Indígenas ofrecen su territorio para la desmovilización de las Farc

A diferencia de las grandes organizaciones indígenas del país, cuatro comunidades del departamento de Cauca están dispuestas a que una de sus veredas sea usada temporalmente para el proceso de dejación de armas que se avecina.

caldono42 veredas suman los tres resguardos de Caldono que se ofrecen para ser un punto de concentración de las Farc. Foto: archivo Semana.Pese a que en el recuerdo de los habitantes de Caldono están presentes los cientos de hostigamientos de la guerrilla de las Farc contra su pueblo y la sensación de vivir presos de la zozobra en las últimas décadas, las autoridades indígenas de los resguardos de Pueblo Nuevo, en Caldono y San Lorenzo, y Tumburao, del vecino municipio de Silvia, ofrecieron sus territorios para que en alguno de ellos se instale una de las zonas de concentración que se crearán para la desmovilización de las Farc una vez se firme el Acuerdo Final con el gobierno nacional.

Este gesto coincide con la inclusión de Caldono en la lista de 30 municipios donde, según el Ministerio de Defensa, se crearán las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los ocho campamentos en los que se concentrarán las distintas estructuras de este grupo alzado en armas para iniciar su proceso de desarme y reintegración a la vida civil, según lo acordado en La Habana y dado a conocer el pasado 23 de junio.

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Pese a que una de las condiciones para establecer esas zonas de concentración es no estar ubicadas en resguardos indígenas, las cuatro comunidades Nasa insisten y ofrecen sus territorios como “su aporte y un gesto humanitario que conllevará la consecución de la paz anhelada de los pueblos”.

Sus gobernadores ratificaron dicha postura en una carta abierta en la que señalan que “en el marco de la autonomía, la autodeterminación, la participación comunitaria y consientes de los vacíos, dudas, temores y enemigos de la paz, hemos colocado a disposición de las partes en diálogo con previos criterios internos, para que nuestros territorios indígenas sean el punto específico de la Zona Veredal Transitoria para la Normalización”.

Esa decisión va en contra vía de la postura de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), máximas organizaciones de liderazgo de esa comunidad, que en diferentes momentos han señalado que “en coherencia con nuestros principios de vida y autonomía, no aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nuestros territorios indígenas, porque desconocemos el impacto y las afectaciones que los mismos tendrán en nuestra autonomía, gobierno propio, identidad y pervivencia como pueblos”.

Sin embargo, un exgobernador de Pueblo Nuevo, que pidió mantener la reserva de su nombre, le precisó a VerdadAbierta.com que la propuesta de los cuatro resguardos se fundamenta en su autonomía y que no son disidentes del Cric: “Es importante tener mucha claridad porque si bien el movimiento indígena es colectivo y lo seguirá siendo, la célula orgánica del Cric son los cabildos, pero éstos no han perdido su autodeterminación. Nosotros decidimos avanzar y desde el año pasado estamos exponiendo los acuerdos del proceso en las comunidades y decidimos dar un paso adelante que permita una excepción en nuestros territorios”.

Frente a esta situación, Carlos Cama, consejero y representante legal del Cric, reconoce la autonomía de los cabildos, pero reiteró que sus procesos tienen que hacerse de manera consensuada para “no resquebrajar la estructura político-organizativa”. Y agregó que van a realizar una Junta Directiva para que “las 121 autoridades indígenas de Cauca puedan discernir sobre ese asunto y orientar qué va a pasar, porque no es la Consejería ni las autoridades locales ni zonales las que deciden, sino la comunidad, que es la máxima autoridad en asamblea”.

Además, dijo que el Cric ha ofrecido el resguardo de La María, en Piendamó, Cauca, no para que se use como zona de concentración, sino para que una delegación de las Farc y del gobierno nacional les resuelva muchas de las dudas que tienen frente al proceso de paz.

“En la minga de junio le pedimos al Alto Consejero para el Poscoflicto (Rafael Pardo), que antes de la refrendación e implementación de los acuerdos, nos aclaren qué va a pasar con la jurisdicción especial indígena, con la autonomía en los territorios, con el gobierno propio y con el ejercicio milenario de Guardia Indígena”, le dijo Cama a VerdadAbierta.com.

Por otro lado, Óscar Dizú Chocué, gobernador del resguardo de San Lorenzo, resaltó que la propuesta de los resguardos puede servir para la construcción de la paz una vez se firme el Acuerdo Final. De hecho, desde hace varios meses están socializando los acuerdos alcanzados en La Habana con las comunidades.

“No vemos problema con que se instale una zona de concentración, no es mucho el terreno que se necesita. También queremos que sea un espacio para trabajar en la reconciliación, que la guerrilla venga al territorio a reconocer sus errores, a pedir perdón a las víctimas y que empecemos a construir la paz”, afirmó Dizú.

Y es que la reconciliación es el pilar fundamental de la propuesta. En su carta abierta, los gobernadores aseguraron que se han preparado para este momento, no motivados por las grandes inversiones que se harán en los territorios con la implementación del Acuerdo Final, sino “para recibir a nuestros compañeros y compañeras que con convicción o sin ella ingresaron a la insurgencia, de la cual hicieron parte de las desarmonía y desequilibrio en distintos territorios del país pero que serán bienvenidos, perdonando y haciendo compromisos para resarcir los daños con ideas que transformen positivamente el orden social”.

La perspectiva del pasado

quintin lameGuerrilleros del Quintín Lame durante la entrega de armas en Pueblo Nuevo, en la zona rural de Caldono. Foto tomada de una galería fotografica expuesta en un encuentro de desmovilizados.El de La Habana no será el primer proceso de desmovilización que se viva en Caldono. Hace 25 años se concentraron y se desmovilizaron en Pueblo Nuevo los integrantes del Movimiento Armado Quintín Lame, grupo de indígenas que tomó las armas a mediados de los años 70 para defender a sus comunidades en medio de los proceso de reclamación de tierras de la época. Los 150 insurgentes estuvieron durante varios meses en aquel lugar hasta la entrega de armas, ocurrida el 31 de mayo de 1991.

Además del proceso del Quintín Lame, Caldono también fue clave para la desmovilización del movimiento guerrillero M-19, pues fue paso transitorio para la concentración en la zona rural de Toribío.

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Esa experiencia dejó lecciones para este nuevo proceso. El exgobernador de Pueblo Nuevo considera que la principal falla del caso del Quintín Lame fue la falta de seguimiento a los procesos que se emprendieron en los territorios tras de la dejación de armas.

“Apoyaron proyectos productivos, pero no hubo asistencia técnica ni seguimiento y al final fracasaron. De parte del gobierno no hubo capacidad de hacer seguimiento y el municipio dejó de sonar después de la desmovilización”, indicó el nativo. Por esa razón espera que si la negociación con las Farc llega a buen puerto, “la comunidad se convierta en un actor decisivo para el cumplimiento de los acuerdos y que los territorios sean tenidos en cuenta para la implementación”.

Mientras se termina de cerrar el acuerdo de La Habana, se refrenda y se empieza a implementar, en Caldono disfrutan de una inusitada calma producto del desescalamiento del conflicto armado y de la tegua unilateral que decretó hace poco más de un año las Farc.

