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Kitek Kiwe, el resguardo que floreció tras la masacre de El Naya

Informe especial. Esta es una historia de resistencia, unión y solidaridad de 73 de familias indígenas que reinventaron su comunidad en un nuevo territorio.

kitek-kiwe-300x200Luego de años lucha y resistencia, una parte de las víctimas de la masacre de El Naya logró reconstruir sus vidas fuera de su antiguo hogar y formó el resguardo de Kitek Kiwe en Timbío. Foto: VerdadAbierta.com.Al observar el mapa de Cauca sobre los resguardos indígenas del pueblo Nasa, se puede ver uno que está aislado en el centro del departamento, es el resguardo de Kitek Kiwe. Su historia está ligada al éxodo que emprendieron cientos de aterrorizados indígenas de la región de El Naya, como consecuencia de la cruel masacre que cometieron paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001.   

Entre el 10 y el 13 de abril de ese año, más de 200 paramilitares marcharon por diferentes sectores de El Naya, una región limítrofe compuesta por 17 veredas de Buenaventura (Valle del Cauca) y Buenos Aires (Cauca). En su recorrido, los hombres que envió Éver Veloza García, alias 'HH', el jefe de ese grupo de las Auc, asesinaron arbitrariamente a decenas de hombres, a mujeres y niños. También saquearon y destrozaron viviendas, torturaron a los pobladores que se encontraban a su paso. A los sobrevivientes les dieron la orden perentoria de abandonar la región.

Trece años después de la masacre, hay diferentes versiones sobre ésta y no se conoce con exactitud la cantidad de víctimas que dejó esa incursión paramilitar. Tras la desmovilización del Bloque Calima en diciembre de 2004, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz asumió la investigación de esa tragedia, y junto con el testimonio de víctimas y desmovilizados, logró reconstruir cómo fueron esos hechos y llevó a los estrados de la justicia transicional a 67 ex paramilitares para que respondan por esos hechos. (Lea: Los orígenes de la masacre de El Naya)

La Fiscalía ha procesado a los perpetradores desmovilizados por 27 asesinatos y alrededor de mil 500 desplazamientos, pero los sobrevivientes de la masacre insisten en que son muchos más los desplazados y que fueron asesinadas alrededor de 100 personas, cuyos cadáveres no aparecen porque fueron arrojados a ríos y precipicios.

Luego de esa cruel historia del conflicto armado colombiano, 73 familias indígenas quienes, tras batallar durante más de tres años, lograron que el Estado les titulara una finca en el municipio de Timbío, en el sur de Popayán, para reconstruir sus vidas de acuerdo con sus tradiciones ancestrales. VerdadAbierta.com fue hasta el resguardo de Kitek Kiwe y habló con varios de sus líderes y pobladores para reconstruir su proceso de resistencia.

Del éxodo a la tierra prometida
Rosa*, una mujer de 66 años, recuerda como si los hechos hubieran ocurrido ayer, que para salir de la vereda La Playa, sitio en el que vivió desde los 12 años, tuvo que pasar por encima de varios cadáveres, yendo de la mano con una hija y tres nietos. A Rogelio* no se le olvida que los paramilitares les dieron un plazo tres horas a los habitantes de la vereda Río Mina para abandonar la región, pero ésta se desocupó en pocos minutos, y que lamentablemente, uno de sus vecinos, fue asesinado porque se devolvió a recoger unos documentos.

Como Rosa y Rogelio, cientos de personas caminaron durante horas por las trochas de la montaña, hasta llegar a Timba. Allí, se refugiaron en la escuela. Rogelio cuenta que cuando llegó a Timba sintió más temor, porque en esa vereda los paramilitares instalaban retenes y les prohibían a los habitantes ingresar mercados superiores a 50 mil pesos. Pero dadas las circunstancias, le tocó quedarse en la escuela del pueblo.

Según sus cálculos, en la escuela estuvieron reunidas alrededor de 400 personas durante varias semanas. “Todos estábamos en un salón, fue muy difícil. Hubo ayuda humanitaria, la Cruz Roja traía ropa y comida, pero las cosas buenas no se repartían todas. El padre y otra señora retenían cosas, y en parte, por eso, nos fuimos a Santander”, cuenta.

A los pocos meses sus líderes decidieron que la comunidad abandonara Timba y se trasladara al municipio de Santander de Quilichao en busca de mejores condiciones y para tener comunicación más fluida con las instituciones del Estado. En esa población los desplazados se asentaron en la plaza de toros y en ese sitio vivieron durante tres años en precarias condiciones.

“Al principio eran como cuatro mil personas y al final se quedaron 70 familias en la plaza de toros. La gente se fue yendo conforme pasaba el tiempo. Algunos retornaron pese a que el Gobierno les dijo que no había garantías, pero como ya no había nada para comer, la gente se fue yendo poco a poco. Algunos estuvieron tres o cuatro meses y no aguantaron más, nosotros nos quedamos tres años”, cuenta Rogelio. Además, explica que “la Cruz Roja dio ayuda durante seis meses y después la situación se puso dura, pero otros resguardos indígenas y la Acin nos ayudaron para resistir los tres años en Santander con comida, ropa y medicina”.

Pese a que al diario vivir se complicaba y las ayudas no alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas, el miedo no les permitió retornar a El Naya a varias familias, y ante la falta de alimentos, se vieron obligados a pedir limosna. “Nos tocó dejar la pena y salir a pedir a las calles, luego nos tocó ir a recoger las sobras en la galería. Así estuvimos como un año. Al principio nos ayudaron, pero es que duramos mucho tiempo por fuera”, cuenta Rosa con los ojos aguados mientras recoge sus arrugadas manos hacia su vientre.

El resguardo de Tóez, en el municipio de Caloto, fue otro punto de concentración para los desplazados de la masacre. En ese sitio se ubicaron alrededor de 35 familias que estaban en veredas cercanas a la entrada a El Naya. Lisinia Collazos, actual gobernadora de Kitek Kiwe, cuyo esposo fue asesinado en la incursión paramilitar y fue una de las personas que lideró la creación del resguardo, cuenta que el pueblo de Tóez los acogió con calidez y les prestaron unas casas y un terreno para cultivar frijol, yuca y maíz.

