El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco

En la misma región donde fueron asesinados seis campesinos que se oponían a la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, fue ultimado este líder del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera. La organización afrodescendiente y la víctima habían denunciado reiteradamente amenazas de muerte. Al parecer, en el puerto nariñense sobre el Pacífico se consolidó primero el crimen organizado que el Estado colombiano.

vocal ccamyf 1José Jair Cortés, líder del consejo comunitario Alto Mira y Frontera asesinado en la zona rural de Tumaco, Nariño. Foto: archivo particular.

La región de Alto Mira y Frontera, zona selvática del corregimiento de Llorente, se ha convertido en un escenario sangriento y lleno de zozobra al 'alba' del denominado posconflicto, tras la desaparición de las Farc como grupo alzado en armas. Mientras los campesinos todavía lloran sus muertos, asesinados por oponerse a la erradicación forzada de los cultivos de denominado uso ilícito que les da su sustento, la tragedia toca a sus vecinos, los afrodescendientes, con quienes comparten el territorio en esa empobrecida zona tumaqueña. (Ver: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)

Cortés, quien desde hace dos periodos se desempeñaba como vocal de la Junta de Gobierno del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, fue asesinado en la tarde de este martes en la vereda El Restrepo. El crimen ocurrió a pesar de que contaba con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de que los líderes de ese territorio colectivo habían denunciado la situación extrema en la que se encuentran. Por el momento se desconocen los detalles de este crimen.

El principal motivo de las amenazas está relacionado con su apoyo y el de la Junta de Gobierno al programa de sustitución de cultivos de hoja de coca que está adelantando el gobierno nacional en desarrollo de la implementación del acuerdo pactado con la guerrilla de las Farc para buscar ponerle fin al problema de las drogas ilícitas.

La situación de riesgo había sido advertida desde finales de agosto por los 12 miembros de la Junta de Gobierno del consejo comunitario quienes tuvieron que desplazarse al casco urbano de Tumaco en busca de protección de las autoridades.

VerdadAbierta.com accedió a documentos que dan cuenta que en una sesión del pasado 28 de septiembre del Comité de Justicia Transicional de Tumaco, al que asisten diversas entidades del Estado y organismos humanitarios, se conocieron las amenazas contra los representantes de la Junta de Gobierno, “por parte de un actor armado ilegal de la zona dedicado al negocio del narcotráfico”.

Según lo denunciado, los hechos ocurrieron a mediados de septiembre, “cuando las personas de algunas veredas fueron citadas por un nuevo actor armado ilegal a una reunión donde se les informó que desde cada vereda deberían delegar a 30 personas para que se movilicen y se opongan, incluso a través del uso del a violencia, a las jornadas de erradicación que se están llevando en la zona de Alto Mira y Frontera”.

De acuerdo con relatado, en esa reunión varias comunidades afrodescendientes se resistieron, razón por la cual “declararon objetivo militar a los miembros de la Junta de Gobierno y a algunos líderes y lideresas”. Fuentes consultadas al respecto le contaron a este portal que los lideres están confinados en una casa en Tumaco y presentan cuadros de estrés e hipertensión.

Además, un líder del consejo comunitario, que pidió mantener en reserva su identidad, le contó a este portal que un hombre identificado con el alias de 'Cachi', quien es conocido en la región como un 'narco puro', amenazó con matar a dos personas de cada comunidad, si no apoyaban las movilizaciones que se oponían a la erradicación de cultivos, las cuales posteriormente derivaron en la masacre del pasado 5 octubre. “Por apoyar la sustitución de cultivos, nos señalan de ser responsables de las operaciones de erradicación en la región”, indicó.

Como si fueran poco esas advertencias, los líderes afro expusieron nuevamente su situación de vulnerabilidad la semana pasada en el Comité de Justicia Transicional de Tumaco, el cual sesiona de manera permanente desde el 9 de octubre; y seguramente el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, debió ser alertado de la misma, pues tras la masacre de los campesinos, trasladó durante siete días su despacho a ese municipio.

Las amenazas y el asesinato de Cortés no son los únicos golpes que ha padecido la Junta de Gobierno de ese consejo comunitario que fue reconocido jurídicamente por el Incoder en 2005 y que ha librado diferentes batallas para proteger su territorio. (Ver: Comunidades afro, tras tierras ancestrales en Nariño y Protegiendo territorios étnicos a punta de demandas)

El 3 de agosto del año pasado, durante las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, hombres de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc asesinaron a Genero García, quien se desempeñaba como representante legal del consejo comunitario. García estuvo desplazado un año en Bogotá y regresó a trabajar por su comunidad tras recibir protección otorgada por medidas cautelares. (Ver: “Las muertes de líderes son excesivas en Tumaco”)

Tras conocerse la noticia del asesinato de José Jair Cortés, el gobernador Nariño, Camilo Romero, le pidió a las autoridades que esclarezcan este crimen y señaló que les “afecta profundamente esta muerte, justamente días después de habernos reunido con él y los demás miembros de esta Junta de Gobierno correspondiente al territorio donde recientemente se presentaron los dolorosos hechos que dejaron seis campesinos muertos y decenas de heridos”.

El gobierno nacional considera a Tumaco como un municipio estratégico para la consolidación de la paz y por eso el vicepresidente Naranjo ha estado recientemente varias ocasiones en él sin lograr mayores resultados. Al respecto, en entrevista con este portal, Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señaló que ello se debe a que "el Estado colombiano no tiene niveles de coordinación. En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones. El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente".

Aparte de ser una de las regiones con más cultivos de coca sembrados en el país, Alto Mira y Frontera se encuentra a merced de grupos narcotraficantes y disidencias de las Farc que se disputan el control territorial. Por allí transitan grupos de los disidentes 'David' y 'Guacho'. Por lo ocurrido hasta ahora, parece que en el inicio del posconflicto se consolidó primero el crimen organizado que el Estado colombiano.

"La frustración con la implementación de la paz es explosiva": Todd Howland

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se mostró preocupado por la masacre de campesinos en Tumaco, las dificultades que enfrenta el Estado para cumplir el acuerdo firmado con las Farc, el papel de la empresa privada en esta etapa de transición y las disputas políticas, que impiden tener una percepción clara de los derechos de los ciudadanos.

entrevista todd howland 1Howland llegó al país el 30 de enero de 2012. Foto: archivo Semana“Lo que veo en Colombia son oportunidades perdidas”, dice con tono preocupante Todd Howland al referirse a las dificultades que enfrenta la implementación de los acuerdos pactados con las Farc en La Habana y ratificados en Bogotá hace once meses. Uno de los problemas que observa es que las disputas políticas impiden concentrarse en trabajar por los derechos, sobre todo por las comunidades más vulnerables.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia cree que son muy pocos lo que están dispuestos a hacer sacrificios por las personas en las áreas rurales y cuestiona que muchos sectores en el país están en “modo espera”, expectantes en lo que haga el gobierno nacional.

