una futura comisión de la verdad.

entrevista michael avansMichael Evans, el analista del National Security Archive.The National Security Archive es una organización no gubernamental que vela por hacer públicos los documentos que han sido clasificados por las agencias de seguridad en Estados Unidos. Desde allí, el investigador Michael Evans ha seguido de cerca los documentos que hablan de violaciones a los derechos humanos en Colombia: interceptaciones ilegales de DAS, pagos de empresas multinacionales como Chiquita Brands a grupos armados, y militares al servicio de los paramilitares, entre otros.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Evans advierte de la importancia de que la sociedad civil se prepare para la Comisión de la Verdad en Colombia propuesta en el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional. La experiencia de otras comisiones en Latinoamérica muestra que los archivos desclasificados de Estados Unidos han jugado un papel muy importante y cree que Colombia no será la excepción.

VerdadAbierta (VA): Teniendo en cuenta el trabajo que han hecho con otras comisiones de la verdad en el mundo, ¿cómo cree que puede prepararse Colombia para crear la comisión de la que habla el acuerdo de paz?

Michael Evans (ME): Creo que primero debe haber una discusión, en términos concretos, sobre cómo será la Comisión de la Verdad, qué es lo que quiere que se logre y cuáles son esos casos emblemáticos que representan el conflicto armado en Colombia.

Aunque aún no es tan claro cómo va a operar, una de las cosas con las comisiones de la verdad es que operan en un corto periodo de tiempo, 2 o 3 años, y entre más tiempo haya para prepararse es una ventaja. Se pueden elegir unos 40 o 50  casos de violaciones de derechos humanos cometidos por los distintos grupos armados ilegales y legales.

Tener tiempo es importante para acceder a la información necesaria, hay mucho trabajo para hacer en Estados Unidos.

(VA): ¿Cuál cree que es el papel de la sociedad civil en esta discusión?

(ME): Pienso que deben estar unidos para definir una agenda en la Comisión de la Verdad. Eso no implica que todo el mundo tiene que estar investigando los mismos temas. Podemos pensarlo como un gran rompecabezas, y de acuerdo con sus intereses diferentes organizaciones y personas pueden trabajar en distintas partes del rompecabezas y, con suerte, al final se logrará unir todo.

La discusión no se puede quedar solo entre un pequeño grupo de personas, no las mismas organizaciones de derechos humanos que siempre dan las discusiones. Debe haber un esfuerzo por incluir diferentes voces, diferentes partidos, para así encontrar casos emblemáticos de las Farc, del Epl, del Eln, de los paramilitares y de las agencias de seguridad estatales.

(VA): ¿Por qué son importantes los archivos en esta discusión, en especial los archivos del gobierno de Estados Unidos?

(ME): Sobre el conflicto colombiano hay ciertas cosas que están bien documentadas, pero hay aspectos en los que todavía es muy pobre. Con bien documentadas, me refiero a que la información sobre los hechos esté disponible para la gente.

Los archivos de las agencias estatales que se mantienen en secreto contienen información clave en este recuento de la historia. Y si uno de los objetivos de las comisiones de la verdad es entender la responsabilidad del Estado en el surgimiento, por ejemplo, de la insurgencia o del paramilitarismo, entonces tenemos que acceder a esa información.

Si no es posible acceder a esa información oficial  en Colombia, una de las formas de conocerla es por medio de los archivos que están disponibles en Estados Unidos. Sabemos también, por experiencias anteriores como la de Guatemala, que cuando se acerca una comisión de la verdad, las agencias estatales que han estado vinculadas con represiones pueden destruir el material incriminatorio.

No estoy diciendo que lo mismo esté pasando en Colombia ahora mismo, pero hay muchos archivos de los que poco se sabe, como por ejemplo los del DAS con los seguimientos ilegales contra la sociedad civil en Colombia, pero sobre el asunto hay información disponible en Estados Unidos. Pasa lo mismo sobre por con la colaboración de inteligencia a grupos paramilitares.

Hay también archivos que pueden incriminar a las Farc, a otros grupos guerrilleros y a los paramilitares. En conclusión, sirven para encontrar información que ha estado escondida o que se han intentado esconder.  

