Las Farc inician camino a la política sin armas

Después de 53 años de combates en ciudades, pueblos y selvas, este 27 de junio la guerrilla más vieja de América Latina deja de existir como guerrilla. ONU destaca este proceso comparado con otros ocurridos en el país y en el mundo. El reto del gobierno nacional: cumplir con los acuerdos.

dejacion final 1Esta AK- 47 que perteneció a la guerrilla ahora fue convertida en una pala que simboliza el paso de las Farc a la vida civil. Foto: Tomada de Presidencia.

En zona rural de Mesetas, Meta, se cerró el último contenedor de la Misión Política de la ONU en Colombia que guarda las armas de más de 7 mil guerrilleros de las Farc que cumplieron con el acuerdo pactado con el gobierno nacional. El cierre se hizo a escasos 800 metros de donde estaban el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el jefe máximo de la organización insurgente, Rodrigo Londoño; el jefe de la Misión Política de la ONU en Colombia, Jean Arnault; así como el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, y un nutrido grupo de invitados nacionales e internacionales.

La elección de la Zona Veredal Transitoria de Normalización ‘Mariana Páez’ no fue a la ligera, allí es donde se concentran poco más de 500 subversivos, muchos más que en cualquiera de las 25 zonas que hay en todo el país.

Allí, la Misión Política de la ONU recibió un total de 7.132 armas y 77 caletas con explosivos inestables de parte de los 6.803 guerrilleros y 2.184 milicianos. Arnault explicó que todavía faltan 700 armas por recolectar y que permanecerán hasta el 1 de agosto en las manos de los guerrilleros que brindan la seguridad de las zonas veredales. A partir de ese día, las zonas se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde los desde ahora exguerrilleros harán todas las actividades necesarias para reincorporase a la vida legal.

Ese también será el día en el que la Misión sacará todos los contenedores de las zonas para fundir el armamento y las municiones para convertirlas en tres monumentos, que estarán instalados en Colombia, Cuba y Estados Unidos. Con este paso histórico, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) dejan de ser una guerrilla armada para convertirse en un partido político.

“La paz significa que la participación política estará abierta a todos”, dijo durante su discurso Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timochenko’.

Precisamente, el jefe de las Farc sostuvo que este acto es la muestra de que cumplieron “con la mayor buena fe” las promesas del Acuerdo de Paz que firmó esa guerrilla con el gobierno nacional el 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá. “No le fallamos a Colombia. Hoy dejamos las armas”, aseveró.

Pero no todo fue optimismo. El máximo comandante de las Farc expresó la preocupación de sus hombres por lo que llamó la “negligencia estatal” para cumplir cabalmente con la implementación del Acuerdo, puesto que continúan los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la expansión de otros grupos armados e, incluso, la persecución contra familiares de miembros del grupo guerrillero.

A esto se suma que todavía no han salido de la cárcel todos los insurgentes que debieron haber sido beneficiados por la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada en diciembre del año pasado. “Siguen en prisión a seis meses de la Ley de Amnistía, que garantizaba la libertad en 10 días. Por eso, ellos y sus familiares adelantarán acciones de protesta. Nada de eso debería ser necesario”, puntualizó Londoño.

Pese a esto, reiteró que de ahora en adelante la única arma de este grupo será la palabra y su lucha será “exigir una implementación práctica de lo acordado”, pero siempre desde lo pacífico y civilizado. “Nuestro cumplimiento nos llena de autoridad para exigirle a la contraparte”, dijo.

Acto seguido, el presidente Santos le respondió que todavía quedan actos recíprocos durante la implementación y aseguró que su gobierno está cumpliendo lo pactado: “No estoy y seguramente nunca estaré de acuerdo con ustedes sobre el orden económico o político que deba tener nuestra Nación, pero defenderé con toda determinación y contundencia su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático en un Estado de Derecho y para que ese derecho sea efectivo contarán con las garantías de seguridad que sean necesarias”.

En su alocución, Santos aseguró que Colombia ya nunca más será un país enfrentado entre sí mismo y agregó que el depósito de las armas en los contenedores es la muestra para el mundo de que “la paz es real e irreversible”.

El camino que empieza

dejacion final 2Rodrigo Londoño, el jefe de las Farc, llegó a la zona veredal de Mesetas el pasado 26 de junio para el acto de la entrega final de armas. Foto: Tomada del Twitter de las Farc.Pese a que el evento fue en Meta, desde diferentes puntos del país la gente se reunió en las plazas principales de algunas ciudades para presenciar la dejación final de las armas a través de pantallas gigantes instaladas para la ocasión.

“Es un reto histórico que seamos la generación capaz de alcanzar y construir la paz. Este es un acuerdo que solo tiene que ver con campo sino también con la participación política en nuestras ciudades”, indicó Andrés Camacho, vocero distrital de Marcha Patriótica en Bogotá.

El activista explicó que parte de lo que se viene es aterrizar el fin del conflicto también a las grandes urbes, pues asegura que todavía persisten las bandas que están matando a los jóvenes. “Erradicar la violencia política también implica erradicarla de nuestras ciudades”, señaló.

Otro de los pasos a seguir tras la dejación de las armas es el tránsito de exguerrilleros a ciudadanos en completa legalidad. Inicialmente, reciben un certificado de la ONU que ratifica que entregaron su armamento y, luego, firman un acta ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la que se comprometen a no volver a usarlo y a reintegrarse a la vida legal.

Todos ellos continuarán su proceso en las zonas veredales, tal como están hoy, en tareas de formación, identificación individual, obtención de documentos y a la espera de la conformación del partido político, al que muchos se integrarán en diversas labores.

Ante ese escenario, el presiente Santos afirmó que a partir de hoy Colombia será “un país donde nunca más nos matemos por nuestras ideas”. Con tono jubiloso, el jefe de las Farc alzó la voz para decir ¡Adiós a las armas! ¡Adiós a la guerra! ¡Bienvenida la paz!”.

Mirada al pasado

dejacion final 3El 9 de abril de 1994 se firmó la paz entre la Crs y el Gobierno. Unas armas de los 400 guerrilleros fueron lanzadas al mar y otras fundidas. Foto: cortesía de la Corporación Arco Iris.La relevancia de este acto, de por sí extraordinaria tras 53 años de guerra, cobra mayor importancia porque es uno de los pocos procesos con mayor tasa de armas entregadas por combatiente. El jefe de la Misión, Jean Arnault, informó que a las 26 Zonas Veredales y Sitios Transitorios de Normalización ingresaron 6.803 guerrilleros y 2.184 milicianos, y si se tiene en cuenta que no todos los milicianos eran combatientes, sino que estaban asociados a tareas de logística e inteligencia, se obtiene que la relación tropas y armas entregadas es de uno a uno, o incluso podría ser mayor.

Además, falta por encontrar las armas que están escondidas en caletas a lo largo y ancho del país. De las 900 que reseñaron las Farc, han sido extraídas 77. De este modo, el proceso de esta guerrilla podría terminar con más armas entregadas que excombatientes, contrariando la tendencia de otros casos.

Este proceso de dejación de armas, que inició el pasado 7 de junio y concluyó 20 días después, tras sufrir varios retrasos en su cronograma original por cuestiones de implementación del Acuerdo Final y logísticas para la adecuación de las zonas de concentración, es el sexto que se realiza en el país en las últimas décadas.

Desde la amnistía que el general Gustavo Rojas Pinilla les concedió a las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo en 1953, hasta la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2003 y 2006, en el país dejaron las armas la Autodefensa Obrera (Ado), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), el Ejército Popular de Liberación (Epñ), el Movimiento Armado Quintín Lame (Maql) y la Corriente de Renovación Socialista (Crs).

Tras la amnistía a Guadalupe Salcedo, siguió la desmovilización de alrededor de 900 combatientes del M-19 que entregaron 280 armas durante una audiencia pública en Santo Domingo, Cauca. Le siguieron las del Prt, el Maql, el Epl y la Crs, una disidencia del Eln, en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), las cuales contaron con actos simbólicos de entrega de armas y el acompañamiento de veedores internacionales. Se estima que, en total, entregaron 1.680 armas.

De manera similar al proceso que concluyó hoy con las Farc, aquellos contaron con dispositivos de verificación y monitoreo por parte de actores externos, como la Internacional Socialista, la Conferencia Episcopal, partidos socialistas y el Consejo Mundial de los Pueblos Indios, que garantizaron la entrega y la destrucción del material de guerra.

