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“Si en la Mesa hubiera más mujeres la negociación iría más rápido”

Por primera vez el tema del género se volvió importante en una negociación de paz en Colombia. Tres mujeres de las Farc hablan sobre su papel en La Habana, sobre su deseo de participar en política, y la violencia contra las mujeres.

subcomision-de-genero-mesa-pazLa Mesa de Conversaciones de La Habana ha recibido tres delegaciones del movimiento de mujeres para escuchar sus propuestas de género. Foto: ficinad el Alto Comisionado.

Las conversaciones de La Habana empezaron sin mujeres. A un lado y otro de la mesa había hombres hablando de terminar la guerra; y tras ellos, unas cuantas mujeres haciendo labores de apoyo técnico, Elena Ambrosi, por el lado del gobierno; y Alexandra Nariño (Tanja) por el lado de las Farc.  La foto de la negociación empezó a parecer incompleta. Impresentable. Y fue así como el gobierno nombró, a finales de 2013 a dos mujeres como plenipotenciarias de su equipo: Nigeria Rentería (quien renunció para presentarse como candidata a la gobernación de Chocó), y Paulina Riveros. Del lado de las Farc, las mujeres fueron llegando, y ocupando posiciones. Hoy son 17 de los 40 delegados que hay en La Habana, una de ellas, Victoria Solano, plenipotenciaria.

Pero más allá de la creciente presencia de las mujeres en la Mesa, lo más interesante es que a finales del año pasado se haya abierto una subcomisión de género que ha tenido tres encuentros con 18 organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, con enfoque de género, y por la diversidad sexual, y que han dejado sobre la Mesa un bloque de propuestas para ser incluidas en los acuerdos.  “Lo más innovador es la participación que se ha dado a estas organizaciones, usando el modelo que se usó con las víctimas” dice Belén Sanz, representante de Onu Mujeres en Colombia.  Las mujeres dejaron propuestas sobre la Mesa y por eso se creó la subcomisión.

Algo nuevo para las Farc
"Yira Castro" lleva más de 30 años en las Farc. Asegura que las mujeres son el 40% de esa guerrilla.

Para las mujeres de las Farc, en este caso para Yira Castro, Mireya Andrade y Erika Montero,  esto del género ha sido una experiencia nueva, porque en la montaña no se habla de eso, “a lo mejor porque allá todas somos iguales” dicen.  Las tres tienen varias cosas en común: han pasado más de 20 años con un fusil en las manos; tienen mando en algún frente de las Farc; historias de vida marcadas por la violencia; una gran esperanza en que se alcance un acuerdo; y ganas de hacer política. Sus tareas en Cuba van desde escribir documentos,  hasta manejar las comunicaciones de la guerrilla y hacer algunos segmentos en los programas de radio y televisión.

¿Si esta negociación estuviera en manos de mujeres andaría más rápido? les pregunta VerdadAbierta y ellas responden, sin dudarlo, que sí. “Si hubiera más participación activa, sí, porque las mujeres tenemos más capacidad de persuasión, somos organizadas, decididas, y muy ejecutivas” reafirma Yira Castro.

Castro es locuaz, directa, y critica sin piedad a los medios de comunicación en el noticiero que cada domingo saca la delegación de las Farc por internet. Ha pasado 32 años de su vida en la insurgencia. Ingresó a los 14 años, cuando sus padres, militantes comunistas, tuvieron que huir de su pueblo, la familia se dispersó, y ella quedó rodando de casa en casa. Reconoce que cuando ingresó, lo hizo forzada por las circunstancias, pero luego fue afianzando su decisión de ser guerrillera. “Lo que pasa es que esta vaina se alargó”, dice.

Erika Montero, también es guerrillera, y explica que lo que busca la subcomisión de género, a la que pertenece, es incidir para que los acuerdos reflejen la igualdad de oportunidades que deben tener las mujeres en la paz. Sólo incidir, porque la subcomisión no tiene voz ni voto en la Mesa. Su papel se reduce a presentar propuestas que reflejen el diálogo que han sostenido con las organizaciones de la sociedad civil.

"Erika Montero" hace parte de la subcomisión de género y aspira a participar en política, si se llega a un acuerdo de paz.

Sobre cuáles son los temas cruciales en los que las mujeres quieren tener influencia, Montero no tiene respuesta. “Son muchos” dice. Y aclara que “nosotros no estamos haciendo la revolución en la Mesa. En La Habana estamos buscando es terminar con la confrontación armada, para que nos entendamos a través de la palabra”.  

Sin embargo, pone algunos ejemplos de cómo se está trabajando para que el tema de género se refleje en lo acordado.  “En lo de la tenencia de la tierra,  en el acuerdo se habla de campesino, y debe decir también campesinas, porque la mujer tiene derecho a ser propietaria. Hay viudas, desplazadas, y ellas solas son capaces de producir”.

¿Se toman en serio los negociadores sus propuestas? “No es tan sencillo” responden. “Estamos en una sociedad machista pero da la casualidad de que en las Farc esos espacios se nos han ido abriendo de un tiempo para acá. Se nos ha ampliado la visión”.  

Igual reflexión hacen sobre la participación política, un tema en el que tienen claro interés para el futuro. Montero dice que se sueña participando en el Congreso, debatiendo. “Me veo dando la pelea ideológica con los políticos de Colombia, codeándome con ellos. Porque dado el nivel de corrupción la política sataniza y espanta a mucha gente. Pero las luchas sociales si no se politizan no logran su objetivo. Por eso debemos aspirar a posiciones de poder”.

