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Por primera vez, el gobierno suspende los diálogos con las Farc, mientras se aclara el secuestro del general del Ejército Rubén Darío Alzate en Chocó. Este es el momento más crítico de una negociación que se adelanta sin cese del fuego y que ha despertado ilusiones y polarización en el país.

“La Habana es el escenario para que unos y otros reconozcan que han victimizado a la población civil”: Martha Nubia Bello

De esa manera esta investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica abre el debate sobre el tratamiento de las víctimas en el desarrollo de los diálogos del gobierno nacional con las Farc.

martha-bello-300x200Martha Nubia Bello, Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinadora del Informe ¡Basta Ya!En entrevista con VerdadAbierta.com, esta investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinadora del Informe ¡Basta Ya!, que dio cuenta de la dimensión de las afectaciones del conflicto armado en Colombia, hizo varias reflexiones acerca del tema de la participación de las víctimas en los diálogos que adelanta en Cuba el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc para buscarle una salida a un conflicto armado que lleva ya 50 años.

Precisiones sobre quiénes son las víctimas en el país, qué rol deben cumplir en el desarrollo de las conversaciones en La Habana y cuál es el tratamiento que debe dársele a la los miembros de la Fuerza Pública son algunos de los temas abordados por Bello en su conversación con VerdadAbierta.com, de la cual presentamos los siguientes apartes.

Verdad Abierta (VA): ¿Quién son víctimas? ¿Hay casos en que los combatientes pueden ser considerados víctimas?

Martha Nubia Bello (MNB): Desde la perspectiva jurídica hay una definición en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que dice que son las personas a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, incluidas las personas afectadas por acción u omisiones de la Fuerza Pública.  Un miembro de las Fuerzas Militares (FFMM) es víctimas cuando la acción violatoria transcurre cuando no está prestando servicio, por ejemplo, cuando está de vacaciones, en ese caso es una víctima.

VA: ¿Cuánto está prestando servicios un miembro de la Fuerza Pública no puede considerarse víctima?

MNB: No, desde el punto de vista jurídico a ellos los ampara otro tipo de acciones de protección y atención. Si se mira desde un punto de vista más subjetivo y se habla con un policía que fue afectado en una incursión armada y que sufrió amputaciones, obviamente la vivencia de él y su familia es la  de una víctima.  

Pero los miembros de las FFMM tienen su propio estatuto de protección, un sistema de sanidad, de pensión y de indemnización que los civiles no tienen. Tiene un sistema institucional de protección que permite que el Estado responda frente a una situación que además es previsible, pues un actor armado legal o ilegal al estar armado y ser combatiente está expuesto cotidianamente a un ataque de este tipo.

Son situaciones complejas, porque ellos pueden tener la experiencia de ser víctimas, como ocurre en otros casos, por ejemplo, con las víctimas de narcotráfico que formalmente no son consideradas como víctimas  porque el narcotráfico no hace parte de las dinámicas del conflicto armado interno según la ley.

VA: ¿En algún caso los miembros de grupos armados ilegales pueden considerarse víctimas?

MNB: No, pero sus familiares sí, por ejemplo, si han sido afectados personalmente.  Se presentan muchos casos en Colombia de familiares de guerrilleros que son perseguidos y han tenido que salir exiliados, en ese caso la acción la sufre directamente el familiar.

También puede pensarse en el caso del reclutamiento, son víctimas según la ley quienes se desmovilicen siendo menores de edad. El reclutamiento es complejo porque se reconocen dos condiciones: en tanto menor de edad es un sujeto especial de protección al que le vulneraron sus derechos, pero una vez en el grupo armado terminan siendo victimarios. Que se le reconozca su condición de víctima no implica que se les exima de su responsabilidad como victimario, sobre todo si se desmoviliza siendo mayor de edad.

VA: ¿Qué opina de que miembros del Ejército estén buscando participación en los diálogos de La Habana?

MNB: A mí me parece improcedente. Claro que subjetivamente tienen todo el derecho de sentirse victimizados, pero creo que ese no es el escenario, para mí La Habana es el escenario para que unos y otros reconozcan que han victimizado a la población civil, eso tienen que reconocerlo, pedir perdón asumir responsabilidad.  En otros escenarios es importante que los miembros de las FFMM reivindiquen también a sus víctimas y hagan públicos sus daños.  

Lo mismo para los grupos ilegales, me parece improcedente que las Farc reclamen que los guerrilleros que están presos tengan una voz en La Habana.

VA: ¿Cuáles deben ser los criterios para elegir a las víctimas que vayan a La Habana?

MNB: Es muy importante que estén todas las víctimas civiles, que haya víctimas de todos los actores armados; que haya un criterio de grupo poblacional donde se incluyan representantes de los afro, los indígenas, los campesinos; un criterio de género; y uno que tenga en cuenta las 14 modalidades de violencia reconocidas por la Ley. No debe tener un criterio numérico, porque si fuera por eso la mayoría serían representantes de los desplazados. Tiene que haber alguien por cada una de las modalidades, pues por insignificantes que puedan parecer numéricamente son crímenes de lesa humanidad.

Si no están todos representados se va a sentir como algo arbitrario y siempre va a ver una sensación de exclusión, de por qué nosotros sí y por qué nosotros no.