Por otro lado, el informe Desarme de las Farc: Claves y propuestas para un proceso viable, éxito y transparente, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hace dos años, concluye que el desarme de las guerrillas en los noventa “se caracterizó por hacerse con estructuras poco numerosas que tenían un componente armado que no era de gran envergadura y su operación se limitaba a determinadas regiones, lo que generó un alto grado de cohesión de mando y control. Esto facilitó la definición de compromisos específicos para el abandono de las armas bajo esquemas lineales con itinerarios, censos, zonas de concentración, recolección, registro y disposición de los arsenales mediante su destrucción total”.

Visión de excombatientes

dejacion final 4Varios sectores cuestionaron que no hubiera un registro de los jefes de las Farc dejando sus armas, como ocurrió con el M-19 y Carlos Pizarro. Foto: archivo Semana.Para Álvaro Villarraga, desmovilizado del Epl e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el proceso con las Farc es mucho más sofisticado, de mayor dimensión y contó con un garante internacional con más peso y permanencia. Por ello destacó el papel de la Misión de la ONU, pues a su juicio, las misiones de veeduría de los noventa fueron muy cortas.

“Estuvieron unas semanas previas, hubo apoyo en el registro de armas, asistieron a los actos de dejación y se fueron muy pronto. De hecho, eso mostró una flaqueza posterior, sobre todo en términos de garantías para los territorios, las poblaciones y los amnistiados que fueron víctimas de hechos de violencia”, dijo Villarraga.

En este caso, el gobierno nacional ya le pidió a la ONU que autorice una segunda Misión para que acompañe la implementación del Acuerdo Final, lo que fortalece el proceso, de acuerdo a lo sostenido por Villarraga.

Asimismo, señaló que los procesos de antaño y el actual tienen muchas similitudes, salvo que el de las Farc tiene un impacto y unas dimensiones mucho más grandes, por lo que representan: “Hoy tienen una triple importancia porque es la guerrilla más grande e histórica del continente, pero ninguna guerrilla en el país le ha entregado las armas al gobierno, las dejaron frente a terceros; también tienen la similitud de que tuvieron zonas de concentración: el Epl en ocho, el M-19 una y los otros grupos también, pero las Farc contó con 26; también hay similitud de proceso previo de listados de armas y combatientes”.

Más allá de la dejación de armas, Villarraga insistió en que hay coincidencias en los procesos de las otras guerrillas, sólo que en esta ocasión tienen mayor repercusión: “Hay cosas que coinciden pero que ahora se dimensionan y se hacen a fondo. Por ejemplo, los beneficios de incorporación política: el Epl tuvo dos constituyentes plenos; también el M-19 y otros grupos tuvieron una circunscripción especial de paz por una sola oportunidad a nivel de concejos en 1994; la Corriente de Renovación Socialista tuvo dos miembros en la Cámara de Representantes. Hoy en día el proceso de las Farc tiene más dimensión: cinco senadores y cinco representantes por dos periodos, y 16 circunscripciones especiales de paz para las regiones más golpeadas por el conflicto”.

De manera similar opinó José Aristizábal, exintegrante de la Corriente de Renovación Socialista (Crs), la disidencia del Eln: “Hay una similitud: un grupo armado acuerda el cese de la confrontación y se da el proceso de dejar las armas, a cambio de unas garantías para participar en la política y de algunas medidas frente a las comunidades donde han trabajado. Entonces en ambos es común el paso de la confrontación armada a la lucha política, la transformación de esos grupos en movimientos políticos. Tanto en los 90 como ahora, en torno a una mesa”.

Aristizábal también aplaudió que la dejación de armas de las Farc se hizo con tiempos prudentes y de manera escalonada, lo cual permitió hacerle seguimiento a la expedición de las leyes y reformas necesarias para implementación del Acuerdo Final: “Se logró más tiempo, antes fue: firmado el acuerdo, hecha la dejación de armas”. De hecho, uno de los motivos por los que se retrasó la marcha de las Farc a las zonas de concentración, aparte de los pocos avances en la construcción de los campamentos, fue que el Congreso de la República no había expedido la Ley de Amnistía e Indulto.

En cambio, Jaime Fajardo, otro integrante del Epl, consideró que el gobierno y las Farc incurrieron en errores al no hacer pública la dejación de armas por parte de los jefes guerrilleros. “Las Farc y el gobierno olvidaron las experiencias de procesos anteriores. Fue un error no hacer pública la dejación de armas, el no ver a los comandantes entregando las armas. Todo el mundo recuerda el proceso del M-19 por el hecho de que los combatientes y Pizarro entregaron las armas, lo mismo que el Epl, el Quintín Lame y el Prt. Creo que ese criterio de que esto implicaba humillación y rendición no es cierto. Se desaprovechó el momento para desvirtuar muchos ataques que ha tenido el proceso”, declaró para este portal.

Igualmente, estimó un error y una diferencia de los procesos de los noventa el no involucrar de manera directa a las comunidades y autoridades locales: “La vinculación de muchos sectores sociales fue un aspecto importante en el pasado. Hubo mucho criterio de paz territorial, de apoyarse en los municipios y en las gobernaciones. Aquí ha habido lenidad en lograr que la implementación de los acuerdos y la reintegración de los excombatientes se integre más a regiones. Si bien la paz se negoció entre dos actores, el desarrollo de la implementación se hace en los territorios, y en ese sentido falta mayor coordinación con las comunidades y sus autoridades”.

Por otro lado, Álvaro Jiménez, desmovilizado del M-19, dijo que los procesos no se pueden comparar porque son otros tiempos y otro tipo de organizaciones armadas. Sin embargo, señaló que tienen elementos semejantes, entre ellos “la participación de la comunidad internacional, ahora en una mayor dimensión; hay una situación políticamente distinta pero lo importantes es que los colombianos podemos decir que una página trágica y dolorosa de la historia del país se está pasando”.

El contraste con Auc

dejacion final 5Más de tres años tomó la desmovilización de la mayoría de grupos paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, en ellos 31.689 personas se desmovilizaron como combatientes de las Auc y entregaron 18.501 armas. La relación entre armas y hombre fue de 0.58. Foto: archivo Semana.La experiencia más reciente que tenía el país en cuestión de dejación de armas y reincorporación de combatientes a la vida legal era la de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la cual ha sido cuestionada duramente por sectores críticos con el proceso. Diferentes académicos no dudan en encontrar errores y diferencias entre el proceso que encabezó la administración de Álvaro Uribe, que no contó con la veeduría de la ONU, sino de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).

Para Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, el país presenció una dejación de armas sin precedentes en términos técnicos y operativos. “Si uno mira las experiencias del pasado con guerrillas y paramilitares, fueron procesos más artesanales, en los que se tuvieron en cuenta intuitivamente algunos de los estándares internacionales que existen sobre la materia. Ahora asistimos con un despliegue técnico y operativo que no habíamos tenido nunca”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Insistió en que “técnicamente y operativamente, hemos visto un paso gigante hacia adelante respecto al proceso de las Auc, que se diseñó en la marcha. Los primeros procesos en las zonas de ubicación en 2003 y 2004 fueron totalmente diferenciados, sin los protocolos que tenemos hoy en día. Eso no existió en el proceso de las Auc, entre otras razones porque lo hicieron entidades que no tienen la suficiencia ni la solidez técnica que sí tiene Naciones Unidas. La Labor que ha hecho la MAPP-OEA en el país es muy importante, no se puede negar, pero hay que recordar cuál era su experiencia en 2003 y 2004 para llevar acabo procesos de dejación de armas. Eso se les dejó más a las instituciones del Estado como al Grupo Interinstitucional Antiterrorista (GIAT), que se encargó de hacer las averiguaciones y demás, pero se hizo en el camino”.

Por otro lado, el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: Panorama posacuerdos con las Auc, publicado por el CNMH en noviembre de 2015, encontró cuatro graves errores en ese proceso de desmovilización. El principal fue la falta de transparencia por parte de las Auc y del gobierno nacional para definir quiénes se desmovilizarían para obtener beneficios judiciales.

“Su desmovilización fue muy irregular. Cuando ellos reconocían que eran 15 mil en sus declaraciones públicas y el Ministerio de Defensa decía que eran 14 mil, resultaron legalizando 35 mil supuestos combatienes; además hubo estructuras que no se desmovilizaron y luego ocurrió un pronto de rearme. Dieron lugar a una nueva generación más degradada políticamente y metida a fondo con economías ilegales, heredando ciertos poderes locales del paramilitarismo”, señaló Villarraga, el autor del informe.

Otro de los puntos más graves durante la desmovilización de las Auc es que violaron en repetidas ocasiones el cese de hostilidades unilateral que decretaron para iniciar la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Según documentó la Comisión Colombiana de Justitas, desde la negociación hasta la desmovilización, los paramilitares cometieron 4.480 asesinatos y desapariciones forzadas. Esto contrasta enormemente con el cese bilateral de las Farc, salvo algunos incidentes aislados y la emboscada a una unidad del Ejército en el polideportivo de la vereda La Esperanza, en Buenos Aires, Cauca, alcanzando índices históricos de no violencia.