¿Discutiría con Uribe?  “Claro. También me gustaría discutir con Claudia López, que con diferencias abismales en la parte ideológica, es una mujer interesante, capaz y valiosa”.

Mireya Andrade ya tuvo la experiencia de la política, y no duda en decir que volvería a ella, muy a pesar de que fue una de las víctimas del exterminio de la UP.  “Yo soy del norte del Cauca, y era concejal, y mi esposo, era diputado cuando lo desaparecieron”, poco después ingresó a las Farc.  

Sin reconocer la violencia sexual
"Mireya Andrade" también hace parte de la subcomisión de género. Antes de ingresar a la guerrilla fue concejal.

Sobre la experiencia de encontrarse con otras mujeres, las víctimas, que fueron 36 de las 60 que estuvieron en La Habana, dicen que fue una experiencia dura “porque sufre la madre del soldados, del paramilitar, la del guerrillero”.  Sin embargo, hay un tema que no aceptan ni reconocen: la violencia contra las mujeres en el seno de la guerrilla. “Los medios hacen propaganda negra con eso” dicen.  “No conozco un caso de violación de un camarada a otra camarada o una campesina” dice Castro. “Es imposible que un movimiento sea opresor del 40% de su militancia”, reitera.

Pero la realidad de la que hablan mujeres desmovilizadas y víctimas es otra (ver informe de VerdadAbierta.com aquí). Como lo han demostrado diversos estudios académicos, el aborto inducido, relaciones sexuales con menores, los severos castigos, son no excepcionales sino frecuentes y poco sancionados (ver informe: No Llores por Tanja, Colombia); y en el caso de las víctimas, tal como lo demostró el exhaustivo trabajo de campo hecho por la Ruta Pacífica con su informe La Verdad de las Mujeres, todos los grupos armados, incluidas las Farc, han incurrido en este tipo de violencia, considerada hoy como un crimen de guerra. (Ver informe)

Sobre estos hechos, como sobre muchos otros ocurridos durante el conflicto, las Farc no han hecho un reconocimiento frente al país, especialmente porque muchas de estas actuaciones han sido normalizadas en manuales y códigos de la propia organización. Para las guerrilleras “esto es una comunidad totalmente distinta, con sus propias reglas y costumbres”.  

“No vamos a decir que en una guerra de 50 años no se han cometido errores, pero de ahí a la cantidad de vejámenes que nos endilga hay mucho trecho. Si fuera así usted cree que yo con mi carácter que es fuertecito, ¿me hubiese quedado 32 años recibiendo malos tratos?” riposta Castro.  

Si bien las Farc están aún lejos de reconocer la realidad de la violencia sexual y de género; el mayor esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, que envían sus propuestas a la subcomisión de género, es que los acuerdos reflejen la necesidad de incluir a las mujeres y las minorías sexuales en todos los puntos pactados, y los que faltan por acordar (ver comunicado comunicado). Y que la paz sea incluyente con ellos y ellas, si es que se llega a un acuerdo final.

“No hay que tenerle miedo a una comisión de la verdad”: Carlos Beristain

Desde hace varios meses el gobierno y las Farc discuten en La Habana qué mecanismo de verdad o esclarecimiento de la historia construirán para resarcir a las víctimas del conflicto. ¿Qué tanto debemos esperar de ella?

carlos-beristainCarlos Beristain, médico español, experto en comisiones de verdad. Foto tomada el 26 de abril de 2015 en Bogotá, Colombia.

Carlos Beristain ha seguido de cerca el proceso de paz colombiano como pocos. Él es uno de los expertos mundiales en comisiones de verdad. Nacido en el País Vasco, es defensor de derechos humanos y escritor, con más de 20 libros publicados, varios de ellos sobre su experiencia acompañando a víctimas de conflictos en todo el mundo. Es médico doctorado en psicología, y ha participado como asesor en procesos de verdad y memoria en Guatemala, El Salvador, Perú, Paraguay, Ecuador y España, entre otros países. Conoce nuestro país a profundidad, pues lo ha recorrido desde 1994 de la mano de comunidades de base. Junto a Alejandro Valencia Villa tuvo la experiencia en los años recientes, de asesorar la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto, de la Ruta Pacífica, un trabajo hecho con y desde ellas, que es un interesante precedentes para lo que se viene en Colombia en esta materia.

VerdadAbierta.com habló con Beristain sobre los retos y dificultades de tendrá que afrontar una eventual comisión de verdad sobre el conflicto en nuestro país.

Verdad Abierta: En La Habana, gobierno y Farc empezaron a trabajar el tema de justicia por el de la verdad, porque pensaban que era el camino más fácil. Sin embargo, llevan meses en él y no han logrado un acuerdo. ¿Por qué este asunto se puede volver tan tortuoso?

Carlos Beristain: Porque cada vez que se discute sobre la verdad, se está discutiendo también sobre la legitimidad de cada parte del conflicto. Y porque siempre está en juego la relación entre verdad y la justicia. Eso limita la discusión sobre la verdad, a la que hay que entrarle en serio. En Colombia hay una negación de la historia reciente y se necesita la verdad para contribuir a la despolarización social.

V.A: Las Farc confían en que un mecanismo de verdad absuelva su papel en la historia. ¿Usted cree que una comisión de este tipo le daría legitimidad a la guerrilla?