“Antes de la negociación se vivía una situación demasiado complicada. Sus antecedentes son de alrededor de 500 hostigamientos a la cabecera y alrededor de 200 tomas guerrilleras. Aquí no se respiraba un momento de paz”, señaló Daniel Anacona, el personero municipal.

Es tal el ambiente de tranquilidad de hoy en día, que muchas personas han decidido a retornar al municipio y otras se acercan a denunciar hechos de violencia o iniciar los trámites para ser reconocidas como víctimas del conflicto armado.

“No tenemos cifras consolidadas porque muchas de las víctimas del conflicto rindieron sus denuncias en otros municipios y ha sido muy difícil documentarlos. Sin embargo, con el cese de hostilidades, apenas está llegando gente a pedir asesoría de la Personería para ser reconocida como víctimas. Diariamente hay 20 ó 30 personas en la pidiendo asesoría en esa materia. No se tiene cuantificado cuántas víctimas hay”, indicó el Personero.

En medio de ese ambiente, en el que rondan nuevos peligros, como la aparente llegada de la guerrilla del Eln al municipio, los resguardos de Pueblo Nuevo, Caldono, San Lorenzo y Tumburao, buscan generar “un proceso para que se termine tanto odio, tanto resentimiento, tanta venganza, porque de nada sirve que a una comunidad lleguen muchos proyectos si la sangre se sigue derramando. Lo que estamos haciendo esta ambientar y prestar el territorio para que las partes cumplan con lo que tiene que hacer”.

Corre el reloj para consolidar pedagogía para la paz

Las comunidades sostienen que para que gane el Sí en el plebiscito, el gobierno tendrá que hacer una campaña más fuerte de la que ha hecho hasta ahora.

plebiscito 1Para que gane el plebiscito, debe haber poco más de cuatro millones de votos afirmativos y que además sean más que los negativos. Foto: archivo Semana.Ahora que la Corte Constitucional le dio luz verde al plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, empieza formalmente la carrera por el ‘sí’, el ‘no’ y la abstención, pero los tiempos son cortos y en las comunidades están seguros que si el gobierno nacional quiere ganar la partida le tendrá que apostar con mayor fuerza a la pedagogía.

Un punto a favor es que ya la mayoría de los acuerdos están pactados, incluyendo el de hace un mes sobre la dejación de armas por parte de las Farc y el cese al fuego y de hostilidades bilateral. Además, hechos de guerra como las acciones ofensivas de la guerrilla y los combates con la Fuerza Pública se han reducido drásticamente debido a la tregua unilateral decretada por la insurgencia.

De acuerdo con los análisis realizados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), las acciones ofensivas de las Farc cayeron en un 98%; los combates con la Fuerza Pública disminuyeron en un 91%; la muerte de civiles en un 98% y la de combatientes en un 94%. “El conflicto armado entre las Farc y el Estado colombiano ha caído a sus niveles mínimos en 52 años”, aseveró este centro de estudios.

Mientras en este último año se afianzaba en el país el desescalamiento del conflicto, en La Habana, gobierno y guerrilla pactaron dos de los seis acuerdos totales: el de víctimas y gran parte del de fin de conflicto; sin embargo, todavía quedan temas pendientes y el tiempo para aplicar el mecanismo de refrendación es apremiante.

La Corte sentenció que cuando el presidente Juan Manuel Santos le informe al Congreso su intención de hacer el plebiscito, también se debe publicar el acuerdo final, que todavía no está listo. A partir de ese momento, empiezan a contarse los cuatro meses en los que como máximo se realizarán las votaciones. (Lea el comunicado)

Algunas cuentas son optimistas, como las de Rafael Pardo, ministro consejero para el Posconflicto. Él considera que el acuerdo final de paz se debería firmar el próximo mes para que se vote el plebiscito en septiembre, como lo explicó desde el centro estadounidense de pensamiento Wilson Center.

Pero si bien muchos de los puntos que generaron más discordia ya se superaron en La Habana, todavía queda tela por cortar. En el punto agrario, por ejemplo, aún no se ha definido la cantidad de hectáreas que entrarán al Fondo de Tierras para repartir entre las víctimas; tampoco se ha pactado cómo las Farc entregarán la información que tengan sobre minas antipersonales o qué pasará con la injerencia de algunos frentes insurgentes en narcotráfico y minería ilegal.

Fondo de Tierras, un pendiente fundamental en La Habana

Además, las partes todavía están discutiendo el plan general para financiar todo lo acordado y el cronograma de las decenas de actividades que se realizarán durante la implementación.

Mientras esto sucede, en Colombia se incrementará la puja por el ‘sí’ y el ‘no’ con el escollo de que el común de la gente no conoce los acuerdos que refrendarán.

Campaña agresiva

plebiscito 2Inicialmente las Farc proponían una Asamblea Constituyente como mecanismo de refrendación pero luego se adhirieron a la idea del gobierno por un plebiscito. Foto: archivo Semana.El plebiscito será para que los colombianos aprueben o no los acuerdos de paz a través de una sola pregunta, con una sola respuesta: ‘sí’ o ‘no’. Pero, ¿qué pasa si no los conocen?

Desde diferentes territorios coinciden que hasta ahora lo más diseminado son los mitos. “Los medios de comunicación masiva despistan a la gente con eso de que el país se lo vendieron a las Farc y la gente lo cree porque casi no se ha hecho propagando a favor del proceso”, aseguró José Luis Foncillas, miembro de la Diócesis de Tumaco y de la Casa de la Memoria.

Adriana Valderrama, directora de la Casa Museo de Memoria de Medellín, coincidió con Foncillas e insistió en que se deben desmitificar las ideas sembradas en el país. En este centro hicieron un ejercicio de comparación que buscaba establecer qué tanto ha cedido el gobierno y las Farc en las negociaciones y encontraron que la insurgencia es la que más veces lo ha hecho.

Pero ese tipo de información todavía no es generalizada, a pesar de que en los últimos dos años ha habido intentos para enseñar lo que se ha pactado en La Habana. En esa línea ha trabajado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde donde se han apoyado trabajos con cerca de 300 radios comunitarias para difundir los acuerdos, los Territorios de Paz en diferentes universidades del país y la Red Nacional de Jóvenes por la Paz; además, se ha conversado con diferentes Cámaras de Comercio del país sobre el papel de los empresarios

Además, esta dependencia se alió con la Red Prodepaz y la Ruta Pacífica de Mujeres, y realizaron 17 foros en los que convocaron a casi 3.000 organizaciones sociales, entre 2014 y 2015 en los que se debatieron lo que se había pactado hasta el momento y también hablaron de las necesidades de cada región.

En el último año, el Gobierno ha impulsado proyectos como Mitos y Realidades en el que precisamente comparan los rumores con datos verídicos, y La Conversación Más Grande del Mundo para que sectores que nunca hubiesen dialogado, lo hagan virtualmente.

En las regiones, diferentes organizaciones de víctimas se han echado la tarea al hombro y desde antes de que se conocieran tantos acuerdos como hoy, empezaron la pedagogía en los lugares más recónditos del país y muchas veces en medio de otros grupos armados ilegales además de las Farc.

