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Las víctimas, camino a La Habana

Con el inicio de una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, los afectados por la guerra estarán en el centro de los diálogos, incluso asistirán a Cuba. Sin embargo, hay muchas preguntas alrededor del tema.

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“Un proceso de paz que no pase por voluntad y los derechos de las victimas fracasa”: Julio Andrés Sampedro

Para el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, hay ejemplos internacionales que ayudan a comprender el debate y a aclarar dudas sobre quiénes son víctimas en este país.

Julio Andrés Sampedro, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.“Un proceso de paz que no pase por voluntad y los derechos de las victimas fracasa”, afirma el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Julio Andrés Sampedro. A su juicio, su participación es clave en el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc, pero antes que nada debe haber un reconocimiento explícito de sus afectaciones y derechos.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Sampedro reconoce que uno de los temas más complejos de estas conversaciones que buscan ponerle fin a 50 años de guerra, es determinar quiénes son víctimas en este país y apela a su experiencia académica para aportar una definición que ayude a centrar el debate que ha suscitado el asunto en el país. Presentamos a continuación, apartes de la conversación sostenida con el especialista en ciencias jurídicas.

Verdad Abierta (VA): ¿Según el Derecho quién puede considerarse una víctima?

Julio Sampedro (JS): Uno de los temas más complejos de este proceso de paz es determinar quiénes son las víctimas porque, como se está viendo, tiene unas connotaciones que no se creía que existieran.  Yo personalmente diría que para definir esto hay que echar mano de documentos internacionales, pero con pinzas porque un proceso de paz como el colombiano no se ha dado en el mundo entero.  

Uno podría decir que el concepto más amplio de víctima se refiere a quien ha sufrido un daño como consecuencia de una acción o un ataque voluntario de otra persona, en términos éticos un acto de barbarie. Yo comparto tesis del filósofo español Manuel Reyes Mate de que primera condición de las víctimas es su inocencia.

Eso supone que el terrorista que muere o  que “sufre” un daño como consecuencia de una acción terrorista no es víctima en términos éticos.

VA: ¿En ningún caso un miembro de un grupo armado ilegal se puede considerar víctima?

JS: Yo creo que en algunos casos sí; por ejemplo, si una de estas  personas es privada de libertad y es objeto de tortura es víctima o cuando un menor de edad es reclutado. Pero cuando por ejemplo un guerrillero muere por un atentado, así no haya participado, no es víctima. No se puede hacer una simetría.

Esta discusión se dio hace unos años en el País Vasco con ETA, luego de que un par de miembros de  ETA  murieran poniendo una bomba en un carro en San Sebastián y el obispo hizo una misa en homenaje. Reyes Mate recalcó en ese momento que frente a la barbarie la primera condición para ser víctima es la inocencia.

VA: ¿Los miembros de la Fuerza Pública pueden ser víctimas?

JS: Hacer una simetría entre el terrorismo y la fuerza legitima del Estado es un grave peligro.  El Ejército tiene una legitimidad legal y constitucional de defensa de la población, sin desconocer que se han presentado excesos del Ejército en el conflicto.

Pero basta con ver a los militares que cayeron en minas antipersonal, esto es un drama que ha acabado con familias enteras, porque no solo pierde la capacidad de trabajar, sino la afectación psicológica es tan grande que se afecta sus funciones como padre, como esposo. Yo creo que estas personas y sus familias tienen que ser considerados víctimas. Igual que los militares que mueren en defensa del Estado.

VA: ¿Qué piensa de la discusión que se está dando en torno a la representación de las víctimas en los diálogos de La Habana?

JS: Creo que el debate que se está dando puede ayudar a trazar una línea desde el comportamiento ético para definir el concepto de víctima. Pero también existe el peligro de que se radicalicen las posiciones, como ocurrió en el caso de España en el que gran parte de las víctimas se derechizaron y pasaron a respaldar un partido político. Aquí podemos caer en lo mismo, sin importar si son pensamientos políticos de derecha o izquierda, cualquier tendencia política tiende a desfigurar el escenario de las víctimas.

Lo que sucede es que el discurso de los derechos de las víctimas vende políticamente y gran parte pasa por el congreso, un espacio ideologizado. Y es un grave peligro de que se den unas confrontaciones políticas renovadas partiendo desde las víctimas, harían falta organizaciones de víctimas más fuertes y sin ningún tipo de filiación política.

VA: ¿Cuál es la importancia de la participación de las víctimas en los diálogos de La Habana?

JS: Un proceso de paz que no pase por voluntad y los derechos de las victimas fracasa. Lo primero es ver hasta qué punto las Farc están dispuestas a reconocer a sus víctimas y de dejar de victimizarse, equiparándose con las víctimas de los paramilitares.  

Yo estoy convencido de que hubo un gran error en el tema, que pase por las víctimas no significa llevar a las víctimas de las Farc a la Habana. Primero porque físicamente es muy difícil y genera los debates que está generando y segundo cuando me refiero a que el acuerdo debe tener en cuenta a las víctimas, significa que debe haber un profundo reconocimiento a sus derechos y eso en Colombia no existe.

Por ejemplo, acá salen políticos, expresidentes y académicos a hablar del respeto a las víctimas, pero resulta que legalmente tenemos un cartapacio de derechos en los que esto no sucede, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal no se contemplan sanciones al funcionario público que no cumpla con los derechos que tienen las víctimas en un proceso, por ejemplo, penal.

Esta visita de las víctimas a la Habana puede llegar a ser un distractor si no se maneja bien, porque se pueden llevar y escuchar a la gente, pero lo importante es que se lleguen a compromisos concretos.

VA: ¿Cómo debe ser entonces la participación de las víctimas?

JS: Pues ya se decidió que van a ir, pero también deben estar presentes en la discusión sobre el marco jurídico y la labor pedagógica que el gobierno haga.  Lo importante es que se aseguren de que en el acuerdo haya una  posición fuerte, pero real y efectiva con las víctimas. Por ejemplo, que existan propuestas en blanco y negro sobre cómo el gobierno y sobretodo las Farc van a reparar pueblos que han sido victimizados por más de 40 años.

VA: ¿Qué opina de la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que acordaron las partes?

