“Urge pacto político para acabar con el paramilitarismo”: ‘Carlos Lozada’

Este jefe guerrillero, integrante del Secretariado de las Farc, se encuentra concentrado actualmente con más de 270 guerrilleros en la zona veredal de Icononzo, Tolima. Allí, en medio de largas jornadas de trabajo para adecuar el territorio, los combatientes mantienen la disciplina militar de la guerra y estudian el Acuerdo Final.

entrevista carlos lozada 1Por los retrazos en las construcciones Lozada cree que lo más conveniente en correr el cronograma de entrega de armas. Foto: Andrés Celis.

“Para nosotros, ese pacto político es un elemento sumamente importante para acabar con el paramilitarismo. Nosotros creemos que ese esfuerzo tiene que hacerse en este momento encabezado por las Farc y por el gobierno nacional”, afirma Julián Gallo Cubillos, el jefe guerrillero y miembro del Secretario de las Farc conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, la máxima instancia de dirección del grupo insurgente.

Concentrado en la zona veredal del municipio de Icononzo, Tolima, junto con hombres y mujeres de los frentes 51, 53, 25,17 y la Compañía José María Carbonel, la que por años estuvo encargada de su seguridad, ‘Lozada’ cree firmemente en la viabilidad del pacto que propone porque cuanto, según él, “le daría mucha posibilidad desde el punto de vista del espacio político para que aquellos sectores adentro y por fuera del Estado, que todavía persisten en la implementación de ese tipo de políticas contrainsurgentes y que golpean al movimiento social y popular desistan de continuar en esa concepción  del enemigo interno”.

‘Lozada’ insiste en que es el momento para que el gobierno nacional implemente lo acordado en el punto 3 del Acuerdo Final, sobre garantías de seguridad, para evitar que continúen los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos e iniciar un plan piloto a nivel local que garantice que no se utilicen nunca más las armas para hacer política.

El jefe guerrillero habló con VerdadAbierta.com en su sitio de concentración no sólo sobre lo que parece un avance de grupos armados ilegales en diversas regiones del país abandonadas por las Farc; también hizo referencia a las reflexiones que adelanta la organización subversiva de cara al nuevo Pleno del Estado Mayor Central, programado para el próximo mes, y a los inconvenientes que han tenido para adecuar la zona veredal en la que se encuentra.

VerdadAbierta.com (VA): En los últimos meses se ha presentado una ola de asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos; a ello se suman las denuncias realizadas en distintas regiones del país por el rearme de grupos paramilitares. ¿Cómo transcender de la crítica y la denuncia a evitar más muertes?

‘Carlos Antonio Lozada’ (CL): El acuerdo del punto 3, sobre el fin del conflicto, en la parte de seguridad contiene algo que el Estado colombiano nunca ha tenido, y es una estrategia muy completa para combatir esas bandas y ese tipo de criminalidad que se da en las regiones del país. Un aspecto fundamental de ese acuerdo tiene que ver, esencialmente, con que se hace necesario que todos los sectores y todas las fuerzas políticas, los sectores económicos, las iglesias. los partidos, los movimientos sociales y que el conjunto de la sociedad colombiana, construyan un pacto político que los comprometa a renunciar a la utilización de las armas en política.

Para nosotros ese pacto político es un elemento sumamente importante para acabar con el paramilitarismo.

(VA): Y a su juicio, ¿quién o quiénes deben liderar esa propuesta de pacto político?

(CL): Creemos que ese esfuerzo tiene que hacerse, en este momento, encabezado por las Farc y por el gobierno nacional. Ese pacto de alguna manera le daría mucha posibilidad desde el punto de vista del espacio político para que aquellos sectores adentro y por fuera del Estado, que todavía persisten en la implementación de ese tipo de políticas contrainsurgentes y que golpean al movimiento social y popular, desistan de continuar en esa concepción del enemigo interno.

Adicionalmente, en el acuerdo está contemplada en un acta, la necesidad de realizar una especie de plan piloto en una región y nosotros estamos llamando al gobierno para que inicie ya la implementación de ese plan piloto que demuestre que realmente hay voluntad política por parte del gobierno de atacar este fenómeno.

Camino político

entrevista carlos lozada 2Guerrilleras van caminando, luego de terminar la jornada, por una de las trochas que comunica al pueblo con la zona veredal. Foto: Andrés Celis.(VA): El pasado mes de enero se desarrolló el pleno del Estado Mayor Central de la guerrilla en los llanos del Yarí. ¿Han podido realizar alguno de los puntos trazados en la hoja de ruta?

(CL): Hemos venido trabajando en la elaboración de las tesis preparatorias del próximo Pleno del Estado Mayor Central, que muy seguramente será en próximo mes de marzo, donde convocaremos al congreso constitutivo del nuevo partido político.

(VA): ¿Cuáles ha sido esas tesis trabajadas?

(CL): Son documentos en elaboración, pero una de ellas tiene que ver con la propuesta de un gobierno de transición que, de alguna manera, comprometa a la totalidad de sectores que estamos con la paz del país para que el próximo gobierno garantice la implementación de los acuerdos y sean apoyados por la multiplicidad de sectores que aportar a la construcción de una paz estable y duradera

(VA): Frente a la composición del nuevo partido político, ¿qué papel va a jugar el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3) dentro de la formación de esta nueva colectividad?  

(CL): Las Farc no está compuesta exclusivamente por los hombres en armas, también hay unas milicias. Lo primero por mencionar es que lo que se acordó con el gobierno es que los milicianos no van a llegar a las zonas como tal, pero sí van a ser registrados para efectos de la aplicación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En el caso del Movimiento Bolivariano y de las estructuras del partido clandestino que no han estado en armas y tampoco inmersas en acciones militares, han venido trabajando con un volumen mayor al que ya tenían; el papel que juegan es de aportar a la construcción del nuevo movimiento o partido político con las tesis, posiciones, lineamientos, alianzas, convergencias, entre otras. Seguramente se integrarán dentro de la nueva estructura política legal que surja de la implementación de las bases.  

(VA): Es decir, ¿se acabaría esta estructura clandestina?

(CL): Se acabaría el PC3, por supuesto. La clandestinidad tenía su razón de ser y era la existencia del conflicto, de la guerra; era la garantía de la protección de vida de esos militantes que, sin estar alzados en armas, de una u otra manera estaban trabajando por el  proyecto político por el cual nosotros hemos adelantado esta lucha, entonces desaparecida la guerra no hay ninguna razón para que quede absolutamente nadie en la clandestinidad.  

Sin avances en Icononzo

entrevista carlos lozada 3El campamento ha sido adecuado por los guerrilleros, quienes en largas jornadas trabajan para adelantar las obras y atender a visitanter externos. Foto: Andrés Celis.(VA): A finales de esta semana se cumplirá un mes desde que terminó de llegar el último grupo de guerrilleros a esta zona veredal. ¿Han avanzado en algo las instalaciones y la adecuación del terreno?

(CL): Acá seguimos con lo mismo que nos encontramos, no hay nada. El gobierno se había comprometido a construir lo que llamamos las áreas comunes y la instalación de los servicios de agua potable y acueducto, los alcantarillados, las aulas para que los guerrilleros adelanten allí sus actividades académicas, el centro de recreación, el polideportivo, los parqueaderos, las cocinas, los comedores, las vías internas de la vereda y tener listos los materiales para que la tropa iniciara la construcción de sus viviendas. Esos eran los compromisos del gobierno, que a la fecha, como se puede dar cuenta, no hay nada.

