El resguardo Wiwa que está a la deriva

Cerca de 400 indígenas han vivido hacinados durante más de dos años en el casco urbano de Becerrill, Cesar. Aunque les prometieron reubicar inmediatamente su resguardo en La Guajira, la Agencia Nacional de Tierras solo ha comprado el 35% del territorio.wiwa 1

Campo Alegre, el nombre original del resguardo de la comunidad Wiwa en Cesar, parece hoy una ironía. De él solo queda el nombre, pues desde hace más de dos años no tienen territorio y están hacinados en una sede abandonada de Carbones del Caribe, sobre la vía que conecta a Becerril con Valledupar.

Para sobrevivir, las más de 90 familias han cambiado drásticamente su forma de vida: las mujeres trabajan como empleadas domésticas, los hombres salen a jornalear y los menores asisten a una escuela improvisada construida con recursos de la comunidad.

“Si no tenemos territorio no somos nada”, explica María Milena Malo, secretaria general del Resguardo. Por eso, en medio de estas precariedades, la comunidad espera una solución al problema que el mismo Estado generó hace 22 años.

Una historia plagada de errores

Como cuenta María Malo, esta comunidad indígena tiene origen en sus abuelos que salieron desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta en la década del ochenta. Con mucho esfuerzo, compraron varias fincas para constituir el resguardo.

El drama de los Wiwa comenzó, sin embargo, desde que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregó en 1995 el título colectivo, que reconoce el Resguardo de Campo Alegre en la Serranía del Perijá, con 1.141 hectáreas. El problema fue que la entidad constituyó el resguardo dentro del territorio ancestral de los Yukpa, otro pueblo indígena de Cesar.

En ese entonces, los dos pueblos indígenas llegaron a un acuerdo y los Wiwa siguieron trabajando sin problema sobre la margen derecha del río Maracas. Sin embargo, la comunidad Wiwa creció en integrantes con el paso de los años y los Yukpa les expresaron la necesidad de salir de su territorio ancestral. Por mutuo acuerdo, El 15 de junio de 2015 los Wiwa dejaron su resguardo.

No fue una salida intempestiva. Las comunidades conversaron por más de un año en compañía de entidades gubernamentales de orden nacional y local para evitar una tragedia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dijo que los reubicaría en el municipio de El Molino en La Guajira y les prometió que para diciembre de 2015 ya estarían compradas la mitad de las 1.141 hectáreas y en 2016 tendrían el 100% del resguardo. Pero no fue así.

Los Wiwa quedaron en medio del “congelamiento” de todos los procesos agrarios, pues en diciembre de 2015 el gobierno nacional anunció la liquidación del antiguo Incoder para dar vida a la nueva Agencia Nacional de Tierras. Y durante gran parte de 2016 este tipo de procesos quedó detenido mientras la Agencia hacía el empalme y recibía todo el archivo rural del país.

wiwa 2160 menores asisten a una escuela que tuvo que improvisar la comunidad para no interrumpir las clases. Foto: Tatiana Navarrete.

Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de Tierras, los retrasos han sido de la comunidad. “Estas compras no han tenido la celeridad que ha querido imprimirle la Agencia Nacional de Tierras por los retrasos de la comunidad a la hora de presentar la documentación completa de los predios solicitados para compra. Así consta en las actas de seguimiento realizadas por el Ministerio del Interior”, dice la respuesta enviada por la Agencia a VerdadAbierta.com. Estas acusaciones han sido negadas por los Wiwa, quienes en el albergue han acopiado decenas de carpetas con los documentos de su reclamación.

Ante la emergencia, la solución ofrecida entonces por la Alcaldía de Becerril fue albergarlos en la antigua sede recreativa de Carbones del Caribe, que no tiene la capacidad ni la infraestructura para que allí vivan las 486 personas que integran el resguardo. “No tenemos territorio, comida, vestido, esto es muy difícil”, cuenta entre lágrimas, la profesora Ana Elvia Nieves.

La respuesta de las entidades locales y nacionales ha sido insuficiente: no les brindan ayuda humanitaria porque “no son víctimas del conflicto armado”, los menores solo reciben una comida en todo el día y las autoridades locales los han dejado en un callejón sin salida, “En Becerril no se nos atiende en ciertos proyectos por no tener un territorio y en El Molino tenemos territorio pero no se nos atiende porque no está legalmente constituido el resguardo allá”, dijo la Secretaria del Resguardo.

Como explica la personera de Becerril, Ana Benavidez, “sin el resguardo constituido no pueden acceder a la oferta institucional. El incumplimiento con el tema de las tierras ha sido demasiado. Convocan reuniones y reuniones y nada pasa, llegan a las mismas conclusiones”.

VerdadAbierta.com intentó contactar al Alcalde y al Secretario de Gobierno de Becerril, pero no obtuvo respuesta.

El tiempo apremia

wiwa 3Esta comunidad ha perdido los espacios tradicionales donde los mayores trasmitían a los niños sus conocimientos ancestrales. Foto: Tatiana Navarrete.

Lo que más preocupa a la comunidad Wiwa es que siga pasando el tiempo y el “tejido social” se siga fracturando. Estar en un albergue al lado de la carretera y sin tierra para cultivar ha afectado todas sus prácticas culturales y expuesto a sus jóvenes. “Aunque las tecnologías nos han permitido comunicarnos, muchos jóvenes quieren estar pendiente es de las redes sociales, de ir a los billares o a las cantinas que hay por acá cerca. Tenemos miedo que no quieran volver al resguardo”, cuenta María Milena Malo.

Las profesoras intentan preservar la lengua nativa, el Dumuna, en las improvisadas aulas construidas por la propia comunidad con una malla y mesas viejas. Allí, al lado de una piscina con agua estancada que se ha convertido en un foco de enfermedades, reciben clases más de 160 niños.

Diana Luz Mendoza, profesora del Resguardo, advierte que no es solo un problema de infraestructura; tampoco hay garantías para que los niños se alimenten bien. “Nos apoyan con los almuerzos, pero acá hay niños que pasan el día con esa sola comida. Se nos han desmayado en clase”, comentó Mendoza.

“No tenemos nada, ni materiales, ni uniformes. Estudiar así es muy difícil”, aseguró Luis José Daza, personero del Centro Educativo Riveras del Maracas. Y a pesar de las difíciles condiciones les han abierto las puertas a otros niños que no hacen parte del resguardo, pero que no encontraron cupo en Becerril.

