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La libertad de los paras

En los próximos meses saldrán de la cárcel al menos 15 jefes de las AUC. Las víctimas y los mismos paras tienen miedo de dar ese paso. El Estado tiene que asegurarles la vida a todos. Por Semana.

libertad-paraEntre 2003 y 2006 cerca de 30.000 paramilitares se desmovilizaron. Los que han cumplido con los requisitos del proceso de Justicia y Paz, están a punto de recobrar la libertad. Foto: archivo Semana.Hace unos meses, con ilusión y algo de miedo, salió a las calles de Medellín el primer exparamilitar que transitó por Justicia y Paz. John Jairo Álvarez Manco es un hombre joven, que el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclutó en Urabá cuando apenas cumplía 16 años. Creció con un fusil al hombro, mató, amenazó, desplazó, secuestró, boleteó y le tocó responder por decenas de delitos. Toda su vida recibió órdenes y ahora sobrevive en el Valle de Aburrá gracias a algunas ayudas gubernamentales. Pero más de una vez ha vuelto a la cárcel de Itagüí. No porque se haya portado mal sino por pedir un plato de comida, una ayuda para la dormida y los gastos.

Como Álvarez, en los próximos meses 161 desmovilizados de las AUC van a recobrar uno a uno su libertad, al cumplir sus ocho años de pena alternativa, si los magistrados de Justicia y Paz consideran que han contribuido suficientemente a la verdad y la reparación de las víctimas y a la entrega de bienes, entre otras condiciones. Algo que demasiadas veces se cumplió a medias, en un proceso que terminó siendo tortuoso, incompleto y eterno. Sin embargo, una vez libres, los exparas deberán continuar probando, por un periodo que depende del estado de sus procesos, que van a terminar cumpliendo satisfactoriamente con esos requisitos. El de ahora, si se quiere, es un examen parcial. Para que la pena alternativa quede en firme, aún deberán pasar el final.

Según explicó un funcionario judicial, “se van a examinar los requerimientos, pero si ya pasaron por todas las etapas de Justicia y Paz, en general cumplen con los requisitos y van a salir”. Pues como dijo el fiscal Eduardo Montealegre “el Estado no puede hacerle ‘conejo’ a los paramilitares”.

La salida de los paras a la calle le plantea serios retos al Estado colombiano. Las Farc desde La Habana tendrán un ojo pendiente de la suerte que corran sus antiguos enemigos. La credibilidad del gobierno estará en juego. Y, si se llega a un pacto de fin del conflicto con las guerrillas, es obvio que cómo se configure el posconflicto y la construcción de la paz en el país va a depender, en parte, de la suerte que corran y el papel que jueguen rasos, mandos medios y pesos pesados del paramilitarismo como Ernesto Baez, Julián Bolívar, el Alemán, Diego Vecino, Pirata, Juancho Prada, Guillermo Torres, Juancho Dique, Mono Leche, Ramón Isaza, o el Pájaro.

Las preocupaciones de los paras
Si se miran las cosas desde el punto de vista de los propios exparas, dos preguntas rondan en los pabellones de Justicia y Paz en las cárceles: “¿Y ahora, qué va ser de mí?” y “¿Cuánto iré a durar afuera?”. Para todos, la gran preocupación es, de lejos, la seguridad. Saben que afuera muchos no los esperan con los brazos abiertos: parapolíticos, uniformados, narcotraficantes, excompañeros y un largo etcétera de cómplices del paramilitarismo.

Como dijo uno de los desmovilizados más poderosos de las AUC, que habló con la condición de guardar su anonimato: “El peligro es con los militares, la Policía, el DAS, la Sijín, todos los que participaron en homicidios con nosotros. El Estado nos usó, mencionamos a coroneles que ahora son generales, empresarios que nos dieron plata. Hoy son nuestros enemigos”.

Con las confesiones de Justicia y Paz, la Fiscalía compulsó 14.202 copias a jueces ordinarios para que investigaran, pero el paquidérmico sistema judicial solo actuó en los casos más grandes. En los pueblos donde muchos piensan volver siguen a menudo el policía, el registrador, el notario, el personero que fueron sus cómplices y ellos, en algunos casos, denunciaron.

Según dijo Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, que comandó 1.700 hombres del Bloque Centauros en los Llanos, “el Estado hasta el momento no nos ha indicado cuales son las garantías para nuestra seguridad”. Un abogado que conoce el proceso, reveló que “desconfían en el esquema de seguridad que les pueda ofrecer el Estado, pues lo ven como un actor del conflicto”.

Que el Estado logre garantizarles un retorno seguro a la vida civil es esencial. El asesinato de un desmovilizado de Justicia y Paz puede tener un impacto muy negativo en los diálogos de La Habana, donde las Farc encaran con comprensible incertidumbre su eventual futuro en la legalidad.

“La única alternativa sería contratar seguridad privada, pero muy pocos pueden pagar eso y es ilegal”, dijo el mismo expara, expresando algo que comparten algunos de sus compañeros.

Entre algunos expertos hay otros temores. Hay quienes no descartan que las denominadas bandas criminales puedan atentar contra algunos desmovilizados para impulsar el rearme. Otros señalan que se han presentado casos en los que exparamilitares son extorsionados bajo la modalidad: “Me da plata o digo que me está reclutando y se acaban todos sus beneficios”. Si se prueba que han vuelto a delinquir o, al final del proceso, si no cumplen con los requisitos, los desmovilizados podrían perder su pena alternativa de cinco a ocho años y enfrentarían condenas de 40 o 50 años.

Víctimas: entre miedo y perdón
En Colombia hay millones de víctimas de las AUC y la pesadilla de cruzarse con sus victimarios es real.

Un líder de víctimas en los Montes de María, una de las regiones más golpeadas por la barbarie paramilitar dijo que “ellos no merecen salir porque no han dicho el ciento por ciento de la verdad. Aquí se acabaron muchas vidas, yo los perdono, pero la mayoría de las víctimas están resentidas. Pero las víctimas no les van a hacer nada, antes ellas son las que les tienen miedo, porque no creen que hayan dejado de ser malos”.

