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El termómetro de la paz

 

La opinión de los colombianos frente al proceso de paz con las FARC ha variado constantemente desde que se lanzó el 18 de octubre de 2012 en Oslo, Noruega, y se iniciaron las conversaciones en La Habana, Cuba, el 19 de noviembre de ese mismo año. Distintas firmas encuestadoras han seguido esa variación y han capturado momentos clave de la opinión pública.

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Mapa de un país sin tregua

El anuncio del nuevo cese de la guerrilla llega en el peor momento del proceso de paz. Mientras que en los cinco meses de la tregua anterior las cifras de la guerra bajaron tanto como en los años 80, los últimos 48 días han sido los más sangrientos desde 2010.

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“Hay que buscar una salida razonable para los activos de las Farc”: Juan Ricardo Ortega

El exdirector de la DIAN y hoy funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace un retrato descarnado del lavado de activos, la extorsión y las fortunas mal habidas en Colombia.

juan-ricardo-ortegaJuan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN.

“En Colombia lo que hay son fortunas mal habidas”, asegura Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN en Colombia y actualmente vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas de ayuda destinada a Guatemala y El Salvador. Su experiencia en temas de tributación, lo llevan a plantear la idea de que a pesar del origen de la riqueza, a la guerrilla de las Farc hay que buscarle una salida razonable sobre sus activos.

Su propuesta se basa en las experiencias que ha tenido el país con eso que él llama “fortunas mal habidas” y pone como ejemplo, entre otros, el caso del ‘Clan Ochoa’, una familia de narcotraficantes antioqueños que se acogieron en la década del noventa a leyes de sometimiento a la justicia y por esa vía legalizaron todos sus bienes, según Ortega, “sin reparar a nadie”.

De qué va a pasar con los activos de las Farc nada ha trascendido en La Habana, Cuba, sede de las conversaciones entre el gobierno nacional y este grupo armado ilegal. Hasta el momento se desconoce si sobre ese tema se ha llegado a algún tipo de acuerdo.

Según este alto funcionario del BID, quien tiene amplia experiencia en el análisis del crimen organizado, el país tendrá una difícil fase de posconflicto, si es que se logra un acuerdo definitivo con la guerrilla de las Farc, por cuanto el país tiene regiones tan vulnerables e intereses ilegales tan lucrativos que la sola firma de un tratado de paz con ese grupo armado ilegal no bastará para superar las debilidades que se tienen en zonas fronterizas y portuarias, por donde circulan los grandes capitales del narcotráfico y el contrabando. VerdadAbierta.com habló con Ortega sobre esos temas.

Existe la percepción de que las Farc son muy ricas. Desde su experiencia al frente de la DIAN ¿Cree que eso es cierto?

No creo que sea una organización particularmente rica. Las Farc es una organización que tiene muchos gastos: mantener el pie de fuerza, alimentarlo, conseguir las armas. Algunos de sus cabecillas deben ser personas muy ricas en ganado, en tierras, algunas cuentas en Suiza. Pero no creo que sea una fortuna. Yo creo que una sociedad que les validó a los Ochoa el ciento por ciento de su fortuna, con todo lo que hicieron, lo mismo a los paramilitares, sería absolutamente inconsecuente si no genera una salida razonable a lo que son las fortunas personales de algunos miembros de las Farc.

¿Y qué es una salida razonable?

Que van a ser legalizados algunos de los activos de ellos, en propiedad de ellos. A mucha gente le genera rabia porque son activos muy mal habidos, pero en Colombia lo que hay son fortunas mal habidas. Lo que se tiene que encontrar es un acuerdo de un porcentaje, que no podrá ser el cien por cierto. Esa va a ser una discusión muy difícil. Si los Estados Unidos les valida a los narcotraficantes entregar parte de sus fortunas para los procesos legales, debe ser idéntica la discusión con las Farc: qué van a entregar y cómo se va a utilizar eso como un gesto de reparación a las víctimas. El 50 por ciento es una cifra que le gusta a todo el mundo, desde los políticos hasta los americanos. Entonces un miti-miti básico es una discusión razonable.

jhon-40A mano izquierda ´Jhon 40´ -junto al ´Mono Jojoy´-, jefe del Frente 43 considerado como uno de los grandes narcos de las Farc. Foto: archivo Semana.

