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“El Estado nos incumplió”: exguerrilleros presos

Exmiembros de grupos subversivos postulados a la Ley de Justicia y Paz sienten que el gobierno y las altas cortes les cambiaron las reglas de juego y piden seguridad jurídica ante una eventual desmovilización colectiva de las Farc. VerdadAbierta.com entrevistó a varios de ellos en la cárcel de Chiquinquirá.

Desmovilizados del Epl, el Eln y las Farc presos en la cárcel de Chinquinquirá. Foto: VerdadAbierta.com.

Marlio Mora Morales fue reclutado a los 12 años por la guerrilla de las Farc en el departamento del Huila y durante siete años fue un combatiente raso hasta que en mayo de 2003, a sus 19 años de edad, se escapó y se entregó a las autoridades. Mora le dio al Ejército información clave sobre el frente subversivo al que perteneció e ingresó al Programa de Reincorporación a la vida Civil del Ministerio del Interior, que en ese entonces se hacía cargo de los desmovilizados, comenzó a estudiar y contactó a su familia.

Dos años después de su deserción fue condenado por delitos cometidos siendo mayor de edad y lo enviaron a la cárcel. Allí conoció la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, que ofrece una pena alternativa de máximo ocho años de prisión a los desmovilizados que colaboraren con la justicia y reparen a sus víctimas. Para complementarla, el gobierno nacional expidió en 2008 un decreto que le permitía a los exguerrilleros detenidos acogerse a esa norma de justicia transicional. Ante ello, Marlio no dudó en pedir su postulación.

Según le explicaron funcionarios de gobierno, los ocho años empezarían a contarse desde el momento que ingresó al centro carcelario. En 2008 el desmovilizado inició el proceso en Justicia y Paz, y comenzó a confesar sus acciones en la insurgencia, pero el proceso fue tan lento que a inicios de 2014 Marlio aún no había tenido una audiencia con un magistrado de control de garantías para que le impusieran medida de aseguramiento.

Mientras la justicia transicional seguía inmóvil, el excombatiente cumplió su condena en la justicia ordinaria y un juez ordenó su libertad. A las pocas semanas de haber retornado a su hogar, le notificaron que debía presentarse ante un magistrado de Justicia y Paz para que le imputaran un homicidio que él mismo había confesado. A finales de 2014, durante casi dos meses, pidió permiso en su trabajo y asistió a la audiencia donde le impusieron medida de aseguramiento y nuevamente lo enviaron a la cárcel.

Aunque ha pasado nueve años tras las rejas, un año más de lo que indica Justicia y Paz, ahora tiene la incertidumbre de cuándo saldrá libre, pues recientes sentencias de las altas cortes desvirtúan lo que le prometieron a Mora en 2005. Según la nueva jurisprudencia, los beneficios de la norma transicional rigen desde el momento de la postulación, lo que indica que este exguerrillero solo podrá solicitar su libertad en el 2016.

El caso de Marlio no es el único que muestra cómo el cambio normativo y la lentitud en la justicia transicional afectan a los desmovilizados, especialmente a los exguerrilleros que se postularon estando privados de la libertad con la esperanza de obtener beneficios que les permitieran salir de prisión prontamente.

“El gobierno no nos cumplió lo que prometió. En nuestro caso queda claro el abismo entre lo que se legisla y la interpretación de los magistrados. Lo único que han hecho es dilatar el proceso y cambiar la reglas de juego”, expresó Juan David Herrera, un exguerrillero de las Farc.

Otro excombatiente, Felix Quintero, aseguró que “ya nos arrepentimos de nuestros hechos y pedimos perdón a las víctimas. No me preocupa lo que pase con nosotros, si no, el mensaje negativo y de desconfianza que esto envía a los actores del conflicto que aún hoy están alzados en armas”.

Para el Secretario de las Farc, los guerrilleros que están en Justicia y Paz son unos traidores. Por eso, estos desmovilizados no esperan tener una representación en La Habana, donde transcurren las negociaciones entre el grupo subversivo y el gobierno, pero sí recomiendan que no pierdan de vista la seguridad jurídica que necesita un proceso de desmovilización exitoso.

Exguerrilleros de Justicia y Paz 

En 2008, el entonces ministro de Justicia Carlos Holguín Sardi anunció la expedición del Decreto 1059 que permitía que exguerrilleros que estuvieran privados de la libertad solicitaran su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Si contaban la verdad sobre su accionar en el grupo armado y confesaban los crímenes que cometieron, recibirían el beneficio de una pena alternativa de ochos años de prisión, tal como se le aplica a los exparamilitares.

El decreto fue,  entre otras cosas, una respuesta a un trabajo previo que la fundación Manos por la Paz Internacional, liderada por la ciudadana holandesa Liduine Zumpolle, realizó en varias cárceles de Colombia. Con Manos por la Paz simbolicamente se desmovilizaron mas de 1000 guerrilleros en un solo año, animados por una veeduría internacional. Actualmente la organización apoya a más de 600 exguerrilleros recluidos en las cárceles del país que estan dispuestos a colaborar con la justicia. Esta organización ha venido denunciando las irregularidades que se han presentado a lo largo del camino.

“El gobierno hizo una gran campaña en la cárceles para convencernos de sumarnos a Justicia y Paz, nos decían que solo estaríamos ocho años en cárcel”, contó el exguerrillero Mauricio Vargas. Para que un desmovilizado acceda efectivamente a los beneficios de la justicia transicional debe tener el aval del Ministerio de Interior.

Mientras unos guerrilleros fueron postulados en cuestión de meses, con otros se demoraron hasta cuatro años para recibir respuesta. Esta es una denuncia que también han hecho, reiteradamente, exparamilitares que estaban recluidos en las cárceles antes de la desmovilización colectiva de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional. (Ver: Postulaciones a Justicia y Paz a cámara lenta)

El problema con la fecha de la postulación son las más recientes decisiones de las altas cortes, pues sin importar el tipo de desmovilización, individual o colectiva, los ocho años de condena contarán desde el momento en que el Ministerio del Interior dio ese aval. “Esto implica que no nos cuentan los años previos que estuvimos en la cárcel, pero, además, tampoco tienen en cuenta los años que estuvimos esperando la postulación. Estamos pagando los platos rotos de la ineficiencia de las entidades”, dijo Juan David Herrera.

En la cárcel de Chiquinquirá, donde se encuentran la mayoría de los exguerrilleros postulados a Justicia y Paz, todos conocen el caso de Eugenio Niño Niño, un antiguo miembro de la guerrilla del Epl, quien está en la cárcel desde el 2000. Aunque desde en 2008 pidió ser incluido en la justicia transicional, solo hasta finales de 2010 recibió la aprobación, pero tal decisión le trajo graves inconvenientes.