En muchas regiones el conflicto continúa. La MAPP-OEA, que lleva años siguiendo Justicia y Paz, identificó cinco zonas de especial atención: Córdoba - Bajo Cauca, Medellín, Urabá, Magdalena Medio y Cesar. Ahí se cruzan todos los retos de la reconciliación: retorno de exparas, reclamantes de tierras, víctimas, presencia de bandas criminales y, en algunos casos, coca y minería ilegal.

También hay gente como Jenny Castañeda (ver recuadro). Los paras de Ramón Isaza asesinaron a su madre en Puerto Triunfo pero ella dice: “Le apuesto a la paz, soy optimista. Vamos a necesitarlos para que nos entreguen las verdades, todos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a un diálogo”.

Los temores de las víctimas son fundados y lo único que puede convencerlas de que las cosas pueden cambiar es no solo que los beneficiarios de Justicia y Paz no vuelvan a las andadas sino que, una vez libres, continúen colaborando y contribuyan a la construcción de la paz en las comunidades que afectaron.

El reto del rearme
Además de la seguridad y de las garantías a las víctimas, el Estado enfrenta el reto de diseñar planes que permitan reintegrar efectivamente a la vida civil a docenas de desmovilizados que en sus pasados judiciales cargan con decenas de delitos horribles y frente a los cuales empresarios y comunidades tienen grandes prevenciones. Un perfil que difícilmente encaja con el mercado laboral.

Algunos piensan trabajar la tierra. Otros probablemente tienen dinero y hectáreas escondidos. Y unos pocos aprovecharon para estudiar. Uber Bánquez, alias Juancho Dique, que aterrorizó los Montes de María, no sabía ni leer ni escribir cuando entregó sus armas. Ahora es agrónomo y está terminando Derecho. Una carrera que 20 postulados estudian, así como hay otros que quieren ser profesores, psicólogos, pastores evangélicos, chefs de cocina y hasta peluqueros.

Pero son una minoría. Casi todos coinciden con lo que dice Pirabán: “Como era de esperarse, no tuvimos una resocialización acorde con nuestra problemática. Venimos del conflicto armado y necesitamos una orientación especializada”.

Algunos se quejan de que la obligación de seguir asistiendo a diligencias judiciales puede ser un obstáculo laboral. “La primera semana el jefe me da permiso para irme, la segunda me mira feo y la tercera ya me dice mijo, quédese por allá”, dice uno de ellos. Por eso, algunos expertos sugieren que el Estado debe pensar en mecanismos para hacer frente a estos inconvenientes.

Todos estos factores atentan contra la posibilidad de que los desmovilizados no se rearmen. Uno de ellos advirtió que “todo puede degenerar, algunos de nosotros podemos reincidir, no nos va a quedar otro camino. En mi región ha habido cinco desmovilizaciones y no pasa nada, los hombres siguen armados. El Estado no está preparado, se improvisa sobre lo improvisado, hay una evasión permanente de su responsabilidad. Recogen los fierros y creen que ya está, con eso hay paz”.

Para María Camila Moreno, directora del ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional), “si el Estado no responde de manera eficaz, el riesgo de la reincidencia va a ser muy alto, si no hay opción, se van a ir a las bacrim. Aunque algunas instituciones han hecho el trabajo, la coordinación en estos temas es precaria”. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz indica que 24 por ciento de los desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo reincide.

Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sostiene que su entidad está preparada para la salida de los paramilitares y que, hasta ahora, la tasa de reincidencia en Colombia no es alta. “Que ocho de cada diez desmovilizados hayan permanecido en la legalidad es positivo. A nivel mundial la tasa de reincidencia está alrededor del 30 por ciento y en el sistema penitenciario (colombiano) es del 70 por ciento”, dice.

Añadió que “tenemos una ruta preparada para los que van a salir. Hay componentes similares con los de la mayoría de desmovilizados, solo que va a ser más intensivo. La ACR está preparada para atenderlos, estamos coordinando con diversas entidades desde hace varios meses. De todos modos hay que comprender es que es un proceso muy complejo, tarda muchos años, hay que tener paciencia y perseverancia”.

Es un hecho que las preocupaciones que expresan los paramilitares deben ser encaradas por el Estado. De su respuesta depende en parte cómo afronten las guerrillas su eventual desmovilización. Pero los exparas corren con una importante dosis de responsabilidad. Un verdadero cierre del conflicto demanda que hagan una contribución mucho más contundente de lo que hasta ahora ha sido la norma en Justicia y Paz. Las víctimas esperan mayor verdad, compromisos de fondo en materia de reparación y entrega de bienes y serias garantías de que lo que pasó no volverá a ocurrirles. En una carta que enviaron al alto comisionado de paz y a las Farc, varios jefes desmovilizados se comprometen en esa dirección (ver recuadro).

Todos estos antiguos paras salen a la calle en medio de una trascendental negociación con la guerrilla, un gigantesco proceso de reparación a las víctimas y de restitución de tierras y en medio de un conflicto que aún no termina. Los Isaza, Hasbún, Alemán o Julián Bolívar y sus compañeros pueden terminar convirtiéndose en parte del problema o parte de la solución. Eso depende tanto de qué garantías les dé el Estado para volver a la vida civil, como de su conducta en esa nueva situación.

La valentía del perdón
Jenny Castañeda es líder de las víctimas de Puerto Triunfo, región asolada por los paras de Ramón Isaza. Los quiere vivos y en libertad para que sigan contando verdades.

“Mi madre era líder de Puerto Triunfo y los paramilitares del bloque Magdalena Medio de Ramón Isaza la mataron el 17 de septiembre de 2001 en la Hacienda Nápoles. Ella solo tenía 37 años, yo 20 y me tocó hacerme cargo de mis dos hermanos, además tenía un bebé recién nacido. La vida me cambió de un solo guarapazo, en mi corazón solo había odio, sed de venganza, yo estaba dispuesta a morir por mi mamá.

