VerdadAbierta.com

Facebook
Twitter
Youtube

Las de Piojó, víctimas de las que nadie ha hablado

Más de 90 familias de dos veredas de este municipio del Atlántico huyeron en 2004 de sus parcelas al parecer por amenazas de una facción de la guerrilla de las Farc y de la comisión Vía al Mar del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas.

0-victimas-piojoLa mayoría de las familias que residían en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes no han vuelto a sus parcelas porque aún tienen miedo.

En el departamento del Atlántico hubo pocos casos de desplazamiento forzado y de los que ocurrieron poco se ha hablado. Tal es el caso de lo ocurrido en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes del municipio de Piojó, donde 99 familias huyeron el 27 de marzo de 2004, tras el homicidio de dos hombres en un sector conocido como La Loma de La Iguana. En la Fiscalía de Justicia y Paz en Barranquilla hay tres cajas con las denuncias de los campesinos, pero nadie se ha referido al caso, ni los fiscales le han preguntado a los postulados, ni los exparamilitares de la Comisión Vía al Mar del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, que operó en esta región del país, han dicho algo.

La incursión de los grupos armados ilegales, según las víctimas, comenzó en 1998, pero las amenazas aparecieron a partir del año 2000, y continuaron hasta que huyeron de las parcelas que les entregó en 1995 el Incora (hoy Incoder) para que cultivaran hortalizas, yuca, plátano y maíz. Durante esta época, murieron 17 campesinos.

La Unidad de Víctimas del Atlántico, mientras tanto, no los ha reconocido como desplazados porque, según el director de esta entidad, Alfredo Palencia, ellos no vivían en las parcelas. “Allí apenas laboraban”, dice.

Funcionarios de la Unidad visitaron el año pasado ambas veredas y suspendieron las actividades luego de que mataran a un celador el 7 de junio de 2014 en Las Mercedes. Al parecer, no había garantías de seguridad para continuar con esa labor. Después de eso, no se habló más del tema, como si ya se hubiese reparado a las víctimas.

Los desplazados
0-victimas-piojoWilliam Díaz duró un año y medio viviendo en Barranquilla, y hace apenas cuatro años decidió retornar a su parcela.

“Unos seis hombres armados con metralletas, pistolas y hasta explosivos llegaron a comienzos de 2003 a la parcela en donde vivía desde el año 2000 con mi esposa y mis 10 hijos, en Casa Mayor. Eran las 7 de la noche cuando llegaron a mi casa, me llamaron al patio y me empezaron a preguntar si conocía a los campesinos de las otras parcelas; luego me pidieron que alzara las manos. Creí que me iban a matar. Pero así me tuvieron durante una hora y media. Sin embargo, con el tiempo, las cosas se pusieron peor. El grupo armado, que decía ser una facción de las Farc, nos amenazó de muerte”, afirma Arturo Fabio Albor, un parcelero de 74 años, quien cuenta que tenía que darles un tarro de leche y siete huevos todos los días para que no se metieran con él y su familia; además, le prohibieron vender bollo y queso a los campesinos que residían en ambas veredas.

En Casa Mayor y Las Mercedes, además de las Farc, rondaba una comisión paramilitar, por lo menos eso quedó claro en 2003, luego de que aparecieran dos hombres muertos cerca de un caballo que tenía pintadas las letras Auc, según afirman algunas víctimas.

“Todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a hablar. Quien lo hacía, lo mataban. A mí, además de silencio, me pidieron que les entregara información y hasta comida. Las Farc querían conformar un frente con los hijos de los parceleros, y las autodefensas tumbaron puertas para meterse en los ranchos. Todavía hay casas abandonadas.  Cuando mataban gente, ponían un panfleto que decía: ‘Por sapos. Auc’”, recuerda William Díaz, un campesino de 60 años que perdió 200 animales de corral, entre gallinas, patos, cerdos y vacas, cuando huyó con su esposa y sus dos hijos de la parcela en donde vivía.

Este campesino regresó hace cuatro años a Casa Mayor, pero todavía no es capaz de mudarse. Continúa residiendo en Molinero, un corregimiento del municipio de Sabanalarga que está a una hora de su finca.

La mayoría de los desplazados de ambas veredas, que están agremiados a la Fundación de Víctimas del Conflicto Armado en Piojó (Fundevicapi), denunciaron su caso en 2013 ante la Fiscalía. No lo hicieron antes, porque, según ellos, temían por sus vidas, pese a que después del desplazamiento no hubo amenazas. Más de 30 familias han retornado voluntariamente, aunque casi todas llegan por la mañana y salen por la noche. También hubo quienes malvendieron las parcelas, con tal de proteger sus vidas.

Comisión Vía al Mar
0-victimas-piojo‘Educando para hoy y el mañana’ es la única escuela que está en las dos veredas. “Antes del desplazamiento habían más de 40 estudiantes, hoy apenas hay 10”, afirma la profesora Inés Carrillo.

La Comisión Vía al Mar o Costanera del Frente José Pablo Díaz de las Auc operó en los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó entre los años 2003 y 2006, y fue comandada por Miguel Ángel Villarreal Archila, alías ‘Salomón’, quien se desmovilizó el seis de marzo de 2006 en la Mesa, Cesar, con el Bloque Norte. Sin embargo, continuó en la ilegalidad hasta que fue capturado en Bucaramanga el 20 de julio de 2007 y extraditado a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2008.

De acuerdo con las autoridades, Villarreal quedó al frente de un grupo que se conoció como ‘La banda de los 40’, que asumió el control de las actividades de narcotráfico y de cobro de impuestos de embarque a narcotraficantes que antes tenía el Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.  Su dominio abarcó los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico.

Un fiscal de Justicia y Paz consultado por VerdadAbierta.com asegura que alias ‘Salomón’ le rendía cuentas directamente a ‘Jorge 40’ y era el comandante de las comisiones del Bloque Norte con más poder. Para lograrlo, extorsionaban comerciantes e intentaron controlar todos los ámbitos económicos legales e ilegales del Atlántico.

La Fiscalía 12 de Justicia y Paz en Barranquilla ha programado versiones con miembros de la Comisión Vía al Mar para el mes de abril con el fin de escuchar sus confesiones. Las víctimas de Piojó esperan que por fin se hable de lo que hicieron los paramilitares en sus veredas, pues hasta el momento nadia ha hablado de ellas.

Las muertes que rondan las fincas del magistrado Jorge Pretelt y su esposa

Se trata de doce miembros de la familia Padilla, asesinados entre 1994 y 2013 por un litigio de tierras. Uno de los predios que hoy posee el presidente de la Corte Constitucional fue habitado por estos martirizados campesinos.