Extrañan los espacios tradicionales donde los mayores trasmitían a los niños sus conocimientos ancestrales. Atrás quedaron las danzas y los pagamentos acompañados de la interpretación del carrizo, la caja y la maraca. 

El problema es que luego de que el gobierno nacional les entregara las primeras 313 hectáreas de las 1.114 en El Molino, los mayores se trasladaron a este municipio con la idea de comenzar a trabajar la tierra, entonces la comunidad quedó fraccionada. “Hoy la comunidad está dispersa. Ya 30 familias salieron hacia El Molino y las otras están acá en Becerril”, contó Nieves.

Como no tienen territorio para cultivar alimentos, han tenido que salir a rebuscarse el “diario”. Si mucho, les pagan a 25 mil el jornal, pero como cuenta Jairo Alfonso Pulgar, comisario del resguardo, a veces les postergan la paga aprovechando su situación de necesidad. Las mujeres, también tratando de sobrevivir, buscan algunos pesos en casas de Becerril, trabajando en la limpieza o la preparación de alimentos.

Cuando vivían en su resguardo los Wiwa no sufrían de tristeza ni desnutrición, pero ya los primeros niños fueron diagnosticados con esta enfermedad y, hace un par de meses, uno de sus mayores “murió de angustia”, como cuenta Carlos José Nieves Daza, coordinador de Tierras del Resguardo. “El hombre se sentaba por ahí a llorar de ver que seguíamos aquí sin territorio”.

En Chocó falla el sistema de atención a desplazados

A pesar de ser el departamento con mayor número de desplazamientos masivos durante este año, las autoridades locales y nacionales parecen no estar preparadas para atender a las víctimas. La falta de presupuesto, los enredos contractuales y las “peleas” institucionales son parte del panorama.

desplazados choco 1El desplazamiento masivo ha sido en su mayoría intramunicipal o intermunicipal. Foto: revista Semana.A diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría del país, en Chocó la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc no implicó una disminución de la violencia. Al contrario, la salida de los frentes subversivos hacia las zonas veredales de concentración acrecentó los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Eln para apoderarse de zonas clave de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal.  (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A pesar de que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo, desde 2015, las intenciones de los ‘gaitanistas’ de tomarse buena parte de Chocó, su avance no se detuvo. El departamento fue víctima de 12 de los 28 desplazamientos masivos ocurridos en el país en los cinco meses que van de 2017, según el reporte de la Unidad de Manejo y Análisis de Información de Naciones Unidas.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, durante 2017 se han desplazado comunidades afro e indígenas de Lloró, Litoral de San Juan, Alto Baudó, Bajo Baudó, Río Sucio, Carmen del Darién y Tadó. Las más de 3 mil personas afectadas que reporta Naciones Unidas ubican a Chocó en el deshonroso primer lugar en desplazamientos forzados en el país.

Los enfrentamientos y la instalación de minas antipersonal también han ocasionado confinamiento de por lo menos 2.300 personas de comunidades afro e indígenas que temen salir de sus casas, según el sistema de información de Naciones Unidas.

Para atender estas emergencias, la Ley de Víctimas, en vigencia desde el 1 enero de 2012, estableció que la atención inmediata es responsabilidad de las alcaldías locales, que se supone deben tener planes de contingencia; y, en caso de no poder cumplir, cuentan con el apoyo de la Unidad de Víctimas y la Gobernación.

En Chocó, sin embargo, la respuesta institucional no ha funcionado como debería y, en la mayoría de los casos, la atención humanitaria inmediata ha quedado en manos de organismos internacionales como el Consejo Noruego de Refugiados y del Comité internacional de la Cruz Roja (CICR). Más que un caso excepcional, lo que sucede allí ejemplifica las dificultades que han tenido los municipios más pobres para implementar políticas de atención a víctimas.

Precariedad de autoridades locales

desplazados choco 2Desde 2015 la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre el avance de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sobre el Chocó. Foto: revista Semana.

Ante un desplazamiento forzado, la ley indica que las alcaldías locales deben atender de manera inmediata a la población. Se supone que en cada municipio debe existir un plan de contingencia y presupuesto para brindar alimentos, productos de aseo, servicios médicos y alojamiento a la población desplazada. La cobertura de emergencia se extiende durante tres meses.   

Pero estos procedimientos no se cumplen con rigor en Chocó, en parte, porque todos los municipios en los que se han presentado desplazamientos son de categoría seis y manejan presupuestos bastante ajustados. De hecho, todo el departamento está en esa categoría, que es la más baja. “Es muy difícil que nos dejen esa responsabilidad en nuestras manos que trabajamos con las uñas. Acá sigue llegando y llegando gente, pasan las semanas y la plata se va a agotando. Yo no puedo poner todo el presupuesto en esto, yo tengo un plan de gobierno qué cumplir”, contó a VerdadAbierta.com el mandatario de un municipio ubicado sobre la costa Pacífica de Chocó, quien pidió la reserva de su nombre.

También es cierto que, para muchos alcaldes, a pesar del riesgo inminente, el tema de atención a las víctimas no es una prioridad y poco invierten en planes de contingencia. “Los administradores de turno no tienen la visión de proyectar temas de emergencia, no les asignan recursos, ponen dos o tres milloncitos y nada más, cuando la emergencia se presenta no tienen cómo atenderla. Este año con presupuestos nuevos en febrero ya había alcaldes diciendo que no tenían plata”, dijo el coordinador de la Mesa Departamental de las Victimas, Esaud Maturana.

Según dijeron fuentes consultadas en la zona, el único plan de contingencia que está en total funcionamiento es el del Alto Baudó.  Elogian también el trabajo que ha hecho el municipio del Litoral San Juan, donde la administración local ha respondido por la atención inmediata casi en su totalidad.

Lo cierto es que hay emergencias que son muy graves y difícilmente una autoridad local, que vive en medio de la zozobra y la violencia, podrá responder por ello. Por ejemplo, de acuerdo con los informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre los desplazamientos en Lloró, uno de los problemas es que el alcalde del municipio también está amenazado por las bandas criminales.