Pero no ha sido suficiente. El Consejo Nacional de Paz identificó a “una sociedad desconectada del proceso de negociación en La Habana; a pesar de los esfuerzos por informar a la sociedad sobre el proceso de paz”, como registró en la propuesta que hizo de pedagogía en marzo de este año.

Foncillas explica que, en términos reales, esto se traduce en que el desconocimiento es tan grande que muchas personas ni siquiera saben cuáles son los seis puntos que se discuten en el proceso de paz, como lo evidenciaron en una encuesta que está realizando en Tumaco.

Incluso, a algunos académicos que trabajan en el tema de conflicto se les dificulta.

“Dimos una clase de preparación en el Museo porque, aunque trabajamos en temas de memoria, con víctimas, hay gente que no tiene claro qué es justicia transicional, cuáles son los acuerdos y por qué se dieron. Al interior de la gente metida en el tema, también es difícil comprender lo ‘carnudo’ de lo pactado”, mencionó Valderrama.

Antes de estar en la Casa Museo, Valderrama trabajó en el proyecto ‘Preparémonos para la Paz’, impulsado por la Gobernación de Antioquia en el mandato de Sergio Fajardo (2012-2015). En esa experiencia, evidenció que a las comunidades les hace falta entender qué significa en sus territorios los pactos de La Habana, pues acuerdos están publicados en diferentes páginas web del gobierno, “no se ha hecho una buena difusión desde Bogotá en los territorios”.

Es por eso que Foncillas opinó que ahora la esperanza está en que se haga “una campaña muy agresiva” en la que el Estado haga realmente una pedagogía y entienda cómo funcionan las cosas en cada región del país.

Myriam Méndez, coordinadora de la Dirección de difusión y movilización de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que es estratégico aliarse con las organizaciones en las regiones, pues ellas conocen muy bien las realidades y es una manera de llegar a más cantidad de personas; además, aseguró que desde esta dependencia se ha trabajado de esta manera y afirmó que, en tiempos de plebiscito, la pedagogía no empieza de cero.

“Al inicio era difícil el esfuerzo de pedagogía porque el proceso de paz tenía que generar resultados y confianza entre las partes. Eso limitó las posibilidades de la Oficina del Alto Comisionado”, explicó y aclaró que eso ha cambiado poco a poco, especialmente desde que se conocen más acuerdos, entre 2014 y 2015.

El reto de educar para la paz es aún mayor cuando la gente ni siquiera es consciente de los padecimientos provocados por el conflicto. Valderrama aseguró que la gente del común tampoco sabe muy bien qué pasó antes de los diálogos actuales de La Habana, cuántas desmovilizaciones ha habido o qué lecciones dejan otros procesos de paz al país.

En este sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha trabajado en la comprensión del conflicto con estudiantes de décimo y once, alumnos universitarios, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública. “Hemos encontrado jóvenes que tienen un revoltillo de todos actores y no distinguen entre guerrilla, paramilitares, Fuerzas Militares, porque básicamente en educación no se trabaja el tema de conflicto armado”, precisó María Emma Wills, quien dirige el grupo de pedagogía del conflicto del Centro.

A su jucio, los estudiantes universitarios se enteran del tema a través de medios de comunicación o telenovelas con “miradas muy en blanco y negro sobre conflicto armado y poco acceso a escuchar testimonios de víctimas”.

Asimismo, Wills consideró que el andamiaje institucional que se ha puesto en marcha para visibilizar a las víctimas ya está haciendo efecto y se refleja, por ejemplo, en la preocupación de muchos alcaldes por cómo incluirán programas de atención en su gestión, que comenzó el 1 de enero de 2016, más allá de que sea su obligación legal.

Y sobre la Fuerza Pública, la investigadora del Centro de Memoria Histórica detalló que hay una corriente comprometida con el proceso de paz que, incluso, empezó a cambiar el lenguaje: “Vemos el esfuerzo de militares por nombrar a la guerrilla como opositor o adversario y ya no como un terrorista inhumano que tienen que arrasar. No se puede generalizar para toda la Fuerza Pública, pero en cierto sector hay un cambio de lenguaje y eso es el preámbulo de un cambio de mentalidad frente a la guerrilla”.

Sin embargo, Wills precisó que uno de los retos es que todos los ciudadanos entiendan que el conflicto sí tiene que ver con ellos y que sí los impactó, por ejemplo, a través de los índices de agresividad en ciudades como Bogotá. Y agregó que la gente también deberá asumir sus responsabilidades en la pedagogía, como lo aclara el Consejo Nacional: “la paz es imposible sin el concurso de una sociedad civil activa y organizada”.

La Oficina del Alto Comisionado lo sabe y es por eso que Méndez acepta que, aunque la tarea le corresponde al gobierno nacional, también está en las manos de la sociedad.  Pero la funcionaria advierte que el trabajo de pedagogía no se termina ni se hace en cuatro meses únicamente por cuanto se trata de cambiar un “chip de construcción social” que se erigió durante más de 50 años de guerra.

Claro que lo que se haga de aquí a las votaciones debe hacerse contra el reloj y será definitivo para que la balanza se incline por la opción a la que apuntan tanto el gobierno nacional como diferentes sectores de la sociedad: el Sí.

Milicias urbanas: el rostro clandestino de las Farc

Poco y nada es lo que se ha hablado en La Habana sobre las estructuras clandestinas y las llamadas redes de apoyo de este grupo subversivo. Algunas llevan más de dos décadas operando en las ciudades y serán claves en el posacuerdo, cuando esta guerrilla se convierta en movimiento político.

milicias 1Dentro de la plataforma política del Movimiento Bolivariano uno de sus pilares fue la solución política al conflicto armado. Tras la firma del acuerdo final sus militantes esperan que el trabajo político realizado en todos estos años se capitalice dentro del nuevo partido que funden las Farc. Foto: Carmela María.La guerrilla de las Farc tiene un rostro clandestino, que actúa en las ciudades y que pocos conocen, se trata del Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia y del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3). Son hombres y mujeres dedicados a la instrucción política de las comunidades, sobre los cuales nada se ha dicho durante las negociaciones con el gobierno nacional.

A sus integrantes se les rotula con la palabra “milicianos” y un sector del país, representado por la Procuraduría General de la Nación, está preocupado porque cree que estas estructuras urbanas no se desmovilizarán una vez se firme el acuerdo final entre las partes. Así lo plasmaron en dos artículos, uno institucional y otro firmado por el titular de ese organismo, Alejandro Ordóñez.

“El Acuerdo establece que a las zonas de ubicación de miembros de las Farc solo se desplazaran quienes hacen parte de “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes” de la organización, lo que deja por fuera a gran parte del ‘grupo armado organizado’, como son los integrantes de las milicias”, dice el ente de control en su comunicado de prensa.

A su vez, Ordoñez, replicando esos mismos conceptos en una columna de opinión publicada en el diario El Colombiano el pasado 2 de julio, reiteró su preocupación: “No existe ninguna posibilidad de paz si las milicias de las FARC no se desmovilizan. Los colombianos deben tener la garantía de que las FARC se disolverán completamente. Una desmovilización parcial es una falsa desmovilización y una falsa paz”.

