¿Cómo van los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz?

Los agentes del Estado vinculados con violaciones de Derechos Humanos recibirían un trato diferente al de los desmovilizados de las Farc, pero con penas igual de favorables. Estos son algunos de los casos emblemáticos que podrían ser revisados por la nueva justicia transicional.

General UscateguiEl general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez fue condenado a de 37 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Foto: Revista Semana. 

Si se firma un acuerdo de paz en La Habana, las investigaciones contra miembros de la fuerza pública pasarán a manos de los magistrados de un tribunal especial para la paz y las condenas podrán ser revisadas bajo unas nuevas reglas de juego. Se trata de un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, pero no igual al de los guerrilleros.

El acuerdo, que ya fue socializado con los altos mandos de la fuerza pública, les da algunas concesiones en las que habían insistido años atrás. Se presume la legalidad de sus conductas, mientras no se pueda probar lo contrario y les garantiza seguridad jurídica, es decir, que este tribunal será la última instancia y ningún juez podrá tumbar sus decisiones.

Las sanciones serán las mismas: de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para los que confiesen sus crímenes, cuenten la verdad de lo ocurrido y reparen a las víctimas; quienes reconozcan tardíamente sus delitos pagarán una pena de 5 a 8 años de detención en centros penitenciarios especiales para militares y quienes definitivamente se nieguen a aceptar los crímenes tendrán una sanción de hasta 20 años.  Podrían ser amnistiados quienes no cometieron delitos de lesa humanidad.

“Esta jurisdicción se concentra en los máximos responsables, en los sujetos determinantes de un delito. No se van a juzgar a todos. Será una justicia expedita, que tendrá un  principio y un fin que irá desde 1963 hasta el día que se firme el acuerdo”, dijo el mayor Juan García Serna, Subjefe del Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico Institucional, quien se ha encargado de explicar los acuerdos de La Habana a los miembros de la fuerza pública.

Pero la forma de identificar a estos máximos responsables sí va a cambiar. Ahora la responsabilidad de los superiores no puede depender solamente de la existencia de una relación de mando con quien cometió un delito, sino que se debe demostrar que conocía de la situación irregular y que tenía medios a su alcance para evitarla. 

Esto acaba de tajo con la teoría de aparatos organizados de poder que se aplicó para grupos armados al margen de la ley como los paramilitares y guerrilleros. Bajo la Ley de Justicia y Paz a exjefes paramilitares les han imputado todos los crímenes que cometieron sus subalternos, incluso cuando no hay pruebas de que estos dieran la orden.  Por ejemplo, Salvatore Mancuso está siendo procesado por los delitos que cometieron cuatro grupos paramilitares que él creó y a Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, hasta ahora no lo han encontrado como autor material de ningún delito, pero está siendo procesado por más de 2 mil crímenes atroces que cometieron hombres que estaban bajo su mando en el Bloque Central Bolívar. 

Esta teoría también se había aplicado para el Ejército. Se partía de la base de que dentro de la organización militar se había conformado un aparato para delinquir y que quien estaba al mando, sin necesidad de probar que había convencido a sus subalternos de cometer un crimen, era culpable. El Tribunal Superior de Bogotá hizo por ejemplo una interpretación de esta teoría para condenar al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto después por la Corte Suprema.

En la Jurisdicción Especial para la Paz se podrían revisar todas las sentencias proferidas y  también se enviarían las más de 15 mil compulsas de copias que se profirieron en Justicia y Paz, de las cuales a la fecha se sabe que 1.212 corresponden a miembros de la fuerza pública.

Estas compulsas no son más que la información que en su momento los fiscales de Justicia y Paz le enviaron a la justicia ordinaria sobre versiones libres en las que exparamilitares inculparon a militares y policías, versiones que en sí mismas no son pruebas. La mayoría de los señalamientos en estos casos está relacionada con la omisión para detener masacres o su participación activa en estas y el respaldo a incursiones paramilitares con apoyo logístico y suministro de material bélico.

VerdadAbierta.com recoge cuatro condenas e investigaciones contra generales en retiro, señalados por presuntos vínculos con el paramilitarismo, que podrían pasar a manos del tribunal especial para la paz.

Los condenados

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General UscateguiUscátegui fue condenado por tener información acerca de la masacre y no haber hecho nada para evitarla. Foto: Revista Semana. 

General (r) Jaime Humberto Uscátegui

En junio de 2014, la Corte Suprema ratificó la condena de 37 años de prisión contra Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, excomandante de la VII Brigada del Ejército con sede en Villavicencio, por no proteger a los pobladores en la masacre de Mapiripán, Meta, que tuvo lugar entre el 15 y el 20 de julio de 1997 bajo el mando de Vicente y Carlos Castaño Gil.

El alto tribunal determinó que Uscátegui Ramírez fue informado oportunamente por un hombre bajo su mando de la presencia en la zona de Mapiripán de un grupo de paramilitares que viajó desde la región del Urabá antioqueño por vía área, pero “omitió adoptar medidas en favor de los habitantes de la localidad”.

Para llegar a esta determinación, en la sentencia se hace una interpretación de la teoría del profesor Claus Roxin, que en derecho se le conoce como aquella que sirve para juzgar al ‘hombre de atrás’ y de la que se derivan las estructuras organizadas de poder. En este caso se habla de ser un coautor de la masacre, no por haberla perpetrado, sino por no haberla evitado.  

Esta fue una decisión controversial de la que se apartaron parcialmente cuatro de los nueve magistrados que integran la Sala de Casación Penal, por considerar que Uscátegui Ramírez carecía de mando operacional sobre el Batallón Joaquín París durante los días de la masacre. Si bien compartieron la declaratoria de responsabilidad del alto oficial, sostuvieron que la condena debería ser menor, “pues no merecía igual castigo un militar aliado con las autodefensas –como lo estuvo en este caso el coronel Lino Sánchez (fallecido),  condenado como coautor en condición de comandante de la Brigada Móvil II– y otro que, sin tener conexión con los paramilitares o querer facilitarles la ejecución de los delitos, omitió actuar bajo la errada convicción de que no le correspondía hacerlo”.

Este caso podría pasar a manos de la sala de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.  Bajo estas reglas se presumiría la legalidad de la actuación de Uscátegui, hasta que se demuestre lo contrario.

General Rito AlejoEl general retirado Rito Alejo del Rio fue condenado por el asesinato del campesino Marino López Mena en Urabá. Foto: Revista Semana. 

General (r) Rito Alejo del Río

La primera orden de captura contra Del Río, que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación tenía pruebas de su participación en el asesinato y desaparición de decenas de personas durante los años 1996 y 1997, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII. No obstante, en 2004 el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación.

Cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, el general en retiro fue mencionado varias veces por los exparamilitares. Salvatore Mancuso dijo que se reunió con Del Río y Carlos Castaño para planear la expansión de los paramilitares en Urabá y Fredy Rendón, más conocido como ‘El Alemán’, entregó detalles de cómo se orquestaron las operaciones Génesis, adelantada por tropas de la Brigada XVII, y Caracarica, realizada por paramilitares, y llevadas a cabo entre el 24 y el 28 de febrero de 1997.

Del Rio fue condenado por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido durante la operación Caracarica. En esta sentencia también se aplicó la responsabilidad mediata, pues si bien ni Del Río ni miembros de la Brigada XVII participaron directamente en la muerte de Marino López, el general (r) fue declarado culpable por ser considerado el creador de la estructura ilegal, constituida por miembros de las fuerzas militares y de las autodefensas, que asesinó al campesino.

En caso de que la sentencia de Rito Alejo sea estudiada por la nueva jurisdicción, se debe demostrar que el entonces general conocía de la situación irregular y que la pudo haber evitado. De declararse culpable, del Río podría ser condenado a solo ocho años de restricción efectiva de la libertad y, según han dicho los abogados que asesoraron a las Farc, se pueden descontar los siete años que lleva en la cárcel, aunque esto no esté explícito en el acuerdo.

Este caso también podría ser un ejemplo de la seguridad jurídica que buscan los militares, pues en la Fiscalía también se adelantan investigaciones por otras desapariciones en Urabá y por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán, Meta.  La idea es que todos los procesos se agrupen en la misma jurisdicción sin que su condena sea mayor.

Los otros generales señalados

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General MoraEn versión libre, alias 'Don Berna' aseguró que en la Operación Orión participaron paramilitares del Bloque Cacique Nutibara. Foto: Revista Semana.

General (r) Mario Montoya

Contra Montoya se han hecho varios señalamientos pero ninguna investigación ha prosperado. Si el caso de este general entra a la Jurisdicción Especial para la Paz, tocará una fibra sensible para las cortes internacionales: las ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con versiones de exparamilitares como Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, cuando el general Mario Montoya estuvo al mando de la IV Brigada en Medellín, concertaron conjuntamente la Operación Orión, que tenía como objetivo sacar a la guerrilla de la Comuna 13.  Durante y después de la Operación, los habitantes denunciaron la desaparición de sus familiares.

“El Ejército Nacional no sólo apoyó a los paramilitares. La Sala también tiene evidencia de que no los persiguió, ni combatió efectivamente (…) y antes bien, coordinaban sus operaciones, aún con la Policía Nacional, cuando no era que actuaban conjuntamente y si por casualidad llegaban a encontrarse, ‘cada uno cogía por su lado’”, dice una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín de octubre de 2015 que pide investigar a general (r) Mario Montoya.

Entre otras cosas, al militar lo han señalado de recibir dineros de los paramilitares en los Llanos, de pertenecer a la nómina de la ‘Oficina de Envigado’ y de participar en la falsa desmovilización del Bloque Cacica Gaitana en 2006.

Pero lo más grave son los señalamientos de tener algún grado de responsabilidad en decenas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia. De hecho, cuando el general estuvo al mando de IV Brigada en Medellín, entre diciembre de 2001 y diciembre 2003, se presentó este delito en mayor número. El coronel (r) Róbinson González del Río, quien aceptó su participación en más de 20 ejecuciones extrajudiciales, se ha referido a Montoya como el cerebro de los ‘falsos positivos’.

Inicialmente se había dicho que las ejecuciones extrajudiciales quedaban por fuera de esta nueva jurisdicción, pero por tratarse de crímenes que sucedieron en un contexto de guerra, serán estudiados por el tribunal. Hay distintos tipos de ejecuciones extrajudiciales y los magistrados decidirán cuáles entran a esta justicia especial, pero se tendrá cuidado con los casos de civiles desarmados que fueron presentados como una baja en combate, pues no solo genera resistencia entre las víctimas, sino que puede ser rechazada por la Corte Penal Internacional.

General Rito AlejoLas víctimas de la masacre de La Horqueta han pedido que se aclare cuál fue la participación de los militares. Foto: Revista Semana

General (r) Alejandro Navas

Además de la Fiscalía, las organizaciones de víctimas también podrán aportar información para que dicha justicia especial estudie la posibilidad de vincular a miembros de la fuerza pública. Así podría suceder, por ejemplo, con los sobrevivientes de la masacre de La Horqueta, un caserío en los límites entre los municipios de Tocaima y Viotá, a tan solo 100 km por carretera de Bogotá.

El 21 de noviembre de 1997, cerca de 25 paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas llegaron directamente desde el Urabá antioqueño hasta La Horqueta y asesinaron a 14 personas, entre ellos dos menores de edad. Según las víctimas, y  algunos desmovilizados, hubo militares que les prestaron apoyo logístico, medios de transporte y los acompañaron hasta muy cerca del caserío.

Las víctimas han pedido ante diferentes instancias que se investigue la participación militar en la masacre, sobre todo contra el general (r) Alejandro Navas, hoy embajador en Argentina. La Unidad Militar que, de acuerdo con los testigos, apoyó la incursión paramilitar estaba  adscrita al Batallón Miguel Antonio Caro, por ese entonces a cargo de Navas.

Alejandro Navas, quien para entonces era coronel, llegó a la zona seis meses antes de la masacre, proveniente del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII con sede en Carepa, donde estuvo bajo el mando del general Rito Alejo Del Río. Aunque se han hecho algunas compulsas de copias y el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ha pedido que se investigue esta situación, aún no hay ningún proceso en curso. La Jurisdicción Especial Para la Paz podría ser una nueva instancia para que las víctimas reclamen una respuesta.  

“Tras tantos años de guerra, hay un silenciamiento”

El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, señala que es evidente la fragilidad de los medios en las zonas clave para el posconflicto y alerta que este hecho puede afectar el escrutinio social de la implementación de los acuerdos de La Habana.

pedro bacca flipPedro Vaca, director de la Flip, organización que cumple 20 años en 2016 y que ha realizado varias investigaciones sobre las circunstancias en las que se ejerce el periodismo en zonas de guerra en Colombia.Además de los evidentes problemas de violencia que viven los periodistas en las zonas de conflicto, el abandono estatal y los intereses políticos han afectado sensiblemente la situación de los medios de comunicación y, en general de libertad de prensa en estas regiones del país.

Aunque el Gobierno y las Farc se han referido al tema de los medios de comunicación, e inclusive llegaron a un acuerdo para fortalecer los medios comunitarios, las difíciles condiciones en las que se ejerce el periodismo en estas zonas no fueron tenidas en cuenta en profundidad en la agenda de negociación.