Experiencias del mundo

Fuente: Fundación Ideas para la paz.

A lo largo de la historia y en diferentes países se han elaborado variados procesos de dejación de armas. Seguramente, los miembros de la Subcomisión del Fin del Conflicto de la Mesa de Negociación de La Habana, conformada por oficiales de la Fuerza Pública y guerrilleros de las Farc, encontraron insumos valiosos para definir los protocolos que garantizaron el cese al fuego bilateral y la dejación de armas que se acaba de consumar.

La FIP estudió 18 experiencias internacionales en su informe sobre desarme y encontró que en cinco de ellos se crearon zonas de concentración, en seis se registraron y destruyeron las armas, en seis se constató que no se entregó todo el material de guerra, en tres ocurrieron casos de tráfico de armas en las fronteras, uno incluyó amnistía general, en uno las armas fueron robadas de depósitos militares tras su dejación, en cuatro la mayoría del armamento entregado era inservible, en tres volvieron a circular las armas, entre otros. A continuación, reseñamos algunos de ellos.

Uno de los procesos más complicados y longevos es el de Irlanda del Norte, que duró siete años, se realizó en el más completo hermetismo y sin registro de ceremonias públicas de entrega de armas para “evitar que las partes se sintieran humilladas o derrotadas”. Al respecto, como aspecto negativo, la FIP señala que “el carácter confidencial suscitó desconfianza y tensiones entre las partes, e impidió conocer cómo se realizó el proceso de forma detallada. No se supo el destino final de las armas”.

La dejación de armas de Sierra Leona terminó de manera abrupta porque de la misión de verificación fue atacada. Aunque en Colombia un observador de la ONU fue secuestrado por una disidencia de las Farc en Guaviare, el proceso se mantuvo, aunque sigue en cautiverio. Por otro lado, ese proceso arrestaba retrasos por “fallas administrativas, demoras en el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de paz y desinterés de los insurgentes para cumplir los acuerdos”.

Otro proceso con problemas burocráticos fue el de Libia porque el número de participantes excedió la capacidad de los operadores del proceso, “por lo que muchos quedaron por fuera de la entrega de incentivos provocando descontentos y violencia”.

De manera similar al caso de las Farc por los problemas en la construcción de las zonas de concentración, en Nepal hubo protestas por “las malas condiciones de las zonas de acantonamiento que retrasaron las entregas”. En ese proceso no se destruyeron todas las armas y fueron usadas para la creación de las nuevas fuerzas armadas.

Timor Oriental representa un caso anormal para la relación de combatientes y armas entregadas. Allá fueron dejadas 18.123 armas, pero se desmovilizaron entre mil y dos combatientes. Según la FIP, la recirculación de armas utilizadas durante los diferentes conflictos propició un recrudecimiento de la violencia en 2006, lo cual llevó al Gobierno a impulsar un programa de recolección de armas denominado “Operación Kilat”. Otro proceso que sufrió rearme fue el de Nicaragua, en donde 500 excombatientes lo hicieron temiendo por su seguridad.

Un ejemplo contrario de reajustar los cronogramas acordados y de solventar los problemas inesperados, como sucedió constantemente en el proceso de las Farc, es el de El Salvador. Según la FIP, ese proceso se caracterizó por tener plazos demasiado restrictivos y con alta desconfianza entre las partes. Además, algunas armas fueron almacenadas clandestinamente por el FMLN en 114 caletas en países vecinos como Nicaragua y Honduras; en el caso colombiano, las Farc anunciaron la existencia de 900 caletas.

Algunos países en donde se entregaron menos armas de las esperadas son Guatemala y Kosovo. En el país centroamericano fueron depuestas 1.665, pero las estimaciones previas señalaban la existencia de dos millones en circulación; y en el país europeo fueron entregadas 11.406, cuando las estimaciones de las autoridades rondaban las 440.000. Otro país que llama la atención por sus cifras es Bosnia y Herzegovina, en donde se desmovilizaron alrededor de 500 mil combatientes, pero se dejaron 40.651 armas pequeñas y ligeras.

Tal vez, el cúmulo de cinco procesos de dejación de armas en Colombia, más los ocurridos en el mundo, con sus respectivas apuestas, aprendizajes y errores, además de la voluntad política del gobierno nacional y de las Farc, más el acompañamiento constante de la comunidad internacional, permitieron que este martes se oficializara la dejación de 7.132 armas por parte de la guerrilla más antigua del continente. Un proceso al que muchos catalogan de histórico y al que el jefe de la Misión de la ONU no duda en promover como modelo para resolver otros conflictos armados en el mundo.

Veteranos de guerra de las Farc temen que los mate la soledad

Para muchos combatientes el paso del tiempo y el trasegar de la guerra hicieron que sus compañeros de filas se convirtieran en su única familia. Algunos de los que están próximos a cumplir 65 años, o que ya los tienen, ven con incertidumbre su futuro, temen un abandono Estatal y falta de garantías para apoyar desde las zonas veredales el proyecto político de la organización.

veteranos farc 1Varios de los temores de los veteranos de guerra se cimientan en la ausencia de una familia biológica. hay quienes han pasado más de 40 años sin razón alguna de sus familias. De izquierda a derecha: ‘’, ‘Eliana’ y ‘Alberto Martínez’. Foto: Andrés Celis.

El 14 de mayo de 1982, al termino de la Séptima Conferencia del grupo armado, condecoraron a ‘Eliana González Acosta’ con uno de los máximos reconocimientos políticos y militares dentro de la vida guerrillera: la medalla ‘Jacobo Arenas’. Ese día se realizaron los nombramientos de aquellos combatientes que ascendían de rango y de los que iban a ser distinguidos por haberse destacado militar y políticamente durante los últimos años de confrontación.

La ceremonia fue precedida por un discurso de ‘Manuel Marulanda’, su máximo dirigente para aquella época. En aquella ocasión le dijo a su tropa que debían honrar el naciente ejército del pueblo y preparase para la “Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia”, la cual suponía la expansión territorial y el desarrollo político-militar en las ciudades principales. (Leer más: Las Conferencias de Expansión)

‘Eliana’ recuerda ese día como uno de los mejores de su “carrera guerrillera”. No ha olvidado el movimiento de ondulación que hacían las banderas del Partido Colombiano Comunista y la de las Farc cuando la condecoraron, así como tampoco los vestidos folclóricos que vestían las distintas agrupaciones artísticas que se presentaron.

A pesar que no hay certeza de la cifra exacta de los combatientes que superan la tercera edad,
por las distintas zonas veredales en las que ha estado VerdadAbierta.com hay historias de estos veteranos de guerra que afrontan algunas inquietudes de cara a su futuro. ¿De que van a vivir una vez entrados a la vida civil? ¿Quién se hará cargo de su vejez? ¿Seguirán dependiendo del partido que entre a regir en la legalidad?

Una de las respuestas automáticas que ofrecen la mayoría de los guerrilleros es que harán “lo que el partido disponga”. No obstante, algunos no pueden trabajar porque han perdido la vista, tienen enfermedades terminales, no cuentan con alguna parte de su cuerpo o, simplemente, ya no pueden realizar esfuerzos físicos mayores. (Leer más: En tierra Grata resuelven dudas del proceso de paz)

Ante ese panorama, en dos oportunidades los comandantes aseguraron que van a responder por todos los integrantes que se acojan al partido y que la función de los veteranos de guerra va a ser crucial para el desarrollo de los proyectos que emprenderán con la puesta en marcha de Ecomun (Economías sociales del común).

Aún así, son cientos los interrogantes y dudas que tienen hombres y mujeres que se han ido incrementando con los asesinatos a los distintos guerrilleros indultados, el más reciente el de ‘Roberto Quezada’ en el departamento de Caquetá. “Queremos trabajar la tierra y en posible quedarnos en las zonas, pero el odio del país contra nosotros lo puede impedir”, aseguró un subversivo consultado al respecto.

Tres viejos combatientes

veteranos farc 2De los 48 fundadores de las Farc o "los marquetalianos", como se les conoció luego de sobrevivir al bombardeo a la vereda Marquetalia, en el sur del Tolima, solo quedan vivos tres de ellos. Foto: Tomada del Flickr de las Farc.

Si bien hablar de los veteranos de guerra de las Farc nos remontaría a contar las vivencias de los únicos tres combatientes vivos que quedan de los 48 fundadores del grupo armado -Miguel Pascuas, Jaime Guaracas y Fernando Bustos-, a la sombra de ellos se forjaron muchos otros guerrilleros que sin ser altos mandos de la organización han hecho parte del relato de estos 50 años de guerra.

