Participación sin armas: un reto con muchos obstáculos

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Sellos acuerdos

De la implementación del punto número dos del Acuerdo final dependerá, en gran medida, que no se vuelvan a usar los fusiles como excusa para hacer política. Reformas administrativas y la creación de varias entidades hacen parte de este nuevo escenario democrático, que no está exento de riesgos. Segunda entrega de cinco artículos de análisis sobre los puntos acordados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.

avr participacion politica 1El partido que surja en el transito de las Farc a la política legal en 2018 tendrá que disputarse los cargos de elección popular bajo las reglas del sistema político colombiano. Foto: María Clara Calle.La exigencia de las garantías para el ejercicio de la oposición política es un tema de vieja data en el país. Luego de la muerte del caudillo del partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, tanto movimientos políticos como guerrillas aseguraron que en el país no existían las condiciones necesarias para oponerse al statu quo sin temor a ser perseguidos judicialmente o, peor aún, asesinados.

El acuerdo “Apertura Democrática para Construir la Paz”, alcanzado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, pretende revertir la historia e impulsar la más amplia participación de sectores sociales y populares en la política. Lo acordado no solo establece el futuro del movimiento de este grupo subversivo, sino el empoderamiento de las comunidades en la contienda política y en el ejercicio cotidiano de sus actividades como fuerzas organizadas.

Para ello, el acuerdo propone, entre otros puntos, la creación de 16 circunscripciones electorales especiales de paz en las regiones más golpeada por el conflicto armado, la distribución equitativa de los recursos públicos destinados a partidos y movimientos políticos y la revisión integral del régimen electoral.

Una de las primeras tareas que demanda el acuerdo, ya puesta en marcha,  es la creación de una comisión, integrada por partidos y movimientos sociales y políticos, entre ellos Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, y dos delegados de las Farc, que tendrá como objetivo entregar un informe con recomendaciones al gobierno nacional, para que éste presente el proyecto de ley ante el Congreso y así crear el Estatuto de Oposición que proteja la apertura a la democracia de diferentes facciones políticas, incluidas el partido o movimiento que surja tras la dejación de armas de la guerrilla y su reincorporación a la vida legal.

En diálogo con VerdadAbierta.com Sergio de Zubiría, académico y miembro del Partido Comunista, explicó que el proyecto adelantado por todos los partidos políticos y movimientos sociales, a excepción del Centro Democrático, cuenta ya con 17 puntos: “Son artículos consensuados con todos los artículos que de alguna manera abren la posibilidad de que inmediatamente gane el Sí uno de los proyectos que quede acordado sea el estatuto”.

Además, el acuerdo es claro en mencionar que las garantías para el ejercicio de la oposición se implementarán distinguiendo a quienes lo hacen dentro del sistema político de representación y a quienes lo ejercen en la vida diaria, es decir, a los movimientos sociales y populares. Para ello se dispondrá un mecanismo especial de seguridad con el fin de preservar la vida de sus líderes y voceros e investigar a todos aquellos que  las organizaciones o individuos que atenten contra lo acordado.

“En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y así encauzar por los canales de la democracia la resolución de las diferencias y los conflictos, contribuyendo de manera decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación”, se lee en el documento del acuerdo final.

avr participacion politica 2La amenaza latente del paramilitarismo es uno de los mayores miedos a nivel territorial para la implementación de los acuerdo. Las amenazas, asesinatos y estigmatización contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales ponen en entre dicho lo que quedó consignado en el acuerdo. Fuente: Somos Defensores, cifras de 2015.No obstante, uno de los grandes temores es que el acuerdo no trascienda del papel por la persistencia del fenómeno paramilitar y de las bandas criminales, actores armados que desde la ilegalidad pueden torpear la puesta en práctica de las reformas que se pretendan hacer para ampliar el espectro democrático. Lo que ha venido sucediendo este año, con el asesinato de defensores derechos humanos, líderes regionales y amenazas contra procesos colectivos, es una muestra de la resistencia que tendrá este punto del acuerdo.

En lo corrido del año, según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido asesinados alrededor de 51 líderes sociales en diversas regiones del país; la última de ellas fue Cecilia Coicué, líder campesina e integrante de Marcha Patriótica, quien fue atacada con arma blanca en zona rural del municipio de Corinto, Cauca.

El año menos violento, pero el de más agresiones a defensores de Derechos Humanos

En reiteradas ocasiones tanto la guerrilla como los movimientos sociales y políticos y las organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una política contundente contra ese fenómeno en el país. “De no acabarse el fenómeno paramilitar o, al menos, irlo diezmando, lo que se reforme y se cree se va a quedar ahí porque el miedo y la zozobra no van a dejar actuar a la gente, especialmente en región”, señaló el representante a la Cámara Alirio Uribe.

Garantías de seguridad: la deuda histórica

avr participacion politica 3Desde 1986 hasta 1990 la UP se mantuvo entre las tres primeras fuerzas políticas del país. Tras el asesinato de más de 5.000 militantes desaparecieron de la arena política. Foto: archivo Semana.El ejemplo más diciente sobre los fracasos de construcción y ampliación del espectro democrático en el país ocurrió tras la creación de la Unión Patriótica (UP), movimiento que emergió en 1984 como resultado de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc. La intolerancia política lo acabó en menos de 10 años. Cerca de 3.600 de sus militantes, simpatizantes y colaboradores, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios, fueron asesinados en un complot entre algunas instituciones del Estado y grupos paramilitares.

La colectividad, que alcanzó a obtener nueve curules en Senado y cinco en Cámara en 1986, no contó con el respaldo estatal tras su exterminio, quedándose en el año 2002 sin personería jurídica y con cerca de 6 mil víctimas, entre asesinadas, desplazadas y exiliadas.

El saldo rojo de la UP

Por ahora, lo que se definió para el inicio del tránsito de las Farc a la política legal es que tengan tres voceros en Cámara y tres en Senado únicamente con voz, que acompañarán los trámites de los proyectos del ‘fast track’, que permitirán la implementación de los acuerdos. Para 2018, el nuevo partido que surja entrará a disputarse las elecciones bajo las reglas del sistema político actual, con una salvedad: si no superan el umbral electoral tendrán garantizadas diez curules en el Congreso solamente por dos periodos electorales.

Si bien hay sectores políticos alarmados por esa decisión, las cifras son bajas si se comparan con otros procesos de paz en el mundo tras acuerdos de paz: en Angola, por ejemplo, 70 curules de 220 fueron para el grupo que dejó las armas; en Nepal 83 de 330; y en Sudán, 126 de 450, ello sin contar lo ministerios y viceministerios entregados.

Para superar los vacíos en la protección de la vida y la libertad de pensamiento y opinión, el acuerdo propone crear un Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, a cargo de la Presidencia de la República, que establecerá mecanismos de interlocución con los movimientos sociales y partidos, incluyendo el que constituyan las Farc en el escenario de la legalidad.

“Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación. La instancia procurará la interlocución efectiva con las mujeres”, precisa el texto del acuerdo, resaltando que la protección para los líderes y voceros será con enfoque diferencial y de género, con presencia territorial y nacional.

Dicho sistema estará acompañado por un Programa de Atención Integral para los integrantes del nuevo movimiento o partido político de la guerrilla, en el que cada uno de sus militantes estará amparado por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la cual se encargará, en compañía de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de garantizar el respeto de la vida y las actividades políticas del conjunto del grupo de civiles que integren la colectividad. Ello con el fin de evitar lo ocurrido con la UP.
 
“La nueva oportunidad que nos brinda el acuerdo se hará realidad en la medida que la creación de los sistemas y mecanismos funcionen, de lo contrario se quedará en el papel y volveremos a lo de antes, con el temor que sea peor. Que funcionen va a depender de la voluntad del Estado, pero de la veeduría que los ciudadanos hagamos”, comentó Aida Avella, presidente de la UP y quien tuvo que vivir en el exilio por varios años.

Aún así, el panorama no es alentador: las denuncias de los defensores de derechos humanos y líderes sociales son reiteradas contra la UNP por varios factores: falta de presupuesto para la gasolina del carro, no se encuentran escoltas disponibles o, simplemente, no hay un esquema de seguridad que la entidad pueda brindar para salvaguardar sus vidas.