En Riosucio, la emergencia se viene presentando desde finales del 2015 y el número de desplazamientos y confinamientos sigue en aumento, por lo que es imposible que la alcaldía local sea la única a cargo de la situación. Ya lo advertía así un oficio que la Defensoría del Pueblo envío en abril de 2016 a la Unidad de Víctimas: “el municipio de Riosucio ha manifestado de manera reiterada que no dispone de recursos para atender a una emergencia humanitaria de esas dimensiones, se requiere que la UARIV -Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, en atención a sus obligaciones, disponga de ayudas humanitarias necesarias para que la población desplazada y confinada no siga padeciendo hambre”.

A pesar de ello, en la última nota de seguimiento, del pasado 27 de abril emitida por el SAT, la situación no es alentadora: “Al día de hoy, en la cabecera municipal de Riosucio hay aproximadamente 350 familias desplazadas por acciones de las AGC sin atención adecuada y digna del Estado”.

Según líderes sociales y algunos funcionarios públicos consultados por VerdadAbierta.com, la situación es peor cuando se trata de confinamientos, pues es en esos casos las personas están pasando hambre. Este delito, que ya fue incluido en la lista de “hechos victimizantes” que reconoce la Unidad de Víctimas, ha sido frecuente en lo que va corrido del año en Chocó, pues los grupos armados prefieren que las personas no salgan y así no hacer visible su presencia. Algunas comunidades indígenas han denunciado la instalación de minas antipersonal que les impide transitar libremente por sus cultivos, lo que ha causado desabastecimiento.

“Esta es un situación que poco atienden las autoridades locales. Solo en algunos casos llegan otras entidades, pero atienden con uno o dos mercados, nunca se atienden las causas, por ejemplo la presencia de explosivos en el territorios, los grupos siguen moviéndose por allí, haciendo esto y lo otro, entonces la gente tiene que convivir con eso”, explicó a VerdadAbierta.com un funcionario que conoce el tema.

¿Qué pasa con la Unidad de Víctimas?

desplazados choco 3Riosucio ha sido uno de los municipios más afectado por el avance de los ‘gaitanistas’. Foto: revista Semana.

A pesar de que se trata de un departamento prioritario, solo hasta el 9 de mayo fue nombrada la directora territorial de la Unidad de Víctimas, se trata de María del Rosario Palacios. Durante los primeros meses del año, estuvo como director encargado, Jaime Ramiro Guerrero Vinueza, director regional de la Unidad en Nariño, departamento que también vive su propia emergencia humanitaria y muy distante del Chocó. “Vino unos días y luego salía, así es muy difícil hacer seguimiento a una problemática tan grave”, dijo Maturana.

Guerrero hizo un par de visitas a la sede de la Unidad en Quibdó, pero gestionaba la emergencia desde la ciudad de Pasto. Sin embargo, en respuesta a VerdadAbierta.com, la Unidad de Víctimas insiste en que eso no afectó en el cumplimiento de sus funciones.

El papel de la Unidad es clave no solo porque es la encargada de coordinar la aplicación de la Ley de Víctimas, sino porque está obligada a apoyar a los entes territoriales que no cuentan con los recursos necesarios para la atención inmediata. Una vez los afectados estén incluidos en el Registro Único de Víctimas, debe prestar la atención humanitaria de emergencia. 

Por esto, la sorpresa fue mayor cuando en varias reuniones interinstitucionales convocadas en Chocó para hacer frente a los inminentes desplazamientos masivos, la Unidad de Víctimas anunció que no contaba con un contrato vigente con el operador que proveía servicios de atención humanitaria y que, por lo pronto, no estaba en capacidad de brindar el servicio. “No es aceptable que sea esa la respuesta de la entidad encargada de atender a las víctimas en un momento en el que Colombia está en transición hacia la paz, donde las mayores victimizaciones se siguen presentando en el Pacífico”, indicó un líder comunitario.

El problema se resolvió por medio un convenio con el CICR y el Consejo Noruego de Refugiados, quienes atendieron la situación.

VerdadAbierta.com se contactó con la Unidad de Víctimas y ante la negativa de conceder una entrevista enviamos un formulario de preguntas. En sus respuestas precisó que “el proceso contractual se encuentra en curso y se adelanta en la Bolsa Mercantil, tal como se ha hecho en vigencias anteriores. Esta contratación busca tener el operador que realice la actividad de entrega de Ayuda Humanitaria en Especie y de acuerdo con el cronograma de la Bolsa la rueda de negocios está programada para este mes de mayo”. La respuesta fue enviada el 10 mayo y para entonces el proceso de contratación seguía en trámite.

El nivel de desatención por parte de la Unidad de Víctimas fue denunciado en el informe de riesgo del 30 de marzo de 2017 de la Defensoría del Pueblo. En el documento se advierte de la grave situación en el Litoral San Juan. Por su cercanía con Buenaventura, esta población ha optado por desplazarse al puerto vallecaucano para recibir atención de emergencia, pero de acuerdo con el informe no son solo ellos, sino que varias víctimas “optan por desplazarse hacia Buenaventura, pues consideran que existen mayores garantías para la atención en este lugar, ya que argumentan dilaciones por parte de la Unidad de Victimas Territorial”.

¿Y dónde está la Gobernación?

desplazados choco 4El confinamiento, que se define restricción de la libertad de movimiento de una población, ha sido un delito recurrente en conflicto reciente del Chocó. Foto: revista Semana.

Aunque varias de las personas consultadas apuntan a que la Gobernación de Chocó ha sido pasiva ante la emergencia, la entidad se defiende asegurando que hay varios factores ajenos que han impedido su trabajo.

La Gobernación designó 19.641 millones de pesos para atender la población víctima en todo el departamento. Cerca de 4 mil millones salen del presupuesto propio y el resto lo toman del Sistema Nacional de Regalías.

Para articular el trabajo de las autoridades locales con las de orden departamental y nacional, la Unidad de Víctimas creó a finales de 2015 una herramienta conocida como ‘Tablero PAT’.  En este sistema, los alcaldes locales deben suministrar la información sobre las necesidades de su municipio que sirvan de insumo para planear un Plan de Atención Territorial (PAT) en el que interviene la Gobernación y la Unidad de Víctimas.  Los datos del año en curso se usan para planear las acciones a seguir el año siguiente.    