Eso se podría catalogar como un lavado de activos, ya que buena parte de ellos son producto del narcotráfico…

Hagan una investigación sobre todas las propiedades y las fortunas de los Ochoa en Colombia, durante el honorable gobierno del presidente Cesar Gaviria (1990-1994). ¿Eso no fue un lavado de activos? Y fue el cien por ciento, ellos no repararon a nadie. Si uno mira a Víctor Patiño Fómeque, está volviendo a sus activos; ahí está todavía la familia del mono Abello recuperando tierras que supuestamente fueron ilícitamente quitadas. Yo creo que Colombia tiene un problema generalizado de impunidad en el tema de activos mal habidos. Que las Farc sea la excepción es ridículo, lo que tienen que hacer es que la regla de las Farc se les aplique a los otros. Entonces sea tal vez el momento de empezar a expropiar a los otros los predios a los que les han dejado el cien por ciento.

Pero las Farc son guerrilleros, han hecho mucho daño, dirían los críticos a esa propuesta…

Es oportunismo, simplemente. La idea es tener la foto completa de los activos mal habidos, desde la corrupción hasta los del narcotráfico, el paramilitarismo. Yo quiero ver los predios de la familia Mancuso en Montería en cabeza de sus familiares, eso sigue usufructuándose sin mayor problema.

¿Y en donde están esos activos de las Farc?

Muy difícil saberlo con exactitud. Se sabe que tienen un gran volumen de ganado. Y esa información se podría saber el día que se haga un buen análisis de la ganadería. El problema es que la ganadería en Colombia se mantiene ajena a cualquier sistema de información, de cualquier tributación y de cualquier formalización. Ellos también tienen tierra. Tierra y ganado son los activos donde está la corrupción, el paramilitarismo, el narcotráfico, la política, todos están ahí en un sancocho bastante enredado.

tierras-loteDe las Farc se tienen indicios de despojo y acumulación de tierras, especialmente en los departamentos de Caquetá y Meta. Foto: archivo Semana

El panorama que usted describe nos lleva al tema del crimen organizado. ¿Está Colombia haciendo la tarea frente a este problema?

Colombia no tiene herramientas jurídicas para pelear contra el crimen organizado. El país es experto en capturar gente de cualquier nivel porque en eso ha mejorado muchísimo, pero su capacidad de impartir justicia es muy limitada porque nunca ha sido capaz de recuperar los activos. Las cifras del narcotráfico son de miles de millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? Hasta que usted no sea capaz de tocarles la billetera, usted no hizo nada. Y todo el dinero sigue impune. La gente que se captura generalmente es de niveles medios y bajos, y cuando se va a capturar uno de nivel alto, como James Arias, en el tema de la chatarra, la vaina no funcionó. Se voló. Somos unos verracos para capturar secretarias y choferes. Yo no creo que uno solucione el crimen organizado a punto de secretarias y choferes.

¿Qué tan golpeado está el crimen organizado en Colombia?

En Colombia se ha demostrado la capacidad de capturar y de extraditar a todos los capos, porque en el país no somos capaces de impartir justicia, pues en las cárceles hacen una fiesta. Es cierto que los grandes capos del crimen organizado en el país la tienen difícil, pero hay múltiples organizaciones del crimen sin grandes capos. Creo que también hay que considerar como parte del crimen organizado a las estructuras que afectan los presupuestos y la administración pública; los impuestos de los colombianos. Hay muchas personas que se lucran y se enriquecen sin ningún esfuerzo, sin ningún mérito y sin ninguna gestión. En Colombia, el crimen paga.

Uno de los negocios más grandes del crimen organizado es la extorsión. ¿Cómo enfrentar ese problema?

