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Así se ha movido el proceso de paz en 2015

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En lo corrido de este año, los diálogos en La Habana entre el gobierno y las Farc han logrado avances importantes que favorecen directamente a las víctimas y que hacen referencia a cómo bajar, poco a poco, la intensidad de la guerra.

¿Qué hacer con la memoria documental sobre el conflicto armado?

Las comisiones de la verdad recopilan miles de documentos y testimonios que son claves para hacer justicia y memoria. La pregunta es: ¿quién se encarga de guardarlos después?

0-comisiones-de-la-verdad-y-archivosDesde 2001, se han creado 17 comisiones de la verdad en el mundo Foto: archivo Semana

Saber lo que ha pasado en un conflicto armado es una de las principales tareas de cualquier comisión de la verdad. En el caso de Colombia, la misión está frente a una guerra que ha durado cuando menos 50 años, si se calcula desde la fundación de las guerrillas de las Farc y el Eln. Pero lo difícil no solo está en cómo encontrar esa información, sino en definir quién la guardará porque tendrá un su poder una herramienta eficaz para hacer justicia y memoria sobre lo que pasó durante la confrontación armada.

Una mirada a varias de las 17 experiencias de comisiones de la verdad que han existido en el mundo desde 2001 puede ofrecer algunas claves para saber qué hacer en Colombia con respecto a la memoria documental.

En Perú, dos años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara su informe, 150 oficiales fueron enjuiciados por los casos derivados de esta investigación y esa misma información sirvió para identificar que el Partido Comunista Sendero Luminoso era responsable del 54% de las desapariciones y asesinatos. En Chile se identificaron 14 tipos de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Uganda se documentaron más de 300 casos de desaparición y en Guatemala, con un solo documento que identificó a más de 180 víctimas, se develó la existencia de una estrategia política para desaparecer ciudadanos aparentemente opositores al gobierno. (Descargue el documento de Guatemala en PDF)

Además de ayudar a la justicia, las verdades también sirven para recordar lo que pasó y reparar a las víctimas, sostiene el español Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras y uno de los cinco expertos internacionales que asesora en Colombia, desde principios de este año, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). A su juicio, en la mayoría de los casos los archivos han sido definitivos en las comisiones de la verdad porque muchas veces los testimonios que estas recopilan son contradictorios, mientras que un documento es más contundente.

Cuando han intentado saber qué pasó en otras partes del mundo, uno de los mayores obstáculos ha sido la actitud de los gobiernos y la Fuerza Pública, de donde provienen los principales archivos. En la búsqueda de la verdad cualquier papel, fotografía, video o audio puede ser fundamental. En entrevista para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la especialista norteamericana Trudy Peterson, quien trabajó 24 años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, puso como ejemplo una experiencia vivida en Perú: “Recuerdo que durante la Comisión de la verdad, leí un artículo en que se le preguntaba a la gente de la calle qué pensaba del reporte de la Comisión y un hombre respondió: ‘Ellos no me dijeron que pasó con mi hermano’. Y esa es la verdad, aunque haya una comisión de la verdad, los documentos son esenciales para empezar a seguirle la pista de lo que pudo haber pasado con alguien que desapareció”.

“Generalmente el gobernante sólo se preocupa por cómo lo puede afectar un archivo y no lo ve en positivo, como algo para construir memoria”, explica Alberch. Una de las primeras reacciones de las instituciones del Estado en las primeras fases de la época de posconflicto es proceder a la destrucción masiva de documentos, con lo que se pretende borrar toda huella de sus estrategias de control de la seguridad que, en muchos países, generaron graves violaciones a los derechos humanos.

En Argentina, por ejemplo, “se dio orden de quemar todos los archivos antes de que los militares abandonaran el poder y se hizo a conciencia”. Así lo narra Priscilla Hayner, cofundadora del Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), en su libro Verdades innombrables. En Guatemala, la extinta Policía Nacional guardó más de 12 millones de documentos, que de ponerse en línea recta uno detrás de otro medirían casi 8 km. Estos fueron encontrados por casualidad en 2005, durante un procedimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese país en una vieja edificación de la ciudad de la capital guatemalteca.

El tema es tan importante que desde La Habana, Cuba, sede de las negociaciones entre la guerrilla de las Farc y la administración del presidente Juan Manuel Santos, para terminar con 50 años de confrontación armada, voceros del grupo insurgente solicitaron el pasado 4 de marzo la apertura de los archivos estatales y la desclasificación definitiva de la información reservada sobre los asuntos relacionados con el conflicto y su persistencia, lo que, a su juicio, contribuiría con el esclarecimiento de la verdad.

De allí la importancia de qué hacer con la información que se recopile en una eventual comisión de la verdad en Colombia. El gobierno ya tomó una parte de la decisión en 2011 al designar al Centro Nacional de Memoria Histórica para esta tarea.

En quiénes confiaron los otros
0-comisiones-de-la-verdad-y-archivosCuando la comisión de Guatemala entregó su informe, a Kate Doyle una de las investigadoras le llegó una lista con la reseña y fotografía de más de 180 desaparecidos por la Policía. Luego, esta se conoció como Diario Militar. Foto: VerdadAbierta.com.

En 1992, los alemanes se la jugaron por el Estado, para que guardara 40 millones de documentos, miles de grabaciones y fotografías sobre lo que pasó en la dictadura de la República Democrática Alemana, que vigiló a los ciudadanos a través de una compleja red de espías e informantes articulados al Ministerio para la Seguridad del Estado, conocido como la Stasi.