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, ha realizado por dos décadas varios estudios relacionados con el tema de censura y violencia contra la prensa en todo el país y en la actualidad realiza una investigación para recoger información en detalle sobre la cantidad y características de los medios en varias regiones del país, muchas de ellas marcadas por la guerra. El lunes 9 de febrero, La Flip estrena el documental ‘En el Medio: Los silencios del periodismo colombiano’ que documenta las dificultades que viven los periodistas en estas zonas.

VerdadAbierta.com habló con Pedro Vaca, director de la Fundación, sobre la situación de la libertad de prensa y la importancia de fortalecer el periodismo en estas zonas para garantizar una veeduría sobre los procesos y recursos que se ejecutarán en el llamado posconflicto.

VerdadAbierta.com: Hay una expectativa muy grande por los efectos que puede traer la firma del proceso de paz con las Farc, especialmente en las zonas en las que la violencia no ha disminuido. ¿Están los medios en esas regiones preparados para cubrir lo que se viene?

Pedro Vaca: “Se va a pedir demasiado y se va a poner el foco sobre unas regiones que no tienen la infraestructura para garantizar una buena deliberación y un buen escrutinio público. No puede haber un desarrollo democrático si no hay una arquitectura de medios de comunicación medianamente robusta que pueda informar a la gente si las cosas se están haciendo bien o mal.  
Tengo un temor profundo de que la gran inversión de recursos que se vaya a hacer termine convirtiéndose en un carrusel por falta de instrumentos que hagan control ciudadano”.

VA: ¿Cuál es la situación general de los medios de comunicación en esas regiones?

PV: “Tras tantos años de guerra hay un silenciamiento en los medios. Hay una frase de un informe de la Flip que explica muy bien la situación: ‘La censura llegó para quedarse’.  Se domesticaron los discursos, los periodistas ya saben qué ampollas no tocar y las evaden.

Hablar de conflicto en esas zonas es muy complicado. La cuota de sangre ha sido enorme.  Cuando uno tiene casos como los de la Voz de la Selva en Florencia en la qua en menos de tres años asesinaron a tres directivos el mensaje de silenciamiento es poderoso. Por ejemplo, por un lado son comunes los panfletos de las guerrillas estigmatizando a periodistas por las maneras como dicen las cosas y por el otro que en brigadas militares se sugiera en ruedas de prensa que no se publique nada de paros armados porque se está haciendo apología o apoyando terroristas.

VA: Es evidente que en zonas apartadas, en las que no hay mucha presencia del Estado y el conflicto no ha mermado tampoco hay mucho espacio para el periodismo. ¿Quiénes son los dueños de los medios en esas zonas?

PV: “Hay una cooptación de lo poquito que hay, suele ser de alguien que está afiliado a una forma de ver la realidad.  Si uno va a ver quiénes son los dueños de las emisoras en casi todas las regiones de conflicto, es gente que tiene un árbol genealógico que coincide con el de los grandes empresarios o los políticos de esas regiones. Al ser tan hegemónicos esos poderes, se afecta la posibilidad de ser crítico con los asuntos de interés público local. Dudo que en el Casanare haya mucha producción periodística relacionada con la extracción de petróleo y la inversión de regalías”.

VA: ¿Existen regiones en el país totalmente huérfanas de medios de comunicación?

PV: “En algunos lugares nunca se dejó nacer nada. En Miraflores, Guaviare, por ejemplo apenas hay una emisora, pero lo más grave es la invisibilidad de esas zonas. La gente si acaso recuerda que allá hubo una toma militar, pero no se sabe nada de los problemas que tienen sus habitantes, no solo porque no tienen medios locales, sino porque los nacionales no tienen en cuenta esas regiones.

Es clave el rol de los medios nacionales en el cubrimiento de lo que pasa en estos municipios.  Lugares como el Caquetá solo se vuelven relevantes para el país cuando renuncia un funcionario por corrupción o cuando matan unos niños”.

VA: Pero es difícil que los medios nacionales abran espacios para cubrir las dificultades particulares de todas las regiones del país, ni siquiera en las que son clave para el posconflicto. ¿Qué se puede hacer para reducir esa invisibilidad?

PV: “Hay otros modelos. Los canales de televisión pueden buscar fórmulas, por ejemplo con la TDT (Televisión Digital Terrestre) pueden dividir señales para lo local y lo nacional, pero eso implica que deben crear una infraestructura más fuerte de la que tienen en esas zonas.  La idea es que el trabajo local de los medios permita que haya mayor deliberación pública regional.

Si se van a hacer carreteras de cuarta generación en las zonas de posconflicto, cómo se va a hacer un escrutinio sobre las inversiones que vienen a romper una frontera  agrícola, a permitir un flujo de personas, bienes y servicios de estas dimensiones.  Para eso se necesita una capacidad instalada a nivel local que dudo exista en estos momentos”.

VA: Las conversaciones en La Habana relacionadas a los medios de comunicación, casi que se centraron en fortalecer los medios comunitarios. ¿Cómo es la situación de este tipo de medios?  

PV: “Comunitario es una palabra llena de muchas bondades. Hay una diferencia enorme entre el espíritu del concepto y de lo que en muchos lugares termina siendo comunitario. El caso de la televisión es el más crítico porque lo que hay en la mayoría de los casos son clubes de cableado con una oferta de contenido de producida en otros países.  Se comportan más como empresas de televisión por suscripción que un medio comunitario. En el caso de la radio es diferente, sí se ha avanzado mucho más”.

VA: ¿Este tipo de emisoras ha servido para ofrecer una oferta de contenidos más plural en las regiones?

PV: Sí han servido como voz de diversas comunidades en todo el país, pero también hay una concentración.  En muchas regiones las radios comunitarias son administradas por comunidades religiosas de diferentes credos. Hay pueblos que tienen cinco emisoras de este tipo de las cuales tres están en manos de estos grupos lo que representa un problema de pluralidad enorme.

VA: A pesar de que se ha avanzado con las radios, varias organizaciones sociales se quejan de que aún son muy pocos medios de este tipo si se comparan con la demanda de las comunidades en región. ¿Qué ha encontrado la Flip en este tema?

PV: Todavía hay mucho espacio en el espectro en esas zonas que se puede aprovechar para entregar a las comunidades. Uno mueve el dial en Bogotá y se da cuenta que está lleno de frecuencias de todo tipo, pero si uno se va a las regiones es evidente que hay espacio, pero muchas veces por falta de recursos para cumplir los estándares la gente no puede poner al aire una emisora.

Varias radios comunitarias plantean que hay una persecución por los entes de regulación porque les piden muchas cosas que van más allá de sus capacidades. En esas condiciones es más fácil que un operador privado o militar cumpla con cumplir con esos estándares, cosa que termina afectando aún más la poca diversidad que existe.