Pero se me volteó la torta y Dios me puso a perdonar. Me dio un cáncer y pensé en lo que había hecho. Se me apareció mi madre en un sueño, me dijo que Isaza me iba a buscar para pedirme perdón y que de parte de ella le diera un abrazo, un beso y le dijera que ella ya lo había perdonado.

Acá nadie se atrevía a hablar de este proceso, nadie iba a los tribunales. Yo fui a todo lado, con la foto de mi mamá. Los perseguía, les preguntaba. Lo más duro es pedir perdón y si uno es capaz de perdonar, siente un alivio muy grande, una paz enorme.

Yo perdoné al que asesinó a mi mamá, le miré la cara, los ojos, lo abracé. Después fui con mi abuela y ella también se abrazó con él y dijo que lo perdonaba de corazón.

En Puerto Triunfo los paramilitares vivieron, se criaron, se entrenaron, pero ya se rompió el temor y la gente reclama. Ahora los vamos a necesitar acá, vivos, para que nos entreguen las verdades, acá hay mucha gente que todavía no tiene una tumba para ir a llorar.

Tenemos que poner de nuestra parte las victimas para llegar a un diálogo, si seguimos en la misma guerra nunca va a haber paz ni verdad. Hay que trabajar con víctimas y victimarios, yo le apuesto a la paz al 100 por ciento.

El 7 de enero se hizo el primer evento donde ellos les pidieron perdón a todas sus víctimas. Hicieron unas camándulas y repartieron un disco con vídeos y canciones compuestas por Oliverio Isaza, alias Terror. En la carátula del CD hay una frase muy bonita para todos, víctimas y victimarios: “Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

La carta de los paras
Seis de los principales exjefes paramilitares presos en Colombia apoyan el proceso de paz con las Farc y que se les abran “espacios democráticos” a sus antiguos enemigos.

Seis de los más importantes excomandantes de las AUC presos en la cárcel de Itagüí enviaron al alto gobierno y a las Farc una carta con mensajes políticos de hondo calado.

Dicen que las elecciones dejaron “democráticamente convalidados” los diálogos de La Habana y manifiestan su “voluntad de contribuir con la paz del país”.

La carta la firman Ernesto Báez, Julián Bolívar, el Alemán, Botalón, Raúl Hasbun y el Iguano, que comandaron algunos de los bloques paras más importantes. El año pasado mandaron una primera misiva a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Luego de ello, este los visitó en la cárcel de Itagüí y, producto de esa visita, los antiguos paras le enviaron a él, a Humberto de la Calle y a Iván Márquez este nuevo mensaje a fines de junio.

Declaran “curadas las heridas y extinguidos los sentimientos de venganza” que los enfrentaron a otros actores del conflicto. Repentino mensaje de reconciliación a la guerrilla en el que solo cabe preguntarse con qué ánimo habrá sido recibido en La Habana.

Dicen que respetarán los acuerdos en Cuba “en el entendido de que la apertura de espacios democráticos para quienes fueron nuestros enemigos, es una opción justificada y legitimada por los superiores intereses de la paz”. Toda una paradoja –y una señal– que los más encarnizados enemigos de las Farc respalden su participación en política.

Piden al gobierno que les permita “desarrollar una agenda de trabajo social” con las comunidades y las víctimas. Ofrecen su “concurso” para “intervenir” a las bacrim, indispensable para “erradicar los rezagos de violencia política”. Y se dicen dispuestos a compartir con los demás “exactores” del conflicto iniciativas de paz y reconciliación.

No faltará quien considere esta carta como una muestra de oportunismo de parte de quienes aterrorizaron regiones de Colombia, para ganar estatus político ahora que van a quedar libres. Sin embargo, si se piensa en términos de un eventual final del conflicto con la guerrilla lo que los exjefes paramilitares están diciendo, de hecho, es que quieren ser partícipes del cierre definitivo de la confrontación que desangró al país. Aún les falta mucho en materia de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, pero si están hablando en serio van a tener que salir de Itagüí a demostrarlo.

Justicia y Paz en cifras
Nueve años después de ser promulgada, la ley que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares arroja estos resultados.

161 exparamilitares ya cumplieron la condena y pueden solicitar su libertad

400.000 horas de testimonios en audiencias de versión libre

77.000 víctimas participaron en el proceso

43.000 delitos confesados

4.000 víctimas desaparecidas exhumadas

Artículo publicado en la revista Semana, edición 1682.

Víctimas de Farc y Eln, nueva prioridad en Justicia y Paz

En la segunda etapa de aceleración de los procesos de Justicia y Paz, la Fiscalía decidió priorizar los casos, según las víctimas. Para dejar sentadas las afectaciones a las víctimas de las guerrillas, será prioritario esclarecer los más de cien mil delitos que han cometido y sentenciar a los jefes máximos. Después, en las negociaciones, se sabrá cómo se ejecutarán esas sentencias. VerdadAbierta.com presenta un gráfico interactivo con la nueva estrategia del ente acusador.

tribunaljusticiaypazprior300Hace varios días la Fiscalía General de la Nación presentó lo que será la segunda etapa del proceso para darle prioridad a algunas audiencias que lleva la Unidad de Justicia y Paz contra los ex paramilitares y ex guerrilleros postulados a los beneficios que les dio la ley de justicia transicional a cambio de que colaboren con la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas y de que no cometan más delitos, ni victimicen más a los colombianos.

La idea de la “priorización” busca acelerar las investigaciones y juicios que se llevan contra los ex combatientes de las autodefensas y la guerrilla.

Lo novedoso de esta segunda etapa es que la prioridad se está fijando no según los jefes y mandos medios postulados por el gobierno a Justicia y Paz, sino que que lo que se está priorizando son los 201.844 delitos cometidos por 14 estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y todos los bloques y frentes de las Farc y el Eln. Así, según la Fiscalía, podrán definir y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estos grupos armados.

En el caso de la Farc, ninguno de los comandantes de bloque ha sido postulado a Justicia y Paz, y ni siquiera en La Habana, donde llevan a cabo las negociaciones de paz, se ha acordado entre esta guerrilla y el gobierno Santos si los jefes guerrilleros serán procesados por la justicia transicional. En el caso del Eln, ni siquiera han empezado formalmente las conversaciones de paz.

