“Este es un primer aporte de la Fuerza Pública a la Comisión de la Verdad”

La Universidad Javeriana y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se unieron para publicar un libro sobre el contexto del conflicto armado desde una mirada de la Fuerza Pública. VerdadAbierta.com entrevistó a Andrés Dávila, director de Departamento de Ciencia Política, quien estuvo a cargo de la investigación.

entrevista andres davilaAndrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.Desde que el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó en 2013 el informe ¡Basta Ya!, en el que se documentó la historia de violencia de Colombia desde 1958 a 2012, las instituciones que hacen parte de la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Policía y Fuerza Aérea) se han sentido incómodas con esa versión de la historia. Entre otras cosas, porque la investigación señaló a la Fuerza Pública de perpetrar 158 masacres y más de 2.300 asesinatos selectivos.

El ministro de defensa de ese entonces, Juan Carlos Pinzón, llegó a calificar “inconveniente” al ¡Basta Ya! por “poner en igualdad de condiciones a grupos terroristas, a bandas criminales a estructuras narcotraficantes con los soldados y policías de Colombia”.

Las cifras del informe ¡Basta Ya!

Por esa razón, y teniendo en la mira una futura Comisión de la Verdad, cuya figura fue acordada en La Habana por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, la Fuerza Aérea decidió crear una jefatura de Derechos Humanos que trabaja en la construcción de la memoria institucional.

Para reconstruir el contexto histórico del conflicto en cuatro regiones del país - Arauca, Cauca, Meta y Nordeste Antioqueño - contrató a la Universidad Javeriana, más específicamente al Departamento de Ciencias Políticas.  El resultado es el libro “El Conflicto en Contexto: un análisis en cinco regiones colombianas, 1998 – 2014”. Este será sin duda un insumo para los militares que deban rendir versión en la Comisión de la Verdad y ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Andrés Dávila, director de Departamento de Ciencia Política y quien estuvo a cargo de la investigación, habló al respecto con VerdadAbierta.com.

VerdadAbierta (VA): ¿De dónde nace la necesidad de las Fuerzas Armadas de que se escriba este libro?

Andrés Dávila (AD): Lo primero es que la Ley de Víctimas, en el mismo artículo que ordena la creación del Centro de Memoria dice que todas las instituciones de Estado tienen un deber de memoria. Eso implica que no hay una verdad oficial, sino varias, entre esas la de la Fuerza Pública.  También hay una necesidad de las Fuerzas de prepararse ante una futura Comisión de la Verdad y ante posibles investigaciones.

Eso sumado a lo maltratadas que se sintieron las Fuerzas con la publicación del ¡Basta Ya!, donde hay  juicios condenatorios y algunas generalizaciones que eventualmente pueden ser imprecisas. Pero lo interesante fue su reacción autocrítica, porque saben que el Centro Nacional de Memoria antes de la publicación tocó sus puertas y ellos se las cerraron en las narices.  

Este libro tiene más presente la versión de las Fuerzas: de cómo hicieron las cosas y por qué las hicieron. Aunque no es un apología a la Fuerza Aérea, sí tiene una hipótesis fuerte: quienes finalmente llevan a las Farc a sentarse a la mesa son los golpes de gracia de la Fuerza Aérea.

Foto: archivo Semana.VA: Recientemente se han publicado varios estudios, informes y radiografías regionales sobre el conflicto ¿Qué tienen de novedoso estos contextos?

AD: Tiene por lo menos tres cosas novedosas. Lo primero es el esfuerzo de la Fuerza Aérea de dejar en manos a la universidad privada y que haga este contexto con independencia académica. Lo segundo, es un esfuerzo de hacer contexto con una propuesta sistémica, pero sin fines judiciales, con distintas fuentes - no sólo las víctimas del conflicto-. Lo tercero, es un esfuerzo por tener una mirada del contexto nacional e internacional con unas coyunturas periodizadas, que no siempre coinciden con las lógicas regionales, dando cuenta que este conflicto son muchos conflictos.

Es importante, también, porque finalmente las Fuerzas cuentan con cerca de 500 mil hombres que van a tener que transformar su modo de ver las cosas si esto del posconflicto se hace realidad. Este es un primer paso.

VA: ¿En un tema tan delicado cómo garantizar la independencia? ¿Hubo tensiones con los miembros de las FAC?

AD: Es un tema muy difícil que empieza por cómo nombrar a las cosas. Nosotros decidimos acudir al Derecho Internacional Humanitario para usar un lenguaje neutro. Eso ayudó a generar confianza. El equipo de la Fuerza Aérea nos regresaba los textos con comentarios, pero nunca cambiaron ninguna de nuestras ideas, nos pedían más bien que explicáramos mejor o que intentáramos ser más precisos. Lo importantes es podemos decir con tranquilidad que hubo independencia.

VA: ¿Los miembros de la Fuerza Pública fueron fuentes para el informe?

AD: La FAC fue una más de las fuentes, pero la principal fue el seguimiento que nuestro equipo de trabajo ha hecho del conflicto y los habitantes de las regiones a las que fuimos. En principio, el acuerdo fue que ellos se encargaban de hacer el tema de memoria institucional y nosotros los contextos, pero para ello teníamos que entender a la Fuerza Aérea. Por eso, como parte del equipo estaba un coronel retirado, que también es experto en Derechos Humanos y derecho operacional, que nos ayudó a entender la lógica de la FAC.

El texto muestra, por ejemplo, cómo las dinámicas del conflicto cambian cuando la Fuerza Aérea no tienen que acostarse a las 6, como las gallinas, sino que pueden operar toda la noche gracias a los visores nocturnos y los detectores de calor. Habla también de decisiones institucionales muy complejas, de cómo de diez años para acá las Fuerzas tuvieron que aprender a trabajar en conjunto, cosa que no les gustaba mucho.

Foto; archivo Semana.VA: ¿Cómo reaccionan los miembros de la Fuerza Aérea cuando se trata de escribir sobre episodios en los que se les acusa y han sido condenados?

AD: Es inevitable que en un comienzo se responda con su espíritu de cuerpo heroico y algo épico. Somos cuidadosos en contar las cosas, las discutimos y ellos aceptan. Creo que éste es solo un primer paso y no todo puede hacerse al mismo tiempo. Ya se escuchan versiones de algunos oficiales que dicen abiertamente que son conscientes de que la fuerzas se pudieron equivocar en eventos específicos y van a tener que responder por eso, pero no son todos.