Pese a que estaban separadas, las comunidades asentadas en Santander de Quilichao y en Caloto, mantuvieron un vínculo permanente y un mismo sueño: tener un terruño en el que pudieran vivir conforme a su cosmovisión y sus hijos pudieran correr libremente. En marzo de 2002 asistieron a unas capacitaciones en derechos humanos que una ONG dictó en Santander de Quilichao, y en medio de ese proceso, instauraron una tutela en octubre de ese año, y al mes siguiente salió el fallo favorable. “Fue un proceso de lucha, espera y paciencia. Los que estábamos en Caloto viajábamos a las capacitaciones en Santander en bicicleta porque no teníamos los 800 pesos para el pasaje de bus, pero todo ese esfuerzo valió la pena porque nos abrió la puerta a nuestro hogar”, explica con gran satisfacción la gobernadora Collazos.

Las semillas de Kitek Kiwe
Durante más de un año los líderes indígenas buscaron una finca ideal para que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) les titulara en el norte de Cauca. Cansados de buscar y ante la posibilidad de que se les acabara la vigencia para la compra de un terreno, estuvieron dispuestos a aceptar una finca de espárragos en Puracé, municipio cercano a Popayán, pese a que nunca habían cultivado esa planta.

Enrique Fernández, uno de los líderes de Santander de Quilichao, fue al Sena a buscar a alguien que los capacitara en cultivos de espárragos, pero en ese sitio encontró a Germán Sarria, quien le ofreció una finca en Timbío, a media hora de la capital de caucana. El 8 de diciembre de 2003 una comitiva de las dos comunidades visitó la finca La Laguna, ubicada en la vereda San Pedrito, y decidieron que ese sería el sitio en donde echarían raíces y reconstruirían sus vidas.

El 20 de diciembre, el Incora acordó compararle a Sarria las 289 hectáreas de La Laguna por 1.070 millones de pesos. El 18 de enero de 2004 el instituto de tierras compró la finca, pero los indígenas tuvieron un impedimento para poder trasladar a las 73 familias que vivirían en ella. La Red de Solidaridad, la institución que antecedió a Acción Social, se opuso a que la comunidad se trasladara a porque no tenía las condiciones necesarias que las familias pudieran vivir dignamente.

Para esa fecha, en la finca sólo existían dos casas y en gran parte de ella no había energía eléctrica, acueducto ni alcantarillado. Los indígenas acordaron con la Red de Solidaridad que sólo trasladarían a 20 familias que se instalarían en las dos viviendas, pero lo que en realidad hicieron fue adecuar La Laguna para la llegada de las 53 familias restantes. Después de vivir por más de tres años en la mendicidad, hacinados en una plaza de toros y relegados por la sociedad, los indígenas no aguantaron las ganas de retornar al campo y no les importó que tuvieran que dormir en cambuches de plástico.

“Las 53 familias llegaron a La Laguna el 9 de abril de 2004. No hubo quien parara a las familias en esas chivas, la Acin aportó la mayor parte de los recursos para el traslado de las familias. El sufrimiento de todos esos años quedó en el pasado cuando vimos a los niños correr felices y libremente por los pastos”, recuerda la gobernadora Lisinia, quien agrega que la Red sólo les colaboró con mercados durante el primer mes.

Los indígenas no se conformaron solamente con tener su terruño, sino que al año siguiente se organizaron y montaron su propio cabildo, el cual fue reconocido por el Estado en 2006. Desde que llegaron a La Laguna, la constancia, la unión y la organización indígena les han permitido a esta comunidad ir mejorando Kitek Kiwe.

Después de varios años el Gobierno les construyó algunas casas en la parte baja de la finca, pero siguen sin energía ni acueducto; logaron adecuar una escuela; construyeron casas de madera en los alrededores de la entrada de la finca; y hoy están a punto de logar que el Estado los reconozca formalmente como resguardo indígena. (Vea galería fotográfica)

Ese reconocimiento hace parte del compromiso al que el Gobierno llegó con los pueblos indígenas del país en el pasado mes de octubre, para organizar alrededor de 800 resguardos. Para las familias de Kitek Kiwe este procedimiento es vital porque con él su territorio adquiere un blindaje jurídico y de esta manera no puede ser vendido ni embargado. Edwin Guetio, ex gobernador de esa comunidad, cuenta que sólo les falta un concepto del Incoder y esperan que los trámites concluyan antes de que finalice este año.  También, esperan ser incluidos de una vez por todas en los planes de desarrollo municipal y departamental, para que después de diez años, puedan tener electricidad y agua potable en todo el resguardo.

Con El Naya en el horizonte
Aunque los indígenas que no retronaron a El Naya encontraron estabilidad en Kitek Kiwe, no pueden sacar de su corazón la región en donde crecieron y recuerdan las cosas que perdieron tras la masacre del 2001. “Lo que perdimos por esa incursión paramilitar fue la parte cultural, más que la tierra o las propiedades. La parte ancestral se afectó mucho”, cuenta Emerson Chilgueso, Coordinador del Programa Económico Ambiental del resguardo.

La medicina tradicional, sus rituales, el contacto con fuentes de agua puras y una tierra muy fértil, son las cosas que en parte se perdieron por causa del desplazamiento. “Yo tenía un conocimiento de varias plantas medicinales en El Naya, pero las de acá no sé para qué sirven y apenas estoy descubriendo algunas. Eso se perdió totalmente, es como matarle el conocimiento a uno. La pérdida total fue el conocimiento ancestral; además espíritus como el duende y el arco lo respetaban a uno allá, pero acá no”, agrega con resignación Chilgueso.

Rosa extraña las bondades de esa tierra de El Naya bendecida con fertilidad. “Allá era tirar las semillas y listo, brotaba la comida por montones; acá es muy duro: toca usar abono, arar y otras cocas”, recuerda. Rogelio lamenta la falta de sitios sagrados como páramos y nacimientos de agua en donde puedan hacer sus ritos de armonización. A cambio, en Timbío hay dos quebradas de agua que nadie puede usar porque están contaminadas con aguas residuales del municipio.

Sin embargo, pese a que extrañan su antiguo estilo vida, los habitantes de Kitek Kiwe sostienen que no volverán a El Naya por tres razones. La primera es por cuestiones de seguridad. Al día de hoy los grupos armados siguen en la región y la presencia de cultivos ilícitos hace que esa zona esté en constante disputa. La segunda, es que muchas personas fueron amenazadas de muerte por los paramilitares y la guerrilla. Estos últimos amenazaron a varias personas por el contacto que tuvieron con instituciones estatales durante el desplazamiento y llegaron a señalarlas como informantes del Gobierno.