Así que sin sus confesiones, pero con la participación de algunos de los ex combatientes rasos y mandos medios, la información previa de las autoridades y las denuncias de las víctimas, la Fiscalía espera que las diligencias terminen con sentencias en contra de los máximos jefes guerrilleros de cada grupo incluyendo a varios de los negociadores de La Habana, como ‘Iván Márquez’. La idea es que estas sentencias puedan ser ejecutoriadas o no, según lo que se acuerde en las negociaciones, pero que de todos modos la justicia reconozca las víctimas.

En el caso de los paramilitares, se han priorizado bloques o grupos que no tienen jefes postulados, como el Bloque Metro, cuyo jefe Carlos García, alias ‘Doblecero’ fue asesinado; o jefes de frentes que aún no han sido postulados a Justicia y Paz, como el del Frente Capital, Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, hoy recluido en una cárcel de Argentina por el delito de narcotráfico, y a la espera de que se defina su situación ante una posible extradición a Estados Unidos.

Sumando las de los comandantes guerrilleros y las de los ex paramilitares, la Fiscalía espera que sean 16 las sentencias que salgan de estos procesos, a las cuales se podrán acoger sus subalternos.

En el caso de los grupos de autodefensa, la Fiscalía tuvo en cuenta los bloques que habían desaparecido antes del proceso de desmovilización paramilitar entre los años 2003 y 2006. Entre estos están el Frente Capital y el Bloque Metro.

Aunque anteriormente ya se habían incluido grupos guerrilleros dentro del proceso de Justicia y Paz, como el caso de ‘Martín Sombra’ y ‘Karina’,  esta es la primera vez que la Fiscalía busca esclarecer todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales que aún siguen delinquiendo. Según el fiscal Leonardo Cabana, de la Unidad de Justicia y Paz, estos juicios contra las Farc permitirán que en las sentencias aparezcan condenados los máximos comandantes de las Farc. Y según si se llegan o no a acuerdos en las negociaciones de paz, y dependiendo del tipo de procedimiento que se pacte para que los victimarios respondan por sus víctimas, estas sentencias se ejecutarán o no en el marco de justicia transicional o en la justicia ordinaria.

Cabana añadió que para documentar todos los casos de la guerrilla el organismo cuenta con una amplia base de datos que ha sido alimentada con los reportes de las autoridades, las versiones de los 520 guerrilleros que se postularon al proceso y los relatos de las víctimas. Esos hechos empezarán a revelarse en agosto, cuando se fijen las fechas de la realización de los juicios.

Los delitos
Los integrantes de las 14 macro-estructuras que empezarán a ser juzgados en el segundo semestre de este año deberán responder por los delitos de homicidio, desplazamiento, desaparición, reclutamiento ilícito, secuestros y violencia basada en género. La Fiscalía le atribuye 3.289 secuestros a las Farc y 1.331 al Eln.

Por otra parte, por primera vez se tendrán en cuenta en los juicios todos los homicidios cometidos por cada organización. En la etapa anterior los asesinatos no eran considerados como uno de los patrones criminales principales a tener en cuenta en cada grupo, junto con desplazamiento o reclutamiento forzado, sino que cada fiscal elegía algunos crímenes de connotación.

Antes, estos hechos eran seleccionados según el criterio del delegado de la Fiscalía de acuerdo a algunos factores, como el impacto del crimen dentro de la comunidad, si la víctima era periodista, indígena o un funcionario de alto rango. Ahora tendrán que reconstruir todos los homicidios de ese bloque o grupo.

Las reconstrucciones
El hecho de darle prioridad a los homicidios dentro de Justicia y Paz tuvo como una de las causas los reclamos de las víctimas. Cabana explicó que priorizaron los asesinatos del Bloque Metro -la estructura con más asesinatos que serán llevados a juicio, 19.958- por la cantidad de familiares de víctimas de este grupo armado que están buscando respuesta sobre el por qué de los crímenes contra sus seres queridos.

El Bloque Metro delinquió en Antioquia entre los años 1997 y 2004, cuando fue asesinado su comandante Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’. Hoy la Fiscalía cuenta con 20 postulados que pertenecieron a ese grupo y se desmovilizaron en otras facciones de las Auc, sus testimonios serán esenciales para saber la verdad sobre los asesinatos, los 3.479 desplazamientos y 1.841 desapariciones cometidas.

El otro grupo que será llevado a Justicia y Paz será el Frente Capital, aunque hizo parte del Bloque Centauros -también incluido en este proceso- la Fiscalía pretende reconstruir las afectaciones causadas por este grupo en la capital del país entre el 2000 y 2004.

El fiscal Cabana indicó que el comandante de este grupo, Henry López Londoño, alias ‘Mi Sangre’, ya comunicó su disposición de participar en el proceso de Justicia y Paz a través de su abogado. Cabana señaló que se espera el avance de las diligencias de extradición para proceder luego a la postulación de López. Este grupo es señalado de cometer 356 homicidios y 109 desapariciones.

De igual forma, entre los nuevos grupos aparece Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien será enjuiciado por los delitos cometidos por la ‘Casa Castaño’. Roldán fue jefe de seguridad de Vicente, Carlos y Fidel Castaño desde los años 80. La Fiscalía espera esclarecer los crímenes que ordenaron directamente los Castaño en el Urabá y en distintas zonas del país, como el asesinato de Jaime Garzón y el secuestro de Piedad Córdoba.

Libertad
Un factor que será tenido en cuenta en esta etapa será priorizar los juicios contra aquellos que pueden estar próximos a quedar en libertad, para que así tengan sentencia alternativa antes de que salgan. Así por ejemplo, se priorizó a Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias 'Raúl', quien en unos meses podrá solicitar su libertad cuando se cumplan los ocho años de estar recluido en prisión, la misma cantidad de tiempo de la pena máxima en Justicia y Paz.