Amenazas: primer obstáculo de la “paz territorial”

A ello se suma la poca efectividad en materia de investigación y judicialización de los responsables de las amenazas y los asesinatos en contra de los militantes de los movimientos políticos y sociales, así como de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Un ejemplo es la no identificación de los patrones de persecución y asesinato de los cerca de 116 integrantes de Marcha Patriótica en los seis años de existencia del movimiento.

“Es preocupante que a la fecha no se haya emitido una sola condena por los más de 100 crímenes en contra del movimiento. El sistema judicial no tiene la misma eficacia y eficiencia cuando se trata de investigar y judicializar a quienes están en contra del pensamiento crítico”, cuestionó Piedad Córdoba, vocera nacional de Marcha Patriótica.

Para evitar la repetición de los hechos, el acuerdo propone, de la mano del punto tres sobre el fin del conflicto, la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales que atenten contra la implementación de los acuerdos. Además, supone la creación de una Unidad Especial de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, encargada de perseguir y acusara las organizaciones responsables de masacres, homicidios, violencia de género y demás delitos contra la integridad de los movimientos sociales y la sociedad civil.  

No obstante, un ejemplo reciente de cómo la justicia no operó de forma adecuada fue durante el desarrollo del proceso de Justicia y Paz, a través del cual se juzgó a los paramilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): se remitieron 15.669 compulsas de copias a la justicia ordinaria, que quedaron repartidas por todo el país pendientes de investigación y  que comprometen a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron grupos armados ilegales.

¿Se perdió la oportunidad de juzgar a colaboradores del paramilitarismo

Inclusión territorial

avr participacion politica 4Serán un total de 16 circunscripciones otorgadas a nivel territorial para movimientos y organizaciones sociales donde la guerra fue más cruenta. Sus representantes serán elegidos por la misma comunidad a nivel territorial. Foto: archivo Semana.Uno de los fundamentos esenciales del acuerdo es el empoderamiento de las comunidades en sus territorios y la dotación de autonomía para fortalecer su participación en la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales.

Con ello, la puesta en marcha de la llamada “paz territorial” se manifiesta en la ampliación y conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, contenidos en la Ley 152 de 1994, los cuales tienen la función de garantizar la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas a nivel territorial.

Según el acuerdo, se debe ampliar la participación de la ciudadanía en la formulación de los planes de desarrollo y  en el seguimiento a su  ejecución y evaluación; fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales  y promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa.

De igual manera, para garantizar el pluralismo y la representatividad de los partidos y movimientos políticos, se prevé desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación del umbral en elecciones para Congreso. Adicionalmente, se estipuló un régimen de transición por ocho años en el cual el gobierno financiará la creación de nuevos partidos y movimientos políticos que irrumpan en el escenario político.

Ello quiere decir que las organizaciones asentadas en los territorios como las campesinas, indígenas y de afros que quieran desligarse de alguna colectividad más grande para afrontar el escenario político de manera autónoma, lo podrán hacer con apoyo del gobierno nacional. Situación que al menos durante los ocho años del régimen de transición puede revertir la composición de las minorías en el Congreso, que actualmente son dos para las comunidades afro, una para los indígenas y una para las minorías políticas.

A lo anterior se suman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes, las cuales funcionarán por dos periodos electorales y serán ocupadas por representantes de organizaciones campesinas o comunidades desplazadas en proceso de retorno a los territorios, elegidos por los mismos ciudadanos de las regiones.

“Para nosotros como Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima es un logro poderoso el hecho de poder entrar a la contienda por una de las 16 circunscripciones. De quedar en una de ellas vamos a poder materializar todo el acumulado político y organizativo que hemos trabajado”, aseguró Ernesto Soto, vocero de la colectividad.

Para este campesino del sur del Tolima, una región golpeada por el conflicto armado, una de las grades apuestas sería la consolidación de los mercados campesinos y la economía solidaria dentro de los territorios como política de la gobernación, para lo cual cree indispensable ocupar una de las circunscripciones de la Cámara de Representantes.

Democratizar el espectro de comunicación

avr participacion politica 5Pese a no conocer su nombre aún, el Movimiento Bolivariano es una de las organizaciones clandestinas de las Farc bajo las cuales han realizado política a nivel nacional: Foto Andrés Celis.En este acuerdo quedó establecido que el gobierno nacional se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica divulguen sus agendas políticas y sus plataformas ideológicas. De igual manera, este medio servirá para que las organizaciones sociales puedan promover una cultura democrática de paz y reconciliación.

A la fecha, los únicos canales que han funcionado como plataformas de difusión han sido los que cada partido ha tenido, casi siempre todos de manera virtual, por lo cual, el nuevo espacio se configura como otra de las novedades del acuerdo alcanzado en La Habana.

A ello se suma la puesta en marcha de la apertura de canales institucionales y emisoras comunitarias en las regiones más apartadas y golpeadas por el conflicto con el fin de que contribuyan al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica y reconciliación.

Soraya Bayuelo, líder comunitaria de los Montes de María, aseguró que la participación de la ciudadanía en programas radiales y televisivos será fundamental para la ampliación de la democracia y la inclusión de los territorios en la agenda del orden nacional.

“Quienes hemos tenido medios comunitarios sabemos lo difícil que es llegarle a la gente que no hace parte de los procesos o que no es de la región. Con la capacitación técnica y la apertura de los espacios en emisoras y canales institucionales, contenidos en el acuerdo, se van a generar nuevas oportunidades de procesos comunitarios que afiancen el trabajo en el territorio y que potencien la región al país contribuyendo a la integración nacional”, explicó Bayuelo.

Finalmente uno de los elementos transversales a todo el acuerdo es la promoción y participación política y ciudadana de la mujer en los diferentes escenarios de elección popular o de trabajo organizativo. El acuerdo aboga porque haya una participación equilibrada dentro de las organizaciones entre hombres y mujeres y que el protagonismo también sea plural.

De ganar el Sí en el Plebiscito, el próximo domingo, la implementación del acuerdo de participación política entraría en vigencia con la puesta en marcha del documento de aportes para el Estatuto de la Oposición y la representación con voz en Cámara y Senado de tres miembros del grupo guerrillero para acompañar la ejecución de los proyectos del ‘fast track’. De no ser así, quedará en el limbo este nuevo intento de democratizar la política y dejando de nuevo todo el poder político a las grandes ciudades y excluyendo de la toma de decisiones a los territorios donde se fraguo la guerra.

La tarea titánica de cumplir con el punto agrario

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Sellos acuerdos

Lograr una Reforma Rural Integral, como lo promete el primer punto del Acuerdo Final de Paz, tendrá como retos la coherencia en la política agraria, voluntad institucional y cero corrupción. La implementación tendrá que superar el papel. Primera entrega de cinco artículos de análisis sobre los puntos acordados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.

 

avr tierras 1El Acuerdo sobre el tema agrario promete una Reforma Rural Integral (RRI) con base en tres pilares: el acceso y uso a tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales para la RRI. Foto: archivo Semana.Quien lea las 22 páginas del punto agrario del Acuerdo Final de Paz encontrará que la reforma rural es una promesa que data de por lo menos hace 55 años y que su necesidad está confirmada en los principios de la Constitución Política de 1991. La ‘novedad’ es que esta vez será “integral”, es decir, que no bastará con el gobierno le entregue el título de propiedad a un campesino o comunidad étnica carente de tierra, afectada por el conflicto armado, sino que le garantizará los medios, la infraestructura y la asistencia para progresar en el campo. (Lea páginas de la 8 a la 29 del Acuerdo)

El Acuerdo reconoce que para lograrlo debe garantizar tres aspectos: acceso y uso a tierras, formulación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. En los municipios donde hay cultivos de coca, esos planes deben armonizarse con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como está consignado en el cuarto punto del Acuerdo. (Lea páginas 88 a 105)

Además, esos planes no pueden ir en contra de la seguridad jurídica de las tierras y territorios reconocidos o no a las comunidades étnicas, y en su formulación e implementación debe garantizarse la participación libre, previa e informada, y “el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición”, tal y como se acordó en La Habana. (Lea páginas 178 a 183 del Acuerdo)

Para asegurar el acceso y uso a tierras, se crea un Fondo de Tierras de distribución gratuita de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años, así como seguir impulsando la formalización de 7 millones de hectáreas y continuar con la restitución. Los Programas de Desarrollo y los Planes Nacionales buscan de forma paralela garantizar el desarrollo de la economía campesina y el “buen vivir de la población rural”, en la medida en que el Estado les asegure salud, educación, vivienda, infraestructura, estímulos a la producción agropecuaria y comercialización de sus productos.