C.B: La verdad de un conflicto armado no es para darle legitimidad a nadie. Debe ser una investigación independiente, que tiene una legitimidad tanto por su metodología como por su integridad moral. Lo que sí creo es que deben esclarecerse no solamente las violaciones a los derechos humanos, sino también las causas de ese conflicto y los mecanismos que han hecho posible la violencia a gran escala que se ha vivido en Colombia. Eso tiene que hacer parte del mandato de esa comisión.

En parte ha sido lo que se intentó con la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, pero lo que hemos visto es la construcción de dos relatos diferentes, en lugar de un relato básico de consenso que permitiera un punto de inicio para una comisión de la verdad. Eso revela cómo están las cosas en el país: la falta de una narrativa conjunta, unos mínimos que permitan un piso común.

V.A: ¿Un relato único es posible y deseable?

C.B: No, un relato único nunca va a ser posible, pero un relato básico de consenso de las dos partes no sólo es posible sino necesario.

V.A: Los militares le tienen miedo una la comisión de la verdad porque creen que tendrá consecuencias jurídicas. ¿Están en lo cierto?

C.B: Entiendo que las Farc tenga temores de que se cree una comisión que les diga que han cometido diferentes crímenes de guerra o que el Ejército tema que una comisión les diga que han participado en masacres. Pero no son ellos sino la sociedad colombiana la que necesita del esclarecimiento. La comisión de la verdad ayudaría a que una buena parte de la sociedad que ha vivido fuera del conflicto, justificando las acciones de ambos lados, y mirando hacia otro lado, tenga conciencia de lo sucedido.

Desde 2001, se han creado 17 comisiones de la verdad en el mundo Foto: archivo Semana.

V.A: Colombia a pesar de todo, es una democracia. ¿Podrá el Estado reconocer su cuota de barbarie?

C.B: El Estado debe reconocer las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto armado que estén documentadas y probadas. Tiene que reconocer eso, porque esa es la base que cualquier construcción de democracia. No es una discusión de calificativos. La discusión se debe llevar a contenidos: hechos, mecanismos que los han hecho posibles, y responsabilidades. Si empezamos la pelea por los calificativos se bloquean el esclarecimiento y la investigación.

V.A: ¿Qué tan lejos ve a los dos actores que están sentados en La Habana de reconocer las atrocidades cometidas?

C.B: Esto ha sido un problema universal. Los guatemaltecos nunca quisieron ir a la comisión de la verdad. Los militares ni siquiera aceptaban que se llamara así. En el Salvador los militares tampoco querían la comisión y la guerrilla en la práctica estaba muy poco interesada, porque había cosas que les podían afectar a ellos. En el caso colombiano ha habido avances significativos como el proceso de consulta a las víctimas. Y creo que la Mesa debe dar respuestas a las demandas que éstas han hecho. Las Farc han hecho algunos actos de reconocimiento. Creo que estos actos son necesarios y hay que seguirlos haciendo. La discusión es cómo, con qué garantías, con qué consecuencias.

V.A: ¿Una comisión de la verdad tiene consecuencias jurídicas?

C.B: Es muy difícil decir a priori las consecuencias jurídicas que pueda tener. Eso creo que depende mucho del diseño del proceso. Llegado a un punto la comisión debe plantearse temas como la justicia y la reparación.

V.A: O sea que verdad y justicia no son secuenciales…

C.B: Al inicio se puede hacer secuencial, pero después esas cosas deben discutirse a la vez. Si esas investigaciones van a tener efectos jurídicos o no es algo que debe estar claramente definido. Pero si iniciamos la discusión por lo judicial, se puede retrasar el esclarecimiento de los hechos. Ahora, las partes del conflicto necesitan una seguridad jurídica y eso lo van a exigir antes de firmar un acuerdo. De todos modos esa seguridad jurídica no quiere decir que no haya consecuencias.

V.A: ¿Cuál debería ser el diseño para el caso colombiano?

C.B: Hay que tener cuidado porque en Colombia todo se termina judicializando, o dicho de otra manera, los aspectos legales dominan la discusión y eso puede terminar limitando el derecho a la verdad. Hay que dejar que una eventual comisión trabaje ampliamente y que supere los obstáculos que se dieron en otros países. Por ejemplo, tiene que tener acceso a la información oficial. Las comisiones deben tener un cierto poder para entrevistar a gente que no va directamente a dar testimonio, pero que la comisión considera que es importante.

V.A: Aunque esos testimonios queden sellados y no sean públicos…

C.B: Por supuesto. La comisión establecerá acuerdos con testigos claves o protegidos. Pero tiene que tener cierto poder y no depender de la voluntad política de los gobiernos. Los casos de Guatemala y el Salvador fueron muy negativos en ese sentido porque hubo negación de información que años después se descubrió que sí estaba en archivos. Información que el Estado le negó a la comisión. En el caso colombiano estas cosas deben superarse. Que a los temas relativos a la confidencialidad, a la seguridad interna no terminen imponiéndose sobre el esclarecimiento y la verdad.

V.A: Entonces ¿verdad y justicia van de la mano?

C.B: Es muy difícil que mientras se va trabajando una comisión de la verdad se pongan en marcha procesos jurídicos. Eso complica todo. Lo que ha habido en la mayor parte de países, después de la comisión de la verdad, es muy poca justicia. Creo que primero se necesita un esclarecimiento. Eso no significa que mientras tanto no se pueda hacer el diseño de la justicia transicional. Mientras trabaja la comisión, las partes deberían tratar de hacer cosas que sean útiles para las víctimas, que sirvan de reconocimiento. Eso contribuiría a despolarizar la sociedad y superar un cierto descredito que tienen.

