El largo camino para que las comunidades étnicas llegaran La Habana

Después de pedir durante años que los dejaran participar en la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y las Farc para expresar sus inquietudes y plantear sus propuestas frente al proceso de paz, una comitiva de líderes afros e indígenas participará en las conversaciones en Cuba.

comision etnica 1Reunión de miembros de la Comisión Étnica de Paz en el Ministerio del Interior previa al viaje a Cuba. El encuentro contó con la presencia de garantes de la ONU, de la Defensoría del Pueblo y del PNUD.Justo cuando las delegaciones del gobierno nacional y la guerrilla de las Farc se aprestan para acordar el último punto de la agenda de negociación, el de implementación de los acuerdos, diez miembros de las comunidades negras, diez de las comunidades indígenas y dos de las comunidades Rrom, se sentarán este domingo y el próximo lunes a dialogar con los negociadores en Cuba.

Ese encuentro no ha sido fácil. Casi desde que comenzaron las negociaciones en La Habana, las comunidades étnicas pidieron ser tenidas en cuenta, pero no fue posible. Sólo hasta el pasado 2 de junio, las delegaciones les dieron luz verde y emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que “los próximos 20 y 21 de junio recibiremos en la Mesa de Conversaciones los aportes y propuestas de estas comunidades que servirán de insumo en el marco del punto 6 de la Agenda del Acuerdo General: “implementación, verificación y refrendación””.

Sin embargo, la reunión se aplazó hasta esta semana porque el inicio del anterior ciclo de negociaciones, que estaba programado para el 18 de junio, se retrasó dos días, tiempo en el que el presidente Juan Manuel Santos se reunió con su equipo negociador para revisar y ajustar los últimos avances de la agenda.

En los siguientes días, los negociadores anunciaron que llegaron a un acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como dejación de armas de las Farc, rubricados el pasado jueves ante la mirada de delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de cinco jefes de Estado. Además, la guerrilla aceptó que se acuda al plebiscito que ha impulsado el gobierno para que los colombianos refrenden los acuerdos alcanzados en la isla caribeña.

Negociación con las Farc, en la recta final

Por esa razón se reprogramó la visita de los representantes de las comunidades étnicas para este 26 y 27 de junio. Sin embargo, su viaje tuvo varias turbulencias en los días previos y los delegados de sus organizaciones más representativas se negaron varias ocasiones en viajar a La Habana porque no estaban de acuerdo con la manera en que se escogieron a los voceros y la metodología que se implementaría durante el encuentro.

En La Habana se decidió que cinco delegados de los indígenas serían escogidos por los negociadores y los cinco restantes por las organizaciones que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, en donde tienen asiento la Onic, la Opiac, la SIT, la Aico y Gobierno Mayor; en tanto, los afrodescendientes elegirían a sus cuatro delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa, y los negociadores a los seis restantes; y los dos miembros del pueblo Rrom fueron seleccionados por sus representantes en la Comisión Nacional de Diálogo.

Los primeros en bajarse del avión fueron los miembros del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) que agrupa a nueve redes de organizaciones negras del país y por lo tanto es su movimiento más grande. Además, ese consejo hizo un fuerte lobby internacional en favor de la inclusión de los pueblos étnicos en la Mesa de Diálogos, que produjo pronunciamientos a favor de varios congresistas de Estados Unidos, del presidente Barack Obama y del Delegado para los Derechos Humanos de la ONU.

Marino Córdoba, vocero internacional de Conpa, le explicó a VerdadAbierta.com que inicialmente se negaron a viajar porque pese a ser el movimiento afro más grande del país, tan sólo les asignaron un delegado y los restantes quedaron en manos de otras organizaciones del Espacio Nacional de Consulta Previa. El pasado 19 de junio los miembros del espacio de consulta previa desistieron de acudir a La Habana y sus cupos fueron ocupados por miembros del Conpa.

Entre tanto, sólo hasta el pasado viernes los miembros de la Mesa Permanente de Concertación Indígena se animaron a asistir a La Habana, porque se negaban a la metodología y a que la vocería de su pueblo se mezclara con la de las organizaciones elegidas por los negociadores de paz. Un líder indígena nacional, que pidió mantener la reserva de su identidad, le dijo a VerdadAbierta.com que los otros delegados no representan el proceso histórico de sus pueblos: “Nosotros no vamos a permitir que nos impongan una vocería conjunta y una metodología, nosotros tenemos nuestra autonomía y no dependemos de la agenda que nos imponga la guerrilla o el gobierno desde La Habana”.

Sin embargo, cambiaron de parecer ante la insistencia de los negociadores para que se reunieran con ellos, pero, sobre todo, por la firma del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas de las Farc. “Fue un acto sin precedentes y es un gesto que valoramos de la mayor importancia. Además, también valoramos que no se hayan escogido nuestros resguardos como parte de las zonas transitorias de ubicación de las Farc. Por eso y pese a las inconformidades de que nos convocaran sólo hasta este momento, vamos a sentar nuestra posición política y a exigirles que se respeten nuestros derechos”, le dijo a VerdadAbierta.com Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic.

De esta manera, los representantes de las organizaciones étnicas más grandes del país se reunirán este domingo y este lunes en La Habana. El primer día el encuentro será con los indígenas y el siguiente con los afros.

La agenda étnica

Las comunidades étnicas piden que se instale una subcomisión que le haga recomendaciones a la mesa principal de La Habana para la implementación de los acuerdos. Foto: archivo Semana.Los miembros de la Mesa Permanente de Concertación Indígena y del Conpa se han reunido en un espacio que denominan como Comisión Étnica de Paz durante varias ocasiones para analizar los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la guerrilla. Por esa razón, pese a que cada delegación llegará con sus propias propuestas e inquietudes, tienen muchos puntos en común.

A raíz de que aterrizarán en La Habana con cinco de los seis puntos agenda de negociación acordados casi en su totalidad, los delegados afro e indígenas pedirán que se creen unas salvaguardas para proteger los derechos y los territorios que lograron a través de la Constitución Política de 1991.

Arias señala que esa fórmula es necesaria para garantizar la tranquilidad de las comunidades ante la implementación de lo pactado con las Farc: “Por ejemplo, que se establezca que en ningún caso la implementación de los acuerdos de La Habana significará el retroceso o el desconocimiento de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas; que se respetará la integridad social, cultural y política de los pueblos”.

En ese mismo sentido se pronuncia Córdoba, quien recalca la importancia de las salvaguardas, puesto que el Acuerdo Final sería elevado a la categoría de Acuerdo Especial Humanitario y entraría al bloque de constitucionalidad del país.

“Los acuerdos van a tener un alcance de tratado internacional, es decir que no pueden ser modificados; como queden se van a implementar y hay que respetarlos en ese sentido. Si afectan derechos de la gente negra, van a tener implicaciones graves puesto no habrá cómo demandar o impedir que se realicen”, reitera.

Además de las salvaguardas, los líderes comunitarios plantearán la necesidad de crear una subcomisión étnica, similar a la que existe de mujeres y género, para evaluar cuáles son los puntos sensibles de los acuerdos que pueden afectarlos. “Vamos a proponer la instalación inmediata de una comisión técnica que de manera conjunta con el gobierno y las Farc revise punto a punto qué implicaciones pueden tener los acuerdos para el ejercicio de autonomía territorial, cultural y social de los pueblos indígenas”, explicó un líder de la Onic.