(VA): ¿Cómo se puede acceder a esa información en Estados Unidos? ¿Qué tanto de esta decisión depende de la nueva presidencia de Estados Unidos?

(ME): No es fácil en este punto saber cuál va a ser la posición del gobierno Trump en estos asuntos, si va a haber un apoyo directo al proceso de paz en Colombia. El apoyo del Presidente para expedir y dar inicio a un programa de desclasificación histórica puede ser muy importante, por supuesto, especialmente si la idea es requerir la participación de todas las agencias pertinentes.

Por otro lado, no es necesario que sea el Ejecutivo el que administre una desclasificación personalmente. Es posible que una agencia, como el Departamento del Estado, decida desclasificar sus documentos sin coordinación con la Presidencia. El hecho es que el nuevo presidente no ha elaborado mucho sobre sus políticas sobre Colombia, y en términos generales, es posible que mucho se queda en manos de la burocracia. Vamos a ver.

Desde mi punto de vista, la mejor solución es un programa de desclasificación enfocado en el conflicto armado en Colombia y la violación de derechos humanos. Un programa que sea dirigido desde, en el mundo ideal, por The National Security Council, que es parte de la Presidencia, de manera que desde ahí se pueda requerir la información relevante para Colombia que esté en manos de las diferentes agencias de Estados Unidos: Departamento de Estado, CIA, entre otras.

Cuando en Perú se creó la Comisión de la Verdad, durante la administración del Presidente George W. Bush, se limitó la desclasificación sólo a una agencia, el Departamento de Estado. En el caso de Guatemala, el presidente Bill Clinton designó a alguien de su staff para requerir información sobre violaciones graves de derechos humanos a todas las agencias del gobierno federal. En estos casos fueron las mismas comisiones de la verdad las que hicieron las solicitudes de información al gobierno de Estados Unidos.

Para mí, lo que llamamos “Declassified Diplomacy” es una forma fácil en la que el gobierno estadounidense puede prestar apoyo al proceso de paz, sin que resulte muy costoso.

(VA): ¿Estos documentos no cuentan sólo una parte de la historia? ¿Es posible armar la historia si no se cuenta con el mismo acceso a la información de los documentos oficiales en Colombia?

(ME): Es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia, y es por lo que yo creo que por eso muchas historias se terminan contando desde la visión del imperio, me refiero desde la visión de Estados Unidos o de los países europeos. Pero eso es también el resultado de algo positivo y es que acá hay un sistema de acceso a la información que funciona y que ha existido por 50 años. Hay personas que se especializan en eso, oficinas en casi todas las agencias gubernamentales que se ocupan de responder esos pedidos de información, que entienden que se tratan de obligaciones bajo la ley. Hay un riesgo obvio de que se cree un imperialismo de los archivos, pero es claro que esa no puede ser la única fuente de información.

Creo, además, que si Estados Unidos saca a la luz muchos de esos documentos hasta ahora desconocidos puede ayudar al debate sobre los retos de acceso a la información en Colombia. Hablo específicamente de usar la nueva ley de transparencia en Colombia, de la pieza de esta ley que dice que la información relacionada con derechos humanos debe ser revelada. Pero esto a veces no se cumple porque se cruza con información que por seguridad permanece en secreto.

Tuvimos una experiencia muy interesante en México en la que elevamos a la Corte una solicitud de información, de hechos recientes, sobre violación de derechos humanos. Incluimos los documentos que obtuvimos en Estados Unidos para soportar y apelar la decisión de negarnos la información. Ese caso lo ganamos. Creo que Colombia puede tomar como ejemplo esos esfuerzos coordinados que se han hecho en otros países, pues aunque la ley diga que ese tipo de información debería ser revelada, eso realmente no pasa y no va a pasar hasta que haya esfuerzos de la sociedad civil de trabajar de una forma estratégica.

(VA): ¿Cómo puede ser esa estrategia?

(ME): Me refiero a que tiene que haber objetivos de largo plazo. Además de la organización que debe haber para decidir cuáles son los casos emblemáticos, también tiene que haber un nivel de organización entre quienes estén interesados en ganar alcances de acceso a la información. Debe existir desde ya una estrategia jurídica que sepa qué es lo que quiere y el resultado que espera a largo plazo.