En el papel, el camino que anuncia un nuevo campo colombiano es prometedor; pero la realidad plantea dos grandes obstáculos en su implementación: la real voluntad institucional para recuperar los baldíos indebidamente ocupados o adjudicados irregularmente y el choque de políticas públicas que contradicen precisamente el impulso de la economía campesina y la autonomía de las comunidades rurales. Verdadabierta.com presenta un panorama de la tarea titánica que tiene el Gobierno para cumplir con este punto del Acuerdo.

Recuperar baldíos: velocidad cero

avr tierras 2Para lograr una Reforma Rural Integral, el Acuerdo de Paz promete durante los primeros diez años 10 millones de héctareas: 3 millones que constituirán el Fondo de Tierras para titulación y 7 millones en formalización de propiedad rural. Foto: archivo Semana.Los baldíos son las tierras de la Nación. En 1961, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo reconoció que la distribución de la propiedad rural era desigual y que era urgente titular tierras a campesinos carentes de ellas, su gobierno dispuso hacer la reforma agraria y tituló baldíos. Así, el antiguo Incora/Incoder (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria/ Instituto para el Desarrollo Rural) intervino unos 56 millones de hectáreas, de las cuales 19 millones fueron tituladas a colonos y parceleros, principalmente en las regiones del Urabá antioqueño, Montes de María y el Magdalena Medio. (Ver cuadro).

Con el paso del tiempo, los procesos de justicia transicional en Colombia evidenciaron que reforma agraria como tal no hubo. Más bien fue al revés, hubo una contra-reforma. La falta de incentivos agrícolas e infraestructura, la alta informalidad en la propiedad [el 48% no tiene títulos y el Estado no garantizó la inscripción de los títulos en el registro] sumado al desplazamiento y las masacres, promovieron que campesinos vendieran sus tierras a bajos precios, las abandonaran y/o les fueron despojadas. (Ver: Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia: Una Nación Desplazada)

El resultado: en muchos casos estas tierras pasaron a manos de terceros y esos a su vez la vendieron a otros particulares y empresas que concentraron la propiedad. (Lea: ‘Cortinas de humo’ en el tema agrario)

En el intento por reconocer la propiedad rural, los indígenas y los afrodescendientes seguían por fuera. Su situación cambió con la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993. El Estado les reconoció a las comunidades étnicas 37 millones de hectáreas con títulos colectivos en resguardos y consejos comunitarios. Pero como dilucidó también la justicia transicional, sus derechos territoriales fueron violentados durante los últimos 30 años no solo porque los actores armados los confinaron o expulsaron, sino porque algunas porciones de su territorio fueron concesionadas a empresas mineras y agroindustriales. (Lea: Las contradicciones de Santos con la restitución y Zona para las Farc: condimento de líos de tierras en Tumaco)

En 1994 el Gobierno intentó ponerle pies a la reforma rural y puso en marcha la Ley 160 que fijó las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), las extensiones de tierra que -según la riqueza del territorio- permiten a una familia campesina sobrevivir y progresar. De esta forma, la adjudicación de baldíos tuvo como base la UAF, prohibiendo que una persona excediera en más de una Unidad para frenar la contra-reforma. La Ley 160 además creó las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) para impulsar la economía campesina, pero desde esa época solo han sido constituidas seis, mientras otras 24 siguen en trámite. (Lea: Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina)

En 2003, el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) liquidó el Incora y dio paso al Incoder, comprimiendo en una sola institución las funciones que hacían diversas entidades agrarias. Pero en 2015 el gobierno Santos lo suprimió “por incompetente”. Tal como lo evidenció la Procuraduría Agraria y la Contraloría en informes de ese año, el Instituto no fue diligente en sus funciones misionales como recuperar baldíos, además de haber sido cómplice en muchas regiones de la legalización del despojo. (Lea: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder e Incoder, presunto detrimento patrimonial por no recuperar baldíos)

avr tierras 3Hacia un nuevo campo colombiano es el título del acuerdo agrario, que constituye una apuesta no solo por titular tierras a comunidades rurales carente de ellas y afectadas por el conflicto armado, sino acceso a salud, educación, vivienda, infraestructura, estímulos a la producción agropecuaria y comercialización de sus productos. Foto: archivo Semana.El Ministerio de Agricultura aceptó en 2010 que el uso de la propiedad rural era desproporcionado: se usaban 4.9 millones de hectáreas para actividades agrícolas; cuando debería hacerse sobre 21.5 millones; mientras que en ganadería se destinaban 38.6 millones de hectáreas, cuando solo 20 millones eran aptas para tal uso. En 2011 el Dane indicó el ‘abismo’ en la distribución de las tierras: 46% de la tierra rural está en manos del 0.4% de propietarios que tienen más de 500 hectáreas y 70% de los propietarios de terrenos de hasta 5 hectáreas están en el 5% del territorio.

Lo anterior fue confirmado por el Informe de Pnud del mismo año afirmando que Colombia “está entre los países con mayor índice de desigualdad en la distribución de la propiedad”, permitiendo concluir que el modelo de desarrollo es inequitativo y concentrador.

Un año más tarde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) publicó el Atlas de Distribución de la Propiedad Rural señalando que el Gini en Colombia es 0,874 para tierras y 0,886 para propietarios. El Gini es un coeficiente que mide la desigualdad y que advierte esta situación cuando el resultado se acerca a uno. Los datos muestran entonces que en el país hay una alta concentración de la propiedad, de manera que muchos tienen poco y pocos mucho.

En 2014, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-488 ordenó la implementación de un Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, pero el Incoder no avanzó en esa tarea, como lo advirtió la Procuraduría. (Lea: Recuperación de baldíos: un año en blanco y Un llamado de emergencia a la recuperación de baldíos)

Ahora la función recae en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), institución creada en diciembre de 2015 a través del Decreto 2363, y cuyo director, Miguel Samper, fue nombrado en abril de este año. Hace apenas un mes presentó los retos de esta entidad en la Política de Desarrollo Agrario Integral.

El inventario de baldíos es un insumo clave del catastro multipropósito, otro compromiso acordado en La Habana con el que se busca regularizar y hacer visible la propiedad y uso de la tierra, así como aumentar el recaudo predial, que a su vez es una fuente de ingresos de los municipios en los que se implementará la Reforma Rural Integral.

avr tierras 4El Gobierno asegura que el Fondo de Tierras se constituirá en gran parte con la recuperación de baldíos. Esta es una tarea que no hizo con diligencia ni el antiguo Incora ni el Incoder (en liquidación), y será un reto para la nueva Agencia Nacional de Tierras. Foto: archivo Semana.El Acuerdo Final indica que la Reforma Rural Integral se realizará durante los próximos diez años con 10 millones de hectáreas: 3 millones que constituirán el Fondo de Tierras y otros 7 millones que esperan lograr con procesos de formalización de la propiedad. Como lo ha documentado Verdadabierta.com, el Fondo es todo un reto, pues este se nutrirá en gran parte de la recuperación de baldíos y predios en extinción de dominio del narcotráfico y otras actividades ilegales. Y en ambos casos ha habido falta de voluntad política y tropiezos administrativos o judiciales. (Lea: El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz y Ultimátum de la Corte a ‘procesos eternos’ de extinción de dominio).

Sobre la formalización de la propiedad rural, Samper aseguró en una rueda de prensa realizada el 19 de agosto que para ello suscribirá un Pacto por la Tierra con los 32 gobernadores del país, de manera que regionalmente exista un plan estratégico para entregar títulos a campesinos que ya tienen tierras, pero carecen de los documentos que legalizan su propiedad.