Al respecto, el vocero del Conpa advierte que “hay una serie de factores que son lesivos para la gente negra y en ese sentido hemos dicho que si no se analizan y no se consideran ahora, en la fase del posconflicto se pueden generar mayores conflictos porque la gente no se va a dejar quitar derechos, autonomía y participación, la gente va a seguir luchando por eso”.

Otro común denominador entre afros e indígenas es la consulta previa. Ambos coinciden en que a pesar de que el Acuerdo Final sea refrendado por la vía del plebiscito, éste o algunos de sus apartes deben ser consultados para la implementación en sus comunidades.

“Es importante instalar un cuerpo técnico entre las partes para identificar qué puntos son tan sensibles, que requieran de consulta. Somos conscientes de que todo el proceso no se tiene que consultar, pero puede haber elementos que si no se consultan o no tienen la partición de los pueblos étnicos, puede generar problemas. Si nos han desplazado en la guerra, esperamos que no nos pase lo mismo con imposiciones del proceso de paz”, indica el vocero de la Onic que pidió mantener la reserva de su identidad.

Por otro lado, Córdoba plantea que será complicado que las comunidades salgan a refrendar los acuerdos de La Habana si no se ven reflejadas en ellos: “Si no nos sentimos plenamente representados, va a ser muy difícil que nuestra gente salga a refrendar. No quiere decir que la gente se oponga a la paz, pero si no estamos allí, cómo hacemos. Esa es una gran pregunta al gobierno nacional, que cree que es muy fácil avanzar en unos acuerdos que no han contado con la participación de los pueblos étnicos”.

Además de propuestas, los delegados también plantearán las inquietudes que tienen sobre algunos temas puntuales que pueden afectar la autonomía que ejercen en sus territorios.

Descartada la instalación de zonas de concentración para la desmovilización de las Farc cerca de resguardos y de consejos comunitarios, la gran preocupación que tienen es qué va pasar con los miembros de sus comunidades que dejarán las armas. Al respecto, Arias señala que el pasado jueves se habló de la dejación de armas en el acuerdo de cese al fuego bilateral, pero que no se mencionó a los excombatientes: ¿Los desmovilizados pasarán a la Jurisdicción Especial de Paz o serán juzgados por las normas tradicionales que plantea la Jurisdicción Especial Indígena?

“¿Qué va a pasar con los reinsertados que son gente negra? Cuando vuelvan a los consejos, donde hay autoridades tradicionales reconocidas, ¿se someterán a ellas o van a seguir obedeciendo a la guerrilla? Si es lo segundo, uno sabe que la guerrilla tiene su visión política, que respetamos, pero en términos de autonomía va a tener dificultades con las comunidades afrocolombianas”, advierte el vocero del Conpa.

Otros puntos sobre los que tienen inquietudes son los de sustitución de cultivos de uso ilícito, el de reparación de víctimas, el de desarrollo agrario y el de participación política. Con este viaje los delegados esperan proteger los derechos que han conseguido tras siglos de resistencia y buscan que la implementación de los acuerdos de La Habana les permita vivir en paz tras soportar por décadas los rigores de la guerra y que no se generen nuevos conflictos por no ser escuchados.

Autoridades locales reclaman mayor información sobre Zonas Veredales

Algunos alcaldes advierten que no fueron informados directamente por el gobierno nacional y que supieron por los medios de comunicación. Todos ellos tienen más preguntas que respuestas. Al día siguiente, las Farc se declararon sorprendidas con el anuncio del Ministerio de Defensa sobre el tamaño de las zonas.

zonas veredales 1Seis meses después de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc, todos los miembros de esa guerrilla deben haber entregado sus armas. Para ello, estarán reunidos en 31 zonas, en donde podrán acceder a capacitaciones. Foto: archivo Semana.Un día después de que se firmara el punto de Fin del Conflicto en La Habana, se conoció la lista de las 23 zonas veredales y los 8 campamentos donde se concentrarán, durante seis meses, los cerca de 6.000 guerrilleros de las Farc.

Se trata de áreas ubicadas en 16 departamentos que abarcarán menos del 1% del territorio nacional. Su escogencia fue concertada por los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana y divulgada hoy por el Ministerio de Defensa Nacional. (Ver comunicado)

Varios alcaldes, concejales y líderes sociales se enteraron de que en su territorio habría una zona de concentración porque lo vieron, leyeron y escucharon en los medios de comunicación y no porque hayan tenido una conversación previa con el Gobierno Nacional o con el equipo negociador de La Habana.

Los departamentos y municipios incluidos en la decisión son Antioquia (Remedios, Ituango, Dabeiba y Vigía del Fuerte), Arauca (Arauquita y Tame), Caquetá (Montañita, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán), Cauca (Buenos Aires, Caldono y Corinto), Cesar (La Paz), Córdoba (Tierralta), Chocó (Riosucio), Guainía (Puerto Colombia), Guajira (Fonseca), Guaviare (San José del Guaviare), Meta (Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa, Losada, Macarena) Nariño (Policarpa, Tumaco), Norte de Santander (Tibú), Putumayo (Puerto Asís), Tolima (Planadas y Villarica) y Vichada (Cumaribo).

VerdadAbierta.com conoció que cada una de las zonas debe ser tan pequeña como para que el equipo internacional que verificará el cumplimiento de todo lo pactado pueda recorrerlo en un solo día y, además, que dentro de cada zona podrá haber varios campamentos, que serán diferentes a los ocho concertados.

Negociación con las Farc, en la recta final

La gran diferencia entre los dos lugares, como lo explica el acuerdo, es que los guerrilleros que estén en una zona veredal no podrán portar uniforme ni armas. Allí también se permitirá la presencia de los civiles y cualquier autoridad civil que exista seguirá trabajando de la misma manera como lo ha hecho hasta ahora en el territorio.

En cambio, en los campamentos sólo habrá guerrilleros, sí podrán vestir sus prendas distintivas y cada insurgente podrá portar un arma. Adicionalmente, allí se instalarán los contenedores para recoger las armas, municiones y explosivos como mecanismo de desarme, bajo la administración de funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Un día después de conocerse el listado de municipios, las Farc emitieron un breve comunicado, en el que señalan que la extensión de las zonas de concentración no se ha definido aún: "Con sorpresa reciben las FARC-EP la lectura precipitada del Ministerio de Defensa sobre la dimensión de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y campamentos, cuando la subcomisión técnica, que continúa reunida en La Habana, todavía no ha consensuado, en especial, el tamaño de los ocho campamentos". Además, piden que se fije una vocería única para no generar confusiones en la opinión pública y no afectar lo que "está en construcción".

Reacciones de lado y lado

Consultado Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, municipio donde se ubicará uno de los ocho campamentos, decidió no pronunciarse pues hasta el momento no le han notificado nada de manera oficial.

La falta de información oficial también se sintió en Puerto Asís, Putumayo. Allí la presidenta del Concejo, Gloria Imbajoa, afirmó que todavía no conocen cuál será el punto específico y aclaró que lo que saben es porque lo han visto en las noticias.  Al respecto, el alcalde Omar Guevara aseguró que “nunca se me consultó el tema”, así como tampoco a la Gobernadora. No obstante, expresó que su municipio está preparado para ser zona de concentración y espera, eso sí que el gobierno nacional le inyecte recursos para atender ese compromiso.