VA: ¿Cómo escribir por ejemplo de la Masacre de Santo Domingo, en Arauca, por la que el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde están involucrados pilotos de la Fuerza Aérea por arrojar explosivos sobre civiles?

Masacre de Santo Domingo

AD: En ese caso yo tomé la decisión de darle la voz a un coronel retirado que ha investigado mucho el tema. Abiertamente decimos que es la visión de la Fuerza Aérea sobre el asunto, sin juicios de valor. Eso puede generar muchos ruidos, pero no estamos diciendo que esa sea la verdad, sino que esa es una versión que posiblemente no ha sido muy leída. Así como están las versiones de las organizaciones, de los colectivos de abogados, existe esta otra mirada de cómo sucedió el hecho.

Incluso dentro de las mismas fuerzas hay muchas versiones de cómo sucedió, qué bueno sería que aparezcan otras personas dentro de las mismas Fuerzas que quieran dar su versión.

VA: ¿Cree que este tipo de trabajos pueden servir también como un ejercicio de autoreflexión para la Fuerza Pública?

AD: Esa es una de las tareas, que algunas de los hechos dejen de ser vistos como simples errores, pero eso es un proceso lento y no podemos acelerar las cosas. Es que no es fácil soltarle a otro la tarea de escribir su historia.

VA: Ante una futura Comisión de la Verdad seguramente aparecerán cada vez más informes que hablen de la memoria institucional de una y otra entidad, ¿cómo poner a conversar todos estos trabajos?

AD: Lo primero que debo decir es que el país ha dado pasos muy interesantes casi sin darse cuenta. Incluso las Fuerzas, que en un comienzo rechazaron el tema, han cambiado de parecer, saben que no hay una memoria oficial y que es una tarea que nos concierne a todos. Lo ideal es que en ese sentido seamos capaces de reconstruir lo que pasó y nos leamos los unos con los otros.

Es que, por ejemplo, este libro no tiene ningún sello de la Fuerza Aérea en su portada. La razón: si lo hubiera estamos seguros que un gran porcentaje del mundo académicos y de las Ong que ni lo mirarían. Seguro nos lloverán rayos y centellas, pero estamos dispuestos a defender nuestro trabajo.

Es un ejercicio en el que está el trasfondo de la relación de civiles y militares, y de cómo la configuración de las mismas ayuda o no a la democracia.

VA: ¿Qué papel pueden cumplir las universidades en este escenario?

AD: El mundo académico tiene el rigor, todo lo que afirmamos en los contextos tiene un sustento. La universidad permite salir de la construcción absolutamente ideologizada del pasado, siempre conscientes de que eso es muy difícil.  

Si pones a conversar la visión estrictamente de la Fuerza Aérea con la de las Farc tal vez no habrá puntos de encuentro. Las universidades pueden ir generando un espacio común, un puente, donde pueda dialogar posiciones diferentes, en cierto sentido sería tratar de civilizar el espacio de conversación de la memoria, que es un territorio más bien agreste.

“El temor es que no hay unificación de las Farc”

El alcalde de Calamar, en Guaviare, pide ayuda en seguridad porque en su jurisdicción habría una zona de concentración donde opera una disidencia del grupo subversivo.

entrevista calamar 1El alcalde de Calamar, Pedro Pablo Novoa, pertenece al Partido de La U. Foto: VerdadAbierta.com.Calamar es el último pueblo de Guaviare a donde llega la única carretera que une a tres de los cuatro municipios. De ahí en adelante hay que internarse en la selva por ríos o vías improvisadas para llegar a Miraflores, que está a casi dos días de camino.

Sobre esa vía está la vereda Tierra Negra, una de las cuatro posibles zonas veredales transitorias de normalización en la región, donde se concentrarán hombres y mujeres de las Farc para dejar sus armas y comenzar su tránsito a la vida legal.

Aunque en La Habana no han anunciado oficialmente que este será uno de los sitios, delegados del gobierno, la guerrilla y organismos internacionales fueron hasta allá el pasado 13 de agosto para realizar la verificación técnica del terreno.

Los alcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa, y de El Retorno, Heydeer Yovanny Palacio, se enteraron un día antes que irían esos delegados y que en sus municipios posiblemente se concentren grupos de las Farc. La sorpresa fue mayor porque el Ministerio de Defensa había anunciado únicamente dos puntos de concentración en San José del Guaviare, la capital, y no había dicho nada de otros pueblos.

Cuando anunció las 23 zonas veredales y los ocho campamentos, se advirtió desde el Ministerio que no quedarían cerca de cascos urbanos ni dentro de Zonas de Reserva Campesina. Pero en Tierra Negra no se cumplen estos requisitos.

La vereda queda a menos de cinco minutos en carro de la cabecera municipal de Calamar y está dentro de las 469.000 hectáreas de la primera Zona de Reserva Campesina que se conformó en Colombia, en 1997.
 
A pesar de esto, lo que más le preocupa a Novoa es el anuncio del Frente Primero de las Farc de que no se acogerá a los acuerdos que se pacten con el Gobierno y, por ende, no dejará las armas. Así lo explicó en el Encuentro Regional de Paz que realizó esta semana la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Calamar, con el apoyo territorial del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos, de Indepaz.

Él no es el único que tiene dudas. Líderes de víctimas, indígenas, voceros de juntas de acción comunal, afros, LGBTI y mujeres que asistieron al evento también preguntaron quién asumirá los costos de la zona de concentración, qué pasará con los desmovilizados cuando se acaben los seis meses de transición y cómo reintegrarlos sin dejar de atender a las víctimas. (Ver comunicado)
 
Ellos están de acuerdo en que los guerrilleros abandonen la lucha armada en Calamar, pero quieren garantías de que eso no será un riesgo ni los dejará en medio del fuego ante un eventual ataque de los miembros de las Farc que no se acojan al acuerdo final.

Su temor se funda en el comunicado que emitió el Frente Primero el pasado 10 de junio en el que advertía que no se desmovilizará, sin importar qué hagan los demás guerrilleros frente al proceso de paz. “Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos”, aseguraron, pero la promesa no fue suficiente para acabar los miedos de la población.