“Nosotros pudimos establecer que hubo una falla en la información que los entes territoriales entregaron el año pasado. No había suficiente información y no todos sabían cómo funcionaba en el mecanismo. Ya el problema está solucionado, pero la información de este año ya se aplicaría en 2018”, explicó Mauricio López, coordinador de la Oficina de Víctimas de la Gobernación de Chocó. De acuerdo con el funcionario, no contar con información fiable ha hecho imposible la planeación de los proyectos.

Por otro lado, las diferencias entre los funcionarios de la Gobernación y lo miembros de la Mesa Departamental de Víctimas solo han empeorado la situación. Para la Mesa, la Gobernación “está lejos de las víctimas y no les pone cuidado”; y para la Gobernación, “algunos miembros de la Mesa son un ‘palo en la rueda’ que no dejan avanzar los procesos’”. Las acusaciones van y vienen, pero los proyectos concretos no avanzan y las comunidades afectadas no encuentran soluciones concretas a sus padecimientos.

Desde la Gobernación anterior (2012-2015) la Mesa de Víctimas venía trabajando en la elaboración de seis proyectos para atención y reparación de las comunidades afectadas de Chocó. Uno de estos destinaba recursos de atención inmediata en casos de desplazamiento para los municipios que aún no tuvieran un plan de contingencia. Para la Gobernación, el proyecto no contaba con la rigurosidad técnica requerida, aunque la Mesa contó con ayuda de entidades internacionales para su elaboración.

“En diciembre lo aprobó el Comité de Justicia Transicional, lo entregamos, pero la Gobernación no nos ha parado bolas”, dijo Esaud Maturana, de la Mesa de Víctimas. El Comité es la instancia para el diseño de política pública en temas de atención a víctimas a nivel territorial.

Desde entonces, 12 desplazamientos masivos han ocurrido en el departamento y el proyecto no ha concluido. De acuerdo con Mauricio López, en la Gobernación están a punto de aprobar 3 mil millones de pesos para atención humanitaria con cambios al proyecto original.

Mientras estas discusiones tienen lugar y los problemas contractuales no se resuelven, la violencia no se detiene en Chocó. El verdadero peligro es que, mientras no hay soluciones estables, se pone en riesgo a la población que se ve obligada a regresar a la zona sin el debido acompañamiento del Estado, quedando a merced de grupos armados ilegales.

* Tatiana Navarrete, autora del artículo, viajó a Chocó con el apoyo del International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de la iniciativa Adelante.

Indígenas, confinados en Timbiquí por accionar de grupo armado

Por lo menos 1.012 nativos que habitan en la parte baja del río Saija están encerrados porque desde hace varios días hombres encapuchados que visten de negro rondan sus territorios. Las entidades que atendieron denuncias piden de manera urgente ayuda para atender la emergencia humanitaria.

indigenas confinados cauca 1Indígenas refugiados en el resguardo de Calle Santa Rosa de Timbiquí. Foto: Defensoría del Pueblo.Los habitantes de los cabildos de Las Peñas, La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, situados en la parte del río Saija que conecta con los esteros que conducen hacia el Pacífico caucano, empezaron a ver desde el pasado 5 de febrero un pequeño grupo de hombres armados que visten prendas negras, sin ningún elemento que los identifique. Estas comunidades son que viven en una zona apartada y marginal, subsistenten gracias a la caza y a la recolección de los alimentos que les ofrece el monte, y muchos de sus integrantes no dominan el español.

Pese a estar acostumbrados a vivir en circunstancias agrestes, su tranquilidad se acabó el 9 de febrero, cuando esos 'foráneos' realizaron varios disparos al aire, causando el desplazamiento de las 17 familias de la comunidad de Las Peñas que, despavoridas, tomaron rumbo hacia Calle Santa Rosa. En el camino, el miedo se regó como pólvora y las comunidades de La Sierpe y Unión Málaga también se dirigieron hacia ese lugar, produciéndose el confinamiento de 1.012 indígenas.

La situación de la comunidad sólo se conoció diez días después en la cabecera municipal. El pasado jueves, una delegación conformada por miembros de la Personería, la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), llegó a la región para corroborar las denuncias y atender la emergencia.

El personero de Timbiquí, José Alfredo Valencia, le explicó a VerdadAbierta.com que se realizó un Comité de Justicia Transicional para recoger las declaraciones de las víctimas y tramitar la documentación necesaria para que el Municipio, la Gobernación de Cauca y la Unidad Nacional de Víctimas se pongan al frente de la asistencia humanitaria.

Sobre los hechos, el funcionario agregó que las autoridades no saben qué está ocurriendo y que los indígenas insisten en que es un actor desconocido; además, recordó que recientemente la guerrilla del Eln dijo que no tenía presencia en la región. “Es una situación muy grave: Las Peñas se quedó sin energía porque un disparo cortó uno de los cables de electricidad y la Guardia Indígena dice que está agotada porque se la ha pasado vigilando día y noche desde entonces”, indicó Valencia.

Por otro lado, un funcionario de la Defensoría del Pueblo le contó a este portal que las cuatro comunidades se encuentran hacinadas en un polideportivo de estructura palafítica conocido como Casa Grande, construido en madera chonta, que no cuenta con las condiciones básicas de agua y salubridad para albergar a los más de mil afectados.

“Las comunidades tienen temor de salir a cazar y recolectar por la presencia de los actores armados, dicen que es un grupo de siete personas. Es una situación irregular porque no agredieron a la comunidad ni profirieron amenazas, por lo general los nuevos grupos llegan y amenazan para ejercer control territorial”, indicó el funcionario.

Las cuatro comunidades habitan una zona marginal de estero donde raramente se ve presencia gubernamental, cuando llega “es recibida con extrañeza”; cuentan que, si mucho, hay una o dos jornadas de vacunación al año; hay pocos cultivos de coca y explotación de minería ilegal hacia la cordillera. Sin embargo, es una región estratégica para enviar droga al exterior y se encuentra dentro de las 15 millas náuticas que debe custodiar la Armada Nacional.

En Cauca, diferentes voces reportan que tras la salida de las Farc de sus zonas de influencia, acatando las disposiciones para concentrarse en dos Zonas Veredales y un Punto Transitorio de Normalización del departamento, en donde estarán durante seis meses para preparar su reincorporación a la sociedad civil y entregarle sus armas a la ONU, han ingresado personas o grupos armados para intimidar o controlarlas.