‘Raúl’ será procesado como comandante del Bloque Centauros, la estructura con más postulados en esta etapa de priorización (410) y a la que se le atribuyen 17.232 delitos ocurridos en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

Cabana advirtió que aún falta conocer la decisión que tome el tribunal o la Corte al respecto, pues al igual que Victoria, otros postulados podrían recobrar su libertad pero presentarse a los juicios bajo condiciones especiales, como el seguimiento a través del brazalete electrónico. Otra posibilidad es que la justicia determine que siga recluido en prisión hasta que se dicte una sentencia.

El reto ahora para la Fiscalía, y la justicia en general, es que al ampliar el número de casos priorizados, y la gama de delitos, no se vuelva a la situación anterior que hacía prever que los procesos irían a tomar casi un centenar de años; y en cambio sí se consiga responderle mejor a la mayor cantidad de víctimas posible.

 

De manera masiva, ex paramilitares piden libertad

Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá aclaró que la pena de cárcel cuenta desde que fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y no desde cuando se desmovilizaron.

notaparas

Al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá llegó en las últimas semanas una oleada de solicitudes de libertad de ex paramilitares que argumentan que ya cumplieron ocho años de cárcel, el máximo tiempo de condena que van a recibir quienes siguen su proceso en la justicia transicional, y reclamaron la excarcelación.

Entre los solicitantes hay ex integrantes de los bloques Calima, Centauros, Cundinamarca y Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La mayoría de estos postulados ya habían sido capturados y estaban recluidos en diversas cárceles del país al momento de la desmovilización. Algunos de ellos llevan más de diez años privados de la libertad.

Los desmovilizados aseguraron en sus mensajes al Alto Tribunal que han colaborado con el componente de verdad porque han asistido a las versiones libres y audiencias programadas; además, insistieron en que los bloques a los que pertenecieron entregaron bienes para reparar a las víctimas.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negaron estas solicitudes argumentando que no basta con haber permanecido los últimos ocho años en la cárcel, pues según las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la pena contará desde el momento en que fueron postulados a la Ley.

Al respecto, los fiscales que llevan los procesos de los ex paramilitares expusieron que los solicitantes no han accedido a la pena alternativa porque en ninguno de los casos existe una condena dentro del proceso de Justicia y Paz.

A continuación VerdadAbierta.com presenta una descripción de las peticiones de libertad de los respectivos bloques a los que pertenecieron los ex paramilitares solicitantes.

Bloque Calima
Un grupo de 26 ex miembros de esta facción de las Auc acudieron a los tribunales de Justicia y Paz para solicitar su libertad por vencimiento de términos, la mayoría de ellos se desmovilizaron con el bloque el 18 de diciembre de 2004; no obstante, otros estaban presos desde 2001. Los que se encontraban en cárceles antes de la dejación de armas aseguraron haberse acogido a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, para tener una rebaja en sus condenas; los demás afirmaron acogerse a esa norma para ayudar al esclarecimiento de los hechos perpetrados en el desarrollo del conflicto armado.

Aunque el Bloque Calima se desmovilizó en 2004, estos ex paramilitares fueron postulados en 2009 y algunos en 2010. La demora se presentó porque en, un primer momento, el jefe del grupo paramilitar, Ever Veloza García, alias 'HH', no los reconoció.

La defensa de los postulados argumentó que la mayoría de ellos llevan recluidos más de ocho años y que lo único que ha cambiado desde que se acogieron a la Ley es el cambio de patio; también aseguraron no es culpa de los postulados la demora por parte del Estado en la postulación a la Ley de Justicia y Paz. Con estos conceptos solicitaron que les sea reconocido todo el tiempo que llevan recluidos en la cárcel.

Por su parte la Fiscalía aclaró que la no identificación de los postulados por parte alias 'HH' no fue culpa ni de la justicia ni de los magistrados, por tanto se deben acoger a la fecha de postulación y continuar con el proceso. "El proceso no se puede definir a las carreras para la dimensión del conflicto que ustedes propiciaron, el proceso debe ir paso a paso", aseguró una de las fiscales que está al frente de este caso.

La magistratura negó la solicitud con base en las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justica, donde se afirma que los ocho años que se establecen como pena máxima se cuenta a partir de la fecha de postulación, es decir los desmovilizados podrán pedir su libertar hasta el 2016 o 2017.

Bloque Centauros
Tres ex paramilitares del Bloque Centauros presentaron ante los magistrados de Justicia y Paz solicitud de Libertad provisional, atendiendo al cumplimiento de la pena mínima estipulada en la Ley de Justicia y Paz y que corresponde a la de cinco años.

La desmovilización de los tres postulados se presentó en fechas diferentes a la de 2004, fecha en la que se desmovilizó todo el Bloque; sin embargo, su postulación se presentó en 2007, situación que la defensa y los postulados rechazaron al reclamar que es negligencia del Estado no agilizar el proceso de incorporación a los centros carcelarios.

La magistrada argumentó que por parte de la defensa de los postulados existe un error de interpretación de la Ley de Justicia y Paz, pues en ninguno de sus capítulos se tiene contemplada la figura de la libertad provisional, es decir en Justica y Paz no es posible hacer esas solicitudes.

Bloque Tolima
Siete ex paramilitares que se encuentran recluidos en la cárcel de Picaleña y del Espinal presentaron solicitud de libertad a los magistrados de Justicia y Paz en razón de haber cumplido ya ocho años en un centro carcelario y teniendo en cuenta una solicitud de libertad hecha por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que favorecería a quienes habían cumplido la pena, con el fin de ponerle fin al hacinamiento en ambos centros carcelarios.

La solicitud incluyó a los ex paramilitares, aspecto que la magistratura rechazó y la calificó de errónea ya que a los postulados se les cuentan los años desde que son postulados a Justicia y Paz y no desde la fecha de desmovilización, es decir aún la pena mínima que contempla la Ley de Justicia y Paz no está cumplida.

La desmovilización de los postulados solicitantes se presentó el 22 de octubre de 2005 y fueron postulados a la ley de Justicia y paz entre el 2006 y el 2007. Es decir, el año más cercano para presentar la petición de libertad será en el 2014. Razón por la cual la decisión fue negar la solicitud realizada por los postulados.