“Vamos a salir a buscar a los campesinos para otorgarles los títulos de propiedad en un proceso riguroso nunca antes visto en el país. Les entregaremos la llave de su futuro, de su progreso, de la productividad”, dijo el funcionario y agregó que la titulación irá acompañada de créditos, subsidios, asistencia técnica e infraestructura.

Sin embargo, no es claro con qué recursos la Agencia cumplirá esta meta, pues el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le asignó para la vigencia del próximo año 96 mil 100 millones de pesos, una cifra que solo representa 21% de lo que solicitó, que era 454 mil millones de pesos. Este medio intentó entrevistar Samper sobre los retos del Acuerdo, pero su oficina de comunicaciones dijo que, por el momento, no era posible hablar con el funcionario.

Ante la falta de la jurisdicción agraria establecida en la Ley 200 de 1936 y reglamentada en 1989 con el Decreto 2303, uno de los puntos del acuerdo sobre el tema agrario, el de la formalización de la propiedad, ha tenido como escenario principal los procesos de restitución de tierras. Son los jueces quienes ordenan al Incoder la adjudicación y a otras entidades acciones complementarias para el retorno digno de los campesinos y comunidades étnicas.

Choque: ¿RRI o Zidres?

avr tierras 5El punto agrario acordado asegura la promoción de la economía campesina. En el acceso y uso a tierras, el Gobierno promete que continuará con la constitución de las Zonas de Reserva Campesinas. Desde 1994 a la fecha, solo han sido creadas seis. Foto: archivo Semana.El segundo reto de la implementación del acuerdo agrario es la incoherencia en las políticas públicas en el sector rural. El gobierno de Santos impulsó y sancionó la norma que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres). Según la Ley 1716 de 2016 o Ley Zidres, estas se desarrollarán en zonas apartadas, de baja densidad poblacional y poca infraestructura para promover “proyectos asociativos” agroindustriales y forestales.

En octubre de 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro informó que las Zidres estaban proyectadas sobre 2 millones 975 mil hectáreas en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca y en mayor volumen, en Vichada. La preocupación es que precisamente sobre estos territorios hay reclamaciones históricas de recuperación de baldíos, constitución de territorios étnicos, Zonas de Reserva Campesina, acumulación de UAF [Unidades Agrícolas Familiares] y múltiples problemas agrarios que no resolvió ni el Incora ni el Incoder, y se desconoce cuál es el plan al respecto de la nueva Agencia Nacional de Tierras.

La Ley Zidres deja sin efecto por lo menos dos aspectos de la Ley 160 y no es clara sobre lo que sucederá con las acumulaciones de las UAF. El primero es que permite la entrega de baldíos a “título no traslaticio del dominio”, es decir, sin que salgan de propiedad de la Nación, en extensiones que superan las UAF. Esto para la implementación de proyectos agroindustriales de palma o cereales, y proyectos forestales de caucho, teca y acacia, que requieren de grandes extensiones de tierra y músculo financiero.

El segundo consiste en sanear las situaciones imperfectas. Esto es, reconocerles derechos a las personas que han ocupado de manera indebida baldíos o a las que se los adjudicaron indebidamente. Un ejemplo de lo primero es el caso de La Venturosa-Pinoquia, en La Primavera, Vichada, correspondiente a 72 mil hectáreas que el Estado no ha querido recuperar, pese a que desde 2008 la Unidad Nacional de Tierras (UNAT) anunció tal decisión. (Lea: Las situaciones imperfectas de la Ley Zidres)

Sobre la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, el ejemplo más reciente es el caso de la antigua hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, que ha dejado en evidencia la falta de sintonía entre las instituciones del Estado. El 12 de mayo de este año la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-235 dándoles la razón a los campesinos de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), desarraigados de tus tierras por la violencia paramilitar de los años noventa y reclamantes de 1.200 hectáreas de predios baldíos que hay dentro de la hacienda. (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte)

En esa sentencia, el Alto Tribunal ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro cancelar los registros de propiedad de M.R. Inversiones sobre los predios declarados como baldíos según varias resoluciones del antiguo Incora y del Incoder. Esta acción administrativa es clave para reactivar el proceso de recuperación de baldíos sobre el que falló la Corte. Sin embargo, Marcos Haer Parra, asesor jurídico de la Superintendencia, le envió una carta al Alto Tribunal indicándole que no podía cumplir con tal orden, en parte, porque las resoluciones no son claras con los linderos.

avr tierras 6Un reto en la implementación del Acuerdo será la incoherencia en la política agraria. En la Corte Constitucional, cursan varias demandas de inconstitucionalidad contra las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), señaladas de legalizar la acumulación de baldíos. Foto: archivo Semana.“Esta Superintendencia de manera respetuosa le solicita a la Honorable Corte Constitucional aclarar el contenido y alcance de la sentencia”, indica el Asesor Jurídico. Este tipo de actuaciones dejan entrever la demora en los procesos administrativos cuando el máximo Tribunal decidió sobre un caso que tardó 30 años en resolverse.

En lo que atañe a la recuperación de baldíos sobresalen los casos en trámite ante el Incoder en Vichada y Meta, como la titulación a miembros de la Unidad Técnica Legislativa del exsenador Habib Merheg.

Otro caso emblemático es de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, del fallecido esmeraldero Víctor Carranza, donde una comunidad campesina exige la titulación de 27 mil hectáreas. Sin embargo, el Incoder dilató su recuperación, pese a reconocer desde 2014 la acumulación irregular de baldíos. Ahora los campesinos esperan que la ANT las recupere materialmente, el fallo de la Corte y una respuesta oficial del gobierno nacional, dado que sobre ese predio el Ministerio de Agricultura ha proyectado el primer piloto de la “nueva” administración de baldíos previsto en la Ley Zidres. (Lea: Líder campesino de Meta exige respuestas en la recuperación de baldíos)

La acumulación de UAF ha sido ampliamente descrita y probada en debates en el Congreso de la República e informes de la Contraloría Agraria, el Ministerio de Agricultura y la Supernotariado. Todos han advertido que varias empresas nacionales y foráneas, con asesoría de prestigiosas oficinas de abogados, crearon varias Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) o utilizaron fiducias para concretar UAF en la Altillanura-Orinoquía.

A diciembre de 2015, el Incoder sólo había presentado seis demandas, solicitando la nulidad de la concentración de UAF por parte de los grupos Poligrow, Mónica Colombia y Wood/Timberland Holdings Limited, Helm Trust S.A. y otros (El Brasil), Cargill, Agroindustrias El Guarrojo S.A. y Pablo Valencia Iragorri. Están en estudio otras, entre ellas, la de Aceites Manuelita, en Orocué y San Martín, la Organización Luis Carlos Sarmiento y la familia Aguel Kaffruni. (La otra cara de las tierras acumuladas por empresas y Lupa a tierras que explota Aceites Manuelita en Casanare).

avr tierras 7Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres) están proyectadas sobre la Altillanura-Orinoquía, donde el Gobierno ni si quiera ha resuelto reclamaciones históricas de recuperación de baldíos y constitución de territorios étnicos. Foto: archivo Semana.Sobre la acumulación de UAF en la Orinoquía, José Antonio Ocampo, quien firmó como Ministro de Agricultura la Ley 160 y coordinó la Misión para la Transformación del Campo creada por Santos, señaló la conveniencia de sanear varios “proyectos  empresariales de gran interés, pero cuya seguridad jurídica está hoy en entredicho”, a través de la creación de Zidres, que involucren a pequeños, medianos y grandes productores. ( Lea página 36 del informe Misión para la Transformación del Campo)

El modelo de asociatividad entre empresarios y pobladores rurales ha sido altamente cuestionado, entre otras razones por crear relaciones asimétricas a favor de la agroindustria. Por ello la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho y 12 organizaciones más demandaron por inconstitucional la Ley Zidres ante la Corte Constitucional. El caso fue admitido en agosto pasado y aún está en estudio.