Resulta que mientras en la justicia ordinaria cumplió las tres quintas partes de su pena y un juez de Tunja ordenó su libertad, en la justicia transicional una magistrada se la negó argumentando que, a pesar de que lleva más de 14 años en la cárcel, solo se tendrá en cuenta el tiempo que ha estado tras las rejas después de su postulación, de manera que aún le quedan cuatro años más en la cárcel para poder solicitar su libertad. En suma, no se observa ningún beneficio jurídico.

Un proceso que avanza a otro ritmo 
Además de la demora en las postulaciones, los reclusos también se quejan del lento proceso judicial. Por ejemplo, Juan David Herrera solo ha sido llamado una vez a una versión libre durante los seis años que lleva en Justicia y Paz. Y aunque muchos están cerca de cumplir los ocho años privados de la libertad, solo hasta finales de 2014 fueron a su primera audiencia con un magistrado de control de garantías para que les impusieran medida de aseguramiento, lo que revela la demora del proceso. (Lea: Los guerrilleros de Justicia y Paz)

Los guerrilleros son una minoría en el proceso de Justicia y Paz, representan cerca del 10 por ciento, y lo cierto es que se dio prioridad a los postulados de los grupos paramilitares. Solo hasta el año pasado se diseñó un plan de trabajo para sacar adelante los procesos contra los desmovilizados de grupos insurgentes. (Lea: ¿Mega juicio de las Farc en Justicia y Paz?)

A diferencia de gran parte de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), los exguerrilleros no tienen recursos económicos para pagar un abogado de confianza y, por tanto, deben acudir a los defensores públicos. “Tenemos un mismo abogado a veces para 50 personas, lo conocemos el mismo día de las versiones y cuando estamos en el juicio nunca se pronuncia para defendernos”, aseguró uno de los postulados.

El exguerrillero Félix Quintero aseguró que “tenemos muchos reclamos y hacemos lo que podemos, hemos puesto tutelas y hasta una demanda ante la Corte Interamericana, pero sentimos que no tenemos un acompañamiento jurídico serio y ese puede ser el origen de muchos de nuestros problemas”.

Nuevas reglas de juego
Juan David Herrera, desmovilizado de las Farc. Foto: VerdadAbierta.com.

Pese a que la Ley de Justicia y Paz entra en su noveno año de aplicación, fue hasta finales del año pasado, a raíz del gran número de solitudes de libertad que llegaron ante los magistrados de Justicia y Paz, que la Corte Suprema aclaró cómo iba a ser descontada la pena para los postulados a esas normas transicionales.

Originalmente, La Ley 975 de 2005 daba unos parámetros para medir el tiempo que los desmovilizados debían estar privados de la libertad. En principio, se hizo una diferencia entre los que se desmovilizaron estando libres, cuya pena contaban desde que entraban a la cárcel, y los que ya estaban en prisión, a quienes les empezaban a descontar el tiempo solo desde que fueron postulados. Estas fueron las condiciones que les ofrecieron a los exguerrilleros en la cárceles.

En 2012, el Congreso reformó la Ley de Justicia y Paz y previendo que muchos postulados iban a cumplir ocho años en la cárcel sin tener una condena, creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento, con la cual quedaban libres, pero seguían vinculados al proceso. Sin embargo, no cambió el momento de inicio de la pena.

Fue en enero de 2014, a través de la Sentencia C-015, que la Corte Constitucional precisó que no debía existir una diferencia en la forma cómo se cuenta la pena: “En todos los eventos el término en cuestión empieza a descontarse desde su postulación por el Gobierno Nacional a la Ley de Justicia y Paz, en la medida en que éste último acto constituye condición esencial para ingresar a la justicia transicional, pues sin él, así se haya producido la desmovilización, no hay posibilidad de acceder a dicha jurisdicción”.

Sin embargo, en marzo de 2014, en la sentencia condenatoria contra Orlando Villa Zapata, alias ‘La Mona’, jefe del bloque Vencedores de Arauca de las Auc, surgió una contradicción entre las altas cortes. En esta decisión la Corte Suprema de Justicia estableció que “la pena alternativa empieza a contar desde el momento en que el postulado está privado de la libertad en establecimiento carcelario bajo la dirección del Inpec”. Pero esa es la excepción. De ahí en adelante todos los fallos de la Corte Suprema se han respaldado en lo dicho por la Corte Constitucional.

El tema ha sido objeto de debate entre los magistrados. Así quedó evidenciado en la sentencia que le negó la libertad a Dagoberto Duque, un exguerrillero del Eln que se desmovilizó voluntariamente. En esa decisión, el magistrado José Leonidas Bustos presentó un salvamento de voto, argumentando que “constituye un obstáculo a la política pública orientada a la reincorporación de miembros de grupos armados organizados ilegales, particularmente de quienes estando en libertad deciden dejar las armas, pues pese a su voluntad de desmovilizarse y estar dispuestos a satisfacer todas las exigencias legales, se verían compelidos a permanecer privados de la libertad por un tiempo indefinido, que al margen de cuánto sea, no contará para acumular el máximo de 8 años de encarcelamiento -periodo al cual aspiran no exceder legítimamente, con base en la ley-“.

Bustos agregó que esa “inseguridad jurídica causada por la Corte, estimula al individuo a no acogerse al llamado a desmovilizarse, emitido por el Gobierno Nacional a través de todos los medios masivos de comunicación”.

El limbo de los no postulados
El decreto que permitió que guerrilleros se postularan a Justicia y Paz solo tuvo un año de vigencia, por eso los desmovilizados que han sido capturados o que se desmovilizaron después de 2008 no tienen opción de vincularse al proceso de Justicia y Paz para obtener beneficios jurídicos.

En la mayoría de los casos estas personas inician un proceso de reinserción, pero en algún momento son llamados a responder ante la justicia. “Lo que pasa casi siempre es que fueron mencionados por algunos de sus excompañeros en Justicia y Paz y tienen que responder ante la justicia ordinaria”, aseguró un abogado que lleva algunos de estos casos.

Estos exguerrilleros han pedido ser escuchados en Justicia y Paz y acceder a una pena alternativa, pero según dicen los mismos desmovilizados, funcionarios judiciales les han dicho que no tienen más opciones a esperar que tal vez el Marco Jurídico para la Paz los tenga en cuenta, por lo pronto tendrán que seguir purgando sus condenas.

Los retos de la Ley de Justicia y Paz en su noveno año

El año pasado quedaron en libertad los primeros exparamilitares y guerrilleros postulados a las normas de justicia transicional, se profirió el mayor número de sentencias y fueron excluidos algunos narcotraficantes ‘colados’ en las listas de desmovilizados de las Auc, pero aún queda mucho por hacer.

0-tribunal justicia pazAudiencia del tribunal que condenó a alias 'Diego Vecino' y alias 'Juancho Dique', exjefes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Foto: archivo Semana.

En 2014 se cumplieron ocho años de la aplicación de la ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. Es exactamente el mismo número de años a los que pueden ser condenados los desmovilizados que estén postulados a los beneficios de esa norma, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la verdad y la reparación.