V.A: Estos reconocimientos suelen hacerse bajo cálculos políticos pero no de corazón…

C.B: La comisión debe tener una posición independiente que le permita decir lo que está bien y lo que está mal y tiene que llamar a las cosas por su nombre. Los responsables, también tienen que llamar las cosas por su nombre. Se llama así y no de otra manera y vine a reconocer mi responsabilidad. Porque eso es un elemento de limpieza interna, de demostrar una actitud de cambio. Todas las formas de reconocimiento y perdón deben estar asociadas a una demostración de ruptura con el pasado.

En más de dos años de negocaciones en Cuba, los representantes del gobierno y de las Farc han logrado avances en tres de los cinco puntos de la agenda. Foto: archivo Semana.

V.A: Las Farc creen que la verdad va a resolver la carga de impunidad que hay en 50 años de conflicto. ¿Será así?

C.B: Todas las comisiones han trabajado sobre períodos históricos muy grandes, pero en la práctica se concentran en las violaciones a los derechos humanos más graves. En Guatemala la comisión trabajó desde el año 76 hasta el noventa y pico. No pudo esclarecer mucho lo de los años 60 porque no había testigos vivos y porque las víctimas no se presentaron. Entonces creo que no hay que tener una idea muy pretenciosa de que se va a aclarar todo. En el caso colombiano son 50 años, es verdad, pero ya hay muchas cosas hechas.

V.A: Hay sectores civiles, cómplices de actos actores, asustados con esto de la verdad y se prevé que se opongan a ella...

C.B: Cuando la violencia penetra en el tejido social y hay un involucramiento cada vez mayor de la sociedad civil en el conflicto, se generan enormes desafíos para la reconciliación. Si los perpetradores siguen teniendo control y capacidad de coacción sobre las víctimas, no hay reconciliación ni verdad sino una imposición de condiciones materiales que las víctimas deben asumir, y eso se ha dado en muchos países. El que mató no solamente mató, sino se quedó con la tierra, y en fin todo eso debe ser revisado.

Hay otro nivel de participación de los civiles, al margen de la dinámica militar del conflicto, y es lo que lo hemos visto con la parapolítica. Porque los mecanismos de la guerra no son solamente militares, sino que la guerra da paso a relaciones políticas y económicas. Lo que necesita Colombia es un reconocimiento global de la participación y responsabilidad en el conflicto de todos, porque esa es la puerta para una transformación.

V.A: ¿Ese tipo de verdad ayuda al cambio político?

C.B: Ayuda porque supera las memorias defensivas; aquellas en las que yo me centro en las cosas que me duelen, con la gente que me identifico: los soldados secuestrados, asesinados etc; por un lado; o los guerrilleros asesinados y comunidades masacradas, por el otro. Anclados en las memorias defensivas no se ve el dolor del otro lado, solo se cohesiona el grupo, y con el tiempo este tipo de memoria agudiza el conflicto.

V.A: Los militares colombianos se niegan a reconocer una responsabilidad institucional y apelan a la tesis de las manzanas podrida. Los guerrilleros minimizan sus actos ¿Qué hacer con el negacionismo?

C.B. El proceso de reconocimiento va a ser eso: un proceso que no se da de la noche a la mañana. En Chile al jefe de los carabineros le tomó ocho años admitir lo que hicieron. Eso va a tener su camino pero hay que empezar a discutirlo para que se flexibilicen las actitudes. Sí la comisión parte de la defensa de una tesis, no hay nada que hacer. Como pasó en Argentina con la tesis de los dos demonios, que consagró el informe y que se ha venido desestructurado con los años y la investigación posterior. En el caso de Guatemala la tesis era que los indígenas estaban engañados por la guerrilla.

Creo que una comisión tiene que promover el esclarecimiento y tiene que trabajar con datos que no se puedan negar. ¿Algunos van a seguir negando? Por supuesto que sí. La masacre de Srebrenica todavía es negada. Todavía es imposible hablar en Serbia de lo que pasó allí, y el centro de documentación sobre la guerra que hay en Bosnia, está vacío, porque hay una tendencia a la negación de la historia. Eso es parte de los procesos. Eso no va a ser fácil.

V.A: ¿Sirve la verdad para sanar heridas morales?

C.B: Elementos de restauración deben estar presentes precisamente por el impacto de la violencia en el tejido social, por las múltiples responsabilidades en la violencia en lo local, lo cual lleva al desafío de cómo se reconstruye esa convivencia local. Debería haber medidas restaurativas como parte de una política que nace de los acuerdos de paz. Eso sería importante.

V.A: ¿La comisión debe ser de sabios o con participación popular?

C.B: Esas dos cosas no son disyuntivas. La verdad no es un estudio hecho por expertos que vienen al país por uno o dos años y sacan un libro. Claro que la comisión debe dar como resultado un informe que esclarezca, y que dé recomendaciones para la transformación política y la prevención de la violencia. Ese debe ser su resultado. Pero también es un proceso que debe lograr que en el camino se asimile la verdad, debe haber audiencias públicas. En el caso colombiano, a pesar de que el tejido social ha sido muy golpeado, todavía está vivo y creo que una comisión tendría que abrirle el espacio a este tejido social.

V. A: ¿Puede la verdad contribuir a una mayor polarización?

C.B: Yo creo más bien lo contrario. La pólvora para el conflicto es la negación. La comisión debería hacer las cosas de una manera que evite el uso político de la verdad, para eso debe hacer una investigación amplia y tiene que haber un reconocimiento plural de las responsabilidades, y no concentrarse en un solo tipo de evento o responsabilidades.