“Todo está en el aire, no sabemos ni nos han dicho bien qué es lo que piensan hacer en el municipio”, expresó, a su vez, Alberto Escalante, alcalde de Tibú. A pesar de que no les han informado con detalle, se rumoraba que zona estuviera entre San Calixto, Teorama y Tibú por la presencia histórica de las guerrillas de las Farc y el Eln. Agrega que Tibú, a diferencia del resto de la región, tuvo una primera experiencia de dejación de armas cuando el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se desmovilizó.

“Somos el epicentro del Catatumbo y creo que somos los que tenemos mejores condiciones. Tenemos una pista aérea, un batallón muy cerca y una infraestructura hotelera que hospedaba más de 550 empleados de empresas petroleras que ya no están por la mala situación”, aseguró el mandatario local y agregó que esperan que esta sea la oportunidad para invertir en vías, proyectos productivos y “sobre todo para que podamos vivir de manera más tranquila, con los reintegrados”.

En Tolima, Ernesto Soto, vocero de la Asociación de Trabajadores Campesinos, recordó que el conflicto con la guerrilla inició en el sur de ese departamento y que precisamente es allí donde debe terminar. Pero le parece extraño que lugares como Río Blanco no estén incluidos, pues allí la violencia “fue terrible luego del año sesenta”.

“Como organización nosotros nos acogemos a lo que se haya acordado, pero ha habido muchas contradicciones entre las instituciones en el territorio; por ejemplo, la Gobernación desde hace un mes venía diciendo que se oponía a que existieran zonas de concentración para que no siguiera la estigmatización con los campesinos”, agregó Soto.

Además, en este departamento existe la duda de por qué han incrementado el pie de fuerza si el gobierno está buscando la paz. “Desde hace tres meses hay cantidad de gente de civil armada, por los lados del corregimiento de Gaitania, intimidando a la gente, en especial muchachos campesinos. Entonces hay que ver cómo se hace lo que se acuerde”, precisó el líder campesino.

Por otra parte, en Arauca hay una gran preocupación y no es para menos pues además de que allí hubo una confrontación a muerte entre las Farc y el Eln, “genera muchas dudas que se hagan acá dos zonas de concentración cuando por un lado no se ha instalado la mesa con el Eln y por el otro, cuando el Gobierno no ha sabido qué hacer con las amenazas de las autodefensas”, como explicó Older Cáceres, exdiputado y gestor de paz del departamento.

Él explica que los finqueros han sido los más afectados por las Farc y ahora los guerrilleros estarán en el territorio. “La esperanza es la fase pública con el Eln, no sabemos qué piense el Comando Central (COCE) ni el Frente de guerra, entonces el temor ronda porque de nuevo se puede desatar una oleada de violencia muy fuerte; incluso, se ha rumorado que el aniversario se va a conmemorar con acciones bélicas y más encima han rondado amenazas de los paramilitares que vienes desde Casanare", denunció Cáceres.

Donde sí sabían es en Tierralta, Córdoba. Según el alcalde Fabio Otero, ya se venían preparando para esa decisión: “El consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, se había comunicado conmigo para avisarme. La noticia nos llena de alegría, porque la guerra ha dejado muchas víctimas en nuestro municipio, muchos hijos sin padres y cerca de 50 mil desplazados. Estamos dispuestos a contribuir con la paz”.

En esta población, que fue en el pasado un fortín de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y sede de los diálogos con ese grupo paramilitar, reclaman, eso sí, “paz con responsabilidad”. Su mandatario local no quiere que el campamento que se instalará en su jurisdicción sea otro Santa Fe de Ralito.

“El proceso de dejación de armas de los paramilitares fue muy irresponsable y no nos dejó nada. Solo un estigma que nos alejó de cualquier tipo de inversión. No se hizo ninguna inversión, Ralito sigue siendo un corregimiento olvidado. Esta vez pedimos que nos den la inversión que siempre se ha negado”, aseguró Otero.

En Cauca, también las autoridades locales y étnicas de la región se mostraron sorprendidas porque no fueron notificadas previamente. Sobre esa situación el secretario de Gobierno de Buenos Aires, José Manuel Popó, señaló que a raíz del proceso de pedagogía sobre los acuerdos de paz que adelantaron algunos negociadores de las Farc con los guerrilleros de la región en marzo de este año, se especuló con la posibilidad de que el municipio sería un ser escenario de desmovilización, pero en ningún momento fueron notificados oficialmente por el gobierno. “Estamos esperando las indicaciones del alto gobierno que manifestó que lo haría de mano de los gobernadores y los alcaldes respectivos”, dijo.
 
Por otro lado, las comunidades indígenas y afrodescendientes que tienen amplia presencia en esta región, esperan que sean consultadas e informadas detalladamente sobre la instalación de estos sitios transitorios, en caso de que las zonas queden en sus territorios colectivos. En esos tres municipios hay 10 resguardos indígenas y 8 consejos comunitarios.
 
Para Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), las mayores preocupaciones son la seguridad de las comunidades y el irrespeto a sus formas de gobierno. “Las comunidades indígenas han sido altamente afectadas por el conflicto armado y la implementación de las zonas tiene que hacerse de manera muy prudente. No podemos caer en una revictimización si se hacen las cosas mal”, indicó.
 
Víctor Hugo Mina, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), reiteró que las comunidades negras rechazaron en varias ocasiones la instalación de zonas de concentración en sus territorios, pero dijo que están dispuestas a recibir a los desmovilizados que decidan regresar a sus comunidades.
 
Mina, al igual que los indígenas, exigió que se realice la consulta previa, en caso de que la zona veredal que en cercanías de un consejo comunitario. “Se ha generado incertidumbre y preocupaciones por las connotaciones que traen esas decisiones por parte del gobierno, al que se le ha advertido que tiene que aplicar el proceso de consulta previa, libre e informada a los derechos que tenemos como comunidad negra”, reiteró.
 
Fuentes consultadas en la región coincidieron en precisar que la selección del municipio de Buenos Aires se haría para permitir la concentración de las tropas que están en la región del Naya; la de Corinto para la desmovilización de las tropas que operan en el sur de Valle del Cauca, departamento en el que no habrá ningún sitio de concentración; y la de Caldono para reunir a las tropas que están en Toribío, Jambaló, Caloto y otros municipios del norte.

Por los lados de Antioquia también hubo sorpresas. La aldaldesa de Remedios, Lucía del Socorro Carvajal, manifestó su complacencia porque este municipio del Nordeste antioqueño haya sido escogido como uno de las zonas de concentración de guerrilleros de las Farc. “El anuncio nos cogió de sorpresa y todavía no nos han informado y sí necesitamos que nos digan quién se hará cargo de ese proceso, porque el municipio no tiene recursos”, declaró.

Por su parte el alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, coincidió con su colega de Remedios, al declararse contento por la escogencia de este municipio para una de las fases finales en el proceso con las Farc; sin embargo, también pidió al gobierno nacional mayores claridades frente a la organización de estas zonas. “Ojalá no se improvise con esto, por la seguridad del municipio”.

Inquietudes adicionales

zonas veredales 2Las zonas de concentración fue uno de los puntos que estancó la negociación en La Habana en los últimos meses. Foto: archivo Semana.Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), consideró que acudir a estas zonas de concentración reafirma la posición que ese centro de pensamiento ha esbozado sobre la necesidad de crear esas áreas como estrategia para la dejación de armas y el inicio de la reinserción de los combatientes.

“La minucia del acuerdo sirve para bajarle a las especulaciones de las zonas, concretamente frente a los opositores, que han traído mitos como los del Caguán e, incluso, algunos que se han atrevido a decir que se le va a entregar el país a la guerrilla”, indicó Álvarez.