Seis años después, el parlamento germano siguió las sugerencias de las dos comisiones de la verdad que habían existido hasta el momento y creó una fundación para discutir sobre la dictadura y guardar los archivos recopilados, que hasta entonces estaban en su poder. Hoy, gran parte de esa información está publicada en internet y en el museo de la Stasi en Berlin, que es frecuentemente consultada por víctimas del régimen comunista para obtener pruebas que son llevadas a los estrados judiciales en busca de una reparación. (Leer: Los ‘muros’ que tendrá que derribar Colombia para el posconflicto y “Si quieres una democracia real, los ciudadanos deben tener datos”)

“En Alemania, los archivos los guarda el Estado, pero porque la gente confía. En gran parte debido a que el director (comisionado federal) de los archivos es elegido por mayoría en el Parlamento. Cada candidato tiene que mostrar que es la persona más preparada, ecuánime, con un currículo limpio, con un pasado de primera y que no hay dudas de su probidad”, detalla Alberch.

El Archivo de la Stasi es independiente de cualquier estamento político y define sus propias líneas a seguir. Una muestra de lo que significa estar a la cabeza de esta institución es que su primer director, Joachim Gauck, es el actual presidente de Alemania.

Pero no todos los casos en los que le dieron potestad al Estado han sido exitosos. En Bolivia, el Ministerio del Interior era la cabeza de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, pero hoy no se saben dónde están los documentos que recopilaron.

En Chile se le entregó el reporte al entonces presidente Patricio Aylwin y luego toda la información pasó al Ministerio del Interior. Actualmente, los registros se reservan para uso oficial. Sólo existe una “copia genuina” de la investigación, que está en manos de la organización no gubernamental Corporación Justicia y Democracia, puesto que a todos los archivos manejados por otras entidades le agregaron o borraron partes.

Otra alternativa es confiar en organismos internacionales. En El Salvador los jesuitas impidieron la idea inicial de crear un cuerpo académico en Estados Unidos, con participación de salvadoreños, que tuviera los archivos. Al final, la información fue enviada para la custodia del Secretario General de la ONU, establecido en Nueva York, y desde entonces está restringida para usos de investigación.

Difusión y pedagogía
0-comisiones-de-la-verdad-y-archivosRamón Alberch es uno de los seis expertos (incluyendo al colombiano Gonzalo Sánchez) que conforman el Comité Asesor Internacional del CNMH. Foto: Cortesía del Centro de Memoria Histórica.

Alberch cree que más que dónde guardar los documentos, lo principal es cómo difundirlos. “Se debe utilizar una pedagogía para que el ciudadano tome conciencia de lo que pasó”, indica.

En Sierra Leona se hizo una versión infantil de los resultados de la comisión. En Perú, un libro de fotografías y un resumen de los principales hallazgos de su comisión de la verdad fueron distribuidos durante cinco semanas como suplemento de un periódico de amplia circulación nacional. En Nigeria se trasmitieron en vivo las sesiones de la comisión durante todo un año.

“En España recuerdo mucho un documental que nos pasaron cuando estábamos en bachillerato. Éramos unos niños que veíamos la guerra civil como algo pasado, pero al ver eso nos dimos cuenta que las consecuencias llegaban hasta nuestros días”, recuerda Alberch.

En Colombia casi todo el camino está por recorrer. El CNMH está construyendo una política pública para el manejo de archivos (descargue versión PDF y todavía no se ha conformado una comisión de la verdad. Su tiempo es limitado puesto que por ley sólo va hasta 2021. Aun así, Alberch considera que el CMH es quizá el organismo en el mundo que tiene mejor estructuradas sus políticas y le da “mucho mérito” al caso colombiano pues “es uno de los pocos países en donde las iniciativas de archivos han venido del gobierno” (lea ‘Los archivos de la Operación Sirirí’). En cuanto al tiempo, dice que no le preocupa puesto que el Archivo de la Stasi también tenía un límite y lo han prolongado tres veces desde 1996.

Además, este experto califica como “algo único” el hecho de que en Colombia se quiera restituir tierras, reparar a las víctimas y recuperar la memoria sin que el conflicto haya terminado pues en otros casos hubo una ruptura para empezar a hacer esto. “En España se acabó la guerra civil y luego se intentó reparar. En Alemania, finalizó la guerra mundial y se buscaron en un sólo país los que antes estaban divididos. En Argentina, se terminó la dictadura y empezó la democracia. Pero en Colombia todo sigue en marcha”, indica.

A pesar de los buenos pronósticos existen dificultades que preocupan a los expertos. Trudy Peterson señala que el reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares, mientras que al CNMH “le llama la atención” el aumento de la reserva del sumario de 30 a 45 años sobre documentos judiciales, a lo que se debe agregar la presunta desaparición de los archivos del DAS que muestran los excesos que cometió al investigar a ciudadanos, miembros de la Justicia y opositores al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La discusión apenas empieza y, a diferencia de otros países, se deberá resolver en medio del conflicto, lo que es un avance, pero también un gran riesgo.

Las opciones de 'Simón Trinidad'

¿Puede ser repatriado este miembro del Estado Mayor de las Farc, extraditado y condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos?

0-extradicion-simon-trinidad'Simón Trinidad' al momento de su extradición a Estados Unidos. Foto: archivo Sermana.

