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En Colombia continúan los desplazamientos: CICR

En algunas regiones del país la situación humanitaria sigue siendo crítica. El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un informe sobre los desafíos en relación con las condiciones de la población y el respeto de los derechos humanos.

desplazamientos-cicr-2014Aunque el gobierno adelanta un proceso de negociación con las Farc y hay expectativas sobre el resultado de estas negociaciones, varias regiones siguen siendo azotadas por dramas humanitarios. Así lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en su más reciente informe sobre las acciones que ha realizado en el país, en el que se señalan también problemas de acceso a servicios básicos, contaminación por armas, desaparición, violencia en las áreas urbanas, destrucción de bienes civiles y desplazamientos forzados.

Los departamentos con más problemas humanitarios son los que están en el sur y el occidente, así como Antioquia y Norte de Santander. De estos dramas, el desplazamiento sigue aumentando los registros oficiales de víctimas. Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Colombia hay 5,4 millones de personas expulsadas de sus territorios. Durante 2013 el organismo humanitario documentó desplazamientos masivos, de más de 50 personas, en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

El Cicr advierte que también hubo desplazamientos individuales sobre todo en Cauca, Caquetá, Guaviare, Nariño, Putumayo y Valle. “En ambos casos -desplazamientos individuales y masivos- los lugares más afectados fueron similares a los de 2012”, indica el informe. Una gran parte de esos desplazamientos de los que tuvo conocimiento fueron intraurbanos, es decir, dentro de las ciudades, muchos de ellos causados por  asesinatos, amenazas, violencia sexual, robo de bienes y amenazas de reclutamiento.

El organismo humanitario advirtió sobre la restricción al movimiento que tienen comunidades del sur de Bolívar, el Bajo cauca antioqueño y el Chocó, donde los actores armados les impiden acceder a alimentos, insumos médicos o no los dejan comercializar sus cosechas. Sin embargo, para la Cicr hay ejemplos de comunidades que pese a la tragedia han resistido, como es el caso de los indígenas del resguardo Magüí, de la comunidad Awá en Nariño, donde pese a los asesinatos, combates, bombardeos, reclutamientos y accidentes por artefactos explosivos los indígenas decidieron sobrevivir criando animales de corral. “Si uno tiene sus animales en un corral no tiene que salir tanto a la montaña, que es peligrosa”, le dijo una mujer al Cicr.

La desaparición es otro drama que persiste. Durante el 2013 se reportaron 7.464 desapariciones, reflejando una leve disminución frente a 2012, cuando se registraron 7.547 personas desaparecidas. En el acumulado, 67.195 personas seguían desaparecidas al finalizar diciembre. Frente a este flagelo, el Cicr conceptuó que “las respuestas son escasas y el desafío de las autoridades para resolver las muchas preguntas se incrementa cada año”. Además, señaló que las familias de las víctimas “necesitan saber que no están solas y que sus carencias materiales y psicosociales sean tenidas en cuenta”.

Al organismo humanitario también le preocupan los explosivos de guerra y las minas antipersona que dejaron los actores armados en el territorio. “Prueba de este reto son los accidentes que se han venido registrando en zonas de restitución de tierras a víctimas del conflicto y en lugares con alta población flotante”.

Para el Cicr, la contaminación por armas “será uno de los principales problemas que Colombia tendrá que afrontar tras un eventual fin del conflicto. Esta problemática incluye los artefactos explosivos improvisados, los restos explosivos de guerra y las minas antipersona, que representan un peligro para la población décadas después de terminado el enfrentamiento armado”.

Uno de los principios del Derecho Internacional Humanitario es la distinción entre personas civiles y combatientes, así como entre bienes de las personas civiles y bienes de carácter militar. Las normas advierten que “la población civil nunca debe ser atacada ni sus bienes, ocupados, saqueados o destruidos”.

No obstante, la confrontación armada que padece el país no hace ese tipo de distinciones. En 2013 el CICR documentó 100 casos en que esa precaución no se habría tenido en cuenta. “Entre otros, se presentaron casos de viviendas destruidas durante ataques dirigidos contra instalaciones consideradas objetivos militares, así como daños a puestos de salud y escuelas ocupadas por una de las partes. Si bien en 2012 fueron 193 los hechos registrados, la cifra de 2013 sigue siendo alarmante”.