Howland está a pocas semanas de terminar su mandato en Colombia, a donde llegó en enero de 2012, cuando las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc todavía estaban en fase exploratoria, para asumir la dirección de la sede en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Venía de El Congo, donde había ocupado el mismo cargo, acumulando 25 años de experiencia en posiciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, tanto en la ONU como en otros organismos internacionales.

Rápidamente, el diplomático se convirtió en un mediador clave entre el gobierno nacional y los movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como en un impulsor y defensor de las conversaciones con las Farc. Hoy, a pocas semanas de terminar su mandato en el país y tras once meses de firmados los acuerdos con la antigua guerrilla, enfrenta uno de los episodios más difíciles de su trabajo en Colombia: la masacre de seis campesinos en Tumaco (Nariño), ocurrida el pasado 5 de octubre, en medio de una protesta por las acciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos adelantadas por la Fuerza Pública. (Ver: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)

Esa matanza, así como el surgimiento y la expansión de nuevas y viejas estructuras criminales, ha minado la confianza de Howland en que el acuerdo, tal como prometieron el gobierno nacional y las Farc en La Habana, le pusiera punto final a la violencia política y contribuyera a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que vive el país desde hace décadas.

VerdadAbierta.com habló con Howland sobre los desafíos que enfrenta el país para implementar los acuerdos de paz, el papel de los empresarios en esta etapa y las distintas visiones sobre el desarrollo económico, que continúan generando tensión entre el gobierno nacional y las comunidades.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué lectura hace su Oficina del contexto en que ocurrió la masacre de Tumaco?

Todd Howland (TH): Antes del proceso de paz la situación era suficientemente complicada, porque el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera tenía varias dificultades con la presencia de las Farc en su territorio y con la llegada de colonos asociados a la economía ilícita de la coca, que generan un problema de tierras porque ese es un territorio colectivo (de comunidades afro). Además, de tiempo atrás había muerte de líderes por fricciones con paramilitares y con las Farc, por lo que el consejo tenía líos para mantener el gobierno propio. Con el proceso de paz se abrió la posibilidad de hacer unos cambios: se dijo que el consejo vería reconocida su autoridad y tendría el dominio del territorio, mientras los colonos podrían solucionar sus problemas de violaciones de derechos económicos, sociales y políticos. El proceso generó unas expectativas, pero ahora debemos comenzar a hablar de la realidad.

VA: ¿A qué realidad se refiere?

TH: En Tumaco la desmovilización de las Farc fue difícil, porque muchas de las personas involucradas en los grupos ilegales que estaban dedicados al narcotráfico y vinculados a la guerrilla no fueron reconocidas en el proceso de desmovilización. Las Farc no querían que entrara gente muy criminalizada, por lo que esas personas quedaron sueltas, acostumbradas a actuar en la ilegalidad y con la economía de la coca. El gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones.

entrevista todd howland 2El pasado 12 de octubre, la Comisión Étnica para la Paz le rindió un acto de reconocimiento a Howland, que está a punto de abandonar el país. Foto: Comisión Étnica para la Paz.VA: Durante los últimos meses el vicepresidente Óscar Naranjo ha visitado varias veces el municipio e incluso inauguró allí un Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia. Si el Estado, en cabeza de Naranjo, ha considerado a Tumaco como un territorio estratégico, ¿por qué ha sido incapaz de disminuir la tensión en la zona?

TH: El Estado colombiano no tiene niveles de coordinación. En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones. El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente.

VA: Las comunidades de esa zona también han denunciado presiones de grupos armados ilegales que se oponen a la sustitución. ¿Cómo afectan esas organizaciones criminales el proceso de implementación?

TH: En Antioquia, por ejemplo, se aspira a eliminar la coca mientras el Clan del Golfo está consolidando poder, tiene habilidad de corromper a las autoridades locales y a la Fuerza Pública, y ha demostrado poco interés en que se haga la sustitución. Así no se va a transformar ni una hectárea de coca en el departamento. Aparte de eso, a estas zonas llegan los funcionarios a hablar con los campesinos y los líderes comunitarios sobre la sustitución, poniendo en riesgo a la gente, que ya ha sido víctima de muertes, amenazas y desplazamientos. El gobierno está trabajando día y noche en este tema, pero debe reorientar el enfoque.

VA: Aunque esas estructuras ilegales son una amenaza para el proceso, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones campesinas de Tumaco señalan a la Policía Antinarcóticos como la responsable de haber disparado contra los manifestantes. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Fuerza Pública en estos escenarios de alta conflictividad social?

TH: Si las cosas fueron como dice la Defensoría, porque no me corresponde a mí señalar responsabilidades, es importante entender por qué la Fuerza Pública habría disparado, por qué no siguió sus propios protocolos. Porque esto no es normal, teniendo en cuenta que estas protestas en Tumaco son pan de cada día. Necesitamos entender esa parte, porque, si no, esto puede replicarse, dado que los mismos factores que existen en Tumaco están en otros 42 municipios del país: pobreza; existencia de economías ilegales, como la coca; grupos como el Clan del Golfo, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc; y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación (forzada).

VA: Además de la falta de coordinación institucional, ¿qué otros problemas enfrenta el Estado para cumplir la parte del acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas?

TH: Aparte de tener metas que no son realistas, el gobierno tiene la necesidad de pensar en mercados. Mientras a la gente llegan a la casa a comprarle la coca, no hay vías para transportar los productos lícitos y el acceso a los mercados es pobre. Esto es algo que tiene que resolverse antes de la sustitución, porque si no se va a perder mucha plata y el proceso no va a ser sostenible. Aunque la sustitución no tiene dinero, entidades estatales como el Inpec, la Fuerza Pública y las escuelas, que adquieren mucha comida, podrían comprársela a personas que hacen parte del programa de sustitución o a víctimas del conflicto armado. El problema es que habría que priorizar esas compras frente a los contratos actuales, por lo que alguien tendría que perder. Parece que hay una dificultad de parte del Estado, por razones políticas, intereses institucionales e intereses individuales, en el sentido de que nadie quiere hacer ningún sacrificio por los derechos de las personas de las áreas rurales.

VA: La empresa privada también podría comprar esos insumos. ¿Cómo percibe el interés de los empresarios en las economías campesinas?

TH: La polémica política que hay en el país ayuda a que nada cambie, porque todo el mundo tiene miedo. Las empresas podrían ir directamente a hacer acuerdos con las acciones comunales del Catatumbo (Norte de Santander), El Bagre (Antioquia), Alto Mira y Frontera (Nariño), pero parece que estuvieran esperando algo del gobierno. Los consumidores, de otro lado, están en modo de 'no me importa'. Si el 50 por ciento de la gente en Colombia está de acuerdo con que la gente de estas áreas rurales tenga una mejor vida (en razón de los resultados del plebiscito), debería comprar la comida que ellos producen. Pero, de nuevo, la gente a favor del proceso de paz tampoco está organizada. Parece que todo el mundo está esperando, y así no se va a cambiar nada.