Bloque Cundinamarca
Encabezados por Luis Eduardo Cifuentes, alias 'El Águila', ex jefe del bloque, un grupo de ex paramilitares solicitó sustitución de medida de aseguramiento manifestando haber cumplido lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz en cuanto a cumplimiento del tiempo y a la resocialización.

Los postulados se desmovilizaron junto con todo el grupo Cundinamarca el 8 de diciembre de 2004 y dos semanas después fueron trasladados a la zona de concentración de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, donde permanecieron dos años y luego fueron trasladados a la cárcel Picota de Bogotá.

La defensa de los postulados argumentó que sus apoderados habían cumplido los ocho años que la Ley estipula como condena máxima en 2012 y que los postulados estaban colaborando con la verdad y la reparación a las víctimas.

Por su parte, la magistratura señaló que dentro de la Ley de Justicia y Paz no se estipuló ningún artículo que estableciera que los años que pasaron los desmovilizados en las zonas de concentración se les sumarían a la pena alternativa; además, fue enfática en señalar que la postulación a Justica y Paz de los ex paramilitares se dio entre los años 2006 y el 2007, razón por la cual aún no han cumplido con la pena máxima de ocho años.

“Estamos intentando desatascar los procesos”: Hinestrosa

En entrevista con VerdadAbierta.com, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dijo, entre muchos temas, que aun cuando ‘Juancho Prada’ y otros 71 paramilitares quedarán libres antes de junio,  aún sin condena, tendrán que seguir colaborando con la justicia o perderán sus beneficios.
Por Daniel Suárez Pérez de VerdadAbierta.com

hinestrosaFoto: Archivo SemanaEl 2014 es un año decisivo para el proceso de Justicia y Paz: 400 ex paramilitares y guerrilleros postulados al proceso de Justicia y Paz van a salir en libertad luego de haber cumplido ocho años en la cárcel. Ocho años es la máxima pena alternativa que les puede imponer la justicia, si determina que han contribuido con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y no han vuelto a delinquir.

Para acelerar los procesos que venían avanzando tan lento que estaban perdiendo su carácter de justicia transicional, se reformó la ley, permitiéndole a la Fiscalía establecer grandes patrones de criminalidad y de victimización, y con estos como guía, investigar casos prioritarios de los que tuvieran la mayor responsabilidad de las atrocidades cometidas. Ya no se va como había ordenado la Corte Suprema de Justicia en fallos anteriores, esclareciendo y juzgando cada uno de los más de 30.000 crímenes documentados, sino se establece cómo se dio un tipo de delito, cuáles fueron las víctimas y cómo se afectaron, con varios ejemplos, y con ello se puede dictar sentencia.

Bajo la orientación del fiscal general, Eduardo Montealegre, y la dirección de Juan Pablo Hinestrosa, coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la entidad reorganizó sus prioridades y estableció 16 macro-procesos de jefes paramilitares y guerrilleros, que develaran la verdad del bloque o frente que condujeran, establecieran las tipologías de crimen, documentando varios casos concretos en cada tipo, y reconocieran a las víctimas. (Ver nota sobre cómo va el proceso de priorización)

En estos procesos han venido avanzando los fiscales y magistrados de Justicia y Paz, con la idea de que, una vez sentencien a los jefes, sus subalternos se podrán acoger a esas sentencias, y así se podrá acelerar el proceso. La meta de la Fiscalía es obtener sentencias para mitad de año, antes de que salgan libres una buena parte de los postulados.

Esta ambiciosa meta ha despertado  inquietudes e interrogantes, tanto entre las víctimas como entre los postulados.  VerdadAbierta.com entrevistó a Hinestrosa para que respondiera muchas de estas dudas y explicara en detalle cómo se están llevando los procesos, qué errores del pasado se están tratando de corregir, qué pasará con los postulados que salgan libre y  cómo van a acoger a víctimas que la justicia conozca después de dictar sentencias.

El jefe de la Unidad también contó lo que está haciendo la Fiscalía para juzgar a posibles cómplices denunciados en Justicia y Paz porque se lucraron con el paramilitarismo y que están impunes;  y explicó cómo los aprendizajes del pasado sirven para encarar un posible proceso de justicia transicional con las guerrillas de las Farc y Eln, si estas firman la paz.

VerdadAbierta.com: Unos 400 postulados a Justicia y Paz recobrarán su libertad este año ¿por qué esa gran cantidad de desmovilizados saldrán de la cárcel? ¿En qué condiciones quedarían libres?
Juan Pablo Hinestrosa:
Primero hay que tener en cuenta que ya John Jairo Álvarez Manco recuperó su libertad en Medellín. Eso es porque se aplica la ley 1592, la 975 y el decreto 3011. Sencilla y llanamente este es un proceso de justicia transicional donde habían unas reglas del juego, y las reglas era que eran ocho años, y se está cumpliendo ese tiempo. Eso es lo que está pasando.

V.A.: ¿Y cuál es la situación actual de John Jairo Álvarez Manco?
 J.P.H: En este momento le están suspendiendo todas las órdenes de captura que tiene. Por eso no ha quedado en libertad, en cualquier momento queda libre.

V.A.: ¿Cómo van a recobrar la libertad los otros 400, lo harán en diciembre de este año o será en el transcurso del año?
J.P.H: Se cuenta desde la fecha de su postulación. Sin embargo el decreto 3011, que salió ahorita en diciembre y que fue el que le aplicaron al ‘Manco’ dice que para aquellos que estuvieran detenidos con anterioridad a su fecha de desmovilización, se les computa con el tiempo que estuvieron pagando cárcel. Esos son sólo 34. El único que es importante en estructura de poder es ‘Juancho Prada’. De resto, 71 quedan libres en junio, y de ahí para allá los cerca de 400 hasta diciembre.

V.A.: ¿Qué va a pasar después de que ellos estén en libertad? ¿Por qué la preocupación de la Fiscalía de que ellos queden libres?
JPH: La preocupación es porque lo ideal es que salgan con sentencia.