(VA): En el camino del pueblo hasta acá, quien nos trasportaba habló que por orden de usted se habían suspendido el inicio de las obras, tanto dentro de la zona como en sitios aledaños, ¿qué ocurrió?

(CL): Nos encontramos con que, de manera unilateral, los funcionarios gubernamentales habían hecho un contrato para realizar unas obras sin tener en cuenta el acta que ya se había acordado para el tipo de construcciones que se necesitaban en las zonas veredales; además de ello, definiendo el tamaño de las construcciones.

Eso nos llevó a que tomáramos la decisión de suspender las obras hasta tanto no venga un funcionario con poder de decisión y consensue con nosotros qué tipo de construcción y qué tamaño deben tener las construcciones; porque tomar decisiones desde un escritorio en Bogotá sin conocer la realidad ni del terreno ni de quiénes vamos a vivir en la zona no es solamente una arbitrariedad, es también dar pasos de ciego. ¿Cómo van a firmar un contrato y pretender que nosotros nos acomodemos a ese contrato? Esa situación tiene empantanados los trabajos aquí en la zona, estamos a la espera que llegue el funcionario.

(VA):¿Cuál es la posición de los contratistas?

(CL): Dicen que les asignaron echar balastro en la vía, más no hacer alcantarillas ni desagües que permitan que los arreglos que hagan se puedan mantener en el tiempo, cosa que también estamos solicitando, porque muy seguramente cuando entre el invierno esa reparación que haga se va a perder y vamos a quedar aislados al no tener vía de acceso acá a la zona.  

(VA): ¿Qué definió entonces para el conjunto de los guerrilleros?

(CL): Estamos adelantando unas obras provisionales, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la burocracia estatal decida venir a destrabar las obras. El día de mañana va a llegar una delegación de las juntas de acá de la zona porque nosotros estamos utilizando las aguas de las que ellos también se sirven, entonces eso está generando ya algunos problemas de salud en los habitantes. Como el Estado no es capaz de venir y los funcionarios locales han hecho oídos sordos a esa situación, pues nos pusimos de acuerdo para hacer una minga y realizar unos desagües  a pica y pala porque no podemos seguir perjudicando la salud de esas zonas. Esto lo debería atender el Estado.

(VA): Al recorrer la zona veredal se percibe que gran parte de los guerrilleros son jóvenes, algunos sin estudios, otros con grados de secundaria avanzados, varias mujeres y algunas en estado de gestación. ¿Qué espera para el futuro de ellos?

(CL): Yo creo que la obligación que tiene el Estado es muy grande, pero el compromiso que tenemos en la dirección de las Farc es de trabajar arduamente para que ese proceso de reincorporación garantice que ellos puedan  encontrar la posibilidad económica de no solo poder vivir dignamente, sino también de hacer su realización personal en el área que cada uno escoja y que, como seguramente se va a dar, continúen ligados a nuestro proyecto político, trabajando por el objetivo que siempre hemos buscado  y por el cual tantos muchachos y muchachas como ellos hoy en día no se encuentran, porque perdieron la vida en ese heroico esfuerzo que significó la resistencia de 52 años de confrontación.

(VA): ¿Algo que rescatar de esta primera fase de implementación de los acuerdos?

(CL): Hemos visto voluntad política del gobierno al presentar los proyectos al Congreso, destacar también el papel que el Congreso ha jugado al aprobar la Ley de Amnistía, a pesar de los traspiés que se están presentando y los debates que se han dado para garantizar el tránsito de las Farc a partido político; no obstante, hay aspectos que muestran voluntad política para avanzar en la implementación.

(VA): Y para la posteridad, ¿‘Carlos Antonio Lozada’ o Julián Gallo Cubillos?

(CL): No he tomado una decisión todavía, si voy a quedarme con ese nombre o voy a regresar al nombre original, yo creería que con mi nombre de nacimiento, pero aún no lo sé, no he quemado mucho tiempo en eso. Pronto vamos a tener que tomar una decisión.

Bibliotecas para el desarme y la reconciliación

Durante las próximas dos semanas, 20 de los mejores bibliotecarios del país dejarán a sus familias y a sus bibliotecas locales para internarse en las veredas donde las Farc dejarán las armas. Recorrerán trochas y cruzarán ríos con la ilusión de instalar 20 nuevas bibliotecas en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

bibliotecas zonas concentracion 1En cada biblioteca habrá un bibliotecario experto y un auxiliar local atendiendo a la comunidad, y llevando servicios de extensión a los excombatientes. Foto: Biblioteca Nacional. “Queríamos poner la bandera, ser el primer proyecto del Estado en llegar a las zonas”, cuenta Henry García, coordinador del proyecto en la Biblioteca Nacional. Por eso, no dudaron invertir en las zonas veredales 2 millones de dólares que había donado la Fundación Bill & Melinda Gates al Ministerio de Cultura.

Buscando entre experiencias internacionales encontraron respuestas en la Fundación francesa ‘Bibliotecas sin Fronteras’, que ha trabajado en ambientes de crisis con refugiados e inmigrantes en Grecia, Alemania, Etiopía y Marruecos. “Lo pensamos como la instalación de una biblioteca pública que preste un servicio a los habitantes de las veredas y a los excombatientes. En este caso no está pensada para atender una crisis, sino para ser una experiencia de mediación cultural”, agrega García.

Compraron entonces unos módulos de colores vivos que tardan solo 20 minutos en expandirse en una biblioteca de 100 metros cuadrados con sofás inflables, mesas y sillas, donde los lectores podrán disfrutar de 380 libros físicos, 200 digitales, juegos de mesas, tabletas, computadores, cámaras de vídeo y un proyector acompañado de 50 películas. Estos módulos tienen su propia planta eléctrica y conectividad a internet, aspecto importante si se tiene en cuenta que en la mayoría estas veredas no cuentan con ese servicio.

La biblioteca será instalada en un lugar de la vereda, bien sea un colegio o una casa comunal para que todos los habitantes tengan acceso. Sólo una pequeña porción de los libros se destinará al campamento guerrillero, pero los desmovilizados podrán solicitar el material que requieran. Con el tiempo, se espera crear los mecanismos necesarios para que los excombatientes puedan trasladarse hasta la biblioteca sin ningún problema en algún momento de los seis meses que, inicialmente, deben pasar en las Zonas Veredales.

Aunque objetivo original es que estás bibliotecas lleguen para nunca irse, su permanencia está asegurada sólo hasta el 31 de agosto. Para esa fecha se evaluará qué tan apropiada está la comunidad de este espacio y cuál es el compromiso de las autoridades locales, para decidir si continua o no en la zona.

¿Cuáles libros van y cuáles no?

biblliotecas zonas concentracion 2Las bibliotecas ofrecerán acceso a internet, a actividades culturales y educativas, a recursos para la búsqueda de empleo y el emprendimiento. Foto: Biblioteca Nacional. Seleccionar los 380 libros que tendrían las 20 bibliotecas fue una de las tareas más difíciles y tal vez la que causó más debates. Para tomar esta decisión se creó un comité conformado por representantes de la Biblioteca Nacional, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el Cerlalc (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe).