Ese frente subversivo ha estado en Calamar desde principios de los ochenta, cuando llegó desde la región del Ariari, en Meta. Durante todos estos años, reclutó menores de edad, hostigó el casco urbano, cobró dinero por la pasta de coca y en algún momento fue “el gobierno local”, como lo indica el mismo alcalde Novoa. VerdadAbierta.com fue invitado al Encuentro Regional de Paz y aprovechó el viaje para conversar con el mandatario local.

entrevista calamar 2La línea roja representa la única carretera que comunica a San José del Guaviare con Calamar y que no alcanza a llegar a Miraflores. Imagen tomada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.VerdadAbierta.com (VA): ¿Usted acudió a la reunión de la misión de observación en el territorio?

Pedro Pablo Novoa (PPN): Sí, y llevé a la comunidad. Aproximadamente 100 personas estuvimos allí para que conocieran porque yo como autoridad del municipio no puedo… o sí puedo tomar una decisión, pero sería no tener confianza en el pueblo. Es mejor que ellos sepan también porque no sabemos qué pueda pasar en el término de los seis meses que estarán allí en el tema de campamento de dejación de armas.

VA: Respecto a la disidencia del Frente Primero de las Farc, ¿es toda la estructura o solo una célula la que no se desmovilizaría?

PPN: Lo que conocemos extraoficialmente es que aproximadamente el 80% del Primer Frente está parado en su posición de no entrar en los diálogos y eso es preocupante porque es un frente que ha tenido dominio territorial todo el tiempo. Eran el gobierno local. Cuando no había Ejército ni Policía acá, ellos tenían mucho dominio territorial.

Entonces yo pienso que ojalá en esos seis meses transitorios (durante los que dura la zona veredal) puede que lleguen ellos. Hay que entrar a sensibilizarlos para que también participen. Sería maravilloso que participaran todos en los diálogos y no habría ninguna inconformidad con que fuese Tierra Negra la zona. El temor es que, en una eventual vereda transitoria, haya posibles enfrentamientos entre los que están dejando las armas y los que no quiere dejarlas.

VA: Ante ese dominio que ejercen las Farc, ¿qué pasará con esos espacios políticos donde reinan hoy y son prácticamente la ley?

PPN: La verdad, no sabemos. Se teme que haya bandas emergentes que también estén pensando en llegar. Hoy ellos se posicionan ahí por no ceder espacios. En esas zonas hay también presencia de hoja de coca. Eso puede ser una de las fortalezas que tengan ellos para sostenerse en su posición, obviamente no tanto de vacunas sino del tema de narcotráfico que todavía es latente. No hablo de Calamar sino de aquí hacia Miraflores, a Mitú, e incluso hasta Brasil.

VA: ¿Y qué tanta fuerza tiene la institucionalidad local para llenar esos espacios que dejen las Farc?

PPN: Muy poca porque no tenemos vías de comunicación. Sólo tenemos para Miraflores, que en el invierno es el río. Estamos esperando que en este proceso de paz haya un gran impacto en esas zonas que han tenido y tienen poco desarrollo lícito, que se les pueda llevar vías de penetración para sacar los productos. Calamar tiene una ventaja grande y es que somos el primer municipio con menos productos de coca. A esta fecha, la gente no quiere saber más de coca, sino que quiere alternativas. Así que hay que aprovechar esa voluntad política y social de las comunidades, traerles inversión social para recuperarlos. Así iríamos retirando a quienes están detrás de la mata de coca y traerlos a que sean parte de la institución.

VA: Tierra Negra hace parte de la Zona de Reserva Campesina, pero las zonas veredales no pueden estar en esos territorios, según el Ministerio de Defensa. ¿Usted qué opina?

PPN: ¿Según el Ministerio no pueden hacen esa zona ahí? ¿Sí? Más allá de que sea Zona de Reserva Campesina, la problemática es salvaguardar los bienes y la integridad de las comunidades. No sería nadie para decir que no me parece que fuera ahí, pero sí quisiera que fuese en una zona donde estén en diálogo. Es decir, que las guerrillas que están en esa zona digan que la tienen bajo su dominio y se desmovilizarán. Pero acá Tierra Negra, y Calamar como tal, es una zona donde ha entrado la guerrilla que se va a desmovilizar y la que no. Llegan al pueblo, pernoctan por ahí y qué hacemos si estamos en un proceso de paz. Se nos convierte en una zona de fuego. Además, se nos convertirá esto en un caos porque no sabemos si se pueden o no perseguir.

entrevista calamar 3El alcalde Novoa junto al mandatario de El Retorno, durante el Encuentro Regional de Paz realizado en Calamar el 18 y 19 de agosto de 2016. Foto: VerdadAbierta.com.VA: ¿Qué tendría de diferente que estén aquí sabiendo que siempre han hecho presencia?

PPN: Que unos sí se desmovilizaron y están en un proceso, pero los otros no están de acuerdo. Entonces puede haber, ha habido y habrá un choque de trenes porque ellos tienen ideales iguales, pero están encontrados frente al proceso de paz. El temor es que en medio de un ataque entre ellos la población civil quede en medio del fuego cruzado y uno no sabe qué pueda pasar, si habrá un muerto o no. Por eso adelanto este S.O.S. Sé que habrá seguridad, pero quizá no esté completamente acordonada. Ellos tienen sus tácticas. El temor es que no hay unificación.

VA: ¿La vereda Tierra Negra está libre de coca?

PPN: Sí y pasa lo mismo en La Gaitana, Damas, Diamante 1, Diamante 2, Progreso, Gaviotas, Esmeraldas, Ceiba, Altamira, Primavera. Tenemos como 12 o 13 veredas en un radio de 15 kilómetros que están libres de coca. De pronto en las veredas que están muy lejos hay presencia de coca, pero mínima. Es decir, que no es un negocio sino una cultura, una costumbre. Pero ya tienen parte de voluntad de decir que no.

VA: ¿Y las Farc tienen un dominio sobre Tierra Negra actualmente?

PPN: Digamos que latente no, pero ya que quieran estar ahí, están en Tierra Negra y en cualquier otra vereda. En este último mes, después del anuncio de que ya firmaron el acuerdo (sobre el procedimiento para dejar las armas), han estado en el casco urbano. Los desmovilizados y los no desmovilizados.

VA: Es decir, ¿los que serán disidencia y los que no?