Y por último, la de mayor fuerza, por los niños y los jóvenes que se han criado en Kitek Kiwe. Los líderes no quieren someter a un cambio abrupto a los menores. Retornar a El Naya, aparte de los constantes riesgos por el conflicto armado que continúa, les conllevaría trasladarse a una zona remota con precarias vías de transporte y ausencia de servicios básicos como salud y educación. “Al volver allá, nos la pasaríamos errantes de un lado a otro y nunca nos estableceríamos y organizaríamos un futuro para nuestros hijos. La idea es que, una vez establecidos acá, dar la pelea hasta el final y organizarnos para orientar a nuestros hijos. Esa es la fortaleza para mantener un pueblo”, explica Chilgueso.

Pero eso no implica darle la espalda a su pasado y sus tradiciones. Por eso, a los más pequeños les enseñan la historia de la región de origen de sus mayores y cada año conmemoran los hechos trágicos de la Semana Santa de 2001, para que las víctimas no caigan en el silencio del olvido. Una muestra de ello es el mural que fue pintado en una de las casas del resguardo, el cual tiene grabado cómo era la vida en El Naya antes, durante y después de la masacre.

Y ese espíritu de darle prioridad a las nuevas generaciones también se refleja en el nombre del resguardo. Kitek Kiwe, en nasa-yuwe, que es la lengua de ese pueblo indígena, significa tierra floreciente. “Queremos que cada día haya un brote nuevo, nuevas expectativas, nuevas esperanzas, nuevas exigencias de los niños que crecen. La mayoría de la población es joven. Sus anteriores gobernadores fueron jóvenes que llegaron desplazados”, explica la gobernadora Lisinia.

* Nombre cambiado por petición de la fuente para proteger su identidad.

Los nuevos focos del desplazamiento forzado en Colombia

A pesar de que disminuyó el número de desplazados en el país, esta tragedia no cesa. 14 municipios viven en medio de las disputas entre grupos ilegales por el control de cultivos de  hoja de coca, rutas del narcotráfico y minería.

desplazados-2012-y-2013Aunque los registros son desiguales, cifras estatales y no gubernamentales coinciden en que el desplazamiento forzado disminuyó el año pasado. Foto: archivo Semana.El año pasado 142.181 personas tuvieron que salir de sus casas y abandonar sus pertenencias para proteger sus vidas, según registros de la Unidad para la Atención de Víctimas. Al respecto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afirma que la cifra llega a 219.405.

A pesar de las diferencias en los datos, el gobierno y la Codhes coinciden en que el número de desplazamientos de 2013 es el más bajo de los últimos 15 años. (Descargue aquí los informes de la  Unidad de Víctimas y de Codhes)

Sin embargo, ambas entidades, que por primera vez se juntaron para presentar sus informes sobre desplazamiento, están de acuerdo en que los nuevos escenarios de este drama son el litoral Pacífico y la región del Bajo Cauca, en Antioquia.

De acuerdo con los datos, el Valle de Cauca fue el único departamento en el que aumentó el número desplazados en los últimos dos años, en especial en Buenaventura: mientras en 2012 se hablaba de cerca de 160 mil personas que fueron obligadas a salir de este municipio, en 2013 la cifra oficial llegó a más de 203 mil.

Haga clic aquí para ver un cuadro que muestra los 14 municipios de donde han sido expulsadas más víctimas.

“El conflicto ha cambiado de dinámicas, antes se concentraba en la zona de Cundinamarca, luego se trasladó hacía la Costa Caribe y ahora estamos viendo cómo buena parte está en el corredor del Pacífico, donde se presentó la mayor tasa de desplazamiento en 2013”, dijo Marco Romero, director de Codhes.

El estudio de la Unidad de Víctimas asegura que en algunos municipios del Pacífico el desplazamiento está ligado a las disputas entre los grupos armados ilegales por el control de los cultivos de hora de coca para uso ilícito y las rutas del narcotráfico; en el caso del  Bajo Cauca las pugnas giran en torno a la producción del oro. En estas zonas, las comunidades más afectadas son las indígenas y los afrodescendientes.

El fenómeno también se presenta en departamentos como Cauca, Tolima, Meta, Caquetá, Putumayo y Norte de Santander donde la presencia de grupos armados, sobre todo de la guerrilla, ha sido histórica. En estas regiones, el desplazamiento está relacionado con la cantidad de acciones armadas y la presencia de la Fuerza Pública.

“Las acciones institucionales en contra de las estructuras armadas ilegales tienen un impacto indirecto en contra de la población civil como efecto colateral”, señala el informe.

El siguiente mapa muestra los municipios donde más se presenta este delito y la relación que guarda con el cultivo de hoja de coca, la explotación minera y el número  de acciones armadas.

Región Pacífico
Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2013 se desplazaron más de 74 mil  personas de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, lo que representa el 52 por ciento de los desplazamientos que se registraron en todo el país. Las cifras más alarmantes son las de Buenaventura, pues en solo esos dos años más de 36 mil  personas tuvieron que abandonar sus viviendas. Por otra parte, en Bagadó, Chocó, en tres desplazamientos masivos se registraron de 4 mil 300 víctimas.

Los corredores del Pacífico tienen una ubicación que permite el tránsito de mercancías legales e ilegales hacia los países del Cono Sur. Diferentes bandas criminales, desde la desmovilización del Bloque Calima de las Auc, el 18 de diciembre de 2004. se han disputado el control del territorio y de los negocios del narcotráfico.

Según el informe, ‘Los Rastrojos’ fue la primera banda criminal que hizo presencia en la zona y en algunos municipios se alió con la guerrilla de las Farc en la producción y distribución de la pasta de coca, así como en actividades de minería ilegal. Pero esta banda criminal se dividió por disputas internas y diferentes facciones de un mismo grupo mantienen constantes enfrentamientos.

En 2011 llegaron ‘lo Urabeños’, en alianza con otro grupo criminal conocido como ‘Los Machos’, y le han restado poder a ‘Los Rastrojos’, especialmente en el municipio de Trujillo, en límites con el Chocó. Los pobladores no solo padecen las consecuencias de los constantes enfrentamientos, sino que ante el debilitamiento de ‘los Rastrojos’, han optado por aumentar el cobro de extorsiones y las amenazas a quien no los pague.