El último día, antes de irme de la DIAN con bastante tristeza, le hice una presentación a gente del sector privado, del gobierno, donde les mostraba lo que se estaba ocurriendo con la extorsión. Si usted mira a El Salvador, todas esas personas que lo que saben es generar violencia e intimidar, se dedicaron a la extorsión y ese es hoy es peor problema allí al finalizar la guerra. Uno podría decir, con certidumbre, que en Colombia también se están masificando las extorsiones.

Investigar y castigar es muy difícil porque no se soluciona con policía. Hay que montar estructuras de inteligencia y mecanismos de denuncia más seguros. Las instituciones colombianas son muy débiles en esos sitios donde se recibe información. Si usted es un tendero de barrio que denuncia que lo están extorsionando, esa información se filtra en 15 segundos y ese tendero es víctima de un acto de violencia.

La bolsa de la extorsión es mucho más grande que el narcotráfico, está creciendo y creciendo, y nadie está reaccionando.

¿En un eventual posconflicto, usted ve a los desmovilizados de las Farc en la extorsión?

A la mayoría, como pasó con los paramilitares. Las vainas grandes de contrabando en Bogotá las tenían tipos del M-19, de calzado y de textiles, porque es gente que sabe eso, conoce los canales, la logística, las rutas, y hay plata. Mucha de la gente de las Farc va a salir a extorsionar. Es que la extorsión es el cáncer de un país con instituciones débiles, y es más peligroso porque puede ser mortal. Y la pelea no es con más policías. Se requieren jueces especializados, protección de testigos, cárceles, capacidad de investigación.

Habrá regiones más afectadas por el crimen organizado. ¿A su juicio cuáles son?

Buenaventura es una tragedia, Guajira es una tragedia, Catatumbo y la frontera con Venezuela son una tragedia. Con un acuerdo de paz eso será igual o peor en todos los sitios que son vulnerables institucionalmente. Urabá por ejemplo, Necocli, Turbo, toda esa costa de Tolú, San Bernardo del Viento, Apartadó, todo eso es tierra de nadie.

Más que la pregunta por el posconflicto, es cómo se construye Estado y se llevan instituciones con gente independiente, difícilmente corruptible, con el suficiente número de instituciones para que la gente pueda tener solución de conflictos pacíficamente. Y la construcción de algo común para el bien de todos. ¿Cómo se masifica eso en más 1.100 municipios? ¿Tiene el volumen de gente, los recursos, para copar el territorio de manera significativa y la gente tiene la voluntad de hacerlo? Hay muchos sitios del país donde nadie va a querer ir.

Todo esto no es muy pesimista…

No es pesimista, yo creo que hay que ver la realidad. Usted tiene que ver cómo viene el animal si lo quiere torear, si no lo ve, lo va a coger entre los cachos.

*Esta entrevista fue realizada por VerdadAbierta.com en abril pasado en Washington.

Las preguntas que Humberto de la Calle dejó en el aire

En la entrevista que difundió la Presidencia hay unos silencios sobre temas cruciales para el proceso de paz. Estas son las inquietudes de las que el Gobierno todavía no habla.

No es usual que el Gobierno hable abiertamente sobre el proceso de paz y los puntos nodales de las negociaciones con las Farc. Durante estos casi tres años de diálogos, el equipo de ese lado de la mesa ha hablado sólo con unos pocos medios de comunicación y lo ha hecho con cautela, a excepción de las usuales ruedas de prensa que se dan al terminar cada ciclo en La Habana.

El pasado 5 de julio, el Gobierno rompió su esquema y le concedió una entrevista al periodista Juan Gossaín en la que el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, se expresó abiertamente sobre las complicaciones actuales de los diálogos e incluso afirmó que quizá el proceso está en el peor momento.

En medio de sus respuestas a los temas álgidos del proceso, dejó sin resolver algunas dudas cruciales sobre justicia transicional, participación en política y cese al fuego. VerdadAbierta.com muestra esos silencions que hasta ahora ha tenido el Gobierno.