Dado que para algunos postulados ya se cumplió el tiempo de reclusión consagrado en la ley, magistrados y fiscales de Justicia y Paz aceleraron el paso para valorar los aportes de exparamilitares y exguerrilleros, y obtener el máximo de sentencias posibles, lo que ha significado la libertad para algunos, pero para otros su exclusión del proceso transicional y la pérdida de beneficios jurídicos.

La Corte Suprema de Justicia, a su vez, aclaró en algunas decisiones en qué circunstancias se puede tener en cuenta el delito de narcotráfico como factor clave en la financiación de la guerra y en qué casos no, razón por la cual fueron excluidos varios desmovilizados que fueron catalogados como ‘narcos puros’. Este alto tribunal también tomó decisiones importantes sobre la reparación a las víctimas.

VerdadAbierta.com hace un recuento de los sucesos y decisiones más importantes de 2014 en este tema, a partir de los cuales se vislumbran los retos de la Ley de Justicia y Paz en su noveno año de aplicación, que apenas comienza.

Condenas cumplidas
El año pasado, más de 160 desmovilizados postulados a los beneficios de la justicia transicional cumplieron los ocho años de detención, pero no han quedado en libertad de manera masiva, como se llegó a pensar en su momento.

De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr), no son más de diez postulados los que hoy están efectivamente fuera de los centros de reclusión. Entre ellos John Jairo Álvarez Manco, alias ‘El Mono’; Jesús Donaldo Bastón, alias ‘Parabólico’; y José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’. (Ver: Justicia y Paz comienza a dejar en libertad a ex paramilitares)

En octubre de este año, la Acr dio a conocer el programa de reintegración que diseñó exclusivamente para los postulados de Justicia y Paz, quienes tendrán que acudir de forma obligatoria ocho horas a la semana durante cuatro años a los centros de formación dispuestos para ellos. De no hacerlo, los jueces serán informados y podrían revocar no solo la decisión de la libertad, sino determinar la pérdida de beneficios y condenarlos a penas que llegan a los 40 años de prisión.

El 2015 será entonces un año para poner a prueba la capacidad de Acr y la pertinencia de las políticas de reintegración que se diseñaron para atender a quienes obtengan su libertad. (Reintegración de exparamilitares que salgan libres durará cuatro años)

Las decisiones que se tomaron durante el 2014 sobre la libertad de los exparamilitares y guerrilleros evidenciaron que no bastará con cumplir ocho años de condena para quedar en libertad.

Hay casos como el de Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, a quien no solo le negaron la libertad sino que le quitaron los beneficios de la rebaja de pena, es decir que prácticamente lo expulsaron de Justicia y Paz, por no haber pedido perdón público a sus víctimas (El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’)

El mismo camino parece que transitará Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, a quien un magistrado le negó la libertad por no haber contado aún toda la verdad sobre sus crímenes. Aún queda por resolverse si será excluido del proceso, asunto que podría resolverse este año. (Por qué Ramón Isaza no quedará aún en libertad)

La Corte Suprema de Justicia aclaró que el tiempo de la condena solo empezará a contar desde el momento en que el gobierno postuló a los excombatientes para que hicieran parte de la justicia transicional, no desde la desmovilización. Esta decisión afecta sobre todo a quienes se desmovilizaron estando en la cárcel y esperaron varios años tras las rejas hasta que el gobierno aprobó su postulación.

El récord de las sentencias
carcel-guardianMuchos desmovilizados pronto cumplirán en prisión el tiempo máximo al que pueden ser condenados en Justicia y Paz, pero aún no les han dictado sentencia por sus crímenes. Foto: archivo Semana.

La mayoría de los exparamilitares que están a punto de recobrar la libertad no han sido condenados. Solo once sentencias han sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, fallos que, además, son parciales, es decir que no recogen la totalidad de los delitos que cometieron los acusados. Sin embargo, 2014 fue el año en el que más sentencias se profirieron.

Para agilizar el proceso, la Fiscalía General de la Nación propuso, desde comienzos de 2013, priorizar los casos de 16 exjefes paramilitares y guerrilleros que deben responder por todos los crímenes que cometieron sus subalternos. El objetivo es obtener igual número de macrosentencias para que así los demás desmovilizados se puedan acoger a ellas, de manera que sin cumplir todo el proceso judicial acepten los cargos que ya hacen parte de esa decisión. (Ver: Así será la priorización en Justicia y Paz)

No obstante, el proceso se ha demorado más de lo esperado, pues la Fiscalía calculaba que las 16 macrosentencias estuvieran preparadas para junio de 2014. A diciembre de ese año se profirieron solo dos sentencias que usaron esta metodología: una contra Luis Eduardo Cifuentes alias, ‘El Águila’, exjefe paramilitar del Bloque Cundinamarca (Corte Suprema de Justicia resolverá sentencia contra alias ‘El Águila’) y la otra contra Salvatore Mancuso. (Las verdades de la nueva condena contra Mancuso).

La sentencia contra Mancuso tiene una importancia histórica, no solo porque condenó al máximo jefe paramilitar que está postulado a la ley de Justicia y Paz, sino porque logró procesarlo a él y a 11 de sus subalternos por 1.426 hechos delictivos, cometidos por cuatro bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en ocho departamentos del país.

A la par del proceso de priorización, los magistrados de Justicia y Paz siguieron con otros procesos contra importantes exparamilitares y profirieron decisiones que develan verdades importantes sobre la criminalidad en el país.

Uno de esos casos en la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra varios exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová. En ella se sindica a Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, de la conformación de bandas criminales en Córdoba luego de su desmovilización, las que dirigió desde la cárcel antes de su extradición a Estados Unidos, lo que pone en entredicho su continuidad en el proceso de Justicia y Paz, asunto que también deberá resolverse este año.

Otra decisión, esta vez contra exmiembros del Bloque Elmer Cárdenas devela cómo ocurrieron las incursiones armadas de Riosucio, Chocó, y la masacre de la Horqueta, en Cundinamarca, donde hubo una activa participación de sectores de la Fuerza Pública, según lo confesaron los postulados. Asunto que guarda similitudes con lo consignado en la sentencia contra Mancuso, donde quedó clara la participación de miembros del Ejército y funcionarios judiciales en la llegada y expansión del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.

Otra decisión importante fue la tomada contra Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, en la que se revela el genocidio cometido bajo su responsabilidad contra los movimientos políticos de izquierda en el sur del Cesar.

Se estima que nuevas sentencias, que se deberán proferir este año, den cuenta del accionar de grupos paramilitares en diversas regiones del país y revelen hasta dónde llegaron estas facciones armadas ilegales en su aparente afán de combatir a la guerrilla, quiénes fueron sus auspiciadores y qué actividades económicas, tanto de carácter legal como ilegal, llegaron a controlar.