A esos cuestionamientos, le salió al paso Félix Antonio Muñoz, alias 'Pastor Alape', miembro negociador de las Farc en La Habana. En declaraciones de prensa afirmó: "Hablar de milicias urbanas eso está en la imaginación del Procurador, eso son cosas de los que hoy están llorando porque la guerra está herida y de muerte, entonces están pataleando, aquí el país está es sintonizado con la paz”.

El rostro oculto

milicias 2Tanto el Movimiento Bolivariano como el PCCC desde hace más de una década viene trabajando en la formación de cuadros políticos, que pese a estar en la clandestinidad se han formado a la espera de que se den lo que han llamado las “garantías necesarias” para poder hacer política en el ruedo de la democracia. Foto: Carmela María.Desde la desarticulación de Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) en 2003, al mando de ‘Carlos Antonio Lozada’ y encargada de “hacer sonar la guerra en Bogotá”, no se volvió a registrar por parte de las autoridades una participación militar de las Farc en las ciudades capitales. No obstante, sí siguieron operando las estructuras urbanas dedicadas estrictamente al trabajo político que, por su carácter clandestino, ha sido difícil seguirles la pista, tener una cifra exacta de sus integrantes y conocer su modus operandi.

VerdadAbierta.com contactó y dialogó con ‘Alexandra’ y ‘Mario’*, integrantes de dos estructuras urbanas de la guerrilla, para conversar alrededor de lo que han sido los diálogos en La Habana, su articulación a la Mesa de Negociaciones, su posible participación en el partido político que funden las Farc una vez dejen sus armas y sus deudas con la justicia.

Ambos tienen más de 30 años de edad, cuentan con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Bogotá y al igual que cualquier citadino tienen trabajo y ayudan económicamente en sus hogares. Ingresaron hace más de diez años al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), creado el 29 de abril de 2000 en San Vicente del Caguán, Caquetá, durante los diálogos adelantados con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y al Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC, también conocido como PC3).

La cita con el equipo de VerdadAbierta.com fue en un lugar recóndito en el sur de Bogotá. Los rostros de ambos insurgentes estuvieron cubiertos todo el tiempo y para hablar exigieron que no se grabaran sus voces, se apagaran los celulares y no se tomaran fotografías, aduciendo razones de seguridad.

Ambos aclararon, inicialmente, que tanto el Procurador Ordoñez, como algunos académicos, confunden el funcionamiento de las estructuras urbanas de la guerrilla, señalando que las afirmaciones han generado que en la opinión pública se crea que todas las estructuras de las Farc son armadas, lo cual desconoce una de las caras de la guerrilla, que es el trabajo político que por años han realizado en las ciudades.

“En la Habana estamos todos”

milicias 3Durante el lanzamiento del Movimiento Bolivariano, el entonces máximo comandante de la guerrilla Manuel Marulanda Vélez aseguró que la clandestinidad iba a ser el pilar fundamental para evitar otro genocidio como el de la UP . Foto: Archivo SemanaA raíz de la anunciada disidencia del Frente 1 ‘Armando Ríos’, del Bloque Oriental, que al parecer no se plegará a los acuerdos que se alcancen en La Habana, comenzaron a surgir varias dudas sobre las probabilidades de que parte de las Farc no se reintegren a la vida civil y evadan el proceso de justicia transicional acordado. El Procurador Ordoñez se pregunta en su columna qué va a pasar con los cerca de 8.000 milicianos de las estructuras urbanas que, según él, no se desmovilizarían.

‘Alexandra’ no se atreve a dar una cifra de cuántos miembros realmente tienen las estructuras urbanas de las Farc; dice que no la sabe, que sólo el compilado estimado lo puede tener cada bloque, pero que si lo supiera, no se revelaría el dato porque sería “darle más pistas al gobierno”.

Disidencias de las Farc una realidad prevista

Esta mujer, abogada titulada, afirma que en La Habana están todos y se sienten representados todos los militantes del MB y del PCCC. Pese a no vivir las acciones de la guerra en las montañas, señala que las células urbanas han aportado sus ideas en la construcción de los acuerdos, siendo partícipes de la elaboración de insumos para los puntos de la agenda que abordan desde hace cerca de cuatro años el gobierno nacional y las Farc en la isla del Caribe.

“Todos los insumos que llegan a la subcomisión de género de la Mesa son discutidos con las compañeras que hacen parte de ambas estructuras. Allí discutimos y aportamos nuevos elementos para que los tengan en cuenta. Y así ha sido, fruto de lo que se ha pactado tiene la “mano” de nosotras”, asegura ‘Alexandra’.

Los canales de comunicación que mantienen estas estructuras urbanas son las mismas que tienen el resto de guerrilleros con sus delegados en La Habana. Cada comandante de bloque informa a los comandantes de frentes y estos, a través de informes periódicos, se dirigen a las “unidades guerrilleras” para discutir los avances y a partir de allí, como lo menciona ‘Mario’, “aportar cualquier elemento a los diferentes puntos de discusión”.

Tanto ‘Mario’ como ‘Alexandra’ coinciden en señalar que tras las visitas autorizadas por el gobierno nacional de los jefes negociadores de las Farc a los campamentos guerrilleros en diferentes regiones del país, las instancias de dirección del PCCC han estado presentes en la socialización: “Bajo la clandestinidad, hemos asistido a las diferentes socializaciones, aprovechando para recibir instrucción política y llevar los insumos que se discuten con los militantes, planeando las hojas de ruta para las ciudades”.

Al preguntar por lo que han hecho en esos años, ambos responden, entre risas, “trabajar y organizar a la gente del común”. Sus condiciones de clandestinidad fueron definidas al momento de su fundación por ‘Alfonso Cano’, segundo al mando de las Farc en ese momeno: “Así que todos y cada uno de los integrantes del Nuevo Movimiento, tendrán una actividad dentro del sector social donde viva, trabaje o estudie, sin que sea de público conocimiento su pertenencia política. Como todos los bolivarianos, deberá hacer esfuerzos por colocarse al frente de las luchas por las reivindicaciones del pueblo y sólo compartirá su secreto con los pocos compañeros que le sean asignados para trabajar. Nadie más será conocedor de su pertenencia bolivariana”.

A juicio de algunos jefes guerrilleros, aún no se han superado las causas que tienen a los militantes de dicha estructura trabajando en la clandestinidad. Lo cierto, dicen, es que seguirían trabajando para en consolidar dicho movimiento “amplio y de masas” hasta que existan las condiciones necesarias para salir a disputarse la política con los partidos tradicionales sin el rostro oculto.

Trabajo político en el anonimato

milicias 4Dentro de las actividades desarrolladas por el PCCC y el MB se encuentran las actividades desarrolladas al interior de las universidades, donde han difundido material de propaganda de las Farc, han hablado del proceso de paz y enfrentado a la policía. Foto: Carmela María.Son muchos mitos los que rondan a las unidades guerrilleras urbanas. En el imaginario colectivo se les asocia a los enfrentamientos callejeros contra los policías del Esmad, en los homenajes de conmemoración de la muerte de los comandantes de las Farc y en las paradas pacíficas en algunas universidades públicas del país. No obstante, la realidad dista mucho de ello; a juicio de sus militantes, tanto las MB como el PCCC cumplen con uno de los pilares fundamentales y estar presente en todos los ámbitos de la sociedad.