En el país Vasco hemos sufrido un fenómeno de violencia política durante muchos años y hemos hecho encuentros de víctimas diferentes y ellas nos han mostrado un espacio de reconocimiento mutuo mucho más amplio del que permite la sociedad.

V.A: Si lo acordado en La Habana no sale con el nombre de comisión de la verdad ¿deberíamos preocuparnos?

C.B: Yo creo que sí. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. A la comisión de la verdad no hay que tenerle miedo, porque es un proceso de sanación colectiva que va a ser muy importante para Colombia.

¿Qué hacer con la memoria documental sobre el conflicto armado?

Las comisiones de la verdad recopilan miles de documentos y testimonios que son claves para hacer justicia y memoria. La pregunta es: ¿quién se encarga de guardarlos después?

0-comisiones-de-la-verdad-y-archivosDesde 2001, se han creado 17 comisiones de la verdad en el mundo Foto: archivo Semana

Saber lo que ha pasado en un conflicto armado es una de las principales tareas de cualquier comisión de la verdad. En el caso de Colombia, la misión está frente a una guerra que ha durado cuando menos 50 años, si se calcula desde la fundación de las guerrillas de las Farc y el Eln. Pero lo difícil no solo está en cómo encontrar esa información, sino en definir quién la guardará porque tendrá un su poder una herramienta eficaz para hacer justicia y memoria sobre lo que pasó durante la confrontación armada.

Una mirada a varias de las 17 experiencias de comisiones de la verdad que han existido en el mundo desde 2001 puede ofrecer algunas claves para saber qué hacer en Colombia con respecto a la memoria documental.

En Perú, dos años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara su informe, 150 oficiales fueron enjuiciados por los casos derivados de esta investigación y esa misma información sirvió para identificar que el Partido Comunista Sendero Luminoso era responsable del 54% de las desapariciones y asesinatos. En Chile se identificaron 14 tipos de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Uganda se documentaron más de 300 casos de desaparición y en Guatemala, con un solo documento que identificó a más de 180 víctimas, se develó la existencia de una estrategia política para desaparecer ciudadanos aparentemente opositores al gobierno. (Descargue el documento de Guatemala en PDF)

Además de ayudar a la justicia, las verdades también sirven para recordar lo que pasó y reparar a las víctimas, sostiene el español Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras y uno de los cinco expertos internacionales que asesora en Colombia, desde principios de este año, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). A su juicio, en la mayoría de los casos los archivos han sido definitivos en las comisiones de la verdad porque muchas veces los testimonios que estas recopilan son contradictorios, mientras que un documento es más contundente.

Cuando han intentado saber qué pasó en otras partes del mundo, uno de los mayores obstáculos ha sido la actitud de los gobiernos y la Fuerza Pública, de donde provienen los principales archivos. En la búsqueda de la verdad cualquier papel, fotografía, video o audio puede ser fundamental. En entrevista para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la especialista norteamericana Trudy Peterson, quien trabajó 24 años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, puso como ejemplo una experiencia vivida en Perú: “Recuerdo que durante la Comisión de la verdad, leí un artículo en que se le preguntaba a la gente de la calle qué pensaba del reporte de la Comisión y un hombre respondió: ‘Ellos no me dijeron que pasó con mi hermano’. Y esa es la verdad, aunque haya una comisión de la verdad, los documentos son esenciales para empezar a seguirle la pista de lo que pudo haber pasado con alguien que desapareció”.

“Generalmente el gobernante sólo se preocupa por cómo lo puede afectar un archivo y no lo ve en positivo, como algo para construir memoria”, explica Alberch. Una de las primeras reacciones de las instituciones del Estado en las primeras fases de la época de posconflicto es proceder a la destrucción masiva de documentos, con lo que se pretende borrar toda huella de sus estrategias de control de la seguridad que, en muchos países, generaron graves violaciones a los derechos humanos.

En Argentina, por ejemplo, “se dio orden de quemar todos los archivos antes de que los militares abandonaran el poder y se hizo a conciencia”. Así lo narra Priscilla Hayner, cofundadora del Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), en su libro Verdades innombrables. En Guatemala, la extinta Policía Nacional guardó más de 12 millones de documentos, que de ponerse en línea recta uno detrás de otro medirían casi 8 km. Estos fueron encontrados por casualidad en 2005, durante un procedimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese país en una vieja edificación de la ciudad de la capital guatemalteca.

El tema es tan importante que desde La Habana, Cuba, sede de las negociaciones entre la guerrilla de las Farc y la administración del presidente Juan Manuel Santos, para terminar con 50 años de confrontación armada, voceros del grupo insurgente solicitaron el pasado 4 de marzo la apertura de los archivos estatales y la desclasificación definitiva de la información reservada sobre los asuntos relacionados con el conflicto y su persistencia, lo que, a su juicio, contribuiría con el esclarecimiento de la verdad.

De allí la importancia de qué hacer con la información que se recopile en una eventual comisión de la verdad en Colombia. El gobierno ya tomó una parte de la decisión en 2011 al designar al Centro Nacional de Memoria Histórica para esta tarea.

En quiénes confiaron los otros
0-comisiones-de-la-verdad-y-archivosCuando la comisión de Guatemala entregó su informe, a Kate Doyle una de las investigadoras le llegó una lista con la reseña y fotografía de más de 180 desaparecidos por la Policía. Luego, esta se conoció como Diario Militar. Foto: VerdadAbierta.com.