Reconocidos delitos de género
La Fiscalía y los magistrados han intentado darle una mayor connotación a la violencia basada en género. Por esa razón, a este tipo de crímenes se les dio prelación en las macrosentencias (junto al desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y el secuestro), no por la cantidad de víctimas reportadas sino por el impacto que causó en la vida de las mujeres y de sus comunidades.

En varias sentencias de Justicia y Paz se afirma que este tipo de violencia fue sistemática por parte de varios grupos armados y lo destacable en ellas es que los testimonios de las víctimas han sido incluidos en ellas. La más reveladora es la proferida contra Mancuso, en la que se identificaron 175 casos, que contienen prácticas macabras como la esterilización y el aborto forzado.

Se espera que a mediados del próximo año se conozca una de las sentencias más importantes sobre el tema, esta vez contra el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, quien delinquió en la Sierra Nevada de Santa Marta y cometió todo tipo de crímenes contra las mujeres de la región, incluidas menores de edad.

Con relación a ese tema, en 2014 fue excluido del proceso de Justicia y Paz, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, excomandante del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Héroes Montes de María de las Auc, por negarse a reconocer su responsabilidad en nueve delitos de género que le imputó la Fiscalía. (Ver: ¿Víctimas de violencia sexual de alias ‘El Oso’ se quedarán sin escuchar la verdad?)

La exclusión de algunos ‘narcos’
'El Mellizo' Mejía y 'El Tuso' Sierra, narcotraficantes que se colaron en el proceso de Justicia y Paz como jefes paramilitares. Fotos: archivo Semana.

La Corte Suprema de Justicia aclaró que los postulados que hayan traficado estupefacientes para financiar su grupo armado pueden ser juzgados por narcotráfico en la justicia transicional. “En Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”, aseguró la magistrada María del Rosario González Muñoz.

Así quedó establecido en decisión en segunda instancia proferida por la Sala de Casaciòn Penal de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a Rodrigo Pérez Alzare, alias ‘Julián Bolívar’, quien según la Fiscalía, financió al Bloque Central Bolívar a través del negocio del narcotráfico, pero cuyas actividades fueron consideradas como propias del grupo armado y no con fines de enriquecimiento personal. (Ver: Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)

Al mismo tiempo, la Corte pidió que se depurara Justicia y Paz de “narcotraficantes puros”, es decir aquellos que utilizaron los grupos paramilitares para beneficiarse personalmente de sus negocios ilícitos o los que se colaron en las listas de desmovilizados para obtener una rebaja de pena. Con esos argumentos fueron excluidos Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Juan Carlo ‘El Tuso’ Sierra y se ratificó la salida de Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’.

Este año, una magistrada de Justicia y Paz también decidió expulsar a alias Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien fue el jefe máximo del Bloque Central Bolívar, argumentado que el paramilitar reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que delinquió después de la fecha de la desmovilización, una de la causales de exclusión de Justicia y Paz. (Ver: Macaco no va más en Justicia y Paz)

La Fiscalía está haciendo un barrido de los procesos de estos exparamilitares en la justicia ordinaria y en 2015 se espera que se pida la exclusión de todos aquellos que sean condenados por un hecho ocurrido luego de haber dejado las armas. (Ver: Exclusiones de Justicia y Paz: unos adentro y otros afuera)

La reparación a las víctimas
En las primeras sentencias de Justicia y Paz los montos de indemnización para reparar a las víctimas fueron tasados por los magistrados. Pero a finales de 2012, el Congreso de la República reformó la ley de Justicia y Paz y encargó de esta tarea a la Unidad de Víctimas. En su momento, los congresistas argumentaron que el dinero entregado por exparamilitares y exguerrilleros no era suficiente para reparar a las víctimas y que los recursos de la Nación no alcanzaban.

La Unidad de Víctimas tiene unos montos definidos por la Ley 1448, conocida como la Ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, que son mucho menores a los establecidos por los jueces. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo demandó la reforma.

Este año la Corte Suprema se pronunció al respecto y les devolvió esa facultad a los jueces. Pero, en términos prácticos, esta decisión no implica mayores cambios para las víctimas. Pues la Ley que las cobija dice en su artículo 10 que cuando un el Estado es condenado de forma subsidiaria, es decir que no es el condenado principal, solo debe responder hasta los topes ya fijados.

De manera que este año quedó claro que aunque en las sentencias aparezca que van a reparar a las víctimas con unas cifras que pueden variar entre los 50 a 150 millones de pesos, en la práctica les entregaran lo que la Unidad de Víctimas tiene estandarizados. Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, la reparación es de cerca de 24 millones de pesos por familia, pero si se trata de un delito de género, como la violencia sexual, es de 17 millones.

Acelerador al proceso contra los guerrilleros
Alias 'Karina' y alias 'Martín Sombra', exjefes guerrilleros de las Farc postulados al proceso de Justicia y Paz. Fotos: archivo Semana.

Los guerrilleros representan cerca de un 10 por ciento de los postulados de Justicia y Paz y en parte por esos sus proceso habían sido relegados en años anteriores y solo los grandes jefes como Nelly Ávila Moreno, más conocida como ‘Karina’, y Ely Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, habían logrado avances en los tribunales.

Este año la Fiscalía decidió acelerar el proceso contra los exguerrilleros y planteó un segundo esquema de priorización, en el que no solo están incluidos desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz, sino guerrilleros activos. (Víctimas de Farc y Eln, nueva prioridad en Justicia y Paz)

En 2015 se acumulará el proceso judicial de cerca de 140 guerrilleros de las Farc que están postulados a la Ley de Justicia y Paz, en lo que se espera sea el juicio más grande que hasta ahora se haya hecho en contra de este guerrilla.

La libertad de los paras

En los próximos meses saldrán de la cárcel al menos 15 jefes de las AUC. Las víctimas y los mismos paras tienen miedo de dar ese paso. El Estado tiene que asegurarles la vida a todos. Por Semana.

libertad-paraEntre 2003 y 2006 cerca de 30.000 paramilitares se desmovilizaron. Los que han cumplido con los requisitos del proceso de Justicia y Paz, están a punto de recobrar la libertad. Foto: archivo Semana.Hace unos meses, con ilusión y algo de miedo, salió a las calles de Medellín el primer exparamilitar que transitó por Justicia y Paz. John Jairo Álvarez Manco es un hombre joven, que el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclutó en Urabá cuando apenas cumplía 16 años. Creció con un fusil al hombro, mató, amenazó, desplazó, secuestró, boleteó y le tocó responder por decenas de delitos. Toda su vida recibió órdenes y ahora sobrevive en el Valle de Aburrá gracias a algunas ayudas gubernamentales. Pero más de una vez ha vuelto a la cárcel de Itagüí. No porque se haya portado mal sino por pedir un plato de comida, una ayuda para la dormida y los gastos.