Gildardo Padilla Ortega, reclamante de tierras asesinado en 2013. Foto: archivo particular.

Alegar desconocimiento de lo que ocurría en el Urabá antioqueño a finales de la década del noventa y comienzos de dos mil, en relación con las acciones paramilitares y el despojo de tierras, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Por ello han sido cuestionados los argumentos del magistrado que preside la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, para tratar de justificar las compras de tierras que hizo en el Urabá antioqueño y sobre las cuales hay solicitudes de restitución, pues las víctimas alegan que fueron ventas forzadas aprovechando el caos y la muerte que reinaba en la región.

Por estas compras y los hechos que rodearon sus transacciones, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigaciòn contra Pretelt y su esposa, Martha Ligia Patrón, quienes adquirieron varios predios con los cuales conformaron la hacienda La Corona, en Turbo, Urabá antioqueño en los años 2000 y 2003. Se tratará de establecer si incurrieron en los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.

Uno de los predios que hace parte de la hacienda es la finca Alto Bonito está siendo reclamado por la familia de Manuel Gregorio Hernández, que le declararon a la Fiscalía hace varios años que "fue vendida por presión".  

Otro predio que hace parte de La Corona se llama No hay como Dios, que fue habitado por la familia Padilla entre 1994 y 1997. Dada la significación que ha alcanzado esta discusión, VerdadAbierta.com recuerda la historia de esta martirizada familia, doce de cuyos miembros fueron asesinados entre 1994 y 2013, y que publicó en diciembre de 2013. En medio de esa tragedia se encuentra una propiedad que, de acuerdo con versiones de prensa, le pertenece a Pretelt y a su esposa. Se trata de la finca No hay como Dios, de Turbo, adquirida en el 2000. 

La tragedia familiar
Gildardo Padilla Ortega, un reclamante de tierras, se había reunido en Apartadó con funcionarios de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía el 29 de octubre de 2013. Su declaración fue tenida en cuenta para la captura del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez y otras dos personas señaladas de relacionarse presuntamente con paramilitares para despojar 7.000 hectáreas de tierras en el Urabá.

Apenas dos semanas después, el 17 de noviembre Padilla fue asesinado en su finca en la vereda La Rula de Valencia, Córdoba. Personas cercanas al valiente agricultor están seguras que lo mataron por su testimonio a la justicia. Es que, según explicaron, la violencia contra esta familia no empezó este año. Han sido veinte largos años de asesinatos, persecución, despojo y miedo. En la familia Padilla han caído por las balas de paramilitares padre, madre, ocho hijos, un cuñado y una sobrinita de seis años. Les han robado además tres fincas.

Los Padilla Ortega son recordados en la zona del Urabá como una familia de campesinos que vivía de los cultivos y de la ganadería en la finca Las Gardenias, vereda La Rula, de San Pedro de Urabá. El dueño de esta propiedad de 500 hectáreas era Alejandro Padilla, padre de 13 hijos, 11 varones y dos mujeres.

Para fines de 1994, después de años de trabajo, Alejandro ya poseía 750 reses en su finca y tenía una buena vida. El 29 de noviembre todo eso terminó. Cien hombres comandados por Salvatore Mancuso llegaron a Las Gardenias preguntando por él. Como el papá no se encontraba le pidieron a sus hijos Valdemiro, Estanislao y Roberto que los acompañaran hacia un cerro. Los tres hermanos pararon de ordeñar sus vacas y subieron la colina. Mientras eran conducidos a la fuerza, se encontraron a un trabajador de la finca al que le decían ‘el Manco’, al que también se lo llevaron. Unos metros más arriba, en la cima, fueron decapitados los cuatro.

Aterrorizado y golpeado por el asesinato de tres de sus hijos, Alejandro nunca regresó a Las Gardenias. Ocho días más tarde los paramilitares se llevaron las 750 reses de la finca. El pánico entonces forzó a la esposa de Alejandro, Evangelina Ortega, quien todavía vivía en la finca con los diez hijos que le quedaban a huir en compañía de ellos y sus nietos. Según les hicieron saber entonces, la orden de despojarlos de su finca y su ganado la habían dado los propios hermanos Carlos y Vicente Castaño, y sus lugartenientes; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’ la estaban cumpliendo sin piedad.

La Fiscalía, que investigó el caso, descubrió que el interés de las Auc en esa propiedad era estratégico; era un punto útil en sus corredores de tráfico de drogas. (Ver: “Confirman condena de 40 años a Mancuso por asesinato una familia”).

Intentando volver a empezar y superar su tragedia, los Padilla Ortega se trasladaron al Chocó y adquirieron una finca de 145 hectáreas en el corregimiento Belén de Bajirá, de Riosucio. No duraron mucho tiempo, pues en 1997 llegaron a esta región los paramilitares y no tardaron en preguntar por él. Se fugaron de nuevo dejando todo atrás.

Las autoridades han establecido que esa propiedad quedó en manos del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez, precisamente la persona detenida el pasado 3 de diciembre, junto con otras dos personas, a raíz de las declaraciones a la justicia de Gildardo. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?) Según La Unidad de Contexto de la Fiscalía, los tres hacían parte de un “plan criminal que se gestó en Urabá entre narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apropiarse de estos territorios”.

El ente acusador señaló que Cantero y sus cómplices, entre ellas su esposa, también capturada, se apoderaron de 7.000 mil hectáreas de tierras. Los predios despojados pertenecían a 94 personas integrantes de 14 familias que fueron desplazados entre 1996 y 1998.

Luego del despojo en el Chocó, Alejandro ya no tenía dinero para comprar una vivienda y llevar a toda su familia. Se fue a Córdoba, al pueblo de Morrocoy (Sahagún) y arrendó allí una casa. “Para esa fecha él ya estaba muriendo, es decir, ya los Padilla no tenían plata para vivir como antes, y empezaron a huir de un lado para otro sin tener nada”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoció su historia.

Ni aun habiéndolo ya humillado y perseguido, los paramilitares dejaron tranquila a esa familia. El 19 de mayo de 1997, otra vez los hombres armados y camuflados entraron a su casa y los asesinaron, junto con su esposa Evangelina, sus hijos Alejandro y Aminarat, su cuñado Edilberto Contreras Díaz y su sobrina Olfady del Carmen Contreras Díaz de 6 años. Los ametrallaron y, sin importales si alguno había quedado vivo, le prendieron candela al rancho con ellos adentro.