JS: Me parece que eso que es una metodología para llevar a un objetivo, el problema es que si lo están tomando como objetivo va a ser un fracaso. Si el objetivo en sí es esa reunión, los derechos de las víctimas van a quedar pendiente y esos derechos a la postre van a pasar factura. Lo primero que tiene que hacer las dos partes es un inventario de los hechos más graves cometidos por Farc, por ejemplo el secuestro que ha sido un drama terrible, y que haya un reconocimiento explícito de las Farc. Luego de eso se tiene que llegar acuerdos concretos sobre la reparación.

VA: ¿El Derecho Internacional Humanitario establece unos parámetros para que las víctimas accedan a la verdad?

JS: No, parámetros fijos internacionales no hay,  lo que si dice es que las víctimas tienen derecho a saber la verdad. La sociedad es la que debe decidir qué tanta verdad quiere, porque hay veces que tanta verdad y memoria puede ser perjudicial.

Para mí  es muy importante el escenario de una Comisión de Verdad, pero un escenario fundamental es el judicial, porque a una Comisión se pueden esclarecer verdades generales, pero en los espacios judiciales es que llegan los casos de las víctimas concretas.  

VA: ¿Usted cree entonces que los estrados judiciales si deben ser un escenario para construir verdad?

JS: Las víctimas son de carne y hueso, cada una tiene su drama. Es imposible que el Estado tome el caso uno a uno del 100 por ciento de las víctimas, pero tiene que darle el espacio judicial para que si quieren acudan allá. Por ejemplo, si a una persona la guerrilla le mató el papá, no basta que hagan un informe sobre las acciones de la guerrilla en su pueblo, muchos quieren saber qué pasó con su familiar, dónde y quién lo mató. Para lograr eso tiene que haber un compromiso institucional y de los victimarios de ir a contar. Esto no puede ser un acuerdo para dejar las armas y pagarles algo a las víctimas, tiene que haber un arrepentimiento y un compromiso.

Hay un peligro en eso de que todos los colombianos somos víctimas, que es cierto, pero también es cierto que no todos los colombianos somos las mismas víctimas.

VA: ¿Según la legislación internacional, debe haber unos estándares de justicia?

JS: Eso puede variar mucho, pero lo que sí es claro que no puede haber reconciliación sin justicia. Una Comisión de verdad no alcanza a hacer justicia, es un tema que la desborda. No me refiero a que el Estado se comprometa paternalistamente a hacer justicia en cada caso, pero sí a que dé los instrumentos necesarios para que se haga justicia.

Debe haber un sistema judicial en el que las víctimas puedan satisfacer sus derechos. Pensando en escenarios de posconflicto que pueden durar muchos años, como en el caso de Argentina, o las víctimas del Palacio de Justicia. Uno de los grandes compromisos de este proceso, y que no está, debería ser un fortalecimiento del aparato de administración de justicia que tenga un reconocimiento por parte de las Farc. Tiene que ser muy efectivo, y no se trata de hacer múltiples indagatorias a los guerrilleros como sucede en Justicia y Paz, sino que la víctima tenga la posibilidad de ir a la Fiscalía a indagar y que la Fiscalía responda.

Las Farc cosecharon odios en el Oriente antioqueño

Se propusieron expandirse al Oriente antioqueño, hasta el colidante norte caldense, para ganarse a la población a la que fuerzas oscuras no estaban dejando renovar su política, pero sus métodos crueles les sabotearon su objetivo. A la brutal reacción paramilitar, la guerrilla intentó competirle en barbarie, hasta que no le quedó un amigo por esas tierras.

A finales de 2003, en una vereda de Sonsón, Manuel Muñoz Ortiz, conocido con el alias de ‘Iván Ríos’, en ese entonces jefe del Bloque José María Córdova de las Farc, le confió a su jefe de seguridad, Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, una preocupación que lo rondaba. Tras 10 años de haber iniciado una arremetida sin precedentes en Antioquia, la estructura bajo su mando se había concentrado en doblegar esta región con violencia, descuidando lo político. “Así nosotros no vamos a tomar el poder ni vamos a tener el respaldo del pueblo”, recuerda ‘Karina’ que le dijo ‘Ríos’.

Para ese momento, el oriente de Antioquia, una región de 23 municipios exuberante en bosques y páramos, donde se encuentran el aeropuerto internacional y el complejo hidroeléctrico de San Carlos, y la atraviesa la autopista que une a la capital antioqueña con Bogotá, era un cruento escenario de guerra.

‘Iván Ríos’ sabía muy bien de lo que le hablaba a ‘Karina’. Durante los noventa, el Bloque José María Córdova apeló al secuestro, al narcotráfico y atacó a la población civil, acciones que iban en contravía de lo planteado en la VIII Conferencia Guerrillera de abril de 1993, realizada en La Uribe, Meta, cuando las Farc decidieron mejorar las relaciones con la población civil.

En el Oriente antioqueño los medios sabotearon el fin. “Fue una colonización guerrillera a punta de bala”, recuerda un periodista de la esta región, quien fue testigo de la irrupción de las Farc, cuando empezó a ampliar su presencia en la región con el Frente 9 en San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría, y luego con el 47, en Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco. Contrario a otras regiones del departamento y del país, aquí no lograron conectarse políticamente con sus pobladores.

Los conflictos que provocó el Estado
En un principio, no fue la guerrilla la que hizo sufrir a la gente de esos parajes, sino el propio Estado impulsando el progreso. Según un informe del PNUD, la construcción de los embalses entre la década de los setenta y ochenta, de la autopista Medellín – Bogotá y del aeropuerto internacional José María Córdova, afectaron social y económicamente a los pobladores que, en su mayoría, eran pequeños comerciantes y agricultores.

Incluso se considera que el primer desplazamiento masivo ocurrió cuando construyeron la represa de El Peñol, lo que provocó la reubicación total del pueblo sin tener en cuenta la opinión de sus habitantes. “El nivel de intervención por parte del gobierno en la zona fue arbitrario, sin consultar”, dice un defensor de derechos humanos de la región.

Carlos Ruiz, uno de los tantos campesinos que ha participado en los últimos años en jornadas por la memoria en la región, recordó que la construcción de los embalses afectó también la economía campesina, de la que subsistían miles de pequeños propietarios.

“Aquí se producían alimentos para Medellín y para buena parte de la Costa, pero ese cambio en la tenencia llevó a un cambio en el uso de la tierra y en las actividades, especialmente en el altiplano, en donde los campesinos principalmente productores de alimentos se convirtieron en mano de obra barata para las empresas”, explica Ruiz.