Cerca de cumplir 48 años en las filas insurgentes, ‘Eliana’ pasa sus días en el Punto Transitorio de Normalización Amaury Rodríguez en Pondores, La Guajira. Por su avanzada edad no cumple con el mismo régimen militar de los demás combatientes, ayuda a tareas propias de la comandancia, tiene una comida especial y cuida de su salud. (Ver: Pondores, La Guajira, una vereda que se prepara para el fin de la guerra)

Hace rato dejó la guerra, su ultimo combate fue el primero de marzo de 2008 durante la llamada Operación Fenix, realizada en territorio ecuatoriano, donde murió el entonces miembro del secretariado ‘Raúl Reyes’. “Desde ese día no volví a la guerra. Tuve que atravesar todo el país, de norte a sur, para llegar acá. Fue una de las “patoniadas” más bravas que me he pegado”, recordó.

Toda su vida guerrillera fue operadora de radio, o ‘radista’, como se dice en las filas. En el momento de aquel bombardeo estaba encargada de las comunicaciones entre los frentes del Bloque Sur y los distintos comandantes guerrilleros, una labor que solo a los combatientes de mayor confianza se les otorgaba. Sus últimas tareas consistieron en encriptar mensajes para la organización y descifrar las conversaciones del Ejército.

En su “caleta” no conserva ningún objeto de valor. Pero mantiene frescos los recuerdos de su ingreso a la organización y del día que conoció a ‘Manuel Marulanda’, con quien pasó largos años siendo parte de su tropa y a quien señala de haberle enseñado la disciplina revolucionaria y la humildad campesina.

“La primera vez que escuché del camarada ‘Manuel’ fue cuando se desarrolló la Operación Marquetalia, por la radio se escuchaba. Me acuerdo que le preguntaba a mi papá que ¿por qué si decían que ya lo habían matado en el bombardeo al otro día aparecía vivo?, me respondió: es que es el diablo”, comentó. Entre lágrimas aseguró que luego de haber vivido años a su lado, el Estado le desdibujó la humanidad que tenía, al igual que la de otros combatientes.

Dolencias del parkinson

veteranos farc 3En varias zoonas veredales hay replicas a pequeña escala de lo que se conoció como "Casa Verde", el mítico campamento del secretariado de las Farc. Foto: Andrés Celis.

‘Alberto Martínez’, otro veterano guerrillero en camino a la vida civil, también hizo parte de la tropa de ‘Marulanda’ que estaba concentrada en “Casa Verde”, como se le conoció al campamento donde se refugiaba el Secretariado en las montañas de Uribe, Meta; asistió a la escuela de formación ideológica, donde recibió clase del comandante ‘Jaime Guaracas’ y en la cual se quedó siendo parte de la comisión de estudio de ‘Jacobo Arenas’.

“En la escuela vimos filosofía, economía política y organización. Como yo estudié ciencias sociales pude dar el curso de economía. Duramos más de tres meses, estudiando día y noche, hasta que llegó el operativo en el Guayabero por parte de Turbay Ayala en la década del ochenta”, recordó.

De allí que conociera a quienes años después se convertirían en comandantes de frentes y bloques, como ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’, quien asistió a la escuela en representación del Frente 6 a un curso que directamente dio Marulanda o a ‘Aldinever Morantes’ hoy comandante de la zona veredal de Mestas, Meta. (Leer más: ¿Ejército está ofreciente dinero a guerrilleros para que abandonen zona veredal)

‘Martínez’, afectado por parkinson, guarda sus memorias escritas más de 40 años de anécdotas e historias. Entre ellas que ‘Jacobo Arenas’ le decía que pasara lo que pasara siempre dijera la verdad porque era un acto revolucionario, así lo mataran, pero que la dijera.

El recuerdo llegó a su cabeza al responder a la pregunta: ¿qué le dejan de enseñanza estos años de guerra?, a lo que respondió: “siempre decir la verdad. En las Farc cultivamos seres humanos, y decir la verdad hace parte de ello. Este país está en guerra, en parte, por eso, por las mentiras de unos contra los otros. Hoy, por ejemplo, ustedes conocen una guerrilla diferente al 'Coco' que les mostraron. Les mintieron”.

Según los archivos de este veterano guerrillero, en su paso por al menos cinco frentes del Bloque Oriental, sobrevivió a cerca de 9 operativos de larga duración, donde se salvó en tres oportunidades de quedar en los bombardeos que asestó el Ejército en contra los frentes insurgentes que cuidaban al secretariado de la organización.

Entre los recuerdos

veteranos farc 4En el Punto Transitorio de Normalización (PTN) de Pondores, La Guajira, hay varios combatientes que vivieron la guerra con la guerrilla del Epl, aseguran que quedan verdades por conocerse. Foto: archivo Semana.

Como él, 'Argemiro Tamayo' o ‘Curruco’, como desde pequeño le apodaban, se forjó en la guerrilla al calor de la “plomacera”, como llaman los viejos al combate. Antes de su ingreso a las filas sirvió como abastecedor de los primeros frentes que se empezaron a formar en el Pacífico colombiano. Fue un agricultor que alcanzó a tener más de 150 reses y cultivos de maíz, cacao, papa y yuca que combinó su trabajo campesino y el de formador de masas para el PC3.

Para junio de 1980, cansado de las amenazas del Ejército y de dos intentos de tortura, decidió ingresar a ser combatiente. “Entré a la guerrilla ya conociéndola, sabiendo cómo se movían y cómo era su forma de vida. Lo que sí conocí fue la disciplina, la rutina y las largas caminadas que tocaba realizar”, aseveró.

Su primera escopeta la ganó luego de una confrontación que hubo con la Policía, estaba bajo el mando de otros dos veteranos de guerra, ‘Isaías Trujillo’ y ‘Efraín Guzmán’, dos comandantes guerrilleros que desde la década del setenta empezaron a constituir uno de los fortines de la guerrilla en el Urabá antioqueño.

‘Curruco’ entró a reforzar el Frente 5, que para la época ya contaba con alta capacidad bélica y con un número elevado de combatientes, por lo cual se desdobló en el Frente 18, del que fue mando medio y participó en esta región agroindustrial en varias acciones conjuntas con la guerrilla del Epl en contra de puestos de Policía y guarniciones militares, entre ellas la toma a Saiza, el 23 de agosto de 1988. (Leer más: Frente quinto de las Farc, protagonista de la guerra en Antioquia)

El tiempo lo llevó a seguir ascendiendo y tener unidades a su mando. Hoy recuerda que los cinco impactos de bala que posee en el cuerpo se los “ganó” en las plomaceras que duraban más de tres días y en las que se combatía sin poder comer o ser relevado. Sigue pegado a los estatutos y fiel a la ideología con la que se ingresó, pero es autocrítico para reconocer los errores de la guerra, como el de la confrontación que se libró en contra del Epl: “Ninguna guerra es perfecta y ningún combate es humano, a nadie le gusta disparar, pero por preservar la vida hicimos cosas que estuvieron mal y con base en la verdad debemos avanzar”. (Leer más: ¿Exterminio del Epl en Urabá, crimen de lesa humanidad?)

Si hay algo en común de estos tres guerrilleros, es que al calor de la guerra se forjaron y en los tiempos de paz se rehúsan a pensar que van a desaparecer los días cotidianos de despertarse, “ranchar” (cocinar), cumplir con lo del día y ayudar a la vida en colectivo.

No es exagerada la posición que tienen si se tiene en cuenta que, por la avanzada edad, algunos guerrilleros ya han perdido a su familia biológica. Hay quienes en la organización consideran a estos combatientes como ortodoxos, pero lo cierto es que va a llegar un momento en que alguien va a tener que cuidar de ellos. El miedo al cambio de vida se les nota hasta en sus gestos.

Incertidumbre ante la vejez

veteranos farc 5Tras 50 años de confrontación Marulanda seguirá siendo el referente para la militancia de las Farc, ahora de cara al partido político aseguran seguirán el legado humanista que les dejó su fundador. Foto: Tomada del Flickr de las Farc.

No los mató la guerra y no quieren que los mate la soledad o el cambio de “vida en colectivo”, como llaman a la convivencia en común que se vive en las Farc. Ya tienen garantizado desde inicio de año el acceso a la salud a través de la afiliación a la Nueva EPS; no obstante, llegará el momento en que tengan que pasar al régimen contributivo. ¿De dónde sacarán el dinero si no están produciendo? Por ahora, nada se sabe.