VA: ¿Qué importancia tiene que las víctimas participen en el proceso previo a llegar a un acuerdo?

MNB: Las víctimas tiene sus derechos reconocidos nacional e internacionalmente y esos derechos   no se negocian en La Habana, ya lo han dicho los negociadores. El papel de las víctimas apunta a dos cosas: que lo actores armado asuman la responsabilidad política de sus actos y la otra que  se les reconozca y se les visibilice.  

Yo creo que si algo he escuchado y he aprendido es que las victimas exigen reconocimiento y esa exigencia tiene que ver con la historia de ese país, con la invisibilización  y estigmatización que han sufrido. En parte porque los mismos gobiernos se encargaron de visibilizar a unas víctimas más que a otras y eso ha creado una fractura y sensación de injusticia entre las mismas víctimas. Por ejemplo, ese es uno de los reclamos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que siempre han tenido esa sensación frente a las víctimas de secuestro, que siempre han tenido mayor visibilidad.

Creo que eso es parte de lo que se está expresando ahora, no es que la víctimas se encarguen de dividirse entre ellas, creo que es el pésimo manejo que en este país se le ha reconocer unos crímenes y callado otros.   Este es un momento simbólico que las víctimas, en el buen sentido de la palabra, quieren aprovechar para ese lograr ese reconocimiento.

VA: ¿Cuáles  son los peligros de pensar en las víctimas de acuerdo a quién fue su victimario?

MNB: Me parece complicado, lo que la sociedad colombiana tiene que aprender es a repudiar los hechos, a condenarlos radicalmente, condenar la muerte y no permitir ningún tipo de justificación de ningún grupo armado.  Esa es una lección que tenemos que aprender del pasado para que los hechos no se repitan.  

Desde mi experiencia, puedo decir que hay muchas victima que no saben quién fue el victimario, que no tienen claridad del contexto sociopolítico en el que acontece esta guerra, solo vive su tragedia. Pienso que hay una manipulación política de las reivindicaciones de las víctimas, me atrevería a decir que ni siquiera son las víctimas, sino intereses  políticos que manipulan estos debates y eso me parece aún más perverso porque es quitarles a las víctimas este protagonismo, es volverle a quitarle la voz.

Sin generalizar, puedo decir que muchas de las víctimas que he escuchado solo quieren saber la verdad,  hay unas necesidades urgentísimas que de verdad, cosas como saber dónde están los restos de un familiar. Además de que los victimarios lo reconozcan y quiten cualquier velo de justificación sobre lo que hicieron, eso no necesariamente se refiere a justicia punitiva. En eso están más las organizaciones de Derechos Humanos, la justicia internacional, diciendo cuántos años son de cárcel o  si pueden los guerrilleros hacer política,  es un debate fundamental, pero la mayoría de las víctimas en la regiones no están metidas en eso.

Ellas que han puesto el cuerpo y la sangre están hastiadas de la guerra, de lo que he podido hablar con ellas,  es que el proceso se resuelva pronto.  

VA: ¿Se puede decir que hay diferentes tipos de verdad a las que las víctimas tienen derecho?

MNB: Sí, hay verdades urgentísimas, verdades en rojo que son más de carácter humanitario, como las relacionadas con la desaparición forzada y las fosas comunes. Son cientos de familias que tienen una herida profunda que aún está sangrando, sin eso no se puede dar un paso hacia adelante, la gente tiene que saber si su familiar está vivo o muerto, algunos ya saben que está muerto, pero necesitan saber dónde está el cuerpo o si lo saben que se haga una exhumación urgente. Esta es una cuestión que pueden ayudar los actores armados y en algunos casos ya lo han hecho.  

Hay otra verdad más local, a todos los lugares donde fuimos como Centro Nacional de Memoria Histórica la gente nos hablaba de complicidades de miembros de la Fuerza Pública, comerciantes, etc. Las víctimas esperan que esa verdad se devele porque hace parte de la justicia,  y ahí son importantes los procesos judiciales, el papel de la Fiscalía y el testimonio de los victimarios. En el escenario local muy poco se ha reconocido y nadie ha asumido responsabilidad por ese tipo de complicidad.  

También hay verdades más políticas. No se puede pensar un proceso de negociación donde el victimario diga que todo lo hizo bien o donde haya arrepentimientos cínicos. Los guerrilleros deben reconocer que cometieron crímenes de lesa humanidad y las FFMM militares, en los casos que lo hicieron, también.  

Con el informe ¡Basta Ya! Hemos encontrado que un actor busca responsabilizar al otro para exculparse y eso no puede pasar, tienen que admitir que hicieron mal las cosas.

VA: ¿En qué escenarios se deben presentar estas verdades?

MNB: Se supone que en este proceso de negociación los guerrilleros tienen que pasar por un mecanismo de contribución a la verdad para poder hacer concesiones de justicia, pero no se tiene claro cuál va a ser ese mecanismo, así como en el caso de los paramilitares fueron las versiones de Justicia y Paz. Pero ese mecanismo aún está en discusión porque se requiere que las Farc puedan contribuir con una verdad estructural.

VA: ¿qué opina de la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto?