La construcción de la represa de El Peñol también generó el surgimiento de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Cívico del Oriente y la Asamblea Provincial del Oriente, que acumularon una importante fuerza política al margen de los partidos tradicionales. Otros, como el Movimiento de Acción Peñolita ganó la Alcaldía de El Peñol en 1987 y otras organizaciones cívicas llegaron a los concejos como los de Guatapé y San Rafael.

Pero para desgracia de estos movimientos, su entrada a la política fue rotulada como “subversiva” y comenzaron a ser perseguidos por diversos sectores contrarios a sus posturas cívicas que se respaldaron en paramilitares del Magdalena Medio financiados por narcotraficantes y apoyados por la Fuerza Pública.

Estos ejércitos privados sembraron el terror en la región. Entre 1984 y 1989 fueron exterminados decenas de militantes de izquierda. “Se trazó una frontera invisible que era la autopista Medellín - Bogotá, en donde guerrilla y paramilitares se daban bala de lado y lado”, cuenta un habitante de la zona.

El asesinato que más impacto tuvo en la región a finales de los ochenta, fue el de Ramón Emilio Arcila, un dirigente de Marinilla y líder del Movimiento Cívico del Oriente, quien se proyectaba como el más seguro ganador de la Alcaldía de su municipio. Según cifras del Cinep, de enero de 1988 a octubre de 1991, en el Oriente antioqueño fueron asesinados 66 miembros de movimientos sociales.

La llegada de las Farc
Aunque a comienzos de los noventa, las Farc tenían frentes en Antioquia, su zona de mayor influencia no era el Oriente sino el Urabá, así como el occidente, donde tenían un grupo que entraba esporádicamente a poblaciones como Santa Fe de Antioquia y Caicedo. (Ver Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra)

En la VII Conferencia de las Farc (1982), se constituyeron nuevos frentes que operarían en Antioquia y Chocó. Surgieron entonces el 34, en los límites con el Chocó entre el Atrato y el Darién; y los frentes 35, 36, 37, en el Nordeste antioqueño. Del Frente 5 surgieron el 9 y el 58; y del 18, salió el Frente 47, que en un principio operó en el Magdalena Medio y luego, en la década del noventa, se asentó en el Suroeste y Oriente lejano de Antioquia.

En 1997 se realizó una reunión del Bloque José María Córdova en Urrao, Antioquia, a la que asistieron los comandantes de los frentes 5, 18, 34, 36 y 57. Allí decidieron arreciar la ofensiva en Antioquia y delegaron la responsabilidad de las incursiones en los frentes 9 y 47.

Pero la entrada de las Farc a la región también tuvo otro objetivo: contener la expansión de los paramilitares del Magdalena Medio y controlar la zona de embalses con la intención de sabotear las hidroeléctricas y ‘apagar’ al país. (Ver: Vicente Castaño llevó las Accu al Oriente antioqueño)

El Oriente antioqueño estaba bajo la vigilancia de la Brigada IV del Ejército, pero la falta de presencia estatal en los municipios más apartados de la región y la descoordinación entre la misma Fuerza Pública fueron aprovechadas por la guerrilla para entrar y dominar este territorio con algo de facilidad.

También en 1997, el Secretariado de las Farc ordenó a todos sus bloques y frentes sabotear las elecciones regionales. Entonces los jefes del 47 y el 9 les exigieron a todos los candidatos a las diferentes instituciones que renunciaran a sus postulaciones o de lo contrario serían asesinados.

Carlos Zuluaga, quien fue candidato ese año y ganó la alcaldía de Granada recuerda que con esta advertencia la guerrilla desestabilizó la región y mucho más cuando arreciaron los retenes en las vías. “Empezaron a obstaculizar a las administraciones cuando Álvaro Uribe asumió la Gobernación de Antioquia (1995-1997). Presionaban en las carreteras y quemaban carros”, dijo.

Entonces, Uribe decidió ir de pueblo en pueblo como muestra de solidaridad con los aspirantes y le pidió a todos los habitantes del Oriente que no se dejaran amedrentar por los grupos armados.

En ese momento, el jefe del Frente 47 era un guerrillero conocido con el alias de ‘Harrison’, mientras que el 9 estaba comandado por alias ‘Marcos’, un tipo señalado de ser muy violento a quien acusaban de ser responsable de varios asesinatos en los que las víctimas aparecieron degolladas.

El año de 1997 también fue recordado por la arremetida de los paramilitares de Ramón Isaza, que cometieron masacres en varios municipios de la región. Como retaliación, la guerrilla voló varias fincas en La Unión, mató al presidente del Concejo de ese municipio y a los candidatos a las alcaldías de San Carlos, San Rafael, El Peñol y Guatapé. En reacción a estos crímenes, los candidatos de 20 de los 23 municipios del Oriente renunciaron masivamente. (Ver: La batalla entre 'paras' y guerrilla)

La presión de la guerrilla sobre las elecciones fue tal que se decidió trasladar los puestos de votación a las cabeceras de los municipios y el resultado fue la altísima abstención. En municipios como San Francisco solo votaron 11 personas, en San Carlos 52 y en El Peñol 140.

Después de las elecciones, el Frente 9, bajo al mando de Rubén Antonio García, alias ‘Danilo’- muerto en un bombardeo en 2009-, secuestró a los alcaldes electos de Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Carlos y San Rafael, además, a cuatro periodistas. Luego todos fueron liberados, con la condición de publicar un comunicado en el que denunciaban las atrocidades de los grupos paramilitares en la región.

“La lógica de la guerra era que si la guerrilla mataba una persona, a los ocho días llegaban los paramilitares y asesinaban a otra en retaliación, y de nuevo venía la guerrilla y hacía lo mismo”, explica el sacerdote Jorge Tovar, quien hoy es director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro y fue párroco de Samaná, Caldas, donde el Frente 47 tuvo una intensa actividad criminal.

La guerra contra las autoridades locales no paró allí y obligó a muchos alcaldes y concejales a despachar desde Medellín o en otros casos a dimitir, como le ocurrió al alcalde de Cocorná, José Aldemar Serna Pérez, quien terminó exiliado tras ser secuestrado en cuatro ocasiones.