El fantasta del ‘Caguán’ ronda este tipo de negociaciones. Como se recordará, el gobierno del entonces Andrés Pastrana (1998-2002) decretó una amplia zona de distensión de 42 mil kilómetros cuadrados que abarcó cinco municipios de dos departamentos (Meta y Caquetá), con el fin de adelantar diálogos con la guerrilla de las Farc. Ante los abusos cometidos allí, las conversaciones fueron canceladas.

Álvarez consideró que si bien se les está notificando a los alcaldes de los municipios donde se ubicarán las zonas veredales, no ha sido suficiente la comunicación del gobierno y de las Farc. “La comunidad se va a preguntar varias cosas, entre ellas, qué va a pasar cuando ellos se vayan y qué va a pasar con las comunidades que tradicionalmente ha vivido con ellos”.

En cuanto a que estas Zonas Veredales estén lejos de los cascos urbanos, tal como acordaron las partes, este investigador se preguntó “¿cuál es el miedo que haya relación entre las comunidades y las Farc?”. A su juicio, con esa decisión, “se está desconociendo la realidad política de algunos territorios con la historia de la guerrilla”.

Finalmente señaló que el acuerdo sobre estas áreas de concentración denota un esfuerzo muy grande para articular varios frentes. Según los estándares internacionales, son máximo 1.200 personas y mirando el número actual de las Farc, habrá entre 200 0 300 insurgente, lo que va a facilitar los procesos de dejación de armas y reinserción a la vida civil.

Narcotráfico, interrogante que acuerdos no logran resolver

Aunque siempre han sido enfáticas en que no son un “cartel” de narcotráfico, las Farc han tenido un peso importante en esta actividad ilegal. ¿Qué sucederá ahora que dejarán las armas y sus combatientes se reincorporarán a la vida civil? Más aún, ¿qué pasará con los campesinos que durante décadas han subsistido de la hoja de coca?

bricenio 1Se calcula que en las 31 de las 32 veredas de Briceño hay presencia de cultivos ilícitos. Una parte de ellos se encuentra en territorio dominado por las Farc, mientras el restantes está en tierras de dominio 'gaitanistas'. ¿Qué pasara con esos cultivos? Foto: archivo Semana.Muy seguramente, las Farc no se habrían convertido en la temida y poderosa máquina de guerra que en su momento llegaron a ser, capaces de poner contra las cuerdas las fuerzas de seguridad del Estado, si no hubieran decidido obtener dividendos de un negocio que crecía exponencialmente en las selvas y montañas que también les servían de refugio y retaguardia: el narcotráfico.

Hoy, gracias a la documentación realizada por la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) de la Fiscalía General de la Nación, es posible establecer que fue en la Séptima Conferencia de esta guerrilla, máxima instancia de decisión, que tuvo lugar en las profundidades del departamento de Meta durante las primeras semanas de mayo de 1982, donde la dirigencia ‘fariana’ decidió convertirse en un “ejército del pueblo” capaz de tomarse el poder por la vía de las armas.

Para lograrlo, las Farc, en aquel entonces un movimiento agrario armado, clandestino y sin mayor impacto en la vida nacional, resolvió crear nuevos frentes y cuadrillas, y expandirse de manera estratégica por toda la cordillera oriental. Ello solo sería posible, por un lado, si iniciaba una feroz campaña de reclutamiento de jóvenes entre los 15 y 18 años y, de otra parte, se incrementaban las finanzas del grupo guerrillero.

Fue, quizás, el momento de quiebre del conflicto armado interno. Las Farc decidieron involucrarse en el narcotráfico, actividad económica que por aquellos años comenzó a expandirse en las selvas colombianas a través de extensos sembradíos de hoja de coca e imponentes laboratorios para su procesamiento. Se trató de un proceso paulatino que inició con el cobro de gramaje, es decir, el cobro de un monto de dinero por cada kilo de pasta de coca procesada en sus territorios, a manera de tributo.

Así, cultivos ilícitos y guerrilla se convirtieron en un explosivo matrimonio que germinó sin apuros en tierras donde las entidades estatales brillaban por su ausencia. No en vano hay quienes aseguran que la hoja de coca y las Farc fueron los dos motores que impulsaron la colonización en territorios selváticos del sur del país como Putumayo, Caquetá, Guanía, Vaupés y Guaviare.

“Las Farc fueron sumamente importantes en ese proceso de colonización, eso no se puede desconocer”, sostiene Luis Guillermo Pardo, un hombre que conoce tanto de la guerra como de la paz, como quiera que fue militante del M-19, desmovilizado de esta guerrilla, analista del conflicto y actual gerente de Paz de Antioquia.

Dos décadas después, según lo documentó la Dinac, el vínculo de las Farc con el narcotráfico se extendió a la siembra de la hoja de coca, su transformación en pasta de coca y clorhidrato de cocaína y a la distribución de la cocaína. La documentación, que abarca el periodo 2004-2014 y que se ocupó de las regiones Central, Pacífica y sur del país, encontró que la guerrilla es dueña de cultivos, entables para procesar la base de coca y cristalizaderos donde se extrae el clorhidrato de cocaína; además de contar con corredores para la distribución de la droga y clientes en el ámbito nacional e internacional.

“Los particulares se encargan del cultivo de la hoja de coca, su cuidado y contratar a los raspadores. Las Farc se encargan de llevar un censo de las hectáreas cultivadas, prestar la seguridad (minas, ataques con armas), organizar a los campesinos en marchas cocaleras contra la erradicación, y hacer préstamos a los cultivadores para insumos”, consignó la Dinac en su investigación.

Y continuó: “en la trasformación de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína los particulares compran insumos químicos para realizar el proceso de transformación. Mientras que las Farc prestan seguridad a los entables y cristalizaderos, imponen al comprador, le prestan seguridad y tasan el precio del producto, cobrándoles por dicha actividad un impuesto”.

Las Farc, como ejército irregular capaz de controlar territorios, también extendió sus servicios de seguridad al comprador, por lo general un narcotraficante ajeno a la zona, quien además era el encargado de la distribución final. Por lo anterior, la guerrilla recibía como contraprestación el pago de un impuesto.

De acuerdo con la Dinac, este tipo de financiación le generó a las Farc recursos superiores a los 66 mil millones de pesos en el periodo analizado. De ahí que, tras el acuerdo alcanzado en La Habana, Cuba, sobre el cese al fuego bilateral y definitivo, surjan interrogantes sobre el futuro de los cultivos ilícitos en el país y, más aún, los campesinos que por décadas han tenido como única fuente de ingresos el cultivo y procesamiento de hoja de coca.

El peso del narcotráfico en el conflicto armado no ha sido un asunto tangencial. Su importancia ha sido tan determinante que el cuarto punto de la agenda de negociaciones entre las Farc y el gobierno nacional aborda el problema de las drogas ilícitas.

En mayo de 2014, ambas partes anunciaron a la opinión pública nacional e internacional el acuerdo alcanzado frente a este tema que, básicamente, se resume en adelantar planes de sustitución de cultivos ilícitos, enfrentar el consumo como un asunto de salud pública y la colaboración por parte de las Farc para acabar la producción y comercialización de narcóticos.
 
Para refrendar esa decisión y buscar que los guerrilleros se alejen de esas actividades ilegales, en los acuerdos difundidos en La Habana este jueves se estableció como uno de los objetivos de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización “iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses”.