Se empezó por incluir los 180 de la lista básica de títulos que están en las 1.444 bibliotecas públicas que tiene el país, gran parte de ellas en los cascos urbanos de los municipios. Se tuvo en cuenta también un diagnostico hecho, junto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con los miembros de las Farc y los habitantes de las veredas sobre lo que querían leer.

Partiendo de esas necesidades, prevalecen en la selección libros informativos para todas las edades. Hay entonces títulos sobre técnicas agrícolas, emprendimiento en el campo, tecnología de alimentos, prevención del embarazo adolescente y maternidad. Se incluyen varios títulos infantiles y algunos que pueden atraer a los jóvenes, como la versión en comic de la Ilíada, la Odisea y Hamlet. Además, de autores colombianos como Gabriel García Márquez y Héctor Abad Faciolince.

Esta experiencia, sin embargo, recuerda lo poco que el país conoce a los lectores rurales y sus necesidades, un debate que ha estado presente entre los expertos. “No es fácil elegir título correcto para unos lectores que no conocemos del todo, o no tanto como deberíamos. Entonces se parte de un trabajo en el que imaginamos la realidad rural con sus particularidades socioculturales”, dice Francisco Thaine, coordinador de proyectos del Cerlalc y uno de los encargados de hacer la selección.

Por otro lado, como en estas zonas se está dando el tránsito de los guerrilleros a la vida civil se dio especial importancia a fortalecer el área de ciencias sociales, políticas y de historia del conflicto armado de Colombia.  Elegir esta colección no resulta fácil si se recuerda, por ejemplo, los debates que ha suscitado entre las Farc y la fuerza Pública algunas publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica o los desacuerdos entre los 14 académicos que hicieron el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en La Habana.

Desacuerdos sobre la guerra

bibliotecas zonas concentracion 3El Ministerio de Cultura hizo la compra de las Bibliotecas Públicas Móviles a la ONG francesa Bibliotecas Sin Fronteras. Foto: Biblioteca Nacional. “Sabemos que no hay nada que no esté teñido de ideología y que por lo tanto teníamos que ser simplemente equilibrados, simplemente justos y mirar el espectro ideológico y escoger distintas voces para que sea una biblioteca plural”, asegura Marianne Ponsford, directora del Cerlac.

Se incluyen títulos básicos como ‘La violencia en Colombia’ de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña; la Constitución Política de Colombia y el Código Pena; hay otros títulos que cuentan historias de la guerra, como ‘Sindicalistas asesinados’, de León Valencia; ‘Guerreros y Campesinos. Despojo y restitución de tierras en Colombia’, de Alejandro Reyes; y dos libros de Alfredo Molano: ‘Del llano llano’ y ‘Siguiendo el corte’.

Algunos otros que narran las historias de otros combatientes, como ‘Camilo, el cura guerrillero’, de Walter Broderick; y la biografía del Ché Guevara, del periodista Jon Lee Anderson. Otras son historias contadas en primera persona por desmovilizados como ‘Descansen las armas’, de Yezid Arteta, o ‘Mis años de guerra’ de León Valencia. Estos títulos comparten espacio con otras biografías, como la del Papa Francisco.

Se tuvo en cuenta también la inclusión de relatos periodísticos de la guerra con ‘Mujeres en guerra’, de Patricia Lara; ‘Crónicas que matan’, de María Jimena Duzán; ‘Crecimos en guerra’, de Pilar Lozano.

“Es imposible tener algo que dejé contento a todo el mundo y creo que sería un esfuerzo tonto, porque más que tapar las heridas lo que buscamos es que estas bibliotecas ayuden a curarlas. Queremos lecturas que problematicen a los lectores, porque el dialogo a través de la lectura es sanador”, afirma Thaine.

Adelantándose a cualquier debate sobre la selección de los libros, Posnsford recuerda que no hay que perder de vista que “leer no es sólo un proceso de corroborar lo que se piensa a través de la escritura, sino de confrontar el propio pensamiento que a veces es nebuloso. Uno no sabe lo que piensa de muchos temas y solo cuando lee y descubre la propia incomodidad empieza a tener su propio pensamiento y logra articularlo para expresar ideas ante los demás”

Bibliotecarios: el alma

bibliotecas zonas concentracion 4Henry García de la Biblioteca Nacional instalando la Biblioteca en la zona que se ubicará en la vereda El Gallo, Tierralta, Córdoba. Foto: Biblioteca Nacional. Este proyecto parte de la premisa de que el alma de este proyecto son los bibliotecarios, quienes serán los encargados de tejer lazos con la comunidad para que sientan la biblioteca como propia. “Para nosotros ellos son más de media biblioteca. Su impacto tiene que ver con qué tan creativos sean los bibliotecarios y de las buenas lecturas que hagan del territorio. Por eso elegimos a los mejores del país”, explica Henry García de la Biblioteca Nacional. Se trata de funcionarios que saben lo que es trabajar en zonas rurales que han vivido el conflicto armado.
 
Del grupo hacen parte, por ejemplo, Luceli Narváez López, de la Biblioteca ‘Los Cocuyos’ de Samaniego, Nariño, que el año pasado ganó Premio Nacional de Bibliotecas ‘Daniel Samper Ortega’, por sus programas de promoción de lectura que llevó hasta las veredas más apartadas del municipio; Gloria Stella Nupán, ganadora del mismo reconocimiento en 2014, por lograr que la biblioteca de La Hormiga en Putumayo se convirtiera en una lugar de resistencia ante la violencia de los paramilitares; y Esteban Castañeda, el bibliotecario del Laboratorio de El Espíritu de El Retiro en Antioquia, una biblioteca que se ha destacado por la promoción de lectura en esta zona rural afectada por la violencia.

Una de las primeras tareas de los bibliotecarios es hacer un mapeo de los actores claves en el territorio para que la biblioteca tome fuerza; además de identificar las necesidades propias de la vereda para adecuar su oferta.

Para los expertos, es importante pensar estos espacios más allá de un anaquel lleno de libros. “La biblioteca del siglo XXI es un lugar de cohesión comunitaria, de empoderamiento de la comunidad, incluso de contrapeso político cuando no puede ejercer ciudadanía”, indica Ponsford.

Sin duda alguna, esta nueva concepción de biblioteca será indispensable para las veredas que atestiguarán el fin de una guerrilla en armas y el nacimiento de un movimiento político.

El largo camino de las Farc hasta Caño Indio

En la instalación de la última zona veredal en Colombia bajo los acuerdos de esta guerrilla con el gobierno nacional, se hicieron visibles problemas locales que deben ser tenidos en cuenta en la implementación de los acuerdos: la sustitución de los cultivos ilícitos, la presencia de otros actores armados ilegales y el rol político que jugarán las organizaciones sociales regionales y locales.

canio indio 1Los guerrilleros del frente 33 de Las Farc ya se encuentran en la zona veredal Caño Indio.El 4 de agosto del año pasado, cuando el gobierno nacional anunció oficialmente que Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander, sería la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en la que se concentraría el Frente 33 de las Farc, muchos se inquietaron y hasta se preocuparon, pues nadie entendía por qué habían escogido esa pequeña vereda donde viven 53 familias, si desde tiempo atrás se venía hablando de La Angalia, otra población tibuyana.