Como en el Ejército, en las filas de las Farc también se da el retiro; hay quienes están esperando la decisión de la comandancia para ir a sus casas o buscar sus familias, pero otros, entre ellos algunos veteranos, desean que no les llegue ese día. Por muy enfermos que estén, varios se proyectan ayudando desde las zonas veredales al nuevo partido político, cuidado los cultivos o formando las nuevas generaciones.

‘Eliana’, por ejemplo, no quisiera que se acabaran los campamentos y, aunque es consciente de que están pasando por la coyuntura que algún día deseó ‘Marulanda’ – la salida política al conflicto- no se imagina un día sin estar rodeada del calor de los que la acogieron luego de sobrevivir al bombardeo en Putumayo.

‘Curruco, por su parte, está muy desgastado, pero quiere ayudar lo que siempre supo hacer: cultivar la tierra. Se ve enseñándole a las nuevas generaciones del partido político que se forme a trabajar los cultivos y hacer productivas las zonas veredales. Su temor: que lo asesinen por viejas retaliaciones o que no le de el cuerpo para ver materializado el acuerdo que sus comandantes firmaron con el gobierno nacional.

Durante el desarrollo de la Décima Conferencia, en los llanos del Yarí, el integrante del secretariado ‘Joaquín Gómez’ propuso un plan integral de acompañamiento a la tercera edad del que a la fecha no se volvió a conocer su desarrollo, pero que contenía cobertura en salud, asistencia social y acompañamiento psicológico priorizado para la tercera edad.

Por ahora, la única garantía es lo acordado en La Habana y contenido en punto dos del acuerdo, que se refiere a las garantías para la participación política, en ellas se incluye la priorización de la tercera edad en el acceso a la alimentación, pero, ¿y la atención psicosocial y acompañamiento? Por el momento, esas preguntas están sin resolver.

Se agudiza debate por propuesta de Vicealcaldías militares en Antioquia

Organizaciones defensoras de derechos humanos de este departamento se preparan desde ya para oponerse, bien desde los estrados judiciales, bien desde la movilización ciudadana, a la implementación de esta figura, que califican de regresiva.

Para consolidar la seguridad y la paz en los municipios más afectados por el conflicto armado en Antioquia, su gobernador plantea que se asignen temporalmente oficiales del Ejército como vicealcaldes. Foto: archivo Semana.

Por considerarla confusa y regresiva, y que además atenta contra la autonomía de las autoridades civiles municipales, un amplio número de organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia solicitó públicamente al gobernador de este departamento, Luis Pérez Gutiérrez, al Ministerio de Defensa, a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio Público, no implementar la polémica figura de Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia y Cuerpos de Paz, cuya puesta en marcha está programada para el próximo 1 de julio.

Como se recordará, se trata de una propuesta formulada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en octubre de 2016 y que tiene como propósito consolidar el posconflicto en aquellas regiones donde operaron las Farc mediante una oferta de seguridad y una presencia más activa del Estado. Estas funcionarán durante un año luego del cual se evaluará su continuidad y operarán, inicialmente, en los municipios de Anorí, Briceño, Dabieba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte. (Ver más en: Vicealcaldes militares, polémica propuesta)

Aunque la propuesta inicial contemplaba que las Vicealcaldías fueran dirigidas por oficiales activos de las Fuerzas Militares, al final se definió que serán coroneles en retiro del Ejército, “con amplios conocimientos de seguridad y con profundos valores civilistas”, tal como lo expuso el propio gobernador de Antioquia, los responsables del manejo y coordinación de esta iniciativa. Junto a ellos estará un grupo de estudiantes universitarios provenientes de todas las áreas de las ciencias sociales, a quienes se les denomina Cuerpos de Paz.

“La idea es que ellos van a funcionar en la parte urbana del municipio, bien sea en un parque educativo, bien sea en la Alcaldía, una biblioteca, una casa de la cultura, donde haya espacio”, manifestó Pérez Gutiérrez en recientes declaraciones entregadas a VerdadAbierta,com. “Este grupo de trabajo comenzará a hacer un amplio estudio sobre todo el territorio. Vamos a ponerles unos vehículos para que se desplacen a todas las veredas y corregimientos para que elaboren un diagnóstico sobre seguridad, acceso a la justicia, qué hay en salud, qué hay en educación. Este trabajo busca que las bandas criminales no ocupen estos territorios”.

Precisamente, entre las objeciones que plantean las organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia a esta figura se encuentra la “usurpación de funciones a los mandatarios locales, donde prácticamente se está suplantando la autonomía de personas que fueron elegidas popularmente por militares. Detrás de esta figura no hay una visión de paz sino de control territorial”, según declaró Adriana Arboleda, integrante del Movimiento de Crímenes de Estado (Movice) Capítulo Antioquia.

Para Arboleda, las Vicealcaldías constituyen una medida regresiva en tanto privilegia la visión militarista de la seguridad en tiempos de posconflicto, que demandan salidas más democráticas y participativas, y que le apunten a desmilitarizar la vida social y política del país. El reparo de las organizaciones también pasa por la incidencia e injerencia, cada vez más fuerte, que están teniendo los militares (sean activos o en retiro) en escenarios políticos y deliberativos donde debería primar la presencia de civiles.

“Claro que necesitamos y es urgente que se copen los territorios dejados por las Farc, pero este copamiento no puede privilegiar la visión militarista de la seguridad. El hecho de que sean militares en retiro no es garantía de que privilegia la postura civilista”, sostuvo Arboleda, quien añadió que esta figura “va en contravía de los Acuerdos de Paz. ¿Por qué si se quiere fortalecer la presencia del Estado en esos territorios, no se convoca a las organizaciones sociales, a los ciudadanos de esos municipios, tal como quedó plasmado en el Punto 2 del Acuerdo, para construir con ellos medidas menos regresivas?”.

Desconocimiento generalizado

Diferentes sectores señalan que es inconveniente asignar a un oficial de la Fuerza Pública para desempeñar labores de administración política. Foto: archivo Semana.

Otro de los aspectos que despierta profundas inquietudes entre los activistas antioqueños es el desconocimiento generalizado que existe sobre el funcionamiento de las Vicealcaldías. A una semana de su puesta en marcha, aún no se conoce el acto administrativo que las ampare jurídicamente.

A esto se suma que los alcaldes de los municipios donde se echará a rodar este experimento de gobernanza poca claridad tienen sobre cómo se articularán funciones, quién asumirá los gastos de funcionamiento y la labor que cumplirán. Así se los manifestaron recientemente a VerdadAbierta.com los mandatarios de Briceño y Remedios. (Ver más en: Antioquia tendrá vicealcaldes y cuerpos de paz)

Sobre los nombres o perfiles de los militares en retiro que podrían liderar estas Vicealcaldías, VerdadAbierta.com consultó al brigadier general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), quien manifestó que hasta la fecha no han entablado comunicación alguna con la Gobernación de Antioquia sobre el particular. “El tema lo he conocido más por los medios de comunicación”, declaró Ruiz Barrera.

No obstante, al ser consultado sobre la pertinencia de esta figura, el alto oficial señaló que ve con muy buenos ojos el proyecto pues “recoge la experiencia que hemos tenido los militares enfrentando fenómenos complejos como las acciones criminales de grupos terroristas y demás. Si la figura es legal y el gobernador quiere nombrar militares, pues es de muy buen recibo y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Las Vicealcaldías le van a ayudar mucho a los alcaldes”.

Frente a las inquietudes de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Antioquia, el presidente de Acore respondió: “los militares no se preparan solo para la guerra, internamente también se preparan para administrar la fuerza para tareas institucionales. En el campo logístico tenemos la mejor experiencia, al punto que sectores empresariales recurren a militares retirados por el conocimiento acumulado que tenemos. Repito, para los alcaldes serán un apoyo valioso”.

En Antioquia ya existe un antecedente de militares (activos o en retiro) ejerciendo funciones propias de autoridades civiles. La historia señala que una de las primeras decisiones de Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador de este departamento (1995-1997) fue solicitar la designación del capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez, como alcalde (e) de Amalfi, nordeste antioqueño, en reemplazo de Francisco Quintero Castaño, quien dejó su cargo luego de sobrevivir a un atentado contra su vida perpetrado por guerrilleros del Eln.

La medida tuvo un fuerte rechazo por parte de la población local en su momento y aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, todo indica que la molestia de ver militares ejerciendo funciones administrativas propias del poder público aún permanece intacta. La polémica está entrando en uno de sus caminos más agudos.

