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Víctimas de La Chinita esperan explicaciones de las Farc

Hace 21 años, un comando guerrillero asesinó a 35 personas en Apartadó, Urabá antioqueño. Las víctimas reclaman verdad por parte de ese grupo insurgente.

Buena parte de la población del barrio Obrero son niños y niñas, que esperan un futuro mejor, lejos de disputas armadas. Foto: Vanessa Reyes

“Aquí cuentan la historia de las autodefensas, pero no cuentan lo de las Farc”, afirma con un tono de indignación Ciro Abadía, uno de los líderes del barrio Obrero de Apartadó, escenario de una de las peores masacres perpetrada por las Farc en el Urabá antioqueño, que dejó 35 muertos y 17 heridos.

En la madrugada del 23 de enero de 1994, por lo menos 20 guerrilleros del Frente V de las Farc, fuertemente armados, atacaron a los asistentes a una verbena popular organizada por Rufina González, en el barrio La Chinita, para recaudar dinero para el estudio de sus hijas, y en la que participaron por lo menos 500 personas. Los insurgentes presumían que allí encontrarían a varios desmovilizados del Ejército Popular de Liberación, Epl, convertidos desde que dejaron las armas en marzo de 1991 en militantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad; y de paso, en blanco militar de las Farc.

Tulio, un habitante del barrio, afirma que esa masacre estaba anunciada y recuerda que, minutos antes, su hermano identificó a los atacantes. “Él cuenta que cuando estaba parado en la esquina vio que iban unos manes que llevaban adelante una M60 (ametralladora de alto calibre), como él estaba recién salido del ejército dijo: ‘yo nunca he visto soldados con M60 adelante’”. Lo que vino después fue el caos. Los guerrilleros llegaron a la estrecha calle donde se realizaba la reunión y comenzaron a disparar contra los asistentes, especialmente contra los hombres.

Entre las personas asesinadas solo había dos desmovilizados. El resto eran trabajadores de fincas bananeras, habitantes del barrio, un soldado adscrito a la Brigada XI del Ejército, un poblador del barrio Policarpa, una mujer, tres menores de edad y un anciano. De acuerdo con los testimonios, los guerrilleros fusilaron a las víctimas una vez las identificaron.

Consumada la matanza, los insurgentes abandonaron el lugar y la desolación se apoderó de los sobrevivientes. Los días posteriores fueron aterradores. “De ahí pa’ acá ya quedó el nervio, ya la gente se iba a amanecer al centro, aquí quedábamos poquitos, no eran capaces de quedarse aquí, ya con ese nervio que llegaban y nos querían matar y ya los más valientes nos quedamos. Yo no salí de mi ranchito, yo solo vivía ahí, esto quedaba desolado”, evoca Euclides Angulo, un hombre de 78 años.

¿Por qué La Chinita?
Luz Marina Mosquera, quien perdió a su esposo en esa incursión armada, no vacila en decir que “aquí las víctimas fuimos todos”. Ella es una antigua invasora de lo que fuera la finca La Chinita, un predio del empresario Guillermo Gaviria que fue tomado en febrero de 1992 por unas 5.000 personas, con apoyo de los “esperanzados” y los sindicatos bananeros.

Abadía, quien es desmovilizado del Epl, recuerda que una vez los guerrilleros dejaron sus armas, se encontraron sin nada qué hacer y sin dónde vivir. “Sólo en Apartadó se concentraron 600 excombatientes. En las fincas tampoco los querían por su origen, entonces decidieron tomarse esas tierras” que hoy se conocen como el barrio Obrero de Apartadó, con 31.000 habitantes.

En aquel tiempo Urabá vivía una violenta disputa por el poder político y el control territorial. Esta región había tenido durante los años ochenta una fuerte presencia tanto de las Farc como del Epl; organizaciones que influían directamente en los sindicatos bananeros. Cuando el Epl dejo las armas, en el marco de un proceso de paz con el gobierno, las Farc señalaron a sus militantes como “traidores de la revolución”.

A eso se sumó que Esperanza, Paz y Libertad entró a competir contra la Unión Patriótica que en ese momento tenía gran influencia en las alcaldías y concejos municipales de Urabá. La competencia política y por el poder en la región ocasionó a lo largo de toda esa década lo que el investigador Andrés Suárez llamó un “exterminio recíproco”. Por lo menos 600 “esperanzados” fueron asesinados en todo el país, dos terceras partes de ellos en Urabá. Los miembros de la UP y militantes comunistas corrieron igual suerte, especialmente cuando los grupos paramilitares, a mediados de los noventa, tomaron el control de la región y acogieron a muchos de los desmovilizados del Epl.