Es más, en esta vereda ya se había hablado de planes para sustituir la hoja de coca y se invirtió en la escuela, lo que ayudó a que la comunidad diera por hecho que ahí sería donde las Farc se concentraría por seis meses. No obstante, ese cambio abrupto se debió, según lo conocido por VerdadAbierta.com, a que cuando representantes del gobierno nacional comenzaron a decirles a los campesinos que debían erradicar, sin importar que aún no hubiesen arrancado los proyectos de sustitución, estos se opusieron y comenzaron a protestar. Entonces a los encargados de escoger el punto de concentración no les quedó otra que buscar rápidamente otro sitio.

Expectativa en Tibú por definición de zona de concentración de las Farc

Cuando se conoció que el lugar elegido era Caño Indio, una vereda a 47 kilómetros del casco urbano de Tibú, surgieron nuevos interrogantes. En el Catatumbo se preguntaban cómo iban a llegar los guerrilleros que dejarán sus armas, si no había una sola vía en buenas condiciones para llegar hasta allá; cómo iban a instalar la zona campamentaria si carecía de energía eléctrica y acueducto, y mucho menos alcantarillado; y, además, estaba rodeada de cultivos de hoja de coca.

Sin embargo, los días pasaron y poco a poco la decisión fue asimilada por el gobierno local y departamental, así como por los mismos habitantes del lugar; unos y otros comenzaron a ilusionarse porque creían que tras la concentración de las Farc llegaría el Estado de manera integral.
 
La felicidad fue tal que siete días después del anuncio de la zona veredal en Norte de Santander, las familias que viven en Caño Indio se aglomeraron alrededor de la escuela y con banderas blancas le dieron la bienvenida a la comisión tripartita, conformada por representantes del gobierno nacional, la ONU y las Farc, que llegó a explicarles que en dos puntos de los 24 kilómetros cuadrados de su vereda se concentrarían 598 integrantes de esa guerrilla para dejar las armas y volver a la vida civil.
 
Dos semanas después, ese ambiente de alegría empezó a enrarecerse cuando una comisión del gobierno nacional volvió para verificar las condiciones del lugar y determinar la logística para la implementación de la ZVTN. Cuando los campesinos comenzaron a conocer a fondo los detalles de lo que significa ser una de estas zonas, despertó el inconformismo de muchos.

Los anillos de seguridad, que se instalarán en un radio de 1,4 kilómetros a la redonda para cuidar a los guerrilleros, no van a permitir el ingreso de precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito y tampoco la salida de la pasta base. Eso generó el rechazo inmediato de los habitantes de esta vereda que se fundó hace 30 años y que ha vivid de esa actividad ilegal.

canio indio 4Desde el 4 de feberero en norte de Santander se inició el traslado de las Farc a la zona de concentración.“Para nadie es un secreto que la coca es la que nos da hasta para llevar la ofrenda a la iglesia. Acá todos vivimos de la coca. ¿Cómo quieren que acabemos con estos cultivos?”, fue lo que repitieron una y otra vez los líderes campesinos de la vereda a VerdadAbierta.com.

En las primeras reuniones, los labriegos manifestaron que estaban de acuerdo con la zona veredal, pero no con la erradicación. “Sin los cultivos no tendremos con qué sobrevivir. No se puede pensar en cultivar otra cosa porque no nos deja nada de ganancias”, aseguró uno de los habitantes que por miedo prefirió omitir su nombre.

 Y la situación se agravó para el gobierno nacional cuando la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) tomó las riendas del lugar y no dejó que se negociara directamente con los labriegos. La Asociación fue quien presentó una propuesta de ayuda económica para las familias de ese caserío que, a juicio de algunos eran exageradas, pues exigieron el pago de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, durante tres años, para los dueños de finca, y dos salarios mínimos mensuales, durante 24 meses, a los ‘raspachines’. Desde ese mismo instante el ambiente se caldeó y el 18 de enero Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, aseguró que Caño Indio ya no sería la zona veredal, que la cambiarían para un sitio cercano al corregimiento La Gabarra, que también es de Tibú.
 
El tire y afloje entre Ascamcat y el gobierno nacional causó molestias entre algunos de los habitantes de Caño Indio, pues no querían que se llevaran la zona veredal de ahí. “Es imposible que por un capricho de unos cuantos, nos perjudiquemos la mayoría. Acá la idea no es que se impongan las cosas, pero tampoco podemos desconocer los ofrecimientos que nos hace el gobierno. Nosotros queremos negociar directamente y no nos permiten eso”, dijo uno de los labriegos a VerdadAbierta.com. Fueron varias las reuniones que se hicieron en ese lugar, en algunas llegaron a un acuerdo interno, pero en otras no lograban hacer que los representantes de la Oficina del Alto Comisionado aceptaran sus propuestas.

¡Es Caño Indio!

canio indio 2Caño Indio fue la zona veredal que tuvo más inconvenientes para la llegada de las Farc.Fue el pasado 27 de enero, durante una visita del Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, que se logró destrabar el proceso y Caño Indio quedó confirmada como zona veredal. Los campesinos aceptaron cinco propuestas que se harán efectivas una vez las Farc estén instaladas.

Se acordó que, durante el primer año, el gobierno nacional entregará a las comunidades un millón de pesos mensuales de remuneración por sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

Asimismo, se otorgarán 1,8 millones de pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores; adicionales a ellos, se aportarán 9 millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

Se estableció también que a partir del segundo año, para asegurar mejores condiciones de vida digna, el gobierno nacional invertirá por familia, hasta 10 millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra.  Se creará una línea de crédito especial.

Y finalmente, los labriegos contarán con asistencia técnica durante el proceso, con un costo aproximado de 3,2 millones de pesos por familia.
 
Después de llegar a un acuerdo, a la zona llegó la maquinaria para iniciar el arreglo de la vía que estaba totalmente destruida, por allí sólo entraban motocicletas y caballos, pero no vehículos. Por problemas de clima, los trabajos se detuvieron un par de días y aún no está adecuada la vía en su totalidad.

El 4 de febrero empezó el movimiento del Frente 33 de las Farc hacia la zona veredal. Los primeros fueron 80 guerrilleros que se encontraban en el lugar de preagrupamiento en la vereda San Isidro, de Tibú. Ese sábado, los guerrilleros iniciaron su camino pasando por el corregimiento Campo Dos, donde entraron a la iglesia y después siguieron a Caño Indio. Al otro día de la vereda La Esperanza, ubicada entre El Tarra y San Calixto, salió otro grupo de guerrilleros hacia el punto de concentración, este también se detuvo en El Tarra y en la pequeña plaza le hicieron un recibimiento masivo.

El Tarra despidió a los últimos guerrilleros del Frente 33 de las Farc

El miércoles 8 de febrero, el último grupo de 189 al mando de ‘Jimmy Guerrero’, comandante del Frente 33 de las Farc, salió de la zona de preagrupamiento de Caño Tomás (Teorama), hacia la zona veredal. La enorme caravana se detuvo en la vereda El 60, ahí durmieron todos los que iban desplazándose.