El plan para Briceño

bricenio 2Según Luis Guillermo Pardo, gerente de Paz de Antioquia, la Gobernación de Antioquia incluyó en su plan de desarrollo una línea estratégica para fomentar el desarrollo del agro. Ello incluye trabajar de la mano con los campesinos cocaleros para que inicien sustitución voluntaria de cultivos. Foto: Ricardo Cruz.Las tareas sobre el acuerdo de las drogas ilícitas ya se iniciaron. Tanto las delegaciones de las Farc como el gobierno nacional anunciaron el pasado 10 de junio el inicio de un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño, Antioquia. Dicho plan se ejecutará en 10 veredas de esta localidad y contará con el acompañamiento permanente de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao).

Pero, ¿en qué consistirá este plan piloto? ¿Por qué Briceño? “La verdad, no tenemos conocimiento sobre este plan piloto, no nos han comunicado absolutamente nada”, responde Juan Danilo Agudelo, alcalde de esta localidad, cuando se le plantean estos interrogantes.

Para el mandatario local, este anuncio, que se suma al plan piloto de desminado humanitario que también se está llevando a cabo en este municipio, constituyen una gran aporte, “porque le queremos apostar a la paz, pero sí necesitamos que nos socialicen más, porque somos un grupo de trabajo que incluye a la Alcaldía y la Gobernación, que necesitamos estar más vinculados con este proceso”, sentencia el funcionario, quien no niega la presencia de la problemática en el territorio: “claro que tenemos cultivos, casi que todas las veredas tienen presencia de estos cultivos y muchos campesinos viven de ellos”.

Según el censo realizado por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) y publicado en junio de 2015, Antioquia pasó de 991 hectáreas sembradas con hoja de coca en 2013 a 2.293 ha en 2014. Dicho aumento se concentró en las localidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí y Briceño. “Pero fue por ahí a principios de 2000, diga usted en 2002 que llegó la coca a Briceño. Esto era como un mercado campesino. Venía gente de todas partes a comprar base de coca”, le contó a VerdadAbierta.com un labriego de la vereda La América, quien deriva su sustento del cultivo de hoja de coca.

Cuando este cultivo comenzó a expandirse por las montañas briceñitas, el pueblo era un escenario de disputa entre los paramilitares del Bloque Mineros y el Frente 36 de las Farc. Los primeros lograron el control del casco urbano y veredas aledañas, mientras los segundos defendieron a sangre y fuego su fortín, enclavado en veredas como Pueblo Nuevo, Pescado, Orejón, Altos de Chirí, entre otros.

Así, ‘paras’ y guerrilla terminaron dividiéndose el control de los cultivos ilícitos. Cada quien impuso sus reglas en las tierras que dominaba. “Si usted vivía en una vereda de los ‘paras’ le tenía que vender a ellos. Si vivía en tierra de la guerrilla, le tenía que vender a la guerrilla”, cuenta el labriego. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la emergencia de los grupos armados postdesmovilización como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, poco o nada transformó el escenario para los campesinos cocaleros.

Hoy, una buena parte de la economía de Briceño depende de la hoja de coca. “El comercio de este pueblo se mueve es por la coca. A uno le fían en las tiendas porque saben que uno tiene coca. ¿El proceso de paz? Pues desde que empezó, la guerrilla nos dijo que le vendiéramos a un tipo que ellos trajeron, no sabemos si es guerrillero o qué, pero se le vende a él”, añade el campesino, quien no oculta su extrañeza frente al anuncio del plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos.

“Pues el 24 de mayo nos convocaron a una reunión en Orejón. Allí, un funcionario del gobierno nos planteó que sembráramos cultivos lícitos: café, cacao, frijol, maíz, junto con la coca. Que apenas estuvieran produciendo nosotros erradicábamos voluntariamente la mitad. Cuando ya estuviéramos viviendo del café o del cacao, del cultivo que uno haya escogido, ahí sí, erradicábamos todos la coca”, señala el labriego, quien añade a su vez: “pero ahora anuncian esto y pues, la verdad, no sabemos qué pensar”.

Plan piloto, ¿sin información?

bricenio 3El propio 'Timochenko' señaló en su intervención que el modelo de Briceño debería ser aplicado a otras regiones del país con presencia de cultivos ilícitos. La pregunta que quedó en el ambiente es cómo se realizará dicho plan piloto. Foto: Ricardo Cruz.En Briceño, como en muchas otras regiones del país donde la coca es “oro verde” con el que se solucionan todos los problemas económicos, existe gran incertidumbre sobre lo que pueda pasar con esta economía una vez las Farc dejen las armas y sus miembros se reintegren como ciudadanos a la sociedad. Esta es aún mayor si se tiene en cuenta que existe poca información sobre el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos para este municipio antioqueño, el cual el máximo jefe de las Farc, ‘Timoleón Jiménez’, pidió que se replique en todo el país.
 
Mientras se tienen más claridades al respecto, la Defensoría del Pueblo ya comenzó a advertir situaciones que se vienen registrando en regiones altamente cocaleras, como el Bajo Putumayo, la costa Pacífica nariñense, el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño y la Amazonía. Según la agencia estatal se ha identificado aspectos relacionados con la transferencia de capacidades logísticas por parte de las Farc a otros grupos armados como el Eln; la creciente disputa por los territorios entre ‘gaitanistas’ y Farc; fenómenos que van de la mano con al aumento de las extorsiones, hurtos, y microtráfico.

En El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, la férrea confrontación armada entre el Frente 36 de las Farc y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, tiene disparadas las cifras de homicidios y desplazamientos forzados, mientras que en Putumayo, según informó el general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la Brigada de Selva No. 27 del Ejército Nacional, “se ha incrementado la extorsión por lo menos en el último año. No hay cifras porque es uno de los grandes problemas y es que la gente extorsionada, por lo menos en el Putumayo, no denuncian. Muchos no pagan y otros sí”.

Lo que temen autoridades civiles y militares es que la disminución de cultivos ilícitos por cuenta de los planes de erradicación, alienten otras economías igual de traumáticas, como la minería ilegal. Por lo menos en el Bajo Putumayo ya se registra este flagelo, tal como lo documento la Defensoría del Pueblo, Regional Putumayo, para finales de 2015.

“Se observa también el fortalecimiento y consolidación de la minería ilegal de oro en los municipios de Puerto Caicedo, Guzmán, Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel con notables afectaciones ambientales como las identificadas en la vereda Guayabal de Caicedo donde el rio Cedral ya no estaría siendo utilizado por la comunidad por la contaminación y el alto nivel de lodo existente”, consignó la agencia estatal en su informe, señalando además que “al parecer esta economía vendría remplazando la de cultivos ilícitos por las altas ganancias, razón por la cual se habría reactivado el comercio en este municipio”.

“Y es que esa es una dinámica que se registra constantemente y que tenemos que frenar: que cuando disminuyen los cultivos ilícitos aumenta la minera ilegal, y viceversa”, sostiene por su parte Luis Guillermo Pardo, gerente de paz de Antioquia.

De ahí que el funcionario sostenga que iniciativas como el plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tiene que ser acompañado no sólo por la institucionalidad sino por la empresa privada y agencias internacionales: “estamos hablando de sustitución voluntaria, no de erradicación. El gobernador de Antioquia ha pedido mayor claridad e información. Y seguro todas esas tensiones se irán superando, pero aquí lo que tenemos es un gran reto: el postconflicto nos permitirá desarrollar tareas en el agro que no se han hecho”.