“La Fuerza Pública no ha solucionado la falta de seguridad que anteriormente prestaban las Farc en medio de su control territorial. No hay una respuesta efectiva ante la salida de la guerrilla y las condiciones de inseguridad en algunas regiones se han empezado a notar con robos y extorsiones”, aseguró una persona que conoce las dinámicas de la región.

Ciclo de violencia y paz

indigenas confinados cauca 2A pesar de las riquezas naturales, las comunidades étnicas de Timbiquí viven en medio de la pobreza y del abandono estatal. Foto: VerdadAbierta.com.El personero municipal llamó la atención sobre el hecho de que Timbiquí le dijo Sí a la paz, votando masivamente a favor de la refrendación del primer acuerdo de paz que salió de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc en Cuba, esperando que la violencia cesara. No obstante, empieza a brotar un sinsabor: “El pero es que es con el proceso de paz empezaron a llegar grupos armados a la zona baja con el ánimo de copar el espacio que dejó las Farc”.

Por ahora, esa incursión de nuevos hombres armados no ha dejado víctimas mortales, pero, según narró el personero Valencia, las cuatro comunidades indígenas que están confinadas en Calle Santa Rosa, tienen temor de que la entrada de la Fuerza Pública pueda derivar en más riesgos contra su seguridad, por posibles enfrentamientos o retaliaciones de sus nuevos 'vecinos'.

Y como si fuera poco, el anterior proceso de dejación de armas del país, que conllevó a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras negociar con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), desató posteriormente una crisis humanitaria en la que ocurrieron los primeros desplazamientos masivos de sus habitantes.

Un Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, fechado el 1 de octubre de 2010 documentó que: “(…) con posterioridad a su desmovilización estos espacios fueron ocupados por los grupos armados ligados al narcotráfico y por las estructuras armadas ilegales surgidas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, lo que se refleja en la presencia de integrantes de Los Rastrojos, y Las Águilas Negras en el casco urbano de Guapi y, de miembros de grupos armados articulados al narcotráfico en la cabecera de Timbiquí, lo cual genera zozobra y temor permanente en la población civil”.

'Matamberas', la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí

Los nuevos grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc controlaron por medio de violencia e intimidaciones a los habitantes de Timbiquí para hacerse con las rentas que producían los cultivos de coca y el narcotráfico. Y sus posteriores disputas con las Farc, cuando ingresaron nuevamente a la región, derivaron en desplazamientos masivos que llevaron a la desaparición de los caseríos de Velásquez y La Fragua, los cuales están deshabitados a día de hoy.

Sin embargo, en este nuevo proceso de paz no han transcurrido ni dos meses desde que se empezó a implementar el Acuerdo Final de paz que fue refrendado por el Congreso de la República el 1 de diciembre, y ya han ocurrido varios casos en los que hombres armados ingresan a territorios que anteriormente eran de dominio de las Farc, generando temor en las comunidades.

El pasado 10 de febrero un grupo armado incursionó en una de las veredas de Briceño, municipio antioqueño donde se han adelantado programas piloto de desminado humanitario y sustitución de cultivos de coca, en busca de pobladores que ejercen liderazgo y uno resultó herido. Además, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, también se han denunciado casos de desplazamiento hacia Venezuela tras la salida del Frente 33 de las Farc hacia la zona de concentración de Caño Indio.

 Tensión en las montañas de Briceño

En este arranque de año la implementación del Acuerdo Final de paz, que apenas inicia su aterrizaje a través de los debates y normas que aprobará el Congreso de la República vía Fast Track (sólo han sido aprobadas dos de las casi 50 que se tienen estimadas), se han generado grandes turbulencias en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, las cuales incluyen amenazas y asesinatos de líderes sociales.

Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

Por cuenta de enfrentamientos armados entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del Eln, la localidad del Alto Baudó se encuentra sumida en una delicada crisis humanitaria debido a éxodos forzados y confinamientos. La situación es reiterada y las autoridades poco o nada hacen para atender a las comunidades. Corte Constitucional reclama explicaciones.

guerra baudo 1170 familias están refugiadas en la cabecera de Alto Baudó. Foto: Defensoría del Pueblo.A Jesús María, un hombre que se ganaba la vida transportando gente en su lancha por las caudalosas aguas del río Baudó, sur del departamento de Chocó, lo mataron delante de sus vecinos, paisanos y amigos, a plena luz del día, sin que nadie pudiera evitarlo.

Ocurrió el fin de semana pasado en la localidad de Puerto Meluk, cabecera municipal del Medio Baudó: “fueron por él, lo pasearon por todo el pueblo, lo torturaron y lo mataron sin que nadie pudiera hacer nada. La población está aterrorizada”, señalaron integrantes del Foro Interétnico Social Chocó (Fisch), organización que acompaña comunidades afros e indígenas en este departamento, uno de los más pobres del país y también de los más azotados por la guerra.

Las razones de su asesinato son tan absurdas como la guerra que se recrudece actualmente en esta región del suroccidente chocoano sin que a nadie pareciera importarle. Según reportó la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, a Jesús María lo mataron presuntos guerrilleros del Eln por haber transportado en su lancha integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

De acuerdo con la Entidad, días antes los ‘gaintanistas’ remontaron las aguas del río Baudó desde Puerto Meluk hasta el caserío conocido como Peña Azul, en el Alto Baudó, con el fin de hostigar a los guerrilleros del Frente Resistencia Cimarrón del Eln. Al final se produjo un fuerte choque armado entre ambos grupos. Las comunidades quedaron en medio del fuego cruzado.

Como resultado de esa incursión, unas 156 familias, cerca de 465 personas, entre hombres, mujeres y niños de las comunidades Peña Azul, Bocas de Apartadó, Boca de León, Geandó, Punta Peña, Bacal, Amparradó y Cocalito, decidieron abandonar el territorio por temor a que se reactiven nuevamente los combates. Actualmente se encuentran refugiadas en la cabecera de Puerto Meluk, donde están siendo atendidas con los escasos medios con que cuenta la administración municipal.

“Pero la Defensoría teme además por otras 10 comunidades, entre ellas dos comunidades indígenas, Wounaan y Emberá, que están en riesgo de desplazamiento mientras que hay otras confinadas por cuenta de la presencia de estos grupos armados”, le dijo a VerdadAbierta.com Luis Enrique Murillo, Defensor del Pueblo, Regional Chocó.