El Consejo de Estado condenó en octubre de 2006 a la Nación por no haber brindado la protección debida a la comunidad invasora de La Chinita, y le dio la razón a don Tulio cuando dice que las autoridades de la región ya conocían sobre las amenazas de una posible masacre. “Se constató que en el lugar de los hechos y para la época, a pesar de las múltiples advertencias y solicitudes de resguardo por parte del alcalde del municipio de Apartadó, a las autoridades militares sobre amenazas en el sector, los habitantes del Barrio Obrero no disponían de ninguna clase de protección ni del Ejército ni de la Policía Nacional” dice la alta corte.

En cuanto a los responsables directos de la masacre, inicialmente las autoridades detuvieron a 28 personas, entre ellos al alcalde de Apartadó de la época, Nelson Campo Nuñez, y condenaron a algunos a penas de hasta 50 años; no obstante, el proceso fue anulado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades cometidas durante el proceso y ordenó la liberdad de todos los sindicados, algunos de los cuales pasaron más de 11 años detenidos.

La reparación integral

Parte de las peticiones que han hecho los pobladores del barrio Obrero, como medida de reparación, es una fuerte intervención en vivienda. Foto: Vanessa Reyes

Es tanto el dolor que sienten los familiares de las personas que cayeron en La Chinita que todavía se niegan a hablar del tema. Los rostros de algunas mujeres que perdieron a esposos e hijos aún reflejan una profunda tristeza. Pero si bien algunas mujeres guardan un silencio respetuoso del pasado, no se han paralizado. Desde hace cuatro años constituyeron la Asociación de Víctimas del Municipio de Apartadó (Asovima). “Nosotros no nos quedamos quietos, nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando con dolor y todo”, recuerda Silvia Berrocal, una de las líderes comunitarias que llegó a ser concejal del municipio de Apartadó por el movimiento Esperanza, Paz y Libertad a finales de los noventa.

La iniciativa de agruparse surgió entre varias familias afectadas por la masacre de La Chinita, pero poco a poco ha ido creciendo y ya tienen afiliadas víctimas de todo el Urabá antioqueño, alcanzando en sus registros por lo menos 9 mil personas. Asovima se constituyó el 19 de octubre de 2010 ante la necesidad de tener una organización través de la cual pudieran gestionar proyectos ante diferentes instancias estatales con el fin de mejorar las condiciones de vida, tanto a nivel individual como barrial.

“Nacimos cero pesos, trabajamos con el pensamiento y trasegar de amigos y amigas de las víctimas”, recuerda Abadía, quien actualmente dirige la Asociación. “Aquí estamos, luchando y trabajando por orientar a las víctimas, para que las victimas realmente recobren sus derechos, porque algunas veces han sido vulnerados cuando están solas. Hoy hay quien trabaje por ellas y las oriente”.

Uno de los logros alcanzados por Asovima en el último año es que la Unidad de Víctimas reconociera al barrio Obrero como sujeto de reparación colectiva, lo que significa que los programas que se deriven de esa iniciativa no solo beneficiarán a quienes perdieron un familiar en la masacre sino a todo el barrio.

La figura de la reparación colectiva está contemplada en la Ley 1449 de 2011 y consiste en reparar a aquellas comunidades donde ocurrieron graves hechos de violencia que no sólo afectaron directamente a unas cuantas personas sino que ocasionó daños sociales de gran calado. Con esa medida se busca de alguna manera revertir esa situación.

“Se trata de devolverle a la comunidad la dignidad colectiva de la que gozaban antes de la masacre en términos culturales, deportivos, sociales, políticos y de liderazgo, todo eso que perdieron por el conflicto, devolvérselos en una forma digna, recuperando todo el tejido social”, explica un funcionario de la Unidad de Víctimas de la seccional de Apartadó.

De acuerdo con Abadía, vienen trabajando en cinco temas fundamentales para la comunidad: salud, vivienda, educación, proyectos productivos y atención sicosocial. “Ya hemos avanzado en la valoración del daño”, explica este líder, quien espera que se den los pasos necesarios para que las instituciones estatales de orden local, regional y nacional se comprometan en la reparación colectiva.

Uno de los trabajos que han adelantado es el del censo de casas de tabla del barrio Obrero. Según datos de Asovima, allí hay 1.200 viviendas. El reto es que como componente de esa reparación colectiva, esas casas puedan ser reconstruidas en material y, de esa manera, se dignifique a sus moradores. “Este proyecto ya fue radicado en la Alcaldía de Apartadó y en la Gobernación de Antioquia”, cuenta Abadía.