VA: ¿La parálisis que señala podría obedecer a una falta de liderazgo en el sector?

TH: Este problema entre (el presidente) Juan Manuel Santos y (el senador) Álvaro Uribe, entre el 'sí' y el 'no', hace que la gente no se sienta parte de una sociedad que puede cambiar. Este es, además, un Estado muy neoliberal, pero los empresarios creen que el gobierno es el que debe resolver todos los problemas. Desde el punto de vista del desarrollo, si la gente tiene más dinero va a comprar más productos; entonces, ¿cuál es el interés de que la gente siga en la pobreza? Esta es una contradicción entre una economía feudal que tiene la idea de explotar para ganar dinero, que está desactualizada 200 años, y una economía que entiende que hay diferencias en el margen, pero que todo el mundo debe tener más dinero para comprar más.

entrevista todd howland 3Howland ha cuestionado públicamente las demoras en la implementación del acuerdo de paz. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá.VA: La comunidad internacional ha jugado durante años un papel activo en la mediación de los conflictos entre las comunidades y el Estado. ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar esa comunidad en este nuevo escenario?

TH: Uno de los problemas que tenemos en la comunidad internacional es que nuestras intervenciones están basadas en decisiones políticas y no necesariamente en las necesidades de la gente. Hay mucha inversión en cosas que a veces no son las más difíciles, en proyectos demasiado cortos que se basan en el dinero de los donantes. Parte de eso ocurre porque el gobierno tiene que ser más franco con su propio análisis del problema, porque este es un país desarrollado que tiene mucha gente sin acceso a agua potable, a la escuela, a la salud.

Ahora, nosotros estamos trabajando con gente que no conoce la realidad: en el sistema internacional estamos haciendo reflexiones del país contratando la gente que sale de las mismas universidades de siempre, por lo que tenemos los mismos análisis del gobierno, con la dificultad de que hay muy pocos campesinos, indígenas y afro que trabajen en nuestras sedes y que pueden tener una perspectiva distinta sobre cómo se puede empoderar a las comunidades y crear un canal político con el Estado. En la comunidad internacional estamos lejos de priorizar lo que puede ser útil en razón del proceso de paz.

VA: Durante sus años en Colombia usted ha tenido una relación muy cercana con los pueblos étnicos. Actualmente, las comunidades afro e indígenas denuncian una eventual exclusión del Capítulo Étnico del acuerdo del Plan Marco de Implementación que está diseñando la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI). ¿Cómo cree que pueda resolverse ese obstáculo?

TH: Yo creo que ellos deben parar de ir a tantas reuniones en la CSIVI y comenzar a litigar estos casos. Si hay resistencia política para empoderar a las comunidades afrodescendientes e indígenas, tienen que emplearse estrategias distintas. A las comunidades les gustan las reuniones y las movilizaciones, y eso está bien. Pero pueden usar otras estrategias, que son más fáciles que movilizar miles de personas, como la orden de un juez en el sentido de que tiene que respetarse el Capítulo Étnico. La CSIVI es una máquina de discusiones, con un desacuerdo permanente, y los movimientos sociales no pueden pensar que es el único escenario para facilitar cambios en razón del acuerdo. (Ver: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)

VA: ¿Por qué cree que hay tanta resistencia en el gobierno para implementar este Capítulo, negociado a última hora en La Habana?

TH: Por muchos años, los indígenas, afros y campesinos han sido votos capturados, y esta situación le conviene a mucha gente. Empoderar comunidades en razón del gobierno propio les quita influencia a los partidos tradicionales y a los alcaldes. También está el tema de la consulta previa, que tiene una estigmatización completamente inapropiada, de personas que dicen que es un freno al desarrollo. Hay gente dentro y fuera del gobierno que no quiere buscar acuerdos reales con esos pueblos, porque esos pueblos tienen otros valores. Pero la Constitución dice que este es un país multiétnico y pluricultural, por lo que las personas no pueden imponer sus ideas sobre el desarrollo. El verdadero freno de este país son la corrupción y la falta de inclusión económica y política, de derechos básicos. Esta es una de las cosas que más me ha molestado: culpar a los indígenas y afros por la falta de desarrollo. Es ridículo.

VA: ¿Las empresas multinacionales podrían tener responsabilidad en esa estigmatización sobre la consulta previa?

TH: La diversidad de empresas que hay en Colombia es muy grande. Algunas de ellas, como Enbridge, que tenía el contrato para construir el oleoducto subterráneo del Pacífico, llegó con la idea de no generar daños al ambiente, de hacer una buena consulta previa, pensando en que si no la hacía bien podría tener problemas después. Pero hay otras empresas que llegan pensando que aquí no hay gente, o que la gente que vive en los territorios es un obstáculo. Ahora, la responsabilidad social (empresarial) tiene que estar relacionada con la manera de operar y no con cuántas sillas se le dan a una pequeña escuela, por ejemplo. En Buenaventura (Valle del Cauca) no hay agua potable, ni hospital, pero hay empresas que podrían beneficiarse de que esos problemas se resolvieran. Sin embargo, se siguen viendo todos los problemas como un asunto del gobierno.

VA: Ahora que va a terminar su mandato en Colombia, ¿cómo evalúa la implementación del acuerdo de paz, que usted apoyó desde la Oficina?

TH: Tenía la esperanza de que el proceso de paz iba a priorizar los derechos de las personas desfavorecidas, afectadas por el conflicto. Antes estaba la idea de que las víctimas eran el centro del proceso, pero todos perdieron el norte relacionado con esa idea, lo cual es muy frustrante, porque nosotros la empujamos: dijimos que los objetivos eran la no repetición y el goce efectivo de derechos. Parecía que se estaba muy cerca de hacer un cambio profundo en la sociedad, pero ese cambio todavía es evasivo porque la sociedad está en modo de espera. Al tiempo, estamos en una situación en la que hay violencia, conflictos que van a comenzar en razón de la interacción entre la Fuerza Pública, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Hay oportunidades perdidas en Colombia, en razón de crear una transformación más profunda y más sostenible asociada a los derechos humanos.

VA: Las dificultades en la implementación han hecho que en las regiones, incluso las priorizadas por el gobierno, también se sienta esa frustración. ¿Cree que esa sensación puede exacerbar los niveles de conflictividad?