Cuatro meses después, el 15 de septiembre, otro grupo de paramilitares mató a otros dos hermanos Padilla Ortega, a Sofanor y Vladimiro, quienes vivían en el municipio de Chigorodó, Antioquia; con ellos dos completaron padre, madre, tío, sobrina y siete hermanos asesinados.

“No les habían vuelto a hacer nada hasta ahorita, cuando mataron a Gildardo en noviembre (de 2013)”, dijo la persona que conoce a los Padilla y habló con VerdadAbierta.com. Con el homicidio de Gilberto, sus cuatro hermanos sobrevivientes salieron huyendo de Valencia, donde nada saben de su paradero. Pero gente que ha tenido contacto con ellos después cuentan que están aterrorizados, sin dinero, y sufriendo terribles pesadillas.

Por los crímenes contra la familia Padilla y el trabajador que cayó con ellos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Mancuso el 3 de septiembre de 2008 a 40 años de cárcel, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado y a un pago de 600 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas. Mancuso, hoy preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, no ha girado el dinero, ni la justicia se lo ha quitado para dárselos a los sobrevivientes.

El otro presunto responsable del exterminio de los Padilla por el que personas cercanas a la familia piden jusitica es Roldán, alias ‘Monoleche’, hoy preso y procesado por la Unidad de Justicia y Paz, quien no ha sido investigado.

“Es increíble que a ellos los sigan matando y el gobierno no haya hecho nada ¡Tantos años!”, dice descorazonado un habitante del Urabá que era cercano a ellos. “Uno ve que cuando sacan de la cárcel a ‘Monoleche’, él llega aquí escoltado con un mundo de policía para hacer esas diligencias. Y ellos que son las víctimas no les ponen ni un policía”.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com con las autoridades, los Padilla sobrevivientes están buscando desesperadamente quién los proteja, pero hasta ahora no lo han conseguido. “¿Cómo es posible que a ellos le hayan masacrado la familia desde el 94 y el gobierno no haya hecho nada para protegerlos?”, dice.

En Valencia, dijo una fuente, anda corriendo un rumor que los buscan para matarlos.

Homicidios para ocultar el despojo
Habitantes del municipio de Valencia, Córdoba, consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que otros campesinos reclamantes de tierras, además de los hermanos sobrevivientes Padilla Ortega, han salido desplazadas en los últimos días, temiendo por sus vidas, después del homicidio de Gildardo, pues ya otros líderes reclamantes habían caído antes que él.

El 9 de abril de este año fue asesinado en zona céntrica de Valencia, Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa de Víctimas de este municipio. Su muerte se produjo luego de regresar de una reunión con funcionarios de la Administración Municipal con quienes coordinaba la realización de actos conmemorativos al Día de las Víctimas.

La ciudadanía y la Defensoría del Pueblo ya han advertido al gobierno nacional sobre la situación. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N. 032-13, del 23 de septiembre de 2013 le recomendó al Ministerio del Interior emitir Alerta Temprana para los municipios de Valencia y Montería, debido al alto riesgo de seguridad de “las víctimas de despojo en ambos municipios, de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, de los campesinos que fueron objeto de restitución de tierras, de los miembros de asociación de campesinos desplazados de Santa Paula”, entre otros. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?)

El SAT atribuye las causas de la violencia en la zona a las bandas emergentes, especialmente ‘Los Urabeños’, que sostienen guerras con otras bandas rivales para consolidar su control en el negocio del narcotráfico. En Valencia la gente sabe quiénes hacen parte de las bandas y saben también que quieren matar a los despojados que tramitan que les devuelvan sus fincas. Los armados quieren quedarse con las tierras que se robaron. “No quieren dejar testigos del robo que hicieron para no devolver nada”, explica una autoridad local.

Los pobladores también aseguran que es difícil confiar en los funcionarios locales. “Ellos se ven por ahí andando con gente maluca, este es un pueblo, entre todos nos conocemos y uno sabe quiénes son los buenos y los malos”, dice uno de ellos. Comentan que el hecho de que Gildardo haya sido asesinado días después de reunirse con funcionarios de la Fiscalía ha generado más desconfianza en las instituciones. “Esa gente está por todas partes, usted sabe que esos grupos están por todo el país y donde sea lo encuentran a uno y se dan cuenta qué está haciendo, ¿cómo se dieron cuenta que Gildardo había ido hasta Apartadó para hablar con gente de la Fiscalía?”.

Otro comentó airado: “El gobierno hizo bien en sacar la Ley de Víctimas y de Tierras, pero eso sirve en un 50 por ciento porque no existe un apoyo por parte de las autoridades locales hacia las víctimas”.

Tres mil personas sitiadas por ‘los Urabeños’ en Achí, Bolívar

La banda criminal prohibió la distribución de alimentos en el pueblo. Las tiendas cerraron y las familias que viven allí están en riesgo de desplazarse por las amenazas y el control armado.

urabenos-sur-bolivar-1-300x200La banda criminal ‘los Urabeños’ realizó un pacto con el Frente 37 de las Farc para controlar el negocio del narcotráfico en el sur de Bolívar. Foto archivo SemanaEn Achí, municipio del suroccidente de Bolívar, atravesado por el río Cauca y vecino del departamento de Sucre, nadie quiere hablar. El miedo lo impusieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, y sus controles afectan a por los menos tres mil personas.

La situación ocurre desde hace varias semanas, cuando integrantes de esta organización criminal que hacen presencia en la región les prohibieron a los habitantes de varias veredas el acceso a alimentos, obligaron a los dueños de las tiendas de víveres a cerrar, restringieron la circulación por las calles después de las seis de la tarde y les impusieron ‘cuotas’, extorsiones que deben pagar en dinero, con alimentos o con lo que tengan en sus casas (Ver mapa Sur de Bolívar)

La situación no es muy distinta a la documentada por VerdadAbierta.com sobre la Alta Guajira (Lea: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a indígenas Wayúu).

Las víctimas de esta zona de Bolívar son campesinos que viven en el centro de La Mojana, región irrigada por los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, que forman ciénagas y caños, y que está conectada con los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Santander y Sucre. Este atractivo geográfico ha sido utilizado desde hace cuatro décadas por la guerrilla y de forma reciente por ‘Los Urabeños’, que buscan el control de la producción de cocaína en la región.

Las autoridades y las organizaciones de víctimas que conocen el Magdalena Medio advierten que los corregimientos más críticos son Río Nuevo y Tacuyalta, que están sobre una subregión conocida como El Corcovado, donde la banda criminal tiene confinada, es decir aislada, a la población. La amenaza es tal que por lo menos tres mil personas están en riesgo de desplazarse de forma masiva por miedo.