A esto debe sumarse una intensificación de las acciones de las Farc y, por ende, una mayor presencia de la Fuerza Pública. “El incremento de las acciones contra la población radican en las diputas por el control del territorio, ocupadas por otras acciones armadas ilegales, así como también corresponde a una respuesta a los esfuerzos de la fuerza  pública para mantener el orden”, dice el informe.

Gran parte de las víctimas pertenecen a resguardos indígenas o comunidades afro del Pacífico. Por ejemplo, en Bagadó, Chocó, todos los desplazados hacen parte del pueblo Embera; en Ricaurte y Tumaco, Nariño, han sido los Awá; en el Cauca, los Nasa y los Esperara Siapidara. Igual sucede con los pueblos Afro de Buenaventura, Litoral de San Juan, López, Timbiquí y Sipí.

En Buenaventura la situación es más crítica. Por su ubicación, que permite el transporte de mercancías fuera del país y por el litoral Pacífico, la han nombrado capital de la Alianza del Pacífico y por ello es el centro de proyectos e inversiones. Según el informe de la Unidad de Víctimas, esto ha dinamizado la presencia de grupos ilegales.

“Ven en la implementación de planes de desarrollo un ambiente propicio para establecer acciones que conlleven al mejoramiento de sus rentas ilícitas, como una estrategia que garantiza la reproducción de sus estructuras y el dominio del territorio”, dice el documento.   

En la zona urbana de Buenaventura, ‘los Urabeños’, hacen presencia por medio de una banda conocida como ‘la Empresa’ que ha cometido todo tipo de violencia contra los pobladores mientras se apropia de los mercados ilícitos del municipio. De acuerdo con el informe, ahora se disputan el territorio con un nuevo grupo que se hace llamar las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Problemas en Antioquia
Los mayores desplazamientos ocurren actualmente en los seis municipios que forman la subregión del Bajo Cauca, así como en el Valle de Aburrá, Urabá, Norte y Nordeste. En estas zonas hacen presencia bandas criminales como ‘los Paisas’, ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, los Frentes 4, 5, 18 y 36 de las Farc y un pequeños grupo del Eln conocido como Compañía Capitán Mauricio.

Desde enero de 2012 hasta marzo de 2014 se han registrado 4.564 personas desplazadas. El 35 por ciento de ellas han huido de sus casas en compañía de más personas en los 14 desplazamientos masivos que han ocurrido en la región. El año pasado en Amalfí, Antioquia, se desplazaron en masa 534 personas.

La diversidad y accidentes geográficos de la zona como el Nudo del Paramillo y las serranías del Abibe, San Jerónimo, Ayapel y San Lucas han sido aprovechadas por los grupos ilegales para ocultarse y desarrollar desde allí todo tipo de negocios ilícitos.

Así ocurre en los municipios de Chigorodó y Mutatá, en Antioquia, donde las Farc usan el Nudo del Paramillo como zona de retaguardia y donde tienen cultivos de coca. La conexión en entre Dabeida y Mutatá le da a la guerrilla el paso hacia el Norte, Occidente y Bajo Cauca. Antioquia es el quinto departamento con mayor número de hectáreas sembradas con Coca y la mayoría se concentra en el Nudo del Paramillo.  

De acuerdo a un informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, en el Nordeste, se produjo por los enfrentamientos entre ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, las Farc y el Eln por la fuentes de financiación: el narcotráfico,  la extracción minera y el cobro de ‘vacunas’ a los comerciantes y transportadores.

En el Valle de Aburrá y el área urbana de Medellín el desplazamiento, según el estudio, está relacionado con que se han fortalecido ‘los Paisas’ y ‘la Oficina de Envigado’ agrupando pequeñas bandas delincuenciales que ya existían en la zona. A esto se suma interés de ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’ por reclutar menores en los barrios marginales de Medellín.

En Bajo Cauca los grupos ilegales se disputan la explotación de oro, sobre todo en Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. (Ver: Cómo restituir el convulsionado Bajo Cauca)

Las principales víctimas son los indígenas Embera y los afro, sobre todo los desplazamientos masivos.  En año pasado en El Bagre salieron desplazados en grupo 607 personas de la comunidad Zenú y de los desplazados de Tierralta, 348 fueron indígenas Embera Katio.

En otros departamentos
Los desplazamientos en el sur del Tolima y el sur del Meta están relacionados con la presencia histórica de las Farc, más específicamente del Frente 21, y la implementación de lo que ellos llaman “Plan Renacer”, en la que se incluye la instalación de minas antipersonal y el reclutamiento de menores, que ha obligado a varios pobladores a desplazarse como una forma de protección.

Al caso del Meta se suma la presencia de una banda criminal conocida como Bloque Meta o Libertadores del Vichada, a la que pertenecen algunos de los 240 integrantes del Erpac, organización criminal que se acabó luego de la fuerza pública abatiera a su jefe, Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.  (Ver: Muere ex jefe paramilitar 'Cuchillo' en operativo de la Policía)

En Risaralda las víctimas han sido la comunidad indígena Emberá Katio de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, que han tenido que salir de su tierra porque los grupos ilegales han creado allí un corredor ilegal que comunica a Risaralda con el Pacífico. En solo tres hechos violentos en 2012, las bandas criminales desplazaron masivamente a 1105 personas. La mayoría de estos indígenas se desplazaron a Cali y aún no han podido retornar.

Casi al tiempo que se desmovilizaron los paramilitares del Bloque Catatumbo, en Norte de Santander y en el norte del Cesar se reorganizaron las estructuras ilegales y se crearon bandas criminales para manejar el negocio de la droga en el Catatumbo y su transporte por la frontera con Venezuela. Son frecuentes los enfrentamientos con las guerrillas de las Farc y el Eln que hacen presencia en la región.

Algunos de estos corredores de droga y armamento ilegal son compartidos con Arauca. Las Farc delinquen en cercanías al rio Cauca y se financian por medio de la explotación ilegal de petróleo y las extorsiones.