Un ex alcalde recuerda que la debilidad de la Fuerza Pública era tal que a veces los policías permanecían encerrados en los comandos porque no tenían cómo patrullar. Fue por eso que varias poblaciones como San Carlos, Granada, Nariño, Argelia y San Francisco, empezaron a ser arrasadas.

El ‘Bloquecito’
Como si lo anterior no fuera suficiente, las Farc decidieron exterminar a los frentes del Eln que habían tenido presencia histórica en el Oriente, al parecer porque 'los elenos' se robaron el dinero de un secuestro y se negaron a devolverlo.

Según contó Guillermo Zuluaga en su crónica ‘Enemigos íntimos’, esa guerra provocó que algunos ‘elenos’ se entregaran a los grupos de autodefensa que hacían presencia en la región, sobre todo después de que las Farc se tomaran San Luis en diciembre de 1999, dejando 9 muertos y 5 secuestrados. Algunos se integraron a las facciones de Ramón Isaza y otros al Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandando por Rodrigo García, alias ‘Doble Cero’.

Para 1998, el Estado Mayor del Bloque José María Córdova ordenó la creación del llamado ‘Bloquecito’, bajo el mando de alias ‘Marcos’, un grupo de 500 guerrilleros de los frentes 9 y 47 cuya misión fue atacar poblaciones y llevar secuestrados a la zona de páramos entre Caldas y Antioquia.

La aparición de este ‘bloquecito’ coincidió con las directrices del Secretariado de las Farc que le exigió a todos sus frentes de guerra incrementar los secuestros de policías y militares para presionar el canje por guerrilleros presos en las cárceles del país. También expidió la llamada ‘Ley 002’, con la que empezaron a secuestrar a personas que ellos consideran ricos si no les pagaban un “impuesto” obligatorio.

Sus primeras acciones se sintieron en la zona cafetera del norte de Caldas, limítrofe con el Oriente de Antioquia, en donde empezaron a extorsionar a pequeños agricultores, que estaban muy lejos de tener el patrimonio del millón de dólares del que hablaba la ‘Ley 002’, pero eran los que a los guerrilleros les quedaba más fácil aplicarla. Esta región había estado al margen del conflicto hasta bien entrada la década de los noventa.

Luego vino la toma de Nariño, Antioquia, en agosto de 1999, en la que asesinaron a 15 personas entre civiles y policías, además de secuestrar a ocho policías y dejar en ruinas al 80 por ciento del pueblo, luego de 36 horas de intensos combates con la Policía y el Ejército. El presidente Pastrana ordenó entonces el despeje de Puerto Venus en Nariño, así como el de los corregimientos de Arboleda y Florencia de Pensilvania, Caldas. Lo hizo por solicitud de la guerrilla con la supuesta excusa de liberar a los secuestrados.

Según un periodista de la región, al día siguiente de anunciar el despeje, ‘Karina’ y sus hombres se instalaron a sus anchas en el casco urbano de Nariño, reunieron a los pobladores en el coliseo central, se excusaron de las incursiones armadas y los asesinatos, y les anunciaron que desde ese momento “mandarían en la región”.

Para molestia de los pobladores, los guerrilleros reconstruyeron la estación de Policía que habían destruido y se tomaron las casas de los desplazados. Todo esto ocurrió a lo largo de un año, en el que controlaron no solo el orden público, sino que hicieron las veces de jueces y hasta ajusticiaron a los pobladores que no se acomodaron a su control.

Según un informe del diario La Patria, de Manizales, el Frente 47 por su parte también llegó a “despachar” desde Arboleda. “Allí había más guerrilleros por habitantes que soldados o policías. ‘Kadafi’, ‘Moncholo’, ‘El Zorro’, ‘Sucre’, y ‘El Paisa’ parecían intocables. Eran la ley en la zona, nada se movía sin su orden. Por años sembraron terror y muerte en Caldas”.

El padre Tovar recuerda que con la consolidación de los frentes de las Farc, la movilidad se restringió. “Los paramilitares hicieron un corredor liderado por ‘Memo Chiquito’, mientras que a las afueras de Berlín, un corregimiento de Samaná, había otro de las Farc. También trazaron una barrera imaginaria en el corredor entre Berlín, San Diego y La Victoria, en Caldas. Era común ver operativos conjuntos entre la fuerza pública y los paramilitares. Estos querían recuperar el corregimiento de Florencia que era un territorio de ‘Karina’. Muchas veces la guerrilla ni siquiera tenía que usar las armas en el pueblo, un 90 por ciento estaba de camuflado”, dice.

Es este ‘bloquecito’ el que se toma el corregimiento de Florencia, en Samaná, el 18 de mayo de 1999, y la base de La Araña en San Rafael, en mayo del 2000. Al mando estaba ‘Karina’, quien asumió la dirección del 47 cuando el Ejército capturó a alias ‘Harrison’. Fue la primera mujer jefe de un frente de la guerrilla de las Farc, y quizás por ellos, a la gente le chocó más su crueldad que la de los jefes hombres que era más usual.

Ella también participó, el 29 de julio de 2000, en la incursión de 500 guerrilleros de los frentes 9 y 47 al corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, Caldas. Ese día lanzaron cilindros bomba y arrasaron el centro del pueblo al detonar una volqueta con un saldo de 14 policías y tres civiles asesinados.

En octubre de 2000, ‘Marcos’ y ‘Karina’ se tomaron el corregimiento de El Prodigio, en San Luis, y después hicieron lo mismo con Granada, el 6 de diciembre, un municipio en donde un mes antes las autodefensas habían masacrado a 17 campesinos. Ese día, durante 18 horas, las Farc bombardearon el pueblo y explotaron un carro bomba con 400 kilos de dinamita, lo que provocó que más de la mitad de los habitantes se desplazara.

Carlos Zuluaga, quien era el alcalde en esa época, le dijo a VerdadAbierta.com que el ataque a Granada fue “tan desproporcionado, que destruyeron 320 viviendas y comercios”. Seis meses después, la guerrilla siguió ensañándose con esta población al asesinar a Jorge Alberto Gómez, quien había sido designado como el gerente de la reconstrucción del pueblo.

El declive guerrillero
‘Karina’ montó un campamento en Río Verde de los Montes en Sonsón, desde donde dominaba Nariño y Argelia, en Antioquia, y Samaná, San Félix, Pácora, Aguadas y Pensilvania, en Caldas.