Aún no se sabe cuáles son las UAF acumuladas en la Altillanura. A las 250 mil hectáreas identificados por la Contraloría en 2012, en esa región se suman por lo menos otras 100 mil hectáreas en esta misma situación, entre ellas, las 52 mil hectáreas atesoradas por Major International, empresa del grupo Pacific, en Puerto Gaitán, denunciadas por el senador Alberto Castilla. (Lea: Se denunciará presunta acumulación ilegal de predios por parte de la petrolera Pacific)

El asunto es que según el Conpes 3797 de 2014, titulado Política para el desarrollo integral de la Orinoquía: Altillanura–Fase I, en esa región está pendiente la creación de 18 resguardos, la ampliación de 22, el saneamiento de otros 7, así como asegurar el respeto a los derechos territoriales de las comunidades indígenas de Kanalitojo y Kawinanae, que ya cuentan con medidas cautelares decretadas por los jueces de restitución. También está pendientes las decisiones de la Corte Constitucional en torno a cuatro demandas de inconstitucionalidad. (Lea: Nuevo reto para la Corte Constitucional en el tema agrario)

Verdadabierta.com preguntó en varias oportunidades a la Agencia Nacional de Tierras sobre casos puntuales sobre acumulación de UAF, pero la institución respondió que el Incoder (en liquidación) no había querido permitirles el acceso a los archivos. Este medio intentó comunicarse a su vez con el Incoder sin obtener respuesta. En ocasiones anteriores, la Oficina de Comunicaciones del Incoder reiteró que no estaba disponible a suministrar información sobre procesos agrarios porque sus funciones se limitaban ahora a las propias de una entidad en liquidación.

De pasar el plebiscito y comenzar la implementación del Acuerdo Final, el tema agrario exigirá por lo menos que haya una verdadera voluntad en cumplir los cometidos de la Constitución de 1991, lo que exigirá, como mínimo, la articulación de las instituciones del Estado para que haya una real decisión de recuperar baldíos, titular, formalizar y restituir tierras, y poder aplicar los programas del Acuerdo Final de La Habana. De no ser así, el objetivo de caminar “Hacia un nuevo campo colombiano”, como indica el documento final firmado el pasado lunes en Cartagena, se quedará en el papel y se perderá un nuevo intento de superar la brecha entre lo rural y lo urbano.

La firma, el primer paso para hacer realidad el acuerdo de paz

El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timoleón Jiménez’, firmaron el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. La refrendación, el próximo 2 de octubre, queda en manos de los colombianos.

firma final 1En el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias ante la presencia de más de 1.050 periodistas y 2.500 invitados fue suscrito el Acuerdo Final. Foto: tomada del sitio web de la Presidencia de la República.“Bienvenida esta segunda oportunidad sobre la tierra”, fue la frase con la que el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timoleón Jiménez’, cerró en Cartagena el discurso con el que la guerrilla bajo su mando se compromete a dejar la lucha armada para entrar en la “arena política”. En esta nueva fase, sin dogmatismo y arrogancia, le pidió perdón a quienes les causaron dolor: “en nombre de las Farc-Ep, pido sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”, expresó el jefe insurgente.

Ante una audiencia cercana a las 2.500 personas - incluidos ocho presidentes de la región y el rey emérito de España, Juan Carlos I -, el presidente Juan Manuel Santos dio la bienvenida a ese nuevo movimiento político que saldrá del seno de la organización subversiva una vez deje sus armas: “Señor Rodrigo Londoño y miembros de las Farc: hoy, cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad; cuando comienzan su tránsito a convertirse en un movimiento político, sin armas; siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el Acuerdo –como Jefe de Estado, de la patria que todos amamos– les doy la bienvenida a la democracia”.

El máximo comandante de las Farc se comprometió a nunca más mezclar las armas con la política, sin que esto implique que la guerrilla vaya a olvidarse de sus principios ideológicos. “Aquí nadie ha renunciado a sus ideas ni arriado sus banderas”, dijo y agregó: “Hemos acordado que seguiremos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón”, afirmó el jefe guerrillero, mientras recordó que, durante la Décima Conferencia, realizada la semana pasada en los Llanos del Yarí, la base insurgente respaldó de manera unánime el acuerdo final alcanzado con el gobierno nacional en La Habana.

Las Farc: un ‘nunca más’ a la política con armas

Durante la parte más emotiva de su discurso, Santos se comprometió a velar por la seguridad de este nuevo movimiento político. “No estamos –seguramente nunca estaremos– de acuerdo sobre el modelo político o económico que debe seguir nuestro país, pero –tal como lo dije en La Habana– defenderé con toda la determinación su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático, porque esa es la esencia de la libertad dentro de un Estado de derecho”, afirmó Santos.

En ese sentido se pronunció el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien, en un emotivo discurso, como preámbulo a las intervenciones del jefe de las Farc y del presidente Santos, aseveró que los acuerdos alcanzados en La Habana y firmados en Cartagena “encierran la promesa no solo de detener el conflicto armado, sino de crear las condiciones para una paz duradera sobre la base del desarrollo equitativo, los derechos humanos y la inclusión. Estos acuerdos prevén una paz que valora y asegura la participación de las mujeres, y un futuro en el que hay espacio en la política para todos, pero no hay espacio en la política para la violencia”.

Una decisión que favorecerá la actividad política del movimiento político que creen las Farc una vez desmovilizadas y desarmadas la tomó la Unión Europea. A través de su jefe diplomática, Federica Mogherini, anunció horas antes de la rúbrica del Acuerdo Final que se suspendió la inclusión del grupo guerrillero de la lista de organizaciones terroristas, en la que estaba desde el 2002.

"A partir de hoy suspendemos a las Farc de nuestra lista de terroristas. Esto nos permitirá dar nuestro apoyo al programa posconflicto que beneficiará a todos los colombianos", declaró Mogherini.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó en la ciudad amurallada que su gobierno “revisará” si excluye a las Farc de la lista de organizaciones terroristas, en la que está desde 1997. Cualquier decisión que se tome, aseguró, está supeditada al cumplimiento de lo pactado con el gobierno nacional, que incluye el abandono de toda actividad ligada al tráfico de drogas en toda su cadena productiva.

Camino al plebiscito

firma final 2Con un 'balígrafo', un casquillo de fusil convertido en bolígrafo, fue firmado el Acuerdo Final. Foto: tomada del sitio web de la Presidencia de la República.La firma del Presidente de la República y el máximo comandante de las Farc es solo el primer paso para que los acuerdos se materialicen. El próximo 2 de octubre los colombianos decidirán, por medio de un plebiscito, si aprueban o no lo que pactaron ambas partes negociadoras durante cuatro años de conversaciones en La Habana.

Con un ‘Sí’ o un ‘No’, cerca de 35 millones de colombianos podrán refrendar la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”.

La decisión de los electores será definitiva, pues así lo contempla una de las 30 tesis discutidas por los delegados de las distintas estructuras de esta organización guerrillera en la Décima Conferencia: “No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado”. Derrumbando la propuesta del Centro Democrático y otros promotores del ‘No’ que propenden por una renegociación de los acuerdos.

“Con el Acuerdo final no asistimos al fin del conflicto”, aseguran las Farc

En caso tal de que el ‘Sí’ salga victorioso, empezarán a tramitarse los primeros proyectos de ley en el Congreso que serán la guía legal para aplicar lo acordado en La Habana. A partir de esta nueva legislación, se crearán decenas de instituciones para implementar lo pactado en materia de reforma rural, participación política, erradicación de las drogas ilícitas y justicia transicional.

El ‘fast track’ del Congreso

Tras varios meses de intensas discusiones, el pasado 7 de julio fue aprobado el Auto Legislativo 01 con el Procedimiento Especial Legislativo de Paz. Este mecanismo expedito se utilizará para presentar todos los autos y los proyectos de ley que requiera la implementación del llamado Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; además, le otorga facultades al Presidente de la República para “expedir decretos con fuerza de ley” durante seis meses.

Se espera que los primeros proyectos de ley que se presenten ante el Congreso sean los que reglamentarán las amnistías, los indultos y los tratamientos penales especiales, además de la ley para crear la Jurisdicción Especial de Paz.

Ambos proyectos, dedicados a otorgar la liberación de guerrilleros condenados o investigados por delitos políticos y a la creación del modelo de justicia transicional, respectivamente, ya están redactados en el acuerdo final del proceso de paz.