MBA: Surge de un reclamo de las Farc, de la necesidad de replantear cuál es la fecha de origen del conflicto y eso tiene sentido porque una fecha incluye, excluye y determina responsabilidades. Los relatores van explicitar consensos y disensos, es decir se está partiendo del hecho que va a ser difícil llegar a un consenso. Lo que se busca en este momento es reconocer que no hay un acuerdo en una fecha y es importante porque esas diferentes perspectivas van a contribuir a ampliar las comprensiones del conflicto. Para mí es un buen mecanismo que puede ampliar la comprensión d lo que aquí ha ocurrido.

Los guerrilleros que van de la guerra al proceso de paz

Los integrantes de las Farc que llegan a discutir la dejación de armas y la tregua definitiva son los que han estado detrás de los más recientes atentados de esa guerrilla y los combatientes más feroces.

A la Habana llegaron los más experimentados guerreros de las Farc.Hace dos meses la polémica se encendió porque por primera vez en 50 años, militares activos y de los más altos cargos se sentaron a dialogar con las Farc. Ellos, la cuota del gobierno, viajaron a La Habana para instalar la subcomisión que diseña estrategias tan delicadas como la desmovilización de la guerrilla y el cese bilateral al fuego.

Ahora el turno es para las Farc. Esta semana se conoció quiénes son los guerrilleros que llegan a ser la contraparte de los militares activos y a reforzar a las Farc en la mesa de diálogos. Ellos llegan a la subcomisión que discute el fin del conflicto, de manera paralela al punto actual sobre víctimas.

“Al igual que está pasando en la sociedad colombiana, en las tropas de las Farc desconfían del proceso de paz. La solución que ven es llevar a los viejos comandantes, a los más queridos por los guerrilleros y en los que más confían para intentar mostrar seguridad”, afirma Ariel Ávila, quien ha estudiado a este grupo guerrillero desde la Fundación Paz y Reconciliación. Además, muchos sectores han dicho anteriormente que estos guerrilleros no le marchan al proceso de paz por su historia combativa y ahora ellos llegan a desmentir esto.

El guerrillero al que creían muerto
Henry Castellanos Garzón.Quizá una de las fichas más importantes de las Farc y reveladas a último minuto, cuando estaban en el inicio del ciclo 30 de negociaciones, es alias ‘Romaña’, comandante del Bloque Oriental.

Henry Castellanos Garzón es considerado como el cerebro detrás de la mayoría de los secuestros que cometió esa guerrilla a finales de los 90 y principios del 2000 por su participación en las llamadas ‘pescas milagrosas’. Se cree que ‘Romaña’ no fue quien inventó esta modalidad de secuestro y extorsión masiva pero él las convirtió en uno de los métodos más eficaces para la guerrilla y más tenebrosos para los colombianos.

Este hombre que sólo estudió hasta cuarto de primaria y que antes de ser guerrillero trabajaba como electricista, para el 2000 era el encargado de las finanzas del grupo revolucionario.

Además, es señalado de ser el responsable del secuestro del periodista Guillermo ‘La Chiva’ Cortés y del político Alan Jara. Además, la inteligencia militar asegura que en un momento ‘Romaña’ planeaba secuestrar al animador Fernando González Pacheco y asesinar al entonces jefe de redacción del diario El Tiempo, Francisco Santos.

Sin duda uno de los golpes más terroríficos que ha propinado fue la toma de Mitú, Vaupés, en 1998, donde murieron poco menos de 50 personas y fueron secuestrados 61 policías y militares.

No se conoce a ciencia cierta cuáles fueron sus primeros pasos en las Farc. Unos dicen que llegó al grupo armado después de su paso por las Juventudes Comunistas y otros indican que se formó directamente en la guerrilla. Lo cierto es que desde que ingresó a las filas creó una empatía con Manuel Marulanda, el entonces comandante en jefe de las Farc, y tuvo como profesor al ‘Mono Jojoy’ en Caquetá. Desde ese momento, fue uno de los hombres más cercanos al entonces miembro del Secretariado.

En los más de 30 años que lleva en la guerrilla, ha pasado por los frentes 26, 27, 40, 51 y 53, que operan en Meta y parte de Cundinamarca.

Por lo que significa en las Farc y por todas sus actuaciones, ‘Romaña’ ha sido uno de los blancos principales de las Fuerzas Militares y tiene por lo menos 70 procesos en la Fiscalía. Cuando ocurrió la operación contra ‘Mono Jojoy’, en 2010, se decía que ‘Romaña’ también había sido dado de bajo pero el guerrillero seguía vivo.

Las últimas noticias de él fueron en enero de este año cuando fuentes militares aseguraron que estaba muerto. Ahora ‘Romaña’ aparece en La Habana como uno de los hombres de las Farc que hablarán de desmovilización y cese bilateral al fuego.

En pie contra los paramilitares
Félix Antonio Muñoz Lascarro.El otro movimiento clave de las Farc es alias ‘Pastor Alape’, cuyo nombre real es Félix Antonio Muñoz Lascarro. Este es uno de los guerreros más curtidos de las Farc que comanda el Bloque Magdalena Medio, liderado históricamente por ‘Timochenko’, la cabeza máxima de ese grupo armado. Alape confesó en una ocasión durante una entrevista que sólo estudió hasta noveno grado.