“En el transcurrir de estos años hemos ganado presencia en los diferentes lugares de la vida nacional, barrios, colegios, universidades y empresas, entre otros. Nuestro propósito es sumar las voces de los que han sido permanentemente excluidos del goce de nuestra riqueza y de la participación política”, aseguró Mario.

Uno de los casos más sonados de presencia de un miembro de las Farc en una empresa pública se develó el 4 de agosto de 2006, cuando las autoridades capturaron, en Aguadas, Caldas, a Fredy Escobar, conocido con el alias de ‘Mateo’, quien en ese momento hacía parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Pocos sabían de la vida clandestina de este hombre, quien se movía en la ciudad entre organizaciones sociales.

En la gestación del MB, ‘Alfonso Cano’ afirmó que este movimiento surgía como la única alternativa de poder distinta a la de los partidos tradicionales y que “entraría a cambiar el orden político, económico, social y cultural establecido por la oligarquía, que para ello trabajarían en el anonimato y sumarían fuerzas para a futuro ser poder”. Situación que para ‘Mario’ se ha traducido en una acumulación de capital político a lo largo de estos años y que será determinante para medir fuerzas con los demás partidos cuando las Farc se conviertan en movimiento político.

Por su parte, ‘Alexandra’ cree que la clandestinidad no ha sido un capricho y que gracias a ello han evitado la persecución del Estado y las fuerzas paramilitares: “Esta política de represión ha sido una constante que no se ha podido superar, muestra de ellos es el asesinato de líderes de defensores de derechos humanos y de movimientos sociales, el ejemplo más reciente los más de 100 asesinados que lleva la Marcha Patriótica a pocos años de su fundación. No queremos volver a vivir la barrida que existió contra la UP”.

¿Y cuándo dejarán la clandestinidad? Será la Décima Conferencia de las Farc, la máxima instancia decisoria de este grupo subversivo, que se realizará una vez se firme el acuerdo final, la que determine si en ese tránsito de organización armada a movimiento político las estructuras clandestinas urbanas pasen a integrar las filas del nuevo partido.

Ante ello, ‘Mario’ asevera que sería positivo prescindir de la clandestinidad si se cumplen con las garantías de seguridad como el desmonte del paramilitarismo y el cambio de la doctrina militar y de la Policía, lo que permitiría, a su juicio, “relacionarnos con la sociedad y dar a conocer nuestras propuestas con mayor facilidad, de cara abierta y en espacios mucho más democráticos”.

Por ahora afirman que seguirán dedicados a estudiar, junto con los diferentes gremios donde inciden, los acuerdos de La Habana y a elaborar propuestas para un “gobierno de nuevo tipo”, que esperan alcanzar bajo las nuevas condiciones de participación política que se presenten con la paz. “Con este propósito queremos generar nuevos liderazgos en la política para que sea un ejercicio que emerja de las mayorías y poder así superar los caudillismos y la corrupción de la política tradicional”, asevera ‘Alexandra’.

¿Responderán ante la justicia?

milicias 5En 2014, durante la conmemoración de los 50 años de las Farc la Policía incautó material explosivo, prendas alusivas al grupo insurgente y material de propaganda. En la mayoría de las universidades los disturbios duraron más de cuatro horas. Foto: Cortesía MB.Pese a no pertenecer directamente a una estructura militar, los integrantes del MB y el PCCC hacen parte de las Farc y, por ende, han entrado en la lógica de la guerra bajo diversas expresiones, entre ellos los disturbios en las universidades públicas, donde han utilizado material explosivo, insignias del grupo y dejado heridos a integrantes de la Fuerza Pública. Tales actividades están tipificadas en la ley como delitos de rebelión, apología al terrorismo, asonada y porte y tráfico de material explosivo.

Al preguntarles si responderán ante la justicia por esos delitos, ambos insurgentes aseguran que han apelado al derecho de los pueblos de rebelarse y organizarse: “nuestro accionar no se rige por todas las normas y leyes del orden actual en Colombia. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho actual los delitos que se nos atribuyen están asociados con el ejercicio de la rebelión y de la disidencia política”.

En las noticias no ha sido frecuente escuchar que hayan capturado a integrantes de estas dos estructuras, lo que significa para ‘Alexandra’ un logro de la clandestinidad por haber cumplido el trabajo asignado sin la necesidad de saber quién es el que lo está haciendo y qué hay detrás de quien lo hace. Pese a ello, están dispuestos a contribuir a la verdad si así lo disponen las instancias de dirección.

“Esperamos que con la creación e implementación del Tribunal Especial para la Paz las víctimas tengan acceso a la verdad, reparación y los grandes responsables de esta historia de guerra puedan responder ante ellas. Si estamos llamados a reparar lo haremos”, afirman tanto ‘Alexandra’ como ‘Mario’.

Si bien es incierto el número de integrantes de las estructuras urbanas de las Farc, durante cerca de 15 años, éstas se han convertido en una de las cartas del trabajo político que ha tenido este grupo guerrillero en las ciudades. Quienes desconocen el accionar de esta organización alzada en armas hace 52 años olvidan que así como existe la faceta militar, también tienen un rostro, oculto, que trabaja en su proyecto político y que se esperan revelar cuando se materialice el fin del conflicto armado y existan garantías plenas para su movimiento.

*Nombres cambiados a petición de las fuentes

Briceño, ante el reto de construir paz sin cultivos ilícitos

De la noche a la mañana, este municipio pasó de ser un pueblo olvidado enclavado en las montañas del norte de Antioquia a ser uno de los principales referentes de lo que será el posconflicto en Colombia. Sus pobladores viven ahora entre el escepticismo y el optimismo.

bricenio 1.Hace una semana, cuando aparecieron en la escuela del corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño, Antioquia, el delegado plenipotenciario la guerrilla de las Farc, Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’; y el ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo, el público no evito la exaltación. Los protocolos se fueron al traste; los asistentes desobedecieron las indicaciones de mantener el orden y no acercarse a la mesa principal. Una nube de celulares, tabletas y demás dispositivos digitales enfocaron a los protagonistas del evento.

La ocasión lo ameritaba. Era la primera vez que un funcionario del Alto Gobierno visitaba esas lejanas tierras del norte antioqueño. Aunque muchos en Pueblo Nuevo crecieron – y han vivido – bajo la influencia de las Farc, nunca habían visto en persona a un histórico comandante de esta guerrilla.

Ante estos visitantes, el corregimiento, cuya población no supera las 400 personas, era un verdadero hervidero humano; allí se concentraron decenas de campesinos provenientes de veredas cercanas y distantes; funcionarios del orden nacional y local; activistas nacionales y extranjeros; y numerosos periodistas, fotógrafos y camarógrafos.  

Decenas de asistentes viajaron varias horas por carretera, que más bien parece una trocha heredada de la época de la Colonia, con la intención de conocer directamente del gobierno nacional y las Farc el proyecto mediante el cual ambas partes pretenden erradicar de esas tierras un cultivo que ha sido fuente exclusiva de sustento para poco más de 5.000 campesinos durante los últimos 15 años: la hoja de coca.