Muchos colombianos recuerdan claramente los últimos momentos de Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', en Colombia. Esa imagen del integrante del Estado Mayor de las Farc data de hace más de diez años, cuando esposado y con chaleco antibalas, fue entregado a agentes norteamericanos, que lo pusieron en un avión de la DEA y lo trasladaron a Estados Unidos. Aquel parecía un vuelo sin retorno. 'Trinidad' –hoy con 65 años de edad– está condenado a 60 años de cárcel. Sin embargo, cada día se comenta a más alto nivel la probabilidad de que regrese.

Esta es una posibilidad remota pero no imposible. La situación de 'Trinidad' es mucho más que complicada. En los tribunales estadounidenses enfrentó dos juicios: uno por narcotráfico y terrorismo y, otro, por secuestro. El primer expediente nunca prosperó, el segundo sí. Se le halló culpable de “conspirar para mantener a tres ciudadanos estadounidenses como rehenes”.

Se trataba de tres contratistas norteamericanos que cumplían una misión para el Pentágono y que cayeron en manos de las Farc cuando sobrevolaban selvas del sur de Colombia en 2003. Durante el juicio a 'Trinidad' los estadounidenses continuaban secuestrados y fueron considerados civiles, no militares. Tras ser declarado culpable, la lectura de la sentencia de 'Trinidad' fue aplazada en dos ocasiones (entretanto él envió infructuosas cartas al Secretariado de las Farc solicitando la liberación de los contratistas).

En enero de 2008 Royce Lamberth, el juez del caso finalmente se pronunció: "Las familias de estas personas están siendo torturadas y ninguna nación civilizada puede permitir esto. Su sufrimiento no acabará con esta sentencia, pero la severidad de ella quizás disuada a otros de cometer este crimen", y agregó: "Esto fue y es un acto de terrorismo, fue un acto bárbaro que atenta contra las leyes de todas las naciones civilizadas". Sin más, firmó la sentencia y le deseó buena suerte a 'Simón Trinidad'.

Posteriormente, en julio de 2008, los tres estadounidenses fueron rescatados junto con Ingrid Betancourt y una doce de militares colombianos en la Operación Jaque. Aunque en la práctica la sentencia a 'Trinidad' es cadena perpetua –saldría con 111 años de edad–, legalmente se limitó a 60 años sólo porque el tratado de extradición no permite a EE.UU. imponer condenas superiores a las que admite la ley colombiana. Tratándose de una sentencia de tal envergadura existe sólo una vía para que salga de prisión: el perdón presidencial. En Estados Unidos el Presidente ostenta el poder absoluto y discrecional de indulgencia, capaz de imponerse sobre cualquier condena.

Desde George Washington, en 1794, hasta Obama, todos los presidentes han hecho uso de esa facultad, pero siempre con pinzas, por el costo político que conlleva, o tragándose la vergüenza y enlodando su puesto en la Historia cuando razones extra políticas se impusieron: quince años atrás Bill Clinton indultó a su hermano Roger. En 1976, Gerald Ford indultó a su exjefe y antecesor, el ex presidente Richard Nixon por “todos los delitos que hubiera cometido” en el llamado Watergate, escándalo que le costó el cargo a Nixon, indulto que le costó las elecciones a Ford.

El eventual indulto a 'Simón Trinidad' tomó alto vuelo en los últimos días cuando el presidente Santos afirmó que podría interceder ante Estados Unidos por Farc. “Tenemos que encontrar una solución. Nadie va a entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana. Eso es totalmente irrealista. Eso ya es una responsabilidad mía en mis relaciones con los Estados Unidos de buscarle una solución a eso”, dijo Santos en España. Tras esto, Shlomo Ben Ami, ex canciller israelí y asesor de los diálogos en La Habana, cuando se le preguntó concretamente por la exigencia de las Farc de que 'Trinidad' esté en la mesa como parte de sus negociadores, respondió: "Eso ya se ha mencionado en conversaciones con el vicepresidente (estadounidense) Jhon Biden", además agregó "Eso también se le ha mencionado a la Administración norteamericana". Y la polémica se desató.

El ex presidente Uribe trinó: "Santos nos ofende a muchos colombianos pidiendo a USA que libere a 'Simón Trinidad'". "'Simón Trinidad' aprovechó información bancaria privilegiada para secuestrar personas en Valledupar. Santos pide liberarlo". El procurador Ordóñez puso el grito en el cielo y se dirigió al senador estadounidense Marcos Rubio, del partido republicano, para cerrar filas contra “tentativas y posibles gestiones para que el criminal Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’ (…) sea repatriado a Colombia para que se una a los diálogos”. Tratando de apaciguar el torbellino, el presidente Santos desmintió haber hecho tal solicitud al gobierno de Obama.

Qué dicen en Washington
Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Foto: archivo Semana.

Expertos consultados en la capital de Estados Unidos acerca de la posibilidad de que Barack Obama extienda el manto de perdón sobre 'Trinidad', consideran es que un asunto más probable que improbable. Sin embargo, aseguran que es el cuándo y el cómo donde está la clave.

En Washington nadie cree que la eventual liberación pueda ocurrir pronto. Más bien, de darse, sería después de noviembre de 2016, o sea, tras las elecciones de donde saldrá el sucesor de Obama. La razón es que los presidentes suelen aguardar hasta último momento para otorgar indultos, atenuando así el costo político que les pueda significar. Por otra parte, los analistas consideran que Obama sólo daría el paso cuando al proceso de paz le falte el último hervor.