El poder de Alape en las filas es indiscutible no sólo porque está en el Secretariado desde 2010, cuando entró en reemplazo del abatido ‘Mono Jojoy’, sino por su experiencia en combate. En sus 30 años en la guerrilla ha soportado los golpes de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares en Antioquia, el sur de Bolívar y Norte de Santander. Entre 1997 y 2003, cayeron cinco frentes guerrilleros mientras él se mantuvo en pie. Entró a la guerrilla en 1983 para ser parte de la guardia personal de ‘Jacobo Arenas’, ideólogo de las Farc que murió de un infarto en 1990.

Su paso también ha sido por el narcotráfico. Estados Unidos lo tiene en su lista negra y ofrece hasta 2,5 millones de dólares de recompensa por él. ¿La razón? Lo consideran uno de los principales supervisores del suministro de cocaína en el Catatumbo, la región donde más se siembra hoja de coca en Colombia. Allí opera el frente 33, comandado por Rubén Zamora, quien también está en La Habana.

Alape llega a la mesa de negociaciones con por lo menos 10 órdenes de captura en su contra, varias condenas por secuestro, rebelión y terrorismo y un discurso que señala que hay que desmontar “el tramado psicológico” de las Fuerzas Militares para que dejen de actuar como “victimarios”. Así lo expresó en una carta publicada este 22 de octubre y firmada el 12 de este mismo mes desde La Habana, lo que significa que ya lleva como mínimo 10 días en la isla.

El académico extorsionista
Luis Antonio Lozada.Otro de los hombres fuertes de la guerrilla trasladado a Cuba es ‘Carlos Antonio Lozada’, alias de Luis Antonio Lozada. A diferencia de Alape, su relevancia en las Farc no es por lo militar sino por ser uno de los más preparados académicamente. Este bogotano de aproximadamente 50 años es universitario y tiene especializaciones en el exterior, se cree que en la antigua Unión Soviética. Hizo parte de las Juventudes Comunistas, luego del Partido Comunista y posteriormente llegó a las Farc. Actualmente es miembro suplente del Secretariado y hace parte del Estado Mayor del Bloque Oriental, el más grande de la guerrilla. Es uno de los hombres más cercanos a ‘Pablo Catatumbo’.

Su paso por el grupo armado había sido completamente clandestino ante la opinión pública hasta que lo nombraron uno de los negociadores en los diálogos del Caguán, hace más de 10 años. Los hombres del gobierno de Andrés Pastrana con los que intentó negociar lo describen como alguien inteligente, radical y difícil de tratar a pesar de su sentido práctico, como relataron hace algunos años en la revista Semana.

Para 2007, era comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, que es una especie de frente guerrillero del Bloque Oriental destinado a hacer las acciones armadas en las ciudades, seguir a personalidades de la vida pública y rastrear a las empresas.

Desde allí, Lozada planeó una oleada de atentados y extorsiones en Bogotá en la década de los 90 y tenía planes más recientes contra el Trasmilenio, como lo revelaron los datos de su computador, incautado por las Fuerzas Militares en 2007. A él se le atribuyen los atentados contra la Casa de Nariño en 2002, durante la posesión de Álvaro Uribe, y contra Germán Vargas Lleras en ese mismo año y en 2005. En las redes urbanas tenía a su cargo a la holandesa Tanja Nijmeijer, hoy una de las asesoras de la guerrilla en La Habana.

El terror de Inzá
Édgar López Gómez.El perfil intermedio entre Alape y Lozada es alias ‘Pacho Chino’, llamado Édgar López Gómez. Él es un ideólogo militar que ha planeado varios atentados pero que no suele combatir cuerpo a cuerpo con la Fuerza Pública, según relatos de varios desmovilizados de esa guerrilla.

Actualmente, coordina el Bloque Alfonso Cano desde que ‘Pablo Catatumbo’ se fue a Cuba para el proceso de paz. Los departamentos en los que opera son Cauca, Valle y una parte del Tolima.

Las Fuerzas Armadas creen que ‘Pacho Chino’ salió del país en 1990 para entrenarse en explosivos en Rusia y posteriormente fue a Nicaragua y México para aprender de temas políticos.

Sus estrategias militares lo hicieron acreedor de ser el encargado de la seguridad de ‘Alfonso Cano’ pero sus operaciones fallaron pues las Fuerzas Militares lo siguieron y, por él, llegaron hasta el comandante en jefe de la guerrilla y lo dieron de baja en 2011.

Sus antecedentes están fuertemente vinculados con golpes de las Farc. Este caleño de origen indígena estaría vinculado al secuestro de los diputados del Valle en 2002, cuyo único sobreviviente es Sigifredo López. ‘Pacho Chino’ también es señalado como uno de los responsables de la moto - bomba que explotó en Inzá, Cauca, en diciembre de 2013, justo antes de que comenzara el mes de tregua anunciado por las Farc. Desde ese momento, el gobierno ofrece una recompensa por él de 2.500 millones de pesos.