“No venimos a erradicar, venimos a construir un programa en asocio con las comunidades”, afirmó alias ‘Pastor Alape’; a su vez, Rafael Pardo explicó: “desde esta tarde comenzamos a trabajar en construcción de alternativas. Hemos hecho un barrido de las diez veredas que vamos a intervenir, vamos a ver que problemáticas se pueden atender, obviamente no todo lo que se pide se podrá atender, pero sí podemos establecer un compromiso por parte del gobierno y de las Farc, de tener una ruta cierta para atender a la comunidad”.

Según Pardo, la idea es que esta iniciativa arranque en los próximos dos meses y se intervengan cerca de 2.000 familias y unas 727 unidades agrícolas, de las veredas Pueblo Nuevo, El Orejón, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Roblal y Palmichal. El propósito, de acuerdo con el ministro para el Postconflicto, es que los campesinos se comprometan con la sustitución y la no resiembra mientras el gobierno nacional ejecuta un plan de atención inmediata a la vez que se construye con las comunidades el plan de sustitución y desarrollo alternativo.

¿Cuándo floreció el “oro verde”?

bricenio 2.Nadie sabe con certeza cómo llegó la hoja de coca a inundar las montañas de Briceño, pero todos apuntan a que fue en esos primeros años de la década del dos mil, cuando germinaron las primeras semillas.

Jose*, quien llegó a estas tierras proveniente del municipio de Amalfi hace ya más de 20 años, contó que promediando el 2002, un vecino suyo en la vereda Las Auras tumbó monte para sembrar unos “palitos” de hoja de coca. A la vuelta de un año todos los pobladores de la vereda abandonaron sus cultivos de yuca, frijol, maíz, caña, para dedicarse al “oro verde”.

“Lo mismo pasó en otras veredas”, agregó el labriego. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los cultivos ilícitos se esparcieron como plaga por las 32 veredas de esta localidad, entre otras, porque crecieron sin la amenaza constante de avionetas surcando los aires soltando glifosato ni con la imagen de camiones transportando pelotones de erradicadores.

La razón: durante esos primeros años de la década del dos mil, Briceño era un municipio disputado a sangre y fuego por las guerrillas y los paramilitares. De un lado estaba el Frente 36 de las Farc, que hizo del norte de Antioquia un fortín inexpugnable; del otro, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una máquina de guerra que impuso su ley en los pueblos donde incursionó.

Lo particular del conflicto armado en Briceño es que terminó dividiendo el pueblo: una parte fue ampliamente dominada por los ‘paras’ mientras que otras, más rurales y distantes, continuaron sirviendo de retaguardia de la guerrilla. “Entonces -dijo Carlos- uno sabía que en el pueblo (casco urbano) había que venderle a los ‘paras’. Pero que si estaba en el monte, había que venderle a la guerrilla. Después de que usted le vendiera a uno de los dos, ya no le podía vender a nadie más”.

Desde entonces, la vida económica del municipio experimentó una profunda transformación. Casi todo comenzó a girar en torno a la hoja de coca. La única estación de gasolina del pueblo comenzó a tener dificultades para satisfacer la alta demanda de combustible, elemento vital para transformar la hoja en pasta. Los arrieros resurgieron de su ostracismo gracias a que se convirtieron en el mejor medio para entrar y sacar de las profundidades montañosas pimpinas, materiales, bultos con la hoja y la pasta de coca.

Los jóvenes en edad de trabajar dejaron de aventurarse por los pueblos del país en busca de fincas cafeteras donde necesitaran recolectores para quedarse más bien en su terruño “raspando” coca. “Una mata de coca da cosecha cada dos meses. Entonces, se necesita gente seguido para raspar. Uno se puede ganar como raspachín unos 250-300 mil pesos semanales. ¿Cuándo se gana uno eso cogiendo café?”, se preguntó Jorge*, un joven oriundo de esta localidad.

Fueron tiempos en que la plata, recordó Carlos, se cargaba por bultos: “¡no exagero! En las afueras del pueblo había una casa donde, al final del mes, llegaba un señor que traía la plata en bultos para pagar la pasta (de coca). Y los campesinos hacían fila porque eran muchos. El señor pesaba, sacaba la plata de un bulto y echaba la pasta en otro”.

De una manera u otra, bien por decisión voluntaria o bien porque las circunstancias los obligaron, un alto número de los habitantes de Briceño, cuya población llega a los 8.000 habitantes, han vivido los últimos 15 años de cuenta de la hoja de coca. “Es que en este pueblo por lo menos el 90 por ciento de la gente vive, directa o indirectamente, de la coca. Podría decir en un 98 por ciento de las veredas hay coca”, admitió José Danilo Agudelo, alcalde de Briceño.

Expectativas de inversión

.Para los briceñitas, lo que hoy está ocurriendo en su municipio ha despertado sentimientos encontrados.  “Es que sin darnos cuenta nos volvimos famosos. Primero, nadie sabía que existíamos y ahora todo mundo tiene puestos los ojos sobre nosotros. Ni modo de decir que no somos de por acá porque ¡cómo estamos de pintados!”, exclamó Julio mientras aguardaba pacientemente la llegada de los delegados del gobierno nacional y la insurgencia.

En ello no exageró el labriego. Desde que el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc anunciaron desde La Habana, Cuba, que implementarían en conjunto con las comunidades campesinas una iniciativa sui generis para sustituir los cultivos de hoja de coca presentes en Briceño, como parte de las medidas de desescalamiento del conflicto y construcción de confianzas, todas las miradas de la comunidad nacional e internacional se volcaron hacia esta localidad, donde también se viene ejecutando, desde junio de 2015, otro plan piloto: el desminado humanitario.   

Aunque anuncios de este tipo apuntan a materializar el anhelo de paz de una comunidad que ha padecido por casi tres décadas el rigor del conflicto armado, entre los briceñitas aún persiste un alto grado de dudas y escepticismo sobre lo que sucederá en esas tierras una vez las Farc dejen las armas, terminé el desminado humanitario en la vereda Orejón y arranque en forma la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos.

“La cosa es tan sencilla que si acaban con la coca, ¿a quién le vamos a vender nuestros panes, nuestros productos, si aquí lo que mueve todo es la coca?”, señaló Judy Elena Posada, representante legal de la Asociación de Mujeres de Briceño (Asomubri). Dicha asociación, creada hace 15 años con la intención de trabajar con las mujeres del municipio, hoy interviene a 700 mujeres de las áreas rurales y urbanas, quienes vienen trabajando en proyectos productivos, principalmente de panadería, costura y organización de eventos.

Las preocupaciones, incluso, van más allá de cambiar una vocación económica ilegal por una legal. “No es únicamente la sustitución de cultivos ilícitos la que traerá la paz. Lo que trae la paz es que los campesinos tengan de verdad calidad de vida y esperamos que, ojalá, no vengan a Briceño solo por el desminado y la sustitución de cultivos”, expresó Ignacio Jaramillo, presidente de la Asocomunal de Briceño, mientras Fabio Muñoz, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Orejón, manifestó que: “nosotros como campesinos desconocemos los acuerdos y necesitamos más pedagogía”.