En 1992, los alemanes se la jugaron por el Estado, para que guardara 40 millones de documentos, miles de grabaciones y fotografías sobre lo que pasó en la dictadura de la República Democrática Alemana, que vigiló a los ciudadanos a través de una compleja red de espías e informantes articulados al Ministerio para la Seguridad del Estado, conocido como la Stasi.

Seis años después, el parlamento germano siguió las sugerencias de las dos comisiones de la verdad que habían existido hasta el momento y creó una fundación para discutir sobre la dictadura y guardar los archivos recopilados, que hasta entonces estaban en su poder. Hoy, gran parte de esa información está publicada en internet y en el museo de la Stasi en Berlin, que es frecuentemente consultada por víctimas del régimen comunista para obtener pruebas que son llevadas a los estrados judiciales en busca de una reparación. (Leer: Los ‘muros’ que tendrá que derribar Colombia para el posconflicto y “Si quieres una democracia real, los ciudadanos deben tener datos”)

“En Alemania, los archivos los guarda el Estado, pero porque la gente confía. En gran parte debido a que el director (comisionado federal) de los archivos es elegido por mayoría en el Parlamento. Cada candidato tiene que mostrar que es la persona más preparada, ecuánime, con un currículo limpio, con un pasado de primera y que no hay dudas de su probidad”, detalla Alberch.

El Archivo de la Stasi es independiente de cualquier estamento político y define sus propias líneas a seguir. Una muestra de lo que significa estar a la cabeza de esta institución es que su primer director, Joachim Gauck, es el actual presidente de Alemania.

Pero no todos los casos en los que le dieron potestad al Estado han sido exitosos. En Bolivia, el Ministerio del Interior era la cabeza de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, pero hoy no se saben dónde están los documentos que recopilaron.

En Chile se le entregó el reporte al entonces presidente Patricio Aylwin y luego toda la información pasó al Ministerio del Interior. Actualmente, los registros se reservan para uso oficial. Sólo existe una “copia genuina” de la investigación, que está en manos de la organización no gubernamental Corporación Justicia y Democracia, puesto que a todos los archivos manejados por otras entidades le agregaron o borraron partes.

Otra alternativa es confiar en organismos internacionales. En El Salvador los jesuitas impidieron la idea inicial de crear un cuerpo académico en Estados Unidos, con participación de salvadoreños, que tuviera los archivos. Al final, la información fue enviada para la custodia del Secretario General de la ONU, establecido en Nueva York, y desde entonces está restringida para usos de investigación.

Difusión y pedagogía
0-comisiones-de-la-verdad-y-archivosRamón Alberch es uno de los seis expertos (incluyendo al colombiano Gonzalo Sánchez) que conforman el Comité Asesor Internacional del CNMH. Foto: Cortesía del Centro de Memoria Histórica.

Alberch cree que más que dónde guardar los documentos, lo principal es cómo difundirlos. “Se debe utilizar una pedagogía para que el ciudadano tome conciencia de lo que pasó”, indica.

En Sierra Leona se hizo una versión infantil de los resultados de la comisión. En Perú, un libro de fotografías y un resumen de los principales hallazgos de su comisión de la verdad fueron distribuidos durante cinco semanas como suplemento de un periódico de amplia circulación nacional. En Nigeria se trasmitieron en vivo las sesiones de la comisión durante todo un año.

“En España recuerdo mucho un documental que nos pasaron cuando estábamos en bachillerato. Éramos unos niños que veíamos la guerra civil como algo pasado, pero al ver eso nos dimos cuenta que las consecuencias llegaban hasta nuestros días”, recuerda Alberch.

En Colombia casi todo el camino está por recorrer. El CNMH está construyendo una política pública para el manejo de archivos (descargue versión PDF y todavía no se ha conformado una comisión de la verdad. Su tiempo es limitado puesto que por ley sólo va hasta 2021. Aun así, Alberch considera que el CMH es quizá el organismo en el mundo que tiene mejor estructuradas sus políticas y le da “mucho mérito” al caso colombiano pues “es uno de los pocos países en donde las iniciativas de archivos han venido del gobierno” (lea ‘Los archivos de la Operación Sirirí’). En cuanto al tiempo, dice que no le preocupa puesto que el Archivo de la Stasi también tenía un límite y lo han prolongado tres veces desde 1996.

Además, este experto califica como “algo único” el hecho de que en Colombia se quiera restituir tierras, reparar a las víctimas y recuperar la memoria sin que el conflicto haya terminado pues en otros casos hubo una ruptura para empezar a hacer esto. “En España se acabó la guerra civil y luego se intentó reparar. En Alemania, finalizó la guerra mundial y se buscaron en un sólo país los que antes estaban divididos. En Argentina, se terminó la dictadura y empezó la democracia. Pero en Colombia todo sigue en marcha”, indica.

A pesar de los buenos pronósticos existen dificultades que preocupan a los expertos. Trudy Peterson señala que el reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares, mientras que al CNMH “le llama la atención” el aumento de la reserva del sumario de 30 a 45 años sobre documentos judiciales, a lo que se debe agregar la presunta desaparición de los archivos del DAS que muestran los excesos que cometió al investigar a ciudadanos, miembros de la Justicia y opositores al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La discusión apenas empieza y, a diferencia de otros países, se deberá resolver en medio del conflicto, lo que es un avance, pero también un gran riesgo.

Así se ha movido el proceso de paz en 2015

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En lo corrido de este año, los diálogos en La Habana entre el gobierno y las Farc han logrado avances importantes que favorecen directamente a las víctimas y que hacen referencia a cómo bajar, poco a poco, la intensidad de la guerra.