¿Paramilitares?

canio indio 3Las Farc esperan que el Gobierno adecue totalmente la zona veredal donde permanecerán los guerrillos.Al otro día se levantaron muy temprano y hacia las 8 de la mañana siguieron su rumbo, pero antes pararon en La Gabarra, donde asistieron a un acto litúrgico y se tomaron fotos con varias personas. Lograron andar cinco kilómetros más, pero el recorrido se detuvo porque un líder de la vereda El 40, sitio donde siempre estuvo presente este grupo guerrillero, llegó en una moto y les contó a los dirigentes de Ascamcat que en la mañana aparecieron unos hombres vestidos con camisetas negras y pantalón camuflado, portando armas de largo y corto alcance, quienes aseguraron ser paramilitares que venían a tomar posesión de esa zona.

Los representantes de la Asociación Campesina y su guardia no permitieron entonces que la movilización siguiera adelante. Pidieron la presencia de representantes del gobierno nacional y que la ONU sirviera como acompañante para ir a verificar lo que estaban denunciando.
 
Ese día Ascamcat emitió un comunicado donde aseguró que un grupo de 15 hombres fuertemente armados, que serían paramilitares según la Asociación, estaba amenazando a los campesinos de Las Timbas, El 40, El 60 y La Paz, entre otras poblaciones. Por lo mismo, no permitió que la caravana del Frente 33 de las Farc siguiera hacia Caño Indio, manteniéndola detenida en el sector conocido como Matecoco.

Las reacciones no se hicieron esperar y hasta líderes comunales rechazaron esa situación. “La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) debe dejar el protagonismo y ser clara con la gente y las comunidades”, aseveró Honer Galván, presidente de Asojuntas del corregimiento de La Gabarra refiriéndose al bloqueo a la caravana de las Farc hacia la zona de concentración.

Otro campesino consultado, quien pidió la reserva del nombre, sostuvo que lo que pretende esa asociación campesina es fortalecerse para lo que se viene: “Entonces qué mejor que crear toda esta cortina de humo para comenzar a sonar más. Ojalá que esto no se preste para un paro en el Catatumbo”.

El domingo una comisión conformada por la iglesia, Defensoría del Pueblo, ONU, Personería y Alcaldía, acompañados por Ascamcat, salieron para la zona señalada a verificar la información sobre la presencia de hombres armados, pero no hallaron evidencia que soportara la denuncia.

El general Hugo López, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, señaló que las tropas del Ejército ya están en la zona que ha dejado las Farc: “Nuestros hombres están en ese sector y no se ha encontrado nada que indique que por ahí hay un grupo de sujetos armados. También se debe analizar que en ese lugar hay presencia del Eln y ‘Pelusos’ (antigua disidencia del Epl), entonces es muy difícil que llegue otro grupo armado”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció hace dos días que se enviaran al Catatumbo 2.200 policías y soldados para reforzar la seguridad de esta convulsionada región fronteriza y atender los reclamos de las comunidades ante el vacío que dejan las Farc.

Después de casi seis días de parálisis, representantes de las Farc, entre ellos ‘Pastor Alape’, de las juntas de acción comunal de la zona y campesinos se reunieron en la vereda La Neiva, del corregimiento La Gabarra, y decidieron que la caravana debía continuar hacia Caño Indio. En un comunicado de esa reunión se señaló que “debido a las amenazas y denuncias que se han venido presentando en las veredas las Timbas, Saphadana, Vetas Central y Unión Vetas, se acordó entregar todas las solicitudes y propuestas dirigidas al gobierno a través de la mediación y la participación de las Farc en los mecanismos de implementación, sean tenidas en cuenta, tratadas y atendidas”.

Pidieron además, “convocar la presencia en la de la Zona y sesión ampliada de la Comisión e Impulso a la Verificación implementación del Acuerdo (CSIVI) y el Concejo  Nacional de reincorporación (Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Convocar un consejo de Orden Publico en el corregimiento de la gabarra y activar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Para generar un compromiso de prevención y protección para la región”. Ya con este documento, el último grupo de 189 guerrilleros entró seis días después de haber arrancado de la zona de preagrupamiento a la zona veredal.
 
Por ahora los hombres de las Farc tendrán que vivir entre carpas y cambuches en Caño Indio mientras se construye y se dota el campamento, con todo lo que el gobierno nacional les ofreció para hacer el tránsito de su vida armada a la legalidad. En estos momentos hay guerrilleros y habitantes de la zona ayudando a levantar las estructuras. Los campesinos también están a la espera de que les cumplan con lo acordado y así terminar de una vez por todas los tropiezos de la última zona veredal que se instaló en Colombia.

Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com

Aprobada reforma para que Voces de Paz intervenga en el Congreso

La agrupación política de origen ciudadano que está encargada de velar por la implementación del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las Farc, tendrá voz en el Legislativo, pero no derecho al voto. Esta es la segunda norma aprobada vía Fast Track.

voces de paz 1Lanzamiento público de Voces de Paz ocurrido el 15 de diciembre en Bogotá. Foto: archivo Semana.Con una votación de 54 votos a favor y ninguno en contra, este martes la plenaria del Senado aprobó el último debate en el que se añadió un artículo transitorio a Ley Quinta de 1992, la cual define las reglas de juego del Congreso de la República. Con esa reforma, que pasa a sanción presidencial y posterior control de constitucionalidad, los seis representantes que tiene Voces de Paz en el Senado y en la Cámara de Representantes podrán debatir como cualquier congresista todas las normas que se discutan para aterrizar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón.

Esa organización se inscribió el 15 de diciembre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y designó que sus voceros en el Senado serán Jairo Cruz, Judith Maldonado y Jairo Estrada; y en la Cámara de Representantes estarán Francisco Tolosa, Imelda Daza y Jairo Rivera. Aunque debutaron en los últimos días del año pasado durante la promulgación de la Ley de Amnistía e Indulto para los miembros de las Farc que no cometieron crímenes de guerra ni de lesa humanidad, al momento de intervenir las sesiones eran declaradas informales y no tenían derecho a réplica.

Al respecto, Jairo Estrada, docente de la Universidad Nacional y vocero en el Senado, explica que esa situación fue superada con la reforma de este martes y que las sesiones en las que intervinieron previamente fueron declaradas informales para evitar que se pudieran “aducir vicios en el trámite en el procedimiento del acto legislativo, en la medida en que nosotros no hacemos parte del Congreso”.

En un escenario ideal, la reforma a Ley Quinta debió ser el primer trámite en medio de la implementación del acuerdo con las Farc para permitir que los representantes de Voces de Paz pudieran hacer veeduría de manera formal.

No obstante, según cuenta Jairo Rivera, vocero Nacional de la Mesa Amplia Estudiantil y veedor en la Cámara de Representantes, lo más urgente era la Ley de Amnistía porque tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre, había mucha incertidumbre jurídica y la estabilidad política del acuerdo de paz tambaleaba: “Era necesaria para arrancar la implementación y darle una base sólida al proceso”.

Para ese momento, mediados de diciembre, los miembros de las Farc se encontraban en sitios de preagrupamiento y varios jefes guerrilleros alegaban que la ejecución del cronograma para el traslado hacia las zonas veredales donde dejarán las armas iniciaba con la expedición de la Ley de Amnistía y no con la refrendación del acuerdo de paz.