No pueden ser esfuerzos aislados. Por ejemplo, acá en Estados Unidos si vas a la corte con la estrategia equivocada y pierdes, creas un mal precedente que afecta a todos los demás.

En esos archivos hay a veces evidencia de crimines contra civiles que no es revelada porque contiene información sensible sobre esas personas. Creo que las víctimas tienen que estar entonces incluidas en esta conversación. En el caso del DAS, por ejemplo, me arriesgaría a pensar que la mayoría no tiene problema con que se revele su nombre. Muchas de estas víctimas eran personas que simplemente estaban haciendo su trabajo y eso es sólo una evidencia más de que fueron victimizados.  

(VA): Estos archivos resultan muy útiles para rastrear las decisiones de los gobiernos pero, ¿qué tan útiles resultan para conocer más información de grupos armados, en este caso, de las Farc?

(ME): Eso es más difícil, porque se trata de un grupo que no fue elegido popularmente y a quienes no les aplican las mismas leyes de acceso a la información que a los entes estatales. Sin embargo, sí existen en varias investigaciones donde está mucha de la información que ha sido incautada a esos grupos y es información muy interesante. Algo parecido a lo que sucede con Chiquita Brands, lo que conocemos de la empresa no es porque se lo solicitemos a ellos, sino que es información que hizo parte de un proceso judicial y que ahora está desclasificada.

¿Qué hay detrás de la expulsión de ‘Gentil Duarte’ de las Farc?

Justo en momentos en que se da la concentración de las tropas de las Farc en las Zonas Veredales de Normalización y Tránsito acordadas con el gobierno nacional, el Estado Mayor de esta guerrilla anunció la separación de cinco de sus comandantes, lo que suscita profundos interrogantes sobre la verdadera cohesión interna de esta organización.

disidencias 1“Entender el tema de las redes sociales y las familias ampliadas, mecanismo cómo han sobrevivido las Farc, es clave para entender la trayectoria de los comandantes expulsados y qué tan seria puede ser la disidencia”, sostiene Eduardo Álvarez, de la FIP. Foto: Ricardo Cruz.El reciente anuncio hecho por el Estado Mayor de las Farc en el que informa la desvinculación de cinco de sus comandantes, algunos de ellos con una larga trayectoria al interior de esta organización guerrillera, comienza a materializar los temores de analistas, organismos humanitarios y la opinión pública: el surgimiento de peligrosos grupos disidentes, capaces de generar nuevas violencias ligadas más a rentables economías ilegales que a ideales revolucionarios.

Según informaron las Farc a través de su sitio web oficial, fueron separados de esta organización guerrillera “Gentil Duarte, Euclides Mora, John Cuarenta, Giovanny Chuspas y Julián Chollo, quienes hasta hace pocos días cumplieron tareas de mando en la organización. Esta decisión está motivada en su conducta reciente que los ha llevado a entrar en contradicción con nuestra línea político-militar”, tal como se lee en el comunicado.  

No es la primera vez que se conocen casos de deserción de guerrilleros de las Farc. El pasado 11 de noviembre, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo en el que se encuentran las comunidades de los municipios de Mitú, Cararú y Taraira, departamento del Vaupés, por cuenta de las acciones de una disidencia del Frente 1 de esa guerrilla. Esta misma Agencia del Ministerio Público expresó, el pasado 7 de diciembre, su preocupación por la delicada situación de orden público en Tumaco, Nariño, donde diferentes grupos armados, entre ellos la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, se disputan el control sobre rentas ilegales.

La tensa situación de orden público que se vive en regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, donde las llamadas bandas criminales y la guerrilla del Eln comienzan a disputarse territorios dejados por las Farc según informó la Defensoría del Pueblo, también preocupa a organismos humanitarios pues no se descarta que este escenario termine motivando deserciones entre las filas farianas.