VA: Ya que toca el tema de las emisoras militares, ¿cuál es la situación de estos medios y qué influencia tienen en la población, especialmente en zonas de conflicto?

PV: “Lo que hemos encontrado es que en esas regiones se instaló una gran arquitectura de red de radios militares. Debería haber una alarma nacional por el tema, ya que después de 50 años de conflicto hay al menos 89 frecuencias asignadas a la fuerza pública en todo el país, medios que por demás tienen informativos y que en algunos territorios son lo que mejor o lo único que le llega a la gente. Los insumos locales de contenidos en varias zonas están mediados por un actor armado, cosa que también han hecho las Farc y el Eln con sus emisoras clandestinas.

VA: Por último, la forma en que están distribuidas estas emisoras tiene una relación directa con las zonas de conflicto, ¿qué va a puede pasar con estos medios una vez se firmen los acuerdos de paz con las Farc?

PV: Hay departamentos como Antioquia o Putumayo donde la distribución de estas radios militares tiene que ver mucho que ver con el conflicto. Uno no puede desconocer, en gracia de discusión, que si un país está en un conflicto armado interno, se considere el espectro como una herramienta de guerra, pero lo que sí es ridículo es pensar que en tiempos de posconflicto esa infraestructura debería mantenerse. Colombia debería hacer un frente común para que esta infraestructura pasa a manos públicas no militares o manos civiles”.

¿Qué va a pasar con los guerrilleros de Justicia y Paz?

Desde la cárcel, los exmiembros de grupos subversivos piden ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hasta ahora, el acuerdo pactado no los tiene en cuenta.

Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’, y Elí Mejía, ‘Martín Sombra’, están siendo procesados por los tribunales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Tal como se acordó en la mesa de negociaciones, hace dos semanas el gobierno dejó en libertad a 16 guerrilleros que estaban en la cárcel.  En varios comunicados los representantes de las Farc en La Habana han exigido que excarcelen a los 14 que hacen falta, que se cumpla con las brigadas de salud para los guerrilleros que están detenidos en 13 cárceles  y que los concentren en patios especiales. Pero las peticiones de las Farc no incluyen todos los guerrilleros recluidos en los centros penitenciarios.

Cerca de 450 prisioneros que hicieron parte de grupos subversivos, en su mayoría de las Farc, se acogieron voluntariamente a la Ley de Justicia y Paz y desde entonces han colaborado con la justicia a cambio de una pena no mayor a ocho años de prisión.A esta ley que en principio se creó para los paramilitares que se desmovilizaron hasta 2006, se han sumado guerrilleros que ocuparon cargos destacados dentro de las Farc como Elda Neyis Mosquera, conocida como ‘Karina’, y Elí Mejía, alias ‘Martín Sombra’.

"Gesto unilateral del gobierno se ha cumplido parcialmente": presos de las Farc

Varios abandonaron las filas de las Farc luego de las campañas promovidas desde hace más de una década por el gobierno, en las que se ofrecía garantías judiciales a los subversivos a cambio de dejar las armas. Otros decidieron participar en Justicia y Paz luego de ser capturados por la fuerza pública.

En La Habana, los negociadores de la guerrilla insisten en que sus antiguos compañeros no tienen ninguna representación en la mesa de diálogo, pues consideran que desde el momento en que acordaron con el gobierno su ingreso al proceso de Justicia y Paz, traicionaron a las Farc, y salieron oficialmente de la organización.

Las Farc en Justicia y Paz

En el quinto punto pactado en La Habana que se refiere a la reparación a las víctimas y al sistema de justicia transicional, no hay referencias directas a los guerrilleros que se postularon a la Ley de Justicia y Paz, por esa razón, el 22 de enero, los más de 130 exguerrilleros recluidos en la cárcel de Espinal, Tolima, enviaron un comunicado en el que piden ser incluidos en el acuerdo. “Como actores del conflicto armado, solicitamos al Gobierno Nacional ser vinculados al proceso de paz y futuras leyes favorables que se deriven de los acuerdos que se lleven a cabo en La Habana, Cuba" (ver comunicado)

“Nosotros ya nos leímos todos los puntos del acuerdo de justicia y es muy ambiguo. Habla de los militares, los empresarios, pero no hablan de nosotros que somos parte del conflicto. Los mismos comandantes de la guerrilla nos desconocen, pero los crímenes los cometimos cuando fuimos parte de la subversión”, dijo a VerdadAbierta.com uno de los guerrilleros recluido en la cárcel del Espinal.  

Alias ‘Martín Sombra’, a quien le hacen falta dos años para cumplir su pena, pidió también que los trataran en igualdad de condiciones. “Le hago la petición al Presidente para que se me tenga en cuenta para estar en la lista. Pido que se tengan en cuenta que hay más de 400 hombres desmovilizados en grave estado de salud", dijo en entrevista con el canal RCN.

De acuerdo con su abogado, Juan Carlos Pachón, no se trata de incumplir los compromisos de quienes se postularon en su momento a Justicia y Paz, pues seguirán contado la verdad y reparando a las víctimas. Este exjefe guerrillero busca igualdad de condiciones en los tiempos de reclusión,  pues “fueron las primeras personas que optaron por la paz”, agregó.

En resumidas cuentas, los postulados que siguen en la cárcel, no ven con buenos ojos que los guerrilleros que se desmovilizaron voluntariamente o quienes decidieron colaborar con la justicia estando en la cárcel, tengan menos beneficios que aquellos que siguen en armas.

Lo que dice el acuerdo

El 23 de seiptiembre del año pasado, el presidente Santos y 'Timochenko' anunciaron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: archivo Semana.El punto cinco pactado en La Habana asegura que se le otorgará  “la amnistía ‘más amplia posible’ a los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz (…) así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos”.

Los comunicados de la oficina del Alto comisionado para la Paz han dejado claro que los exparamilitares que se postularon a la Ley de Justicia y Paz participarán en una futura Comisión de la Verdad, pero no harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni sus delitos serán juzgados por la misma.  Sin embargo, no hay tal claridad para el caso de los guerrilleros.

De acuerdo con Diego Martínez, asesor que las Farc, que participó en la redacción del acuerdo que definió la Jurisdicción Especial para la Paz, estos más de 400 desmovilizados no tienen cabida en el acuerdo, pues “está dirigido a integrantes de grupo rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz, pero estas personas que hacen parte de Justicia y Paz no firmaron ningún acuerdo, sino que por el contrario hicieron uso de una política de sometimiento a la justicia que tenía en ese momento el Estado y deben seguir en dicha cuerda procesal”.  