Finalmente, la Cicr advirtió que durante el año pasado fue más difícil realizar su labor humanitaria en relación con 2012. “El aumento de las amenazas y los ataques contra la Misión Médica (personal, infraestructura y transporte sanitarios) fue alarmante”. Mientras en 2012 fueron 88 los casos que el organismo documentó de obstaculización a su trabajo, este año lo fueron 225 casos principalmente en Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño y Norte de Santander (Lea el informe aquí).

Sale exiliada viuda de agente del CTI desaparecido

Con el asesinato y desaparición de su esposo, en zona rural del municipio de Codazzi, junto a seis de sus compañeros que conformaban una comisión judicial, Claudia Balsero comenzó un largo camino para saber la verdad sin encontrar respuestas. Ella habló con VerdadAbierta.com antes de abandonar el país. "Colombia es un país anestesiado", dice.

Montada en un carro con vidrios oscuros, miró la calle que durante años recorrió para llegar a su casa en Valledupar. Solo dijo: “Para allá quedaba mi casa”. Fue en su última visita a la capital del Cesar, en febrero pasado, antes de irse a un país en el que tratará de reorganizar su vida, lejos de los recuerdos, de las víctimas a las que aprendió a ayudar, de sus amigos, pero lo más importante para ella: lejos del miedo a morir.

Claudia Balsero Giraldo llevaba una vida tranquila junto a su esposo Israel Roca Martínez, un técnico criminalístico que trabajaba en el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Valledupar. Todo marchaba bien, hasta el 9 de marzo del año 2000, cuando Israel salió a cumplir con su tarea como dactiloscopista.

Ese día conformaron a una comisión de siete funcionarios, quienes debían llegar a un paraje entre Minguillo y Verdecia, zona rural del municipio de Codazzi, norte del Cesar, donde exhumarían el cadáver de Tiburcio Rivera, un vendedor de paletas asesinado por paramilitares.

No obstante, los investigadores nunca llegaron. La comisión se desplazaba en dos vehículos, uno de ellos fue encontrado un mes después entre rastrojos, y el otro al año, quemado y abandonado en una finca de la zona.

Además de Israel Roca Martínez, fueron desaparecidos, hace ya 14 años, el odontólogo forense, Jaime Elías Barros; los técnicos Danilo Cabrera Aguancha y Hugo Quintero Solano; los investigadores, Edilberto Linares, Carlos Arturo Ibarra y Mario Abel Niño. La comisión desapareció en la trocha de Verdecia, jurisdicción de Codazzi. (Ver: Verdecia: la trocha del terror)

Claudia comenzó a liderar marchas para pedir resultados en las investigaciones, promovía reuniones junto con los familiares de los otros desaparecidos y se enteraba de noticias que cada día alejaban más la esperanza de volverlos a ver con vida.

En el 2000 se fortaleció el paramilitarismo en el Cesar con la conformación de varias facciones, entre ellas el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’, que operó por varios años en el centro del Cesar (zona minera). Para esa época, estaba comandado por John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’.

Los restos de su esposo y sus compañeros no aparecían y decidida a establecer la verdad de lo ocurrido consiguió una cita con Carlos Castaño, vocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien reconoció que ese hecho si lo habían perpetrado los paramilitares, pero aseveró que  fue “embarrada” que hicieron los del Cesar. (Ver: Desplazados y despojados por ayudar a agentes del CTI)

El activismo de Claudia para pedir justicia se hizo más evidente después de la desmovilización de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional. Con la fortaleza que la caracteriza, asistió a las versiones libres que rindió Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien fue condenado por este hecho, así como a las de alias ‘El Tigre’ y ‘Tolemaida’, los dos comandantes que tuvo el ‘Juan Andrés Álvarez’. (Ver: Condenan a 'Jorge 40' por desaparición de miembros del CTI)

Con cada versión aumentaba la confusión. Unos decían que los habían matado, descuartizado y enterrado, por eso fueron a una finca en el 2010 a buscar los restos, pero no encontraron nada; y otros, como Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario,’ reconoció que en la zona de Sabana Alta, Cesar, recibió los sacos con los cuerpos de los investigadores, y los tiró a un río. Lo cierto es que alias ‘El Tigre’ confesó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz su participación en la desaparición de los siete investigadores del CTI, sin que diera mayores datos al respecto.