Aunque nadie se atreve a señalar a los responsables, los pobladores de Achí están atemorizados no solo por las prohibiciones que impuso la banda criminal sino por los asesinatos que han ocurrido en lo que va de 2014. Los medios de comunicación local registraron en enero el asesinato de un mototaxista y en julio, los de otro conductor y un comerciante. A principios de agosto, en las aguas del río Cauca, los habitantes encontraron un cuerpo decapitado.

Sin embargo, las autoridades tienen conocimiento del ‘camino de la muerte’, una trocha entre Achí y el vecino municipio de Tiquisio, donde ‘los Urabeños’ torturan y luego asesinan a sus víctimas, la mayoría de ellas provenientes de los municipios de Guaranda, en Sucre, o de Tiquisio y Montecristo, en Bolívar.

En la región, cuentan algunos pobladores, ‘Los Urabeños’ visten de civil y cobran en las veredas ‘vacunas’ a los mineros que explotan oro y a los cultivadores de coca. “Las bandas criminales se instalaron en la zona porque quieren controlar el negocio del narcotráfico. Para eso han hecho alianzas con la guerrilla”, indica un conocedor de la región cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

Una estrategia de ‘los Urabeños’ para aumentar no sólo el número de integrantes en sus filas sino para ‘controlar’ la región ha sido el reclutamiento. Con promesas de un pago en dinero o de regalos, los niños son utilizados como ‘delatores’, recolectores de hoja de coca conocidos como ‘raspachines’ o vigilantes de las retroexcavadoras que rasgan la tierra para extraer oro. Autoridades locales advierten, además, que algunas niñas han sido abusadas sexualmente, pero nadie se ha atrevido a denunciar la tragedia por temor a represalias.

El lastre que carga el sur de Bolívar
Las tierras de Achí son fértiles y de ello sabían los colonos provenientes de la Costa Caribe, los Santanderes, Boyacá y del Oriente antioqueño, que pronto lograron convertirlas en sembradíos de pancoger y arroz. Sin embargo, el complejo cenagoso también fue un atractivo para los narcotraficantes, quienes, en los años ochenta, vieron allí una ‘mina’ para el negocio del tráfico de estupefacientes. En la zona podían sembrar hoja de coca, procesarla, extraer la cocaína y distribuirla por un circuito que va del sur de Bolívar, cruza los departamentos de Córdoba y Sucre, hasta llegar al Golfo de Morrosquillo, desde donde se embarca a los mercados internacionales.

El drama de Achí es una réplica de lo que sucede en el sur de Bolívar y en otros municipios como Tiquisio, Norosí y Arenal. El narcotráfico ha sido el combustible de la violencia que han generado guerrilleros, paramilitares y de forma más reciente, las bandas criminales. Según varios informes de organizaciones de derechos humanos, los primeros en quitarles la tranquilidad a los pobladores fueron los subversivos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las Compañías Simón Bolívar y Guillermo Ariza, del Eln, así como el Frente 37 de las Farc.

En complicidad con los narcotraficantes que estaban en la zona, que ya habían incluso instalado pistas para el aterrizaje de avionetas para el transporte de la droga, la guerrilla se hizo más fuerte atemorizando a la población. Los insurgentes se encargaban de controlar el cultivo y les cobraban a los traficantes la coima o gramaje por la cantidad de hoja que luego sería procesada. Estos cobros también se los exigían a los mineros. En Norosí, por ejemplo, un pueblo donde hay explotación aurífera, la guerrilla extorsionaba a todo aquel que sacara una pepita de oro.

Según lo documentó la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (anteriormente conocida como de Justicia y Paz) a finales de los años noventa, el negocio comenzó a ser disputado por facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). A finales de 1995, los hermanos Castaño tenían un brazo del paramilitarismo en la región. Comenzó a ser conocido como el Frente Mojana, liderado por Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, sembrando el terror en varios municipios de Sucre y Antioquia, así como en Montecristo, San Jacinto y Achí, en Bolívar.

A partir de 2000, en el sur de Bolívar también hizo presencia otro grupo paramilitar, un tentáculo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se trató del Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate. Este grupo operó en San Blas, Morales, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, Simití, Santa Rosa del Sur, Paraíso, Vallesí, El Piñal, San Luis, Pozo Azul, San Pablo, Cantagallo, Barranca de Loba, Altos de Rosario, el Peñón y Castilla.

Guerrilleros y paramilitares entraron en guerra por el dominio del negocio, situación que ocasionó masivos desplazamientos de población civil entre 1997 y 2006 de los dieciséis municipios que integran el sur de Bolívar, según el registro de la Unidad Nacional de Víctimas (Ver tabla aquí). El período de presencia paramilitar también generó una ola de violencia que expulsó a mucha gente del campo y que terminó viviendo en asentamientos construidos irregularmente en poblaciones de los departamentos limítrofes.

El Bloque Sur de Bolívar se desmovilizó en enero de 2005 y un mes después lo hizo el Frente Mojana, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional. Por decisión del entonces presidente de la República, el máximo jefe de ese grupo armado, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, y ‘Ramón Mojana’ fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos para que respondieran por cargos asociados al tráfico de drogas. Por su parte, alias ‘Julián Bolívar’, espera que la Corte Suprema de Justicia decida una solicitud de extradición.

En la región los pobladores pensaron que con la dejación de armas de las distintas facciones de las Auc se iba a reducir la violencia, pero la guerrilla siguió en la región y el conflicto recrudeció con la aparición de las bandas criminales, surgidas a mediados de 2006, una vez concluyeron las desmovilizaciones colectivas de las Auc.

Los pactos rotos
La violencia que hoy sufren los habitantes de Achí es el resultado de la mutación de los actores armados y de alianzas rotas entre ellos. Después de la desmovilización, en la zona aparecieron hombres rearmados que llegaron amenazando con el rótulo de ‘Águilas Negras’. Más tarde mutaron y se incorporaron a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Viendo que tenían una nueva competencia en terreno, las guerrillas de la zona decidieron hacer un pacto en 2009. El Eln y de las Farc acordaron que retomarían el control de la producción y rutas del narcotráfico, y que sostendrían el ‘modelo’ de financiación de su aparato de guerra con el cobro de extorsiones a la producción de cocaína y a la extracción de oro.