Ante la encrucijada de violencia, los alcaldes de la región se organizaron e impulsaron varias iniciativas para unir esfuerzos y buscarle salidas al estado de guerra que padecían sus poblaciones. Así nacieron la Asamblea de Alcaldes de Oriente y el Consejo Territorial de Planeación. La Iglesia y algunas empresas privadas y públicas antioqueñas crearon Prodepaz, inspirado en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Una de las muertes que mayor impacto produjo entre la opinión pública fue la de Jaime Jaramillo Galvis, asesinado el 19 de marzo de 2002, a manos de las Farc, hijo del entonces coordinador de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, Jaime Jaramillo Panesso.

Ante el cruel homicidio, Jaramillo Panesso le escribió una carta a ‘Karina’ en la que le pidió ponerle freno a los ataques: “Ya puse mi cuota de guerra, un plante de vida descuajado en sangre. ¿Cuándo va a poner usted su cuota de paz, aportando su plante de vida para con los civiles, para con los inocentes, para con las ciudadanas y ciudadanos desarmados?".

La respuesta a la crueldad de los frentes 9 y 47 llegó en el primer consejo comunitario que realizó Álvaro Uribe como presidente en ejercicio a finales de 2002: “Hay una señora de las Farc llamada ‘Karina’ en el oriente de Caldas que hay que capturar”. Y ofreció 1.500 millones de pesos por su captura.

Otra de las órdenes que dio Uribe fue autorizar al Ejército para ejecutar la operación ‘Mariscal’, con la que recuperaron el tránsito en la autopista Bogotá-Medellín. Luego vendría la retoma del Oriente de Antioquia, que inició en marzo de 2003 bajo el nombre de Plan ‘Marcial’. Según estadísticas de la Vicepresidencia de la República, tras seis meses de ofensiva, el Ejército dio de baja a 215 guerrilleros, capturó a 85 y logró que se desmovilizaran 188.

Poco a poco la ofensiva guerrillera empezó a disminuir por presión del Ejército y, paralelamente, de grupos paramilitares. En la región operaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, así como los bloques Metro y luego el Héroes de Granada.

La arremetida legal e ilegal hizo que las Farc se replegaran hacia la zona boscosa del Oriente, en especial a Sonsón. ‘Karina’, en una audiencia de Justicia y Paz, confesó que cuando empezó a sentirse asediada, el Secretariado decidió alejarla del frente de batalla y enviarla como jefe de seguridad de ‘Iván Ríos’.

Sin embargo, personas consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que si bien la llegada del Ejército ayudó a diezmar la ofensiva guerrillera, la estrategia estatal produjo muertos entre la población civil, que hoy se conocen como “ejecuciones extrajudiciales”, muchas de cuyas víctimas fueron presentadas como “guerrilleros caídos en combate”.

El acecho del Ejército y de los paramilitares provocó una estampida de guerrilleros que desertaron, incluso traicionando a sus jefes, como le ocurrió a ‘Iván Ríos’, el miembro más joven del Secretariado, quien fue asesinado por su jefe de seguridad, alias ‘Rojas’, el 7 de marzo de 2008.

‘Karina’ contó que fue tal el cerco que ella, después de comandar a más de 300 hombres, se vio reducida a un pequeño grupo de 20. “Siempre estuve huyendo porque no tenía hombres ni armas”. Por los ataques de la Fuerza Pública y la desmoralización de sus hombres, al final el gran terror del Oriente antioqueño se desmovilizó con su pareja en mayo de 2008.

Vendrían más golpes. En junio de 2009 se confirmó la muerte de Jesús Elías López, alias ‘El Paisa’, considerado como el ideólogo de estos frentes a manos de uno de sus compañeros, conocido con el alias de ‘Pedro Perico’. En marzo de 2010 fue detenido Rubén Darío Ortíz, alias ‘Moncholo’, quien había asumido la comandancia tras la deserción de ‘Karina’. Y en abril de ese año, capturaron a alias ‘Luis’, señalado como el jefe de secuestros de esos grupos.

Con respecto a alias ‘Marcos’, cuyo nombre real es Jesús Mario Arenas Rojas, éste desertó durante un año de la insurguencia y fue capturado en Medellín en febrero de 2011. Pese a que se marginó de las Farc "no asume la condición de converso", explicó una fuente cercana al ex guerrillero, quien explicó que si bien "es fundamental para entender la confrontación armada en el Oriente antioqueño, se ha negado de manera reiterada a ser postulado a la Ley de Justicia y Paz".

Por ahora, no se puede decir que la paz se haya conseguido en el Oriente de Antioquia y Caldas, pero los frentes 47 y el 9 sí se replegaron, este último, al mando de ‘Kadafi’, un hombre cruel que según información militar estaría en el Chocó comandando un grupo pequeño de guerrilleros.

No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas que dejó la violencia en esta región. Se calcula que solo en 2002, uno de los peores años, los grupos armados dejaron 30 mil víctimas civiles entre desaparecidos, mutilados por la minas, desplazados, secuestrados y muertos.

En los años más duros, el municipio del que más salieron desplazados fue Cocorná, con 16 mil personas entre 1995 y 2003, le siguen San Carlos con 13 mil y San Luis con 9 mil. Por el lado caldense, de Samana desplazaron a 15 mil personas y de Pensilvania salieron casi 6 mil. (Ver: Retorno a San Carlos).

Al final, el temor de ‘Iván Ríos’ se cumplió al pie de la letra. Las Farc no lograron hacerse con el control del Oriente, y sus métodos les impidieron ganarse a la gente humilde. Dejaron miles de víctimas, a los pequeños campesinos los desplazaron y empobrecieron aún más, y a toda una región desolada sin que hasta ahora pueda recuperarse de los efectos de la violencia.

“La Habana es el escenario para que unos y otros reconozcan que han victimizado a la población civil”: Martha Nubia Bello

De esa manera esta investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica abre el debate sobre el tratamiento de las víctimas en el desarrollo de los diálogos del gobierno nacional con las Farc.

martha-bello-300x200Martha Nubia Bello, Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinadora del Informe ¡Basta Ya!En entrevista con VerdadAbierta.com, esta investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinadora del Informe ¡Basta Ya!, que dio cuenta de la dimensión de las afectaciones del conflicto armado en Colombia, hizo varias reflexiones acerca del tema de la participación de las víctimas en los diálogos que adelanta en Cuba el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc para buscarle una salida a un conflicto armado que lleva ya 50 años.