Se trata de una situación delicada si se tiene en cuenta que por las aguas del Baudó transitan diariamente las comunidades afros e indígenas llevando alimentos, mercancías y combustible para sus caseríos. Por cuenta de la confrontación que mantienen ‘gaitanistas’ y ‘elenos’, la movilidad por el afluente se ha restringido a tal punto que los pobladores no pueden salir a realizar sus faenas diarias de agricultura, cacería y pesca.

“Hay comunidades confinadas que no pueden moverse por la presencia de estos grupos armados, porque han puesto artefactos explosivos, como minas antipersonas, y eso genera una crisis alimentaria porque la gente no puede salir a buscar sus alimentos”, agregaron voceros del Fisch, quienes aseguraron que ambos grupos armados ilegales cobran extorsiones a los lancheros y les imponen restricciones a su movilidad en determinadas horas de la tarde.    

Guerra de no acabar

guerra baudo 2El desabastecimiento y el confinamiento pueden empeorar la crisis humanitaria del sur de Chocó. Foto: Juan Diego Restrepo E.No es la primera vez que desde la profundidad selvática del Baudó llegan noticias de una guerra que parece no tener “tregua ni cuartel”. El actual escenario había sido advertido por la propia Defensoría del Pueblo a las autoridades civiles y de Policía del departamento durante una reunión realizada el pasado 28 de febrero en las instalaciones del Comando de Policía Chocó.

Allí, la Agencia del Ministerio Público hizo un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Riesgo No. 011 A.l. de 2009, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría para toda la región del Baudó. En ese documento se consignaron los riesgos que corrían los pobladores de esta región por cuenta de las operaciones de grupos armados ilegales.

El informe del SAT llamó la atención sobre la situación de confinamiento de las comunidades afros e indígenas, así como la posibilidad de desplazamientos forzados en localidades del Alto, Medio y Bajo Baudó, como en efecto viene ocurriendo. También sobre la siembra de minas antipersonas y las intimidaciones dirigidas contra gobernadores indígenas y presidentes de consejos comunitarios. Al Informe de Riesgo ya se la han realizado cinco notas de seguimiento, con las que se actualiza la situación de vulnerabilidad de los pobladores, y concluyeron que los riesgos no han desaparecido; por el contrario, se incrementaron.

El avance de los ‘gaitanistas’ viene aumentando exponencialmente la inseguridad tanto de afros como indígenas de el Baudó, El San Juan y el Bajo, Medio y Alto Atrato. Esa estructura armada, nacida a mediados de 2006 como reemplazo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está copando a sangre y fuego territorios antiguamente dominados por la guerrilla de las Farc, en camino ya a la dejación de armas y a la reincorporación a la vida legal. Esos hechos fueron denunciados en diciembre del año pasado en varias localidades del Bajo Atrato y en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, donde la Defensoría conoció casos de amenazas, desplazamientos forzados y varios asesinatos selectivos.

Lo que advierten analistas de esta Agencia del Ministerio Público es que la dinámica que muestra el avance de este grupo armado posdemovilización apunta a consolidar un importante corredor estratégico que va desde el Bajo Atrato, conecta con el Alto Baudó y de allí con la costa Pacífica. El principal obstáculo que han encontrado los ‘gaitanistas’ para este propósito ha sido, precisamente, la presencia de la guerrilla del Eln, que les plantó una dura guerra que ya ajusta poco más de nueve años.

“Lo que sucede en el Baudó no es coyuntural. Desde hace muchos años hay una disputa territorial entre estos grupos por el control territorial de todo El Baudó”, precisó el Defensor del Pueblo, Regional Chocó. Se trata, según este funcionario, “de una zona estratégica muy importante porque permite articular el resto del departamento, es decir, la zona del Atrato con la zona del Pacífico. Allí hay fuerte presencia de narcotráfico y viene incrementándose la extorsión; además, es una zona de difícil acceso por lo selvático”.

En esta confrontación armada, el Eln también ha puesto su ‘cuota’ de infamia, degradación y arbitrariedad. Desde hace poco más de una década, a través del Frente Resistencia Cimarrón, consolidó su poder armado en el Alto Baudó y desde allí viene expandiéndose hacia el Medio Baudó y la región del Atrato, antiguamente dominada por las Farc. Y todo apunta a que están dispuestas a dar la pelea por el control del territorio.

Según voceros de los organismos humanitarios consultados por VerdadAbierta.com, el pasado 10 de enero guerrilleros de ese frente insurgente ingresaron a una comunidad indígena ubicada en Puerto Indio, Alto Baudó. Allí reunieron a los gobernadores indígenas y, tras acusarlos de ‘sapos’, lanzaron sendas amenazas de muerte contra varios de ellos. Como era de esperarse, el hecho motivó el éxodo forzado de 101 familias indígenas.

El agresivo relacionamiento del Eln con las comunidades contrasta con la voluntad que dicen tener sus comandantes reunidos en el Comando Central (Coce), quienes desde el 7 de febrero se sentaron con el gobierno nacional a buscar una salida negociada al conflicto armado que ya ajusta 52 años. Los diálogos, que se adelantan en Quito, Ecuador, aún están en una etapa incipiente y no parecen reaccionar a lo que acontece en el sur de Chocó.

Este portal quiso conocer la versión de los jefes del Eln, pero no contestaron oportunamente los mensajes. Asimismo, se buscó la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, pero no devolvieron las llamadas.

¿Habrá paz en el Baudó?

guerra baudo 3El sur de Chocó sigue en disputa pese a la salida de las Auc y de las Farc de la región. Foto: Juan Diego Restrepo E.En el Baudó, una región tan exuberante como tan olvidada por el Estado, sus pobladores no se permiten alimentar la ilusión de una paz ni el corto ni el mediano plazo, ni siquiera por el desarrollo del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln, cuya injerencia en el territorio es bastante fuerte.

“El conflicto armado no es la única causa de la crisis humanitaria que vive toda la región del Baudó”, sostuvo Murillo. “Más adelante podría darse el hecho de que el gobierno nacional firme la paz con la guerrilla del Eln, pero en la zona persisten otros actores armados, hay un gran vacío de Estado y no hay garantía de derechos y eso sí ha sido una situación sistemática”.