TH: La frustración que hay es explosiva, es enorme, en todas partes, y no ayuda a crear una situación estable. La gente tenía una expectativa de que algo iba a cambiar, y ahora lo que está calculando es si está mejor o peor en términos de ganancias, de seguridad. Eso se complica con el hecho de que hay mucha gente de las Farc que no entró al proceso, o que entró y ya está regresando a sus comunidades sin programa (de reintegración). Esta gente también va a hacer parte de esa frustración y puede agravar la situación, dado que sus metodologías de presión pueden ser muy distintas a las de los líderes tradicionales, generando problemas de control y radicalización entre los movimientos sociales. La situación, en general, es muy complicada.

Con rap y filosofía, jóvenes de Norte de Santander hablan de posconflicto

Desde la música y la educación, hombres y mujeres explican lo que ocurre en esta convulsionada región del nororiente del país. El propósito es que la juventud sea más crítica de su realidad y contribuya con su compromiso a transformarla para el bienestar de todos en una época de transición que busca consolidar una paz estable y duradera.

cp catatumbo 0Jornada de la experiencia Haciendo compresiones de paz, de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero.

Yeraldine Alvarado no ha podido continuar con sus estudios de secundaria. No obstante, se diferencia del resto de los jóvenes de su edad en sus actividades: desde el Catatumbo trabaja en iniciativas propias e impulsadas por colectivos y maestros para reconstruir la historia de su territorio, pero también para cuestionar, debatir y proponer cómo pueden ser la generación del llamado posconflicto, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Mientras busca la oportunidad de terminar sus estudios para cumplir con su sueño de estudiar Lenguas, esta chica de 17 años de edad trabaja con comunidades en aquella región transfronteriza, integrada por once municipios. “Hago rap. Soy catatumbera y empecé en la música a los 12 años. Quise llevarle la música a las comunidades más vulnerables. El arte transforma vidas”, dice la joven mientras narra su experiencia.

En aquella convulsionada región, según datos de la Unidad Nacional de Víctimas, el conflicto armado desplazó a 212 mil personas de esta región entre 1985 y el 1 septiembre de 2017. No es un territorio fácil.

Yeraldine explica que empezó a recorrer los municipios sola, pero desde que conoció a La Quinta, un colectivo que promueve el arte del rap, el grafiti y la danza entre los jóvenes, se unió a esta iniciativa. “Todos los años hay un festival alrededor de la música. El más reciente fue titulado Del Norte, bravos hijos, que hace alusión al himno del departamento. Participé con una composición de rap en el festival Artesanos de Paz, llevando el mensaje de que la historia está viva, que podemos cambiarla”, dice.

Esconderse, donde tu respiración no se sienta
pronunciar un Padre Nuestro porque las balas aterran
estallando el silencio que ha dejado el miedo
sobrevivir a esta guerra es lo que queremos en mi Catatumbo
en medio de la montaña se siembra la esperanza de esa paz tan anhelada

La estrofa hace parte de las frases que a puño y letra ha redactado esta inquieta joven. “Mi forma de escribir tiene que ver con lo territorial. Qué es lo que hemos vivido y que los medios de comunicación nacional no muestran. El rap es una forma de narrar la resistencia campesina, de los indígenas Bari, de las abuelas y las hijas... no aceptamos que nos maten más líderes, que es lo que está ocurriendo”, cuenta.

Su resistencia tiene un triste asidero en la realidad: entre 2002 y 2016, en la región del Catatumbo han sido asesinados 9 líderes sociales, según datos de la organización no gubernamental Somos Defensores, que hace un riguroso seguimiento a esos homicidios.

Yeraldine, quien junto a otros jóvenes buscan formar el colectivo El Faro del Catatumbo, cuenta que por medio del arte han hecho visible y de manera critica las realidades de su región, como los procesos de memoria, el acceso a oportunidades educativas y laborales, y la oferta institucional frente a las necesidades de campesinos e indígenas.

“La propuesta educativa del Sena [Servicio Nacional de Aprendizaje] no llena nuestras expectativas. Queremos opciones para que los estudiantes se queden en el territorio; para que el campesino pueda hacer productiva la tierra; y para que los indígenas no tengan que ‘adaptarse’ a un modelo educativo que no es el suyo”, dice Yeraldine, quien en un futuro cercano espera combinar la música con estudios de Lenguas para seguir trabajando en el Catatumbo. “El proceso de paz requiere de confianza, que la gente sienta que hay unión”, afirma, esperanzada en aportar algo desde sus propias iniciativas.

Hacer las paces

cp catatumbo 2En la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, los maestros implementan un modelo pedagógico basado en la lectura crítica. Su rector, Óscar Omar Aldana, considera que esta habilidad es clave para es posacuerdo.A los cuestionamientos de Yeraldine sobre el presente de los jóvenes y su futuro, se suman los maestros de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, para quienes la filosofía no debe ser interpretada por los estudiantes como una materia de “relleno”, de esas en las que un profesor puede tardar horas hablando sobre sus principales exponentes, intentanto que sus pupilos memoricen reflexiones y cuestionamientos para lograr un buen puntaje en las Pruebas del Saber.

Óscar Omar Aldana, rector de este colegio que acoge en cinco sedes a 3 mil estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad y barrios periféricos, explica cómo la pedagogía puede influir positivamente en los jóvenes. “Hemos decidido trabajar en una metodología de la enseñanza para la comprensión. Que haya una lectura crítica sobre la paz y la reconciliación, que los jóvenes trabajen a partir de preguntas y reflexionen, que no traguen entero”, afirma Aldana.

Jorge Enrique Ramírez tiene 25 años años de experiencia docente y es el profesor de las asignaturas de Filosofía y Ciencias Sociales. “Desde las clases invitamos a los jóvenes a tener conciencia de sí mismos, de encontrarse en el contexto que viven; que realicen un ejercicio de recuperar la memoria personal, de identificación a partir del cuerpo, de encontrar esos momentos o circunstrancias que los han marcado y de revisar de qué forma la sociedad influye en sus proyectos de vida”, explica el educador.

cp catatumbo 2Las clases de filosofía, de Jorge Enrique Ramírez, incorporan ejercicios de memoria histórica, juegos de roles y reflexiones sobre el proyecto de vida de los jóvenes.Para este docente, la ‘médula’ de su ejercicio pedagógico se basa en “el cuento de la paz imperfecta y la filosofía para hacer las paces”, estudiando la fenomenología de la vida cotidiana y construyendo la experiencia Haciendo comprensiones de paz.

“Esta propuesta recupera algunas metáforas universales como la de los griegos, como Irene, que significa paz, de hacer la paz en nuestra casa; o el Ubuntu, propio de los africanos, que es “soy porque somos”, de manera que si soy cultura de paz es porque somos producto de esa cultura en la que estoy viviendo. También recuperamos la construcción de una pirámide de justicia que les permita a los muchachos ir creciendo desde el diálogo personal hasta la comprensión del proceso de restauración cuando se hace daño a otro”, relata Ramírez.