¿Venganza o perdón? Un camino hacia la reconciliación

La Fundación para la Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y un grupo de profesores de la Universidad Nacional, abrieron un espacio de reflexión sobre la venganza y el perdón. El resultado fue un libro en el que doce autores, desde diferentes disciplinas, plantean sus perspectivas al respecto, para lograr una paz sostenible. Este es su prólogo.

reconciliacion El dinero recaudado por la venta del libro ¿Venganza o perdón? Un camino hacia la reconciliación será destinado a proyectos para la reconciliación. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Una nación urgida de reconciliación

El final de la negociación de paz con la guerrilla de las FARC trajo un resultado inesperado. El mecanismo de refrendación propuesto por el Gobierno Nacional y aceptado en la mesa de conversaciones de La Habana, tomó la forma de un plebiscito con normas especiales, en el que se les preguntó a los ciudadanos sobre su respaldo al Acuerdo de Paz en términos de Sí o No.

Los colombianos acudieron de modo lánguido a las urnas. A la cita electoral del domingo 2 de octubre de 2016 sólo votaron algo más de 13 millones de personas, que equivalían al 37,5% del censo electoral. Una participación magra incluso en un país con tradición abstencionista.

Como es bien sabido, el resultado del plebiscito por la paz fue adverso a los intereses del Gobierno. Una mayoría de colombianos, representada en 6’431.376 votantes, optó por decirle No a los acuerdos, venciendo así a los 6’377.482 que respaldaron la negociación que comenzó de manera formal en agosto del año 2012 y se firmó oficialmente el 26 de septiembre de 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias.

Ante el inesperado triunfo, el Gobierno y las FARC realizaron un proceso de renegociación que, si bien no satisfizo a los líderes más visibles del No, incorporó algunas de sus críticas. Este proceso concluyó con la firma de un nuevo acuerdo en el teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, que fue refrendado un mes después, esta vez por la vía del Congreso de la República.

El saldo en términos de legitimidad fue tremendamente negativo. Por un lado, la visible oposición a varios de los contenidos centrales del Acuerdo de Paz y las críticas de muchos sectores durante el proceso de renegociación, hicieron que se cuestionara de manera seria el respaldo popular al Acuerdo. Para la ciudadanía quedó claro que el texto que finalmente se refrendó no representa los intereses y las aspiraciones de un grupo muy relevante de colombianos.

Ese sentimiento se ha venido reflejando, claramente, en redes sociales como Twitter. La Fundación Ideas para la Paz, que monitorea las narrativas que se dan en esta red alrededor de la paz, afirma que quienes se oponen al Acuerdo con las FARC siguen ganando en influencia. Durante el plebiscito y tras la renegociación su favorabilidad alcanzó el 93 por ciento.

Por otro lado, lo que hubiera podido significar un momento de júbilo nacional, dada la envergadura del acontecimiento, terminó relegado al carácter de agenda incómoda, alineada con aspiraciones presidenciales. Hay que admitir que resulta, cuando menos, chocante, que la finalización de uno de los conflictos armados más prolongados y violentos de la historia reciente haya pasado de agache entre el espesor del debate político. Hoy, Colombia se encuentra sumida en una profunda crisis de confianza ciudadana y en el espectáculo lamentable de unas élites políticas atrincheradas en sus ambiciones.

El balance parcial de este proceso, cuyo desenlace en términos de implementación sigue siendo de incertidumbre, es la evidencia abrumadora de que vivimos en una sociedad enormemente polarizada y, por lo tanto, urgida de reconciliación.

Y no sólo de la reconciliación entre las víctimas y los victimarios, y entre estos y la comunidad en cualquier contexto de posconflicto, sino también de la reconciliación que se necesita cuando se constata que a nivel ciudadano existen visiones que niegan y excluyen la diferencia, que la asumen como una equivocación malintencionada y que, entendidas de modo radical, están en condiciones de justificar el uso de la violencia.

Lo que está en juego no es poca cosa. No se trata del éxito o el fracaso de las políticas del presidente Santos en el corto o mediano plazo, ni tampoco de las decisiones estrictamente electorales a nivel nacional y territorial. Estamos hablando de la posibilidad de construir una visión de futuro compartido, en la que se puedan tramitar las diferencias sin justificar, en ningún caso, la eliminación o el dolor de los otros.

Ante este panorama, la Fundación para la Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y un grupo de profesores del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, abrimos un espacio de diálogo buscando recoger voces diversas entorno a la disyuntiva entre el perdón y la venganza, entendida como un desafío central de la sociedad colombiana. Le propusimos entonces a un grupo de profesionales que reflexionaran sobre la pregunta “¿venganza o perdón?” y que ubicaran sus reflexiones en el contexto del momento apremiante que vive el país.

Por eso, los 12 textos que conforman este libro, lejos de constituir una muestra del estado actual de la investigación sobre perdón y venganza, representan una serie de alternativas de interpretación y propuestas de cada uno de los autores. Hay reflexiones desde la historia, la ciencia política, la sociología, la teología, la psicología y la comunicación social, que buscan contribuir al análisis de un tema que involucra a todos los colombianos.

Venganza y perdón

La dualidad entre la venganza y el perdón ha propiciado numerosas reflexiones en los ámbitos académico, espiritual y de las políticas públicas.

El perdón, en general, se entiende como un sentimiento que permite sobreponerse al resentimiento frente a un agresor (Murphy, 2003). Es un proceso que le da la posibilidad a una persona agredida –sin negar ni olvidar el daño del que fue víctima– de tener una perspectiva diferente de su ofensor, hasta el punto de verlo con compasión (McCullogh y Root, 2005).

El perdón cuenta con una dimensión interpersonal, que se refiere a la relación entre la persona que perdona y la que es perdonada, y con una dimensión intrapsíquica, relacionada con el proceso interno que se necesita para solicitarlo y otorgarlo (Lillo, 2014). El perdón permite que se trasformen las actitudes negativas que una persona tiene frente a otra, evitando la venganza, sin que esto signifique tolerar la injusticia o simplemente olvidarla.

Por su parte, la venganza, que está profundamente ligada a las emociones de rabia y resentimiento, tiene que ver con el impulso de tomar represalias frente a una injusticia (Minow, 1998). También es una expresión del valor que da el agredido a su propia dignidad, pues por medio de la retaliación “el vengador quiere subvertir la afirmación de desigualdad contenida en el acto de victimización. La víctima convertida en victimario, quiere restaurar su dignidad, afirmarse como todopoderosa mediante la reducción de su victimario” (Orozco, 2002).

A partir de estas breves consideraciones, es claro que tanto el perdón como la venganza surgen, de modo general, independientes a contextos de violencia política. Ambos son productos naturales de la vida social, del ser humano que ante una ofensa o daño siente una serie de emociones y las convierte en acciones de diverso tipo.

Este carácter tan íntimo explica, al menos en parte, por qué el abordaje de estos conceptos se da desde la perspectiva individual y de la educación emocional. De allí las nociones según las cuales el perdón es una decisión personal y la venganza es el efecto que sobre un individuo tiene una intensa pulsión emocional. El rol del Estado, desde esta perspectiva, es el de la gestión de los conflictos individuales.

Pensando en el contexto colombiano, existe un enfoque distinto de interpretación sobre la dualidad perdón–venganza, el cual se inscribe en las dimensiones políticas, sociales y culturales que tienen estos conceptos. Leonel Narváez ha insistido en la necesidad de transformar la cultura de la venganza y la economía política del odio, en una economía y una cultura ciudadana del perdón y la reconciliación que, a la vez, posibilite la creación de nuevas maneras de describirnos como sociedad y transforme la forma en la que nos relacionamos.

Una paz sostenible exige que no solo se responda a las necesidades objetivas básicas insatisfechas de la mayoría de la población (salud, empleo, educación, tierra, vivienda, entre otras), sino también a las necesidades ecológicas de la paz: verdad, justicia, reparación, inclusión democrática y respeto a los derechos humanos. Y, sobre todo, que se satisfagan las necesidades subjetivas, o sea, se acompañe la difícil superación de la rabia, el odio y las urgencias de venganza tanto en las élites como en las bases populares.

También, en el contexto internacional, ha descollado el enfoque de Martha Nussbaum sobre las emociones políticas y el rol del Estado en su cultivo. En su obra reciente, Nussbaum (2014) afirma que las emociones políticas –que el Estado está en capacidad de propiciar por medios materiales y simbólicos– son el sustento de los proyectos políticos de una nación. En efecto, la materialización y el sostenimiento de los mismos resulta viable sólo si cuentan con un compromiso social que les procure estabilidad en el tiempo.

Este rol del Estado que propone Nussbaum es muy relevante en lo que respecta a conflictos armados y a sociedades en transición. En ellas, es deber del Estado cultivar emociones públicas como el amor, entendido como aquel impulso fundamental que promueve el respeto por la dignidad humana y que invita a los ciudadanos a habitar la esfera de lo púbico en pro del bien común.