Adam Isacson, de la organización Wola, dedicada a estudiar e investigar los intríngulis de la política estadounidense con relación a Latinoamericana, ve posible la liberación de 'Trinidad' sólo cuando se satisfagan dos condiciones: “Que el proceso de paz se encuentre en un estado muy avanzado, con muy poca posibilidad de fracasar (y entonces de ver a 'Trinidad' volviendo al monte). Y que el Presidente Santos solicité la liberación de una manera pública, explícita y por escrito, de tal forma que comparta plenamente el costo político”.

En el mismo sentido el internacionalista Antoine Perret, quien vivió cuatro años en Colombia, ha sido asesor de Naciones Unidas y es investigador de American University, considera: “No veo al gobierno estadounidense enviado a 'Trinidad' para que participe de los diálogos, eventualmente para firmar la paz, sí”.

Los expertos también llaman la atención sobre una posibilidad que no se ha mencionado en Colombia aunque está sobre la mesa: la variación de la pena. Efectivamente, el reglamento de la Oficina de Indultos, adscrita al Departamento de Estado, señala que “la clemencia ejecutiva puede tomar varias formas, incluidos el perdón, la conmutación de la sentencia, la remisión de la multa o restitución, y la suspensión temporal del castigo”. Es decir, el perdón de Obama puede ser tan amplio o estrecho cómo se requiera. Y esa flexibilidad permite negociaciones, como ocurrió en diciembre en el histórico anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba –tras 50 años–, para lo cual Obama liberó a tres cubanos acusados de ser expías y con sentencias en firme (uno de ellos condenado a dos cadenas perpetuas más quince años de prisión). Al mismo tiempo Raúl Castro sacó de la cárcel a un estadounidense y lo repatrió. “El Presidente Obama estaría dispuesto a hacer una concesión a las Farc, sólo con miras de alcanzar un objetivo superior”, anota Perret.

El más reciente pronunciamiento del gobierno de Obama sobre un perdón a las Farc se dio en enero cuando Yamit Amad le preguntó a Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, y este respondió: “Primero es importante recordar que la Rama Judicial es independiente. Segundo, una persona ya condenada está en posición bien distinta, y tercero, respaldamos plenamente al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para llegar a una paz negociada, y no queremos ser obstáculo, queremos ayudar”. Para Isacson, lo más llamativo de la respuesta es que el embajador “No dio un no en absoluto”.

Lo que luego vino –aún más importante– fue el nombramiento de Bernie Aronso como enviado especial de Obama al proceso de paz. En rigor se trata de un emisario para recibir y transmitir mensajes, sin facultad para tomar decisiones, sin embargo es un paso concreto en el nivel de involucramiento de Estados Unidos. Un paso que las propias Farc aplaudieron. La presencia del emisario de Obama revalúa el argumento de que Estados Unidos lo único que entiende respecto a las Farc es que son un grupo terrorista. “Hay terroristas y terroristas. Y las Farc no son ISIS ni Al Qaeda. Nunca aparece en los noticieros televisivos aquí, y solo esporádicamente en la prensa escrita. Por su bajo perfil, alguna concesión tendría mucho menor costo político, especialmente si es el gobierno colombiano quien la solicita”, dice Isacson.

'Simón Trinidad' no es el único jefe de las Farc con líos en la justicia de Estados Unidos. Este escenario también supone que el perdón de Obama vendría sólo cuando la firma de la paz sea inminente. Dado que el presidente de EE.UU. tiene la potestad de perdonar antes o después de una sentencia, lo más lógico es que si se va a hacer un arreglo se haga en conjunto. El presidente Santos lo dijo claramente cuando aceptó que intermediaría en Estados Unidos por las Farc, sí pero “cuando lleguemos al final del proceso, me corresponderá a mi plantearle a las autoridades norteamericanas una solución”.

Todo indica que la eventual repatriación de 'Simón Trinidad' es tan probable y próxima como la eventual firma de la paz en Colombia.

¿Quién es?
simon-trinidad-2-620x400La delegación de paz de las Farc en Cuba con una foto de 'Simón Trinidad' en tamaño real. Aparece en medio, entre 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich'. Foto: archivo Sermana.

Antes de vincularse en las Farc alias 'Simón Trinidad' se tituló de Economista con una especialización en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y fue un reputado banquero en la Costa colombiana. En 1987 se fue para el monte, operó en norte del país haciendo del secuestro su principal arma. Como integrante del Estado Mayor del Bloque Caribe participó en los diálogos de las Farc con el gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán.

En 2004 fue capturado en Quito por autoridades ecuatorianas y posteriormente extraditado desde Colombia por el presidente Uribe. Desde el primer día de conversaciones públicas con el gobierno de Juan Manuel Santos, las Farc designaron a 'Trinidad' parte de su equipo negociador como “miembro plenipotenciario”. En La Habana, los negociadores de las Farc han hecho permanente  la “presencia” (y ausencia) de 'Simón Trinidad' a través de una foto tamaño real.

Los bombardeos cambiaron la guerra en Colombia

El cese temporal de los bombardeos a campamentos de las Farc es un gesto de reciprocidad del gobierno frente al cese unilateral que ha mantenido ese grupo guerrillero. Esta es la historia del papel que han jugado los bombardeos en los últimos 20 años.

0-bombardeosAviones de combate de la Fuerza Aérea de Colombia. Foto: archivo Semana.

Si a algo le han temido los guerrilleros de las Farc en los últimos años es a los bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía contra sus campamentos en la selva. Así lo reconocieron voceros del grupo subversivo en La Habana, Cuba. “Son absolutamente monstruosas, nos han hecho tanto daño”, le dijo ‘Andrés París’ a VerdadAbierta.com en diciembre de 2012.