PPN: Sí. Exacto. Han estado de civil en el casco urbano, entran para decir ‘aquí estamos’. No es un grupo grande. Sino que vienen de a tres o cuatro. Entran, toman gaseosa, hablan con algunas personas del pueblo y se van.

VA: Pero, ¿comandantes o guerrilleros rasos?

PPN: Rasos o algunos con los que mandan mensajes. La situación parte de la incógnita que tenemos porque uno no sabe quiénes son, pero ellos se conocen entre ellos mismos y puede suceder que se reconozcan y quieran agredirse entre ellos, en medio de la población civil. Frente a los disidentes, el Estado dice que ya no serán guerrilleros, pero ellos responden que sí porque están acá y no se han ido. Hasta ahora no han matado a ningún político, pero quizá esos comandantes nos declaren objetivo militar a un concejal, un alcalde, un secretario de despacho. Nosotros hemos salido libremente a hacer campaña. Qué tal que en una salida a una vereda nos cojan y nos lleven.

VA: ¿Antes cómo era la presencia de la guerrilla en Calamar?

PPN: En el 2003, cuando no había Ejército, la guerrilla estaba en el casco urbano. Andaba en camionetas, con camuflados y armas. Calamar era un Vietnam, como las películas.

En el Páramo de Sumapaz se preparan para el posconflicto

En esta localidad de Bogotá, campesinos, organizaciones sociales y las administraciones locales trabajan para constituirse como un ejemplo de paz territorial a nivel nacional que incluya, también, a desmovilizados de las Farc.

sumapaz posconflicto 1Para llegar a San Juan, uno de los tres corregimiento de esta localidad, se deben recorrer cerca de dos horas y media desde el centro de la ciudad, la carretera principal está a medio pavimentar y en su transcurso hay que cruzar por dos retenes militares. Foto: Ernesto Mercado.Sobre este extenso territorio de 75 mil hectáreas, ubicado al sur de la capital, y compuesto por los corregimientos de San Juan, Nazareth y Betania, habitan alrededor de 5.600 personas, quienes han vivido desde la década del cincuenta el impacto del conflicto armado. Hoy, constituidos en varias organizaciones sociales y trabajando desde las juntas de Acción Comunal, han generado propuestas de inclusión y desarrollo social y económico, buscando traer beneficios para la comunidad y perfilándose para ser una zona de paz.

Hablar del conflicto en la región no es cosa nueva, para la comunidad la violencia se ha vivido desde mediados del siglo XX, cuando Juan de la Cruz Varela junto con otro grupo de labriegos se alzaron en armas para combatir al Estado en oposición a las reformas agrarias, consideradas lesivas para ellos.

Por allí también pasaron distintas unidades de las Autodefensas Unidas de Colombia, como el Frente Campesino por el Sumapaz y el Bloque Centauros, que años más adelante, bajo la comandancia de Miguel Arroyave, alias ‘El Químico’, formaron parte del Bloque Capital.

A ello se suma la presencia de la Fuerza de Tarea del Sumapaz, de la Brigada XIII del Ejército, que opera en el territorio desde hace más de diez años y que cuenta con cuatro batallones de alta montaña y varias unidades contraguerrilla. Por su parte, el Bloque Oriental de las Farc incidió en la región hasta finales del 2005, de donde huyeron hacia los departamentos del Huila y Meta para evitar las operaciones militares lanzadas en su contra.

A raíz de las negociaciones que se adelantan desde hace poco menos de cuatro años en la Habana con la guerrilla de las Farc, el gobierno nacional realizó en agosto de 2015 el encuentro territorial “Sumapaz, renace la esperanza”, escenario en el que se le comunicó a los campesinos el avance del proceso y escuchar sus peticiones, entre ellas el arreglo de las vías, la desmilitarización del territorio, la inclusión de un programa de educación con enfoque diferencial para los jóvenes campesinos bachilleres y el cese de la estigmatización en contra de las organizaciones sociales.

Sumapaz busca nuevos aires

En esa oportunidad, Diego Bautista, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que el Sumapaz tiene una historia de conflicto armado y lucha por la tierra irresuelto que debe ser analizado y discutido por las comunidades a partir del punto número uno de la agenda, titulado “Desarrollo Agrario Integral” y acordado en La Habana, agregando que el acumulado de organización social de la región sería indispensable para la consolidación de la paz territorial.

Un año más adelante, los cambios se han empezado a sentir de manera paulatina para los habitantes de esta localidad: en mayo pasado la Universidad Nacional firmó un convenio con la Secretaría de Educación para llegar a esta localidad con programas de educación superior como Ingeniería agrícola, Ingeniería agronómica, Veterinaria y Zootecnia mediante el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama). De esta manera, a partir del segundo semestre de este año, 60 estudiantes de la región se van a beneficiar con becas para el ingreso a la educación superior.

“Es la primera vez que podemos estudiar en la universidad sin abandonar la regiòn, los compañeros que pueden se tenían que ir a la ciudad si pasan los exámenes, ahora podemos hacerlo desde acá”, comentó Juan Sebastián, un estudiante de grado 11 del Colegio Juan de la Cruz Varela del corregimiento de Nazaret.

Hace un año Libia Villalba, edil de la localidad, aseguró que los planes de educación diferencial se debían gestar pensado a futuro, con el fin de generar también un espacio para la población de guerrilleros que quieran estudiar luego de la dejación de armas. Hoy, tras el convenio firmado, sostuvo que ahora la organización social propondrá que no solo sean 60 estudiantes los beneficiados, sino que se genere una política púbica que acoja a la mayoría de los bachilleres que se gradúan.

Para la comunidad este es uno de los primeros triunfos que ha realizado la organización social y la presión hacia las entidades locales, sus otras dos apuestas van encaminadas a la desmilitarización den territorio y a la constitución de la Zona de Reserva Campesina, proceso en el cual llevan siete años en discusiones.

Puja por la Zona de Reserva Campesina

En 2013, bajo la administración del alcalde Gustavo Petro, se terminó de redactar la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina (ZRC). La tarea debía continuarla el extinto Incoder a través de una audiencia pública de constitución, pero se dilató en varias oportunidades por la “inestabilidad política y administrativa de la ciudad”, como lo mencionó el entonces gerente de la entidad, Rey Ariel Borbón, durante una reunión que sostuvo con los campesinos.