Después de Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Meta, Bolívar fue entre 2007 y 2009 uno de los municipios del país con más hectáreas de coca sembradas al año, 5 mil hectáreas, según el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y El Delito. (Ver tabla de hectáreas cultivadas)

De acuerdo con registros de las autoridades, el pacto entre las guerrillas se quebró en 2011 cuando el Frente 37 de las Farc se alió con ‘Los Urabeños’. El nuevo acuerdo consistió en hacer una llave para sacar del ‘negocio’ al Eln. En agosto de 2011, la prensa local registró una masacre en la vereda Casa de Zinc, municipio de Montecristo. Según los testigos, integrantes de la banda criminal llegaron a un asentamiento y asesinaron a tres personas acusándolas de ser “colaboradores del Eln”.

‘Los Urabeños’ instalaron, desde 2011, varios retenes en los caminos veredales, reteniendo a jóvenes, varios de ellos mototaxistas, para extraerles información; también comenzaron a reclutar menores. Para ese año, las autoridades advirtieron que a los niños que utilizaban como ‘raspachines’ les pagaban 800 mil pesos al mes, mientras a quienes les encargaban el cuidado de las retroexcavadoras para la explotación del oro les daban 200 mil pesos.

Según datos del Dane, los municipios del sur de Bolívar presentan altos índices de pobreza. En Tiquisio, por lo menos 12 mil de 60 mil habitantes viven en la miseria, lo que hace a los niños y jóvenes más susceptibles de ser reclutados.

En la actualidad, la alianza Farc-Urabeños continúa. Los primeros se encargaban del cultivo y la producción, mientras los segundos compran, distribuyen y exportan. Las autoridades han identificado que una gran parte de los integrantes de la banda criminal son exparamilitares de diferentes grupos, la mayoría del Bloque Central Bolívar y del Frente Mojana que conocen las rutas del narcotráfico.

Con amenazas y crímenes, la banda criminal ha logrado atemorizar a toda la población. El más reciente caso fue el del concejal de Tiquisio, Yair Guillermo Hernández, quien presuntamente fue asesinado por no haber pagado unas extorsiones que pedía el grupo armado ilegal.

En Achí, ‘Los Urabeños’ se creen los dueños de todo, al punto que hasta prohibieron el tránsito de animales incluso antes de caer la tarde, controlan la duración de las llamadas telefónicas que hacen los habitantes y ahora, el acceso a alimentos.

Las autoridades locales hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que ponga los ojos sobre esta región y todos los municipios del sur de Bolívar, pues sus habitantes no se atreven a contar lo que sucede por miedo a que ‘Los Urabeños’, como han hecho otros casos, cumplan con las amenazas.

La violencia guerrillera contra San José de Oriente, Cesar

Por décadas han cargado con el estigma de ser un pueblo simpatizante de la subversión. Las Farc, el Eln y el Epl han utilizado su estratégica ubicación en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, para imponer sus condiciones a la comunidad. Muchas familias ven lejana la paz, pero guardan la esperanza que sea una realidad.

San José de Oriente, también lo conocen como el pesebre, por su ubicación entre las faldas de dos cerros.El 9 de marzo de 1999 un grupo de hombres armados llegó a San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, en el Cesar. Eran las 6 y 30 de la tarde cuando Jaime* vio pasar por el frente de su casa una camioneta con unas personas que llevaban la cara tapada con pasamontañas. “Ellos tenían una lista y se dirigieron a las casas de tres habitantes que estaban en esa lista, los sacaron y los llevaron al cementerio que queda en una pendiente de donde se observa abajo a todo el pueblo. Allí les dieron muerte”.

Después de la muerte de los tres hombres, todo el pueblo quedó atemorizado. En esa ocasión murieron el inspector de policía, Ricardo Duarte Palencia, y dos personas más conocidas por la comunidad, Jorge Torrado Ortiz y Gustavo, del que solo recuerdan que le decían ‘La Hormiga’. Por la manera cómo los mataron, se corrió la voz de que los responsables eran paramilitares.

Para esa época dominaba la región el Frente 41 de las Farc, comandado por alias ‘Ricaurte’, grupo que había sacado de esa zona a facciones insurgentes del Eln y al Epl, y ya se conocían las incursiones de grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en corregimientos cercanos.

Ese es el recuerdo que guarda Jaime del hecho que hizo que muchos de sus vecinos y amigos se fueran del pueblo. “Nosotros vivíamos del campo, porque San José es una zona campesina, con una tierra bendita. Mi familia dejó la finca abandonada porque si subíamos, allá estaba la guerrilla y si nos quedábamos en el pueblo llegaban los paramilitares”, recuerda.

San José de Oriente está ubicado en las estribaciones de la Serranía del Perijá, a 40 minutos de Valledupar, a donde se llega por una carretera en buenas condiciones. Además, está a 20 kilómetros de la frontera con Venezuela, por lo que en la década de los ochenta y noventa fue epicentro de incursiones de la guardia venezolana en diferentes ocasiones, como la ocurrida el 17 de octubre de 1995 cuando un helicóptero venezolano dejó explosivos en la zona de los cerros El Pintao y El Avión, que mataron al campesino Argemiro Ortega y dejaron herido a su hermano Luis Ángel y a José Sanín Montejo.

Por varias décadas sus pobladores han vivido entre la espada y la pared. Sin la presencia de la Policía y bajo las órdenes de los comandantes de la guerrilla de las Farc.

Otra versión
La masacre perpetrada en 1999 en este corregimiento aparece relacionada entre las 120 que perpetraron las Auc en el departamento del Cesar y documentadas por la Fiscalía de Justicia y Paz; sin embargo, José Antonio*, familiar de una de las víctimas de esa incursión, le contó a VerdaAbierta.com su versión de lo ocurrido, que contradice lo dicho hasta ahora.

“Ese día llegó una camioneta como con 14 hombres, tenían la cara tapada, y creíamos que eran ‘paras’, pero a uno de ellos se le cayó la máscara y nos dimos cuenta que era un guerrillero”, dijo el que para ese entonces era un campesino más de San José de Oriente, pero por miedo a regresar a su entorno tuvo que quedarse en la ciudad y aprender un nuevo oficio.

“Al tener la duda de quién había matado a mi familiar y a los otros dos señores conocidos de la comunidad, armamos una comisión y fuimos hasta el campamento de alias ‘Ricaurte’, quien era en ese momento el comandante del Frente 41 de las Farc, y le preguntamos por la masacre. Él reconoció que sí habían sido ellos y que los mataron porque eran enemigos de sus políticas”.

Antes de ser desterradas por las Farc, la guerrilla del Eln también hizo de las suyas en este caserío, pero con fuerte resistencia de la comunidad. “La verdad es que San José de Oriente siempre ha sido un pueblo rebelde con la guerrilla, nunca las aceptaron por sus acciones, como la muerte del señor Emilio Durán, ocurrida el 23 de julio de 1990, él era de la iglesia Adventista, muy buena gente, y lo mataron supuestamente por un error militar del Eln que para esa época era el que mandaba en la zona, comandado por alias ‘Fabio’, ‘Omar’ y el ‘Che Guevara’”, asevera José Antonio.