Los bombardeos cambiaron la guerra en Colombia

El cese temporal de los bombardeos a campamentos de las Farc es un gesto de reciprocidad del gobierno frente al cese unilateral que ha mantenido ese grupo guerrillero. Esta es la historia del papel que han jugado los bombardeos en los últimos 20 años.

0-bombardeosAviones de combate de la Fuerza Aérea de Colombia. Foto: archivo Semana.

Si a algo le han temido los guerrilleros de las Farc en los últimos años es a los bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía contra sus campamentos en la selva. Así lo reconocieron voceros del grupo subversivo en La Habana, Cuba. “Son absolutamente monstruosas, nos han hecho tanto daño”, le dijo ‘Andrés París’ a VerdadAbierta.com en diciembre de 2012.

Y es que desde que entraron en operación versátiles aviones Super Tucano cargados con bombas inteligentes, la confrontación armada entre el Estado y ese grupo insurgente cambió radicalmente. La estrategia de atacar rápido y por sorpresa significó no sólo la muerte de jefes guerrilleros como ‘El Negro Acacio, ´Marín Caballero’, ‘Alfonso Cano’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Raúl Reyes’; sino en ocasiones la desaparición de frentes enteros.

Por eso que el presidente Juan Manuel Santos ordenara ayer “cesar los bombardeos sobre los campamentos de las Farc durante un mes” con el fin de “impulsar el desescalamiento del conflicto”, es un mojón más en el camino para ponerle fin al conflicto. Es un gesto de reciprocidad con la guerrilla, que ha venido cumpliendo el cese unilateral del fuego, y que también se dispone, junto con los militares, a iniciar el desminado de importantes zonas del país. Según Santos, en un mes se evaluará y decidirá si este cese temporal se extiende o no.

Estudiosos del conflicto armado colombiano como Carlos Medina Gallego han sostenido en diversas ocasiones y ante varios auditorios que es a partir de la modernización de las Fuerzas Armadas que propicia la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la posterior aplicación de la política de seguridad democrática durante los dos periodos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010), que se recurre a la inteligencia técnica y humana para golpear a las Farc.

“Las Farc comienzan a recibir golpes sin combatir, gran parte de las fuerzas insurgentes perdieron la vida sin combatir. Un chip, un avión, una bomba y destruía una unidad insurgente de tamaño importante”, dijo Medina Gallego en una intervención a finales del año pasado en Tame, Arauca.

Las sucesivas derrotas militares propinadas por los bombardeos fueron introduciendo cambios en la vida cotidiana de los frentes. Análisis internos del Bloque Iván Ríos, que opera en Antioquia, Córdoba y Chocó, realizados en septiembre de 2013, muestran hasta dónde han sido afectados. En un documento de esta unidad de las Farc, conocido por VerdadAbierta.com, revela que la intensidad de sus ataques se redujo “por las nuevas tecnologías utilizadas por el enemigo” y dejan claro que toda acción armada debe ser “en tiempo corto, no dando tiempo a las reacciones del apoyo aéreo”.

Una mirada a la historia muestra que uno de los primeros bombardeos de gran significado estratégico fue el realizado en ejecución de la Operación Colombia el 10 de diciembre de 1990 a Casa Verde, zona rural del municipio de La Uribe, Meta, un campamento central de las Farc, donde operaba el secretariado de ese grupo armado, su máximo órgano de decisión. Sin embargo, para aquellos años, según diversas fuentes documentales, esas acciones aéreas se ejecutaban en apoyo a las fuerzas desplegadas en tierra y tenían más impacto psicológico que real. En aquella ocasión se arrojaron 186 bombas.

Así quedó el campamento de 'Raúl Reyes' tras el bombardeo. Foto archivo Semana.

Uno de los mayores problemas que afrontaban las operaciones aéreas durante buena parte de la década del noventa fue la cercanía de áreas habitadas por donde se movían las células guerrilleras, lo que generaba un alto riesgo de afectar a la población civil. Un ejemplo de esas afectaciones es lo ocurrido en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, en Arauca, el 13 de diciembre de 1998.

Ese día se perseguía a una columna de las Farc que había atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, cerca del poblado, y en su retirada, ingresaron al caserío, buscando camuflarse entre los pobladores. Un rato después se escuchó una gran explosión que dejó 17 personas muertas, entre ellas varios menores de edad. Si bien, la jefatura de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) declaró que los guerrilleros habían detonado una bomba, lo que se comprobó después fue que sobre el caserío se arrojó una bomba tipo racimo desde una aeronave. Por este caso hay varios oficiales condenados.

La modernización aérea comenzaría en 2001, cuando se incorporan a las aeronaves Kfir y Mirage sistemas de visión nocturna y de direccionamiento de las bombas, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en adquirir este tipo de instrumentos para combatir una guerrilla que adelantaba por lo menos el 80% de sus operaciones en la noche.

Una segunda oleada de bombardeos se presentó una vez se rompieron los diálogos del gobierno presidido por Andrés Pastrana y las Farc que se venían sosteniendo en San Vicente del Caguán, para lo cual se habían despejado 42 mil kilómetros como muestra de confianza para buscar una salida negociada a la confrontación armada con ese grupo subversivo. Las conversaciones se rompieron a raíz del secuestro de un avión de pasajeros el 20 de febrero de 2002.

Ese hecho llevó al gobierno a recuperar la zona del Caguán, como era conocida, y se recurrió a bombardear varios campamentos de las Farc utilizado para ello 31 aviones, entre Mirage, Kfir, A-37, T-37, AC-47, OV-10 Bronco y los Embraer Tucano, que fueron adquiridos a mediados de la década pasada. En esa época se lanzó por primera vez una bomba guiada por láser tipo Griffin.