Precisiones sobre quiénes son las víctimas en el país, qué rol deben cumplir en el desarrollo de las conversaciones en La Habana y cuál es el tratamiento que debe dársele a la los miembros de la Fuerza Pública son algunos de los temas abordados por Bello en su conversación con VerdadAbierta.com, de la cual presentamos los siguientes apartes.

Verdad Abierta (VA): ¿Quién son víctimas? ¿Hay casos en que los combatientes pueden ser considerados víctimas?

Martha Nubia Bello (MNB): Desde la perspectiva jurídica hay una definición en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que dice que son las personas a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, incluidas las personas afectadas por acción u omisiones de la Fuerza Pública.  Un miembro de las Fuerzas Militares (FFMM) es víctimas cuando la acción violatoria transcurre cuando no está prestando servicio, por ejemplo, cuando está de vacaciones, en ese caso es una víctima.

VA: ¿Cuánto está prestando servicios un miembro de la Fuerza Pública no puede considerarse víctima?

MNB: No, desde el punto de vista jurídico a ellos los ampara otro tipo de acciones de protección y atención. Si se mira desde un punto de vista más subjetivo y se habla con un policía que fue afectado en una incursión armada y que sufrió amputaciones, obviamente la vivencia de él y su familia es la  de una víctima.  

Pero los miembros de las FFMM tienen su propio estatuto de protección, un sistema de sanidad, de pensión y de indemnización que los civiles no tienen. Tiene un sistema institucional de protección que permite que el Estado responda frente a una situación que además es previsible, pues un actor armado legal o ilegal al estar armado y ser combatiente está expuesto cotidianamente a un ataque de este tipo.

Son situaciones complejas, porque ellos pueden tener la experiencia de ser víctimas, como ocurre en otros casos, por ejemplo, con las víctimas de narcotráfico que formalmente no son consideradas como víctimas  porque el narcotráfico no hace parte de las dinámicas del conflicto armado interno según la ley.

VA: ¿En algún caso los miembros de grupos armados ilegales pueden considerarse víctimas?

MNB: No, pero sus familiares sí, por ejemplo, si han sido afectados personalmente.  Se presentan muchos casos en Colombia de familiares de guerrilleros que son perseguidos y han tenido que salir exiliados, en ese caso la acción la sufre directamente el familiar.

También puede pensarse en el caso del reclutamiento, son víctimas según la ley quienes se desmovilicen siendo menores de edad. El reclutamiento es complejo porque se reconocen dos condiciones: en tanto menor de edad es un sujeto especial de protección al que le vulneraron sus derechos, pero una vez en el grupo armado terminan siendo victimarios. Que se le reconozca su condición de víctima no implica que se les exima de su responsabilidad como victimario, sobre todo si se desmoviliza siendo mayor de edad.

VA: ¿Qué opina de que miembros del Ejército estén buscando participación en los diálogos de La Habana?

MNB: A mí me parece improcedente. Claro que subjetivamente tienen todo el derecho de sentirse victimizados, pero creo que ese no es el escenario, para mí La Habana es el escenario para que unos y otros reconozcan que han victimizado a la población civil, eso tienen que reconocerlo, pedir perdón asumir responsabilidad.  En otros escenarios es importante que los miembros de las FFMM reivindiquen también a sus víctimas y hagan públicos sus daños.  

Lo mismo para los grupos ilegales, me parece improcedente que las Farc reclamen que los guerrilleros que están presos tengan una voz en La Habana.

VA: ¿Cuáles deben ser los criterios para elegir a las víctimas que vayan a La Habana?

MNB: Es muy importante que estén todas las víctimas civiles, que haya víctimas de todos los actores armados; que haya un criterio de grupo poblacional donde se incluyan representantes de los afro, los indígenas, los campesinos; un criterio de género; y uno que tenga en cuenta las 14 modalidades de violencia reconocidas por la Ley. No debe tener un criterio numérico, porque si fuera por eso la mayoría serían representantes de los desplazados. Tiene que haber alguien por cada una de las modalidades, pues por insignificantes que puedan parecer numéricamente son crímenes de lesa humanidad.

Si no están todos representados se va a sentir como algo arbitrario y siempre va a ver una sensación de exclusión, de por qué nosotros sí y por qué nosotros no.

VA: ¿Qué importancia tiene que las víctimas participen en el proceso previo a llegar a un acuerdo?

MNB: Las víctimas tiene sus derechos reconocidos nacional e internacionalmente y esos derechos   no se negocian en La Habana, ya lo han dicho los negociadores. El papel de las víctimas apunta a dos cosas: que lo actores armado asuman la responsabilidad política de sus actos y la otra que  se les reconozca y se les visibilice.  

Yo creo que si algo he escuchado y he aprendido es que las victimas exigen reconocimiento y esa exigencia tiene que ver con la historia de ese país, con la invisibilización  y estigmatización que han sufrido. En parte porque los mismos gobiernos se encargaron de visibilizar a unas víctimas más que a otras y eso ha creado una fractura y sensación de injusticia entre las mismas víctimas. Por ejemplo, ese es uno de los reclamos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que siempre han tenido esa sensación frente a las víctimas de secuestro, que siempre han tenido mayor visibilidad.

Creo que eso es parte de lo que se está expresando ahora, no es que la víctimas se encarguen de dividirse entre ellas, creo que es el pésimo manejo que en este país se le ha reconocer unos crímenes y callado otros.   Este es un momento simbólico que las víctimas, en el buen sentido de la palabra, quieren aprovechar para ese lograr ese reconocimiento.

VA: ¿Cuáles  son los peligros de pensar en las víctimas de acuerdo a quién fue su victimario?

MNB: Me parece complicado, lo que la sociedad colombiana tiene que aprender es a repudiar los hechos, a condenarlos radicalmente, condenar la muerte y no permitir ningún tipo de justificación de ningún grupo armado.  Esa es una lección que tenemos que aprender del pasado para que los hechos no se repitan.  

Desde mi experiencia, puedo decir que hay muchas victima que no saben quién fue el victimario, que no tienen claridad del contexto sociopolítico en el que acontece esta guerra, solo vive su tragedia. Pienso que hay una manipulación política de las reivindicaciones de las víctimas, me atrevería a decir que ni siquiera son las víctimas, sino intereses  políticos que manipulan estos debates y eso me parece aún más perverso porque es quitarles a las víctimas este protagonismo, es volverle a quitarle la voz.