A comienzo de los años noventa, los guerrilleros del Eln pusieron su bandera en la plaza del pueblo, pero un grupo de jóvenes aprovechó la noche para quemarla, y fue el mismo pueblo unido el que desterró a este grupo subversivo después de la muerte del señor Emilio. “Ese fue un crimen cobarde y sin razón de ser”, recuerda este poblador.

Sin embargo, los habitantes de este poblado de calles empedradas siempre han cargado con la mala fama de ser “amigos” de la subversión. “Una cosa es ser amigo de la guerrilla y otra es tener que obedecer lo que ellos decían, ahí no había autoridad que nos respaldara”, dice José Antonio.

La llegada del Frente 41 de las Farc acabó desterrando al pequeño grupo del Eln que había en la zona y a una facción del Epl que rondaba la región. Testimonios de varios campesinos aseguran que este frente se enriqueció rápidamente.

“Ellos cobraban vacuna a los cultivadores de amapola y marihuana, también a los campesinos y comerciantes, y nos decían que eso era para el sostenimiento de la revolución. Así comenzó el derramamiento de la sangre. El que no acatara sus órdenes, era declarado objetivo militar. Las Farc mataron a muchas personas de nuestra comunidad”, afirma José Antonio.

Este hombre, que ya casi llega a los 80 años, recuerda lo que significó la llegada de las Farc a San José de Oriente: “Los guerrilleros patrullaban el pueblo como si fuera el Ejército Nacional, tenían su campamento principal en un sitio que se llama Estocolmo, que es ya territorio venezolano, eso quedaba como a 14 horas a pie desde San José, y nos decían que ahí había más de tres mil guerrilleros, con solo decirles que al pueblo llegaba un grupo como de 400 hombres a hacer patrullaje. Se metía en todo, en el comercio de la droga, en el negocio mayorista de café, y todo era para su beneficio propio, sin ninguna ideología”.

Los muertos de San José
Las familias que viven en el pueblo tienen sus fincas en la montaña, la mayoría son cafeteras y de cultivos de pan coger y quedan muy cerca de la línea que divide a Colombia y a Venezuela. “Nosotros siempre hemos sido víctimas de la guerrilla, incluso los muertos por los paramilitares fueron pocos en comparación con lo que hizo la guerrilla”, recuerda José Antonio, quien a pesar de que no vive en San José de Oriente, está al tanto de lo que sucede en su pueblo adoptivo.

Ricardo Duarte Palencia no fue el único inspector muerto. En 1993 también mataron a Iván Moreno, quien ostentaba ese cargo, cuando fue emboscado en el cementerio a su regreso del municipio de La Paz, que queda a 15 kilómetros. En 1997 la guerrilla también mató al concejal Evaristo Arenga.

“La guerrilla mató a Urquijo, el tendero; a Jesús ‘Chunga’ Reyes, el cebollero; a dos muchachos que le decían ‘Panayo’ y ‘Bola de Mugre’, a Ramón Ardila y su hijo Alber, a Yudis, a quien le decíamos ‘La Fiera’, a Luis Carrillo, a Álvaro y Herminedes Bayona, a ocho policías que iban en un carro y cuando pasaron por el sitio conocido como ‘La Vuelta de la Oreja’ o ‘Las Cruces’, activaron unos explosivos, son tantos los muertos que ya casi ni los recuerdo”, dice con tristeza el anciano.

Según conoció VerdadAbierta.com, los cultivadores de amapola siempre han estado muy cerca de la frontera con Venezuela. “El sitio donde sembraban o siembran amapola queda en tierras venezolanas, se llama Estocolmo y La Agüita, que queda más allá de Los Copetranes, un paraje que si queda en Colombia. Los que trabajaban en esos cultivos decían que veían aterrizar helicópteros venezolanos dos veces al mes en el campamento de las Farc queda ahí cerca”.

Uno de los hombres que trabajó en los cultivos de amapola asegura que San José de Oriente se convirtió en un pueblo de interés para las Farc porque era el centro de pago de las cuotas que debían cancelar comerciantes, ganaderos y agricultores a esa guerrilla.

“A finales de los noventa, se veían pasar por San José caravanas de carros que llegaban hasta la vereda La Junta, ubicada a seis horas a pie y dos en carro. Llegaban a la finca de un señor que después mató las Auc, ahí a esa finca llegaba ‘Simón Trinidad’, ‘Joaquín Gómez’ y la gente les rendía cuentas, es que eso no es contarlo sino vivirlo. Nosotros fuimos testigo de muchas cosas y si las denunciábamos, nos mataban”, dice este hombre.

Una historia de violencia
Con el aumento de la violencia en Colombia después del ‘Bogotazo’, generado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948, muchas familias de Norte de Santander y Santander llegaron al norte del Cesar buscando refugio. La mayoría de vocación campesina, se asentó en sitios estratégicos. San José de Oriente no existía para esa época, solo había un grupo de doce familias en un sitio que llamaban La Boca, a las que se unieron muchas más en 1949.

De esas familias se recuerda a la pareja conformada por Pablo Duarte y Ana Sofía Paredes, padres de siete hijos, que más tarde tomarían el liderazgo del pueblo. Como buenos campesinos, sembraron café, aguacate, cebolla y maíz y reanudaron su vida ahí.

A finales de 1960 ya se había convertido en un pueblo y lo llamaron San José de Oriente, que se desarrolló bajo el liderazgo de Héctor Eliécer Duarte Paredes, que más tarde delegó en su hijo Ricardo el trabajo social junto con otros jóvenes como Alonso Rodríguez y Luis Jaimes, entre otros.

Ellos tenían el liderazgo de las organizaciones sociales, consiguieron puesto de salud, escuela y empedraron sus calles. La Defensa Civil fue la primera autoridad que vieron llegar al pueblo, años más tarde se le unirían cuatro policías y el inspector.

Cuando ya estaban bastante organizados y reconocidos como corregimiento del municipio de La Paz, se lanzaron a la política. Ricardo Duarte fue concejal en seis periodos consecutivos, la población se veía próspera, ya tenían un colegio cooperativo agropecuario y un nuevo barrio que llamaron Betania. Pero esa calma se rompería a finales de los años setenta con la llegada de la bonanza marimbera y la violencia.

José Antonio recuerda que “se armaron grupos al margen de la ley, desde Codazzi venían esos grupos que se llamaban ‘Los Arrebatos’ o ‘Los Ladrillos’, eran bandas pendientes de quitarnos lo que teníamos. Por ese motivo, se fue la policía de San José y nos quedamos solos”.