Por su parte, el mandatario local espera que toda la atención de la cual es objeto hoy Briceño se materialice en mayores inversiones por parte del gobierno nacional. “Basta con que miren las vías de nuestro municipio. Si no hay mejoramiento de vías, la sustitución de cultivos será un fracaso. Si no hay cómo sacar productos del campo, la gente volverá a la coca”, declaró.  

¿Cómo se hará?

.Pese a los anuncios formulados conjuntamente por guerrilla y gobierno nacional, entre los asistentes quedó la sensación de que aún nada está claro. Se tiene certeza, eso sí, de que ambas partes trabajarán conjuntamente con las comunidades campesinas en el diseño de una ruta que, de un lado, logre satisfacer las necesidades de los campesinos que hoy derivan su sustento de la hoja de coca y, de otro, acabe con una de las principales fuentes de financiación del conflicto armado.

También hay certeza de que el plan piloto que comenzará a rodar en pocos meses en Briceño será una experiencia novedosa en materia de lucha contra cultivos ilícitos, que contará con el acompañamiento de entidades que generan confianza en la opinión pública como lo es la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Sin embargo, no será tarea fácil. Para Gabriel Sánchez, coordinador de la Asociación de Campesinos de Briceño (Ascabri), uno de los principales riesgos que enfrenta esta propuesta es que el gobierno nacional incumpla. “Nosotros vamos a construir unas propuestas y esperamos que sean escuchadas e incluidas en esta ruta, esperamos que respeten la decisión de las comunidades”, anotó Sánchez, quien manifestó que “también preocupa el avance de los grupos paramilitares en el municipio”.

Dado que este será un proceso que no iniciará con erradicación sino que será gradual conforme despegan las alternativas de sustitución, muy seguramente también recibirá duras críticas por parte de sectores políticos y de opinión. “Ya por lo menos quedó claro con las intervenciones de Rafael Pardo y ‘Pastor Alape’ que no habrá erradicación forzada y que al final de este proceso, que será gradual, tendrá que haber una reducción sustantiva de los cultivos de hoja de coca”, sostuvo Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos de Indepaz.

Para Arenas, este plan piloto puede convertirse en un experimento que logre transformar el método como se combate actualmente los cultivos ilícitos en Colombia. “En el seno de Naciones Unidas, en Asamblea General, ya se considera que los indicadores de un proceso como este no pueden seguir siendo ¿cuántas matas se arrancaron, cuántas hectáreas se limpiaron? No, el indicador es de desarrollo: ¿qué tanto desarrollo se materializó en una comunidad como la de Briceño que ayudó a eliminar lo ilícito?”.

(*) Nombres cambiados por solicitud de las fuentes

Disidencias de las Farc, una realidad prevista

El anuncio hecho la semana pasada por el Frente 1 ‘Armando Ríos’ de las Farc de no acatar las directrices del Secretariado generó una discusión que, si bien se esperaba, también ha estado plagada de especulaciones que desconocen otras realidades y dimensiones de esta guerrilla.

disidencias farc 1Foto: archivo Semana.Las experiencias internacionales y nacionales señalan que, en todo proceso de negociación de paz, dentro de los grupos armados ilegales surgen sectores inconformes, radicales, que prefieren continuar en disidencia armada antes que plegarse a los acuerdos políticos. También es una realidad que no merece discusión el que, en el corto y mediano plazo, algunos excombatientes reincidan en actividades criminales.

Sin embargo, cada proceso de desmovilización, desarme y reinserción con cualquier grupo armado ilegal encierra sus propias características, lógicas y dinámicas. Por tanto, en el caso de la guerrilla de las Farc, la clave para que la reincidencia y la desobediencia de sus miembros se mantenga entre los márgenes “esperados” radicará en entender su presencia tan diferente, diversa e incluso contradictoria que mantienen en todo el territorio colombiano.

Así lo sostienen diversos analistas consultados por VerdadAbierta.com sobre el reciente comunicado divulgado por el Frente 1 ‘Armando Ríos’ de las Farc, en el que expresan su voluntad de no desmovilizarse ni de acogerse a los acuerdos que se firmen en La Habana, Cuba. De acuerdo con estos investigadores, si bien el anuncio, dado a conocer recientemente por medios de comunicación, estaba dentro de lo “previsible” en un proceso de paz, no puede ser interpretado ni asumido como una decisión definitiva de esta estructura ni tampoco como el inicio de la fractura interna de esta guerrilla.

“Yo por lo menos esperaría qué resultado arrojan las visitas que anunciaron los miembros del Secretariado harían a la zona para hablar con los miembros del Frente. Declarar en este momento que otros frentes harán lo mismo, que no se desmovilizarán, me parece una especulación”, sostiene Kyle Jhonson, analista de International Crisis Group, quien añade además que “de todas formas, la respuesta de las Farc a este tema ya dice mucho”.

Jhonson hace alusión al comunicado fechado el 8 de julio y publicado en su sitio web donde las Farc consignan, entre otras consideraciones, que: “el sector de mandos y combatientes del Primer Frente que decidió renegar de sus principios, apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto. El conocimiento de lo acordado en la Mesa de La Habana fue negado y tergiversado a los guerrilleros de base por los mandos implicados”.

Y continúa con una dura afirmación que muchos han interpretado como la expulsión de este Frente de la estructura de las Farc: “si los mandos y combatientes involucrados tienen el deseo de lanzarse a una aventura incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras de las Farc-Ep. De ese modo dejarían de crear confusión en la opinión pública y de facilitar renovadas y calumniosas razones a los sectores de extrema interesados en la continuación de la guerra”.

Lo cierto es que el anuncio del Frente 1 ‘Armando Ríos’ revivió los temores de una opinión pública escéptica frente a los resultados del proceso de paz. Pero también ha despertado inquietudes entre sectores académicos y aquellos que siguen de cerca el proceso de paz. ¿Cuántos guerrilleros de las Farc continuarán en armas, desobedeciendo de paso las directrices del Secretariado, cuyos miembros en su totalidad se encuentran en La Habana, Cuba? ¿Continuarán como estructuras sueltas pregonando una lucha político-armada o se dedicarán por completo a actividades ligadas con negocios ilícitos? ¿Qué nuevos escenarios de violencia le depararán al país tras la dejación de armas de las Farc?

Anuncio sorpresivo

disidencias farc 2Foto: archivo Semana.El Frente 1 ‘Armando Ríos’ es considerado como uno de las estructuras históricas de las Farc. Fue el primero en iniciar el cobro de gramaje a los cultivos de hoja de coca en los territorios selváticos del Guaviare, Guanía y Vaupés, donde se ha movido durante poco más de cuatro décadas. Fue un frente “madre” que sirvió para el nacimiento de otros más mediante la estrategia de “desdoblamiento” de sus hombres.

En términos militares, fue fundamental en la llamada “guerra de posiciones” que llevaron a cabo las Farc durante la década de los noventa y que les permitió propinarle duros golpes a las fuerzas militares, como lo fueron los ataques contra las bases militares de Las Delicias (30 de agosto de 1996) y la base antinarcóticos de Miraflores (3 de agosto de 1998). También participaron en la toma de Mitú, capital del Vaupés (1 de noviembre de 1998) y fue el Frente carcelero de Ingrid Betancur y de tres contratistas norteamericanos, así como de un grupo de soldados y policías secuestrados por ese grupo alzado en armas.