En efecto, en el Baudó conviven en un maridaje malévolo la guerra, la pobreza, el abandono y la corrupción. Los indicadores sociales de esta región son, quizás, los peores del país. Para 2012, según el Dane, un municipio como Alto Baudó tenía una tasa de analfabetismo del 39 por ciento, una tasa de mortalidad infantil del 83 por ciento y ocho camas en todos sus establecimientos hospitalarios para atender a unas 34 mil personas.

Las estadísticas son bastante similares para los municipios de Medio y Bajo Baudó. En esta región selvática tropical, donde cualquiera está expuesto a la mordedura de una serpiente, las existencias de suero antiofídico son casi que nulas. La crisis alimentaria generada por los desplazamientos masivos, los confinamientos, las restricciones a la movilidad, entre otros, es tan grave como la misma, guerra que parece perpetuarse en la profundidad de la selva y sólo a unos pocos parece importarle.

Reclama explicaciones

La Corte Constitucional emitió un nuevo auto a raíz de la crisis humanitaria. Foto: Corte Constitucional.La crisis humanitaria en Chocó coincidió con la divulgación esta semana del Auto 091, fechado el 24 de febrero pasado, que resalta la persistencia del conflicto armado en diversas comunidades del sur de ese departamento, con nefastas consecuencias para sus pobladores.

En su tarea de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, a través del cual se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y de ordenarle en 2009 al gobierno nacional mitigar el impacto negativo que sobre las comunidades étnicas ha ocasionado el desarraigo, un equipo del Alto Tribunal visitó entre el 20 y el 24 de septiembre del año pasado buena parte de sur del Chocó, particularmente varias zonas del Bajo San Juan.

Durante sus recorridos, los funcionarios constataron “la persistencia del conflicto al interior de los territorios étnicos que sigue potenciando múltiples y continuados hechos de desplazamiento forzado, y de afectaciones nocivas y diferenciales sobre las comunidades desplazadas, a partir del desarraigo y la inadecuada atención en espacios urbanos”. (Descargar Auto)

Además, identificaron varias crisis humanitarias padecidas por las comunidades indígenas y afros que habitan la región y establecieron que tanto los llamados grupos posdesmovilización, como las guerrillas del Eln y las Farc “han podido ejercer control, según información recolectada en terreno, por su actuación permanente en la zona y la ausencia del Estado”.

La situación de riesgo de las comunidades se agudizó por dos razones fundamentales; de un lado, por los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales y de estos con la Fuerza Pública; de otro, por la salida de las unidades de las Farc, en camino a sus zonas de concentración, y la consecuente disputa por esos territorios.

La intensificación del control territorial ocasionó restricciones a la movilidad de los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan. De acuerdo con cifras de la Corte Constitucional, en el periodo de enero-mayo de 2016, en el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4.166 personas; en el Alto Baudó, 1.604 personas; y en el Medio Baudó, 200 personas.

Los funcionarios escucharon en terreno testimonios sobre la “zozobra en las comunidades por la presencia de integrantes de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en sus territorios y viviendas, quienes se han enfrentado recientemente; el desconocimiento y falta de activación de las rutas gubernamentales para la protección de los líderes y las comunidades; incursiones militares y ocupación temporal de escuelas y viviendas; instalación de MAP/MUSE (minas antipersonas) en sus territorios; irrespeto a las autoridades étnicas; reclutamiento forzado; y señalamientos a los líderes visibles”.

Ante la magnitud de lo observado, la Sala Especial de Seguimiento les solicitó a diversas agencias estatales, del orden nacional y regional, información “actualizada, completa y precisa” sobre tres temas fundamentales: “la política pública encaminada a la protección de las comunidades, autoridades étnicas y sus miembros; la atención y asistencia culturalmente adecuada; y el retorno y la reubicación de la población, en el marco de la garantía de los derechos territoriales”.

De fondo, lo que pretende la Corte Constitucional es determinar qué tanto le importan los graves problemas que padecen en el sur de Chocó cientos de pobladores afros e indígenas que pareen condenados a la guerra y a la indiferencia de algunas entidades estatales.

Desplazamientos en El Bagre: ¿se reacomodan las fichas de la guerra?

Desde mediados del presente mes, esta localidad del Bajo Cauca antioqueño afronta una delicada situación de orden público que tiene como protagonistas a las guerrillas de las Farc y el Eln y a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. El trasfondo de todo: territorios para negocios ilegales que desde ya, comienza a ser disputados ante la eventual dejación de armas de las Farc.

Desplazados El BagreMás de 400 personas han dejado sus tierras durante las primeras semanas de 2016 en El Bagre. Foto: cortesía de la Defensoría del Pueblo.

Como un pueblo sometido a la voluntad de los grupos armados ilegales, cualquiera que sea su espectro ideológico o su naturaleza criminal. Así describe Pinto*, un habitante de la zona, a Puerto Claver, un corregimiento de poco más de 14 mil habitantes perteneciente al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde ha vivido la mayor parte de su vida y actual escenario de una compleja situación de orden público que amenaza con generar una grave crisis humanitaria como hace años no se veía en la región.

Desde finales de noviembre pasado, recuerda Pinto, miembros de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, llamados por el gobierno nacional como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’ y cuya presencia en este corregimiento es permanente desde finales de 2012, comenzaron a asesinar jóvenes que se rehusaban a unirse a sus filas; a comerciantes que se negaban a pagar las onerosas “vacunas” que le impusieron a todo el comercio del pueblo; a campesinos de las áreas rurales que consideraban auxiliadores de las guerrillas de las Farc y el Eln; en últimas, a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus políticas y su presencia.

El miedo, entonces, se apoderó de sus habitantes. Y comenzaron los desplazamientos individuales, también llamados “gota a gota”. Pero lo grave aún estaba por suceder. El 7 de enero, hombres fuertemente armados irrumpieron en la vereda El Coral y sacaron de su vivienda a un labriego de 74 años, al que todos en Puerto Claver llamaban de cariño “Pacho Burra”. Dos días después, los hombres armados ingresaron nuevamente a la vereda y retuvieron a un joven, a quien se llevaron con rumbo desconocido.

Y comenzaron entonces los combates. “Lo que se puede decir, porque hablar de esto da mucho miedo, es que los ‘gaitanistas’ irrumpieron en terrenos que manejan las Farc. Comenzaron entonces los combates y como allí también está el Eln, entonces los ‘elenos’ y las Farc se unieron para enfrentarse con este grupo de los gaitanistas”, explica Pinto. La frecuencia de los choques armados generó un éxodo masivo de una magnitud tal que no se registraba desde noviembre de 2013.