Pero también proponen como medida de reparación la construcción de una sede para la junta de acción comunal, mejorar la cobertura educativa y fortalecer el proyecto Los jóvenes también cuentan su historia, a través del cual se pretende preservar la memoria del barrio. “El proceso arrancó en 2013”, precisa el funcionario de la Unidad de Víctimas de Apartadó. “El diagnóstico del daño está casi listo para que sea revisado por la comunidad, una vez sea aceptado pasará al Comité de Justicia Transicional del municipio, donde debe ser aprobado y partir de ese momento, dice la ley, las entidades tendrán dos años para ejecutar lo que les corresponde”.

Abadía tiene claro esos procedimientos y constantemente le dice a la gente que eso no es un obsequio del Estado. “A nosotros no nos regalan nada, tenemos que trabajar por todo eso”, insiste cuando le habla a los afiliados de Asovima, para estimular su participación.

Pero más allá de la reparación estatal, hay quienes esperan más de la guerrilla de las Farc, entre ellas Digna Gutiérrez, una de las hijas de Rufina González que requería recursos para estudiar y por la cual se programó la verbena. “Si yo tuviera la oportunidad de estar en frente de esas personas (los guerrilleros), yo les diría que lo mejor que ellos podrían hacer es hablar con la verdad”.

¿Hay un cese bilateral de fuego no pactado?

Si bien no hay una decisión formal por parte del gobierno nacional, diversos análisis coinciden en señalar que ante decisión de las Farc de cesar toda acción ofensiva se percibe un desescalamiento de las hostilidades.

Durante los dos años y medio de negociaciones con el gobierno nacional, las Farc han declarado, de manera unilateral, cinco treguas, con un alto porcentaje de cumplimiento.

Varias instituciones que evaluaron el primer mes de cese unilateral de fuego anunciado por la guerrilla de las Farc el pasado 20 de diciembre coinciden en advertir que esa determinación se está cumpliendo en los territorios y, por tal razón, se percibe una disminución de las acciones bélicas, incluso por parte de la Fuerza Pública, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si, en la realidad, hay un cese bilateral que diversos sectores sociales y políticos reclaman, pero que el gobierno se niega a decretar oficialmente.

Esa pregunta la responde de manera positiva el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), que se dedica a la investigación sobre violencia armada. En su informe sobre cómo ha evolucionado en su primer mes el cese al fuego anunciado por la guerrilla de las Farc aseguró que se viene cumpliendo de tal manera que, según el monitoreo adelantado en este periodo, “los niveles de actividad violenta del conflicto interno -así como otras formas de violencia- son los menores registrados por CERAC desde 1984”.

Reseña este informe que las Farc estuvieron involucradas en cinco eventos durante este mes: tres acciones de combate que ocasionaron la muerte de un miembro del Ejército, sin embargo aclara que “en estos enfrentamientos no se tiene conocimiento sobre cuál fue el grupo que tuvo la iniciativa”. Y dos amenazas a través de panfletos, una contra el alcalde, varios funcionarios de la administración local de Yarumal y algunos maestros de ese municipio del norte de Antioquia; y la otra contra la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. En ambos casos las autoridades investigan si hay o no participación del grupo subversivo.

Lo que deja claro CERAC es que esta disminución de acciones bélicas “ha contribuido de manera definitiva a una reducción de la violencia de carácter histórico en Colombia”, lo que sumado a “la ausencia de un despliegue ofensivo táctico o estratégico de las Fuerzas Militares en contra de las Farc u otros grupos, en coincidencia del cese de las Farc, ha generado un cese al fuego ‘virtual’ de carácter bilateral”.

Visión contraria tiene la Fundación Paz y Reconciliación, otra de las organizaciones que evaluó el primer mes del cese unilateral. En un documento, firmado por Ariel Ávila, se consignó que su monitoreo “no registró ninguna acciones violatoria de la tregua por parte de la guerrilla de las Farc” y se aseveró que “la tregua se ha cumplido en un 100%”.

Sin embargo, sí dejó claro esta fundación que se registraron 17 acciones armadas que involucran a la Fuerza Pública y a estructuras guerrilleras. “La mayoría de estas –dice el análisis– fueron bombardeos y campos minados sembrados, previo al establecimiento de la tregua” y estimó que “todas estas acciones son ofensivas de la Fuerza Pública y defensivas de las Farc.

Lo que revela esa situación es que las Fuerzas Militares han continuado con su accionar, siguiendo los lineamientos que se han trazado desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, no obstante, y en coincidencia con lo dicho por CERAC, la fundación Paz y Reconciliación registra una disminución de acciones armadas por parte de las fuerzas estatales, pero a diferencia de aquella, asevera que esa situación “deja ver que no existe, ni siquiera de forma implícita, un cese bilateral”.