“Fue un frente que, durante la época de los diálogos en el Caguán, prácticamente desterró al Estado de municipios como El Retorno, Calamar, Miraflores (Guaviare). En esa época, ese frente alcanzó a decretar una especie de república independiente que la llamaban ‘Armando Ríos’. Expidieron cédulas incluso”, explica Pedro Arenas, integrante del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados como Ilícitos de Indepaz. “Esa influencia empezó a ceder con el inicio del Plan Patriota”, agrega.

Según el comunicado de las Farc, fechado el 8 de julio, el actual comandante de este frente es Manuel Botache Santalilla, alias ‘Gentil Duarte’, quien viajó en agosto de 2015 a la Habana, Cuba, para vincularse al equipo negociador de la guerrilla. Por ello, sostiene Arenas, llama poderosamente la atención que sea este Frente el que manifieste públicamente sus intenciones de disidencia.

“En la región sí se comentaba fuertemente que alias ‘Iván Mordisco’ (integrante del Primer Frente) les comunicó a las comunidades que ellos no se iban a desmovilizar. Lo raro es que este Frente ha aceptado, hasta hoy, todas las decisiones que las Farc han adoptado desde La Habana, Cuba. El Frente ha cumplido con el cese al fuego, ha cumplido con el no reclutamiento de menores”, agrega Arenas, quien recuerda que, en mayo de 2015, esta unidad entregó siete guerrilleros a la Presidencia de la junta de acción comunal de la vereda Barranquillita, “con el propósito de que estos se reintegraran a sus familias. Y, ¡ojo! Eran guerrilleros que iban a ajusticiar”.

“No deja de ser curioso, porque si esa disidencia se venía gestando desde hace meses, que solo se conozca hasta ahora llama la atención. Además, porque no hay hechos que permitan pensar que hasta hoy, ellos están por fuera del proceso”, expone el analista, quien complementa señalando que: “incluso, en territorios de influencia del Primer Frente ha ingresado la Policía Antinarcóticos sin que se registren enfrentamientos”.

¿Motivación económica?

disidencias farc 3Foto: archivo Semana.En todo caso, no deja de ser preocupante el anuncio si se tiene en cuenta que la región de influencia de este Frente registra una importante presencia de cultivos ilícitos. Solo en el departamento del Guaviare existen unas 5.400 ha sembradas con hoja de coca, según reveló la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Undoc) en su último informe.

De hecho, dos de sus otroras comandantes, Alexander Farfán, alias ‘Gafas’; y Gerardo Aguilar, alias ‘César’, quienes fueron capturados durante la recordada Operación Jaque, hoy purgan condenas en Estados Unidos por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país.  

Quizás por ello, para muchos sectores de opinión el anuncio de disidencia anunciado desde las selvas del Guaviare obedecería a la estrecha relación de esa unidad insurgente con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Sin embargo, a juicio de Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el tema económico no agota las explicaciones de esta –y otras futuras- disidencias. “Los análisis se han quedado cortos porque se han limitado a una sola dimensión: la económica. Y entonces, bajo esa línea de argumentación, habría que decir que hay guerra porque hay narcotráfico. Y no”, sostiene Álvarez.

Para este investigador, unos de los principales efectos de la política de Seguridad Democrática fue que generó un acelerado recambio de mandos medios en las distintas estructuras de las Farc que, en muchos casos, incidió negativamente en tanto acercó a combatientes muy jóvenes o con poco tiempo dentro de la organización a posiciones de poder, cuyas convicciones políticas no son tan fuertes como los llamados “históricos” de la guerrilla”.

“No se puede mirar a las Farc como una caja negra, como si fueran una estructura monolítica. Ellos tienen unas burocracias, donde hay unos individuos que definen tres principios: lealtad, cohesión y disciplina. Creemos que la disidencia de los grupos guerrilleros puede pasar por cómo resuelven las bases guerrilleras estos principios. Hay que tener en cuenta que, una cosa son las Farc con armas y otra muy distinta serán sin armas”, asevera Álvarez.

Su apreciación es compartida por el analista de Internacional Crisis Group, quien añade que “definitivamente hay muchos mandos medios jóvenes, sin una identidad ‘fariana’ tan fuerte como la de los viejos guerrilleros de las Farc”.

El escenario esperado

disidencias farc 4Foto: archivo Semana.Si en algo coinciden los analistas es que, si bien es cierto que el país debe prepararse para eventuales disidencias de las Farc, la magnitud de las mismas solo se conocerá conforme avance el proceso de paz. Es algo que ya sucedió en el pasado.

Según el II Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), tras la desmovilización del M-19 surgió un grupo disidente denominado frente Jaime Bateman Cayón, que actuó durante pocos años entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, pero luego desapareció.

Uno de las reincidencias de grupo guerrillero más “sonadas” fue la de los “caraballistas”, un puñado de excombatientes del Epl que decidió no acogerse a los acuerdos de paz. Aunque se trató de una disidencia nacional, donde realmente tuvo fuerte impacto fue en Urabá antioqueño y el Catatumbo, Norte de Santander. De hecho, a la disidencia del Epl se le responsabiliza como uno de los actores que agitó la fuerte oleada de violencia que vivió la región antioqueña durante buena parte de la década de los noventa.   

En el caso de los grupos paramilitares, según el mismo informe, por lo menos el 15 por ciento de los combatientes que entregaron sus armas con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) reincidieron en actividades criminales, una cifra más conservadora a la estimada en su momento por la propia Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), que llegó a calcular la reincidencia de excombatientes paramilitares en un 18 por ciento.  

De ahí que los interrogantes actuales giren en torno a ¿qué tipo de escenario le puede deparar al país en materia de nuevas violencias? Jhonson visualiza dos tipos de escenarios: “un incremento de la guerrilla del Eln; es decir, que se presenten casos donde guerrilleros de las Farc simplemente cambien de brazaletes por uno del Eln. El otro, es que se vinculen con bandas criminales”.

Por su parte, Álvarez sostiene que las experiencias internacionales muestran que cuando disminuye el conflicto armado generado por razones sociopolíticas, se incrementa el crimen organizado a gran escala, “y en ese orden de ideas, de seguro habrá mucha presión de estas estructuras en zonas de frontera, donde ya existen vínculos de los frentes guerrilleros con el crimen organizado trasnacional. También podría haber presión de los carteles mexicanos, por ejemplo”. Sin embargo, habrá que esperar que sucede después del denominado Día D, es decir, del día la firma del acuerdo final entre el gobierno y las Farc.

“Históricamente, las directrices de las Farc han estado por encima de las expectativas de los ‘opinólogos”, conceptúa Arenas. A su juicio, está guerrilla se enfrenta a una prueba de fuego que le mostrará al país qué tan cohesionadas se encuentran: “nada más y nada menos que la orden dada por ‘Timochenko’ de suspender la extorsión. Ahí, los frentes se tendrán que enfrentar, en terreno, al asunto de su abastecimiento. El resultado que tenga esa directriz mostrará realmente qué tan unidas están las Farc”.