Y es que desde que entraron en operación versátiles aviones Super Tucano cargados con bombas inteligentes, la confrontación armada entre el Estado y ese grupo insurgente cambió radicalmente. La estrategia de atacar rápido y por sorpresa significó no sólo la muerte de jefes guerrilleros como ‘El Negro Acacio, ´Marín Caballero’, ‘Alfonso Cano’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Raúl Reyes’; sino en ocasiones la desaparición de frentes enteros.

Por eso que el presidente Juan Manuel Santos ordenara ayer “cesar los bombardeos sobre los campamentos de las Farc durante un mes” con el fin de “impulsar el desescalamiento del conflicto”, es un mojón más en el camino para ponerle fin al conflicto. Es un gesto de reciprocidad con la guerrilla, que ha venido cumpliendo el cese unilateral del fuego, y que también se dispone, junto con los militares, a iniciar el desminado de importantes zonas del país. Según Santos, en un mes se evaluará y decidirá si este cese temporal se extiende o no.

Estudiosos del conflicto armado colombiano como Carlos Medina Gallego han sostenido en diversas ocasiones y ante varios auditorios que es a partir de la modernización de las Fuerzas Armadas que propicia la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la posterior aplicación de la política de seguridad democrática durante los dos periodos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010), que se recurre a la inteligencia técnica y humana para golpear a las Farc.

“Las Farc comienzan a recibir golpes sin combatir, gran parte de las fuerzas insurgentes perdieron la vida sin combatir. Un chip, un avión, una bomba y destruía una unidad insurgente de tamaño importante”, dijo Medina Gallego en una intervención a finales del año pasado en Tame, Arauca.

Las sucesivas derrotas militares propinadas por los bombardeos fueron introduciendo cambios en la vida cotidiana de los frentes. Análisis internos del Bloque Iván Ríos, que opera en Antioquia, Córdoba y Chocó, realizados en septiembre de 2013, muestran hasta dónde han sido afectados. En un documento de esta unidad de las Farc, conocido por VerdadAbierta.com, revela que la intensidad de sus ataques se redujo “por las nuevas tecnologías utilizadas por el enemigo” y dejan claro que toda acción armada debe ser “en tiempo corto, no dando tiempo a las reacciones del apoyo aéreo”.

Una mirada a la historia muestra que uno de los primeros bombardeos de gran significado estratégico fue el realizado en ejecución de la Operación Colombia el 10 de diciembre de 1990 a Casa Verde, zona rural del municipio de La Uribe, Meta, un campamento central de las Farc, donde operaba el secretariado de ese grupo armado, su máximo órgano de decisión. Sin embargo, para aquellos años, según diversas fuentes documentales, esas acciones aéreas se ejecutaban en apoyo a las fuerzas desplegadas en tierra y tenían más impacto psicológico que real. En aquella ocasión se arrojaron 186 bombas.

Así quedó el campamento de 'Raúl Reyes' tras el bombardeo. Foto archivo Semana.

Uno de los mayores problemas que afrontaban las operaciones aéreas durante buena parte de la década del noventa fue la cercanía de áreas habitadas por donde se movían las células guerrilleras, lo que generaba un alto riesgo de afectar a la población civil. Un ejemplo de esas afectaciones es lo ocurrido en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, en Arauca, el 13 de diciembre de 1998.

Ese día se perseguía a una columna de las Farc que había atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, cerca del poblado, y en su retirada, ingresaron al caserío, buscando camuflarse entre los pobladores. Un rato después se escuchó una gran explosión que dejó 17 personas muertas, entre ellas varios menores de edad. Si bien, la jefatura de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) declaró que los guerrilleros habían detonado una bomba, lo que se comprobó después fue que sobre el caserío se arrojó una bomba tipo racimo desde una aeronave. Por este caso hay varios oficiales condenados.

La modernización aérea comenzaría en 2001, cuando se incorporan a las aeronaves Kfir y Mirage sistemas de visión nocturna y de direccionamiento de las bombas, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en adquirir este tipo de instrumentos para combatir una guerrilla que adelantaba por lo menos el 80% de sus operaciones en la noche.

Una segunda oleada de bombardeos se presentó una vez se rompieron los diálogos del gobierno presidido por Andrés Pastrana y las Farc que se venían sosteniendo en San Vicente del Caguán, para lo cual se habían despejado 42 mil kilómetros como muestra de confianza para buscar una salida negociada a la confrontación armada con ese grupo subversivo. Las conversaciones se rompieron a raíz del secuestro de un avión de pasajeros el 20 de febrero de 2002.

Ese hecho llevó al gobierno a recuperar la zona del Caguán, como era conocida, y se recurrió a bombardear varios campamentos de las Farc utilizado para ello 31 aviones, entre Mirage, Kfir, A-37, T-37, AC-47, OV-10 Bronco y los Embraer Tucano, que fueron adquiridos a mediados de la década pasada. En esa época se lanzó por primera vez una bomba guiada por láser tipo Griffin.

Los aviones, junto a una sofisticada tecnología satelital, hicieron que los bombardeos se volvieran precisos, silenciosos, y devastadores en su capacidad de fuego. Testimonios de guerrilleros que han sobrevivido a ellos los describen como una luz que lo ilumina todo de repente, pues suelen ocurrir en la noche, y al que es difícil escapar. La onda expansiva es tan brutal que puede arrancar de un tajo los órganos de las personas, o sus extremidades. Por eso las Farc califican esta arma de “monstruosa” y admiten que les “han hecho tanto daño”.