Otra de las organizaciones que abordó el tema fue el Frente Amplio por la Paz, que agrupa un conjunto de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Respaldada en cifras tanto de CERAC como de la Fundación Paz y Reconciliación, aseveró que las Farc han cumplido a cabalidad con su decisión de contener acciones ofensivas de manera indefinida.

“El Frente Amplio por la Paz concluye que hasta la fecha de hoy se consta que las Farc-EP han cumplido con su compromiso anunciado al país el 17 de diciembre de 2014 desde La Habana de cesar de manera unilateral el fuego y las hostilidades”, se lee en su informe.

Contrario a lo que han afirmado CERAC y Paz y Reconciliación en torno a la disminución de acciones de la Fuerza Pública, el Frente Amplio por la Paz destacó las denuncias que durante este primer mes de cese al fuego unilateral ha hecho la guerrilla de las Farc desde La Habana, Cuba, en el sentido de que ha habido operaciones que ponen en riesgo su decisión.

“En el primer mes de la tregua, el Frente Amplio ha recibido constantes informes provenientes de la delegación de paz de las Farc-Ep en los que se señalan hechos que la han puesto en riesgo”, dice este colectivo y cita como ejemplo un comunicado del pasado 30 de diciembre en el que se les informa “sobre acciones que amenazaban en generar confrontación, tales como registros del Ejército en áreas de campamentos guerrilleros, sobrevuelos hostiles de helicópteros, a los que sucedieron bombardeos y desembarcos de tropas”.

La Defensoría del Pueblo también valoró el primer mes de cese al fuego y a través del monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas reportó que “el seguimiento realizado desde el 20 de diciembre de 2014 permite afirmar que en este lapso no se han registrado acciones armadas ofensivas de las Farc que puedan ser consideradas como un incumplimiento o violación del cese al fuego”.

Sin comprometerse en la discusión sobre si hay un cese al fuego bilateral de facto, no decretado oficialmente, esta agencia del Ministerio Público registró durante el primer mes de la tregua tres hechos bélicos –un hostigamiento, dos homicidios y cuatro accidentes con minas antipersona en zonas con presencia del grupo guerrillero– “sin que se haya comprobado la responsabilidad de esa organización”.

En el mismo período, agregó el informe, “la Defensoría tuvo conocimiento sobre tres combates entre las Farc y tropas del Ejército Nacional, sin que haya sido establecida la iniciativa de los mismos” y resaltó que en el periodo analizado “ha habido una disminución sustancial de los hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados contra la Fuerza Pública, los ataques a poblaciones, las emboscadas y los atentados contra la infraestructura eléctrica, petrolera, vial y de comunicaciones”.

Desde la Presidencia de la República se ha destacado también el cumplimiento del cese al fuego unilateral. En su alocución del pasado 14 de enero, el presidente Juan Manuel Santos destacó el comportamiento de la guerrilla de las Farc y aseguró que “ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora, tenemos que decirlo, han cumplido”. Además de este reconocimiento, hizo una revelación que sorprendió a muchos, le había ordenado a su equipo negociador para que “inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo”.

Para avanzar en ese sentido, Desde el año pasado se creó el Comando de Transición, que está bajo el mando del general Javier Flórez, quien está al frente de las discusiones sobre un eventual cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Si bien, oficialmente, no hay una declaración al respecto que confirme que ya se pactó un acuerdo en tal sentido, los análisis y las proyecciones van mostrando que, en el campo de batalla, al parecer se está haciendo una realidad, con los beneficios que eso trae para las comunidades más golpeadas por la guerra.

El Salvador y Guatemala: espejos para Colombia (II)

La principal lección que dejan los procesos de paz de Centroamérica es que el respaldo de la sociedad es crucial para que los acuerdos se implementen con éxito. Por Juan Diego Restrepo E., Ciudad de México.

Durante varias décadas El Salvador y Guatemala vivieron guerras civiles que devastaron sus economías, rompieron el tejido social, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la democracia casi nula. A mediados de los años 90 en ambos países se firmaron acuerdos de paz, con relativo éxito en El Salvador, y con muy poco impacto en Guatemala.

¿Cuáles son las deudas que tienen ambos países con lo pactado? Para responder a esta pregunta, VerdadAbierta.com aprovechó su presencia en el décimo tercer encuentro del Observatorio del Crimen Organizado convocado por la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) realizado recientemente en Ciudad de México, para hablar con dos expertos: Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Guatemala: el 95% de los acuerdos no se ha cumplido

Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
El 29 de diciembre de 1996 se firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno nacional de Guatemala, en cabeza en ese momento del presidente Álvaro Arzú Irigoyen, y los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng), en la que confluyeron las distintas facciones guerrilleras que por más de 30 años mantuvieron un alzamiento en armas.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, este conflicto interno dejó más de 200 mil víctimas, entra muertas y desaparecidas, la mayoría de ellas provocadas por fuerzas estatales y paraestatales en su afán de contrarrestar a las guerrillas de izquierda.