El profesor, quien hace parte de la Red Nacional de Docentes por la Memoria y la Paz de Colombia, cuenta que esta experiencia pedagógica está nominada al Premio Compartir al Maestro y al Premio Santillana. En clase los estudiantes han realizado además ejercicios sobre memoria, reconstruyendo la historia sobre masacres ocurridas en el departamento, identificando las víctimas, los actores armados, el contexto, y las posturas y reacciones frente a estos crímenes.

cp catatumbo 4El profesor Luis Eduardo Royero realiza el piloto del Proyecto Ser Humano, en la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, promoviendo el desarrrollo de competencias sobre resolución de conflictos y habilidades productivas. También realizaron un ejercicio de retos y roles durante el Foro Intercolegiado de Filosofía, con ponencias de los estudiantes como Filosofía para hacer las paces y La paz imperfecta. “Estos procesos han sido muy interesantes en una región donde precisamente ganó el No tras el plebiscito”, dice el profesor recordando los resultados de la consulta a los colombianos sobre si aprobaban el Acuerdo de Paz firmado en Cartagena en septiembre del año pasado por el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc tras cuatro años de negociaciones.

El modelo implementado en la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero está inspirado en el Proyecto Ser Humano, formulado por Luis Eduardo Royero. “Se trata de un modelo que promueve la defensa de los derechos humanos a partir del proyecto de vida, así como del desarrollo de competencias relacionadas con la resolución de conflictos y las habilidades productivas. Creemos que el proyecto mejora la actividad de los maestros y al aprendizaje de los estudiantes”, indica el maestro.

“Cuando hay lectura crítica, hay esperanza”, reitera Aldana, rector del centro educativo, recordando la importancia que tiene la pedagogía en tiempos de transición hacia una paz estable, duradera e incluyente.

Las experiencias de Yeraldine Alvarado y de los docentes en Norte de Santander se suman a otras en la región andina-oriental, donde la Ofician del Alto Comisionado para la Paz promueve el diseño de una acción colectiva a favor de esa transición que vive el país, con la participación de maestros, artistas, comunicadores y gestores culturales.

“Disidentes de las Farc no superan el seis por ciento”: Joshua Mitrotti

El director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que lidera el regreso de los excombatientes de las Farc que dejaron las armas a la vida legal, le salió al paso a los cuestionamientos que recientemente hizo la Defensoría del Pueblo a este proceso. “Yo creo que los colombianos somos cortoplacistas”, dice.

Desde el 19 de noviembre del 2014 el politólogo, historiador y especialista en periodismo, Joshua Mitrotti, asumió la dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Foto: archivo Semana. “Me parece que el país no puede ser ingenuo en pensar que vamos a tener un 100 por ciento de éxito”, asevera Joshua Mitrotti con la experiencia que acumula a cuestas en procesos de reincorporación a la vida legal de excombatientes de diversos grupos armados que se han acogido en los últimos años a los programas del gobierno nacional, tanto de manera individual como colectiva.

“Pensar que todo el mundo se va a arraigar a la legalidad es un error”, continúa. Y precisa un dato que, a su juicio, evidencia un resultado importante en el proceso de reintegración que actualmente lidera con exguerrilleros de las Farc: “la disidencia, según los últimos informes, no está por encima del seis por ciento de lo que era originalmente las Farc”; no obstante, reconoce que “es una pequeña minoría que le está haciendo mucho daño al proceso”.

Las alertas sobre aquellos hombres y mujeres que no se acogieron a los acuerdos con el gobierno nacional o que decidieron abandonar el proceso están siendo emitidas con más fuerza durante los últimos meses por comunidades en diversas regiones del país y centros de investigación, que ven en los disidentes un factor de riesgo para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto. (Leer más en: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)

La Defensoría del Pueblo se sumó a esa preocupación y en su más reciente informe de seguimiento a los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se concentran cientos de exguerrilleros, aseveró que el “resurgimiento de la violencia no es ajeno a los procesos de desmovilización” y “ponen en riesgo no sólo a los antiguos miembros de esta organización que dejó sus armas y se convirtió en partido político, sino a las comunidades aledañas”. (Leer más en: Lentitud en avances de acuerdos con las Farc preocupa a Defensoría del Pueblo)

Una de las razones por las cuales la disidencia podría estar creciendo es el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional y la lentitud para atender las necesidades de aquellos que están concentrados en los Espacios Territoriales. Uno de los casos más emblemáticos, en este sentido, sería el de Édgar Mesías Salgado, más conocido como ‘Rodrigo Cadete’, quien se fugó a comienzos del mes pasado con un grupo de hombres armados en medio de la carretera que conduce de Cartagena del Chairá a El Paujil, Caquetá. (Leer más en: ‘Rodrigo Cadete’: las dos caras de la reincorporación)

En entrevista con VerdadAbierta.com, Mitrotti habló de este tema y también de lo que está haciendo el equipo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que dirige, y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), del que también hace parte, junto con otros representantes del gobierno nacional y varios voceros de las Farc. A continuación, presentamos sus apreciaciones.

entrevista mitriotti 5A pesar de que uno de los mayores riesgos son las disidencias, para Mitrotti es un factor previsible en el proceso de reincorporación. Foto: archivo Semana.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué estrategias han planteado desde la ARN para combatir la disidencia y la seguridad de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación?

JM: Yo lo tengo que plantear en estos términos: me parece que el país no puede ser ingenuo en pensar que vamos a tener un 100 por ciento de éxito; pensar que todo el mundo se va a arraigar a la legalidad es un error. Yo creo que hay un resultado importante y es que la disidencia, según los últimos informes, no está por encima del seis por ciento de lo que era originalmente las Farc. Es decir, es una pequeña minoría que le está haciendo mucho daño al proceso.

En el marco del Consejo Nacional de Reintegración estamos discutiendo cómo apoyar realmente toda esta transición para asegurar el mayor éxito y cómo podemos enfocar la atención de mandos medios y poderles dar un rol para que esta transición en lo colectivo y el comunitario ocurra.

VA: Desde que se conformaron esos espacios territoriales, el 16 de agosto de este año, hay un libre desplazamiento por las zonas y muchos exguerrilleros se han ido para sus sitios de origen. ¿Ustedes tienen el dato sobre el número de personas que hay en los espacios o algún porcentaje del número de personas que se fueron a sus casas y qué tipo de control ejercen sobre eso?

JM: Ellos son ciudadanos colombianos, desde el 16 de agosto se pueden mover. Como es apenas lógico, muchos de ellos llevan mucho tiempo sin ver a la familia, entonces con este espacio de libertad y de restablecimientos de sus derechos, se han movido a las zonas.