Actualmente es la Agencia Nacional de Tierras, entidad creada en 2015 luego de la liquidación del Incoder, la encargada de proponer la delimitación y constitución de las ZRC, como lo establece el Decreto 2363 del Ministerio de Agricultura. Para el 27 de agosto se fijó la realización de la audiencia pública con la comunidad del Sumapaz tras una serie de encuentros con las organizaciones campesinas en las que se ha avanzado en la toma de decisiones frente al proceso de implementación.

“Es muy importante que se constituya la ZRC porque los ejemplos existentes demuestran que la economía campesina mejora a partir de esta figura, se implementa la economía solidaria y se avanza en el desarrollo económico y social del territorio”, aseguró Parmenio Poveda, líder agrario de la región.

Él asegura que a pesar del buen presupuesto que se fija para la localidad, los recursos no han sabido aprovecharse porque son las organizaciones no gubernamentales las que manejan el presupuesto y se asignan a otros gastos que, a su juicio, no son los mismos que priorizan los campesinos.

Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina

Una de las discusiones por la implementación de la ZRC se ha dado entre funcionarios de la Unidad Administrativa Parques Nacionales y campesinos. Los primeros alegan que la utilización del suelo del páramo para la agricultura ocasiona daños el ecosistema, por lo cual la adjudicación del territorio generaría mayores afectaciones.

Por su parte, los campesinos afirman que a pesar de que son conscientes de la fragilidad de los suelos y de que la agricultura requiere de maquinaria pesada para trabajar la tierra, no tienen otra opción de economía y de sustento más allá de los cultivos de papa, yuca y la producción láctea.  

“No hay alternativa ni recursos para el cambio, entonces tenemos que tener los propios recursos para poder subsistir. De convertirse en realidad la ZRC nos va a permitir que con el presupuesto se mejoren los suelos y que se haga una campaña para concientizar a la población campesina sobre el cuidado del páramo y su importancia”, aseguró Poveda.

Pese al optimismo que hay en el territorio, los campesinos ven con preocupación que la actual administración no preste mayor atención institucional a la localidad. “A nosotros nos inquieta es que como lo dijo el mismo alcalde Peñalosa, esto se convierta en un “centro de ecoturismo”, como ya se está haciendo, en vez de priorizar la economía campesina, el desarrollo e inversión social, por lo cual hemos peleado más de 40 años”, aseveró René Dimaté, miembro de la Junta directiva del Sindicato Agrjario.

A ello se suma que el Ejército ha aumentado el pie de fuerza en la localidad, reacomodándose en distintas ocasiones, lo que ha generado un daño medioambiental en el páramo que viene siendo denunciado desde principios de 2014. Según cifras de la comunidad, antes había 3 soldados por cada habitante, ahora hay 4; no obstante, el Ejército sostiene que la relación se mantiene 3 a 1.

Bajen a los territorios

sumapaz posconflicto 2El páramo del Sumapaz ha sido uno de los puntos estratégicos disputados por todos los actores armados, su ubicación geográfica comunica al centro con el sur del país. Hoy día es una de las zonas más custodiadas por el Ejército. Foto: Ernesto Mercado.Para las organizaciones sociales del Sumapaz, lo que hasta ahora acordado en La Habana debe de empezar a concretarse en las regiones como una expresión de confianza con las comunidades. Desde aquella región se pide que se suspenda la entrada de multinacionales mientras se acuerda con el gobierno la tenencia y uso de la tierra en la Zona de Reserva Campesina, y que se empiece a reducir el pie de fuerza.

“Anteriormente todo el pie de fuerza era para combatir las Farc, ahora dicen que es para cuidar el páramo, pero ¿cuidarlo de quién? Nosotros somos como campesinos guardianes de él”, se cuestionó un campesino de la región, quien reconoce que pese a ello el trato de los militares con las comunidades ha mejorado, aunque siguen prácticas como la retención de documentos, las requisas y en algunos casos los censos de mercados que van hacia la región del El Duda en el departamento del Meta.

“Lo que nos preocupa es que los movimientos del Ejército generan zozobra, se han reacomodado varias veces causando daños al ecosistema, ya no hay intimidación, pero sí preocupación porque pese a ser un territorio que ha vivido el conflicto desde hace muchos años no se asienta un grupo armado por acá y si se está ya casi por lograrse el cese bilateral no tendría que ni siquiera haber patrullaje”, comentó René Dimaté.

Ahora bien, desde hace cinco años la firma Emgesa, presentó un proyecto para instalar ocho microcentrales de energía, aprovechando las aguas del río Sumapaz. Pese al avance que ha tenido el proyecto, en las veredas de la localidad no se ha podido desarrollar esa iniciativa porque la comunidad ha impedido que se haga la socialización, rechazando que la llegada de la empresa se haga para dañar el medio ambiente y no generar cambios sociales.

“Ya tenemos ejemplos como el de El Quimbo, donde la afectación ha llegado al punto de no solo de acabar con el ecosistema por el desvío del río, sino también por los problemas sociales que ha generado con las personas afectadas que no han sido reconocidas por la multinacional”, sostuvo Dimaté, quien cree que puntos como el de la entrada de multinacionales a los territorios rompe con lo pactado en La Habana, pues a su juicio, “si no se deja que los campesinos intervengan el ecosistema por qué a las multinacionales sí”. 

Los cabos sueltos de la represa El Quimbo

“Si se lee con detenimiento el acuerdo y se piensa en nuestro territorio, vamos a ver que son varios los puntos que nos benefician; por ejemplo, el de la titulación de la tierra. Si yo, que ya tengo más de 60 y heredé de mis abuelos aún no tengo títulos, qué les espera a mis nietos e, incluso hijos. Debemos formalizar la tierra y eso está en el acuerdo”, concluyó Moisés Delgado, un campesino de 62 años, quien también se reafirma en una de las frases que más se escucha en la zona: “si ya se va a firmar la paz que se firme, pero que se cumpla en el territorio”.  

Por ahora las comunidades del Sumapaz esperan que, tras la firma del Acuerdo Final con la guerrilla de las Farc, las autoridades locales inicien la implementación en los territorios, haciendo énfasis en que la titulación de la tierra y el impulso de los proyectos productivos manejados por los campesinos va a permitir el avance local y regional con lo cual se permitiría, como ya lo han asegurado, que tras una eventual dejación de armas, los guerrilleros que quieran retornar a este territorio lo puedan hacer bajo unas condiciones diferentes por las que ingresaron al grupo armado ilegal.