Se necesitaron seis años, entre 1991 y 1996, tres presientes y mucho apoyo internacional para concretar una salida negociada que le permitiera a este país alcanzar la paz en sus territorios. La implementación de los acuerdos ha sido muy compleja, entre otras razones porque no fueron refrendados en las urnas por la mayoría de los guatemaltecos y sus puntos no han sido desarrollados en su totalidad en los 19 años de vigencia

Marco Antonio Canteo, es reconocido jurista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, quien le ha hecho un detallado seguimiento a la aplicación de los acuerdos y quien tiene una visión crítica de sus resultados.

¿En qué están los acuerdos hoy en Guatemala?
El 95% de los acuerdos de paz no se han cumplido. ¿A qué se debe esto? Yo diría que al final de cuentas, los acuerdos de paz también expresan un ganador y un perdedor. Ahí está una de las explicaciones de fondo.

¿Fueron tan débiles esos acuerdos?
Los acuerdos de paz se dan en la coyuntura del fin de la guerra fría donde era insostenible seguir en conflictos armados derivados de los nuevos cambios a nivel mundial. Entonces la comunidad internacional presiona a Guatemala para llegar a una negociación. La guerrilla estaba muy debilitada y si seguía en el la guerra iba a ser aniquilada.

En consecuencia, los acuerdos no son suficientemente sólidos como para establecer las condiciones y mecanismos para su cumplimiento. Aunque se incluyeron temas sustantivos, no hubo ni la institucionalidad ni los recursos ni la voluntad política para hacerlos realidad. Ni siquiera hubo una izquierda sólida para exigir su cumplimiento.

¿Cómo se ha expresado esa debilidad en las urnas?
La Urng es un partido sumamente débil, que ha sufrido las luchas intestinas de los tres grupos que lo conforman, su dirigencia ha envejecido, y no ha tenido la capacidad de renovar sus cuadros. En todas las elecciones no ha sacado más del 3% de los votos.
Mientras en El Salvador se construye un partido de izquierda sólido, en Guatemala surgen muchas organizaciones no gubernamentales de cuadros medios de la guerrilla que se atrincheran allí.

¿Por qué los guatemaltecos no salieron a votar por la refrendación de los acuerdos?
Funcionó la estrategia de comunicación del Ejército que cooptó durante el conflicto a la institucionalidad, tanto pública, como privada. Esas estrategias fueron muy efectivas porque la clase media que vivía en las urbes no se enteraba de lo que pasaba en el campo, era muy poco consciente de las masacres y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esa circunstancia se combina con una ciudadanía guatemalteca muy conservadora. No existía una masa crítica que exigiera el cumplimiento de los acuerdos de paz.

¿Qué se votó en ese referendo?
Básicamente eran tres componentes sustanciales: el primero, independencia judicial y reforma al sector justicia; segundo, los derechos de los pueblos indígenas, que es el tema que menos se ha cumplido en el país; y tercero, la cuestión de la carga tributaria, que en América Latina es la más baja.

Los sectores conservadores hicieron una gran campaña para desvirtuar estos tres acuerdos y por ejemplo en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, toda la publicidad del sector conservador planteaba el riesgo que significaba reconocer la autodeterminación. Eso pegó mucho en la clase media. En materia de independencia judicial, no se lograron los cambios en la constitución más allá de pequeños maquillajes.

¿Y qué se hizo al fracasar el referendo?
Algunos sectores impulsaron una serie de normativas de carácter legal, que son muchas, pero que se han cumplido poco. Después se aprobó una ley marco de los procesos de paz, pero es letra muerta, no se cumple tampoco.

¿La justicia internacional ha actuado frente a los crímenes cometidos durante la guerra?
La debilidad de la Urng en la negociación impidió que se lograra un acuerdo para instalar tribunales internacionales que juzgaran los casos del pasado. Lo único que se logró fue el compromiso del Estado de desarticular lo que se llamó “cuerpos paralelos” provenientes del conflicto armado y que generan impunidad alrededor del Estado.

Diez años después se instaló la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es como una especie de Fiscalía, pero que depende del Ministerio Público, es decir, solo se puede adherir a los casos que lleve la Fiscalía, y los resultados no han sido del todo positivos después de siete años de experimentos. Fue lo máximo que se logró, no se logró más.