Las tierras de San José de Oriente que abastecían con sus productos los mercados de varios municipios del norte del Cesar se llenaron de marihuana y amapola principalmente.

“Fue entonces cuando apareció el Eln, después el Epl y finalmente las Farc que demoró bastante tiempo en controlar la comunidad. A San José de Oriente nadie llegaba, la guerrilla tenía este pueblo encerrado, si llegaba un camión repartidor de gaseosa, de leche o de cualquier producto, se lo llevaban inmediatamente y así nos fuimos quedando solos, la gente pensaba que aquí todo el mundo era guerrillero”, se lamenta José Antonio.

Solo en el 2006 regresó la Policía Nacional. Cincuenta policías organizaron la Estación y 500 militares se instalaron en el Batallón de Alta Montaña en la Serranía del Perijá. “Ahí volvió la tranquilidad”, asevera un poblador, pero con el paso de los años se ha venido deteriorando. Desde el 2011 se comenzaron a escuchar los rumores de que el Frente 41 de las Farc se había fortalecido. El ambiente en este caserío hoy es de temor (Ver; El Cesar, cercado por guerrillas y bandas criminales).

Los pobladores consultados por VerdadAbierta.com recuerdan que las víctimas de los paramilitares no son tantas como las de la guerrilla. “Ahora está tomando fuerza el boleteo, la extorsión y las amenazas, también se habla de las bandas criminales y ya uno no sabe qué creer. Por eso vemos tan lejana la paz”, dice José Antonio.

Pero más radical es Jaime cuando se le pregunta qué piensa de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc. “Eso es una mentira, nosotros no esperamos nada de las Farc, eso es como esperar algo del diablo, lo que ha vivido la gente en San José de Oriente no tiene cómo compensarlo las Farc”.

Jaime tampoco cree en el arrepentimiento de esa guerrilla: “Esa gente no cambia y si hacen un reconocimiento a las víctimas es entre comillas, qué esperar de esa gente que nació y creció matando. La guerrilla se está fortaleciendo cuando están hablando de paz, ellos siempre han querido el poder a cuesta de la muerte de mucha gente, de la ruina de familias, de sangre”.

Pero no todos son tan pesimistas como Jaime. Una profesora que ya no vive en San José, pero que lo visita cada vez que puede, dice que las cosas pueden mejorar si se firma la paz. “Las cosas no están fáciles hoy, pero ojalá haya un acuerdo para que los campesinos puedan trabajar tranquilos la tierra”.

Alto Baudó: entre el desplazamiento forzado y la ausencia estatal

Las comunidades afro e indígenas de este municipio del departamento del Chocó desde hace más de dos décadas cargan con la violencia a sus espaldas. La ausencia del Estado, la disputa armada por el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos los han devastado.

El valle del Baudó ha sido acosado por grupos armados ilegales desde mediados de la década del noventa.Bajo el fuego cruzado, así viven las comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio Alto Baudó, a 80 kilómetros al sur de la capital del departamento. La confrontación armada, recrudecida en las últimas semanas, es una secuencia dramática de lo que viene sucediendo desde mediados de la década de los noventa, cuando llegaron a la región guerrillas, paramilitares y Ejército.

El Alto Baudó es una región rica en recursos naturales y con una ubicación geográfica estratégica, pues sus corrientes fluviales conducen al océano Pacífico. Ambas circunstancias la convirtieron en botín de disputa de los grupos armados ilegales. Como lo comentó un nativo de la zona, “para nadie es un secreto que quien tenga el control de los ríos va a tener el control del narcotráfico y así mismo el control de parte de la economía ilegal”.

A esta disputa permanente por controlar los recursos naturales y la economía ilegal, que tan solo este año deja ya más de 4 mil desplazados, se ha sumado la falta de atención por parte del Estado a las necesidades básicas de la población: solamente el 20% cuenta con las necesidades básicas satisfechas. La Defensoría del Pueblo aseveró que no ha existido una política pública gubernamental en términos de salud, educación, vivienda y servicios básicos que atienda las necesidades de las comunidades, lo cual constituye una violación a sus derechos.

“Acá a nosotros nos llegan todas las violencias posibles: la guerra entre paramilitares, guerrilla y el Ejército, la violencia social y la violencia cultural”, afirmó Albeiro Moya habitante de la región, haciendo referencia a que el Estado Social de Derecho promulgado en la Constitución Política no se cumple al no respetar los derechos de las comunidades afro y campesinas.

La disputa por el territorio
En esta región chocoana hacen presencia, desde mediados de los noventa, facciones de las guerrillas de las Farc y el Eln. Por allí también pasaron grupos que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde hace unos años atrás irrumpieron ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocidos como ‘Los Urabeños’.

En la disputa reciente por el control de las rutas fluviales del narcotráfico y la minería ilegal, que se agudizó desde comienzos de junio de este año, se enfrentan las Acg con al Frente de Guerra Occidental del Eln, que ha tenido en la zona del Alto Baudó una presencia histórica.

Esa estructura insurgente hizo presencia en el departamento a mediados de la década de los noventa y, años más tarde, empezarían los enfrentamientos con el Ejército, lo que generó los primeros desplazamientos forzados. “Para nosotros, la llegada del Eln en el año 96 significó la primera irrupción a nuestra cultura y modo de vida, de ahí en adelante lo que vino fue peor” señaló Ferney Rojas*, un poblador de la región.

Tras las desmovilizaciones colectivas de bloques y frentes de las Auc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, que concluyeron en agosto de 2006, la región se vio afectada por grupos que se rearmaron, entre ellos ‘Los Rastrojos’ y ‘Renacer’. Para el 2009, irrumpieron las Agc, disputando a sangre y fuego el dominio del territorio, hasta consolidarse y dominar las economías ilegales.

“La llegada de esas bandas al territorio significó tener de regreso a los paramilitares, fue como si de nuevo quedáramos en el 2001 con la llegada de las Auc, los mismos métodos y las mismas prácticas se empezaron a repetir” agregó Rojas.

Hoy día el punto crítico se desata en el corregimiento de Chachajo, un punto clave, según sus habitantes, para controlar actividades del tráfico de drogas: por un lado comunica fluvialmente con sur del departamento, y por el otro, es la conexión con el municipio de Nuquí, via expedita a los puertos naturales sobre el Pacífico (vea el mapa aquí) . Allí se asentaron las fuerzas de las Agc, sometiendo a la población a diversas presiones y riesgos.