A dos de los hombres que trabajan con él, ‘Duver’ y ‘Machoman’, se les atribuye haber sembrado minas antipersonales alrededor de escuelas en Inzá. Ellos son del frente sexto de las Farc, al igual que la compañía política Ambrosio González, a cargo de ‘Matías Aldecoa’, otro de los nuevos guerrilleros en el proceso de paz.

El que no quiere dejar las armas
Por departamentos muy cercanos a los de ‘Matías Aldecoa’ y ‘Pacho Chino’ está José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’. Él es el segundo hombre de ‘Pablo Catatumbo’ en el Bloque Alfonso Cano y opera en Cauca, Valle y Chocó. Al igual que los anteriores guerrilleros, Mendoza ha salido a la luz pública por un atentado reciente. El bloque móvil Arturo Ruiz, del que es jefe, cometió el atentado en Pradera en enero de este año cuando la tregua dictada por las Farc estaba a punto de terminarse. ‘Iván Márquez’ tuvo que hablar desde La Habana para decir que había sido un error.

En sus 37 años en la guerrilla, Mendoza se conoce por ser uno de los fundadores del Comando Conjunto Central y el creador de las columnas móviles, que fueron pensadas para actuar de manera rápida, sigilosa y contundente.

Se cree que llegaría a la subcomisión de fin de conflicto pero parece que no está dispuesto a una desmovilización. En un video incautado por inteligencia militar y publicado en febrero de este año por Noticias Uno, Mendoza le dice a las guerrillas a su cargo que nunca entregarán las armas “pase lo que pase”.

Su reciente ataque: un cilindro bomba
El último de los hombres llamados a la mesa de negociaciones es ‘Leonel Paz’, cuyo nombre real es Diego Ardila Merchán. Él es jefe del frente 30 que opera en el Valle del Cauca y comandante de la columna Gabriel Galvis, que pertenece al bloque móvil comandado por Mendoza.

‘Leonel Paz’ fue jefe de seguridad de Catatumbo y a él se le atribuye el ataque con un cilindro bomba que cayó en una casa y causó la muerte de una bebé en Miranda, Cauca, a finales de julio de este año.

Con órdenes de captura suspendidas por la Fiscalía y con decenas de atentados a sus espaldas, llegan estos seis guerrilleros a La Habana. Su selección es clave dentro de la guerrilla para enviar en mensaje político por la jerarquía que tienen y, lo más importante, por mandar a cientos de insurgentes en el terreno y en el combate, como señala el historiador Medófilo Medina.

Pero el mensaje también está dirigido a todos los colombianos. Las Farc quieren mostrar que hasta sus comandantes más guerreros quieren la paz. “Mientras todos se preocupan por la unidad de la guerrilla, yo me pregunto por la unidad del Estado pues hay sectores militares y de las élites, más el uribismo, que disparan a los diálogos desde adentro. ¿Qué pasará con ellos?”, concluye Ávila.

“Colombia no aguanta más”: padre Francisco de Roux

El jesuita advierte que si en los próximos tres años no se logra el proceso de paz en La Habana, el conflicto armado recrudecerá. Desde el Magdalena Medio preparan propuestas para implementar acuerdos que lleven a la paz territorial. Por Ivonne Rodríguez González. 

Padre Francisco De Roux, provincial en Colombia de la Compañía de Jesús. Foto Semana“El tiempo apremia. Independiente de todas las críticas al gobierno, hay que parar esta guerra provocada por las Farc, el Eln, el Epl y los paramilitares. Esto es un desafío impresionante y es necesario que lo asumamos con la gravedad que implica”, dijo en Barrancabermeja el padre Francisco De Roux, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, durante el séptimo Encuentro Regional para la Paz convocado por diversas organizaciones no gubernamentales para pensar el posconflicto en el país

Ante por lo menos 250 personas de varias organizaciones sociales del Magdalena Medio, De Roux aseveró que de no lograrse una pronta desmovilización de todas las guerrillas, vendrá una guerra más cruda: “El país traerá al Ejército norteamericano, llegarán armas extranjeras y eso será una locura”, afirmó y de paso recordó lo que sucedió tras el fallido proceso de paz con la guerrilla de las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2000).

Organizaciones de la sociedad civil, apoyadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, realizan los Encuentros Regionales para la Paz, una iniciativa que pone a dialogar a campesinos, empresarios, jóvenes, iglesias e instituciones estatales alrededor de los acuerdos alcanzados en La Habana con la guerrilla de las Farc.

Con el del Magdalena Medio ya son siete los encuentros realizados y a final de año esperan sumar otros cinco. Las propuestas de los 12 territorios se traducirán en un documento que presentarán en febrero de 2015 al Alto Comisionado para la Paz y la Mesa de Diálogos en La Habana.

“Desde hace muchos años los territorios discuten el tema. Lo que hacemos ahora es acercar lo que se está acordando en La Habana para proponer cuáles son esos cambios que debe hacer el Estado para que la paz sea real”, explicó Irma Perilla, coordinadora programática de los Encuentros Regionales por la Paz.

Avances y fragilidades del proceso de paz
De Roux contó la experiencia del grupo de víctimas que ha ido a La Habana y destacó que el proceso de paz ha avanzado en términos del reconocimiento que han hecho tanto los militares como las Farc en relación con los efectos de la violencia.