Sin generalizar, puedo decir que muchas de las víctimas que he escuchado solo quieren saber la verdad,  hay unas necesidades urgentísimas que de verdad, cosas como saber dónde están los restos de un familiar. Además de que los victimarios lo reconozcan y quiten cualquier velo de justificación sobre lo que hicieron, eso no necesariamente se refiere a justicia punitiva. En eso están más las organizaciones de Derechos Humanos, la justicia internacional, diciendo cuántos años son de cárcel o  si pueden los guerrilleros hacer política,  es un debate fundamental, pero la mayoría de las víctimas en la regiones no están metidas en eso.

Ellas que han puesto el cuerpo y la sangre están hastiadas de la guerra, de lo que he podido hablar con ellas,  es que el proceso se resuelva pronto.  

VA: ¿Se puede decir que hay diferentes tipos de verdad a las que las víctimas tienen derecho?

MNB: Sí, hay verdades urgentísimas, verdades en rojo que son más de carácter humanitario, como las relacionadas con la desaparición forzada y las fosas comunes. Son cientos de familias que tienen una herida profunda que aún está sangrando, sin eso no se puede dar un paso hacia adelante, la gente tiene que saber si su familiar está vivo o muerto, algunos ya saben que está muerto, pero necesitan saber dónde está el cuerpo o si lo saben que se haga una exhumación urgente. Esta es una cuestión que pueden ayudar los actores armados y en algunos casos ya lo han hecho.  

Hay otra verdad más local, a todos los lugares donde fuimos como Centro Nacional de Memoria Histórica la gente nos hablaba de complicidades de miembros de la Fuerza Pública, comerciantes, etc. Las víctimas esperan que esa verdad se devele porque hace parte de la justicia,  y ahí son importantes los procesos judiciales, el papel de la Fiscalía y el testimonio de los victimarios. En el escenario local muy poco se ha reconocido y nadie ha asumido responsabilidad por ese tipo de complicidad.  

También hay verdades más políticas. No se puede pensar un proceso de negociación donde el victimario diga que todo lo hizo bien o donde haya arrepentimientos cínicos. Los guerrilleros deben reconocer que cometieron crímenes de lesa humanidad y las FFMM militares, en los casos que lo hicieron, también.  

Con el informe ¡Basta Ya! Hemos encontrado que un actor busca responsabilizar al otro para exculparse y eso no puede pasar, tienen que admitir que hicieron mal las cosas.

VA: ¿En qué escenarios se deben presentar estas verdades?

MNB: Se supone que en este proceso de negociación los guerrilleros tienen que pasar por un mecanismo de contribución a la verdad para poder hacer concesiones de justicia, pero no se tiene claro cuál va a ser ese mecanismo, así como en el caso de los paramilitares fueron las versiones de Justicia y Paz. Pero ese mecanismo aún está en discusión porque se requiere que las Farc puedan contribuir con una verdad estructural.

VA: ¿qué opina de la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto?

MBA: Surge de un reclamo de las Farc, de la necesidad de replantear cuál es la fecha de origen del conflicto y eso tiene sentido porque una fecha incluye, excluye y determina responsabilidades. Los relatores van explicitar consensos y disensos, es decir se está partiendo del hecho que va a ser difícil llegar a un consenso. Lo que se busca en este momento es reconocer que no hay un acuerdo en una fecha y es importante porque esas diferentes perspectivas van a contribuir a ampliar las comprensiones del conflicto. Para mí es un buen mecanismo que puede ampliar la comprensión d lo que aquí ha ocurrido.

“La paz exigirá un rediseño institucional”: Fajardo

En entrevista con VerdadAbierta.com, el Gobernador de Antioquia considera que una posible firma de la paz con las Farc deberá incluir reglas claras desde el gobierno nacional para construir la paz de manera concertada con las regiones.

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Si hay alguien optimista con los avances del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc es el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Considera que los acuerdos logrados hasta el momento son razonables y viables, pero no deja de lado que las regiones deberán ser convocadas en algún momento para concertar lo que él llama la construcción de la paz.

Una vez comenzaron los diálogos entre los insurgentes y el gobierno nacional, hace ya más de un año, Fajardo Valderrama fue el primer mandatario regional en apoyar el proceso y aparejado a esa postura, comenzó a promover el concepto de construcción de paz desde las regiones, pues considera que sin los aportes de lo local, los acuerdos podrían tener dificultades en su aplicación.

Sus planteamientos son relevantes sobre todo cuando se conoce el acuerdo sobre la participación política de los integrantes de ese grupo subversivo una vez hagan dejación de sus armas y se desmovilicen, que tiene en sus planteamientos un componente altamente regional, como por ejemplo los espacios regionales para el control ciudadano, consejos territoriales de planeación y de reconciliación y convivencia, así como circunscripciones transitorias especiales de paz para promover la integración territorial.

En entrevista con VerdadAbierta.com, el Gobernador de Antioquia dejó en claro que, contrario a lo ocurrido con el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con la guerrilla de las Farc deben quedar documentos escritos en los que se asignen responsabilidades concretas a todos los acores estatales, nacionales, regionales y locales, y advirtió que no es productiva ninguna imposición desde Bogotá.

VA: ¿Qué piensa hoy, cuando se ha acordado uno de los puntos más complejos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en las negociaciones de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, como es el de la participación política de los insurgentes?
SFV: Lo primero es señalar que desde el primer día nosotros hicimos público el compromiso y la apuesta por la paz desde el departamento de Antioquia. En segundo lugar dijimos: la paz se construye en las regiones y todo esto lo formalizamos en un programa que se llama Preparemos para la paz, que hemos venido cumpliendo de manera sistemática, independientemente de los altibajos de la negociación en La Habana que son naturales en el contexto de una negociación. Hoy estamos hablando en un punto alto de emoción que mañana pueden cambiar las condiciones, pero nosotros hemos venido haciendo ese recorrido. Con respecto a los dos puntos alcanzados (acuerdos sobre tierras y participación política) creo que son puntos razonables, sensatos y viables.