Solo resta que empiece a operar el Procedimiento Especial Legislativo de Paz, conocido como ‘fast track’, para iniciar el debate en el Congreso. Tanto es así que el Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó que en la misma semana que se realice el plebiscito, se presentarán “los proyectos de reforma legal y constitucional prioritarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz”, incluido el de las amnistías.

Una vez presentado, comienza a correr el tiempo para el debate en las comisiones constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes que, a diferencia de los proyectos de ley ordinarios, se dará en conjunto, para que, posteriormente, pasen a discutirse en las plenarias de ambas cámaras del Congreso. Por su carácter prioritario, se calcula que como mínimo se requieren 10 días para ser aprobado, a partir de la presentación ante el Congreso.

A pesar de ser un mecanismo más rápido de lo usual, se presenta como un reto para los tiempos de los primeros acuerdos a implementar. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a la dejación de armas, el Gobierno y las Farc pactaron que a partir del ‘Día D’ se contaban los 180 días para que la guerrilla hiciera su paso de la vida armada a la civil, a través de la concentración en las zonas veredales.

Inicialmente se dijo que ese día comenzaba inmediatamente después de la firma del acuerdo final, es decir que sería a partir de este martes 27 de septiembre, pero en las últimas semanas se ha acrecentado la discusión y ahora ninguna de las dos partes concuerda cuándo llegaran las guerrillas a las zonas veredales.

La incógnita del ‘Día D’

firma final 3En Cuba fueron acordados siete documentos con los protocolos para definir el cese al fuego bilateral y la dejación de armas de las Farc. Sin embargo, no se fijó una fecha concreta, sino que se estableció una cuenta en clave de Días D. Foto: archivo Semana.Para concentrarse en las zonas veredales, las Farc exigen que ya esté aprobada la Ley de Amnistía, pues temen que, sin esta claridad, al moverse a las zonas de concentración, les podrían acarrear problemas jurídicos a los guerrilleros. “Mientras no se levanten las órdenes de captura, ¿quién se va? Nosotros no vamos a ser tan irresponsables para ir a meter la gente por unos caminos para que un juez diga ‘no, es que todavía no hemos levantado orden de captura a tal o cual guerrillero’”, explicó Ricardo Téllez, conocido también como ‘Rodrigo Granda’, durante la Décima Conferencia.

A este planteamiento se sumó Luis Antonio Losada, identificado en las filas de las Farc como ‘Carlos Antonio Lozada’, uno de los negociadores de las Farc en La Habana: “hemos sido lo suficientemente claros respecto a ese tema en sentido que llegada de guerrilla a zonas veredales se dará una vez todo lo acordado esté en firme, incluida la Ley de Amnistía”.

Décima Conferencia de las Farc: la otra mesa de negociaciones

Sin embargo, Sergio Jaramillo, negociador del gobierno en La Habana, tiene otra posición. Afirmó que la concentración deberá comenzar cinco días después de la firma de los acuerdos, es decir antes del plebiscito y antes de la presentación del proyecto de ley. “Está escrito un cronograma que vamos a cumplir de 180 días para dejación de armas. Durante ese tiempo gobierno por su parte hará una cantidad de cosas, entre otras cosas pasar leyes por el Congreso como Ley de Amnistía”, sostuvo esta semana.

Un pacto por las garantías políticas

Una de las tantas reformas que incluye el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc es el Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición. Ambas partes negociadoras conciliaron en que se deberá crear una comisión conformada por todos los partidos políticos, los movimientos congregados en el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, y dos expertos delegados por las Farc. Su misión será entregar un informe con las recomendaciones al Gobierno para que este luego presente el proyecto de ley ante el Congreso y así crear el estatuto que proteja la apertura a la democracia de diferentes facciones políticas, incluidas el partido que surja tras la dejación de armas de la guerrilla.

Sin embargo, Sergio de Zubiría, académico y miembro del Partido Comunista, aseguró a VerdadAbierta.com que desde hace mes y medio se han reunido todas las colectividades con personería jurídica, el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica a discutir el Estatuto. El único faltante ha sido el Centro Democrático.

“Ya tenemos un proyecto de 17 puntos. Ya son artículos consensuados con todos los artículos que de alguna manera abren la posibilidad de que inmediatamente gane el ‘Sí’ uno de los proyectos que quede acordado sea el estatuto”, explicó De Zubiría.

A pesar de que el mandato de La Habana habla de crear espacios para la oposición, en estas reuniones han incluido a varias facciones políticas. “Por ejemplo el Movimiento Mira o el Partido Verde no se autodefinen como oposición, pero tampoco hacen parte del gobierno. Será un estatuto con garantías para la izquierda y la derecha”, adelantó este académico. Y aunque no entregó más detalles, sí explicó que tendrá un enfoque regional.

Según el acuerdo, el gobierno nacional tiene hasta tres meses después de que la comisión le presente el informe para llevarlo ante el Congreso. Hasta ahora el proceso se ha adelantado para que se realice lo antes posible.

El ambiente vivido en Cartagena le imprime esperanza a una decisión que se discutió en La Habana por cerca de cuatro años y que se convierte en la posibilidad de que Colombia comience a transitar por caminos donde la política se haga sin armas y el desarrollo integral por fin llegue a las regiones más olvidadas del país. La guerra ya no es excusa.

Especial Firma de la Paz

¿Cuánto dinero requiere el acuerdo de paz con las Farc?

Aunque el Ministerio de Hacienda no ha definido el valor exacto que costará implementar el acuerdo entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera, algunos analistas hablan de cifras. El fondo de la Organización de Naciones Unidas espera aportar entre 150 y 300 millones de dólares.

plata acuerdos 1Tras la firma del Acuerdo Final, viene el proceso de refrendación del plebiscito del 2 de octubre. De ser aprobado, se deben crear un número amplio de programas e instituciones para implmentarlo. Foto: tomada del sitio web de la Presidencia de la República.Mucho se ha especulado del costo real que tendrá la implementación del Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. El Ministerio de Hacienda no ha revelado cuánto dinero será, ni de dónde saldrá; sin embargo, han salido algunas cifras que podrían dar luces sobre los recursos que se necesitarán para cumplir con lo rubricado este lunes en Cartagena.

Un informe de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), especializada en investigación de política económica y social, estima que el posconflicto podría llegar a costar entre 80 y 90 billones de pesos durante los próximos 10 años, lo que significa el 1% del Producto Interno Bruto.

Pese a que el valor no se ha confirmado, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Leonardo Villar, explica que esa cifra estaría sobreestimando el costo real del acuerdo: “Lo sobreestima fundamentalmente por dos razones: por un lado, porque en esos costos se incluye el gasto que hay que hacer en reparación de víctimas; de otro, el proceso de reinserción de guerrilleros”.

A juicio de Villar ambos gastos están previstos de todas maneras con firma del acuerdo de paz o sin firma del acuerdo de paz: “por ejemplo, la reparación de victimas hay que hacerla plenamente y parte del proceso de reinserción de combatientes se hace rutinariamente porque hay desertores. Entonces ese gasto existe independientemente de si se firma el acuerdo de paz o no”.

Según la profesora Angelika Rettberg, directora de la Maestría en construcción de paz de la Universidad de Los Andes y directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (ConPaz), en foros sobre seguridad y posconflicto se ha escuchado la cifra de 140 billones de pesos. No obstante, la cifra, a su juicio, no es fija.

“Creo que nadie la tiene muy clara sobre cuánto va a costar; también creo que uno puede inflar y bajar el presupuesto de lo que cuesta la implementación en la medida en que lo integra o no lo integra a los presupuestos locales que ya existan; puede hacer cosas que de por sí tenía que hacer y llamarlas implementación y cumplimiento, y así va creciendo la plata que en principio le dedica a la implementación sin que realmente eso signifique aportes nuevos o adicionales”, dice Rettberg.

Fuente de recursos

plata acuerdos 2La cooperación internacional será un fuerte músculo financiero para desarrolla el posconflicto. Foto: tomada del sitio web de la ONU.Otra de las grandes dudas alrededor de los acuerdos con las Farc es ¿de dónde va a salir el dinero para financiarlos? ¿Se recurrirá a nuevos impuestos? El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sido enfático en afirmar que habrá reforma tributaria, pero que ésta se hará con el objetivo de costear asuntos que van más allá de la implementación de lo acordado en La Habana.