Al comienzo ambos actores armados se referían a los crímenes como errores de la guerra, luego como errores políticos y “ahora que son graves violaciones al ser humano y que con estas violaciones se han dañado así mismos”, indicó el fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

De Roux dijo que un tema fundamental para lograr la paz territorial es la tierra y que para ello es clave “construir un plan de ordenamiento territorial que sea dialogado entre campesinos, sindicalistas, empresarios y la iglesia”. El Estado, a su juicio, debe definir, a partir de las propuestas, qué bosques se protegen, qué bosques son productivos, cuáles serán las Zonas de Reserva Campesina, dónde está la explotación minera y la agroindustria, y bajo qué condiciones.

El jesuita planteó cinco fragilidades del proceso de paz que la sociedad y el gobierno deben saber resolver. La primera se refirió a la politización del proceso: “Lo que ocurre en La Habana no es un triunfo de un político o la razón de otro. Es la posibilidad de vivir como seres humanos”.

La segunda es la incorporación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) al proceso de paz. A su juicio, “desmovilizar a esta guerrilla es importante y desde hace ocho meses se están tratando de hacer acercamientos para tenernos en la Mesa”.

La tercera fragilidad es el tiempo de la paz. Según De Roux, la negociación no tiene más que tres años para lograr la desmovilización de las guerrillas.

La cuarta es la dificultad con empresarios, políticos y medios de comunicación para que acepten los cambios estructurales que se deben hacer: “Hay unas resistencias hondas a la política rural conversada en La Habana. También tenemos el ejército más grande del mundo. ¿Vamos a seguir con ese ejército que se lleva gran parte del presupuesto que debería ser para educación, salud o vías?”.

Y en quinto lugar se refirió al peligro que representa “la extrema derecha. Miremos lo que pasó con la Unión Patriótica (UP). La extrema derecha mata”, concluyó De Roux.

Concretar paz territorial
Ubencel Duque Rojas, director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, consideró que hay varios temas por analizar para que se logre la paz territorial. El primero es que se declare el cese al fuego. “Al estar negociando en medio del conflicto en los territorios se sigue manteniendo el rigor de la guerra. Seguir negociando así implica una falta de coherencia política. Una cosa es lo que se dialoga en La Habana y otra lo que está sucediendo en las regiones. Es como si habláramos de dos países distintos”.

Otro tema es garantizar un proceso de paz con el Eln y el Epl para lograr la desmovilización de toda la insurgencia, y que el Estado además cumpla los acuerdos pactados con las autodefensas. “Hay una reproducción de la violencia con otro sistema y estos actores controlan los territorios profundizando el narcotráfico”, señaló Duque.

Uno más es la construcción de confianza en los territorios. Si se avanza en los acuerdos que ha establecido el gobierno con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, “demuestra que se está en la capacidad de reconocer a la sociedad civil como un actor político fundamental en la elaboración de acuerdos y la terminación del conflicto”, indicó.

Irma Perilla, coordinadora programática de los Encuentros Regionales para la Paz, señaló que hay esperanza con el anuncio del desescalamiento del conflicto, lo que a su juicio “evidencia madurez en el proceso, pero hay que acercar esos acuerdos que están negociando y saber qué incidencia tienen en la cotidianidad”. Para que haya paz, dijo, “se deben tener en cuenta las demandas y agendas de cada región, identificar qué cambios hay que hacer y preguntarse si con las instituciones que tenemos podemos hacer esos cambios”.

Qué dicen las comunidades
En el Magdalena Medio, una región azotada por todos los actores armados, líderes de varias comunidadesDesde el Magdalena Medio hacen un llamado para que el gobierno y las Farc en La Habana tengan en cuenta sus necesidades y propuestas. del sur de Bolívar y Antioquia que asistieron al encuentro regional en Barrancabermeja coinciden en señalar que para concretar la paz territorial el Estado debe invertir, resolver los conflictos por tierras y garantizar que no se repita la violencia. VerdadAbierta.com habló con varios de ellos.

Gil Alberto García López tiene 62 años y toda su vida ha trabajado en el campo. Su familia llegó, como muchos colonos, al sur de Bolívar para cultivar la tierra. Desde 2006, después de la desmovilización de Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que los desplazó y ocupó sus fincas, los campesinos de los corregimientos de Monterrey, San Blas, San Joaquín, Santa Lucía y El Paraíso, del municipio de Simití, se organizaron en el Comité Cívico del Sur de Bolívar para buscar la reparación colectiva y reconstruir sus comunidades.

Mientras relata su historia, García guarda silencios y se le pierde la mirada recordando que “no ha sido fácil” comenzar de cero después de que encontraron sus parcelas copadas de maleza, sin animales y con los restos de munición que dejó la guerra.

Este labriego cree que el principal problema de las 12 mil personas que viven en esos cinco corregimientos es la carencia de títulos de propiedad. Sus tierras están protegidas por la Ley 2 de 1959 que determina que están sobre un territorio considerado reserva forestal y no debe ser intervenido por seres humanos.