VA: ¿Ese programa del que habla, 'Preparémonos para la paz', qué contiene?
SFV: Unos explícitos, pero otros implícitos. Uno de los problemas que hemos tenido durante la violencia en nuestro país es que no hemos hablado y hay mucha gente que no se ha escuchado. El resentimiento es grande y hay que empezar a escuchar.

Como parte de ese programa, tenemos estudios muy juiciosos de qué pasa en cada región, cuál es la naturaleza del conflicto, cuáles son las condiciones sociales. A nosotros no nos van a coger de sorpresa a decirnos 'hagan todo esto'. Además, con los grados octavo y noveno de las instituciones educativas del departamento trabajamos el tema de los sueños de paz, porque la paz hay que soñarla.

VA: Comenzando su gestión como Alcalde de Medellín en el 2003 se quejó de la imposición del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde el gobierno nacional. ¿Comparada esa situación con lo que posiblemente se venga con las Farc, que espera de la administración central?
SFV: Yo creo que hay una cantidad de experiencias positivas de ese mismo proceso con las Autodefensas, pero es muy importante que se piense desde el primer día la institucionalidad, las responsabilidades y la organización del Estado colombiano para enfrentar la construcción de la paz. Eso tiene que quedar muy claro, no es por cuenta gotas, no es donde levanten la mano. De esta negociación tiene que salir un diseño institucional y en ese momento tenemos que participar los que estamos gobernando.

Hasta el momento no nos corresponde y está bien, hay que aguantarse la tentación de estar opinando de cada cosa, pero cuando pasen a esa parte del diseño sí tiene que escucharse la voz de las regiones y eso tiene que claro desde el primer día. Si no lo tenemos claro, los problemas se aumentarían y ponen a tambalear un proceso de esta naturaleza.

VA: ¿Qué experiencias positivas destaca en el proceso con las Auc?
SFV: Uno aprende a ver cómo unas personas se pueden reinsertar, entender la naturaleza de cómo estaban metidos en el conflicto y cómo si uno va viendo la población uno va viendo que pueden salir más rápido y que se les puede diseñar un camino. Todo eso es positivo. Repito, yo estoy haciendo un esfuerzo por entender la experiencia, pero uno de los problemas en esa negociación con las Autodefensas es que nunca hubo un texto claro, no estuvieron señaladas explícitamente las responsabilidades, eso no puede volver a pasar.

VA: En su visión hay un problema y es el desequilibrio que existe entre las regiones. No es lo mismo Antioquia que algunos departamentos del suroriente del país o de la región pacífica, que tienen dificultades económicas e institucionales. ¿Qué hacer al respecto?
SFV: Eso es cierto. Una parte importante de todo esto es la institucionalidad y, en particular, cómo se va a fortalecer en muchos sectores. Se va a tener que inventar algo que no existe. Ha habido consejerías para las ciudades y las regiones, pero tiene que hacerse un nuevo diseño para la construcción de la paz o el postconflicto, si lo queremos poner en esos términos, teniendo en cuenta la gente de esas regiones. No es que llega gente de afuera a hacerles el trabajo.

Naturalmente que hay diferencias, incluso dentro de Antioquia hay municipios que son muy frágiles. Ese diseño también tiene que pensar cuál va a ser la institucionalidad para fortalecer los municipios. Si les ponen recursos económicos y no fortalecen la institucionalidad se verían en problemas. Ese es un capítulo importante: no se puede terminar esa negociación sin haber hecho esta tarea. Y ahí, insisto, tenemos que participar los que estamos gobernando.

VA: A usted le tocó diseñar, como Alcalde de Medellín, el programa de reinserción de las Autodefensas para la ciudad: digamos que en un escenario muy optimista le toque, como Gobernador, asumir la reinserción de guerrilleros en el departamento, ¿qué no repetiría de su experiencia pasada?
SFV: En el fondo de todo eso, tiene que haber unas reglas de juego claramente establecidas, unas reglas básicas de participación, de relación con la sociedad, de responsabilidades. Porque es que se firma, y se firma con unas cabezas, pero inmediatamente ya cuando se llega al territorio hay diferentes responsables. Hay que ubicar responsables claros para cada uno de los lugares, en cada una de las tareas que se hagan.

VA; ¿Ha hecho algún tipo de acercamiento con el gobierno nacional para hacerle todas esas recomendaciones?
SFV: Hemos venido liderando todo eso nosotros, avanzamos, y lo que esperamos es que en el momento que lleguen las cosas tengamos un paquete organizado desde la perspectiva que nosotros sabemos y entendemos para presentarlo. Pero hasta el momento no hay nada formal porque es entendible, teniendo en cuenta que no hay nada acordado hasta que todo esté acordado, entonces nosotros no nos podemos precipitar y saltarnos a decir qué es lo que se debe hacer, pero vamos dando señales.

VA: ¿Y tiene alguna propuesta inicial?
SFV: Ante la polarización del país después de tantos años de conflicto, lo importante ahora es desarrollar una pedagogía de la paz. En el fondo, esta pedagogía debe conducir a que cada persona se pregunte '¿yo qué tengo que ver con esto?'. Y eso no es fácil, pero ese es el reto que tenemos.

VA: En ese rediseño institucional del que usted hace referencia, se va a necesitar una nueva reformulación de la descentralización administrativa, entre otras razones porque lo que van a necesitar las regiones es recursos. ¿Qué sugiere al respecto?
SFV: En el nivel territorial no tenemos los recursos para avanzar en una serie de iniciativas, pero precisamente esa situación va a obligar al gobierno nacional, al Congreso de la República, a mirar la redistribución de recursos y hacer un nuevo plan de desarrollo. Si se logra avanzar en todo esto de la paz y se logra consolidar, el próximo presidente tendrá que pensar en recursos y la reinstitucionalización, que este gobierno no lo incluyó, y definir su accionar con respecto a la construcción de la paz, por eso es importante que se discuta el tema durante el proceso electoral desde todos los sectores y no graduar de enemigos a todo aquel que piense diferente.

VA: Por último, en medio de su optimismo, ¿cómo percibe a los alcaldes de los municipios de Antioquia en relación con este proceso de paz con las Farc, muchos de ellos agobiados por acciones de este grupo subversivo?
SFV: No tengo la menor duda que para la gran mayoría de alcaldes del departamento un acuerdo de paz en un alivio grande, porque enfrentan problemas reales y no tienen las herramientas eficaces para enfrentarlos.