Sobre el trámite en el Congreso, Rivera explica que “en la Ley de Amnistía se hicieron muchas proposiciones que tenían que ver fundamentalmente con el debate que se dará en la Jurisdicción Espacial para la Paz. Hicimos pedagogía para explicar que en ese paso no se iban a resolver todas las incertidumbres jurídicas sobre los acuerdos y el respeto a los derechos de las víctimas, sino que todo el conjunto del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es el que debe responder por esas preguntas. Creo que eso se logró y por eso el trámite de la ley se sacó en poco tiempo”.

Los miembros de Voces de Paz también están presentes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en donde delegados del gobierno nacional y de las Farc convienen los temas que serán radicados en el Congreso para aterrizar el Acuerdo Final en la realidad. “Tenemos el propósito de articular las decisiones que se toman en la CSIVI y nuestra labor consiste en contribuir a garantizar que los textos acordados lleguen fielmente al Congreso y que las ponencias que sean presentadas correspondan con ese espíritu”, plantea Estrada.

Origen y dificultades

voces de paz 2Instalación de la plenaria del Senado en la que se aprobó el último debate a la reforma de la Ley Quinta de 1992. Foto: tomada de la cuenta de Twitter de Voces de Paz.Voces de Paz nació del interés de diferentes ciudadanos de apoyar el proceso de paz y su fase de implementación, que en diferentes momentos se habían contactado con los negociadores de ambas delegaciones. También sirvió para resolver un problema que se presentó en la mesa de negociación: la necesidad de que las Farc pudieran estar presentes durante los debates de expedición de las leyes y reformas que requiere el proceso de paz.

“Había el debate de cómo se podía buscar la manera de garantizar que hubiese una representación en los debates sobre lo que se iba a implementar de la voz de las Farc. No se podía hacer a través de las Farc mismas por cuanto no habían entrado a un proceso de dejación de armas ni lo habían terminado. En ese sentido es cuando en la discusión en La Habana se buscó una fórmula y se propuso la agrupación. Fue una fórmula conocida por las partes desde agosto de 2016, la semana previa a la firma del primer acuerdo. No fue un invento de las Farc, sino que es una propuesta que se discutió”, explica Jairo Estrada.

Una vez contaron con el aval de las dos partes y, adicionalmente, con la bendición de la Corte Constitucional al Acto Legislativo para la Paz, que estableció una vía expedita para tramitar las normas que permitirán la implementación del Acuerdo Final y la refrendación del mismo en el Congreso, el 15 de diciembre se hicieron los trámites de inscripción en el CNE, radicando el acta de constitución e inscribiendo a los seis voceros.

Sin embargo, ese trabajo de veeduría ha traído consigo señalamientos y estigmatizaciones contra los miembros de Voces de Paz en el Congreso y en diferentes escenarios, a quienes sindican de ser parte de las Farc. Al respecto, Imelda Daza, sobreviviente al exterminio de la Unión Patriótica y quien estuvo en el exilio por 26 años, recibe con extrañeza los reclamos que ha recibido de manera agresiva por parte de congresistas del Centro Democrático: “Nos señalan y nos reclaman la devolución de 10 mil niños reclutados por la guerrilla y de los 30 mil secuestrados. Ellos están sembrando mentiras en el imaginario popular cuando hacen esas acusaciones”.
    
Para Jairo Rivera, cualquier coyuntura que se relacione con el proceso de paz o los pronunciamientos que realizan, “repercuten en amenazas, irrespetos, violencia simbólica y estigmatización muy fuerte”. Este representante del sector estudiantil se desmarca de los señalamientos sobre la guerrilla e indica que tienen “la tarea de mantener la confianza entre las partes y el espíritu de los acuerdos lo más fiel posible a lo que se pactó en La Habana. Además, que sirvamos como pedagogía para la reconciliación, a través de la implementación en el territorio para la reincorporación, porque también tenemos la tarea de ir a los territorios para centrarle a la gente qué está pasando y construir confianza”.

Jairo Estrada, por su parte, plantea que “debe entenderse que somos Voces de Paz, y al mismo tiempo, somos la voz que las Farc no puede tener en este momento en el Congreso, sin que eso signifique que seamos la voz de las Farc o los representantes de las Farc. No es fácil de entender, pero está planteado en esos términos. Es decir, hay una parte del acuerdo, que en este momento recurre a una figura que se ha creado, que es la agrupación política, para a través de ella manifestar sus inquietudes de lo que se esté tramitando en el Congreso”.

Rivera coincide en ese sentido y considera que “va a ser muy difícil que se logre arraigar el mensaje más allá de los límites. Durante muchos años aquí nos educaron diciendo que si alguien hablaba a favor de la paz, es de las Farc. Yo no soy de las Farc ni comparto muchas de las prácticas ni de las equivocaciones que en medio de la guerra cometió la guerrilla”.

Imelda Daza insiste: “nosotros somos voceros del acuerdo de paz y representamos en esencia a la ciudadanía porque el acuerdo es para todos los colombianos y defendemos sus intereses. No ha sido posible cambiarle la idea a muchos medios que nos siguen llamando voceros de las Farc. Dentro de seis meses ellos habrán entregado la última arma y no habrá quién supuestamente los represente porque ya no existirán”.

Además de la estigmatización, la falta de recursos y de logística para desempeñar sus labores afectan a los miembros de Voces de Paz. Estos van desde instalaciones en el Congreso hasta gastos para desempeñar su labor. Por ejemplo, Imelda Daza, quien está radicada en Cesar, ha tenido que costear los tiquetes aéreos para asistir a las sesiones del Congreso.

“Anoche (lunes 12 de febrero) pagué 487 mil pesos de tiquetes ida y regreso. No he recibido ningún peso de organismos internacionales ni del gobierno. He hecho peticiones a diferentes funcionarios, pero nadie ha hecho nada efectivo”, cuenta, y agrega que lo mismo sucede con los viajes que hace en la Costa Atlántica para difundir el proceso de paz. Espera que con la reforma a Ley Quinta esta situación se solucione.

Este movimiento político de origen ciudadano existirá hasta que las Farc conformen su partido político, una vez que le hayan entregado la totalidad de sus armas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras estar concentradas en las zonas veredales, y puedan delegar a sus propios voceros.

Los voceros


Judith Maldonadovoces de paz maldonado

Abogada, defensora de Derechos Humanos, educadora popular, egresada de la Universidad Industrial de Santander, con una Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, estudiante de Doctorado en Derecho y de la Especialización de Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina CLACSO 2016.

Recibió la Distinción como Defensora de Derechos Humanos de la Embajada Británica en Colombia en mes de septiembre de año 2010, el Premio Internacional Shalom por su trabajo en defensa de la Justicia y la Paz en Alemania en 2011 y el Premio Nacional Defensora de Derechos Humanos en Colombia 2012.

Fue candidata popular a la Gobernación de Norte de Santander, postulada por los sectores sociales y populares del departamento, llegando a obtener 75.000 votos, siendo su primera participación en los comicios electorales.

 

 Francisco Tolosavoces de paz tolosa

Politólogo y Magister en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor universitario y dirigente social, fundador del Movimiento Marcha Patriótica. Educador sindical y popular.

 

 Imelda Dazavoces de paz daza

Economista de la Universidad Nacional. Fue concejal galanista en Valledupar entre 1980 y 1982 y concejal de la Unión Patriótica en el periodo 1986 – 1988. Exiliada en Suecia entre 1989 y 2015. Concejal socialdemócrata en Aneby-Suecia entre 202 y 2014. En 2015 fue candidata por la Unión Patriótica a la Gobernación de Cesar con avales del Polo y la Alianza Verde. Hoy se desempeña como pedagoga de paz en la Costa Atlántica y otras regiones del país.