En municipios antioqueños, informe de la MOE genera incomodidad

En su más reciente mapa de riesgo para las elecciones del Plebiscito, la Misión de Observación Electoral (MOE) calificó trece poblaciones como de riesgo extremo, el más alto para departamento alguno. En varios de ellos, autoridades locales se mostraron contrariadas frente al informe.

riesgos moe 1Aunque aún no se ha definido la fecha para el Plebiscito, la MOE llama la atención de las autoridades para que deasde ya se tomen medidas preventivas en los municipios reseñados. Foto: archivo Semana.La confluencia de fuertes tensiones políticas, sociales y económicas desatadas recientemente, así como factores históricos relacionados con conflicto armado, presencia de crimen organizado y fraudes electorales, constituyen escenario de riesgo de cara a las votaciones para el Plebiscito en 243 municipios de Colombia, siendo el riesgo más extremo para 53 de ellos.

Así lo acaba de consignar la Misión de Observación Electoral (MOE) en su más reciente informe titulado “Mapas de riesgo electoral en el marco del Plebiscito para la refrendación de los acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc”. (Ver informe)

En el documento se advierte que departamentos como Chocó, Arauca y Cauca presentan mayor porción de su territorio en riesgo, pues 26 de los 30 municipios chocoanos registran algún nivel de riesgo; seguido por Arauca, donde cinco de los siete municipios que lo conforman también se encuentran en la misma situación. En el Cauca, la MOE reseñó 26 de sus 42 municipios con niveles de riesgo.

Según la MOE, aquellos municipios ubicados en regiones azotadas durante décadas por el conflicto armado como el Catatumbo, los Montes de María, el Magdalena Medio, la Costa Pacífica, entre otras, también registran niveles altos de riesgo para el proceso electoral mediante el cual se refrendarán los acuerdos que si firmen en La Habana.

De igual forma, así como existen departamentos como Quindío, Vaupés y Amazonas, donde no se advierte riesgo alguno; otros como Antioquia, Cauca y Meta concentran el 45 por ciento de los municipios declarados en riesgo extremo: trece, siete y cuatro respectivamente.

Para el caso de Antioquia, en los municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca confluyen varias –en algunos municipios la gran mayoría- de las trece variables utilizadas por los observadores de la MOE para determinar los niveles de riesgo.

De acuerdo con Fernando Valencia, coordinador de la MOE en Antioquia, además de cruzar las variables ya empleadas en elecciones anteriores por la Misión como denuncias por constreñimiento al elector, atipicidad en elecciones, riesgo de alteración de resultados, denuncias por amenazas a la libertad de prensa, entre otras; se agregaron otras nuevas, más vinculadas con la actualidad política de las regiones del país como la presencia de bandas de crimen organizado; arraigo histórico del paramilitarismo, presencia del Eln y riesgo por presencia histórica de las Farc.

“También incluimos la variable de municipios donde habrá zonas veredales y zonas campamentarias para la desmovilización de las Farc, porque el solo hecho de la designación de esas zonas ya tiene un efecto político y social especial para esas comunidades”, señaló Valencia, quien agregó que a estos factores se les añadió “densidad de cultivos ilícitos, densidad de minería ilegal y municipios con restitución de tierras. Se incluyó por el fenómeno de los ejércitos anti-restitución, porque vemos que será un tema muy candente a la hora del plebiscito porque este se ha difundido como una amenaza a la propiedad privada”.

Así, el cruce de estas variables arrojó que las localidades de Apartadó, Cáceres, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Mutatá, Remedios, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte y Zaragoza registran los niveles de riesgo extremo para las votaciones del Plebiscito, las cuales no han sido programadas aún.

Molestia en municipios

riesgos moe 2Para los observadores de la MOE, el trabajo postelectoral será tan fundamental y necesario como las labores de vigilancia y observación previa. Foto: archivo Semana.Al ser consultada sobre los resultados del análisis hecho por la MOE, la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, mostró su sorpresa, pues asegura que en su localidad, donde se ubicará una de las llamadas “zonas veredales de normalización” para las Farc, no se registra ningún tipo de tensión que pueda afectar el derecho al voto de los remedianos el día del Plebiscito.

“Aquí hay una gran expectativa y un gran entusiasmo. En términos generales el municipio está tranquilo, la gente está muy receptiva de recibir la información sobre los acuerdos y no creo que exista algún tipo de situación, ni por presencia de Bacrim, ni por minería, que pueda afectar esa elección”, declaró la mandataria.

Por su parte, la personera de El Bagre, Ingrid Chamorro, expresó que, pese a que esta localidad del Bajo Cauca antioqueño ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre los llamados ‘gaitanistas’ y la guerrilla del Eln en lo que va corrido del año, “existe un ambiente muy tranquilo en el municipio en este momento. De hecho, hay varias organizaciones que comenzaron a hacer la pedagogía sobre los acuerdos sin ningún problema. No veo donde pueda estar el riesgo”.

En igual sentido respondió Eliecer Arteaga, alcalde de Apartadó, quien consideró ‘incómodos’ los pronunciamientos de la MOE pues, a su juicio, solo ayudan a fortalecer estigmas que pesan sobre regiones como el Urabá antioqueño.

“Estos pronunciamientos son hechos desde las ciudades, desconociendo la realidad actual de las regiones. Aquí han estado Claudia López, Jorge Robledo, Senadores del Centro Democrático haciendo sus campañas con normalidad”, destacó el burgomaestre, quien consideró que ni la presencia histórica de las Farc, ni la actividad de las bandas criminales, ni el centenar de procesos de restitución de tierras que se desarrollan en este municipio, “puedan perjudicar el proceso del Plebiscito de alguna manera”.

A la queja se sumó Ana María Uribe, secretaria de gobierno de Valvidia, municipio del norte de Antioquia incluido en la lista de las localidades de riesgo extremo en Antioquia: “En mi municipio no veo mayor riesgo del que puede haber en el resto del país”.

Una de sus particularidades en este municipio es la presencia histórica del Frente 36 de las Farc y una alta densidad de cultivos ilícitos. Para la funcionaria, no se trata de factores que afecten el proceso electoral para el Plebiscito pues “aquí no existe ningún tipo de presión armada por el Sí o por el No; además, los campesinos están muy esperanzados en que lleguen proyectos de sustitución de cultivos ilícitos”.