Todos los días varía el número de personas: hoy pueden salir 20, mañana regresan 50, y ahí tiene que ver con actividades propias de las Farc en esta transición hacia lo político; tiene que ver con trabajos organizativos comunitarios y productivos que ellos pueden estar identificando; o es gente que se está moviendo a sus zonas de origen. El objetivo es ir articulando esto con las Farc para poder ir dando los acompañamientos y la oferta para que la reincorporación sea una oportunidad de transformación profunda de los territorios.

VA: ¿Es incierto entonces el número de personas que hay en los Espacios Territoriales?

JM: Es variable. Cualquier cosa que yo le diga hoy no sería correcta: si yo le digo que es del 10 por ciento, usted me va a decir: ‘este ‘man’ es un mentiroso’, porque todos los días cambia, todos los días sube, todos los días baja, dependiendo de la movilización y las actividades que tienen programadas.

Avances de los procesos

entrevista mitriotti 2Miles de ex guerrilleros esperan su proceso de reintergación en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Foto: León Darío Peláez / revista Semana.VA: De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, aún no se han definido las actividades y el cronograma del proceso de reincorporación, algo que le corresponde al Consejo Nacional de Reincorporación. ¿Eso ya se hizo? ¿Qué evaluación hace al respecto?

JM: La reincorporación arrancó el pasado 16 de agosto. Antes no teníamos la posibilidad de entrar a las zonas porque seguían en armas, pero eso no quiere decir que no hicimos el trabajo. En el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, que fue la instancia que definió el acuerdo para acordar la política pública de reincorporación con Farc, dos delegados de Farc, 'Pastor Alape' y 'Jairo Quintero', y dos del gobierno, el Alto Comisionado, Rodrigo Rivera y yo, hemos venido trabajando en construir confianza que es lo más importante, porque si no hay confianza entre las partes, si hay sospechas sobre las intenciones de cada una de las partes, no avanzamos. Llevamos 45 sesiones al día de hoy.

Se acordó avanzar en las actividades y cronograma de la reincorporación mediante dos líneas principales: primero, adelantar acciones que faciliten la adaptación inicial de los excombatientes a la vida civil, lo que se ha denominado la reincorporación temprana; y segundo, construir una política solida de reincorporación de largo plazo.

VA: ¿Y cuáles son los avances?

JM: En materia de reincorporación temprana tenemos los siguientes avances: se construyó una matriz de oferta institucional que abarca aspectos en bienestar integral, que es salud, apoyo psicosocial y pensiones; en la formación académica; en la formación para el trabajo y la productividad; en las iniciativas artísticas, culturales, deportivas; y las acciones comunitarias.

VA: Una de las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo en diversas regiones está relacionada con la inclusión de los excombatientes en el sistema financiero. ¿Qué avances muestra en este aspecto?

JM: Durante estas semanas se está desarrollando el proceso de inclusión financiera con el Banco Agrario de Colombia y la afiliación al sistema pensional con el apoyo de Colpensiones. A la fecha, de un total de 11.445 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se han abierto 10.818 cuentas de ahorro para que las personas puedan recibir los apoyos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Paz. Se han realizado varios desembolsos, la Asignación Única de Normalización a 10.172 personas (20.181 millones); Renta básica en dos etapas primero 10.110 personas (6.712 millones) y otra de 8.264 personas (5.487 millones).

VA: Algunos exguerrilleros no han podido recibir acompañamiento en actividades como la bancarización, o la cedulación, e inclusive la coordinación para que reciban el dinero acordado, pues se desplazan hasta la entidad bancaria y el dinero no ha sido depositado.

JM: Desde el pasado 16 de agosto se viene fortaleciendo ese acompañamiento y los 91 facilitadores de la ARN están trabajando permanentemente para que la oferta de reincorporación temprana llegue oportuna y coordinadamente. Hay algunas dificultades con casos puntuales, pero en la mayoría de los casos los desembolsos y apertura de cuentas avanza positivamente. En los casos con dificultades se trabaja de la mano con la OACP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Banco Agrario y el Consejo Nacional para la Reincorporación para dar las respuestas lo más rápido posible.

entrevista mitriotti 3Desde el 16 de agosto la cantidad de personas en los 26 espacios territoriales es variable, debido a su libre desplazamiento, y al envolvimiento en otras actividades.Foto: Juan Diego Restrepo E.VA: A la fecha no se ha seleccionado el coordinador de la Unidad Técnica para la Reincorporación (UTR) de las Farc, que tiene un papel importante en el diseño y ejecución de la hoja de ruta de la reintegración. ¿Cómo va ese proceso?

JM: El pasado 4 de octubre se expidió por parte de la Dirección General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) la Resolución No. 2.181, mediante la cual se crea este grupo interno de trabajo. Frente a la designación del Coordinador de la UTR, es pertinente informar que actualmente se encuentra en proceso de nombramiento la persona designada para tal efecto, conforme los requisitos en la normatividad vigente en materia de función pública.

VA: ¿Desde la ARN se ha buscado el apoyo del sector privado para los programas de reincorporación que impulsa la entidad?

JM: Los resultados de tres censos y la identificación que se está adelantando en los Espacios Territoriales en materia productiva nos darán un punto de partida de las verdaderas necesidades de la población para realizar acercamientos puntuales con las más de 650 empresas aliadas con las que cuenta la ARN y con las cuales ya venimos realizando acercamientos y socializando el tema de la reincorporación.

VA: ¿Y cuáles son esos tres censos?

JM: El censo socioeconómico que, en línea con los mandatos del acuerdo, se encargó a la Universidad Nacional con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación de las Farc a la vida civil. El 10 de agosto presentó los resultados completos al CNR. Mediante este censo se conocerán varios aspectos cruciales para la estructuración del programa de reincorporación de largo plazo: los intereses generales de quienes iniciarán el programa de reincorporación, sus aspiraciones, vocación productiva y estado general de salud entre otros. El censo abarcó un universo de 10.015 personas y su información está siendo analizada por un equipo técnico definido por el CNR.

El censo educativo, en el que el Ministerio de Educación, el Consejo Noruego para los Refugiados y la Fundación FUCEPAZ conformada por indultados de las Farc, adelantaron un censo sobre los aspectos educativos de la población que se reincorporará.

Y el censo de salud, que realizaron el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Nueva EPS y las Farc, que arrojó una caracterización en salud de los integrantes de las Farc que se encontraban en las zonas veredales. Conforme estos hallazgos, fue presentada una estrategia a corto, mediano y largo plazo, con el fin de atender estas necesidades.

VA: Diferentes organizaciones sociales, y la misma Farc, han expresado su incertidumbre con respecto al suministro de provisiones, de alimentos y medicinas en las zonas; incluso, no saben si se van a quedar sin este apoyo.