V.A.: ¿Y qué pasaría si ellos están fuera de la cárcel esperando la sentencia?¿Hay algo de justicia que se pierde? 
J.P.H.: No necesariamente, pero creo que era una expectativa legítima que pagaran los años a los que fueron condenados; lo ideal era que se tuvieran las sentencias. No se pudo y por eso hicimos el plan de priorización. Yo creo que en este momento estamos en el primer set del partido de tenis. No es que nosotros tengamos un duelo con la magistratura ni nada de eso, si no que sencillamente la ley cambió. Con la ley 1592, que da cuenta del atasco que había, se decidió no ir hecho por hecho, si no por patrones de macro-victimización y macro-criminalidad, y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros.

V.A.: ¿Por qué hubo tensiones en la audiencia del caso de Ramón Isaza entre fiscal y magistrada? (Ver nota Magistrados frenan la carrera de la Fiscalía en Justicia y Paz)

J.P.H: Desafortunadamente la audiencia del fiscal Gordillo tocó readecuarla porque fue pedida antes de la vigencia del decreto 3011. Él tenía que readecuar su presentación a los requisitos del 3011, y eso fue lo que le pidió la Sala.

Por la suspensión, quedó la argumentación de la magistratura, pero no la contra-argumentación de la Fiscalía. Nosotros tenemos nuestra contra-argumentación. 

En otras partes estamos avanzando sin problema. La audiencia ante el Tribunal de Barranquilla del postulado Hernán Giraldo, ex jefe paramilitar del Magdalena ya se va a acabar. Allá estamos hablando de patrones de macro-criminalidad y macro-victimización en la audiencia concentrada. 

La audiencia del Bloque Central Bolívar (BCB) arranca el lunes, entonces miremos cómo nos va a ir con el BCB. ‘HH’ arranca en 20 días. Ya cuando todos los fiscales estén planteando los argumentos al tiempo, y la Sala se dé cuenta que es una posición uniforme y constante de la Fiscalía, creo que el escenario de pronto puede cambiar, o sencillamente nuestra contra-argumentación vendrá.

V.A.: ¿No cree que ustedes tienen una visión y la magistratura tiene otra?
J.P.H: Los argumentos de los magistrados son muy válidos, muy respetables, pero la ley la 1592 buscó destrabar estos procesos. Mire los trabajos preparatorios, las actas del Congreso, la intención del Ministerio de Justicia, del gobierno, fue decir: mire, no podemos seguir con el hecho a hecho.

Ustedes que han acompañado el proceso de Justicia y Paz saben que Baltazar Garzón, la OEA, hicieron  una evaluación y dijeron  si seguimos  con el hecho por hecho  se demoran más de 400 años en evacuar Justicia y Paz. Entonces tocaba plantear una fórmula, que no es improvisada; así es como trabaja la Corte Penal Internacional,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque con víctimas masivas y hechos masivos no se puede ir uno a la minucia del hecho porque así no acaba nunca; de ahí, la figura de los patrones de macro-criminalidad.

Ese es el debate que vamos a plantear  ante la magistratura, no es una pelea, sencillamente son posiciones ideológicas. Pero ese  mismo debate nos lo dimos ante los Magistrados de Control de Garantías (primera etapa de los juicios en Justicia y Paz y que es anterior a las audiencias concentradas. Ver gráfico “Así va la priorización en Justicia y Paz”).

De pronto hay que cambiar un poco la visión, porque hay que tener en cuenta que la ley cambió. Este proceso está muy ‘bogotano-centralizado’, sólo se mira lo que pasa en Bogotá,  pero, por ejemplo,  ese debate fue muy fuerte en Bucaramanga y la magistratura al final accedió.

V.A.: ¿Esa meta de llegar a las sentencias de los 16 casos priorizados que hay para junio puede ser posible?
J.P.H: Estamos esperando que pueda ser posible; que se pueda hacer un trabajo mancomunado. Entendemos que las agendas de los magistrados son muy complicadas. Barranquilla, por ejemplo, nos está colaborando al 100 por ciento. En Bogotá entendemos que es el Tribunal más ocupado, pero estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente en la medida en que ellos nos lo permitan. Tenemos la mano tendida. Donde nos pidan que les colaboremos, les colaboramos, no es Fiscalía versus Tribunal.

V.A.: Las víctimas señalan que en esa reestructuración de los procesos se acortó el tiempo que dura la etapa del incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas y al mismo tiempo se les redujo su participación en Justicia y Paz. ¿No es esto preocupante?
J.P.H.:
Esa es la misma metodología que se aplica en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que sopesar. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Escoge ciertas personas que van a intervenir, procura lograr consensos de quiénes van a intervenir. Eso mismo se tiene que procurar aquí. La experiencia internacional nos muestra que es imposible que 50 mil víctimas hablen en un proceso, que se tienen que escoger casos representativos… hay que agrupar. Porque del hecho al hecho no vamos a salir ni en 400 años. Entonces hay que aplicar nuevas metodologías que en ningún momento impliquen sacrificar la verdad y la justicia, sino obtenerlas de otra forma.

V.A.: Sumado a la preocupación que se tiene en la Fiscalía de que no tengan sentencia, también las víctimas tienen inquietudes sobre lo que pasa después de que los postulados queden libres…
J.P.H.: Esa parte ya no depende de nosotros. Eso es más de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sé que ellos están haciendo cosas. Pero también quiero aclarar que no es que automáticamente queden en libertad, porque hay otros requisitos: buen comportamiento, que no hayan intentado fugarse de la cárcel, que hayan contribuido a la verdad, que hayan asistido a las audiencias y otro que es más esencial, que hayan contribuido a la reparación con sus bienes.

V.A.: Y si ya en libertad, con su pena máxima de ocho años cumplida en la justicia transicional, aparece la sentencia ¿qué les puede pasar a los postulados?
J.P.H.: Eso queda a criterio del magistrado de control de garantías de Justicia y Paz. Yo creo que más que el tiempo, es por ejemplo si no ha contribuido a la verdad, es que vaya a las audiencias, ayude a esclarecer y ya después pida su libertad.