En el sur del Meta y Guaviare delinquen el grupo conocido como Bloque Meta y los Frentes 1, 7, 44, 16 la Compañía Víctor Saavedra de las Farc. Los enfrentamientos entre las dos facciones han aumentado y con ello el desplazamiento de población, también las Farc han aumentado el número de minas antipersonal y han ingresado a territorios indígenas para desde allí conducir sus actividades ilegales.

En Guainía y Vichada, los pobladores se han desplazado por el retorno en los últimos dos años de las Farc. En la zona urbana de Putumayo los pobladores se han visto afectados por la llegada de ‘Los Rastrojos’ que buscan controlar el negocio del micro-tráfico de drogas, mientras en la zona rural hace presencia las Farc.

Sale exiliada viuda de agente del CTI desaparecido

Con el asesinato y desaparición de su esposo, en zona rural del municipio de Codazzi, junto a seis de sus compañeros que conformaban una comisión judicial, Claudia Balsero comenzó un largo camino para saber la verdad sin encontrar respuestas. Ella habló con VerdadAbierta.com antes de abandonar el país. "Colombia es un país anestesiado", dice.

Montada en un carro con vidrios oscuros, miró la calle que durante años recorrió para llegar a su casa en Valledupar. Solo dijo: “Para allá quedaba mi casa”. Fue en su última visita a la capital del Cesar, en febrero pasado, antes de irse a un país en el que tratará de reorganizar su vida, lejos de los recuerdos, de las víctimas a las que aprendió a ayudar, de sus amigos, pero lo más importante para ella: lejos del miedo a morir.

Claudia Balsero Giraldo llevaba una vida tranquila junto a su esposo Israel Roca Martínez, un técnico criminalístico que trabajaba en el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Valledupar. Todo marchaba bien, hasta el 9 de marzo del año 2000, cuando Israel salió a cumplir con su tarea como dactiloscopista.

Ese día conformaron a una comisión de siete funcionarios, quienes debían llegar a un paraje entre Minguillo y Verdecia, zona rural del municipio de Codazzi, norte del Cesar, donde exhumarían el cadáver de Tiburcio Rivera, un vendedor de paletas asesinado por paramilitares.

No obstante, los investigadores nunca llegaron. La comisión se desplazaba en dos vehículos, uno de ellos fue encontrado un mes después entre rastrojos, y el otro al año, quemado y abandonado en una finca de la zona.

Además de Israel Roca Martínez, fueron desaparecidos, hace ya 14 años, el odontólogo forense, Jaime Elías Barros; los técnicos Danilo Cabrera Aguancha y Hugo Quintero Solano; los investigadores, Edilberto Linares, Carlos Arturo Ibarra y Mario Abel Niño. La comisión desapareció en la trocha de Verdecia, jurisdicción de Codazzi. (Ver: Verdecia: la trocha del terror)

Claudia comenzó a liderar marchas para pedir resultados en las investigaciones, promovía reuniones junto con los familiares de los otros desaparecidos y se enteraba de noticias que cada día alejaban más la esperanza de volverlos a ver con vida.

En el 2000 se fortaleció el paramilitarismo en el Cesar con la conformación de varias facciones, entre ellas el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’, que operó por varios años en el centro del Cesar (zona minera). Para esa época, estaba comandado por John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’.

Los restos de su esposo y sus compañeros no aparecían y decidida a establecer la verdad de lo ocurrido consiguió una cita con Carlos Castaño, vocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien reconoció que ese hecho si lo habían perpetrado los paramilitares, pero aseveró que  fue “embarrada” que hicieron los del Cesar. (Ver: Desplazados y despojados por ayudar a agentes del CTI)

El activismo de Claudia para pedir justicia se hizo más evidente después de la desmovilización de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional. Con la fortaleza que la caracteriza, asistió a las versiones libres que rindió Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien fue condenado por este hecho, así como a las de alias ‘El Tigre’ y ‘Tolemaida’, los dos comandantes que tuvo el ‘Juan Andrés Álvarez’. (Ver: Condenan a 'Jorge 40' por desaparición de miembros del CTI)

Con cada versión aumentaba la confusión. Unos decían que los habían matado, descuartizado y enterrado, por eso fueron a una finca en el 2010 a buscar los restos, pero no encontraron nada; y otros, como Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario,’ reconoció que en la zona de Sabana Alta, Cesar, recibió los sacos con los cuerpos de los investigadores, y los tiró a un río. Lo cierto es que alias ‘El Tigre’ confesó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz su participación en la desaparición de los siete investigadores del CTI, sin que diera mayores datos al respecto.

Esta mujer, madre de cuatro hijos, que hace poco menos de un año asistió al primer encuentro de victimas de multinacionales y transnacionales en Valledupar y fue escogida como miembro de este movimiento de víctimas, sufrió por la persecución, las amenazas e intimidaciones que recibió de manera sistemática en su vehemencia por querer conocer la verdad.

Claudia siempre sintió miedo, pero eso no fue impedimento para declarar en el proceso que le sigue la justicia norteamericana a la multinacional Drummond por la muerte de tres sindicalistas. Fue por su denuncia que una Corte del Distrito de Columbia, en Washington, citó en 2010 al ex presidente Álvaro Uribe Vélez a comparecer en el juicio contra la firma norteamericana.

Ella cree que luego de ocho años de aplicación del proceso de Justicia y Paz, aún no se ha dicho toda la verdad y que muchos de los defensores de víctimas no tendrán garantías suficientes para proteger sus vidas.

La siguiente es la entrevista concedida por Claudia Balsero Giraldo a VerdadAbierta.com antes de salir al exilio.

V.A: ¿Por qué terminó involucrada en la defensa de los derechos de personas que, como usted, sufrieron la violencia paramilitar?

C.B: Porque desafortunadamente al vivir la desaparición de mi esposo, al ver con tristeza que las leyes fueron creadas para favorecer a los victimarios y no a las víctimas, que no se utilizan los recursos para esclarecer la verdad y como es mi caso, para buscar a los desaparecidos, mi compromiso, el amor filial, hizo que me convirtiera en investigadora, en psicóloga, en analista, en abogada. Empecé a darme cuenta de la cruda realidad que nos rodea, que me hizo entender que cuando uno quiere que algo pase, se debe vencer el miedo, dar a conocer lo sucedido, buscar ayuda para que el caso avance.