Acciones áreas claves
En una nueva fase de confrontación, tal como lo reseñó Medina Gallego, las acciones aéreas contra posiciones de las Farc fueron minando los principales cuadros de la organización insurgente. VerdadAbierta.com refiere, en una línea de tiempo, los bombardeos que tuvieron más impacto en el conflicto armado.

2 de septiembre del 2007
Tomás Medina, alias el ‘Negro Acacio’. Foto: archivo Semana.

Miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional y agentes del DAS desplegaron la operación 'Sol Naciente' en la que, tras un intenso bombardeo, murió Tomás Medina, alias el ‘Negro Acacio’, junto a otros 16 guerrilleros, en zona selvática del Guaviare. 'Acacio' controlaba el tráfico de cocaína en las selvas de Vichada, Vaupés y Guaviare, y manejaba gran parte de las finanzas del grupo guerrillero.

1 de marzo de 2008
Militares ecuatorianos en el campamento de 'Raúl Reyes' tras los bombardeos. Foto: archivo Semana.

En un operativo conocido como ‘Operación Fénix’, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó, en territorio ecuatoriano, el campamento de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, para ese entonces el segundo jefe más importante del secretariado de las Farc. En el ataque murieron 21 guerrilleros más.

21 de julio de 2008
En medio de una operación conocida como ‘Gibratal’, coordinada por la Policía y el Ejército, se bombardearon los campamentos de los frentes sexto y 30 de las Farc en  Corinto, Cauca.  En la operación murió Luis Carlos Ramos Pineda, alias 'Dago', jefe de logística y finanzas del frente sexto de las Farc.

16 de diciembre de 2009
En un operativo conjunto, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional bombearon un campamento del frente noveno de las Farc en el oriente antioqueño,  donde murió e Rubén Darío García Gómez, alias ‘Danilo’, quien de acuerdo con las autoridades era el jefe de este frente guerrillero.

30 de marzo de 2010
En límites de los departamentos de Tolima y Quindío, murió Ciro Gómez Rayo, alias ‘Enrique Zúñiga’, comandante del Frente 50 de las  Farc, Ciro Gómez Rayo, alias Enrique Zúñiga, y otros seis guerrilleros más. Su campamento fue bombardeado en un operativo de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana.

20 de septiembre del 2010
En un bombardeo en el municipio de San Miguel, Putumayo, murió Sixto Antonio Cabaña Guillén, alias 'Domingo Biojó', jefe político del frente 48 de esa guerrilla. También otros 22 guerrilleros.

23 de septiembre del 2010
mono-jojoy-620x400Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge Briceño' y 'Mono Jojoy'. Foto: archivo Semana.

El jefe militar y segundo al mando de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge Briceño' y 'Mono Jojoy', murió durante un bombardeo de las Fuerzas Militares a su campamento en zona selvática de La Macarena, en el Meta. En la operación conocida como Sodoma murieron siete guerrilleros más.

4 de noviembre de 2011
Campamento de 'Alfonso Cano'. Foto: archivo Semana.

‘Operación Odiseo’ fue el nombre que las fuerzas militares le dieron al bombardeo que terminó con la vida de Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’. En el operativo murieron también alias ‘El Zorro’, encargado de las telecomunicaciones de la guerrilla, y alias ‘Patricia’, la compañera sentimental de Cano, además fue capturado su jefe de seguridad, ‘El Indio Efraín’.

28 de marzo de 2012
La Fuerza Aérea bombardeó  uno de los campamentos principales del bloque Oriental de las Farc, en Vista Hermosa, Meta, donde murieron seis jefes de diferentes frentes de este bloque guerrillero,  entre ellos Alias ‘Arsecio Niño’, primer cabecilla del frente 27, y alias  'Marrano' o 'Gildardo', responsable del asesinato de tres indigenistas estadounidenses en 1999, en Arauca.

31 de enero de 2013
En un bombardeo coordinado por la Policía y las Fuerzas Militares  en el Nudo del Paramillo, murió Luis Carlos Úsuga Higuita, alias ‘Jacobo Arango’, jefe del frente V de las FARC y miembro del estado mayor del Bloque Iván Ríos. En el ataque murieron otros cinco guerrilleros.

26 de agosto de 2013
La Fuerza Aérea, con información de la Policía, ubicó y bombardeó un campamento perteneciente al frente 57 de las Farc en la vereda La Nueva de Riosucio, Chocó. El resultado fue la muerte de Virgilio Antonio Vidal Mora, alias ‘Silver’, cabecilla de este frente y quien era considerado un hombre clave para el tráfico de drogas y armas en esa zona.

19 de enero de 2014
A causa de un bombardeo contra un campamento guerrillero en la vereda Las Nubes del municipio araucano de Puerto Rondón murieron 14 integrantes de la denominada columna móvil Alfonso Castellanos y otro guerrillero fue capturado.

“Somos el tercer país más minado, después de Camboya y Afganistán”: Rafael Colón

Lo que se viene después del acuerdo logrado en La Habana no es tarea fácil, se trata de “limpiar”, a largo plazo, por lo menos 688 municipios del país de estos artefactos explosivos. Comunidades serán protagonistas en estas labores de desminado.

0-general-colonEl General (r) Rafael Colón, Director de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal, durante un evento de la ONU contra las minas antipersonal.