En esa misma línea política y colectiva, la discusión sobre el perdón y la venganza adquiere matices particulares en periodos de transición entre el conflicto armado y la paz, y muy particularmente en sociedades que implementan arreglos de justicia transicional como la colombiana. En efecto, el desafío de satisfacer al mismo tiempo los derechos de las víctimas del conflicto y las penas especiales que se derivan de una negociación de paz (Uprimny, 2006), le da a la dualidad perdón–venganza otro escenario de expresión, esta vez dentro de la consabida tensión entre la justicia y la paz.

Examinemos cómo detrás de la justicia subyace el dilema que nos convoca. Los mecanismos de justicia retributiva que suelen regir en condiciones ordinarias se basan en la proporcionalidad entre el daño causado y la pena. Esta proporcionalidad podría entenderse como una forma de venganza racionalizada, en la que los ciudadanos renuncian a ella y le dan al Estado la potestad de decidir cómo castigar al victimario, considerando que ese castigo “compensa”, de algún modo, el daño causado.

El dilema de la justicia en la transición consiste entonces en que, tras reconocer que el diseño tradicional–retributivo no ofrece los incentivos necesarios para que los contrincantes dejen las armas, la sociedad desarrolla un concepto que se asocia más a la restauración y al perdón que a la venganza. Según este nuevo paradigma, que pone en el centro la preocupación por el daño causado, es posible tener rebajas de penas y penas alternativas, si el ofensor se compromete con la verdad, la reparación (material, simbólica, cultural, colectiva) y la no repetición. Desde esta perspectiva, es más importante superar la situación victimizante que el castigo proporcional al responsable (Mallinder, 2014).

El Estado propicia entonces espacios de reconocimiento de responsabilidad, de construcción de memoria colectiva, de perdón, de identificación de hechos e interpretaciones y, al acerlo, crea el contexto no sólo para reintegrar a los excombatientes a la vida civil, sino para que los involucrados en los enfrentamientos se reconcilien. En estos casos, aun cuando en el plano personal las víctimas puedan no perdonar a quienes las ofendieron, en el plano político la sociedad los reconoce como ciudadanos, y les otorga lo que, con cuidado, se podría llamar un perdón colectivo.

En el contexto actual, si bien el Estado colombiano tiene la potestad de regular la venganza y fomentar el perdón creando un entramado institucional y legal que propicie acciones integrales de verdad, justicia, reparación y no repetición, también es cierto que al hacerlo debe escuchar las demandas de justicia retributiva que resonaron fuertemente tras los resultados del plebiscito por la paz. Para algunos autores, la venganza se ha convertido en Colombia en un insumo para acumular poder político, generar prejuicios y limitar la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Por eso, si el Gobierno no logra negociar un punto medio en el que se recojan estas voces, es posible que la implementación de este proceso de paz propicie nuevos ciclos de violencia motivados por el deseo de retaliación. Ese es el tamaño del desafío.

Bitácora

En este libro, el lector encontrará dos tendencias. En algunos, las observaciones reposan en el deber ser del Estado y en otros, sobre los ciudadanos que habitan la esfera pública y se relacionan entre sí.

En el primer grupo se ubican artículos como los de Daniel García-Peña, quien sugiere que la verdad es un instrumento que propicia la sana elaboración y procesamiento de la venganza, y afirma que al esclarecer el pasado y establecer responsabilidades es posible construir memoria. A esta postura se suma Maguemati Wabgou, quien por medio de un análisis semiótico del documental “Entre Joyce y el recuerdo”, aborda la experiencia de la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria como un cruce entre sentimientos de perdón y venganza.

Sobre la construcción de memoria también reflexionan Alejandra Castro y Julieth Escobar, quienes afirman que para lograr la reconciliación política es necesario que se realicen ejercicios de memoria histórica reflexiva, por medio de los cuales se haga un reconocimiento moral colectivo de las causas del resentimiento generado por los hechos victimizantes. Pero la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria son, por sí mismos, insuficientes para promover una cultura del perdón. En este sentido, Juan Diego Duque centra su discusión en la justicia, la cual vista desde la perspectiva del “perdón constructivo” hace parte de un engranaje de acciones que se complementan entre sí (verdad, justicia, reparación, no repetición).

En el segundo grupo de textos se encuentran artículos como los de William Duica, quien invita a comprender que las distintas posiciones que las personas asumen frente al perdón son consecuencia de sus “identidades morales”, por lo que el reto del perdón requiere cambiar la mirada que tenemos de nosotros mismos y de los demás.

En esta misma dirección, los textos de Carolina Meza y Katja Groesschen, y de Carolina Sánchez, hablan sobre la necesidad de superar la estigmatización que recae en los habitantes de las regiones afectadas por el conflicto armado y los prejuicios que existen frente a los excombatientes, transformando los imaginarios que se tienen sobre estos grupos.

Del mismo modo, Luis Humberto Hernández afirma que para que haya perdón debe diluirse la distinción entre buenos y malos, y tanto víctimas como victimarios deben reconocer en sí mismos la posibilidad de construir y destruir, de amar y de hacer daño. Para hacer esto, Omar Rincón, desde una perspectiva constructivista, sugiere que se transformen las narrativas de miedo y odio por las de esperanza, Martha Ruiz argumenta que se requiere empatía y curiosidad para entender al que debe ser perdonado, y Edgar Antonio López señala que se necesita, ante todo, reconocer la humanidad del victimario.

Para terminar, vale la pena mencionar que ambas tendencias confluyen en una idea: es necesario continuar explorando la dimensión política del perdón, crear estrategias que amplíen el abanico de nuestras emociones e ideas para aprender a reconocernos como ciudadanos y como seres humanos con dignidad. Sólo así será posible superar la encrucijada entre perdón o venganza.

Así fue la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en el Congreso

El Legislativo se midió a uno de sus retos más grandes: el aterrizaje del pacto alcanzado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc tras cuatro años de negociación. En la pasada legislatura se aprobaron seis normas y siete no alcanzaron a concluir su trámite. A pesar de los avances, aún falta camino por recorrer.

legislatura fast trackLa pasada legislatura del Congreso de la República aprobó seis de las 21 iniciativas necesarias para garantizar la implementación del acuerdo de paz. Foto: archivo Semana.

Los ires y venires del proceso de paz hicieron que el Congreso de la República entrara en escena antes de lo previsto para iniciar la implementación del Acuerdo Final alcanzado en Cuba. La función que le correspondía inicialmente era la de expedir las leyes y realizar las reformas necesarias para convertir en realidad el acuerdo que firmaron el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como 'Timochenko'.

Sin embargo, la derrota del plebiscito del 2 de octubre, en el que por un estrecho margen de diferencia los colombianos que acudieron a las urnas rechazaron el acuerdo, hizo que gobierno y guerrilla conciliaran una nueva versión, incluyendo propuestas de los promotores del No. Ese documento fue firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, y el encargado de refrendarlo fue el Congreso de la República.

El respaldo de esa corporación no se hizo esperar y, a diferencia del anterior, obtuvo una votación contundente: el 29 noviembre logró 75 votos a favor y ninguno en contra en el Senado, y al día siguiente alcanzó 130 a favor y ninguno en contra en la Cámara de Representantes.

A pesar de lo expedita de la refrendación del Acuerdo Final, su implementación tuvo que esperar hasta que la Corte Constitucional le diera luz verde al Acto Legislativo para la Paz, el cual incluyó un mecanismo extraordinario para que el Congreso pueda elaborar las leyes y reformas necesarias de manera ágil y en la mitad de debates necesarios, el cual fue bautizado con el nombre de Fast Track.

La bendición de la Corte llegó el 14 de diciembre. Para ese momento, el proceso de paz se encontraba en un punto de alta tensión, pues la Farc se negaban a marchar a las zonas de concentración porque todavía no existía la Ley de Amnistía e Indulto para quienes no cometieron crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Por esa, y otras razones de índole logístico, el cronograma acordado para la dejación de armas sufrió sendos retrasos, y apenas finalizará el próximo martes, cuando debió terminar el pasado 30 de abril.

El mismo día que la Corte otorgó su aval, el gobierno nacional radicó la Ley de Amnistía e Indulto, y el Congreso usó en su máxima expresión el Fast Track, pues en tan sólo nueve días, las comisiones primeras del Senado y de la Cámara, y sus respectivas plenarias, la aprobaron con amplias mayorías, lo que les dio seguridad jurídica a los futuros desmovilizados. Con esa norma de perdón, exenta para quienes cometieron graves crímenes, los cuales deberán aclarar en la Jurisdicción Especial para la Paz, y la superación de algunos escollos en los campamentos, las Farc finalmente marcharon hacia las zonas de concentración.