“Pero el gobierno debería revisar si la gente lleva más de cincuenta años trabajando en ellas”, propuso. Es lo que le sucede por ejemplo a Valledupar y Buenaventura, cuyos territorios están en Ley 2, pero están habitados y explotados. “Al no tener un título eso nos dificulta acceder a un crédito. Los bancos consideran que no hay una garantía para que nos preste”, explicó García.

Lo mismo les sucede a los pobladores del corregimiento de Micoahumado en el municipio de Morales, también en el sur de Bolívar. Pablo Jesús Santiago Quintana, líder en esta región del Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz, reconoció que estas tierras están protegidas con reserva forestal.

“Como zonas protegidas no hay vías y los alcaldes se escudan en esta figura para no invertir”, destacó Santiago. En su corregimiento viven 350 familias en el sector rural y otras 180 en el área urbana del corregimiento, es decir unas 2 mil 600 personas.

Aunque en la región el Magdalena Medio hay dos Zonas de Reserva Campesina, entre ellas la de Morales-Arenal con 29 mil 110 hectáreas reconocidas en junio de 1999 por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), Santiago afirmó que esa extensión no garantiza ni es suficiente para la producción y sostenimiento de todas las familias del municipio.

“Uno mira que el gobierno busca un diálogo con los armados pero desconoce las necesidades de las comunidades. Es importante reflexionar que no sólo las armas producen la guerra; la pobreza y el abandono. La única inversión del Estado en esta zona ha sido militar”, indicó el líder.

En El Garzal, municipio de Simití, el Incoder adelantó hasta 2013 estudios para clarificar la propiedad sobre por lo menos 5 mil hectáreas que reclaman 377 familias. Las mil 200 personas que viven allí fueron amenazadas por la guerrilla, por los paramilitares y cuando iban a lograr la titulación de las tierras, a ésta se opuso Manuel Enrique Barreto, un vecino cuya finca llamada La Sucumbeza fue allanada después de que el Fokker de Avianca secuestrado por el Eln en 1999 aterrizara allí.

“No tenemos garantía sobre la tierra porque el Incoder nos reconoció los baldíos pero las resoluciones nos las entregaron sin planos. Sin los límites no podemos registrar la propiedad. Es muy duro ver cómo ya está muriendo una generación, esperando los títulos de unas tierras que han cultivado por años”, señaló Salvador Alcántara, líder de la comunidad. Hace poco supieron que las tierras de El Garzal fueron solicitadas en restitución por foráneos.

Además de la titulación de los territorios, los líderes estimaron que sin inversión es muy difícil garantizar la paz en las regiones. Los cinco corregimientos de Simití a los que se refiere Gil Alberto García fueron arrasados por el paramilitarismo. El pueblo del Paraíso lo quemaron tres veces y la única empresa que daba empleo, una constructora vial, las Auc la desvertebraron tras amenazar al gerente y desaparecer a Édgar Quiroga, representante de la comunidad.

Por eso una vez ocurrió la desmovilización, los campesinos le pidieron al antiguo Programa de Reinserción a la Vida Civil (PCR), luego Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y ahora a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) que invirtiera en las comunidades. “Nos respondieron que no, entonces un amigo los cuestionó sobre si en este país pagaba más ser malo”, recuerdó.

Ante esa negativa tocaron de forma reciente las puertas de la Unidad de Víctimas, la institución creada por la Ley 1448 de 2011 para reparar a las víctimas del conflicto armado. Le formularon un plan de reparación colectiva por 6 mil millones de pesos para arreglar las vías, mejorar la escuela y desarrollar proyectos productivos.

“Nos dijeron que tenía que ser por menos dinero. Lo reestructuramos por 3 mil 600 millones. Luego nos cambiaron la propuesta y seguimos esperando. Lo que pedimos es un banco de maquinaria para reactivar la empresa vial”, afirmó García.

Fabio García Castillo y Luz Marina Serna Leal, representante legal y tesorera del Consejo Comunitario de Negritudes de la vereda Caño Ovejas, en Yondó, Antioquia, explicaron que la violencia provocada por las Farc y las Auc quebraron los procesos comunitarios que ellos adelantaban. Este es el único consejo comunitario que existe en el Magdalena Medio y que logró el reconocimiento de las 2 mil 183 hectáreas de su territorio colectivo el 16 de julio de 2002.

“Estábamos tratando de realizar algún proyecto productivo cuando vino la violencia fuerte entre 2001 y 2006. Una gran parte de las 467 personas que vivimos en el Consejo nos desplazamos y hasta hace un par de años hemos ido retornando”, dijo García Castillo, quien trabaja con su comunidad en la formulación de un plan de reparación colectiva que se enfoque no solo en proyectos que garanticen la seguridad alimentaria sino proyectos de vida.

Salvador Alcántara contó que en El Garzal, pese a todas las dificultades, buscaron apoyo en la cooperación internacional para sembrar mil hectáreas de maíz, impulsar una microempresa de panadería dirigida por mujeres y producir cacao. Cultivaron un bosque con árboles nativos como solera, higo amarillo, cedro, roble, guacamayo y campano para proteger la naturaleza y darle sombra matas de cacao. “Cada mes producimos entre 10y 15 toneladas de cacao”, dice orgulloso.