Expertos consultados por VerdadAbierta.com aseguran que en este caso aplica el principio de favorabilidad, es decir, que debe proceder la norma más beneficiosa para el reo. Sin embargo, estos solo podría darse si una vez firmado el acuerdo que se crea una clausula o un artículo transitorio que permita que estos guerrilleros participen de la nueva jurisdicción.
 
“A mi criterio, el proceso de Justicia y Paz es voluntario y se puede renunciar antes de la sentencia. Pero como aún no está aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz, no se sabe aún qué va a ser más favorable para los postulados”, aseguró Juan Guillermo Cárdenas, magistrados de Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que está a cargo de la audiencia concentrada contra alias ‘Karina’ y 27 desmovilizados más del Bloque José María Córdoba, hoy conocido como Iván Ríos.

Los guerrilleros en Justicia y Paz

Foto: archivo Semana.La petición de los desmovilizados está motivada por un descontento generalizado con la Ley de Justicia y Paz, pues aseguran que el Estado les incumplió las promesas que les hizo en 2008, cuando creó el Decreto 1059 que permitía que exguerrilleros que estuvieran privados de la libertad solicitaran su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Si contaban la verdad sobre su accionar en el grupo armado y confesaban los crímenes que cometieron, recibirían el beneficio de una pena alternativa de ocho años de prisión, tal como se le aplica a los exparamilitares.

Funcionarios del gobierno recorrieron en ese entonces las cárceles convenciendo a los guerrilleros, pero mientras unos fueron postulados en cuestión de meses, otros se demoraron hasta cuatro años para recibir respuesta del Ministerio del Interior. El problema es que, según recientes decisiones de la Corte Suprema, la pena de ocho años cuenta solo partir de la fecha de postulación, es decir que no cuentan los años que tardaron en tramitarse las solicitudes. Se encuentran así casos de exguerilleros que llevan hasta 14 años en prisión, sin que aún hayan cumplido su pena en Justicia y Paz.

“El Estado nos incumplió”: guerrilleros presos

Además, los reclusos también se quejan del lento proceso judicial. Aunque muchos están cerca de cumplir los ocho años privados de la libertad, solo hasta finales de 2014 fueron a su primera audiencia con un magistrado de control de garantías para que les impusieran medida de aseguramiento. La Ley de Justicia y Paz le dio prioridad a los grupos paramilitares y los guerrilleros solo representan cerca del 10 por ciento de los postulados.

Hasta ahora no hay una sola condena contra exguerrilleros en la justicia transicional. En marzo de este año comenzará la audiencia concentrada contra alias ‘Karina’ a la que podrían acogerse 111 desmovilizados más.

Los cinco retos de las economías criminales para el postconflicto

Una reciente investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) evidencia que mientras las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc avanzan en Cuba, en Colombia otros grupos ilegales y sus fuentes de financiación han empezado a reacomodarse.

economias criminales postconflictoLos grupos armados y las bandas delincuenciales han empezado a organizarse para expandir sus tentáculos, una vez se firme el acuerdo de paz con las Farc. Foto: archivo Semana.En medio del entusiasmo y de las expectativas que han despertado los avances de las negociaciones en La Habana, que podrían materializarse con la firma del acuerdo de paz el próximo 23 de marzo, y el comienzo de la dejación de las armas de las Farc a partir de mayo, la FIP publica una investigación que sirve como voz de alerta para que el Estado prepare adecuadamente su intervención en las regiones tras la salida de esa guerrilla del mapa del conflicto en el país.

Tras seis meses de análisis y teniendo en cuenta sus investigaciones de los últimos años, la FIP publicó el informe Economías criminales en clave de postconflicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente, en el cual sostiene que durante “el transcurso de la mesa de negociación entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, un nuevo o renovado orden ilegal se está configurando, con múltiples economías ilícitas enquistadas en los territorios”. En medio de ese contexto y durante los últimos tres años, los cultivos de coca se han incrementado, la minería ilegal se ha expandido, la extorsión se ha vuelto recurrente y otras economías ilegales como el tráfico de madera se han consolidado.

La publicación advierte que “los vacíos de poder que generaría el proceso de paz con las Farc se están llenando antes de la firma de los acuerdos, especialmente en aquellos municipios en los cuales su presencia confluye con otros grupos guerrilleros y facciones criminales de distinto tipo. Grupos insurgentes como el Eln y el Epl han aprovechado esta situación para fortalecerse y sellar nuevas alianzas, mientras que decenas de bandas locales se han articulado alrededor de las economías criminales existentes. Un nuevo o renovado orden ilegal se está configurando en medio del proceso de paz”.

portada economias criminalesHaga clic en la imagen para consultar el informe.Para Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto de la FIP y uno de los investigadores del informe, las economías criminales están más preparadas para enfrentar el postconflicto que el propio Estado. “Mientras el crimen se prepara para el postconflicto, el Estado tiene dificultades para articularse y generar respuestas integrales. Creemos también que continúa con una intervención desbalanceada, que tiene un fuerte componente represivo que crea un contexto adverso para su consolidación, la construcción de paz y la implementación de los acuerdos”, le dijo Álvarez a VerdadAbierta.com.

Esta situación se presenta como uno de los mayores desafíos para el posconflicto por parte del Estado. Por tal razón, la FIP hace un llamado de atención para que una vez las Farc dejen las armas, el Gobierno Nacional implemente una estrategia integral para recuperar el control territorial en donde hay economías criminales, atacando sus orígenes y no los eslabones más débiles de su cadena. “La respuesta represiva enfocada en la desarticulación de las estructuras se ha mostrado insuficiente. Las ofensivas esporádicas, con operaciones que entran y salen de la zona, no llegan a afectar las condiciones que permiten la reproducción de las actividades criminales y el control que tienen los grupos al margen de la ley sobre el territorio”, enfatiza el informe.

Para María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP, el control territorial es vital para la construcción de paz, y no se debe basar sólo en el envío tropas de la Fuerza Pública a las regiones y que se coordinen mejor con la Fiscalía, sino en construir Estado en ellas para que prospere algo distinto a las economías ilegales. “El llamado de atención es que vemos que no hay, en lo que se ha hecho público, un enfoque distinto al que siempre hemos tenido. Si vamos a hacer lo mismo, vamos a tener resultados similares: se transforman las organizaciones, quizá se vuelven menos violentas, pero las condiciones en el territorio, que hacen que esas economías ilegales prosperen y se enganchen población, no cambian”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Por otro lado, la FIP identificó que en alrededor de 200 municipios en donde tienen injerencia las Farc, la implementación de los acuerdos de paz tendrá que enfrentarse a economías ilegales que podrían ser transferidas a otros grupos criminales o insurgentes, y/o permanecer bajo el control de facciones disidentes. En medio de ese panorama analizó cinco dinámicas que se han dado desde que inició el proceso de paz en Cuba:

1. Las alianzas entre grupos insurgentes y las facciones criminales

La investigación encontró que las alianzas entre los grupos insurgentes y las facciones criminales se han ido consolidando en los últimos años, las cuales se reflejan en la división territorial de las estructuras, con fronteras invisibles que definen quién tiene el control de los municipios y las veredas. También con el rol que desempeña cada grupo en la economía criminal.