Lucy Chamorro, representante de la Mesa Departamental indígena, afirmó que la disputa territorial es consecuencia de la marginalidad de las comunidades y la ausencia del Estado. “La negligencia del Estado ha sido permanente, la situación ha sido alertada desde hace varios años, pero no nos escucharon se hizo caso omiso y ahora miré en lo que estamos” puntualizó la líder indígena.

Crisis humanitaria
La falta de efectividad de las acciones desplegadas por el Ejército, y la codicia de los grupos armados ilegales por el control del narcotráfico y de la minería ilegal, han generado un choque de fuerzas que tiene a las comunidades de Alto Baudó en medio del fuego cruzado y pagando las consecuencias: algunos habitantes han muerto y cientos de pobladores se vieron obligados a desplazarse para proteger sus vidas.

Cientos de pobladores de Alto Baudó han tenido que salir de la región de manera forzada.Las cerca de 3 mil personas que se desplazaron entre mayo y junio de este año según la Defensoría del Pueblo, se refugian en resguardos y comunidades vecinas y ante la falta de garantías en seguridad no han podido retornar. Esto ha supuesto nuevas dificultades como el hacinamiento y la escasez de alimentos.

“Por ejemplo, en Puerto Indio, lugar donde se están albergando algunos de los desplazados, la Alcaldía no dio abasto con la cantidad de demanda de necesidades de las comunidades, y ahora hay hambre y problemas de salud más que todo en los niños” denunció Albeiro Moya, habitante de la región, quien aseveró que la minería, que se concentra la mayor oferta de trabajo, tanto de manera legal como ilegal, “es otra razón para el desplazamiento y la muerte de los pobladores”.

Betty Moreno, directora territorial de la Unidad de Víctimas, explicó que “estamos trabajando por el retorno de los desplazados internos, por lo cual se requiere de mayor atención a los procesos organizativos y a la presencia del Estado para lograr dispersar a los grupos armados. Sin embargo, esto no va a ser posible hasta que no se cumplan los derechos sociales y económicos de los ciudadanos”.

Se prolonga el conflicto
La situación de población desplazada no es reciente. Con el accionar de las guerrillas a mediados de los noventa se dieron los primeros desplazamientos, situación que se agravó desde el 2001 con la incursión de facciones de las Auc (Lea: Mujeres desplazadas del Baudó).

A través de su página web, el Frente de Guerra Occidental del Eln viene dando constantes “partes de guerra” en los cuales denuncia que las acciones de las Agc supuestamente estarían siendo apoyadas por tropas del Ejército, lo que genera graves afectación a las comunidades. En el más reciente afirmaron que “en la región del Alto Baudó el frente guerrillero Resistencia Cimarrón mediante acciones de protección a la población desarrolló operativos en días anteriores, lo cual permitió dar de baja a medio centenar de paramilitares, los cuales tuvieron que buscar la protección de la Brigada 15 y la Fuerza de Tarea Titán del Ejército colombiano”.

El presidente Juan Manuel Santos activó en Quibdó, el 9 de enero de este año, la Unidad Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que con más de 2.500 hombres de la Séptima División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se fijó como meta “la neutralización de los grupos terroristas y bandas criminales que delinquen en Chocó y Parte de Antioquia. A, mismo tiempo efectuará operaciones contra el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y la extorsión”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta nueva unidad operativa tendrá jurisdicción en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) y en Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Certegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istimina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan. Quibdó, Río Iro, Río Quito, Tadó, Unión Panamericana, San José del Palmar, Sipí, Novita y la parte oriental de Litoral del San Juan (Chocó).

Si bien la intención de esta unidad es consolidar la presencia del Estado, para los pobladores significó un actor más del conflicto, al cual señalan también de vulnerar los derechos de las comunidades y al que cuestionan por no consultar a dónde van a intervenir, de qué manera y cómo lo van a hacer.

Pero la situación va más allá, a juicio de Moya, quien ve asegura que la vida entre la guerra y la economía informal se ha convertido en el diario vivir de las comunidades más marginadas: “en medio de la pobreza se encuentra el caldo de cultivo para generar caos”.

Crisis más allá de la guerra
Si bien el conflicto armado es un factor de alteración de la vida cotidiana en Alto Baudó, las comunidades se enfrentan a otro tipo de violencias, que así no deje muertos o desplazados genera afectaciones que vulnera todo tipo de derechos.

Richard Moreno, representante de las comunidades afro del departamento, aseguró que “no es verdad que la guerra que se desata acá entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército genere más problemas que la falta de salud, de educación, de acceso a la tierra y a la vivienda. Son pocos los que en el departamento pueden acceder a este tipo de derechos”.

A juicio de este líder regional, en el Chocó “no estamos dentro del Estado social de derecho, hay políticas nacionales que a nuestros territorios no llegan, como la salud y la educación”.

Otra de las grandes preocupaciones de los líderes chocoanos es que las políticas expedidas a lo largo de los años por parte de los gobiernos, en palabras de Lucy Chamorro, no han contado con el enfoque diferencial que deberían de tener para las comunidades afro e indígenas: “lo que hacen las políticas es torpedear la cultura y el desarrollo de los pueblos, no tenemos el mismo desarrollo y creencias; si es otras partes no importa que exploten el suelo, acá sí”.

Comunidades en resistencia
A pesar de las afectaciones que genera estar en medio del fuego cruzado y el abandono estatal, las comunidades siguen resistiendo y haciendo valer su territorio. Una de las peticiones más importantes es hacer valer la protección de la propiedad colectiva con el fin de evitar que tanto las guerrillas como las Agc los saquen de las tierras.

Una de las paradojas que viven las comunidades afrodescendientes es que por aplicación de la Ley 70 de 1993, los territorios donde habitan tendrían una protección especial a través de la titulación colectiva, respetando su relación con la tierra y su cultura, no obstante, la realidad demuestra que la intervención del suelo y el subsuelo por parte del Estado, de empresariado y los grupos ilegales han vulnerado ese derecho.

“Es indispensable que a nosotros nos reconozcan en verdad que los territorios son propiedad de las comunidades indígenas y afro, que somos nosotros quienes debemos impartir ley y no los que nos están haciendo daño” puntualizó Richard Moreno.

De no cambiar la situación, las comunidades han decidido que son ellas entonces las que harán respetar sus derechos para poder vivir tranquilas y en paz. “Así nos toque tomar medidas drásticas para que nos reconozcan, deben saber que para poder llegar al subsuelo tienen que pasar por el suelo y ahí vamos a estar nosotros, se van a encontrar con nosotros”, advirtió el líder de las comunidades afrodescendientes.