¿Y qué ha pasado con la verdad?
Posiblemente Guatemala en lo que más avanzó en el tema de justicia de transición ha sido en la verdad. Hay dos informes, uno de la Iglesia Católica y otro de Naciones Unidas a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que dan cuenta de las grandes atrocidades cometidas durante el conflicto armado, pero que no tuvieron una amplia difusión ni una estrategia de comunicación para construir una base social que pueda exigir más justicia y más reparación.
El Estado nunca reconoció la validez de esos informes. De hecho el Ejército se negó a proporcionar información a la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

En ese sentido ¿qué trascendencia ha tenido el hallazgo de archivos de la Policía en una vieja bodega?
Los archivos de la Policía Nacional Civil son un gran descubrimiento, tienen más de un millón de documentos que revelan la estrategia contrainsurgente que había copado a ese organismo. Es un enorme descubrimiento y de allí han sacado información para llevar procesos relacionados con violaciones de derechos humanos.

¿Y existe acceso a archivos del Ejército?
El Ejército se ha negado de manera sistemática a entregar los planes de inteligencia para combatir en las principales áreas del conflicto armado. Algunos documentos han sido entregados, pero después de largos procesos judiciales y los dan cercenados. Pero lo que hay revela la estrategia de genocidio y eso sí es un punto central. De ahí surge la tesis de la Fiscalía y de algunas agrupaciones de derechos humanos de acusar a Efraín Ríos Montt por genocidio.

¿Está en riesgo de quedar en la impunidad ese genocidio?
El único genocidio que se ha probado, pero que después fue anulado, fue contra el grupo Maya Ixil, en el noroccidente del país, en la parte central del altiplano guatemalteco. Es el único caso que, de momento, tiene una tesis muy sólida, pero hay otros casos que la Fiscalía está construyendo en donde las víctimas están exigiendo que también se acuse por genocidio.

¿Por qué se anuló la condena contra Ríos Montt en ese caso?
Después de los acuerdos de paz se impuso una ley de reconciliación nacional para aplicarse tanto a militares como a guerrilleros, pero se dejó una frase donde se hace la salvedad de los delitos internacionales, y ese es el camino que usaron las organizaciones y la Fiscalía para que delitos de lesa humanidad, como genocidio y torturas no queden bajo el amparo de esa ley.

El problema es que en Guatemala se volvieron a posicionar sectores de derecha, entre ellos los militares, y surge nuevamente el tema de la amnistía, mucho más ahora con una Fiscalía y una Corte de Constitucionalidad dominada por la derecha, con simpatías hacia el sector militar. Todo apunta a que se están creando las condiciones para que le den amnistía a Ríos Montt. El asunto es que una sentencia favorable a él beneficiaría a todos los imputados, sean del Ejército o de la guerrilla.

Efraín Ríos Montt gobernó Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.

¿Se ha reparado a las más de 200 mil víctimas que dejó el conflicto en Guatemala?
El proceso ha sido muy deficiente. Hay mucha corrupción y la institucionalidad es muy débil. En el caso de quienes pertenecieron a las Patrullas de Autodefensa Civil (conocidas como PAC), se les dio plata y trabajo, y reforestaron gran parte del país.

Quienes han logrado demostrar que fueron víctimas, recibieron por ley 2500 dólares. Pero se generó una perversión de los mecanismos de reparación, y algunas organizaciones se aprovecharon de esa lógica y se volvieron intermediarias.

Todo se hizo a través del Programa Nacional de Resarcimiento, todavía vigente, pero el actual gobierno lo está liquidando, está negando las reparaciones.

¿Hubo despojo de tierras en Guatemala?
Buena parte de las tierras que tenían los mayas en las áreas de conflicto armado no tenían títulos. Por la guerra, muchas comunidades huyen hacia México, y dejan abandonadas sus fincas y las PAC y el Ejército se apropian de ellas. Cuando se firman los acuerdos y se exige el retorno, encuentran sus tierras ocupadas. Naciones Unidas y el gobierno crearon centros de justicia para ayudarle a la población con sus demandas, y la gente pensaba que esos centros se iban a encargar de devolverles su tierra. Pero no fue así. Esas tierras abandonadas ahora están tituladas a quienes hicieron parte de las PAC y a miembros del Ejército.

En algunos casos, el gobierno ha comprado fincas en sectores distantes de los que poseían, y en otros casos los ha dejado a su suerte.

¿Se garantiza que no haya repetición?
En eso no se trabajó absolutamente nada. Después de la guerra Ríos Montt fue diputado al Congreso durante dos periodos y tenemos a Otto Pérez Molina, señalado de ser parte de las graves violaciones a derechos humanos, que llega a ser presidente del país (actualmente en ejercicio).