El Plebiscito: un riesgo

Si bien no figuran entre los municipios con riesgo extremo, ciudades como Medellín, Bello e Itagüi, en Antioquia, también despiertan preocupaciones para los observadores de la MOE. Foto: Oficina Alto Comisionado de Paz.Para el Coordinador de la MOE en Antioquia, la finalidad de los mapas de riesgo no es otra que advertir con tiempo a las autoridades electorales, civiles y de Policía, principalmente en regiones periféricas, sobre la presencia de diversos factores que podrían alterar u obstaculizar el derecho al voto de los ciudadanos.

"La idea de los mapas no es decir que en este o en este otro municipio no se pueden hacer elecciones, no. La intención es mostrarles a las autoridades que existen unos factores de riesgo que deben ser atendidos de manera cautelar para que las elecciones se puedan desarrollar con tranquilidad”, declaró Valencia.

A su juicio, dichas advertencias cobran plena validez para el proceso electoral que vivirá el país una vez se establezca la fecha para el Plebiscito. Y es que, a diferencia de otras elecciones, donde los peligros recaen principalmente en fraudes, constreñimientos y alteración de resultados, estas en particular corren el riesgo de ser utilizadas por grupos políticos para agitar otros temas sensibles como la restitución de tierras, la minería, la creación de zonas de reserva campesina, entre otros, que terminen por polarizar aún más las comunidades.  

“Estas elecciones tienen ese riesgo particular. Incluso, observamos otro riesgo que no pudimos determinar porque sería injusto señalar municipios o regiones, pero uno observa que en algunas localidades hay posibilidades de que se presenten asonadas, dependiendo de qué tan cargada esté la votación a favor del Sí o el No y la disposición de los grupos políticos de respetar los resultados. Por ello, creemos que tendrá que haber una gran pedagogía para que el país acepte el resultado, cualquiera sea”, sentenció Valencia.

Un paso más hacia el fin del conflicto armado con las Farc

Las delegaciones anunciaron desde La Habana que ya definieron los protocolos que permitirán la implementación del cese bilateral al fuego que conducirá al desarme de esa guerrilla, una vez se firme el Acuerdo Final.

farc desarme 1Después de la firma del acuerdo de paz las Farc dejarán sus armas en un plazo máximo de 180 días. Gradualmente se las entregarán a delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y se fundirán para hacer tres monumentos. Foto: archivo Semana.Un mes y 13 días después de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Lodoño Echeverri, alias 'Timochenko', estrecharon sus manos por segunda vez en Cuba tras anunciar la hoja de ruta que permitirá el paso a la vida civil de quienes se alzaron en armas, se firmaron 23 protocolos y dos anexos para lograr tal fin.

A pesar de que los protocolos no fueron enunciados detalladamente, en su comunicado conjunto número 83 las partes indicaron desde La Habana que girarán en torno a siete ámbitos: introducción; monitoreo y verificación; reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y dispositivos en el terreno; seguridad; logística; y dejación de armas. Estos elementos se aplicarán en las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho campamentos que se crearán para la concentración de las filas de las Farc.

El ruido tras el silencio de los fusiles de las Farc

En el protocolo de introducción se establece cómo será el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el cual estará a cargo de una comisión tripartita compuesta por miembros de la ONU, del gobierno nacional y de las Farc, que verificará el cumplimiento del cese al fuego; determina el funcionamiento de las zonas de concentración, la adaptación de la Fuerza Pública en el terreno y el cronograma que se desarrollará durante el cese al fuego y la dejación de armas.

En cuanto a monitoreo y verificación, se definió que la comisión tripartita estará en funcionamiento de manera ininterrumpida en los 31 puntos de concentración de los subversivos para monitorear el cese al fuego y la dejación de armas; que recogerá información y elaborará informes sobre los eventuales incidentes en los que se viole el cese de hostilidades; y que sus integrantes podrán tener contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado, “las cuales podrán contribuir en la labor del Mecanismo aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias”.

Para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo se fijaron 35 normas para garantizar que no se violen los acuerdos ni se afecten los derechos ni las libertades de la población civil aledaña a las zonas de concentración de las Farc. Ninguna de ellas fue enunciada.

Autoridades locales reclaman mayor información sobre Zonas Veredales

Sobre el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y dispositivos en el terreno, se establecen los criterios para garantizar la llegada de los miembros de las Farc a ellas y las dos partes se “comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios”.

En el punto de seguridad se fijan las medidas para garantizar la protección de los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de la población civil, de los funcionarios del Estado, de los miembros de las Farc; y se determinan las rutas de desplazamiento, los dispositivos de seguridad en las zonas de concentración y el procedimiento para la manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos. Además, se estable que 60 miembros de las Farc podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de activadas relacionadas con el proceso de paz, al igual que un grupo de 10 integrantes que podrá hacer lo mismo a nivel municipal y departamental.

El protocolo de dejación de armas ratifica la hoja de ruta que se anunció el pasado 23 de junio, la cual estable que será de manera gradual: “La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP, dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto, luego de la firma del Acuerdo Final”.

Una vez concluyó la lectura del comunicado conjunto, los jefes de las delegaciones coincidieron en que la concertación de los protocolos anunciados es una prueba más de la seriedad del proceso de negociación y de que el fin del conflicto armado está cada vez más cerca.

El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, señaló que “los acuerdos del 23 de junio trazan una hoja de ruta clara y precisa, ahora con estos 23 protocolos y dos anexos que presentamos hoy, se convierte en un plan muy detallado con fechas concretas y procedimientos exactos. Este es el camino que recorreremos hacia el fin del conflicto armado en Colombia. Y concluyó: “El fin del conflicto está cada vez más cerca. Estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia”.

A su turno, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', indicó que la firma de los protocolos “es una nueva y contundente señal de que el proceso de paz en Colombia sigue su marcha ineluctable hacia el acuerdo final, pese al fuego enloquecido de los enemigos de la paz que quieren hacerlo fracasar por razones políticas caprichosas desprovistas de sentido común y todo sentimiento de humanidad”.

Por otro lado, todavía no se han seleccionado las veredas que acogerán el proceso de entrega de armas de las Farc. Al respecto, las partes indicaron que la próxima semana, en compañía de miembros de la ONU, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de los países garantes de la negociación, recorrerán los 30 municipios anunciados por el Ministerio de Defensa para hacer las respectivas evaluaciones en terreno.