Esta mujer, madre de cuatro hijos, que hace poco menos de un año asistió al primer encuentro de victimas de multinacionales y transnacionales en Valledupar y fue escogida como miembro de este movimiento de víctimas, sufrió por la persecución, las amenazas e intimidaciones que recibió de manera sistemática en su vehemencia por querer conocer la verdad.

Claudia siempre sintió miedo, pero eso no fue impedimento para declarar en el proceso que le sigue la justicia norteamericana a la multinacional Drummond por la muerte de tres sindicalistas. Fue por su denuncia que una Corte del Distrito de Columbia, en Washington, citó en 2010 al ex presidente Álvaro Uribe Vélez a comparecer en el juicio contra la firma norteamericana.

Ella cree que luego de ocho años de aplicación del proceso de Justicia y Paz, aún no se ha dicho toda la verdad y que muchos de los defensores de víctimas no tendrán garantías suficientes para proteger sus vidas.

La siguiente es la entrevista concedida por Claudia Balsero Giraldo a VerdadAbierta.com antes de salir al exilio.

V.A: ¿Por qué terminó involucrada en la defensa de los derechos de personas que, como usted, sufrieron la violencia paramilitar?

C.B: Porque desafortunadamente al vivir la desaparición de mi esposo, al ver con tristeza que las leyes fueron creadas para favorecer a los victimarios y no a las víctimas, que no se utilizan los recursos para esclarecer la verdad y como es mi caso, para buscar a los desaparecidos, mi compromiso, el amor filial, hizo que me convirtiera en investigadora, en psicóloga, en analista, en abogada. Empecé a darme cuenta de la cruda realidad que nos rodea, que me hizo entender que cuando uno quiere que algo pase, se debe vencer el miedo, dar a conocer lo sucedido, buscar ayuda para que el caso avance.

Vivimos en un país anestesiado, sin memoria. Precisamente por estas razones, decidí ayudar con mi experiencia a otras personas que han tenido que pasar por circunstancias parecidas y que quizás no han recorrido el camino que nosotros llevamos caminado. Siempre hago una reflexión en un tono de impotencia con el caso de mi esposo y sus compañeros: si se dieron todas estas anomalías, la falta de colaboración de las organizaciones del Estado, para con nuestro caso, siendo trabajadores del mismo Estado, ¿qué queda para los ciudadanos del común y más cuando esos ciudadanos son humildes y sin recursos?

V.A: ¿Cómo ha sido su trabajo a favor de las víctimas?

C.B: Ha sido duro. Lamentablemente los derechos de las víctimas a veces ni siquiera ellas mismas lo conocen, y si no conoces a lo que tienes derecho no puedes exigir que se respeten y mucho menos que se cumplan. Con lo que hice en estos 14 años aprendí a ser más humana, más sensible, pero a la vez más fuerte, a ir más allá de mis propios temores.

V.A: Tuvo el coraje de enfrentar a los más despiadados comandantes de las Auc, buscando la verdad sobre la muerte de su esposo. ¿Cómo fue esa experiencia?

C.B: Si bien no es de las mejores experiencias, es de las que más he aprendido en mi vida. Cuando escuchaba a estas personas hablar de las víctimas como un dato estadístico, de aquello que le hicieron, muchas veces con detalles que querían reventar mi corazón de dolor, y a ellos no se les notaba el mínimo asomo de arrepentimiento, cuando los escuchaba reconocer las barbaries cometidas y les daba lo mismo uno que mil, entendí que la vida, los derechos, realmente para nuestra sociedad, nuestro país, carecen de valor.

Me armé de paciencia para escuchar las muchas verdades que ellos cuentan sin saber realmente qué es cierto de lo que dicen, aprendí a dominar mis emociones. Cuando escuchaba cualquier excusa para asesinar, desaparecer, abusar o desplazar a tu ser querido, me llenaba de una impotencia que me acompaña todo el tiempo.