Vivimos en un país anestesiado, sin memoria. Precisamente por estas razones, decidí ayudar con mi experiencia a otras personas que han tenido que pasar por circunstancias parecidas y que quizás no han recorrido el camino que nosotros llevamos caminado. Siempre hago una reflexión en un tono de impotencia con el caso de mi esposo y sus compañeros: si se dieron todas estas anomalías, la falta de colaboración de las organizaciones del Estado, para con nuestro caso, siendo trabajadores del mismo Estado, ¿qué queda para los ciudadanos del común y más cuando esos ciudadanos son humildes y sin recursos?

V.A: ¿Cómo ha sido su trabajo a favor de las víctimas?

C.B: Ha sido duro. Lamentablemente los derechos de las víctimas a veces ni siquiera ellas mismas lo conocen, y si no conoces a lo que tienes derecho no puedes exigir que se respeten y mucho menos que se cumplan. Con lo que hice en estos 14 años aprendí a ser más humana, más sensible, pero a la vez más fuerte, a ir más allá de mis propios temores.

V.A: Tuvo el coraje de enfrentar a los más despiadados comandantes de las Auc, buscando la verdad sobre la muerte de su esposo. ¿Cómo fue esa experiencia?

C.B: Si bien no es de las mejores experiencias, es de las que más he aprendido en mi vida. Cuando escuchaba a estas personas hablar de las víctimas como un dato estadístico, de aquello que le hicieron, muchas veces con detalles que querían reventar mi corazón de dolor, y a ellos no se les notaba el mínimo asomo de arrepentimiento, cuando los escuchaba reconocer las barbaries cometidas y les daba lo mismo uno que mil, entendí que la vida, los derechos, realmente para nuestra sociedad, nuestro país, carecen de valor.

Me armé de paciencia para escuchar las muchas verdades que ellos cuentan sin saber realmente qué es cierto de lo que dicen, aprendí a dominar mis emociones. Cuando escuchaba cualquier excusa para asesinar, desaparecer, abusar o desplazar a tu ser querido, me llenaba de una impotencia que me acompaña todo el tiempo.

Cuando estos paramilitares hablan de todos los que les colaboraban, de todos a los que les hacían favores, de lo seguros que se sienten ante su salida de la cárcel, sin duda me enseñó a ver la vida desde otra perspectiva, a madurar y a entender que si quiero respuestas de lo sucedido tengo que buscar apoyo internacional porque con las leyes de mi país no lo vamos a conseguir.

V.A: ¿Usted se siente satisfecha con la verdad o cree que la verdad verdadera no se sabe aún?

C.B: La verdad verdadera no se sabe ni se sabrá nunca, mientras existan leyes como las que tenemos, leyes que favorecen a los victimarios. Mientras nuestros gobernantes sigan trabajando de la mano con los paramilitares, mientras las multinacionales sigan financiándolos y mientras las víctimas no los enfrentemos y vencemos el miedo para denunciarlos, las verdades de nuestro país seguirán enterradas, como nuestros desaparecidos.

V.A: Dio la cara en las versiones y audiencias de Justicia y Paz como vocera de víctimas y de su propio caso. ¿Eso le trajo repercusiones en su vida personal: amenazas, presiones o intimidaciones?

C.B: Si. Todo el tiempo amenazas, intimidaciones, nuestra lucha es contra un monstruo gigantesco.

V.A: ¿Abandona el país por esas razones?

C.B: Si, salgo para proteger a mi familia. En varias ocasiones salimos a diferentes ciudades pero siempre sabían dónde encontrarnos, no teníamos garantías de seguridad. Ahora que los paramilitares desmovilizados saldrán libres gracias a la ley de Justicia y paz, no tenemos garantías. Doy un paso al lado, pero desde donde esté seguiré trabajando con el movimiento para hacer las respectivas denuncias internacionales sobre los casos que acompañamos.

V.A: ¿Qué esperas de la justicia?

C.B: De la de mi país nada. Tengo esperanza que los organismos internacionales puedan hacer algo por nosotros y el resto se lo dejo a la justicia divina.

V.A: Algún mensaje para las víctimas.

C.B: Que no perdamos la esperanza, que hay que vencer el miedo, somos los rostros, la voz de los que ya no están, somos los encargados de que nuestro país tenga memoria, de hacer que nuestra historia cambie, para darles un mejor país a nuestros hijos.

Las víctimas, los familiares de las víctimas, somos los lideres empíricos, no elegimos vivir una historia que marcó nuestras vidas, pero si es nuestra elección dar a conocer quiénes eran los que ya no están y no dejar que se conviertan en una cifra más, a nosotros nos mueve el corazón, no dejemos que nadie detenga nuestro sentir.

En Colombia continúan los desplazamientos: CICR

En algunas regiones del país la situación humanitaria sigue siendo crítica. El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un informe sobre los desafíos en relación con las condiciones de la población y el respeto de los derechos humanos.

desplazamientos-cicr-2014Aunque el gobierno adelanta un proceso de negociación con las Farc y hay expectativas sobre el resultado de estas negociaciones, varias regiones siguen siendo azotadas por dramas humanitarios. Así lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en su más reciente informe sobre las acciones que ha realizado en el país, en el que se señalan también problemas de acceso a servicios básicos, contaminación por armas, desaparición, violencia en las áreas urbanas, destrucción de bienes civiles y desplazamientos forzados.

Los departamentos con más problemas humanitarios son los que están en el sur y el occidente, así como Antioquia y Norte de Santander. De estos dramas, el desplazamiento sigue aumentando los registros oficiales de víctimas. Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Colombia hay 5,4 millones de personas expulsadas de sus territorios. Durante 2013 el organismo humanitario documentó desplazamientos masivos, de más de 50 personas, en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

El Cicr advierte que también hubo desplazamientos individuales sobre todo en Cauca, Caquetá, Guaviare, Nariño, Putumayo y Valle. “En ambos casos -desplazamientos individuales y masivos- los lugares más afectados fueron similares a los de 2012”, indica el informe. Una gran parte de esos desplazamientos de los que tuvo conocimiento fueron intraurbanos, es decir, dentro de las ciudades, muchos de ellos causados por  asesinatos, amenazas, violencia sexual, robo de bienes y amenazas de reclutamiento.