“Con este gesto de paz, las minas antipersona son las primeras armas que se están desactivando antes que termine el conflicto”, reconoce el general (r) Rafael Colón, al referirse al acuerdo logrado en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional sobre la limpieza y descontaminación de la presencia de minas antipersonal y otra serie de artefactos explosivos en diversas regiones del país.

El acuerdo fue divulgado el pasado viernes en la isla del Caribe y de inmediato fue celebrado por diversos sectores del país y por la comunidad internacional, que ve en ello un paso concreto y tangible en el desescalamiento de la confrontación armada. Todos coincidieron en resaltar la decisión de la guerrilla de las Farc de no volver a recurrir a estas armas no convencionales, proscritas por la legislación internacional, y afirmaron que participar en el desminado es un avance para hacer más eficiente y segura esa labor. (Leer Acuerdo)

La decisión también refleja un cambio en la mentalidad de esta guerrilla, si se tiene en cuenta que en diciembre de 2012, uno de los voceros de esta guerrilla en La Habana le dijo a VerdadAbierta.com que “las minas antipersona son usadas por la guerrilla como arma popular defensiva que busca desequilibrar la gran potencia bélica del Estado que, en uso y abuso de su fuerza, no escatima ningún recurso, arma o explosivo en contra de la guerrilla y las comunidades”. (Leer “No tenemos alianzas con bacrim”: vocero de las Farc)

Colón, general retirado de la Armada, con gran experiencia en el tema, está al frente de la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, entidad estatal que tendrá la mayor responsabilidad en coordinar  las labores en terreno que se desprenden del acuerdo, consideró como histórico el paso dado por la guerrilla de las Farc y precisó que lo que viene será posible si hay información clara y detallada que permita ubicar los artefactos explosivos.

En entrevista con VerdadAbierta.com, el general (r) Colón indició que por lo menos 688 municipios del país están “contaminados” con minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, munición sin explotar o restos explosivos de guerra. A continuación, presentamos el diálogo sostenido con él.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué reflexión le genera la decisión en La Habana?

Rafael Colón (RC): Es un paso importante hacia un verdadero desescalamiento del conflicto. Quitar las minas antipersonas en la profundidad de los territorios donde más vulnerable ha sido la comunidad, la población campesina, es un indicativo de que Colombia está en el camino seguro a comenzar a construir la paz territorial. Y esa decisión que toma las Farc implícitamente envían un mensaje de que ellos seguramente no van a instalar más minas y van a ayudar con información, a construir mapas, a construir la geografía de las minas.

acuerdo-desminado-1Foto: archivo Semana.

VA: ¿Qué información se tiene sobre estos artefactos explosivos en el país?

RC: La información que se tiene en el país está dada en términos de dónde han ocurrido los incidentes y los accidentes, pero necesitamos precisar la información. Nosotros pensamos en el gobierno que con las Farc ya cooperando vamos a construir mejores mapas para ser más precisos en la intervención que tendremos que desarrollar.

Esa información también nos permitirá conocer, de primera mano, cómo ha sido el sistema que han empleado las Farc para instalarlas, lo que nos va a permitir a usar esa información para la educación en el riesgo de las comunidades que hoy están amenazadas por minas antipersonas.

VA: ¿Dónde están esos sitios donde han ocurrido la mayoría de incidentes y accidentes con minas antipersonas?

RC: Los incidentes y los accidentes están directamente asociados con los territorios donde más intenso ha sido el conflicto. Tenemos un sistema de información que indica que hay 688 municipios, de los 1,122 del país, que presentan incidentes con minas y estos territorios están en los sitios donde más ha sido intenso el conflicto. Nosotros tenemos que los departamentos con más frecuencia de incidencia está Antioquia, le siguen Meta, Caquetá, Arauca, Norte de Santander y sur de Bolívar. ¿Y de donde hemos recogido esa información? De lo que nos dice la Fuerza Pública, las comunidades.

VA: ¿Cómo será la implementación del acuerdo entre gobierno y Farc?

RC: Hay que comenzar a trabajar en una hoja de ruta que defina los mecanismos, las estrategias, para establecer cómo desminar, dónde hacerlo, quién lo haría. El cuándo está implícito en el acuerdo, es un asunto que se debe hacer antes de que se lleguen a los acuerdos finales. Tendremos que establecer un equipo técnico en el que estén las Farc, nuestro gobierno, técnicos y expertos, todas las personas idóneas en la materia para establecer una ruta de trabajo y mostrarle al país que es una realidad y no una simple declaración.

VA: ¿Cuál ha sido la afectación de las minas antipersonal en el país en lo que va del año?

RC: Este año hemos tenido 36 accidentes y han muerto dos niños.  

acuerdo-desminado-1Foto: archivo Semana.

VA: ¿Y cómo está Colombia frente al mundo en este tema?

RC: Colombia es un país que tiene más de 11 mil víctimas. Y creo que esta es la oportunidad para comenzar a desmontar los primeros puestos que tenemos en el mundo con una acción más integral en la lucha contra las minas. Tenemos el primer puesto en el mundo por víctimas de militares por efecto de las minas; somos el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de menores de edad; y somos el tercer país en el mundo con mayores eventos históricos de minas, después de Camboya y Afganistán.

VA: Si bien las Farc han hecho ese compromiso, quedan el Eln y las bandas criminales (bacrim), que dicen en las áreas rurales que también siembran minas. ¿Qué hacer al respecto?