Aunque no se anunciaron mayores detalles sobre los protocolos de entrega de armas, Humberto de la Calle señaló que ocho días después de que se firme el Acuerdo Final, las Farc le darán el listado completo de sus integrantes a los verificadores de la ONU y que dos días después harán entrega de su armamento inestable para que sea destruido.

Con el anuncio de hoy se sientan las bases para ponerle fin a la confrontación armada con las Farc y permitir su paso hacia la sociedad civil, pero todavía quedan puntos importantes por concretar en la Mesa de Negociación como el mecanismo de amnistía y la conformación de los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz. Una vez se firme el Acuerdo Final, éste tendrá que ser refrendado por el pueblo colombiano a través del plebiscito que convocará el gobierno nacional, toda vez que el pasado 19 de julio la Corte Constitucional le dio luz verde.

Al respecto, la amnistía y la refrendación pueden convertirse en un obstáculo para el proceso de dejación de armas. En consecuencia, las palabras de 'Márquez' generan una duda: "Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los pasos sustanciales en lo que respecta en el desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización y la dejación de armas, están supeditadas a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá, en consecuencia, estar refrendado y en efectivo desarrollo el Acuerdo Final".

Dicha postura fue reforzada por Luis Antonio Losada Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada', miembro del Secretariado de las Farc e integrante de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, quien en una posterior rueda de prensa señaló que sin amnistía no habría Acuerdo Final. "Es así de sonecillo: si no hay una ley de amnistía, no habría Acuerdo Final; y si no hay Acuerdo Final, pues no habrá movilización hacia las zonas. Es decir, son elementos inseparables del mismo proceso", precisó.

¿Se puede enredar la desmovilización al final del camino? ¿El proceso iniciará con la firma final o con la efectiva refrendación del acuerdo?

Las normas para silenciar los fusiles

Hace mes y medio se anunció que habrá cese al fuego una vez se firme el Acuerdo Final. Este viernes se establecieron sus reglas de juego. Foto: SIG.En uno de los siete documentos que las partes publicaron en la página web de la Mesa de Negociaciones, que contiene los 23 protocolos y dos anexos, se encuentran las 35 reglas que fijarán el fin de la confrontación armada. 16 deben ser cumplidas por las dos partes, nueve por el gobierno nacional y diez por las Farc.

A continuación reproducimos la totalidad de su contenido:

"REGLAS QUE RIGEN EL CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA)

- Las conductas que se describen aquí son el núcleo principal de la actividad que tendrá el mecanismo de monitoreo y verificación (MM&V).

- Son reglas que buscan evitar situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del acuerdo de CFHBD y DA.

- Son conductas que NO deben ser realizadas, y que buscan que la población civil no sea afectada en sus derechos.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones

1. Entrar en contacto armado.

2. Impedir u obstaculizar la labor del MM&V.

3. Ocultar información que sea relevante para el funcionamiento del MM&V y la implementación del acuerdo del CFHBD y DA.

4. Desplegar unidades armadas y personal no autorizado en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) - Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y Zonas de Seguridad (ZS), bajo las condiciones definidas en el Acuerdo del CFHBD y DA.

5. Adelantar acciones que impidan la protección o asistencia humanitaria.

6. Utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio.

7. Ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil, especialmente aquellos por razón de género.

8. Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de la contraparte.

9. Realizar acciones que vayan en contra de la integridad y seguridad física del personal que conforma el MM&V.

10. Interferir en la labor del CI-MM&V frente a los procedimientos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final del armamento de las FARC-EP.

11. Usar las Rutas de Desplazamiento, la adecuación de los dispositivos en el terreno, las ZVTN, los PTN y las Zonas de Seguridad para fines o propósitos diferentes a los acordados en el marco del CFHBD y DA.

12. Transgredir los acuerdos y protocolos relacionados con el ingreso y salida de las ZVTN y los PTN.

13. Hacer presencia temporal ó permanente en las zonas de seguridad delimitadas previamente de común acuerdo.

14. Transgredir los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre CFHBD y DA.

15. Afectar los derechos y libertades de la población civil.

16. La Fuerza Pública mantendrá el cumplimiento de la Ley y en especial de la sentencia –T-455 de 2014- de la Corte Constitucional sobre la incorporación de integrantes a sus filas; y por su parte las FARC-EP no incorporará nuevos hombres y mujeres en sus filas (guerrillas y milicias).

El Gobierno gacional se compromete a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones

1. Tener trato discriminatorio con el personal objeto de este acuerdo.

2. Diseñar, planear y ejecutar vuelos militares, por debajo de 5.000 pies de los niveles de vuelo.

3. Diseñar, planear y ejecutar operaciones de acción ofensiva contra los integrantes de las FARC-EP (guerrilla – milicias) que se encuentren en cumplimiento del acuerdo de CFHBD y DA.

4. Controlar el suministro de alimentos y medicamentos destinados a las áreas definidas en las ZVTN y los PTN.

5. Afectar o dañar las instalaciones adecuadas en las ZVTN y PTN.

6. Ingresar a las ZVTN, PTN y a las franjas de seguridad sin informar o coordinar con el MM&V.

7. Hacer propaganda hostil en contra de las FARC-EP.

8. Obstaculizar el desplazamiento de los integrantes de las FARC-EP hacia las ZVTN y los PTN.

9. Obstaculizar la atención médica a los integrantes de las FARC-EP.

Las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones:

1. Hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los campamentos.

2. Salir de las ZVTN o de los PTN sin cumplir los procedimientos acordados en materia de seguridad para los desplazamientos.

3. Adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados en el acuerdo del CFHBD y DA.

4. Interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía.

5. Cometer actos de destrucción o de daño material, de las obras e instalaciones, infraestructura, instalaciones gubernamentales y de la Fuerza Pública.

6. Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización.

7. Incrementar su capacidad de combate.

8. Comercializar o preparar depósitos clandestinos de armas y pertrechos.

9. Modificar sin justificación la cantidad y relación de personas y armas autorizadas para permanecer en los Campamentos.

10. Incumplir el procedimiento técnico acordado de registro y almacenamiento de las armas correspondiente a los y las integrantes de las FARC-EP que salen al cumplimiento de las tareas del proceso de paz y de los y las integrantes de esta organización asignados al MM&V".