El organismo humanitario advirtió sobre la restricción al movimiento que tienen comunidades del sur de Bolívar, el Bajo cauca antioqueño y el Chocó, donde los actores armados les impiden acceder a alimentos, insumos médicos o no los dejan comercializar sus cosechas. Sin embargo, para la Cicr hay ejemplos de comunidades que pese a la tragedia han resistido, como es el caso de los indígenas del resguardo Magüí, de la comunidad Awá en Nariño, donde pese a los asesinatos, combates, bombardeos, reclutamientos y accidentes por artefactos explosivos los indígenas decidieron sobrevivir criando animales de corral. “Si uno tiene sus animales en un corral no tiene que salir tanto a la montaña, que es peligrosa”, le dijo una mujer al Cicr.

La desaparición es otro drama que persiste. Durante el 2013 se reportaron 7.464 desapariciones, reflejando una leve disminución frente a 2012, cuando se registraron 7.547 personas desaparecidas. En el acumulado, 67.195 personas seguían desaparecidas al finalizar diciembre. Frente a este flagelo, el Cicr conceptuó que “las respuestas son escasas y el desafío de las autoridades para resolver las muchas preguntas se incrementa cada año”. Además, señaló que las familias de las víctimas “necesitan saber que no están solas y que sus carencias materiales y psicosociales sean tenidas en cuenta”.

Al organismo humanitario también le preocupan los explosivos de guerra y las minas antipersona que dejaron los actores armados en el territorio. “Prueba de este reto son los accidentes que se han venido registrando en zonas de restitución de tierras a víctimas del conflicto y en lugares con alta población flotante”.

Para el Cicr, la contaminación por armas “será uno de los principales problemas que Colombia tendrá que afrontar tras un eventual fin del conflicto. Esta problemática incluye los artefactos explosivos improvisados, los restos explosivos de guerra y las minas antipersona, que representan un peligro para la población décadas después de terminado el enfrentamiento armado”.

Uno de los principios del Derecho Internacional Humanitario es la distinción entre personas civiles y combatientes, así como entre bienes de las personas civiles y bienes de carácter militar. Las normas advierten que “la población civil nunca debe ser atacada ni sus bienes, ocupados, saqueados o destruidos”.

No obstante, la confrontación armada que padece el país no hace ese tipo de distinciones. En 2013 el CICR documentó 100 casos en que esa precaución no se habría tenido en cuenta. “Entre otros, se presentaron casos de viviendas destruidas durante ataques dirigidos contra instalaciones consideradas objetivos militares, así como daños a puestos de salud y escuelas ocupadas por una de las partes. Si bien en 2012 fueron 193 los hechos registrados, la cifra de 2013 sigue siendo alarmante”.

Finalmente, la Cicr advirtió que durante el año pasado fue más difícil realizar su labor humanitaria en relación con 2012. “El aumento de las amenazas y los ataques contra la Misión Médica (personal, infraestructura y transporte sanitarios) fue alarmante”. Mientras en 2012 fueron 88 los casos que el organismo documentó de obstaculización a su trabajo, este año lo fueron 225 casos principalmente en Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño y Norte de Santander (Lea el informe aquí).

Doce personas de la familia Padilla masacradas por su tierra

Con el reciente homicidio del reclamante de tierras, Gildardo Padilla Ortega, los sobrevivientes huyen sin paradero conocido y, según varias fuentes allegadas, no consiguen que el gobierno los proteja. Perdieron padres, hermanos y su tierra, y nadie parece conmoverse con su terrible historia.

padilla-300x200Gildardo Padilla Ortega, reclamante de tierras asesinado.Gildardo Padilla Ortega, un reclamante de tierras, se había reunido en Apartadó con funcionarios de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía el 29 de octubre de 2013. Su declaración fue tenida en cuenta para la captura del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez y otras dos personas señaladas de relacionarse presuntamente con paramilitares para despojar 7.000 hectáreas de tierras en el Urabá.

Apenas dos semanas después, el 17 de noviembre Padilla fue asesinado en su finca en la vereda La Rula de Valencia, Córdoba. Personas cercanas al valiente agricultor están seguras que lo mataron por su testimonio a la justicia. Es que, según explicaron, la violencia contra esta familia no empezó este año. Han sido veinte largos años de asesinatos, persecución, despojo y miedo. En la familia Padilla han caído por las balas de paramilitares padre, madre, ocho hijos, un cuñado y una sobrinita de seis años. Les han robado además tres fincas.

Los Padilla Ortega son recordados en la zona del Urabá como una familia de campesinos que vivía de los cultivos y de la ganadería en la finca Las Gardenias, vereda La Rula, de San Pedro de Urabá. El dueño de esta propiedad de 500 hectáreas era Alejandro Padilla, padre de 13 hijos, 11 varones y dos mujeres.

Para fines de 1994, después de años de trabajo, Alejandro ya poseía 750 reses en su finca y tenía una buena vida. El 29 de noviembre todo eso terminó. Cien hombres comandados por Salvatore Mancuso llegaron a Las Gardenias preguntando por él. Como el papá no se encontraba le pidieron a sus hijos Valdemiro, Estanislao y Roberto que los acompañaran hacia un cerro. Los tres hermanos pararon de ordeñar sus vacas y subieron la colina. Mientras eran conducidos a la fuerza, se encontraron a un trabajador de la finca al que le decían ‘el Manco’, al que también se lo llevaron. Unos metros más arriba, en la cima, fueron decapitados los cuatro.

Aterrorizado y golpeado por el asesinato de tres de sus hijos, Alejandro nunca regresó a Las Gardenias. Ocho días más tarde los paramilitares se llevaron las 750 reses de la finca. El pánico entonces forzó a la esposa de Alejandro, Evangelina Ortega, quien todavía vivía en la finca con los diez hijos que le quedaban a huir en compañía de ellos y sus nietos. Según les hicieron saber entonces, la orden de despojarlos de su finca y su ganado la habían dado los propios hermanos Carlos y Vicente Castaño, y sus lugartenientes; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’ la estaban cumpliendo sin piedad.

La Fiscalía, que investigó el caso, descubrió que el interés de las Auc en esa propiedad era estratégico; era un punto útil en sus corredores de tráfico de drogas. (Ver: “Confirman condena de 40 años a Mancuso por asesinato una familia”).

Intentando volver a empezar y superar su tragedia, los Padilla Ortega se trasladaron al Chocó y adquirieron una finca de 145 hectáreas en el corregimiento Belén de Bajirá, de Riosucio. No duraron mucho tiempo, pues en 1997 llegaron a esta región los paramilitares y no tardaron en preguntar por él. Se fugaron de nuevo dejando todo atrás.