Según reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Uariv-, para el pasado 18 de enero se tenía un censo de 139 familias desplazadas, es decir, unas 422 personas entre hombres, mujeres y niños, provenientes de las veredas El Coral, Muquí Arriba, Muquí Abajo; Primavera, Arenales, El Castillo, El Oso y la Llana.

Las familias, según informó María Cecilia Gómez, enlace de Prevención y Atención Integral de Emergencia de la Uariv, se encuentran albergadas en el casco urbano de Puerto Claver, recibiendo ayuda humanitaria de emergencia y a la espera que el Ejército autorice el retorno de las familias una vez se normalice la situación de orden público en la zona.

Sin embargo, a decir de Pinto, es probable que se generen nuevos desplazamientos si las autoridades no toman cartas en el asunto. “Lo que nosotros tememos es que hayan retaliaciones contra los campesinos, sobre todo por parte de los ‘gaitanistas’. Aquí impera desde hace rato la ley del silencio y cualquier cosa que se diga, por pequeña que sea, se la pueden cobrar al campesino”, asevera el labriego.

Tierra estratégica

Por su ubicación y las riquezas presentes allí, Puerto Claver resulta ser un pueblo estratégico para los intereses de los distintos grupos armados ilegales. Conecta fácil con el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Por lo más apartado de su zona rural atraviesan trochas que fueron usadas en el pasado por contrabandistas y ahora por aquellos que hicieron del tráfico de armas y alcaloides todo un lucrativo negocio. Como si fuera poco, el corregimiento es rico en yacimientos de oro de aluvión que han sido explotados de manera informal desde épocas coloniales.

Quizás por ello, el control de este corregimiento ha sido fuente de disputa entre todos los bandos que han hecho parte del longevo conflicto armado colombiano. Finalizando la década de los 70 llegó el Eln. Luego llegaron las Farc y finalizando el siglo XX llegaron los paramilitares del frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar.

Según informes de la Defensoría de Pueblo y organismos judiciales, actualmente el Frente 36 de las Farc funge como el principal y más fuerte actor armado en Puerto Claver. Son ellos quienes ejercen dominio sobre los cultivos ilícitos así como sobre la producción de pasta de coca, insumo para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Este negocio a su vez es manejado por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, cuya presencia se acentuó mucho más después de 2012, año en expulsaron a sangre y fuego a la banda criminal de ‘Los Rastrojos’. Más reducida, pero no menos importante, es la presencia de la compañía Compañero Tomas del Eln en las zonas rurales.

Hace poco más de seis años que la Policía no tiene presencia permanente en Puerto Claver. “Al comando de Policía le tiraron varias granadas. También los emboscaron varias veces y hasta asesinaron varios policías. Por eso decidieron sacarlos. Y el Ejército entra y sale, no se queda. Por eso, aquí impera la ley del más fuerte”, señala Pinto. Así, como si se tratase del Viejo Oeste norteamericano, guerrillas y ‘gaitanistas’ sostuvieron una confrontación armada entre 2013 y 2014 que generó decenas de vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos, un desplazamiento masivo el 31 de octubre de 2013.

Pero, según Pinto y miembros de ONG conocedoras de la región consultados por VerdadAbiert.com, que pidieron reserva de su identidad, desde principios de agosto de 2015  todos los actores armados suscribieron un pacto de no agresión que consistía, esencialmente, en respetarse territorios. “Las Farc continuaban en sus zonas, los ‘gaitanistas’ continuaban con el manejo de sus negocios en el casco urbano y los ‘elenos’ en sus tierras”, sostiene la fuente.

Y todo indica, a la luz de los recientes hechos, que dicho pacto se rompió. “Por ahí suena desde ayer (martes 19 de enero) que otra vez volvieron a suscribir ese pacto. Que los campesinos pueden retornar y que van a entregar los restos de las personas que desaparecieron hace poco. Ya por lo menos sabemos dónde están enterradas. Pero faltará ver qué pasa”, agrega a su vez Pinto.

Preocupaciones de cara al postconflicto

Todo lo que sucede en este corregimiento, y en el municipio de El Bagre en general, constituyen motivo de preocupación si se tiene en cuenta que este es uno de los bastiones del Frente 36 de las Farc, uno de los más activos y beligerantes del Bloque Iván Ríos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, este frente guerrillero fue el responsable del 80 por ciento de los sabotajes cometidos en los últimos cinco años contra la infraestructura energética, las empresas transportadoras y la Fuerza Pública.

Informes militares y de Policía señalan a esta unidad guerrillera como una de las pioneras en la fabricación y uso de explosivos y minas antipersona, siendo esta su especialidad y su principal arma de guerra. Además, se le considera como de los frentes más estratégicos para las Farc debido a su capacidad para obtener finanzas. Autoridades civiles y militares estiman que los hombres bajo el mando de Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Anderson’, obtienen ingresos anuales por más de cinco millones de dólares, derivados, en menor medida, de la extorsión a pequeños y medianos mineros de oro de la región y, en mayor grado, de la producción de cocaína.

Por ello, las preguntas que tanto autoridades como comunidad en general se formulan es si este frente realmente dejará las armas en los próximos meses, cuando se acuerde el fin del conflicto armado entre el gobierno nacional y las Farc en La Habana, Cuba, o por el contrario, entrará en franca disidencia y mantendrá su participación en negocios ilegales.

Al respecto, funcionarios de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación le dijeron a VerdadAbierta.com que actualmente trabajan en la verificación de información recibida desde la región según la cual, ante la inminente dejación de armas de la guerrilla de las Farc, los ‘gaitanistas’ estarían buscando controlar toda la cadena del narcotráfico: desde la siembra, pasando por la producción, hasta la exportación.

Y para ello, los ‘gaitanistas’ estarían intentando, de un lado, ingresar a sangre y fuego en los territorios controlados hasta ahora por las Farc; y por otra parte, invitando a los guerrilleros que no se quieran desmovilizar para que se unan a sus filas.

Real o no, lo cierto es que lo que ocurre hoy en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, es un llamado de alerta para las autoridades civiles, militares y Policía sobre la complejidad que entrañará para algunas regiones del país el tan ansiado y desconocido postconflicto.