 

Jairo Riveravoces de paz rivera

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos en la misma universidad. Representante estudiantil en el Concejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Fue integrante activo del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiante Universitarios. Vocero Nacional de la Mesa Amplia Estudiantil. Activista en Paz A la Calle.

 

 Jairo Estradavoces de paz estrada

Economista, Ph. D. en Ciencias Económicas de la Hochfachschule für Oekonomie – Berlín, Especialista en Instituciones Jurídico-políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia

Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia desde 1993. Ha sido Director académico de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos. Director del Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales –Theseus. Miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimasm y coautor del Informe de dicha Comisión: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Ha sido asesor invitado a de la Mesa de Diálogos.

 

 Pablo Cruzvoces de paz cruz

Abogado de la Universidad Nacional. Profesor universitario de Derecho Constitucional por más de 20 años, fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, Notario 28 de Bogotá elegido por concurso de méritos.

 

En cárcel de Chiquinquirá, reclusos de las Farc esperan la amnistía

Cerca de 292 detenidos recluidos en este centro penitenciario esperan que se implemente sin obstáculos la Ley 1820 de 2016 o Ley de Amnistía e Indulto. Sin embargo, enredos jurídicos y dilaciones en el proceso han demorado la excarcelación de los guerrilleros. Hay versiones encontradas.

amnistias farc 1Durante una sesión de estudio los reclusos discutieron la importancia del fondo de tierras para la paz, el acceso a la tierra y la importancia de la organización campesina Foto: cortesía Presos políticos Farc.

Desde junio del año pasado empezaron a llegar a la cárcel Normandía, de Chiquinquirá, Boyacá, insurgentes de la guerrilla de las Farc trasladados de distintas cárceles de mediana y alta seguridad de país, en cumplimiento de lo acordado en La Habana con el gobierno nacional. En este penal, cada patio se configura como un pequeño frente insurgente, donde el ejercicio, el deporte y el constante estudio hacen parte de la rutina diaria, mientras se aclara la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto y llega la boleta de libertad.

Hace una década este penal también sirvió de acogida para los guerrilleros que se desmovilizaron y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Hoy acoge a hombres y mujeres que hicieron parte de los bloques Oriental, Sur y Occidental de las Farc, así como de algunas columnas móviles; además, hay un patio sólo para mujeres. Varios de los reclusos cumplen penas de más de 15 años.

Los internos ‘farianos’ ocupan parte del tiempo en estudiar el Acuerdo Final firmado con el gobierno nacional, tras cuatro años de negociaciones, y la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada recientemente en el Congreso de la República, como parte de esos acuerdos.

A este último documento es al que mayor tiempo de lectura le dedican. Para el conjunto de guerrilleros, el texto se convirtió en un nuevo manual de conducta y hoja de ruta a seguir. Como ellos, alrededor de 3.353 miembros y colaboradores del grupo armado en todo el país están a la espera de que se les concedan la amnistía para continuar en libertad con su proceso de reincorporación a la vida civil.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Jorge Augusto Bernal, conocido en las Farc como ‘Robinson 22’, capturado en 1995 y condenado a 60 años de prisión, señaló que existe un desconocimiento generalizado de los jueces de ejecución de penas sobre la implementación de la ley. Según cifras de la organización, tan sólo cinco insurgentes han recuperado la libertad bajo la Ley 1820 de 2016. (Descargar norma)

“Hace unos días tuvimos una reunión con los jueces de ejecuciones de penas de Tunja, que son los que tienen la mayoría de procesos de este sector, de Cómbita y Chiquinquirá, donde sumamos alrededor de 600 prisioneros. Pero los jueces no saben lo que es la Ley 1820 de 2016 y el Consejo Superior de la Judicatura tampoco les ha dado ninguna directriz en lo que respecta a la Ley y a lo acordado en La Habana”, comentó ‘Robinson 22’.

El fenómeno no ocurre sólo en la región centro del país, también se ha extendido a otros departamentos. En Antioquia, por ejemplo, se han formulado 30 solicitudes de indultos o amnistías para miembros de las Farc y líderes sociales acusados de rebelión y cuatro de ellas ya fueron rechazadas.

Más sombras que luces en aplicación de ley de amnistía en Antioquia

En varias ocasiones, a través de comunicados y pronunciamientos públicos, la guerrilla ha señalado que el gobierno nacional no ha cumplido el acuerdo; el último de ellos se hizo la semana pasada, durante la Décimosexta Cumbre Mundial de Nobeles de Paz, en Bogotá. En ese escenario, le jefe insurgente Luciano Marín, conocido como ‘Iván Márquez’ señaló que las filas guerrilleras estaban desconcertadas con el incumplimiento de la Ley de Amnistía y agregó que esperaba que no se generaran mayores retrasos para darle continuidad a lo acordado.

“Qué difícil que se cumpla la decisión presidencial que decreta la excarcelación de guerrilleros, que debió ocurrir con la entrada en vigencia de los acuerdos. Tenemos que reconocer que existen en Colombia expertos desprovistos de sentido común que no buscan en la norma la vía de la solución de los problemas, sino su empeoramiento y obstrucción”, afirmó ‘Márquez’.

No obstante, otra cosa es lo que dicen los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, quienes, a través de un comunicado, rechazaron que el grupo insurgente los responsabilice de la no aplicación de la norma. (Ver comunicado)

“Rechazamos las manifestaciones públicas que asignan responsabilidad a los funcionarios de esta especialidad en oposición al curso que debe seguir el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, de cara a la aplicación de la Ley 1820 de 2016, que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, se lee en el comunicado.

¿Qué ocurre?

amnistias farc 2Durante la X Conferencia de las Farc, los indultados participaron de las actividades culturales que la organización desarrolló al término de las discusiones y las sesiones plenarias. Foto: archivo Semana.Según la nueva norma, el otorgamiento de amnistías se puede dar de dos maneras; de un lado, por derecho propio, que aplica sobre los delitos políticos “de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos”; y de otro a través de la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

De igual manera, para los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad y otros delitos no relacionados con la rebelión, la ley establece que quienes hayan purgado más de cinco años de condena física en algún centro penitenciario quedarán en libertad condicionada, siempre y cuando suscriban un acta de compromiso para comparecer ante la JEP, actualmente en trámite ante el Congreso.

Es decir, que casos como el de ‘Robinson 22’, quien purga una condena de 60 años, de la cual ya pagó 23, pese a que sus delitos no son amnistiables, puede acceder a la excarcelación mediante la libertad condicionada. “En honor a la palabra, nosotros cumplimos, fuimos al Yarí y regresamos a los distintos centros carcelarios. Estamos a la espera que el gobierno nos cumpla, el trato fue de dos partes y con lo nuestro está más atrasado que las zonas veredales, con eso ya es mucho decir”, aseguró el excombatiente.

Para los abogados defensores de los detenidos de las Farc, el problema recae en la falta de lectura e interpretación de la norma por parte de los jueces de ejecución de penas y aseguran que el error es señalar (en el comunicado), que se requiere de la existencia de la JEP y su Secretario Ejecutivo para tramitar la libertad condicionada.