Desde ese momento, hasta el cierre del pasado periodo de legislativo, que inició con sesiones extras a mediados de enero, se aprobaron cinco normas más: la Ley 1820, que autoriza la participación del movimiento ciudadano Voces de Paz en el Congreso en representación de las Farc; el Acto Legislativo que estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; el Estatuto de la Oposición; el Acto Legislativo que le da estabilidad jurídica al Acuerdo Final durante tres periodos presidenciales; y el Acto Legislativo que permite la reincorporación política de las Farc y fija las condiciones para su partido. Por otro lado, siete iniciativas más iniciaron su curso, pero no alcanzaron a ver la luz al final.

Avances sin el ritmo deseado

Además de las normas expedidas por el Congreso, la implementación del Acuerdo Final se complementa con la expedición de decretos con fuerza de ley del presidente Santos, gracias a las facultades extraordinarias y temporales que le otorgó el Acto Legislativo para la Paz. En total firmó 35 decretos de ese tipo. Foto: archivo Semana.Para Iván Cepeda, senador del Polo Democrático que acompañó la Mesa de Negociaciones en Cuba, el trámite legislativo ha contado con muchos obstáculos y se incluyeron modificaciones “lesivas” al Acuerdo Final. Sin embargo, considera que el balance inicial es “que mal que bien, ha avanzado la legislación de paz y las normas que se requieren poco a poco se van aprobando en el Congreso”.

Dentro de lo aprobado hasta ahora, destaca las medidas para garantizar la estabilidad del Acuerdo Final y la participación en política de las Farc: “Es muy importante que el acuerdo se haya convertido en parte de la Constitución y que se haya aprobado la Ley de Amnistía, que son básicas para garantizar la estabilidad jurídica de los acuerdos de paz; también que se haya aprobado la reforma constitucional que da la posibilidad de que la guerrilla tenga una representación una vez se convierta en fuerza política en el Congreso con curules que serán objeto de votación en las próximas elecciones”.

Cepeda cuestiona que durante las discusiones relacionadas con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se debilitaran aspectos relacionados con la responsabilidad de terceras personas involucradas en el conflicto armado. “Como se sabe, el acuerdo de paz exige que haya una justicia de índole restaurativa administrada con independencia y el mismo rigor para todas aquellas personas que estén incursas en crímenes de lesa humanidad, de guerra o graves violaciones de derechos humanos; sin embargo, se introdujeron una serie de modificaciones que debilitan esas responsabilidades”, le dijo el congresista a VerdadAbierta.com.

Esa apreciación es compartida por Jairo Estrada, integrante de Voces de Paz en el Senado. Para él, la pasada legislatura puede definirse como satisfactoria, pero señala que “no transcurrió en los ritmos y tiempos esperados; además, fue reiterada la pretensión de renegociar nuevamente el acuerdo por parte de sectores del Congreso”.

Para este catedrático de la Universidad Nacional, los intentos de reformar el Acuerdo Final fueron evidentes en los debates de la JEP, de la Ley de Amnistía, del Estatuto de la Oposición y de las Circunscripciones Especiales de Paz. Y entre ellos, llama con mayor atención los relacionados con el futuro sistema de justicia transicional: “Ha sido particularmente notorio el interés por tratar de producir una normatividad que favorezca a los terceros civiles comprometidos de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Eso lo han promovido fundamentalmente la Fiscalía General de la Nación y los representantes de Cambio Radical”.

Y recalca que “eso es inquietante porque al final lo que se quiere es una JEP que se ocupe exclusivamente de las partes comprometidas directamente en la contienda, pero que quiere excluir a los civiles, que son los que están en muchas de las situaciones de crimen y horror que ocurrieron en el país, particularmente por la organización y financiación de organizaciones paramilitares”.

Claudia López, senadora del Partido Verde, quien ha defendido con fuerza el proceso de paz, señala que en la pasada legislatura tan sólo fue aprobada la tercera parte de los temas que se tienen listados como prioritarios. “Desde la segunda semana de enero convocaron extras por los temas de paz; hubiera querido que sacáramos más temas adelante, pero sólo salieron seis de 21”. Para ella, esa situación en parte puede entenderse por los retrasos en las zonas veredales, lo cual captó más la atención del gobierno nacional en temas logísticos y de desarme, que en la agenda legislativa.

En diferentes ocasiones, el presidente Santos indicó que el Congreso ha cumplido “con más del 80 por ciento de las normas que dan la seguridad jurídica necesaria para terminar el desarme e iniciar la reincorporación de los guerrilleros a la legalidad”. Un funcionario del gobierno nacional, que pidió la reserva de su identidad, le dijo a VerdadAbierta.com que, a pesar de las dificultades, el pasado semestre legislativo fue “muy bueno y mucho de cómo quedó el Acuerdo se mejoró en el desarrollo normativo”

Como ejemplo refiere que “el Acto Legislativo que crea el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se desarrolló en dos meses y medio de debates muy duros. Al final, este proyecto tuvo más de 72 modificaciones, que demuestran que los congresistas -antes del fallo de la Corte que reguló el Fast Track- no eran convidados de piedra y simples notables. Salió un acto legislativo mucho mejor que el que ingresó, con más garantías para las víctimas, con más participación de las víctimas, con un enfoque étnico y diferencial más tangente que lo que se tenía al principio”.

Lo que falta

Para materializar el documento firmado en el Teatro Colón faltan por lo menos el trámite de 15 iniciativas en el Congreso de la República. Foto: Presidencia de la República.El próximo 20 de julio, cuando inicie una nueva legislatura y el Congreso de la República tenga nuevas directivas, deberá continuar con el trámite de las siete iniciativas que quedaron pendientes: el sistema nacional de innovación agropecuaria y adecuación de tierras; la creación de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz para que las regiones más golpeadas por el conflicto tengan curules temporales en la Cámara de Representantes; garantizar el monopolio de las armas y el uso de la fuerza por parte del Estado; la reforma a la Unidad Nacional de Protección; la ley estatutaria para que la JEP entre en funcionamiento; la reforma del Sistema Nacional de Regalías y la Reforma Política.

Y como si fuera poco, otras iniciativas que no alcanzaron a ponerse en marcha el semestre anterior, que son las relacionadas con la ley de tratamiento penal diferenciado para los delitos relacionados con delitos de cultivos de uso ilícito; el plan marco de implementación; los mecanismos de la Reforma Rural Integral (catastro y jurisdicción agraria); la Reforma al Sistema de Alertas Tempranas; las garantías de participación y protesta social; el desarrollo de la unidad judicial especial contra el paramilitarismo y la tipificación en el Código Penal del delito del paramilitarismo; y la reforma de la Ley de Víctimas.

Entre estos temas pendientes, Estrada destaca la reforma del régimen electoral, la creación de las Circunscripciones Especiales en la Cámara de Representantes y las garantías para los movimientos sociales, asuntos clave en la apertura democrática que propende el Acuerdo Final: “Si no hay reforma al régimen electoral, no habrá cambios sustanciales en el sistema político y de representación en Colombia. Si las elecciones siguen ocurriendo como siempre, vamos a seguir asistiendo a la reproducción criminal, mafiosa y clientelista de hacer las elecciones”.

El Congreso podrá usar el Fast Track hasta el primero de diciembre y para esa fecha tiene el reto de aprobar estas medidas pendientes para garantizar la implementación de un acuerdo que pretende construir una paz estable y duradera.

Sin embargo, como advierte la senadora López, “el problema es que cada día que pase será más difícil sacar adelante esos proyectos porque el ambiente político se pone más tenso, vienen las campañas y en época electoral aumenta el ausentismo, por lo que se hace más difícil reunir el cuórum necesario”. Estrada también hace un llamado de alerta en ese sentido, ya que, según él, “estamos ante la presencia de un gobierno débil, al que le cuesta construir cada vez más las mayorías correspondientes y en un ambiente electoral las fuerzas se pueden ir realinderando en la medida que vaya avanzado el tiempo”.

Al respecto, el senador Cepeda considera que sí es posible evacuar los temas pendientes en la próxima legislatura, a pesar de las dificultades que hay: “Estoy convencido de que se podría hacer un gran esfuerzo para optimizar los debates y en un corto tiempo sacar las normas que restan; ya tenemos la experiencia de cómo se tramitan los acuerdos y realmente quedan unas quince normas que podrían ser evacuadas en sesiones conjuntas de Senado y Cámara”.

Sólo el tiempo dirá si todas las partes estuvieron a la altura de la cita histórica que creó el Acuerdo Final, o si, por el contrario, será necesario ampliar nuevamente el Fast Track o crear otro mecanismo de implementación.