En el discurso de apertura de las actividades legislativas 2016-2017 el pasado 20 de julio, el presidente Juan Manuel Santos precisó ante los congresistas que la reforma tributaria estructural que impulsará su gobierno “debe generar ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y la continuidad de nuestros programas sociales”.

Al respecto, varios analistas económicos coinciden en que la reforma debe hacerse con o sin firma del acuerdo. “No se necesita reforma tributaria para financiar el posconflicto. Se necesita una reforma tributaria integral para recuperar la equidad del sistema y para recuperar el hueco fiscal que hoy existe con o sin conflicto, con o sin paz”, indica Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y exsecretario de Hacienda de Bogotá.

Lo que sí es posible es que luego de esta reforma tributaria, el país tendría que someterse a una nueva reforma para financiar el posconflicto. Así lo explica Juan Camilo Roa, Gerente de Estrategias de Credicorp Capital, una de las firmas comisionistas en Colombia: “Seguramente habrá que hacer hacia adelante de pronto otra reforma que incluya este tipo de cosas (…) Y de a aquí a los próximos tres años yo creería que no habría problema con lo que estamos haciendo para financiar el tema paz, simplemente recomponer los gastos que requiere el gobierno en Defensa y en gastos militares.”

Al respecto, según el Presupuesto General de la Nación 2017 (que ya fue aprobado en el Congreso por 224,4 billones pesos) al Ministerio de Defensa le corresponderán 12,3 billones de pesos. Cifra que contrasta, por ejemplo, con los recursos dados a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas, a la que le fueron asignados 231 mil millones de pesos, de los cuales 185 mil millones de pesos harán parte del programa “Restitución de tierras a víctimas del conflicto armado”; y con los dados a la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a la que le asignaron 1,7 billones de pesos para sus programas.

Aunque las diferencias de presupuesto entre unas y otras son abismales, la profesora Rettberg asegura que los fondos de la cartera de Defensa no se reajustarán: “Creo que el país no necesita menos fuerzas armadas por el momento, lo que necesita es un modelo de seguridad distinto y ese también cuesta un montón de plata; tanto por razones operativas y por razones políticas. Estoy segura que no le van a quitar presupuesto al Ministerio de Defensa.”

Bonilla sentencia, por su parte, que el dinero para costear los acuerdos de paz siempre ha existido: “La guerra se ha pagado con impuestos. Es ilógico escuchar opiniones que digan que ‘vamos a financiar la paz con nuestros impuestos’ ¿Y con qué financiamos la guerra? Es la pregunta.”

La cifra en gastos bélicos en los últimos 60 años es cinco veces más alta que la requerida para financiar la paz si se toma como referencia la cifra de 80 billones estimada por Fedesarrollo. Según el estudio ‘Las cifras de la guerra y de la transición’, elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y la Agencia de Comunicaciones para la Paz (Acpaz), en seis décadas el país ha invertido en la guerra 411 billones de pesos. Miles de millones han salido de los tributos de los colombianos.

Cooperación Internacional

Foto: archivo Semana.Cuatro fondos internacionales brindarán ayuda económica a Colombia en busca de financiar el posconflicto: el fondo del Banco Mundial, el fondo de la Unión Europea, el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo y el fondo Multidonante de las Naciones Unidas.

Aunque el ministro Cárdenas mencionó en las últimas semanas que el Banco Mundial ofrecerá préstamos blandos para financiar el posconflicto, la cifra ni las características de estos préstamos se conocen. Sin embargo, en el Marco de Alianza entre Colombia y el Banco Mundial (de abril de 2016) se menciona que 230 millones de dólares podrían venir del Fondo Fiduciario Multidonante de Paz y Posconflicto de este banco. La cifra, está por confirmar.

La Unión Europea, por su parte, anunció en las últimas semanas la aprobación de 2,7 millones de euros para el programa de desminado civil humanitario en Antioquia, Meta y Cauca. Estos recursos se suman a los 4 millones de euros aprobados el año pasado para este mismo programa. Con la última inversión se busca desminar los municipios de Lejanías, Uribe y Puerto Rico (Meta); Caloto y Corinto (Cauca), y Argelia en Antioquia.

De otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, prepara tres proyectos para financiar los acuerdos de paz: ‘Apoyo a la Preparación del Programa de Posconflicto’, será un proyecto de cooperación y contará con 300 mil dólares; ‘Programa de Apoyo al Posconflicto’, serán un préstamo del Banco por 10 millones de dólares; y ‘Apoyo a los procesos de construcción de la paz en Colombia’, en cooperación técnica, el presupuesto de este programa es de un millón de dólares.

En cuanto al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, el Coordinador Residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago, indica que la meta es reunir entre 150 y 300 millones de dólares. Actualmente el Fondo cuenta con 44,7 millones de dólares que han sido donados por Suecia, Noruega, Reino Unido, Canadá, Suiza e Irlanda; también hay aportes del Fondo para la Consolidación de la Paz, otro de los instrumentos de las Naciones Unidas.

“El Fondo fue creado en febrero de este año y recibió su primera contribución en marzo. Hasta la fecha ha desembolsado 8.8 millones de dólares y tiene programado desembolsar otros 4.7 millones en próximas semanas. Es decir, estamos llegando a los 40 mil millones de pesos colombianos, una cuarta parte de los recursos con los que cuenta el Fondo en la actualidad”, explica Santiago.

La profesora Rettberg estima que el dinero del Fondo de Naciones Unidas será insuficiente: “Me parece poquito a la luz de todo lo que va a costar. Traduzca todo lo que cuesta la reparación de las víctimas, más lo que va a costar la desmovilización de alrededor de 10.000 personas, más todo el aparato de justicia transicional, más todo el tema de paz territorial que es una mezcla de cosas de paz y desarrollo y eso da una cifra que no sé cuál es, pero 44 millones de dólares me parece un chiste.”

Eso lo sabe Santiago y es consciente que los recursos jamás serán suficientes cuando de alcanzar la paz se trata. A su juicio “las necesidades del país y de la consolidación de una paz duradera por supuesto son mucho mayores de los recursos de este Fondo (…). La cantidad de recursos del Fondo de la ONU es parte de este panorama, que, aunque pequeña, por sus características puede que logra apalancar impactos estratégicos más grandes”.

Lo cierto, es que con los 8,8 millones de dólares que se desembolsaron ya se trabaja en siete proyectos, entre los cuales se destaca el que busca la salida de niños, niñas y adolescentes de las filas de las Farc.

“Se han aprobado proyectos para acelerar la reparación colectiva de víctimas en 28 municipios, en apoyo al trabajo de la Unidad de Víctimas; preparar autoridades locales y comunidades para la implementación de la paz territorial; implementar proyectos de pequeña infraestructura social en 46 municipios afectados por el conflicto, utilizando mano de obra local; movilizar estudiantes universitarios para apoyar la construcción de paz en los territorios -una iniciativa nacional llamada Manos a la Paz-; fortalecer sistemas de justicia local en 13 municipios y hacer pedagogía sobre el contenido del Acuerdo de Paz con organizaciones de la sociedad civil”, complementa el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia.

Otra ayuda que se concretó fue anunciada en Cartagena por el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Stéphane Dion. Su país aprobó un paquete de ayuda adicional de 21 millones de dólares canadienses para la implementación de la paz en Colombia. Tales recursos estarán destinados a la financiación de seis proyectos que tienen como énfasis la construcción de paz y la implementación de los acuerdos, la protección de los derechos de las poblaciones afectadas por el conflicto, al igual que el mejoramiento de las condiciones de seguridad urbana y rural.  Este dinero se suma a los $57 millones de dólares canadienses que ya habían anunciado en julio pasado.

Dion anunció el apoyo adicional para el posconflicto en Colombia a través de su Programa de Operaciones de Paz y Estabilización. Durante la declaración entregada a los medios de comunicación indicó que “Colombia seguirá contando con el apoyo de Canadá en este nuevo camino hacia la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la prosperidad para sus ciudadanos”.