El reto no será nada fácil y de ello es consciente el gerente de Paz de Antioquia: “es que el reto es grande. Por un lado, transformar esa cultura de ilegalidad, donde el campesino siempre vio al guerrillero como autoridad. Ahora le toca al Estado acercarse a ese campesino y ofrecerle opciones reales de subsistencia. Y ese es el otro reto: proyectos productivos agropecuarios innovadores y sostenibles”.

Pero, ¿cómo se hará este proceso de sustitución? ¿Podrá el Estado subsidiar a los campesinos cocaleros mientras estos logran derivar su sustento de cultivos lícitos? ¿Cuánto tiempo tardará en erradicarse la coca de las montañas y selvas colombianas? ¿Qué pasará con los grupos armados postdesmovilización? Las respuestas llegarán con el paso del tiempo y la futura consolidación de los acuerdos logrados en La Habana.

Negociación con las Farc, en la recta final

Si bien ya quedó acordada la manera en que los miembros de las Farc dejarán las armas y cómo iniciarán el proceso de reinserción a la vida civil, aún hay varias dudas por resolver, entre ellas dónde estarán ubicadas las 23 zonas de concentración y los 8 campamentos.  

recta final 01Meses después de haber acordado el punto de justicia transicional, el presidente Santos y 'Timochenko' volvieron a estrechar sus manos tras acordar el cese al fuego bilateral y definitivo. Foto: SIG.Si los cálculos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, no le fallan y el acuerdo final del fin de la confrontación armada con la guerrilla de las Farc se firmara, según dijo, el próximo 20 de julio, a finales de año terminaría el proceso de dejación de armas y en enero de 2017 los insurgentes que se acogieron a este proceso estarían reintegrados a la vida civil.

Los cálculos se basan en los acuerdos divulgados este jueves en La Habana, Cuba, sede de los diálogos desde hace cerca de cuatro años entre el gobierno nacional y el grupo insurgente. Una vez se firme el acuerdo final, comenzarán a correr 180 días durante los cuales la guerrilla concentrará a sus hombres, entregará las armas y se preparará para reintegrar a sus miembros a la legalidad.

Para ello se acordaron 23 zonas de concentración, sobre las cuales aún se desconoce su ubicación, que tienen como objetivo primordial la preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes, en lo económico, lo político y lo social.  Con ello empezaría el cese bilateral de hostilidades que será verificado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrado por miembros de la Fuerza Pública, las Farc y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En esos territorios, llamados “Zonas Veredales Transitorias de Normalización” no se permitirá el porte de armas a la población civil y estará prohibido cualquier acto de proselitismo político, según el Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Dentro de ellas existirán varios campamentos  y a nivel nacional  ocho “puntos transitorios de normalización” donde llegarán los frentes guerrilleros de zonas periféricas para iniciar su tránsito a la legalidad.

“Dentro de las  Zonas Veredales Transitorias de Normalización se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho  para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones”, señala el documento de 15 páginas. En ellas tanto guerrilla como el gobierno podrán realizar todo tipo de capacitación en nivel de básica primaria, secundaria, técnicos o labores productivas con los integrantes del grupo armado.

Será el Consejo de Seguridad de la ONU el responsable, por decisión de las partes, de  monitorear y verificar el cese al fuego definitivo y  la dejación de armas, como quedó establecido en la resolución 2261 de 2016 del organismo,  la cual  señala que será una “misión política con observadores no armados”. Esto debido a que a diferencia de otros procesos de paz como el de Libia, Siria o Costa de Marfil, el país no atraviesa una guerra civil donde se necesiten hombres armados, conocidos como “cascos azules”, para realizar la verificación.

Una mirada hacia el pasado

recta final 2Colombia está ad portas de enfrentar un nuevo proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), si la negociación con las Farc llega a buen puerto y se materializa la entrega de armas. Foto: archivo Semana.Ejemplos anteriores en el país pueden ser un ejemplo de lo que serán estos territorios. Durante el proceso de negociaciones entre la guerrilla del Epl y el gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo se establecieron siete zonas, ubicadas en Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda y Putumayo, para concentrar en ellas durante seis meses, a los 2.200 combatientes que el 1 de marzo de 1991 le entregaron sus armas a un delegado del Partido Socialista Obrero Español.

Como ya lo había contado a VerdadAbierta.com Mario Agudelo, exmilitante del Epl, esas zonas, a diferencia del Caguán o Santa Fe de Ralito, se van a constituir después de las negociaciones para luego continuar con la dejación de armas. “Nosotros interactuábamos con la comunidad sin ningún problema y la seguridad de las zonas la brindaba, en un primer anillo el Ejército y en un segundo anillo nosotros. La prensa podía ir sin problemas”, recuerda el desmovilizado.

Zonas de concentración para Farc: “nudo” que atranca fin del conflicto

El cese bilateral de hostilidades anunciado en la isla del Caribe es la segunda vez que se aplica en el país. La primera se acordó en 1984 con la firma de “Los Acuerdos de La Uribe” en el municipio de Mesetas, Meta, durante el gobierno de Belisario Betancur, que se vio opacado tras un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre las partes que trajo consigo una emboscada del Ejército a una columna del Frente 5 de las Farc en zona rural de Turbo, Antioquia, el 30 de noviembre del 85, lo que llevó a la ruptura de los acuerdos.

Aacuerdos de cese al fuego con las Farc, el M-19, el Epl y la ADO

“Esta triste experiencia debe ser recogida para evitar su repetición. En un ambiente favorable como el que se respira hoy, con avances tangibles en la Mesa de Conversaciones, con el buen entendimiento y contacto directo entre generales en servicio activo y comandantes guerrilleros, y en una situación en que se avizora la posibilidad del fin del conflicto armado, el armisticio como preludio de la paz es la medida más sensata que debemos tomar”, aseguró ‘Iván Márquez’, jefe negociador de la guerrilla, en una carta firmada el 19 de mayo pasado.

Para que no se repitan estos hechos, se estableció una “Zona de Seguridad”, a un kilómetro a la redonda de cada Zona Veredal, donde no puede haber unidades de la Fuerza Pública ni miembros de las Farc, a excepción de aquellas personas que pertenezcan al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, con lo cual se pretende dotar de confianza a las partes para evitar cualquier tipo de confrontación.  

Experiencias pasadas de cese al fuego, verificadas por Consejo de Seguridad de la ONU, dan muestra de ello. En Nepal, el gobierno y el Partido Comunista (Maoista) también le pidieron a esa instancia multilateral que fuese una misión política en vez de un ejército internacional la encargada de vigilar el cese bilateral al fuego y supervisar lo que sucedería con las armas y combatientes. La petición se hizo tras la firma de un acuerdo de paz el 21 de noviembre de 2006 para acabar con una guerra de 10 años que dejó cerca de 13.000 muertos.

A qué llega la ONU al proceso de paz

Además de ello, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación tripartito estableció un sistema de comunicación entre las partes para articularse con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con el Estado, a nivel local y regional para contribuir aportando información y presentando propuestas y sugerencias que retroalimenten el desarrollo del cese bilateral y del proceso de reintegración.

A diferencia de los procesos con el Epl, el M-19 y las Auc, lo acordado con las Farc es que no habrá una entrega pública de armas, sino que se le entregará la totalidad del armamento a la ONU en un proceso que consta de dos momentos: el control del armamento y la dejación del mismo. Todo con el fin de construir tres monumentos, uno en la sede de la ONU en Nueva York, otro en Cuba y uno final en Colombia.