Como Álvarez, en los próximos meses 161 desmovilizados de las AUC van a recobrar uno a uno su libertad, al cumplir sus ocho años de pena alternativa, si los magistrados de Justicia y Paz consideran que han contribuido suficientemente a la verdad y la reparación de las víctimas y a la entrega de bienes, entre otras condiciones. Algo que demasiadas veces se cumplió a medias, en un proceso que terminó siendo tortuoso, incompleto y eterno. Sin embargo, una vez libres, los exparas deberán continuar probando, por un periodo que depende del estado de sus procesos, que van a terminar cumpliendo satisfactoriamente con esos requisitos. El de ahora, si se quiere, es un examen parcial. Para que la pena alternativa quede en firme, aún deberán pasar el final.

Según explicó un funcionario judicial, “se van a examinar los requerimientos, pero si ya pasaron por todas las etapas de Justicia y Paz, en general cumplen con los requisitos y van a salir”. Pues como dijo el fiscal Eduardo Montealegre “el Estado no puede hacerle ‘conejo’ a los paramilitares”.

La salida de los paras a la calle le plantea serios retos al Estado colombiano. Las Farc desde La Habana tendrán un ojo pendiente de la suerte que corran sus antiguos enemigos. La credibilidad del gobierno estará en juego. Y, si se llega a un pacto de fin del conflicto con las guerrillas, es obvio que cómo se configure el posconflicto y la construcción de la paz en el país va a depender, en parte, de la suerte que corran y el papel que jueguen rasos, mandos medios y pesos pesados del paramilitarismo como Ernesto Baez, Julián Bolívar, el Alemán, Diego Vecino, Pirata, Juancho Prada, Guillermo Torres, Juancho Dique, Mono Leche, Ramón Isaza, o el Pájaro.

Las preocupaciones de los paras
Si se miran las cosas desde el punto de vista de los propios exparas, dos preguntas rondan en los pabellones de Justicia y Paz en las cárceles: “¿Y ahora, qué va ser de mí?” y “¿Cuánto iré a durar afuera?”. Para todos, la gran preocupación es, de lejos, la seguridad. Saben que afuera muchos no los esperan con los brazos abiertos: parapolíticos, uniformados, narcotraficantes, excompañeros y un largo etcétera de cómplices del paramilitarismo.

Como dijo uno de los desmovilizados más poderosos de las AUC, que habló con la condición de guardar su anonimato: “El peligro es con los militares, la Policía, el DAS, la Sijín, todos los que participaron en homicidios con nosotros. El Estado nos usó, mencionamos a coroneles que ahora son generales, empresarios que nos dieron plata. Hoy son nuestros enemigos”.

Con las confesiones de Justicia y Paz, la Fiscalía compulsó 14.202 copias a jueces ordinarios para que investigaran, pero el paquidérmico sistema judicial solo actuó en los casos más grandes. En los pueblos donde muchos piensan volver siguen a menudo el policía, el registrador, el notario, el personero que fueron sus cómplices y ellos, en algunos casos, denunciaron.

Según dijo Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, que comandó 1.700 hombres del Bloque Centauros en los Llanos, “el Estado hasta el momento no nos ha indicado cuales son las garantías para nuestra seguridad”. Un abogado que conoce el proceso, reveló que “desconfían en el esquema de seguridad que les pueda ofrecer el Estado, pues lo ven como un actor del conflicto”.

Que el Estado logre garantizarles un retorno seguro a la vida civil es esencial. El asesinato de un desmovilizado de Justicia y Paz puede tener un impacto muy negativo en los diálogos de La Habana, donde las Farc encaran con comprensible incertidumbre su eventual futuro en la legalidad.

“La única alternativa sería contratar seguridad privada, pero muy pocos pueden pagar eso y es ilegal”, dijo el mismo expara, expresando algo que comparten algunos de sus compañeros.

Entre algunos expertos hay otros temores. Hay quienes no descartan que las denominadas bandas criminales puedan atentar contra algunos desmovilizados para impulsar el rearme. Otros señalan que se han presentado casos en los que exparamilitares son extorsionados bajo la modalidad: “Me da plata o digo que me está reclutando y se acaban todos sus beneficios”. Si se prueba que han vuelto a delinquir o, al final del proceso, si no cumplen con los requisitos, los desmovilizados podrían perder su pena alternativa de cinco a ocho años y enfrentarían condenas de 40 o 50 años.

Víctimas: entre miedo y perdón
En Colombia hay millones de víctimas de las AUC y la pesadilla de cruzarse con sus victimarios es real.

Un líder de víctimas en los Montes de María, una de las regiones más golpeadas por la barbarie paramilitar dijo que “ellos no merecen salir porque no han dicho el ciento por ciento de la verdad. Aquí se acabaron muchas vidas, yo los perdono, pero la mayoría de las víctimas están resentidas. Pero las víctimas no les van a hacer nada, antes ellas son las que les tienen miedo, porque no creen que hayan dejado de ser malos”.

En muchas regiones el conflicto continúa. La MAPP-OEA, que lleva años siguiendo Justicia y Paz, identificó cinco zonas de especial atención: Córdoba - Bajo Cauca, Medellín, Urabá, Magdalena Medio y Cesar. Ahí se cruzan todos los retos de la reconciliación: retorno de exparas, reclamantes de tierras, víctimas, presencia de bandas criminales y, en algunos casos, coca y minería ilegal.

También hay gente como Jenny Castañeda (ver recuadro). Los paras de Ramón Isaza asesinaron a su madre en Puerto Triunfo pero ella dice: “Le apuesto a la paz, soy optimista. Vamos a necesitarlos para que nos entreguen las verdades, todos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a un diálogo”.

Los temores de las víctimas son fundados y lo único que puede convencerlas de que las cosas pueden cambiar es no solo que los beneficiarios de Justicia y Paz no vuelvan a las andadas sino que, una vez libres, continúen colaborando y contribuyan a la construcción de la paz en las comunidades que afectaron.

El reto del rearme
Además de la seguridad y de las garantías a las víctimas, el Estado enfrenta el reto de diseñar planes que permitan reintegrar efectivamente a la vida civil a docenas de desmovilizados que en sus pasados judiciales cargan con decenas de delitos horribles y frente a los cuales empresarios y comunidades tienen grandes prevenciones. Un perfil que difícilmente encaja con el mercado laboral.

Algunos piensan trabajar la tierra. Otros probablemente tienen dinero y hectáreas escondidos. Y unos pocos aprovecharon para estudiar. Uber Bánquez, alias Juancho Dique, que aterrorizó los Montes de María, no sabía ni leer ni escribir cuando entregó sus armas. Ahora es agrónomo y está terminando Derecho. Una carrera que 20 postulados estudian, así como hay otros que quieren ser profesores, psicólogos, pastores evangélicos, chefs de cocina y hasta peluqueros.

Pero son una minoría. Casi todos coinciden con lo que dice Pirabán: “Como era de esperarse, no tuvimos una resocialización acorde con nuestra problemática. Venimos del conflicto armado y necesitamos una orientación especializada”.