Las autoridades han establecido que esa propiedad quedó en manos del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez, precisamente la persona detenida el pasado 3 de diciembre, junto con otras dos personas, a raíz de las declaraciones a la justicia de Gildardo. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?) Según La Unidad de Contexto de la Fiscalía, los tres hacían parte de un “plan criminal que se gestó en Urabá entre narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apropiarse de estos territorios”.

El ente acusador señaló que Cantero y sus cómplices, entre ellas su esposa, también capturada, se apoderaron de 7.000 mil hectáreas de tierras. Los predios despojados pertenecían a 94 personas integrantes de 14 familias que fueron desplazados entre 1996 y 1998. 

Luego del despojo en el Chocó, Alejandro ya no tenía dinero para comprar una vivienda y llevar a toda su familia. Se fue a Córdoba, al pueblo de Morrocoy (Sahagún) y arrendó allí una casa. “Para esa fecha él ya estaba muriendo, es decir, ya los Padilla no tenían plata para vivir como antes, y empezaron a huir de un lado para otro sin tener nada”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoció su historia.

Ni aun habiéndolo ya humillado y perseguido, los paramilitares dejaron tranquila a esa familia. El 19 de mayo de 1997, otra vez los hombres armados y camuflados entraron a su casa y los asesinaron, junto con su esposa Evangelina, sus hijos Alejandro y Aminarat, su cuñado Edilberto Contreras Díaz y su sobrina Olfady del Carmen Contreras Díaz de 6 años. Los ametrallaron y, sin importales si alguno había quedado vivo, le prendieron candela al rancho con ellos adentro.

Cuatro meses después, el 15 de septiembre, otro grupo de paramilitares mató a otros dos hermanos Padilla Ortega, a Sofanor y Vladimiro, quienes vivían en el municipio de Chigorodó, Antioquia; con ellos dos completaron padre, madre, tío, sobrina y siete hermanos asesinados.

“No les habían vuelto a hacer nada hasta ahorita, cuando mataron a Gildardo en noviembre (de 2013)”, dijo la persona que conoce a los Padilla y habló con VerdadAbierta.com. Con el homicidio de Gilberto, sus cuatro hermanos sobrevivientes salieron huyendo de Valencia, donde nada saben de su paradero. Pero gente que ha tenido contacto con ellos después cuentan que están aterrorizados, sin dinero, y sufriendo terribles pesadillas.

Por los crímenes contra la familia Padilla y el trabajador que cayó con ellos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Mancuso el 3 de septiembre de 2008 a 40 años de cárcel, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado y a un pago de 600 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas. Mancuso, hoy preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, no ha girado el dinero, ni la justicia se lo ha quitado para dárselos a los sobrevivientes.

El otro presunto responsable del exterminio de los Padilla por el que personas cercanas a la familia piden jusitica es Roldán, alias ‘Monoleche’, hoy preso y procesado por la Unidad de Justicia y Paz, quien no ha sido investigado.

“Es increíble que a ellos los sigan matando y el gobierno no haya hecho nada ¡Tantos años!”, dice descorazonado un habitante del Urabá que era cercano a ellos. “Uno ve que cuando sacan de la cárcel a ‘Monoleche’, él llega aquí escoltado con un mundo de policía para hacer esas diligencias. Y ellos que son las víctimas no les ponen ni un policía”.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com con las autoridades, los Padilla sobrevivientes están buscando desesperadamente quién los proteja, pero hasta ahora no lo han conseguido. “¿Cómo es posible que a ellos le hayan masacrado la familia desde el 94 y el gobierno no haya hecho nada para protegerlos?”, dice.

En Valencia, dijo una fuente, anda corriendo un rumor que los buscan para matarlos.


Homicidios para ocultar el despojo
Habitantes del municipio de Valencia, Córdoba, consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que otros campesinos reclamantes de tierras, además de los hermanos sobrevivientes Padilla Ortega, han salido desplazadas en los últimos días, temiendo por sus vidas, después del homicidio de Gildardo, pues ya otros líderes reclamantes habían caído antes que él.

El 9 de abril de este año fue asesinado en zona céntrica de Valencia, Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa de Víctimas de este municipio. Su muerte se produjo luego de regresar de una reunión con funcionarios de la Administración Municipal con quienes coordinaba la realización de actos conmemorativos al Día de las Víctimas.

La ciudadanía y la Defensoría del Pueblo ya han advertido al gobierno nacional sobre la situación. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N. 032-13, del 23 de septiembre de 2013 le recomendó al Ministerio del Interior emitir Alerta Temprana para los municipios de Valencia y Montería, debido al alto riesgo de seguridad de “las víctimas de despojo en ambos municipios, de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, de los campesinos que fueron objeto de restitución de tierras, de los miembros de asociación de campesinos desplazados de Santa Paula”, entre otros. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?)

El SAT atribuye las causas de la violencia en la zona a las bandas emergentes, especialmente ‘Los Urabeños’, que sostienen guerras con otras bandas rivales para consolidar su control en el negocio del narcotráfico. En Valencia la gente sabe quiénes hacen parte de las bandas y saben también que quieren matar a los despojados que tramitan que les devuelvan sus fincas. Los armados quieren quedarse con las tierras que se robaron. “No quieren dejar testigos del robo que hicieron para no devolver nada”, explica una autoridad local.

Los pobladores también aseguran que es difícil confiar en los funcionarios locales. “Ellos se ven por ahí andando con gente maluca, este es un pueblo, entre todos nos conocemos y uno sabe quiénes son los buenos y los malos”, dice uno de ellos. Comentan que el hecho de que Gildardo haya sido asesinado días después de reunirse con funcionarios de la Fiscalía ha generado más desconfianza en las instituciones. “Esa gente está por todas partes, usted sabe que esos grupos están por todo el país y donde sea lo encuentran a uno y se dan cuenta qué está haciendo, ¿cómo se dieron cuenta que Gildardo había ido hasta Apartadó para hablar con gente de la Fiscalía?”.

Otro comentó airado: “El gobierno hizo bien en sacar la Ley de Víctimas y de Tierras, pero eso sirve en un 50 por ciento porque no existe un apoyo por parte de las autoridades locales hacia las víctimas”.