Sin embargo, el anuncio divulgado por el propio Estado Mayor de las Farc despierta mayores preocupaciones entre analistas, autoridades civiles y comunidad en general. Y no es para menos. Tal como asegura Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Miguel Botanche Santillana, conocido como ‘Gentil Duarte’, uno de los comandantes expulsados, “podría tener la capacidad de liderar una disidencia que se prolongue en el tiempo”.

Con poco más de tres décadas de vida guerrillera, ‘Gentil Duarte’ se convirtió en hombre clave al interior del Bloque Oriental. Su capacidad para generarle recursos a la guerrilla por cuente del cobro de gramaje a productores y compradores de base coca así como los cobros extorsivos a compañías mineras, petroleras formales e informales le confirieron una importancia y un protagonismo que supo capitalizar entre sus hombres, sobre quienes tiene gran ascendencia.

Como si fuera poco, conoce en detalle una región tan inhóspita como vital para las economías criminales como lo son los departamentos del Caquetá, Vaupés y Guaviare, además de poseer una vasta experiencia militar. Informaciones judiciales lo señalan de haber sido el ‘carcelero’ de varios policías y militares secuestrados por las Farc.

disidencias 2Este es el primer caso donde comandantes de las Farc son expulsados por orden del Estado Mayor. Si bien alias ‘Gentil Duarte’ participó de la refrendación de las Far al acuerdo de paz, su postura terminó alejándolo de la guerrilla y del proceso de paz. Foto: Ricardo Cruz.Si bien participó activamente en la X Conferencia celebrada el pasado mes de septiembre en los Llanos del Yarí, donde el pleno de las Farc refrendó el acuerdo de paz firmado con el gobierno nacional, su expulsión deja entrever profundas diferencias de criterio frente a temas como la paz y la guerra entre los denominados personajes históricos de este movimiento guerrillero. Junto a él estaría Gener Medina, alias ‘Jhon 40’, otro de los comandantes expulsados por el Estado Mayor y señalado por autoridades militares y de Policía como el subversivo más involucrado en el tema del narcotráfico.

Aunque todas las interpretaciones sobre la separación de estos comandantes apuntan a temas relacionados con el narcotráfico, Álvarez manifiesta que, aunque importante, este tópico no agota las explicaciones sobre el surgimiento de disidencias al interior de la guerrilla de las Farc: “Yo prefiero apartarme de esta lectura y creo que hay que mirar un poco el tema organizacional. En este caso creería que es un tema con muchas más raíces históricas y que tiene que ver con las redes sociales que conforman las Farc”.

Y es que, a juicio de ese investigador de académico, frente a las probables disidencias que surjan a lo largo de este proceso de paz, habrá que analizar cada caso en su contexto ya que las Farc, pese a su tan mencionada cohesión interna, funcionan de manera diferenciada en los territorios y cada bloque y frente responde a motivaciones diferentes.
 
Al respecto, un monitoreo al tema realizado por la FIP, señala que ya se han registrado disidencias en La Guajira (Frente 19); en Nariño y Tumaco (Columna Móvil Daniel Aldana); y en Vaupés (Frente 1); a su vez que aumentan riesgos similares en Norte de Santander (Frente 33); en el Chocó (Frente 57); Valle del Cauca (Frente 30) y Putumayo (Frentes 48 y 32).

Cada caso responde a una particularidad especial. En La Guajira, por ejemplo, se informó sobre la deserción de tres guerrilleros rasos de las Farc, hecho considerado hasta ahora como aislado y sin mayores repercusiones. Cosa distinta sucede en los territorios dominados por la columna móvil Daniel Aldana, donde autoridades civiles y organismos humanitarios advierte sobre una muy posible mutación de esta estructura en una peligrosa organización de crimen organizado toda vez que, desde hace años, sus miembros disputan, controlan y defienden rentables mercados criminales, relacionados principalmente con narcotráfico, minería y extorsión.

“Pero el caso de ‘Gentil Duarte’, ‘Jhon 40’ muestra que es un asunto que va más allá del narcotráfico, algo más profundo. Un asunto que tiene que ver con las diferencias ideológicas al interior de las Farc, diferencias al interior de una organización que la opinión pública apenas empieza a conocer”, señala Álvarez, quien plantea además que “una cosa es la obediencia y lealtad en armas y otra sin armas y habrá que considerar también si las poblaciones cercanas a las Farc están a favor del acuerdo de paz o no, cosa que podría influir en las disidencias”.