A manera de ejemplo, el informe señala que en el caso del narcotráfico, “las Farc conservan el pie de fuerza y la capacidad militar suficientes para asentarse y controlar los territorios en los cuales hay cultivos de coca, marihuana y amapola. Mientras tanto, las bandas criminales han tendido a involucrarse en la etapa de procesamiento y comercialización. De esta manera se establece una división del trabajo que facilita las alianzas y disminuye el riesgo de confrontación”.

Igualmente, llama la atención que cada vez es “menos frecuente la disputa entre las Farc y facciones locales del crimen organizado, lo cual, en cierta medida, refleja el proceso de consolidación de las economías criminales. Bajo este escenario, los actores que se involucran en las actividades ilegales privilegian la obtención de las ganancias y la extracción de rentas, evitando el uso indiscriminado de la violencia y el enfrentamiento”.

2. El reciclaje insurgente: La suplantación y la transferencia de capacidades de las Farc al Eln o al Epl

elnDe no lograrse un acuerdo de paz con el Eln, se teme que miembros de las Farc terminen en sus filas. Foto: archivo Semana.Este es quizás uno de los puntos más alarmantes del informe, porque además de una mayor articulación entre las Farc y el Eln, y la expansión territorial de este último, también se estarían dando casos de miembros de las Farc que están pasando a otras filas guerrilleras.

Según testimonios recogidos durante los trabajos de campo de varios investigadores de la FIP, las Farc apoyaron al Eln durante enfrentamientos con bandas criminales en el Bajo Cauca, en el Catatumbo se estarían dando deserciones que terminan en el Epl y en otras regiones se considera que el aumento de actividad del Eln se debe a un proceso de “suplantación y transferencia de capacidades” de las Farc.

Al respecto, el informe indica que “mientras que la confrontación contra las Farc podría terminar, el Eln podría fortalecer su presencia en algunos territorios, sacando ventaja del proceso de La Habana, especialmente de la dinámica del cese al fuego y el reciclaje insurgente. En un escenario como este, la amenaza de la guerrilla se mantendría activa y revitalizada en algunas zonas del país”. Y agrega que “para las Farc es un desafío mantener cohesionados sus frentes y estructuras; sin embargo, para algunos mandos medios y guerrilleros rasos esta podría ser la vía para continuar en la ilegalidad. Hay que señalar que no hay elementos para asegurar que el reciclaje insurgente sea sistemático; apenas se advierte como un posible escenario en diferentes territorios”.

3. La reactivación del narcotráfico, la expansión de la extracción minera y la diversificación de las economías criminales

Entre 2013 y 2014, las hectáreas cultivadas con coca aumentaron un 44 por ciento y la producción de toneladas de cocaína aumentó el 52 por ciento, según el último informe de monitoreo de las Naciones Unidas. Una de las posibles razones que considera el informe respecto a ese aumento, tiene que ver con que algunos frentes de las Farc estén en “un proceso de acumulación, aprovechando la ventana de oportunidad que terminaría con la firma de los acuerdos”, que se ve favorecido por “la demanda activa de la cocaína y el alto precio del dólar”. También señala la importancia que han tomado recientemente los cultivos de marihuana y amapola, los primeros para consumo local, y los segundos para la comercialización de heroína en el extranjero.

En cuanto a la minería ilegal, pese a que no hay registros sobre esta actividad, el informe indica que el control que hacen las Farc y el crimen organizado no es uniforme, pues en algunas zonas se limitan a cobrar extorsión y en otras llegan a gestionar directamente actividades legales e ilegales. “La dimensión que ha cobrado este fenómeno sobrepasa la participación específica de la insurgencia y el crimen organizado, ya que se ha establecido un orden social que gira en torno a la extracción de los minerales”, indica.

Y precisa que “la extracción de rentas se ve favorecida por los altos niveles de informalidad (laboral y en la tenencia de la tierra, principalmente) y la baja capacidad de regulación del Estado en los territorios. En buena parte de los municipios que serán objeto del postconflicto, estas economías proveen ingresos a amplios sectores de la comunidad, no solo a los que participan directamente, sino también a sus familias y a su entorno”. Otro reto para el postconflicto, además de combatir la explotación ilegal y el daño ambiental, es no criminalizar a las personas que devengan sus sustentos de esta actividad, pero que no están ligadas con la estructura criminal.

4. La proliferación de las actividades ‘predatorias’, especialmente la extorsión

extorsionEn las regiones, las extorsiones se han generalizado y representan una alta funte de ingresos para grupos armados y bandas locales. Foto: archivo Semana.El informe encuentra que la extorsión es el principal mecanismo de control territorial y fácil financiación que tienen los grupos guerrilleros y las bandas criminales, la cual, en las regiones, es el equivalente a los impuestos de una economía formal. Además, tiene dos roles: uno parasitario, en el que se extraen recursos de las víctimas, y otro de prestación de seguridad, tanto de retaliaciones del victimario, y de acciones de otros grupos o de las intervenciones de la Fuerza Pública.

“En aquellas zonas con fuerte presencia de organizaciones al margen de la ley, la mayoría de las actividades legales e ilegales son gravadas. Lo anterior incluye desde el pequeño tendero, pasando por el moto-taxista y el comerciante, hasta empresas extractivas de mayor envergadura y proyectos de infraestructura del propio Estado. La extorsión se cobra de manera diferenciada, estableciendo cuotas fijas vinculadas a la capacidad económica del extorsionado”, indica la investigación.

5. Las intervenciones del Estado contra eslabones débiles que fortalecen los vínculos de las poblaciones con la economía criminal

En este punto el informe cuestiona la estrategia del Estado para hacerle frente a las economías criminales, pues se ha basado en la persecución de los eslabones más débiles de la cadena, motivado por el índice de capturas o de resultados al corto plazo. Para la FIP, el impacto que generan las capturas de mandos visibles y de objetivos de alto valor de los grupos criminales es reducido, porque “los grupos armados tienen la capacidad de reestructurarse y reciclarse para mantener su influencia territorial”.