JM: Son componentes que nos preocupan; todavía no tengo una perspectiva. Ese es un tema que define la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), pero estamos tramitando en un marco de responsabilidad, y sobre todo de autonomía, que es lo que debe generar la reincorporación, para que esto no genere dependencias, sino que sea una oportunidad de desarrollo, pero estamos revisando ambos temas para ver si hay posibilidad de flexibilidad y algunos compromisos.

entrevista mitriotti 4Ya como movimiento político las Farc esperan que el proceso de riencorporación se lleve con éxito. Foto: tomada de la cuenta de twitter de 'Timochenko'.

VA: La Defensoría también advierte que a finales de agosto no se había puesto en marcha el comité técnico para la estructuración de proyectos, lo cual es clave para determinar su viabilidad y rentabilidad.

JM: En el marco del CNR se definió frente al componente productivo lo siguiente: la contratación de tres personas presentadas por las Farc para el diseño, estudio, elaboración y presentación ante dicha instancia y en coordinación con el equipo de funcionarios dispuesto por la ARN para identificar proyectos productivos para la población en proceso de Reincorporación, conforme a sus necesidades y las realidades de cada territorio.

Asimismo, se definió desde el 21 de septiembre la contratación de 26 personas remitidas por las Farc con la idoneidad requerida para la identificación de iniciativas productivas en cada uno de los Espacios Territoriales; Adicionalmente, y según lo informado por el Ministerio de Agricultura, se formularon 44 iniciativas económicas que benefician a las comunidades aledañas a los ETCR y a población acreditada de las Farc.

VA: Se cuestiona también que no había apoyo psicosocial a los miembros de las Farc y el enfoque étnico y de género no ha tenido influencia en la definición de programas. ¿Qué avances hay al respecto?

JM: En lo que se refiere al componente de atención psicosocial, está en proceso de construcción de manera conjunta con el CNR. Sin embargo, desde el 16 de agosto y hasta la fecha contamos con 91 facilitadores en los Espacios Territoriales para facilitar el acompañamiento y articulación institucional en el territorio.

Sobre los programas de reincorporación con enfoque diferencial se parte de la información arrojada por los tres censos mencionados previamente, con el fin de acotar el universo de beneficiarios. La ARN se encuentra trabajando la propuesta de género con 'Victoria Sandino', quien lidera la Subcomisión de Género por parte de Farc. Se ha convocado una mesa técnica para evaluar la propuesta de las Farc e incorporar los avances alcanzados, que serán presentados durante las próximas semanas en el marco del CNR. El Enfoque Étnico tiene un carácter transversal en los acuerdos y se viene concertado desde los lineamientos de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

VA: Las Farc se han quejado de que sienten que falta de coordinación entre los operadores en el territorio y la entidad en el ámbito nacional, y que llegan muchas instituciones a los Espacios Territoriales sin lineamientos claros; además, se quejan de que no han podido participar en el diseño de algunos programas de capacitación. Desde la ARN, ¿cómo están tratando de mejorar esa comunicación y coordinación con demás entidades?

JM: Todos los programas se trabajan conjuntamente con las Farc. Para facilitar está coordinación y participación con perspectiva territorial, el CNR adoptó la conformación de los Consejos Territoriales de Reincorporación. La idea es que estas instancias permitan articular, coordinar y vincular a las autoridades y actores locales al proceso de reincorporación para que adquiera el carácter territorial que lo debe caracterizar.

Se definió la constitución de 26 Consejos Territoriales de Reincorporación, uno por cada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, y 7 coordinaciones, que son sólo instancias para los departamentos con más de un Espacio Territorial. A la fecha se han instalado 18 consejos en los siguientes municipios: Planadas, Mesetas, Fonseca, Arauquita, Puerto Asís, Montañita, Icononzo, Vista Hermosa, La Paz, Macarena, Tibú, San Vicente del Caguán, Remedios, Anorí, Ituango, Riosucio, Dabeiba y Vigía del Fuerte.

VA: Según lo consignado por la Defensoría, algunos habitantes de zonas aledañas a donde se concentran excombatientes manifiestan que no sabían de los programas que también los pueden beneficiar a ellos. ¿Cómo va el trabajo en la integración de las comunidades desde la ARN?

JM: Vale la pena aclarar que la estrategia de relacionamiento con las comunidades está siendo coordinada actualmente por desde la Agencia para la Renovación del Territorio. Ahora bien, en los temas de reincorporación que tengan posibilidad de irradiar positivamente en las comunidades, como ya de hecho ocurre con los temas de alfabetización, estas dinámicas deberán fortalecerse de la mano con el marco de acción de los consejos territoriales.

VA: Finalmente, ¿cómo asume los cuestionamientos que se hacen sobre todo este complejo proceso de reincorporación?

JM: Yo creo que los colombianos somos cortoplacistas, somos ingenuos, y muchas veces creemos que este es un proceso que tiene que dar resultados en un mes. Hay que preguntarse, ¿qué proceso de paz en el mundo tiene los avances que tiene Colombia en esta materia? No quiero decir que la perspectiva es perfecta, que no haya desafíos. Pero un poco mi voz de alerta es que no caigamos en el facilismo, no caigamos en los atajos, no caigamos en las rutas fáciles. Yo creo que la reincorporación tiene que ser una visión de largo aliento con unos resultados de corto, mediano y largo plazo.

Creo que en el marco del CNR hemos hecho un trabajo responsable; nos hemos entendido con las Farc; hemos construido una visión conjunta, con diferencias, pero nos hemos podido poner de acuerdo; y yo estoy seguro que las Farc son conscientes de que queremos ayudar y generar transformaciones profundas. Pero se tiene que hacer con absoluta responsabilidad, con los recursos y capacidades que tenemos, para no generar falsas expectativas. Sin duda debemos avanzar más, debemos asumir los retos, y debemos estar abiertos a las críticas y a las opiniones, para aprender mucho.

Acuerdo de paz: inmodificable, pero sujeto a voluntades políticas

En medio de un complejo escenario para la implementación, la Corte Constitucional avaló el Acto Legislativo 02 de 2017, que impide la transformación sustancial de los acuerdos y ordena su cumplimiento durante los próximos tres periodos presidenciales. Sin embargo, la puesta en marcha de lo pactado continuará dependiendo de la coordinación institucional y la estrategia de cada gobierno.

La Corte Constitucional anunció su decisión de declarar exequible el Acto Legislativo 02 de 2017 en la noche este miércoles a través de un comunicado. La sentencia, de momento, no es pública. Foto: cortesía Corte ConstitucionalEste miércoles, la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental para el futuro del acuerdo de paz que pactaron el gobierno y las Farc en Bogotá en noviembre de 2016. Con una votación 9-0, el máximo tribunal avaló que la estabilidad jurídica de los acuerdos esté garantizada hasta 2030, al declarar constitucional el Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso de la República en mayo pasado.

La decisión impide que los próximos tres presidentes y el Congreso modifiquen de manera sustancial el acuerdo, así como que las autoridades del Estado incumplan su aplicación. A primera vista, el fallo corta de tajo la posibilidad que han planteado varios sectores políticos en el sentido de destruir o modificar asuntos esenciales del acuerdo, como el nuevo sistema de justicia transicional o la participación en política de los antiguos comandantes de la desaparecida guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido.