RC: Es evidente que el Eln ha puesto minas, no tengo referencias exactas de las bacrim. Pero lo cierto es que algunas organizaciones criminales si protegen algunos cultivos ilícitos. Y este tema de los cultivos ilícitos es un dato importante porque la mayor parte de estos cultivos son vigilados por grupos armados ilegales y muchas de las víctimas por minas han sido erradicadores, tanto de los grupos civiles como de la Fuerza Pública.

Entonces el asunto es que si se quita un actor como las Farc, vamos a tener mucho más margen de maniobra para hacer los desminados en zonas donde hay coca y también vamos a tener espacios más liberados en los territorios más densamente poblados con víctimas y más vulnerados, para hacer una mejor intervención. Si el Eln se suma a todo esto, será más sencillo eliminar la amenaza total de las minas.

VA: En el 2021 se cumple el plazo dado por la Convención de Ottawa para acabar con las minas en Colombia. ¿Cómo va el país con ese compromiso?

RC: Hemos construido un plan de alistamiento, que es en el que estamos, para que durante este año podamos intervenir en por lo menos 15 municipios para liberarlos de las amenazas de minas. Si se llegan a firmar los acuerdos, empezamos a tener una rata de 25 municipios y esperamos que en el año 2021 hayamos liberado 102 municipios, que son los que hemos focalizado, antes de que se nos venza el plazo dado por la Convención de Ottawa.

VA: En consonancia con la Convención de Ottawa, ¿ya las Fuerzas Militares abandonaron el uso de minas antipersonas para proteger sus bases militares?

RC: Las Fuerzas Militares hicieron labores de desminado en 35 bases militares. Esa operación empezó en 2005 terminó en 2011. Ya no hay minas sembradas por las Fuerzas Militares para proteger sus bases militares. Y en ese sentido se cumplió con lo suscrito.

acuerdo-desminado-1Foto: archivo Semana.

VA: Para este tipo de tareas se creó el Batallón de Desminado Humanitario. ¿Desde cuándo opera y en qué está hoy?

Este batallón comenzó trabajos en el país en el 2007 y hoy tiene diez pelotones operando en 9 municipios de Antioquia, Caldas y Santander. Y la Infantería de Marina está actuando en cuatro municipios de Montes de María.

VA: ¿En esas tareas también hay organizaciones civiles en el país?

RC: La organización civil que hay en estos momentos desminando empezó a trabajar en septiembre de 2013, tiene 125 civiles en esas tareas y casi todos son víctimas del conflicto.

VA: En un escenario de posconflicto, ¿qué se requiere para ser más efectivo en estas labores de desminado?

RC: En un escenario de posconflicto, nosotros tenemos que lograr mayor capacidad. Estamos calculando en crecer a cerca de diez mil hombres en el Ejército, unos 150 hombres en la Armada, y unos 150 hombres en la Policía. Hoy el Batallón de Desminado tiene en cobertura 50 hombres en seis municipios; la Armada apenas 84 hombres en cuatro municipios. Y la organización civil que tiene 130 hombres en cinco municipios. Lo que nos han dicho en Presidencia y en el Ministerio de Defensa es que crezcamos en capacidad.

VA: ¿Y la organización civil debe también crecer?

RC: No es suficiente con una organización civil. En este momento hay cinco organizaciones que están haciendo trámites para acreditarse en Colombia. Organizaciones de Noruega, de Suiza, hay colombianas también. Nosotros como gobierno les estamos permitiendo que lleguen porque eso nos facilitaría el trabajo, y la ventaja que tienen esas organizaciones civiles es que emplean ciudadanos que han sido golpeados por la violencia, y se hace un componente más sicosocial, de reconstrucción y reparación.

acuerdo-desminado-1Foto: archivo Semana.

VA: ¿Estas organizaciones trabajan con recursos propios o el gobierno nacional les financia sus labores?

RC: Generalmente reciben recursos de países donantes para que contraten sus desminadores y cumplan una función social.

VA: ¿A qué tipo de artefactos explosivos se enfrenta un desminador en Colombia? ¿Son modernos? ¿Son artesanales?

RC: Esos artefactos son generalmente improvisados que hieren, mutilan, matan. Y son fabricados de manera rudimentaria con materiales como pvc, madera, plástico, icopor, pero hacen mucho daño. Esas minas están camufladas en un tarro, en una olla, en un balón, en un radio, en una botella. Hay otro peligro y es a otro riesgo que nos estamos enfrentando y es que hay munición sin explotar, que no se activaron después de ser lanzadas o que fueron abandonados por descuido, como granadas, morteros, municiones. Todo eso lo tenemos que localizar, remover, limpiar y destruir.

VA: En este nuevo escenario que plantea el acuerdo de desminado, ¿qué papel pueden cumplir las comunidades que están en áreas sembradas de minas o posiblemente contaminadas con munición sin explorar?

RC: Los equipos de desminado humanitario tienen que incluir comunidades en los estudios no técnicos que vamos a desarrollar en las veredas. Esos estudios no técnicos son los que nos permiten a nosotros conocer información precisa de dónde están las minas. Tenemos pues tres responsabilidades con las comunidades: una, incorporarlas en los planes de desminado, que sean actores activos; dos, educarlas en el riesgo, para que entiendan que esas minas pueden estar en las cercas de sus fincas, en los senderos de sus cultivos; y tres, tenemos que reparar a las víctimas de manera integral.

Estamos haciendo equipo con los ministerios de Salud y Educación, y con la Unidad de Atención a Víctimas. Lo que queremos es darle una atención integral a esas víctimas y a esos territorios para que no sea solamente ir a sacar las minas.