Además, “desde el punto de vista de las comunidades, mientras que las facciones criminales cambian sus nombres y liderazgos, las condiciones de vulnerabilidad permanecen. La economía ilegal continúa siendo el centro de las relaciones sociales y de poder, más allá de los golpes de la Policía y las Fuerzas Militares”. Como si fuera poco, indica que la acción represiva del Estado puede resultar contraproducente y reforzar los vínculos que tienen las comunidades con las actividades ilícitas y las organizaciones al margen de la ley.

Por esta razón, la FIP plantea que el desafío para el Estado no sólo es desarticular facciones locales con capacidad de usar la violencia y la corrupción, sino construir una nueva relación entre las comunidades y las instituciones formales, que permita restablecer su autoridad legítima a partir de la protección de los ciudadanos.

Y concluye que “en términos operativos, el Estado se ha enfrentado a tres problemas principales: la falta de coordinación, el desacople de las intervenciones y la incapacidad de consolidar su presencia en los territorios, más allá de las operaciones esporádicas de la fuerza pública. La existencia del conflicto armado, el desafío del crimen organizado, así como las situaciones de violencia, ha generado una confusión de roles, prioridades y funciones de la Policía y las Fuerzas Militares. Lo anterior, agravado por la falta de una verdadera política criminal que oriente el uso de la fuerza del Estado, garantice la eficacia de las penas y responda proporcionalmente a la gravedad de los delitos. El foco ha estado más en las organizaciones criminales y menos en los territorios, lo cual ha derivado en una acción represiva con rendimientos decrecientes y la consolidación de economías criminales en diferentes zonas del país”.

“El conflicto con las Farc alimenta otros conflictos”

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, acaba de crear la Gerencia de Paz de Antioquia. Esta será la encargada de realizar las acciones necesarias para implementar los acuerdos de La Habana en este departamento tan golpeado por la violencia. Al frente de ella estará Luis Guillermo Pardo, exguerrillero del M-19 que ahora tendrá el reto de materializar la paz con las Farc desde los territorios antioqueños.  

guillermo pardo 1Luis Guillermo Pardo, cabeza de la Gerencia de Paz de Antioquia. Foto: archivo Semana.Sin duda uno de los departamentos que despierta mayores preocupaciones de cara al postconflicto es Antioquia.  Por lo menos en un 50 por ciento de su territorio se advierte la presencia de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, banda criminal que hoy muestra un poder de fuego y una capacidad de controlar actividades criminales a gran escala que va en franco ascenso. A lo anterior se suma el incremento de las acciones de guerra perpetradas por el Eln en este departamento, así como la presencia de rentables negocios ilícitos como narcotráfico y minería ilegal, que parecen enquistados en la dinámica de varios municipios antioqueños.

De ahí que eventuales fenómenos como el incremento de la criminalidad en algunas regionales; disputas armadas por el control de territorios para actividades económicas ilegales; aumento de los cultivos de hoja de coca, entre otros, surgen como negros nubarrones que amenazan el verano que se espera, traiga la paz.

Luis Guillermo Pardo es un hombre que conoce el tema. Fue asesor de paz para Medellín, delegado presidencial para la Reinserción en Antioquia y Chocó; fungió como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente y venía desempeñándose como analista del conflicto urbano. A lo anterior hay que agregar que Pardo militó en el M-19 e hizo parte del grupo de combatientes que el 9 de marzo de 1990, suscribió el primer acuerdo de paz entre este grupo guerrillero y el Estado colombiano.

Quizás por ello no duda en describirse como un “hijo de la paz” que trabajará intensamente por garantizar que el posconflicto en Antioquia, departamento que ha padecido como ningún otro los horrores de la guerra, sea un proceso incluyente, que jalone desarrollo para las comunidades y que permita consolidar una paz estable y duradera.

“El posconflicto va mucho más allá del acuerdo de La Habana, porque no solo involucra a los miembros de las Farc sino a todas las comunidades y a las autoridades locales asentadas en todos los territorios. El postconflicto implica ampliar la democracia e implica desarrollo social democrático. Un posconflicto sin inclusión económica y sin apertura democrática no tiene ningún sentido”, asevera Pardo.

El nuevo gerente de Paz de Antioquia señala que por su experiencia, sabe que lo que viene una vez se acuerde el fin del conflicto con las Farc no será tarea fácil. VerdadAbierta.com dialogó con él para conocer sus expectativas y el trabajo que ya comenzó a realizar como Gerente de Paz.

Pedagogía: lo más importante

VerdadAbierta.com: ¿Cuáles serán las tareas de la Gerencia de Paz en lo que se ha llamado el posconflicto?

L.G.Pardo: “Hay unos puntos de partida muy importantes para tener en cuenta en este proceso de paz. Uno es que la paz se firma en La Habana, pero se aplica en los territorios. Por consiguiente, hay que tener una visión completamente territorial. El otro tema, que para mí es fundamental, es la pedagogía de paz. Tenemos un reto inmenso en esta materia. Los jóvenes poco saben sobre ese proceso, los adultos menos, a veces los mismos militantes no saben de ese proceso, pocos se leen los acuerdos. Entonces, es indispensable una estrategia de pedagogía. En ese sentido, el canal regional Teleantioquia va cumplir una tarea esencial en la construcción de esa pedagogía de paz. Teleantioquia tiene que estar al servicio de la paz, del posconflicto”.

VA: En ese sentido, ¿Le preocupa que no haya un apoyo masivo al proceso de paz, pensando de cara a la refrendación?

LGP: “Lo que la gente no entiende, sobre todos los que son reacios al proceso de paz, cosa que es inentendible, es que el conflicto con las Farc alimenta otros conflictos. El narcotráfico, por ejemplo. Está el tráfico de armas. El lavado de activos, fronteras territoriales. Al desmontar la guerra con las Farc, esos otros conflictos van a tener ‘menos agua’”.

VA: Esta gerencia, ¿tendrá voz, tendrá voto y podrá proponer cómo enfrentar el posconflicto en el departamento o estará supeditada a lo que determine el gobierno nacional a través de su Ministerio de Posconflicto?

LGP: “Tenemos voz, tenemos voto, tenemos opinión, tenemos criterio. Seremos el primer departamento en tener una gerencia de paz. Y gerencia es mucho más que asesor o consejero, porque involucra el concepto de desarrollo territorial y democrático, con inclusión política y participación de todas las comunidades. Antioquia tiene su  hoja de ruta pero, claro está, en alianza, cooperación y coordinación con el gobierno nacional, porque si no, no tiene sentido”.

VA: ¿Habrá un compromiso de toda la Gobernación de Antioquia con el tema de la paz?  

LGP: “Tenemos un gobernador que está jugado con el tema de la paz. Hay una frase que el gobernador pronunció durante su posesión que me causó mucho impacto, que no fue valorada lo suficiente y que desde mi punto de vista va a ser el norte político y filosófico de la Gerencia de Paz: ‘Soy fuerte porque perdono y soy feliz porque olvido’. Todo proceso de paz debe involucrar perdón y olvido. El proceso en La Habana ha sido muy afortunado porque ha hecho acuerdos en las dos justicias necesarias para garantizar un posconflicto: la justicia transicional y la justicia restaurativa”.