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El proceso de paz superó el momento más crítico que ha tenido hasta ahora, como fue el secuestro del general Alzate, y si bien para algunos despierta ilusiones en otros impulsa la polarización.

El Salvador y Guatemala: espejos para Colombia (I)

La principal lección que dejan los procesos de paz de Centroamérica es que el respaldo de la sociedad es crucial para que los acuerdos se implementen con éxito. Por Juan Diego Restrepo E., Ciudad de México.

Durante varias décadas El Salvador y Guatemala vivieron guerras civiles que devastaron sus economías, rompieron el tejido social, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la democracia casi nula. A mediados de los años 90 en ambos países se firmaron acuerdos de paz, con relativo éxito en El Salvador, y con muy poco impacto en Guatemala.

¿Cuáles son las deudas que tienen ambos países con lo pactado? Para responder a esta pregunta, VerdadAbierta.com aprovechó su presencia en el décimo tercer encuentro del Observatorio del Crimen Organizado convocado por la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) realizado recientemente en Ciudad de México, para hablar con dos expertos: Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, y Marco Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

En El Salvador cambiaron las instituciones

Jaime Martínez, Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador asegura que los acuerdos de paz han avanzado, pero quedan varias deudas. Foto tomada de presidencia.gov.sl

El 16 de enero de 1992 se firmó en México el llamado Acuerdo de Paz de Chapultepec entre el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani y los representantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), que puso fin a doce años de guerra en ese país centroamericano con un saldo trágico de por lo menos 75 mil víctimas, entre muertas y desaparecidas.

Los acuerdos reflejaban un ambicioso proceso de reconstrucción del Estado y de reconocimiento de nuevas fuerzas políticas, distintas a las que por décadas habían gobernado ese país y contra las cuales se levantaron en armas los insurgentes arropados en las banderas del Fmln.
Esas reformas incluyeron también una profunda reforma de las Fuerzas Armadas, que en las décadas del ochenta y noventa tenía la responsabilidad de la seguridad pública; se crearon nuevas instituciones, entre ellas la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional para la Seguridad Pública, la Procuraduría General para los Derechos Humanos; se reorganizó la Corte Suprema de Justicia, que dependía mucho del presidente de la República, y para regularla se creó el Consejo de la Magistratura.

Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, asegura que los pactos consagrados en Chapultepec se han cumplido en un 80 por ciento, no sin dificultades y varias deudas.

¿Qué balance se puede hacer de la implementación del acuerdo de Chapultepec?
Por lo menos en un 80% se ha cumplido. El Salvador es otro después de los acuerdos de paz que fueron la base para reestructurar el Estado. Lo más importante para mí fueron las nuevas instituciones que surgieron de los acuerdos y las que se reformaron profundamente, entre ellas todo el poder judicial. Antes la Corte Suprema y la Fiscalía no eran nada, ahora tienen un peso importante en nuestro país. Las Fuerzas Armadas fueron transformadas profundamente. Antes, los militares eran los que mandaban en El Salvador; ahora siguen teniendo mucha influencia, pero ya saben que hay fuerzas políticas que deben ser respetadas. Se han profesionalizado y respetan más el poder civil y las autoridades que el pueblo elige.

¿Hubo justicia transicional en El Salvador? ¿Se juzgó a los miembros del Fmln y del Ejército?
La impunidad de los crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos es un tema pendiente. Lamentablemente nadie ha pagado por eso. Los acuerdos se firmaron el 16 de enero de 1992, pero dos meses después el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, mandó a la asamblea legislativa una ley de amnistía general que fue aprobada de manera rápida, absoluta e incondicional. Por tal razón, nadie ha sido procesado, ni de las guerrillas ni del Ejército. Con esa amnistía todos quedaron habilitados para hacer política.

Según el informe de la Verdad que apareció en 1993 realizado por Naciones Unidas, el 90 por ciento de los crímenes que se cometieron, le correspondían a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad publica militarizados y a los llamados escuadrones de la muerte. Y un 10 por ciento a la guerrilla.

¿Cómo ha sido la participación en política de los exguerrilleros?
El Fmln fue una alternativa política. Desde su primera participación electoral en 1994 en las legislativas se posicionó como la segunda fuerza política y fue creciendo hasta que ganó las elecciones en 2009, con Mauricio Funes. Para esa época, el Fmln no tenía fuerza para ganar sin alianzas y fue la primera vez que las Fuerzas Armadas tuvieron que someterse a un partido de izquierda.