En clara alusión al Centro Democrático, el partido dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, declaró este jueves que "quienes estaban esperando empezar la campaña (presidencial) para prometer hacer trizas los acuerdos de paz van a tener que ir cambiando su mensaje, porque con el fallo de la Corte no se podrán modificar".

Sin embargo, voces del Centro Democrático, entre ellas los precandidatos Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque, anunciaron que persistirán en realizar modificaciones a lo pactado si asumen la Presidencia en 2018. El también precandidato conservador Alejandro Ordóñez, que irá por firmas, planteó la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente "como única alternativa" para cambiar lo acordado.

Pese a las controversias políticas, el fallo fue bien recibido por el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). El componente del partido en la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI), que durante la última semana ha protestado por demoras el desarrollo de los acuerdos, declaró que la decisión de la Corte es "un espaldarazo al proceso de paz y al mismo tiempo un claro mensaje a quienes anuncian desconocer lo acordado".

Lo que dijo la Corte

El 11 de mayo pasado el Congreso aprobó el acto legislativo 02 de 2017, que tiene dos artículos. El primero de ellos tiene dos puntos y le adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política.

El primero de esos puntos reza que las normas y leyes que se promulguen a propósito del proceso de paz deberán ser interpretadas y validadas a la luz de los apartes del acuerdo que se refieran a normas del Derecho Internacional Humanitario o a derechos fundamentales. Eso significa que, en los análisis de constitucionalidad de las nuevas normas, la Corte no sólo deberá cotejarlas con la Constitución, sino también con el Acuerdo Final. Al respecto, el alto tribunal señaló que con esa decisión no se busca sustituir la Constitución, como habían señalado algunos sectores políticos, sino asegurar que el desarrollo normativo sea fiel a lo pactado.

El segundo punto del primer artículo es que todas las autoridades y órganos del Estado deben "cumplir de buena fe" los acuerdos, manteniendo sus contenidos, espíritu y principios. Sobre este tema, la Corte reconoció que lo pactado es una política de Estado y no sólo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por lo que todas las instituciones deben "llevar a cabo los mejores esfuerzos" para cumplir lo que se negoció con las Farc de manera integral. Además, precisó que las autoridades mantendrán "un margen" de autonomía para decidir cuál es la mejor manera de realizar la implementación de manera "progresiva".

La decisión no implica, sin embargo, que haya mecanismos distintos a los políticos para garantizar la implementación. Aunque los acuerdos no puedan modificarse y se haya declarado "la obligación" de cumplirlos, su desarrollo práctico dependerá de la voluntad y ejecución de los gobiernos venideros, así como de la capacidad de incidencia de los sectores interesados en la materialización de lo pactado.

El segundo y último artículo del acto legislativo reza que la vigencia de esas disposiciones es por tres periodos presidenciales, con lo cual se busca garantizar la sostenibilidad de los programas de largo plazo que se negociaron en Cuba. La Corte reconoció que ese punto obedece a "las finalidades del Acuerdo y hace posible su implementación con respeto de las competencias de las autoridades y órganos del Estado".

El alto tribunal también recalcó que la incorporación del nuevo artículo a la Constitución no implica que los acuerdos de paz hagan parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que el Acuerdo Final por sí mismo no queda incorporado al ordenamiento jurídico, sino que debe convertirse en normas, tal como viene haciendo el Congreso desde diciembre de 2016. La propia Corte, en mayo pasado, tumbó varios apartados del procedimiento original del 'fast track' al considerar que el legislativo debía poder debatir y modificar los proyectos presentados por el gobierno nacional, con lo cual garantizó la separación de poderes.

El fallo también determinó que el acto legislativo "se enmarca dentro de una consideración de la paz como elemento esencial de la Constitución", así como que la paz tiene una "posición privilegiada" en la Carta Política y que “es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política” del país. Además, reconoció que, aunque el acuerdo que firmaron el gobierno y las Farc "no es la única forma de concretar el valor y el derecho a la paz, sí constituye un instrumento en esa dirección".

Difícil implementación

camara representantesEste miércoles 11 de octubre no hubo quorum en la Cámara de Representantes para discutir la reforma política. Foto: Tomada del Twitter de Rodrigo LaraEl fallo de la Corte llega en un momento crítico para la implementación de los acuerdos. La masacre de seis campesinos en Tumaco el pasado 5 de octubre, en hechos que están por esclarecer, generó dura críticas contra el gobierno nacional por la lentitud con la que se está poniendo en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).

Organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz; la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana; la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación Minga han denunciado procedimientos de erradicación forzada de hoja de coca en territorios donde existen acuerdos colectivos para la sustitución, lo cual podría escalar en nuevos hechos de violencia. (Lea más: Sustitución de hoja de coca: entre lentitud del gobierno y presión de criminales).

El componente de las Farc en la CSIVI, de otro lado, declaró que "el mantenimiento de acciones de erradicación forzada, aún en aquellos territorios en los cuáles las comunidades han suscrito Acuerdos Colectivos y Actas de Compromiso, constituyen decisiones unilaterales del Gobierno Nacional que representan un grave incumplimiento a los compromisos asumidos en el PNIS".

Las comunidades indígenas y afrodescendientes también están en máxima alerta ante la posible exclusión del Capítulo Étnico del Plan Marco de Implementación de los acuerdos. Aunque la CSIVI se había comprometido a incluir indicadores étnicos en el Plan a más tardar el pasado 10 de octubre, fuentes de la Comisión Étnica para la Paz le dijeron a este portal que el gobierno se niega a avanzar en esa tarea. Las Farc, por su parte, responsabilizaron al Ejecutivo por el incumplimiento de ese compromiso y dijeron que no respaldarán una versión final del Plan que no incluya el enfoque étnico. (Lea más: En rojo, saldo del gobierno nacional por reparación de indígenas y afros).

El otro escenario que no avanza es el de la implementación normativa en el Congreso. La salida de Juan Fernando Cristo del Ministerio del Interior, el rompimiento de Cambio Radical con la Unidad Nacional y la inminente campaña presidencial afectaron las mayorías del gobierno en el legislativo y tienen en crisis o a paso lento varias reformas claves para el proceso de paz, como la creación de las Circunscripciones Especiales para la Paz, la reforma política y la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Así las cosas, aunque la Corte haya validado la imposibilidad de hacer cambios y la obligatoriedad de cumplir los acuerdos de paz, la implementación depende de la voluntad del gobierno de turno. Entre tanto, las comunidades afectadas por el conflicto y el abandono continúan a la espera de que el Ejecutivo cumpla las promesas de desarrollo, justicia y reparación incluidas en el Acuerdo Final.