VA: El mensaje de ‘perdonar y olvidar’, ¿no podría causar escozor entre las víctimas?  

LGP: “Que las víctimas entiendan que la Gerencia de Paz cuenta con ellas, que van a ser parte de toda la estrategia y hoja de ruta de la actividad de la Gerencia. Todas las mesas de víctimas que se han creado van a tener un doliente, van a tener un acompañamiento y van a ser valoradas. En este proceso de postconflicto hay que incluir a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Unidad de Víctimas, a la Defensoría del Pueblo, a Naciones Unidas, a diferentes entidades para hacer bien la tarea”.

VA: Hablando sobre lo que viene en el proceso de paz con las Farc, ¿Antioquia tendrá ‘Territorios de Paz’?

LGP: “Como lo he dicho en anteriores oportunidades, en Antioquia hay dos bloques de las Farc: el Bloque Noroccidental (o Iván Ríos) y el Bloque Magdalena Medio y eso nos hace pensar que en Antioquia debe haber, como mínimo, dos ‘Territorios de Paz’, en las debidas condiciones de garantías, de neutralidad, de acompañamiento de las comunidades locales, de la comunidad internacional, con verificación, pero siempre manteniendo respeto por el territorio”.

VA: ¿Le genera confianza que la verificación del cese al fuego bilateral y definitivo lo realice Naciones Unidas?

LGP: “Claro, porque, ¿qué entidad puede convocar todos los esfuerzos de las naciones del mundo? Naciones Unidas. Por esto es que resulta tan importante el anuncio hecho por el gobierno nacional y por las Farc de que la verificación del cese bilateral y definitivo, que se viene en cualquier momento, lo harán Naciones Unidas”.

VA: Claro está que garantizar la seguridad de un ‘Territorio de Paz’ en Antioquia será muy complejo.  En el Bajo Cauca antioqueño la guerra aún no cesa, lo mismo en el Nordeste; en Urabá la situación es bastante compleja también…

LGP: “Si hay algo complejo es construir paz en un país como Colombia, que está en guerra desde que nació como Nación. Terminó el siglo XIX en guerra. Empezó el siglo XX en guerra. En la década del 40 del siglo XX asesinan a Gaitán y viene la guerra entre los liberales y los conservadores, toda una barbarie. Y luego, de ese rezago de guerrillas liberales es que surgen, primero las Farc, luego Eln, Epl, M-19, en fin.

Nosotros hemos tenido un conflicto casi permanente. Por eso, el reto que tenemos ahora es involucrar a todos los actores armados en un proceso de paz. Por eso es tan conveniente que el Eln comience las negociaciones formales de paz. Hay avances no formales, pero es importante que se formalicen ante la opinión pública. Y por eso es importante que las Bacrim participen en este proceso de postconflicto en un sometimiento a la justicia. Ellos no son actores políticos, no se negocia con ellos, es un cuento totalmente distinto, con ellos el tratamiento es sometimiento con alguna favorabilidad jurídica.

VA: ¿Cuáles son esas regiones de Antioquia que considera críticas para el posconflicto?

LGP: “Antioquia tiene nueve subregiones, algunas bastante complicadas como Urabá, con presencia fuerte de Bacrim y de Farc. Pero también está el Norte, Bajo Cauca, Nordeste, con problemas muy complejos”.

VA: Usted pasó por un proceso de dejación de armas con el M-19. Ha sido partícipe de otros más, ¿algunas lecciones aprendidas en particular?

LGP: “Yo fui delegado de reinserción para Antioquia y Chocó en el 2001. He sido asesor de paz de Medellín y en Antioquia hay experiencias en el tema. Y me tiene contento que diferentes compañeros que hicieron parte de procesos de diálogo están construyendo un colectivo de voceros de paz. Allí hay gente del M-19, del Epl, de lo que quedó de Milicias Populares de Medellín, hay gente de la Corriente de Renovación Socialista, en fin. La idea es que ese colectivo sirva como experiencia. Por ejemplo: en toda desmovilización se destinan recursos públicos que en teoría iban para proyectos productivos pero que en realidad terminaron embolatados. Ahora, en este proceso que se nos viene, hay que generar proyectos para víctimas pero también para victimarios, con garantías de no repetición, que generen innovación. La idea es que ese colectivo acompañe, planteen sugerencias, compartan su experiencia para evitar errores”.

VA: Usted menciona proyectos productivos, ¿se insistirá en esa vía en este proceso con las Farc?

LGP: “Nosotros, en el proceso con el M-19, tuvimos recursos para proyectos productivos, pero esos recursos no fueron acompañados de la debida manera, no fueron capacitados los exguerrilleros de una manera suficiente y esos recursos se perdieron. Ahora, sí tenemos el reto de que sean proyectos productivos con innovación, con valor agregado para los productos. Una de las propuestas del gobernador está la creación del gran fondo de desarrollo agropecuario, que contará con un fondo de 500 mil millones de pesos provenientes de recursos departamentales, recursos locales, nacionales e internacionales, para impulsar, más que proyectos, procesos sociales de posconflicto que incluyan proyectos productivos”.

VA: Aunque su papel será fundamentalmente el de un gestor de paz, ¿está preparado para situaciones de reincidencia, de desobediencia de algunos bloques de las Farc que terminen como bandas criminales?  

LGP: “Nosotros estamos preparados para todo. Creo que es algo irresponsable hacer futurología y más en un tema como este. El proceso de desmovilización tiene que ser muy bien hecho, el proceso de organización de los exguerrilleros tiene que ser muy bien acompañado, por eso tiene que haber una alta inversión, acompañamiento de la comunidad internacional para que no haya repetición. Con el Epl hubo un porcentaje alto de repetición, con las Auc hubo repetición, en el M-19 hubo repetición mínima.

Para evitar esto hay que diseñar muy bien el posconflicto. Y si yo digo que un tanto por ciento no se va desmovilizar, creo que estoy siendo un poco irresponsable, porque eso depende de cómo desarrollemos el proceso y de qué confianza se genere, qué apertura democrática se produzca. Esas afirmaciones sobre la reincidencia o no de algunos frentes guerrilleros están en función de otras variables que no son de ahora, si no de mañana. Han especulado con tantos frentes y todo el secretariado está en La Habana, y todo el secretariado, excepto ‘Timochenko’, es jefe de Bloque, así de simple. Esas afirmaciones a priori no le hacen bien a este proceso, servirán para generar debate, pero para nada más”.