“No es requisito que la JEP esté funcionamiento, lo que sí se requiere es un acta de compromiso de comparecencia ante este ente a través de un secretario, quien tiene la responsabilidad de visitar las distintas cárceles para la recolección de firmas de los distintos guerrilleros y/o colaboradores del grupo armado”, aseguró Nadia Triviño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad, organización que ha acompañado y defendido en procesos judiciales a integrantes de las Farc detenidos.

La afirmación de Triviño coincide con lo dicho por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, hace dos semanas: "La aplicación de esa amnistía no debería tener ninguna dificultad, no depende de que exista ya la JEP y la Sala de Amnistías, pues es para delitos básicos”. Según este funcionario, el gobierno nacional trabaja en la elaboración de un decreto aclarando el funcionamiento de la ley.

Aun así, los jueces de ejecución de penas dejan claro que al no estar listo un listado definitivo de los integrantes de las Farc recluidos en las cárceles que hayan militado o colaborado con el grupo subversivo, no se pueden proceder a dar amnistías o indultos, situación que se contradice con los cinco guerrilleros ya indultados, uno en Ibagué y cuatro más en Tumaco. (Ver resoluciones)  

VerdadAbierta.com conoció un listado de 3.353 miembros y colaboradores de las Farc, entregado el 5 de enero a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, documento que controvierte lo asegurado por los jueces.

“El listado lo elaboramos  por el trabajo que se ha adelantado en las distintas cárceles del país y los diferentes censos que desde hace un tiempo las Farc han realizado. Es un primer listado, se espera que la cifra aumente, pues hay quienes por miedo no se habían decidido a decir abiertamente que eran integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla”, agregó la abogada Triviño.

El proceso de cotejo de datos no es tarea fácil. Una vez en manos del gobierno nacional, el listado será revisado persona a persona para conocer su vinculación o no con las Farc con el fin de evitar que casos como el de Segundo Villota, un narcotraficante que, según la Fiscalía General de la Nación, pagó para que le crearan un perfil de guerrillero y evitar así que fuera extraditado a Estados Unidos para responder por delitos asociados al tráfico de drogas.

Lo curioso del caso Villota es que, pese a que la Fiscalía ha insistido en que es “un colado” y por tal razón hay cuatro agentes de la Sijin detenido acusado de crear documentos para elevarle el rango a Villota dentro del grupo subversivo, las Farc lo incluyeron en una lista remitida el 4 de enero de este año a la Oficina del Alto Comisionado de Paz como uno de sus miembros sujeto del beneficio de amnistía en calidad de privado de la libertad. (Ver listado y carta de 'Pastor Alape'')

VerdadAbierta.com, además, conoció que por vía de la tutela, Villota logró que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Jorge Eduardo Ferrerira, suspendiera por violación al debido proceso la orden de extradición emitida el 16 de mayo de 2016 que pesa en su contra hasta tanto las partes, gobierno nacional y Farc, confirmen “si se le puede aplicar el Acuerdo de Paz”. (Ver fallo de tutela)

Tal inquietud también abriga a los jueces de ejecución de penas: “Nos asalta enormemente la preocupación en torno a la posibilidad de error en que podemos incurrir, al otorgar los efectos de esta normativa a personas ajenas a las filas de las FARC-EP o que a pesar de su militancia, estén en oposición al proceso de paz firmado con el gobierno nacional (disidentes), situación que se decantaría eficientemente con las listas que se anuncian por vía de la referida ley y los pronunciamientos de los representantes de los extremos en conflicto”.

Por ahora, según el último boletín de la Fiscalía, fechado el pasado 10 de enero, sólo se han recibido 48 solicitudes de amnistía, cifra que, según abogados y guerrilleros, revela la falta de celeridad de ambas partes.

“Nosotros no le vamos a echar la culpa a los jueces si no les han autorizado desde el gobierno ejecutar la ley, pero lo que sí es cierto es que ni siquiera tienen conocimiento de ella. Por ejemplo, en mi caso y en los de los demás compañeros que estamos condenados por delitos aparte de la rebelión y los conexos, hemos elevado diversas solicitudes para que se analicen uno a uno y no hemos tenido respuesta alguna”, aseveró ‘Robinson 22’.

“Estudio contrarresta la espera”

amnistias farc 3Jorge Agusto Bernal o ‘Robinson 22’ (de blanco) fue presentado ante toda la guerrilla como el preso político más viejo del grupo armado. A su llegada, a los llanos del Yarí, lo recibió Olivo Merchan, 'El loco Iván' un viejo amigo de cárcel, quien en 2002 logró fugarse del un centro penitenciario Foto: cortesía APA.Mientras se desenrolla el lío jurídico alrededor de la implementación de la Ley de Amnistía, en la cárcel de Chiquinquirá, los internos se concentran en la cualificación política de sus estructuras para cuando salgan a las zonas veredales lleguen con un acumulado de estudio que les sirva para continuar con su proceso de reincorporación a la vida civil.

“Los espacios de formación son obligatorios para cada una de las unidades guerrilleras, no es el que quiera, a todos no toca. Los cuadros más destacados preparamos las charlas y como la mayoría somos campesinos pues nos toca asistir para aprender”, explicó ‘Robinson 22’.

Los miércoles son los días más esperados dentro del complejo penitenciario boyacense; ese día, la Fundación Lazos de Dignidad y otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dictan talleres de proyectos productivos, creación de granjas agropecuarias y acompañan el estudio de la Ley de Amnistía y del Acuerdo Final.

Para los internos, el  estudio es la manera de contrarrestar la espera a la implementación de la ley, aseguran que su situación es muy diferente a la que viven los demás presos recluidos en las distintas cárceles del país, quienes han realizado huelgas pacíficas para que les cumplan con los patios especiales, prometidos hace más de un año por parte del gobierno nacional, y con ello evitar la confrontación con miembros de otros grupos armados, y para que les atiendan los casos más urgentes de salud de algunos internos.

Durante los demás días de la semana los acompañan las tres emisoras que logran sintonizar en la radio, una de música ranchera, otra de orientación católica y una más de noticias de las cadenas radiales básicas; tienen acceso a un televisor a través del cual comparten las noticias de mediodía y, a veces, cuando se da la oportunidad, realizan manualidades.

La jornada diaria termina a las cuatro de la tarde, no sin antes haber dedicado de una a dos horas a jugar microfútbol o voleibol.  A esa hora, cada interno debe retornar a su celda, donde dedican un rato a la lectura o a los hobbies personales.

Los comandantes de patio son conscientes de que no todos los guerrilleros detenidos, una vez obtengan su libertad, irán a las zonas veredales. “Nuestro objetivo es seguir formando revolucionaros, pero la ley es la ley y cada quien tiene el derecho de hacer lo que su voluntad diga. Eso sí, como revolucionarios que somos, y guerrilleros de las Farc, nuestro deseo es que todos salgamos a seguir construyendo el país que hemos soñado”, aclaró ‘Robinson 22’.

Se espera que esta semana el gobierno nacional emita el decreto aclaratorio de la Ley de Amnistía y se precise la aplicación y funcionamiento de la ley, con lo cual se debería destrabar la puja jurídica entre los jueces de ejecución de penas y  guerrilleros detenidos, y de esa manera los detenidos de las Farc comiencen una nueva vida en libertad.