1. Justicia transicional

¿Quién pedirá perdón por las víctimas del Estado?

Humberto de la Calle afirma que las Farc “no han interiorizado lo suficiente la necesidad de afrontar a sus víctimas” y se escuda diciendo que el Estado ya lo hizo. En efecto, han reconocido su responsabilidad en casos como la retoma del Palacio de Justicia, el asesinato del abogado Jesús María Valle o la masacre de Pueblo Bello, pero lo hicieron acatando una orden judicial. En otra ocasión, el presidente Juan Manuel Santos aceptó la responsabilidad del Estado en el conflicto, en general, pero tampoco lo hizo motu proprio. Su declaración fue en respuesta a una de las recomendaciones del informe ¡Basta ya!, del Centro de Memoria Histórica. Además de esto, falta aterrizar la manera en la que el Estado pagará por esa culpa. ¿Investigará quiénes son los responsables directos? ¿Cómo los juzgará? ¿Llevará el proceso hasta sentenciar a altos mandos militares o políticos? Cuando el Marco Jurídico para la Paz estaba en discusión, el Gobierno propuso que los militares sean juzgados con la misma legislación y también con la premisa de máximos responsables que se aplicaría para la guerrilla. Pero la Fuerza Pública, especialmente la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), ha respondido que les parece vergonzoso ser juzgados como los guerrilleros cuando ellos estaban en cumplimiento de la Constitución y defendiendo al país.

¿Si no son cárceles con "barrotes y piyamas rayadas" entonces qué son?

Por primera vez, el jefe negociador del Gobierno dice que los guerrilleros juzgados no tienen que pagar su pena directamente en una cárcel. Así se mete en una discusión que comenzaron hace más de un año el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez. El jefe del ente acusador ha propuesto que los guerrilleros paguen su culpa desminando los campos o trabajando en las comunidades, en vez de estar en la cárcel; mientras que la cabeza del Ministerio Público replica que esto no sería proporcional al crimen que cometieron. Por ahora, De la Calle dice que el Gobierno y la sociedad colombiana “estamos dispuestos a oír alternativas de cómo se cumple esa pena en condiciones de dignidad” pero todavía no se escucha una idea concreta del lado oficial.

¿Quién juzga?

En medio de las dudas que faltan por resolver, el jefe de la delegación oficial sí habló claramente de dos temas sobre justicia. El primero fue la propuesta del Gobierno para juzgar a la guerrilla. De la Calle explicó que una comisión independiente escogería los hechos más graves que han cometido las Farc para que luego una Fiscalía especializada, defina quiénes fueron los principales perpetradores y los acuse. Lo que no dijo De la Calle es que la instancia de juzgamiento sería un tribunal especial, y que este sería el que impondría una pena alternativa. La pregunta  es ¿qué guerrilleros entrarán a la política si los máximos responsables serán juzgados, como dice el Marco Jurídico para la Paz?

¿Cómo blindarse de la extradición?

La segunda idea que sí enfatizó De la Calle es que la no extradición contribuye a la legitimidad y la seriedad de un eventual acuerdo. Es por eso que afirmó que las decisiones nacionales de qué hacer jurídicamente con los guerrilleros no deben entrar en controversia con otros países. Sin embargo, la extradición es una decisión política de cada gobierno y De la Calle no habló sobre como blindar el proceso para que en el futuro no se les incumpla a los guerrilleros.

2. Cese al fuego

Si no es modo “estatua”, ¿entonces cómo hará el Gobierno su cese al fuego?

“Si lo que están buscando (las Farc) con estos atentados es un cese del fuego mal hecho –como en el juego infantil llamado ‘estatua’, en que el otro tiene que quedarse quieto- no lo vamos a hacer”, sentenció De la Calle. Su argumento es que la Fuerza Pública no puede parar cuando existe la amenaza de las Bacrim, el Eln y “otras fuentes de violencia”. De hecho, esos otros actores armados que no están sentados en la mesa de diálogos han sido una de las preocupaciones de los negociantes, especialmente de las Farc.