Los aviones, junto a una sofisticada tecnología satelital, hicieron que los bombardeos se volvieran precisos, silenciosos, y devastadores en su capacidad de fuego. Testimonios de guerrilleros que han sobrevivido a ellos los describen como una luz que lo ilumina todo de repente, pues suelen ocurrir en la noche, y al que es difícil escapar. La onda expansiva es tan brutal que puede arrancar de un tajo los órganos de las personas, o sus extremidades. Por eso las Farc califican esta arma de “monstruosa” y admiten que les “han hecho tanto daño”.

Acciones áreas claves
En una nueva fase de confrontación, tal como lo reseñó Medina Gallego, las acciones aéreas contra posiciones de las Farc fueron minando los principales cuadros de la organización insurgente. VerdadAbierta.com refiere, en una línea de tiempo, los bombardeos que tuvieron más impacto en el conflicto armado.

2 de septiembre del 2007
Tomás Medina, alias el ‘Negro Acacio’. Foto: archivo Semana.

Miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional y agentes del DAS desplegaron la operación 'Sol Naciente' en la que, tras un intenso bombardeo, murió Tomás Medina, alias el ‘Negro Acacio’, junto a otros 16 guerrilleros, en zona selvática del Guaviare. 'Acacio' controlaba el tráfico de cocaína en las selvas de Vichada, Vaupés y Guaviare, y manejaba gran parte de las finanzas del grupo guerrillero.

1 de marzo de 2008
Militares ecuatorianos en el campamento de 'Raúl Reyes' tras los bombardeos. Foto: archivo Semana.

En un operativo conocido como ‘Operación Fénix’, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó, en territorio ecuatoriano, el campamento de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, para ese entonces el segundo jefe más importante del secretariado de las Farc. En el ataque murieron 21 guerrilleros más.

21 de julio de 2008
En medio de una operación conocida como ‘Gibratal’, coordinada por la Policía y el Ejército, se bombardearon los campamentos de los frentes sexto y 30 de las Farc en  Corinto, Cauca.  En la operación murió Luis Carlos Ramos Pineda, alias 'Dago', jefe de logística y finanzas del frente sexto de las Farc.

16 de diciembre de 2009
En un operativo conjunto, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional bombearon un campamento del frente noveno de las Farc en el oriente antioqueño,  donde murió e Rubén Darío García Gómez, alias ‘Danilo’, quien de acuerdo con las autoridades era el jefe de este frente guerrillero.

30 de marzo de 2010
En límites de los departamentos de Tolima y Quindío, murió Ciro Gómez Rayo, alias ‘Enrique Zúñiga’, comandante del Frente 50 de las  Farc, Ciro Gómez Rayo, alias Enrique Zúñiga, y otros seis guerrilleros más. Su campamento fue bombardeado en un operativo de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana.

20 de septiembre del 2010
En un bombardeo en el municipio de San Miguel, Putumayo, murió Sixto Antonio Cabaña Guillén, alias 'Domingo Biojó', jefe político del frente 48 de esa guerrilla. También otros 22 guerrilleros.

23 de septiembre del 2010
mono-jojoy-620x400Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge Briceño' y 'Mono Jojoy'. Foto: archivo Semana.

El jefe militar y segundo al mando de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge Briceño' y 'Mono Jojoy', murió durante un bombardeo de las Fuerzas Militares a su campamento en zona selvática de La Macarena, en el Meta. En la operación conocida como Sodoma murieron siete guerrilleros más.

4 de noviembre de 2011
Campamento de 'Alfonso Cano'. Foto: archivo Semana.

‘Operación Odiseo’ fue el nombre que las fuerzas militares le dieron al bombardeo que terminó con la vida de Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’. En el operativo murieron también alias ‘El Zorro’, encargado de las telecomunicaciones de la guerrilla, y alias ‘Patricia’, la compañera sentimental de Cano, además fue capturado su jefe de seguridad, ‘El Indio Efraín’.

28 de marzo de 2012
La Fuerza Aérea bombardeó  uno de los campamentos principales del bloque Oriental de las Farc, en Vista Hermosa, Meta, donde murieron seis jefes de diferentes frentes de este bloque guerrillero,  entre ellos Alias ‘Arsecio Niño’, primer cabecilla del frente 27, y alias  'Marrano' o 'Gildardo', responsable del asesinato de tres indigenistas estadounidenses en 1999, en Arauca.

31 de enero de 2013
En un bombardeo coordinado por la Policía y las Fuerzas Militares  en el Nudo del Paramillo, murió Luis Carlos Úsuga Higuita, alias ‘Jacobo Arango’, jefe del frente V de las FARC y miembro del estado mayor del Bloque Iván Ríos. En el ataque murieron otros cinco guerrilleros.

26 de agosto de 2013
La Fuerza Aérea, con información de la Policía, ubicó y bombardeó un campamento perteneciente al frente 57 de las Farc en la vereda La Nueva de Riosucio, Chocó. El resultado fue la muerte de Virgilio Antonio Vidal Mora, alias ‘Silver’, cabecilla de este frente y quien era considerado un hombre clave para el tráfico de drogas y armas en esa zona.

19 de enero de 2014
A causa de un bombardeo contra un campamento guerrillero en la vereda Las Nubes del municipio araucano de Puerto Rondón murieron 14 integrantes de la denominada columna móvil Alfonso Castellanos y otro guerrillero fue capturado.