Además, serán tres frases las que acompañen la dejación de armas, las cuales tendrán que ser comunicadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La primera se hará tres meses después de la firma del Acuerdo Final, donde se espera que el 30% del armamento esté recolectado y depositado en los contenedores de armamento individual de cada Zona Veredal; la segunda al cuarto mes, donde se complete un 60% de la entrega; y una última fase al quinto mes donde un 100% esté recolectado.

La dejación iniciará al momento que los guerrilleros lleguen a las zonas de concentración, donde se registrará y almacenará las armas de acompañamiento y las granadas y municiones de las milicias, que permanecerán en depósitos temporales que estarán bajo la responsabilidad de las Farc, pero serán vigilados y monitoreados por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, continuará con la extracción de todo el armamento por parte de la ONU a más tardar al sexto mes después de firmado el acuerdo. Con ello, espera el organismo dar por terminado el cese al fuego y así, el fin del conflicto armado con las Farc.

La seguridad, fundamental

Pese a que el rigor de la guerra ha disminuido, los ataques contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales han aumentado. Foto: archivo Semana.No será tarea fácil todo este proceso. El gobierno se comprometió a brindar las garantías necesarias para que las Farc tengan garantías para hacer política sin armas y ello pasa por garantizar que no se repitan los asesinatos a defensores de derechos humanos y la persecución a los movimientos sociales y políticos que han apoyado han trabajado por la justicia social y ahora por la salida negociada con este grupo insurgente.

Para ello, el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, establece cinco pilares fundamentales para darle cumplimiento a lo pactado. Se realizará un “Pacto Político Nacional”, el cual será promovido por el gobierno y el partido o movimiento que funden las Farc tras su reinserción a la vida civil, donde los gremios económicos, las iglesias, la academia, las organizaciones sociales, de indígenas y afros, de víctimas, y los movimientos sociales y partidos políticos se comprometan a promover desde las regiones, en especial las más afectadas por el conflicto, que se saquen las armas de la política, para no promover los grupos paramilitares y con ello evitar que se repita la historia.   

Se creará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual estará presidida por el presidente Juan Manuel Santos y la conformarán los ministerios de Defensa y de Justicia, el defensor del Pueblo, el director de la Unidad Especial de Investigación, dos representantes del movimiento o partido que surja luego de la reinserción de las Farc y dos representantes de plataformas de derechos humanos.

La Comisión será entonces la instancia para el diseño, seguimiento, coordinación y promoción a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que realice el gobierno para combatir y desmantelar a las organizaciones y grupos armados que atenten en contra el proceso y las garantías de seguridad proferidas para la permanencia en el tiempo del mismo. Entre otras tareas está la creación de mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores públicos con el fin de verificar cualquier involucramiento con grupos o actividades del paramilitarismo o de violaciones de los derechos humanos.

Finalmente,  este organismo “garantizará la encargada de la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión” como lo establece el documento.

Un tercer pilar y quizá uno de los más importantes es la creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la cual  estará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir que se regirá bajo la justicia ordinaria y tendrá la facultad de investigar, perseguir y acusar a las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atenten contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, incluyendo las organizaciones pos desmovilización de las Auc y sus redes de apoyo.

Esta es quizás una de las tareas más difíciles de sostener por la coyuntura actual del país. La muestra de ello fue el pasado para armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde paralizaron a 36 municipios de ocho departamentos y lograron alterar el orden público al punto de generar por varios días zozobra en las diferentes regiones por los asesinatos y hostigamientos en contra de la Fuerza Pública y la población civil.

¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?

Además, según el último informe de Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el primer trimestre del año 113 fueron víctimas de agresiones. Dichos ataques fueron los siguientes: 81 amenazas, 19 asesinatos, 5 atentados, 5 detenciones arbitrarias, una desaparición forzada y 2 casos de hurto de información.

Ahora bien, la estabilidad de los acuerdos va a depender de la fuerza institucional que tenga el Estado, entre otras cosas, para combatir a estos grupos, que con el paso del tiempo han mostrado el incremento de su poder criminal y su control regional, en especial en departamentos como Antioquia, Córdoba y Chocó,  donde seguramente quedarán alguna zona de concentración. Aparte de ello queda una pregunta por resolver y es de dónde saldrá la plata para la financiación y mantenimiento durante los años que dure la transición de estas instituciones que se van a crear, se habla de cooperación internacional y del Presupuesto General de la Nación, ¿alcanzará la plata?

Los riesgos que enfrentan los acuerdos con las Farc

Si bien el acuerdo de La Habana incluye un cese de hostilidades entre la Fuerza Pública y este grupo subversivo, aún persisten las amenazas y la zozobra generada por otros grupos armados ilegales.

Campamento armas Farc El Gobierno y las Farc pactaron que los guerrilleros se concentrarán durante seis meses en 23 zonas veredales (que a su vez pueden tener varios campamentos) y en 8 campamentos (que estarán por fuera de cualquier zona veredal). Foto: Archivo Semana.

Un segundo apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timoleón Jiménez’, máximo comandante de la guerrilla de las Farc, cerró un nuevo acuerdo en el proceso de negociación para poner fin a una confrontación armada que ya ajusta 52 años.

No es un acuerdo cualquiera, se trata de uno de los más esperados de este proceso por los colombianos y la comunidad internacional: el de cese bilateral de hostilidades, dejación de armas y mecanismos de seguridad para hacer tránsito de la vida guerrillera a la de movimiento político.

Ahora, luego de las firmas de los acuerdos en acto celebrado en La Habana, Cuba, la fuerza insurgente más grande del país y la más antigua de América cedió, por fin, a sus pretensiones de tomarse el poder por la vía de las armas y a buscar en la arena política la concreción de sus sueños de justicia e igualdad.

Todavía no ha dejado las armas, pero cuando lo haga, en un proceso de seis meses después de la firma del acuerdo que le pone fin al conflicto, las Farc se comprometió a abandonar de una vez por todas su discurso histórico de combinar las armas y la política para llegar al poder. “Claro que las Farc haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos”, afirmó ‘Timoleón Jiménez’, luego de la firma de los documentos.

Desde la perspectiva del gobierno, el nuevo acuerdo abre las puertas de la democracia a la guerrilla. Santos así lo ratificó: “Lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas, sin necesidad de enfrentarse por medios violentos”.

Sin las armas de las Farc

Aunque antes de este jueves no había un acuerdo bilateral para acabar las hostilidades entre las Fuerzas Armadas constitucionales y la guerrilla de las Farc; en la práctica, los enfrentamientos venían en picada y en diversas regiones del país se vive la calma que permite el silencio de los fusiles de unos y otros.

cifras desescalamiento guerra Este es un promedio realizado por el Cerac en junio de 2016.

Tal escenario se ve reflejado, por ejemplo, en que por la tregua unilateral de la guerrilla desde hace 11 meses y la decisión presidencial de suspender los bombardeos a los campamentos, disminuyó la cantidad de muertos y heridos hasta cifras que no se veían desde hace más de 50 años, como lo aseguró el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), en uno de sus reportes de este año.

Y la comparación de lo que ocurrió entre mayo y julio de 2015, cuando la guerrilla decidió ponerle fin a su decisión de mantener un cese unilateral es abrumadora si se compara a los últimos 11 meses en los que sí ha habido un compromiso de no agresión. Esto pese a que las Farc han violado la tregua varias veces, como lo muestran las cifras del Cerac y las que ha recopilado en prensa la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

“El cese ha creado una diferencia enorme en los territorios pues la amenaza desaparece. Pero siguen siendo regiones que viven bajo la égida del miedo”, aclaró Jorge Restrepo, director del Cerac.

cifras desescalamiento guerra La Fundación Ideas para la Paz obtiene la información de prensa debido a que el Ministerio de Defensa no publica los datos desde 2014. Esto hace que el subregistro sea muy alto.