V.A.: Hay delitos que quedaron como en el limbo. Por ejemplo, el del narcotráfico que no se ha incluido en los procesos de Justicia y Paz, pero hay postulados que han sido extraditados a Estados Unidos por ese delito…
J.P.H.: Ese es un debate grandísimo que ha circulado todo Justicia y Paz. Si el narcotráfico hace parte o no. Hay dos posturas, hay una que dice que no, sobre todo el Tribunal de Bogotá, y otra que dice que haría parte con ocasión de dar ingresos a la actividad paramilitar. Pero eso se tiene que probar. Aquí hemos pedido las exclusiones de algunos postulados que eran netamente narcotraficantes; inclusive se han excluido estructuras que eran sólo narcotraficantes. Es el debate que nos va a dar la Corte Suprema. Sobre todo porque eso se planteó en el caso del ‘Mellizo’ Mejía Múnera, cuando salga esa decisión, yo sabré qué directiva tengo que tomar.

V.A.: El temor de los postulados es que pasen esos ocho años de Justicia y Paz y que después sea la justicia ordinaria la que los juzgue por delitos no contemplados en Justicia y Paz…
JPH.: Por eso le digo, ese tema nos lo va a definir el caso del ‘Mellizo’ Múnera. Está pendiente, en cualquier momento, apenas la Corte lo disponga.

VA: Tomando los casos de violencia de género, en los que la documentación y las averiguaciones son relativamente recientes, uno podría pensar que después de junio más víctimas de postulados sentenciados aparezcan. Si llegan después de una sentencia, ¿qué pasará?
JPH: Se pueden abrir otros procesos. El patrón de macro-criminalidad no esclarece totalmente pero es un intento de evacuar algo que estaba totalmente estancando. No quiere decir que si se acaba la priorización se acaba Justicia y Paz.

Uno de los requisitos de Justicia y Paz es que ellos una vez estén en libertad sigan colaborando con el proceso.

VA: ¿Los postulados tendrían que volver a la cárcel?
JPH: No, siguen colaborando con todo. Ahora esperemos que ellos sigan compareciendo, que ellos no se vayan a perder, a esfumar, aunque esa es más responsabilidad del Inpec que de la Fiscalía.

V.A.: Ustedes han dicho que este proceso de Justicia y Paz es una base para un eventual proceso con la guerrilla. ¿Cómo sería?
JPH: El decreto 016 de 2014 y los decretos de Reforma de la Fiscalía establecen que a la dirección especializada de Justicia Transicional le corresponderá el Marco Jurídico para la Paz. Lo que quiere decir que si hay algo que fructifique el Marco Jurídico para la Paz, vendrá para acá.

V.A.: ¿Qué balance deja el proceso con los paramilitares para los posibles futuros procesos de justicia transicional con las guerrillas?
JPH: Hay que aprender de los errores. No fuimos perfectos, pero tampoco esto es un total fracaso. Es algo muy complicado de llevar y por eso estamos replanteando el tema. Por ejemplo aprendimos que la reparación judicial cuando han sido violaciones masivas, graves y sistemáticas es muy difícil de dar. Entonces nos ha tocado aprender de nuestros errores. Lo cual quiere decir que muy probablemente si hay un proceso de paz con las Farc, podríamos manejar las cosas en forma distinta porque ya estamos preparados. Segundo, una cosa es Justicia Transicional dentro del conflicto, en el caso paramilitar, y otra cosa es Justicia Transicional como objetivo para finalizar un conflicto. De tal manera que yo creo que en el caso de las Farc el tema fluirá con mayor prontitud y celeridad.

V.A.: Al definir las grandes líneas de criminalidad, dejaron por fuera los delitos que hicieron ricos a los paramilitares y a muchos de sus cómplices que aún no se conocen, como el robo de las propiedades de las personas, hurto de combustible, el narcotráfico… ¿hay grandes verdades que no se han contado y quizás no se vayan a contar?
JPH:
Eso está siendo en este momento parte del contexto y la magistratura lo tiene en este momento. Precisamente el proceso de Ramón Isaza empezó con el hurto de los hidrocarburos. De tal manera que eso ya está ventilado en la magistratura, va a quedar en las sentencias, pero para que quede totalmente evacuado sería en una segunda o tercera etapa de una priorización. Nosotros vamos evacuando delitos y así vamos abarcando cuestiones.

Esto ha sido ventilado durante ocho años, ahora se está poniendo presente ante la magistratura, no sólo hurto de hidrocarburos, minería ilegal, contratación también.

V.A.: Muchos cómplices (empresarios, contratistas, banqueros, alcaldes, etc.) están impunes porque cuando mencionan en procesos de Justicia y Paz se le pide a la propia Fiscalía que investigue, o la Procuraduría, cuando son funcionarios públicos (lo que se llama compulsa de copias), pero eso no avanza…
JPH: Ese tema está un poco atascado, pero es esta administración la que ha hecho un replanteamiento. El señor Fiscal ha planteado soluciones y ya creó un Grupo Especial de Compulsa de Copias. En la medida en que esta reestructuración esté avanzando, Justicia y Paz podrá ser un engranaje para las otras unidades dentro de la Fiscalía. La priorización que en algún momento estuvo sólo en Justicia y Paz, ese fue el primer laboratorio, ya quedó vigente para toda la Fiscalía.

VA: ¿Y cuál diría usted que es el gran logro de este proceso de Justicia Transicional?
JPH: Tener sentencias y tener un plan de priorización. Hemos recibido muchas críticas, pero yo creo que se hizo en un año lo que no se había alcanzado hacer en ocho. Yo creo que es una demostración que esa ley 1592, que nos cambió la ruta de navegación. Estamos llevando más de 30 mil hechos, más de 30 mil víctimas. Esa es una labor loable.

Así será la priorización de Farc y Auc en Justicia y Paz

Para agilizar los procesos judiciales la Fiscalía le dará prioridad a las 16 jefes de los Bloques paramilitares y guerrilleros y a los crímenes de mayor impacto.