¿Y qué tan peligrosas podrán ser estas disidencias? ¿Podrán convertirse en fuentes generadoras de nuevas violencias? En el caso de los comandantes farianos expulsados por el pleno de Estado Mayor los riesgos son elevados, dado el conocimiento del territorio, la ascendencia sobre la tropa, su capacidad militar y su habilidad para obtener recursos. Cabe recordar que el pasado 2 de octubre, en plenas votaciones para el plebiscito, se presentó un ataque con explosivos en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, atribuido a línea disidente de las Farc de alias ‘Gentil Duarte’.

La clave para contener una muy posible ola de nueva violencia estará, según analistas, en la contundencia de las acciones que la Fuerza Pública emprenda contra estas nuevas expresiones. Tras conocerse la expulsión de estos comandantes farianos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reaccionó manifestando que serán considerados delincuentes comunes y que serán combatidos con todo el peso de la ley.

Se acerca la hora cero de las Zonas Veredales

Quedan menos de diez días para que las Farc lleguen a los puntos de concentración y las partes han dicho “que están haciendo todo lo posible” para cumplir las fechas. Este es el panorama.

hora cero 1De izquierda de derecha: El general Javier Alberto Flórez , Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz; Carlos Correa, alto consejero para las Regiones; Javier Antonio Pérez Aquino, jefe de observadores de la misión de la ONU. Foto: VerdadAbierta.com.“Por el ir y venir del propio acuerdo, seguramente, no vamos a cumplir con las fechas exactas, pero tenemos el propósito de acercarnos los más posible”, aseguró Luis Alberto Albán Burbano, más conocido como ‘Marcos Calarcá’, delegado de las Farc en el mecanismo tripartito de verificación y monitoreo del cese bilateral del fuego y hostilidades.

Se refiere a la llegada de todos los miembros de las Farc a las 20 zonas veredales y los siete puntos de ubicación donde se dará tránsito a la entrega gradual de las armas. De acuerdo con el Acuerdo Final pactado en Cuba y refrendado por el Congreso de la República, los guerrilleros tienen plazo para llegar a los campamentos hasta el próximo 31 de diciembre.

Los campamentos son una porción de tierra dentro de las zonas de ubicación donde los guerrilleros podrán estar armados y no habrá presencia de la sociedad civil. En las zonas veredales habrá mayor número de guerrilleros, mientras que los puntos fueron diseñados para la llegada de frentes que se encuentran en lugares remotos.

"Muchos temas se concretarán cuando las Farc lleguen a la zona"

Los frentes de las Farc ya están cerca de 19 de estas 27 veredas elegidas, resguardándose en lo que llamaron sitios de pre-agrupamiento, es decir, que solo están esperando la orden de un superior para llegar. Así sucede, por ejemplo, en la vereda Pondores, municipio de Fonseca, en La Guajira, donde un grupo de los guerrilleros aguarda a un kilómetro del campamento.

En esa vereda, al igual que en otras 16, ya fue instalado el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que consta de representantes de tres partes: guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este mecanismo está instalado a un kilómetro de cada una de las zonas de ubicación y es el encargado de velar que se cumpla con el cese al fuego.

Los representantes del gobierno, de la guerrilla y de la comunidad internacional no sólo tienen que trabajar de la mano, sino aprender a convivir. En Pondores se instaló una carpa para que duerman todos los hombres (sin importar a quien represente) y otra en la que duermen las mujeres. Tienen un comedor, unos baños portátiles y unos lavaderos en los que lavan sus prendas a mano.

Hay otras dos carpas donde duermen los 11 miembros de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, unidad que se encarga de brindarle seguridad al Mecanismo de Monitoreo y Verificación a nivel nacional, que está bajo el mando del general Álvaro Pico Malaver.

Tienen una planta de energía, pero no acceso a internet (como sucede en la mayoría de las veredas elegidas), y se planea la construcción de un área de recreación, que puede ser una cancha de futbol.