El apoyo, según lo precisaron fuentes gubernamentales, será destinado al desminado; la protección de los derechos de las comunidades en regiones afectadas por el conflicto; a la Policía Nacional en sus esfuerzos por mejorar sus servicios a los ciudadanos; al establecimiento de la jurisdicción especial para la paz y la desvinculación de niños y mujeres; además del fortalecimiento de capacidades nacionales y locales para la implementación del Acuerdo de Paz; respeto, promoción y protección de los derechos humanos en el período posacuerdo; Misión de apoyo al proceso de Paz (MAPP-OEA), y la Misión de Observación Electoral para el Plebiscito del Acuerdo de Paz en Colombia.

Aunque es impreciso conocer el monto total que podría costar la terminación del conflicto con las Farc, ya hay organismos internacionales que están gestionando recursos para la implementación del acuerdo logrado entre el gobierno colombiano y ese grupo alzado en armas; un acuerdo, que, a todas luces, costará mucho menos que lo que se ha invertido en la guerra durante los últimos 60 años.

Especial Firma de la Paz

El paso a paso de cómo las Farc le entregarán sus armas a la ONU

Tras la firma del Acuerdo Final en Cartagena, se activarán los protocolos que permitirán la concentración de los subversivos, su posterior desarme y el inicio del camino hacia la vida legal.

El día siguiente a la firma del Acuerdo Final en Cartagena, empezará funcionar la ruta pactada en La Habana para la concentración de las Farc bajo la supervisión de la ONU. Foto: archivo Semana.Este 27 de septiembre, el día posterior al último apretón de manos entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timoleón Jiménez', es el famoso Día D+1 que se concertó en La Habana para iniciar el proceso de desmovilización de las Farc y su camino a la vida legal.

Desde el pasado 5 agosto, día en el que las delegaciones de paz pactaron siete protocolos para fijar las reglas del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la posterior dejación de armas de la guerrilla más grande del país, se empezó a hablar en clave de días D. Sin embargo, no existía certeza de cuándo sería.

Para el gobierno nacional, el Día D+1 será este martes, pero algunos jefes de las Farc han puesto varias objeciones y aseveran que el proceso de desarme solo iniciará una vez sea ratificado acuerdo final a través del plebiscito del 2 de octubre; otros insinúan que cuando sea aprobada la Ley de Amnistía, que beneficiará a quienes deben responder por el delito de rebelión y sus crímenes conexos.

En el capítulo del fin del conflicto, tras el largo trabajo de una subcomisión técnica integrada por generales activos de las Fuerza Armadas y de jefes militares de las Farc, se acordó crear una comisión tripartita de verificación y monitoreo, en la que además de las dos partes en negociación, tendrá asiento un componente internacional con delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Dicha comisión tripartita se encargará de verificar que no haya agresiones entre la Fuerza Pública y los subversivos, y monitoreará que las dos partes cumplan con las normas pactadas de cese al fuego.

Para la concentración de las Farc se establecieron 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 7 Puntos Transitorios de Normalización, ubicados en 15 departamentos del país. En ellas, la organización guerrillera entregará de manera gradual sus armas a la ONU, que estará encargada de su custodia y posterior destrucción para la elaboración de tres monumentos que serán instalados en su sede de Nueva York, así como en Cuba y en Colombia.

A continuación, presentamos las fechas y el cronograma con el que las Farc dejarán las armas con las que sostuvieron una guerra por 52 años, partiendo de la fecha establecida por el gobierno nacional. Si no hay ninguna alteración, en seis meses dejarán de existir como grupo armado ilegal y harán tránsito hacia una organización política sin armas y en la legalidad.

Los sitios para la transición

Las Farc se concentrarán durante seis meses en 27 de veredas de los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Antioquia, Chocó, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Pase el mouse por los círculos en el mapa para desplegar su correspondiente información.

Fuente: Fundación Ideas para la Paz.

Las normas para silenciar los fusiles

En uno de los siete documentos que las partes publicaron en la página web de la Mesa de Negociaciones, que contiene los 23 protocolos y dos anexos, se encuentran las 35 reglas que fijarán el fin de la confrontación armada. 16 deben ser cumplidas por las dos partes, nueve por el gobierno nacional y diez por las Farc.

A continuación reproducimos la totalidad de su contenido:

"REGLAS QUE RIGEN EL CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA)

- Las conductas que se describen aquí son el núcleo principal de la actividad que tendrá el mecanismo de monitoreo y verificación (MM&V).

- Son reglas que buscan evitar situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del acuerdo de CFHBD y DA.

- Son conductas que NO deben ser realizadas, y que buscan que la población civil no sea afectada en sus derechos.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones

1. Entrar en contacto armado.

2. Impedir u obstaculizar la labor del MM&V.

3. Ocultar información que sea relevante para el funcionamiento del MM&V y la implementación del acuerdo del CFHBD y DA.

4. Desplegar unidades armadas y personal no autorizado en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) - Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y Zonas de Seguridad (ZS), bajo las condiciones definidas en el Acuerdo del CFHBD y DA.

5. Adelantar acciones que impidan la protección o asistencia humanitaria.

6. Utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio.

7. Ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil, especialmente aquellos por razón de género.

8. Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de la contraparte.

9. Realizar acciones que vayan en contra de la integridad y seguridad física del personal que conforma el MM&V.

10. Interferir en la labor del CI-MM&V frente a los procedimientos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final del armamento de las FARC-EP.

11. Usar las Rutas de Desplazamiento, la adecuación de los dispositivos en el terreno, las ZVTN, los PTN y las Zonas de Seguridad para fines o propósitos diferentes a los acordados en el marco del CFHBD y DA.

12. Transgredir los acuerdos y protocolos relacionados con el ingreso y salida de las ZVTN y los PTN.

13. Hacer presencia temporal ó permanente en las zonas de seguridad delimitadas previamente de común acuerdo.

14. Transgredir los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre CFHBD y DA.

15. Afectar los derechos y libertades de la población civil.

16. La Fuerza Pública mantendrá el cumplimiento de la Ley y en especial de la sentencia –T-455 de 2014- de la Corte Constitucional sobre la incorporación de integrantes a sus filas; y por su parte las FARC-EP no incorporará nuevos hombres y mujeres en sus filas (guerrillas y milicias).

El Gobierno gacional se compromete a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones

1. Tener trato discriminatorio con el personal objeto de este acuerdo.

2. Diseñar, planear y ejecutar vuelos militares, por debajo de 5.000 pies de los niveles de vuelo.

3. Diseñar, planear y ejecutar operaciones de acción ofensiva contra los integrantes de las FARC-EP (guerrilla – milicias) que se encuentren en cumplimiento del acuerdo de CFHBD y DA.

4. Controlar el suministro de alimentos y medicamentos destinados a las áreas definidas en las ZVTN y los PTN.

5. Afectar o dañar las instalaciones adecuadas en las ZVTN y PTN.

6. Ingresar a las ZVTN, PTN y a las franjas de seguridad sin informar o coordinar con el MM&V.

7. Hacer propaganda hostil en contra de las FARC-EP.

8. Obstaculizar el desplazamiento de los integrantes de las FARC-EP hacia las ZVTN y los PTN.

9. Obstaculizar la atención médica a los integrantes de las FARC-EP.

Las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones:

1. Hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los campamentos.

2. Salir de las ZVTN o de los PTN sin cumplir los procedimientos acordados en materia de seguridad para los desplazamientos.

3. Adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados en el acuerdo del CFHBD y DA.

4. Interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía.

5. Cometer actos de destrucción o de daño material, de las obras e instalaciones, infraestructura, instalaciones gubernamentales y de la Fuerza Pública.

6. Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización.

7. Incrementar su capacidad de combate.

8. Comercializar o preparar depósitos clandestinos de armas y pertrechos.

9. Modificar sin justificación la cantidad y relación de personas y armas autorizadas para permanecer en los Campamentos.

10. Incumplir el procedimiento técnico acordado de registro y almacenamiento de las armas correspondiente a los y las integrantes de las FARC-EP que salen al cumplimiento de las tareas del proceso de paz y de los y las integrantes de esta organización asignados al MM&V".

Especial Firma de la Paz