Algunos se quejan de que la obligación de seguir asistiendo a diligencias judiciales puede ser un obstáculo laboral. “La primera semana el jefe me da permiso para irme, la segunda me mira feo y la tercera ya me dice mijo, quédese por allá”, dice uno de ellos. Por eso, algunos expertos sugieren que el Estado debe pensar en mecanismos para hacer frente a estos inconvenientes.

Todos estos factores atentan contra la posibilidad de que los desmovilizados no se rearmen. Uno de ellos advirtió que “todo puede degenerar, algunos de nosotros podemos reincidir, no nos va a quedar otro camino. En mi región ha habido cinco desmovilizaciones y no pasa nada, los hombres siguen armados. El Estado no está preparado, se improvisa sobre lo improvisado, hay una evasión permanente de su responsabilidad. Recogen los fierros y creen que ya está, con eso hay paz”.

Para María Camila Moreno, directora del ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional), “si el Estado no responde de manera eficaz, el riesgo de la reincidencia va a ser muy alto, si no hay opción, se van a ir a las bacrim. Aunque algunas instituciones han hecho el trabajo, la coordinación en estos temas es precaria”. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz indica que 24 por ciento de los desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo reincide.

Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sostiene que su entidad está preparada para la salida de los paramilitares y que, hasta ahora, la tasa de reincidencia en Colombia no es alta. “Que ocho de cada diez desmovilizados hayan permanecido en la legalidad es positivo. A nivel mundial la tasa de reincidencia está alrededor del 30 por ciento y en el sistema penitenciario (colombiano) es del 70 por ciento”, dice.

Añadió que “tenemos una ruta preparada para los que van a salir. Hay componentes similares con los de la mayoría de desmovilizados, solo que va a ser más intensivo. La ACR está preparada para atenderlos, estamos coordinando con diversas entidades desde hace varios meses. De todos modos hay que comprender es que es un proceso muy complejo, tarda muchos años, hay que tener paciencia y perseverancia”.

Es un hecho que las preocupaciones que expresan los paramilitares deben ser encaradas por el Estado. De su respuesta depende en parte cómo afronten las guerrillas su eventual desmovilización. Pero los exparas corren con una importante dosis de responsabilidad. Un verdadero cierre del conflicto demanda que hagan una contribución mucho más contundente de lo que hasta ahora ha sido la norma en Justicia y Paz. Las víctimas esperan mayor verdad, compromisos de fondo en materia de reparación y entrega de bienes y serias garantías de que lo que pasó no volverá a ocurrirles. En una carta que enviaron al alto comisionado de paz y a las Farc, varios jefes desmovilizados se comprometen en esa dirección (ver recuadro).

Todos estos antiguos paras salen a la calle en medio de una trascendental negociación con la guerrilla, un gigantesco proceso de reparación a las víctimas y de restitución de tierras y en medio de un conflicto que aún no termina. Los Isaza, Hasbún, Alemán o Julián Bolívar y sus compañeros pueden terminar convirtiéndose en parte del problema o parte de la solución. Eso depende tanto de qué garantías les dé el Estado para volver a la vida civil, como de su conducta en esa nueva situación.

La valentía del perdón
Jenny Castañeda es líder de las víctimas de Puerto Triunfo, región asolada por los paras de Ramón Isaza. Los quiere vivos y en libertad para que sigan contando verdades.

“Mi madre era líder de Puerto Triunfo y los paramilitares del bloque Magdalena Medio de Ramón Isaza la mataron el 17 de septiembre de 2001 en la Hacienda Nápoles. Ella solo tenía 37 años, yo 20 y me tocó hacerme cargo de mis dos hermanos, además tenía un bebé recién nacido. La vida me cambió de un solo guarapazo, en mi corazón solo había odio, sed de venganza, yo estaba dispuesta a morir por mi mamá.

Pero se me volteó la torta y Dios me puso a perdonar. Me dio un cáncer y pensé en lo que había hecho. Se me apareció mi madre en un sueño, me dijo que Isaza me iba a buscar para pedirme perdón y que de parte de ella le diera un abrazo, un beso y le dijera que ella ya lo había perdonado.

Acá nadie se atrevía a hablar de este proceso, nadie iba a los tribunales. Yo fui a todo lado, con la foto de mi mamá. Los perseguía, les preguntaba. Lo más duro es pedir perdón y si uno es capaz de perdonar, siente un alivio muy grande, una paz enorme.

Yo perdoné al que asesinó a mi mamá, le miré la cara, los ojos, lo abracé. Después fui con mi abuela y ella también se abrazó con él y dijo que lo perdonaba de corazón.

En Puerto Triunfo los paramilitares vivieron, se criaron, se entrenaron, pero ya se rompió el temor y la gente reclama. Ahora los vamos a necesitar acá, vivos, para que nos entreguen las verdades, acá hay mucha gente que todavía no tiene una tumba para ir a llorar.

Tenemos que poner de nuestra parte las victimas para llegar a un diálogo, si seguimos en la misma guerra nunca va a haber paz ni verdad. Hay que trabajar con víctimas y victimarios, yo le apuesto a la paz al 100 por ciento.

El 7 de enero se hizo el primer evento donde ellos les pidieron perdón a todas sus víctimas. Hicieron unas camándulas y repartieron un disco con vídeos y canciones compuestas por Oliverio Isaza, alias Terror. En la carátula del CD hay una frase muy bonita para todos, víctimas y victimarios: “Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

La carta de los paras
Seis de los principales exjefes paramilitares presos en Colombia apoyan el proceso de paz con las Farc y que se les abran “espacios democráticos” a sus antiguos enemigos.

Seis de los más importantes excomandantes de las AUC presos en la cárcel de Itagüí enviaron al alto gobierno y a las Farc una carta con mensajes políticos de hondo calado.

Dicen que las elecciones dejaron “democráticamente convalidados” los diálogos de La Habana y manifiestan su “voluntad de contribuir con la paz del país”.

La carta la firman Ernesto Báez, Julián Bolívar, el Alemán, Botalón, Raúl Hasbun y el Iguano, que comandaron algunos de los bloques paras más importantes. El año pasado mandaron una primera misiva a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Luego de ello, este los visitó en la cárcel de Itagüí y, producto de esa visita, los antiguos paras le enviaron a él, a Humberto de la Calle y a Iván Márquez este nuevo mensaje a fines de junio.

Declaran “curadas las heridas y extinguidos los sentimientos de venganza” que los enfrentaron a otros actores del conflicto. Repentino mensaje de reconciliación a la guerrilla en el que solo cabe preguntarse con qué ánimo habrá sido recibido en La Habana.

Dicen que respetarán los acuerdos en Cuba “en el entendido de que la apertura de espacios democráticos para quienes fueron nuestros enemigos, es una opción justificada y legitimada por los superiores intereses de la paz”. Toda una paradoja –y una señal– que los más encarnizados enemigos de las Farc respalden su participación en política.