“Este mecanismo es único. En un mismo vehículo recorren la zona miembros del gobierno, de las Farc y Naciones Unidas. Es un ejemplo total de reintegración”, aseguró el general argentino Javier Antonio Pérez Aquino, jefe de observadores de la misión de la ONU.

El mecanismo tripartito trabaja también desde las ocho oficinas regionales que ya están operando en Valledupar, Bucaramanga, Quibdó, Medellín, Villavicencio, Popayán, Florencia y San José del Guaviare

Los problemas que se han solucionado y los que siguen

hora cero 2Carpas en las que duermen los miembros del mecanismo de monitoreo. Foto: VerdadAbierta.com.Las partes pactaron que se haría una construcción que mezcle madera con materiales prefabricados. El gobierno pone los materiales y los guerrilleros la mano de obra, que será supervisada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene experiencia en este tipo de construcción.

Carlos Córdoba fue nombrado como gerente de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios, y estará a cargo de que la logística para que la instalación de la infraestructura en estas zonas esté lista lo antes posible. Hasta hace poco fue el director Región Central (Rape), una entidad pública regional creada para articular planes regionales de desarrollo económico y ambiental en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y por Bogotá.

Ninguno de los predios elegidos son baldíos (tierras de la nación), por eso el gobierno ha tenido que negociar con los propietarios. En algunos casos, cuando supieron el propósito, los dueños de las fincas prefirieron no arrendar y en otras subir el precio. Por esa razón, algunas zonas como la de Tolima, han tenido que ser reubicadas. Aunque no han dicho una cifra aproximada de cuál será el valor de estas construcciones, se sabe que la gestión de los dineros estará a cargo del Fondo para la Paz.

En la mayoría de esos municipios, además, las autoridades locales se quejaron por la poca interlocución que había con el gobierno nacional. Algunos, incluso, aseguraron que se enteraron de lo que iba a suceder en sus municipios por medio de las noticias. Para solucionar este problema fue designado a Carlos Correa, alto consejero para las Regiones, quien ya tuvo una primera reunión con los 26 alcaldes y 14 gobernadores encargados. “Hay mucha desinformación en los territorios y eso genera incertidumbre no sólo en autoridades locales, sino en las comunidades. Todos los lunes enviaremos información de cada una de las zonas y tendremos una videoconferencia semanalmente”, dijo Correa

Pero más allá de los problemas logísticos, una de las zonas que sigue en veremos es la del Catatumbo. Desde hace meses, los campesinos de la vereda Caño Indio en Tibú venían insistiendo que no podían sustituir los cultivos de coca de un día para otro sin quedarse con un sustento para vivir. El pasado 16 de diciembre estaba pactada una reunión entre el gobierno y la comunidad para llegar a un acuerdo, pero nunca se realizó. Se espera que esta semana se anuncie si se llegó a una solución o habrá un cambio de vereda.

A eso se suma la preocupación de las Farc por la presencia de otros grupos armados muy cerca de las zonas veredales que ponen en riesgo a quienes están por dejar las armas, temor que ha aumentado con los recientes homicidios de líderes locales y defensores de derechos. “Estamos seguros que es un ataque al proceso de paz (…) por eso, nosotros queremos profundizar mucho más en lo acordado sobre las garantías de seguridad”, aseguró ‘Marcos Calarcá’.

2016: letal para los líderes sociales

Así como en las regiones se trabaja sin descanso y sorteando toda clase de obstáculos para acondicionar los sitios en donde empezará la transformación de las Farc de un grupo armado ilegal a un movimiento político sin armas, el Congreso de la República también se mueve a toda marcha para expedir la ley de amnistía e indulto que cobijará al grueso de integrantes de las Farc, que no haya cometido crímenes de lesa humanidad.

El pasado lunes las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y del Senado aprobaron dicho proyecto de ley, el cual será discutido la próxima semana en sus plenarias. De surtirse ese trámite, se suplirá otro escollo que ha tenido la concentración de las Farc, pues varios de sus jefes han señalado en reiteradas ocasiones que el Día D inicia con la amnistía.