En el Acuerdo General, por ejemplo, se estipula que debe esclarecerse “el fenómeno del paramilitarismo” y la guerrilla ratifica que la existencia de ese actor armado es incompatible con cualquier acuerdo de paz. El Gobierno, a su vez, dice que ya no hay paramilitares sino simples bandas criminales. Por otro lado, la ofensiva del Eln continúa sin que se llegue a un acuerdo entre esta guerrilla y el gobierno para empezar a dialogar. Por esas razones es que De la Calle explica que los militares no pueden quedarse quietos, pero entonces ¿cómo harán para no entrar en combate con las Farc en un eventual cese bilateral y definitivo?

Concentrar a la guerrilla: ¿Una idea constructiva?

De la Calle calificó de constructiva la propuesta del senador Álvaro Uribe de concentrar a la guerrilla para finiquitar lo que queda de la negociación. Su propuesta es que los combatientes de las Farc se concentren en un lugar del país donde no haya población civil y que esté bajo la vigilancia militar, incluso sugirió que las Farc podrían seguir armadas. Sin embargo Uribe contempla que esta concentración solo debe hacerse bajo un cese al fuego unilateral de las Farc. El jefe negociador del Gobierno, en cambio, contempla que “es necesario promover las zonas de concentración” en un modelo de cese bilateral, que garantice el fin definitivo del conflicto. Pero no especificó cuándo y cómo sería viable esta idea, si se pactaría en la Mesa de Negociaciones y si se aplicaría a todos los frentes de las Farc.

3. Participación en política

Si las Farc entran a la política, ¿cómo evitar que se repita el exterminio que vivió la UP?

De la Calle es optimista en que este acuerdo de paz es un ejercicio “para que las Farc entren con garantías a hacer política en medio del respeto”. Pero la realidad es que en la guerrilla sigue vivo el fantasma del genocidio de la UP, su brazo político después de las frustradas negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur, y al que en los primeros cinco años le asesinaron dos candidatos presidenciales, 13 parlamentarios, 70 concejales, 11 alcaldes y cientos de militantes. El preacuerdo de La Habana sobre la participación política habla de crear un estatuto para la oposición, un sistema de seguridad para ejercer la política y toda una serie de mecanismos para intentar proteger a los nuevos partidos. ¿Será esto suficiente?

¿Qué puertas abrirá el Estado para que las Farc entren a la política?

Para el jefe del equipo negociador del Gobierno, los colombianos tienen que prepararse para “obrar con generosidad” y el Estado debe abrir puertas, todo con el propósito de allanar el camino político de las Farc. El preacuerdo sobre participación política alcanzado en La Habana habla de que las regiones especialmente afectadas por el conflicto puedan tener de manera temporal puestos directos en la Cámara de Representantes a través de partidos o movimientos que no estén en el Congreso. Pero ¿Habrá curules y cargos públicos directamente para los miembros de las Farc?

Los debates sobre justicia transicional en Colombia

En julio de 2012, el Congreso de la República aprobó el Marco Jurídico para la Paz (MJP), un instrumento que pretende contribuir a la finalización del conflicto armado en Colombia y que eleva a rango constitucional los principios de la Justicia Transicional (JT), la cual abarca todas las medidas orientadas a garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

A partir de la aprobación del MJP y de la instalación formal de la mesa de diálogos entre el gobierno y las FARC, se ha dado una amplia discusión en el país con múltiples aristas sobre el modelo de JT aplicable en un escenario de post acuerdo. Dicha discusión se ha concentrado en aspectos relacionados con la verdad, la reparación y especialmente con la justicia: los responsables que cobijaría, las instancias de juzgamiento y el tipo de penas.

En el siguiente mapa, la FIP presenta los principales debates sobre la JT que han puesto sobre la mesa diferentes actores nacionales e internacionales.

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