Piden al gobierno que les permita “desarrollar una agenda de trabajo social” con las comunidades y las víctimas. Ofrecen su “concurso” para “intervenir” a las bacrim, indispensable para “erradicar los rezagos de violencia política”. Y se dicen dispuestos a compartir con los demás “exactores” del conflicto iniciativas de paz y reconciliación.

No faltará quien considere esta carta como una muestra de oportunismo de parte de quienes aterrorizaron regiones de Colombia, para ganar estatus político ahora que van a quedar libres. Sin embargo, si se piensa en términos de un eventual final del conflicto con la guerrilla lo que los exjefes paramilitares están diciendo, de hecho, es que quieren ser partícipes del cierre definitivo de la confrontación que desangró al país. Aún les falta mucho en materia de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, pero si están hablando en serio van a tener que salir de Itagüí a demostrarlo.

Justicia y Paz en cifras
Nueve años después de ser promulgada, la ley que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares arroja estos resultados.

161 exparamilitares ya cumplieron la condena y pueden solicitar su libertad

400.000 horas de testimonios en audiencias de versión libre

77.000 víctimas participaron en el proceso

43.000 delitos confesados

4.000 víctimas desaparecidas exhumadas

Artículo publicado en la revista Semana, edición 1682.

Exclusiones de Justicia y Paz: unos adentro y otros afuera

A pesar de que la Fiscalía dijo hace dos años que 354 exparamilitares y exguerrilleros debían ser expulsados del proceso de justicia transicional, solo 44 han corrido esa suerte. Sin embargo, ahora que están a punto de recobrar su libertad pueden ser más los excluidos.

620 exclusionesLos postulados no hayan cumplido con las obligaciones que les impusó la sentencia, como pedir perdón a sus víctimas, pueden ser excluidos.

Hace ocho años, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, el gobierno pidió que más de cinco mil desmovilizados, en su mayoría exparamilitares, que cometieron crímenes de lesa humanidad como homicidios, masacres, desplazamientos masivos y torturas, entre otros delitos, fueran aceptados en el proceso de justicia transicional. Hoy solo siguen allí 2.670 excombatientes.

Un poco menos del 40 por ciento perdieron los beneficios porque nunca se notificaron, es decir, que no presentaron ante las autoridades. Algunos fueron capturados y hoy responden ante la justicia ordinaria y otros tantos siguen prófugos.

Los exmilitantes que efectivamente fueron a la cárcel se comprometieron a decir la verdad, reparar a las víctimas y no cometer crímenes luego de su desmovilización, a cambio de una pena alternativa de ocho años de prisión. A finales de 2012, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, aseguró que pediría la exclusión de 354 de ellos por no haber cumplido los compromisos. (Ver: ¿Qué tan lejos están 354 ‘paras’ de ser expulsados de Justicia y Paz?)

Para que una exclusión sea efectiva, la Fiscalía debe hacer la solicitud y exponer sus argumentos ante los magistrados de Justicia y Paz, los abogados de los postulados tienen oportunidad de contra-argumentar y la segunda y última instancia la resuelve la Corte Suprema de Justicia. Este proceso estaba proyectado para que se demorara pocos meses según su complejidad, pero casos como el del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, lleva más de un año sin resolverse.

Una vez fuera de la justicia transicional las investigaciones por las acciones en la guerra pasan a manos de la justicia ordinaria, donde los desmovilizados podrían enfrentar penas de hasta 40 años, de acuerdo con la gravedad de los delitos.  

Lo cierto es que hasta ahora solo 44 desmovilizados han sido excluidos; 35 de ellos salieron porque se negaron a colaborar y no se presentaron a las versiones libres programadas por la Fiscalía y el resto por no decir la verdad o porque existen condenas contra ellos por hechos que ocurrieron después de la desmovilización.

Tres narcotraficantes también fueron excluidos, luego de que la Corte Suprema pidió que no se tuvieran en cuenta a los ‘narcos puros’ que se colaron en las filas paramilitares para lograr una rebaja de pena. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de "narcos puros")

Ad portas de la libertad

620 excluidosEstos son los exjefes paramilitares que están a la espera de un fallo. De izquierda a derecha: Jesús Ignacio Roldán, alias 'Monoleche'; Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco' y Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40'.

Ahora que están próximos a salir de la cárcel viene otra depuración por dos vías. Por un lado, la Fiscalía está encargada de certificar que no existan otros procesos en contra de los postulados, por eso el Fiscal General ordenó a todas las direcciones de esta institución que revisen con lupa si aquellos que están solicitando la libertad tienen investigaciones en su contra.

“No es que los queramos sacar, como muchos dicen. La dinámica es que les pedimos a otras direcciones que nos notifiquen si hay investigaciones sobre un postulado, y si yo como fiscal tengo una investigación quieta y esta persona está a punto de salir, entonces se reactiva”, dijo un alto funcionario de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

Por otro lado, quienes ya tienen una condena en Justicia y Paz, que representan cerca del diez por ciento, deben haber cumplido al pie de la letra las exigencias del fallo, o un juez les puede quitar los beneficios. Ya se conocen casos como el de Édgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’, quien fue excluido días antes de lograr la libertad por no pedir perdón a sus víctimas tal y como lo exigieron los magistrados.

* Si tiene dificultades para acceder al contenido, por favor actualice su navegador de Internet o use otro. Fotos: VerdadAbierta.com.

Víctimas de Farc y Eln, nueva prioridad en Justicia y Paz

En la segunda etapa de aceleración de los procesos de Justicia y Paz, la Fiscalía decidió priorizar los casos, según las víctimas. Para dejar sentadas las afectaciones a las víctimas de las guerrillas, será prioritario esclarecer los más de cien mil delitos que han cometido y sentenciar a los jefes máximos. Después, en las negociaciones, se sabrá cómo se ejecutarán esas sentencias. VerdadAbierta.com presenta un gráfico interactivo con la nueva estrategia del ente acusador.

tribunaljusticiaypazprior300Hace varios días la Fiscalía General de la Nación presentó lo que será la segunda etapa del proceso para darle prioridad a algunas audiencias que lleva la Unidad de Justicia y Paz contra los ex paramilitares y ex guerrilleros postulados a los beneficios que les dio la ley de justicia transicional a cambio de que colaboren con la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas y de que no cometan más delitos, ni victimicen más a los colombianos.

La idea de la “priorización” busca acelerar las investigaciones y juicios que se llevan contra los ex combatientes de las autodefensas y la guerrilla.

Lo novedoso de esta segunda etapa es que la prioridad se está fijando no según los jefes y mandos medios postulados por el gobierno a Justicia y Paz, sino que que lo que se está priorizando son los 201.844 delitos cometidos por 14 estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y todos los bloques y frentes de las Farc y el Eln. Así, según la Fiscalía, podrán definir y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estos grupos armados.