Gobierno tiene vía libre para usar el ‘fast track’

Tras el fallo de la Corte Constitucional, ya se radicó la Ley de Amnistía como la primera del paquete de normas para implementar el acuerdo de paz. Estas son las repercusiones de la sentencia.

fast track 1La magistrada María Victoria Calle fue quien anunció la decisión de la Corte Constitucional frente al Acto Legislativa. Ella fue quien presentó la ponencia base para la discusión. Foto: Corte Constitucional.La Corte Constitucional ya tomó la decisión que tenía en vilo la implementación del acuerdo de paz. Hasta antes de la sentencia, la gran pregunta era si el Congreso podía empezar a debatir todas las normas que tienen que ver con la implementación del proceso de paz por la vía rápida que crea el Acto Legislativo 01 o si para ello se debería repetir una refrendación como el plebiscito.

Aunque este martes la Corte no respondió directamente la duda, pues la demanda que estudiaron los nueve magistrados no incluía ese tema, en su interpretación sí aclaró que la refrendación popular a la que está atada la aplicación del Acto Legislativo debe pasar ciertos requisitos y será el Congreso el que define si se cumplen o no.

Tales requisitos se concentran en ser “un proceso en el cual haya participación directa, cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz ’estable y duradera’”, según el resumen de la Sentencia C - 699 de la Corte.

En otras palabras, el Congreso deberá mirar si la refrendación popular fue un proceso amplio, con participación ciudadana directa y si los resultados son interpretados bajo el principio de buena fe. Todo sin acabar espacios posteriores de participación ciudadana y para asegurar la paz en el plano político, explicó la magistrada de la Corte María Victoria Calle.

Lo que sí decidió el Alto Tribunal, con ocho magistrados a favor y un salvamento de voto, fue la aprobación de la cantidad de debates que deben tener los acto legislativos. La vía ‘fast track’, o trámite rápido, permite que las reformas constitucionales discutan únicamente en una vuelta de cuatro debates en el Congreso, y no en dos vueltas con ocho debates, como normalmente se hace.

El demandante dijo que esto “haría que la reforma se produzca con un trámite equivalente al de las leyes, con lo cual se desconoce la estabilidad de las normas anteriores y su especial resistencia frente a cambios motivados por lecturas políticas determinadas”.

Pero la Corte decidió mantener ese artículo exequible pues a su juicio el ‘fast track’ para las reformas constitucionales no sustituyen la Constitución Política “pues tiene como objetivo lograr la paz o la cesación de un conflicto armado, lo que representa un fin imperioso dentro de la Constitución” y porque, además, la reforma no solo se controla en los cuatro debates.

Por el contrario, el Alto Tribunal entendió que existen “tres candados adicionales”, que son el hecho de que el acto legislativo solo empiece cuando se haya verificado su refrendación popular, que todos los debates para reformar la Constitución tendrán que ser aprobados por la mayoría de los congresistas (mayorías absolutas) y no únicamente de la mayoría de los asistentes (mayorías simples), y que todo lo aprobado pasará a un control automático por parte de la Corte independientemente de si hay demandas o no.

La querella también pedía tumbar las facultades que tendrá el Presidente de la República para emitir decretos con fuerza de ley, que le permiten cumplir hasta cierto punto una función legislativa sin necesidad de tener la aprobación previa del Congreso. Para el demandante, esto era una “amplia potestad que se otorga al gobierno [...] con el propósito de implementar el acuerdo final” que ponía en riesgo la división de las ramas del poder.

Al respecto, la Corte concluyó que las facultades presidenciales tampoco sustituyen la Constitución ni quitan las responsabilidades que tiene el Congreso porque son “exclusivamente para la implementación del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de las Farc y solo pueden ejercerse por un término de 180 días”. Además, estará vigilado por el control automático que hará el Alto Tribunal y por el control político en el Congreso.

Acto Legislativo quedó intacto

Por ahora, siguen vigentes todos los artículos del Acto Legislativo, por lo menos mientras la Corte estudia las demandas que hay en curso, incluyendo una del senador Iván Duque, del Centro Democrático, quien pidió declarar inexequible la norma.

Es decir, que siguen intactas las facultades presidenciales, la inclusión del plan de inversiones para la paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el ‘fast track’ o Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.