De no ser porque una empresa y ahora la cooperación los ayuda con la comercialización del fruto, los campesinos de El Garzal perderían la producción. “Tenemos unas vías precarias que las hemos ido arreglando con lo que podemos. Sin embargo no perdemos la esperanza, ojalá el gobierno nos dé una mano porque produciendo comida se genera paz”, reiteró Alcántara.

Otro de los problemas que encuentran las comunidades es la falta de claridad del gobierno sobre qué usos o planes tienen para la explotación de los suelos. Pablo Jesús Santiago, del Proceso Soberano Comunitario de Micoahumado, dijo que en el municipio de Morales los campesinos han practicado la minería artesanal, extrayendo la pepita de oro para el sustento diario.

Al igual que los procesos de resistencia que adelantan indígenas y afros en Cauca (Lea: En Buenos Aires se pararon en la raya y Lomitas quiere salir del abismo), en este pueblo los campesinos le han puesto freno a la minería ilegal. “Pero ahora la pregunta es cuánto de nuestro territorio está pedido en concesión para que multinacionales y empresas vengan a explotar”, cuestionó Santiago.

Además de la titulación, la inversión y la definición sobre los usos del suelo, un cuarto problema y reto que plantean las comunidades a la luz de la negociación en La Habana es precisamente qué va ocurrir con quienes entreguen las armas. En estas comunidades persiste la presencia de las Farc, del Eln y de las bandas criminales, que se nutrieron de algunos desmovilizados. (Lea: Los líos de la reintegración en Santander)

Lo dicho por todos estos líderes quedó reflejado en la explicación que hiciera el padre De Roux sobre cómo funciona la paz. A su juicio, se asemeja a unas tijeras, que requieren de dos cuchillas: “Una cuchilla es el Estado y la otra es la sociedad civil. La Habana no resolverá todos los problemas, por eso es importante que tengan en cuenta las peticiones de la sociedad. La paz se construye en los territorios”.

Dos años de conversaciones, tres puntos acordados, muchos interrogantes

La agenda pactada entre el gobierno y las Farc en La Habana es una oportunidad para darle un vuelco al país. Pero su implementación tendrá que enfrentar obstáculos enormes.

2app0Tras dos años de conversaciones, gobierno y guerrilla de las Farc avanzan en los acuerdos. Foto: archivo Semana / Foto de apertura: pazfarc-ep.org.Aunque suene a lugar común, es cierto: nunca antes se había llegado a acuerdos tan concretos entre las Farc y el Estado colombiano para ponerle fin al conflicto. Los tres puntos de la agenda en los que ya hay avances parciales (desarrollo agrario integral, participación política y fin a las drogas ilícitas) apuntan a resolver problemas que han hecho posible la prolongación del conflicto, como son la débil presencia del Estado en el territorio, la intolerancia política y el narcotráfico.

En septiembre pasado, cuando se dieron a conocer los borradores de los acuerdos, que contienen también las divergencias, hubo reacciones diversas. Desde quienes consideraron que allí no había nada nuevo, hasta quienes han visto en ellos la oportunidad de darle un vuelco al país.

En materia de desarrollo rural agrario, se destaca el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla sobre la necesidad de darles acceso a las tierras a los campesinos, y para eso se ha pensado no solo en un fondo de tierras sino en mecanismos expeditos para titularlas. (Descargue el texto del acuerdo en PDF)

Un segundo aspecto importante es la valoración de que hay que cerrar la brecha de derechos que existe entre el campo y la ciudad, y en ese sentido apoyar la economía y, en general, el bienestar de los campesinos. Para ello se contempla la creación de Zonas de Reserva Campesina. Otra dimensión clave es la de un ordenamiento territorial participativo que ponga orden al uso de la tierra y sea sostenible.

Si bien esos puntos son difíciles de implementar, el más complejo de adoptar será el catastro rural que también se contempla en los acuerdos y tendría, si se lleva a cabo, un impacto grande en la economía de los municipios y las regiones.

El punto de la participación política se ha definido como la llave para una apertura democrática. Más allá de que se contempla la creación de circunscripciones especiales de paz y un amplio programa de participación de las comunidades y sus organizaciones, el punto crítico será garantizar que efectivamente cese la violencia política y se construya un ambiente de pluralismo. En ese sentido, la protección de quienes actúen en la política, desde visiones diferentes, será un desafío enorme. (Descargue el texto del acuerdo en PDF)

El tercer punto pactado hasta ahora, que busca ofrecer soluciones al problema de las drogas ilícitas, contiene virajes importantes en la manera como se ha enfrentado el problema de los cultivos de uso ilícito, especialmente porque considera que las fumigaciones áreas deben ser el último recurso de erradicación y no el primero, como ha sido en los últimos 25 años. (Descargue el texto del acuerdo en PDF)

Cada punto tiene unos cuellos de botella que serán difíciles de superar, empezando porque son estructurales y no se han solucionado en décadas. A propósito de los dos años de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, VerdadAbierta.com consultó expertos en cada uno de los puntos firmados hasta ahora con el fin de buscar ideas para desentrañar los principales obstáculos que se encontrarán en su implementación, si se logra, claro, un acuerdo final.

Haga clic en las imágenes para leer los análisis de los tres temas acordados en Cuba
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