En el caso de la Farc, ninguno de los comandantes de bloque ha sido postulado a Justicia y Paz, y ni siquiera en La Habana, donde llevan a cabo las negociaciones de paz, se ha acordado entre esta guerrilla y el gobierno Santos si los jefes guerrilleros serán procesados por la justicia transicional. En el caso del Eln, ni siquiera han empezado formalmente las conversaciones de paz.

Así que sin sus confesiones, pero con la participación de algunos de los ex combatientes rasos y mandos medios, la información previa de las autoridades y las denuncias de las víctimas, la Fiscalía espera que las diligencias terminen con sentencias en contra de los máximos jefes guerrilleros de cada grupo incluyendo a varios de los negociadores de La Habana, como ‘Iván Márquez’. La idea es que estas sentencias puedan ser ejecutoriadas o no, según lo que se acuerde en las negociaciones, pero que de todos modos la justicia reconozca las víctimas.

En el caso de los paramilitares, se han priorizado bloques o grupos que no tienen jefes postulados, como el Bloque Metro, cuyo jefe Carlos García, alias ‘Doblecero’ fue asesinado; o jefes de frentes que aún no han sido postulados a Justicia y Paz, como el del Frente Capital, Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, hoy recluido en una cárcel de Argentina por el delito de narcotráfico, y a la espera de que se defina su situación ante una posible extradición a Estados Unidos.

Sumando las de los comandantes guerrilleros y las de los ex paramilitares, la Fiscalía espera que sean 16 las sentencias que salgan de estos procesos, a las cuales se podrán acoger sus subalternos.

En el caso de los grupos de autodefensa, la Fiscalía tuvo en cuenta los bloques que habían desaparecido antes del proceso de desmovilización paramilitar entre los años 2003 y 2006. Entre estos están el Frente Capital y el Bloque Metro.

Aunque anteriormente ya se habían incluido grupos guerrilleros dentro del proceso de Justicia y Paz, como el caso de ‘Martín Sombra’ y ‘Karina’,  esta es la primera vez que la Fiscalía busca esclarecer todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales que aún siguen delinquiendo. Según el fiscal Leonardo Cabana, de la Unidad de Justicia y Paz, estos juicios contra las Farc permitirán que en las sentencias aparezcan condenados los máximos comandantes de las Farc. Y según si se llegan o no a acuerdos en las negociaciones de paz, y dependiendo del tipo de procedimiento que se pacte para que los victimarios respondan por sus víctimas, estas sentencias se ejecutarán o no en el marco de justicia transicional o en la justicia ordinaria.

Cabana añadió que para documentar todos los casos de la guerrilla el organismo cuenta con una amplia base de datos que ha sido alimentada con los reportes de las autoridades, las versiones de los 520 guerrilleros que se postularon al proceso y los relatos de las víctimas. Esos hechos empezarán a revelarse en agosto, cuando se fijen las fechas de la realización de los juicios.

Los delitos
Los integrantes de las 14 macro-estructuras que empezarán a ser juzgados en el segundo semestre de este año deberán responder por los delitos de homicidio, desplazamiento, desaparición, reclutamiento ilícito, secuestros y violencia basada en género. La Fiscalía le atribuye 3.289 secuestros a las Farc y 1.331 al Eln.

Por otra parte, por primera vez se tendrán en cuenta en los juicios todos los homicidios cometidos por cada organización. En la etapa anterior los asesinatos no eran considerados como uno de los patrones criminales principales a tener en cuenta en cada grupo, junto con desplazamiento o reclutamiento forzado, sino que cada fiscal elegía algunos crímenes de connotación.

Antes, estos hechos eran seleccionados según el criterio del delegado de la Fiscalía de acuerdo a algunos factores, como el impacto del crimen dentro de la comunidad, si la víctima era periodista, indígena o un funcionario de alto rango. Ahora tendrán que reconstruir todos los homicidios de ese bloque o grupo.

Las reconstrucciones
El hecho de darle prioridad a los homicidios dentro de Justicia y Paz tuvo como una de las causas los reclamos de las víctimas. Cabana explicó que priorizaron los asesinatos del Bloque Metro -la estructura con más asesinatos que serán llevados a juicio, 19.958- por la cantidad de familiares de víctimas de este grupo armado que están buscando respuesta sobre el por qué de los crímenes contra sus seres queridos.

El Bloque Metro delinquió en Antioquia entre los años 1997 y 2004, cuando fue asesinado su comandante Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’. Hoy la Fiscalía cuenta con 20 postulados que pertenecieron a ese grupo y se desmovilizaron en otras facciones de las Auc, sus testimonios serán esenciales para saber la verdad sobre los asesinatos, los 3.479 desplazamientos y 1.841 desapariciones cometidas.

El otro grupo que será llevado a Justicia y Paz será el Frente Capital, aunque hizo parte del Bloque Centauros -también incluido en este proceso- la Fiscalía pretende reconstruir las afectaciones causadas por este grupo en la capital del país entre el 2000 y 2004.

El fiscal Cabana indicó que el comandante de este grupo, Henry López Londoño, alias ‘Mi Sangre’, ya comunicó su disposición de participar en el proceso de Justicia y Paz a través de su abogado. Cabana señaló que se espera el avance de las diligencias de extradición para proceder luego a la postulación de López. Este grupo es señalado de cometer 356 homicidios y 109 desapariciones.

De igual forma, entre los nuevos grupos aparece Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien será enjuiciado por los delitos cometidos por la ‘Casa Castaño’. Roldán fue jefe de seguridad de Vicente, Carlos y Fidel Castaño desde los años 80. La Fiscalía espera esclarecer los crímenes que ordenaron directamente los Castaño en el Urabá y en distintas zonas del país, como el asesinato de Jaime Garzón y el secuestro de Piedad Córdoba.

Libertad
Un factor que será tenido en cuenta en esta etapa será priorizar los juicios contra aquellos que pueden estar próximos a quedar en libertad, para que así tengan sentencia alternativa antes de que salgan. Así por ejemplo, se priorizó a Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias 'Raúl', quien en unos meses podrá solicitar su libertad cuando se cumplan los ocho años de estar recluido en prisión, la misma cantidad de tiempo de la pena máxima en Justicia y Paz.

‘Raúl’ será procesado como comandante del Bloque Centauros, la estructura con más postulados en esta etapa de priorización (410) y a la que se le atribuyen 17.232 delitos ocurridos en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

Cabana advirtió que aún falta conocer la decisión que tome el tribunal o la Corte al respecto, pues al igual que Victoria, otros postulados podrían recobrar su libertad pero presentarse a los juicios bajo condiciones especiales, como el seguimiento a través del brazalete electrónico. Otra posibilidad es que la justicia determine que siga recluido en prisión hasta que se dicte una sentencia.

El reto ahora para la Fiscalía, y la justicia en general, es que al ampliar el número de casos priorizados, y la gama de delitos, no se vuelva a la situación anterior que hacía prever que los procesos irían a tomar casi un centenar de años; y en cambio sí se consiga responderle mejor a la mayor cantidad de víctimas posible.