En 2014 el Fmln ganó nuevamente las elecciones presidenciales, esta vez con Salvador Sánchez Cerén, uno de los máximos comandantes del Frente, y ganó contra todo pronóstico y con una diferencia muy estrecha en relación con los resultados del 2009. Eso parecía un sueño imposible.
Un acto histórico fue la entrega de mando del Ejército de manos del general David Munguia Payés a un exguerrillero como Sánchez Cerén, con el que se enfrentó en la guerra.

¿Hubo una nueva constitución a partir del acuerdo?
Tras los acuerdos de paz, el Fmln no pidió la derogatoria de la Constitución de 1983 que es la que estaba y sigue estando vigente. Sin embargo, se le hizo una reforma muy profunda.

Salvaldor Sánchez Cerén se convirtió en 2014 en el primer presidente "pura sangre" surgido del Fmnl. Durante la guerra fue uno de los comandantes guerrilleros. Foto tomada de frontpagemag.com

¿Cuál ha sido el papel de los grupos económicos en estos años?
El tema social y económico no fue discutido en los acuerdos de paz, lo único que se dijo en uno de los capítulos es que se iba a crear el Consejo Económico y Social, un escenario de discusión dirigido por el Presidente de la República, pero que integraría a empresarios, trabajadores, sindicalistas y a gente de la sociedad civil, para que rediseñara una nueva economía. Eso no ocurrió. Ese fue un gol que metió el neoliberalismo. A ellos les convenía que no hubiese guerra, pero la economía quedó en manos de la derecha que siguió a su conveniencia los dogmas neoliberales.

Desde el 2009 se vienen haciendo algunas reformas, pero ya no habrá una transformación revolucionaria del modelo económico en El Salvador.

¿Cuál es el 20% de los acuerdos que no se ha cumplido?
Para mí las víctimas de los crímenes de guerra y de las violaciones a los derechos humanos sigue siendo el capítulo pendiente de los acuerdos de paz y de toda la transición en El Salvador. Después de los acuerdos y mientras estuvo gobernando Arena (Alianza República Nacionalista, partido de derecha que gobernó entre 1989 y 2009) no hubo ni siquiera un reconocimiento simbólico a las víctimas. Se llevaron algunos procesos a la Corte Interamericana de derechos humanos y a partir de 2005 comenzaron a salir las primeras condenas contra El Salvador. Y por una sentencia de la Corte se ha estado reparando a las víctimas económica y simbólicamente.
Paradójicamente, Funes fue el primer presidente en pedirles perdón a las víctimas por los crímenes del pasado cometidos por las fuerzas del Estado.

¿Cómo fue la experiencia de reinserción en su país?
A muchos desmovilizados de la base, de uno y otro bando, guerrilla y Ejército, les dieron tierra, financiamiento, capacitación, asistencia técnica, becas, pero eran tantas las necesidades que todo eso no les alcanzó. Otros no estaban acostumbrados a producir, o las tierras no resultaron aptas y había que invertir mucho para que fueran productivas, o tenían las familias en la ciudad y vendieron lo que les dieron y terminaron pauperizados. También se intentó hacer cooperativas; algunas funcionaron bien y otras terminaron mal.

A los mandos altos, a los comandantes, a los cuadros dirigentes, les dieron becas para estudiar bachillerato y en la universidad. Algunos terminaron graduándose en tres años.

¿Los excombatientes se involucraron en el crimen organizado?
Al extinguirse los cuerpos de seguridad, que se caracterizaba por la aplicación de una autoridad represiva, autoritaria, se comienza entonces a expresar la violencia delincuencial. Aparecen unas bandas conformadas por desmovilizados de la guerrilla, otras por antiguos miembros del Ejército, a veces hasta combinadas, con propósitos netamente criminales: asaltar bancos, robar carros.
El narcotráfico es un tema pendiente de investigar. Algunos desmovilizados, sobre todo de las fuerzas militares, sí han evolucionado hacia los grupos que participan en los dos carteles salvadoreños que están ligados a las redes mexicanas en logística y transporte de la droga que sube de Colombia y pasa por acá.

¿Qué tanta participación hay de desmovilizados en las maras?
Las maras, especialmente la MS y La 18 se nutrieron de una serie de deportaciones masivas hechas por Estados Unidos de jóvenes salvadoreños que vivían sobre todo en Los Ángeles y Washington. Las ‘maras’ surgen como una ideología, como una identidad, como un concepto que va más allá de un pequeño grupo, con unas raíces étnicas y culturales propias.
Los desmovilizados no generaron las ‘maras’ ni se integraron de inmediato, pero con el tiempo algunos, tanto de las guerrillas como del Ejército, recalaron ahí. Pero no fue por ellos que se fortalecieron la MS y La 18.

(Foto de portada fue tomada de arainfo.org)

(Espere mañana: Guatemala: el 95% de los acuerdos no se han cumplido)