Este último abrevia los plazos en los que el Congreso debe aprobar o no los proyectos de ley y los actos legislativos que reforman la Constitución. Los primeros ya no se discutirán en cuatro debates sino en dos; mientras que los actos legislativos saldrán en una vuelta con cuatro debates, en vez de ocho. Además, solo el Gobierno podrá presentar estas iniciativas que usualmente también podrían estar a cargo de congresistas, políticos e incluso las Altas Cortes.

Tanto el ‘fast track’ como las facultades presidenciales son transitorios y podrán durar como máximo un año. De ahí en adelante, todas las normas se discutirán en los tiempos normales así estén relacionadas con la implementación del acuerdo de paz y el presidente ya no podrá emitir decretos con fuerza de ley.

El Acto Legislativo también incorporaba todo el acuerdo de paz a la Constitución Política. Aunque la Corte no se pronunció sobre ese artículo, ya el Gobierno y las Farc habían decidido sacarlo tras la renegociación del acuerdo de paz.

Inicialmente, la intención era que todo lo dialogado en La Habana tuviera la misma protección jurídica que cualquier otro artículo de la Carta Magna, es decir que hiciera parte del bloque de constitucionalidad. La pelea que dieron especialmente los uribistas en su momento era que no podía dársele el mismo valor de la Constitución a todo el acuerdo de paz, pues incluía tintes humanitarios pero también políticos, económicos y sociales, como explicó Carlos Holmes a VerdadAbierta.com anteriormente.

El Gobierno y las Farc escucharon esa posición durante los debates posteriores al plebiscito y en la reforma del pacto restringieron que únicamente los temas relacionados con derechos fundamentales y derecho internacional humanitario fueran obligatorios como parámetro de interpretación de las normas de la implementación; y no el acuerdo “íntegramente” como estaba hace unos meses. Además, restringieron que se le dará ese tratamiento especial a los temas puntuales solo durante tres períodos presidenciales, en vez de hacerlo de manera permanente durante todos los gobiernos venideros.

Ante este cambio en el acuerdo, el Gobierno y las Farc convinieron que en el ‘fast track’ se incluya una reforma para eliminar el artículo cuarto del Acto Legislativo 01 y se cambie por un artículo transitorio con los parámetros ya dichos.

Esta modificación está en el primer paquete que tiene pensado presentar el gobierno nacional ante el Congreso para comenzar el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, y con ello las normas que se necesitan más urgente para la implementación.

Lo más urgente del ‘fast track’

fast track 2El mismo día del fallo de la Corte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó la Ley de Amnistía ante el Congreso para que se debata por el 'fast track'. Foto: tomada del Twitter de Cristo.Además de eliminar la parte del bloque de constitucionalidad, el acuerdo de paz estipula otras normas que tienen que presentarse en el primer paquete y que para los negociadores son las prioritarias.

La primera de la lista es la Ley de Amnistía e Indulto. Esta es la norma que le daría un perdón judicial a los miembros de las Farc o a los señalados de ser insurgentes que hoy están en las cárceles. Además, para la guerrilla significa la garantía de que no los van a arrestar durante sus seis meses en las Zonas Veredales donde se concentrarán por seis meses. Mientras esto es aprobado por el Congreso, los guerrilleros se mueven hacia estos puntos sin órdenes de captura en contra, pues la Fiscalía las suspendió tras el inicio del llamado ‘Día D’.

El gobierno nacional y las Farc también acordaron que de manera simultánea pasarían el acto legislativo para incorporar la Jurisdicción Especial de Paz a la Constitución y la norma para crear la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Sin embargo, solo tienen listo el proyecto de Ley de Amnistía y fue el único que radicó el Ejecutivo este mismo martes, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien también hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo.

Las otras normas que están en la lista de prioridades son las que crean la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Además, se incluirá un proyecto de ley para darle un trato diferencial a los campesinos que tengan cultivos ilícitos y un acto legislativo con el que se otorguen garantías al nuevo partido que surja tras la dejación de armas por parte de las Farc.

Con estos primeros pasos comienza ahora sí oficialmente el proceso de paz con su implementación y todo por la vía rápida que tanto pidieron el gobierno nacional y las Farc.