Es que en tiempos de alta confrontación armada se sentía el asedio: los retenes de la guerrilla eran constantes, el número de militares en las carreteras aumentaba y los enfrentamientos armados eran frecuentes, día y noche. “Era tanta la zozobra que generaban entre las comunidades que, en varias regiones, sobre todo rurales, se afectaba el día a día en cosas tan simples como el transporte”, explicó Eduardo Simón Cedeño, politólogo y analista que vive en Arauca, un departamento en donde las Farc y el Eln se dividieron el poder desde hace por lo menos seis años tras una cruenta guerra que dejó cientos de muertos.

Pero ese temor ha disminuido y, durante la tregua unilateral, en departamentos con mucha presencia guerrillera como Caquetá o Putumayo han vivido en relativa calma. “En Arauca, la Fuerza Pública ha tomado otra función pues ahora trabaja más con la administración local en la construcción de política social y se han acercado más a la comunidad”, relató Cedeño.

El mapa muestra las acciones ofensivas durante los 11 meses del cese unilateral de las Farc y fue realizado con cifras del Cerac.

Escenarios de riesgo

Lo pactado en La Habana se enfrenta a un gran riesgo, el de la actividad armada de la guerrilla del Eln, que se resiste a sentarse a buscar una salida negociada con el gobierno nacional, y el de grupos armados organizados, ligados al crimen organizado y al narcotráfico, que tienen fuerte presencia territorial y gran capacidad de fuego.

¿Pueden estos agentes obstaculizar el proceso con las Farc, sobre todo el mecanismo definido como Zonas de Concentración Veredal, donde se espera la concentración de todos sus hombres y mujeres durante un periodo de seis meses?

Para Eduardo Álvarez, coordinador del área de dinámicas del conflicto de la FIP, uno de los mayores riesgos es la intención de la guerrilla del Eln de ocupar los territorios que dejen las Farc y de apropiarse de las rentas ilícitas, entre ellas la explotación de la hoja de coca, la minería y la extorsión, así como del interés que tengan organizaciones criminales como las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

“El problema estará cuando los grupos se disputen esos territorios ante la ausencia de las Farc, pues lo que siempre sucede primero es impacto humanitario reflejado sobretodo en desplazamiento”, precisó Álvarez. La preocupación a corto plazo, agrega, “es qué hará el Estado para ocupar esos espacios y cerrar brechas de legitimidad, seguridad y justicia”.

Además, existen otro tipo de violencias que permanecen en la sombra y que no se reflejan en las grandes cifras de víctimas del conflicto, que en efecto han disminuido. Al respecto, Álvarez explicó que ya las masacres y los grandes desplazamientos no son el pan de cada día como antes, esa violencia “excesiva y visible” ha mutado a formas menos escandalosas en el ámbito nacional, pero que hacen mucho daño en lo local, como las amenazas, los panfletos o los desplazamientos gota a gota.

“Mientras que el Estado no mitigue o acabe estas violencias cotidianas, y así genere confianza entre la población, no habrá muchas posibilidades de implementar los acuerdos de paz”, afirmó el investigador.

Las cifras muestran que el cese unilateral decretado por las Farc hace once meses no significó una reducción de las amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y reclamantes de tierras, entre otras razones porque las acciones de esa guerrilla han sido mínimas contra ellos si se compara la ejercida por fuerzas estatales o paraestatales.

“Hoy se necesitan directivas claras que prohíban que los miembros de la Fuerza Pública miren a los defensores como el enemigo a ser destruido”, advirtió Jorge Molano, abogado e integrante de la red de defensores de derechos humanos no institucionalizados DH Colombia.

Además de las amenazas constantes, la impunidad judicial es del 99%, pues solo dos procesos de 356 tienen condena en firme, según cálculos de la organización no gubernamental Somos Defensores, que monitorea el riesgo de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales.

“La impunidad está siendo el caldo de cultivo para que los actores armados estén tranquilos y sigan atacando, porque saben que no los perseguirán”, argumentó Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores.

Otra de sus preocupaciones es que a medida que ha avanzado el proceso de negociación en La Habana, las amenazas e intimidaciones aumentan significativamente. Las cifras muestran que durante 2015, cuando se firmaron varios de los acuerdos finales de la agenda, fue el periodo con más agresiones contra los defensores en los últimos años.

Campamento armas Farc Este gráfico se obtuvo del más reciente informe de Somos Defensores, titulado 'El Cambio' y publicado en marzo de 2016.

“Entre más nos acerquemos al escenario de Tribunal de Paz, habrá más presión contra los líderes regionales y locales porque llevan los procesos de memoria, les hacen seguimiento a los casos y encima no son muy visibles políticamente”, apuntó Guevara.

Por otro lado, este investigador aseguró que lo positivo de que las Farc dejen las armas es que la doctrina del “enemigo interno” que ha usado la Fuerza Pública para perseguir a esa guerrilla ya no tendrá sentido, y así no habrá orientaciones para estigmatizar a los defensores de derechos humanos.

Somos Defensores ha registrado que algunos de los lugares más preocupantes son el Urabá antioqueño, Buenaventura en Valle del Cauca, Guapi en Cauca, Tumaco en Nariño, Huila, Tolima, Catatumbo y Atlántico, siendo este departamento muy invisibilizado, pues las amenazas han sido por líos de tierras y no por la defensa de víctimas.

Las intimidaciones también se han sentido en lugares como Caquetá. A principios de este año aparecieron grafitis alusivos a las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ en San Vicente del Caguán; por redes sociales corrieron amenazas a nombre de ‘Los Urabeños’, también conocidos como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, contra líderes del municipio; y en San José del Fragua y Belén de los Andaquíes circularon varios panfletos de ‘limpieza social’, de acuerdo a registros de la Corporación Caguán Vive.

Algunas veces las amenazas se concretaron, como le ocurrió a Jhon Jaider Gordillo García, del partido Alianza Verde, uno de los siete concejales amenazados de El Doncello, a quien intentaron matar cuando regresaba a su finca la noche del 14 de marzo de este año.

Es por esto que es crucial el punto de garantías de seguridad que fue rubricado este jueves. Ambas partes definieron la creación de la Unidad Especial de Investigación, adscrita a la Fiscalía y que se dedicará a desmantelar las organizaciones criminales; o el programa para proteger a las comunidades en sus territorios son la apuesta del Gobierno y las Farc para eliminar esas violencias más invisibles.

“Las primeras acciones que ejecute el Estado en torno a la confianza de los ciudadanos, una vez se firmen los acuerdos y arranquen las zonas de concentración, son las que definirán la capacidad que tienen estos grupos armados de cooptar los espacios de las Farc o si es el Estado el que mitiga esos efectos”, concluyó Álvarez.

Es por eso que el fin del conflicto no se reduce a que las Farc dejen las armas y se concentren en ciertos lugares del país. Para alcanzar una paz estable y duradera, también será necesario que el Estado llene los espacios vacíos que deje la guerrilla, se gane la confianza de la gente que aprendió a vivir con la ley de los grupos ilegales y, además, se eliminen todas las violencias. Así las cosas, ¿qué tan cerca está realmente el final de la guerra?