Cuando estos paramilitares hablan de todos los que les colaboraban, de todos a los que les hacían favores, de lo seguros que se sienten ante su salida de la cárcel, sin duda me enseñó a ver la vida desde otra perspectiva, a madurar y a entender que si quiero respuestas de lo sucedido tengo que buscar apoyo internacional porque con las leyes de mi país no lo vamos a conseguir.

V.A: ¿Usted se siente satisfecha con la verdad o cree que la verdad verdadera no se sabe aún?

C.B: La verdad verdadera no se sabe ni se sabrá nunca, mientras existan leyes como las que tenemos, leyes que favorecen a los victimarios. Mientras nuestros gobernantes sigan trabajando de la mano con los paramilitares, mientras las multinacionales sigan financiándolos y mientras las víctimas no los enfrentemos y vencemos el miedo para denunciarlos, las verdades de nuestro país seguirán enterradas, como nuestros desaparecidos.

V.A: Dio la cara en las versiones y audiencias de Justicia y Paz como vocera de víctimas y de su propio caso. ¿Eso le trajo repercusiones en su vida personal: amenazas, presiones o intimidaciones?

C.B: Si. Todo el tiempo amenazas, intimidaciones, nuestra lucha es contra un monstruo gigantesco.

V.A: ¿Abandona el país por esas razones?

C.B: Si, salgo para proteger a mi familia. En varias ocasiones salimos a diferentes ciudades pero siempre sabían dónde encontrarnos, no teníamos garantías de seguridad. Ahora que los paramilitares desmovilizados saldrán libres gracias a la ley de Justicia y paz, no tenemos garantías. Doy un paso al lado, pero desde donde esté seguiré trabajando con el movimiento para hacer las respectivas denuncias internacionales sobre los casos que acompañamos.

V.A: ¿Qué esperas de la justicia?

C.B: De la de mi país nada. Tengo esperanza que los organismos internacionales puedan hacer algo por nosotros y el resto se lo dejo a la justicia divina.

V.A: Algún mensaje para las víctimas.

C.B: Que no perdamos la esperanza, que hay que vencer el miedo, somos los rostros, la voz de los que ya no están, somos los encargados de que nuestro país tenga memoria, de hacer que nuestra historia cambie, para darles un mejor país a nuestros hijos.

Las víctimas, los familiares de las víctimas, somos los lideres empíricos, no elegimos vivir una historia que marcó nuestras vidas, pero si es nuestra elección dar a conocer quiénes eran los que ya no están y no dejar que se conviertan en una cifra más, a nosotros nos mueve el corazón, no dejemos que nadie detenga nuestro sentir.

Mujeres desplazadas del Baudó

En el municipio chocoano del Alto Baudó varias mujeres se desplazaron por la presencia de guerrilla y paramilitares en las décadas del 90 y del 2000. La Ruta Pacífica cuenta las historias de estas víctimas del desplazamiento.

El conflicto narrado por mujeres


De la tranquilidad a la presencia armada y el desplazamiento
El departamento del Chocó localizado en el noroeste del país y ubicado en la región del Pacífico está conformado por las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, y tiene como capital el puerto fluvial de Quibdó. Alto Baudó es un municipio del departamento situado en el valle del río Baudó, y su cabecera, Pie de Pató, está a 50 m. sobre el nivel del mar y a 80 km. al sur de la capital del departamento. Como en el resto del departamento, predomina la población afrodescendiente que alcanza un poco más del 70%, seguida por una alta presencia indígena (26.67%) que habitan en resguardos legalmente constituidos. El Baudó era una región que no había sido objeto de los embates de la violencia hasta que allí hizo presencia el conflicto armado con sus diferentes protagonistas.

La vida en Baudó era muy buena, placentera, sabrosa, bonita en su tierra. Se vivía sin temor, sin problemas, sin preocupación. Ahora ¿quién vive así? Yo dejaba a los hijos míos cuando se acostaban afuera de la casa. Los acostaba y ahí los dejaba. Dormía uno con la puerta abierta que le entrara aire. Se iban los hombres a cazar por las montañas. Ya los hombres ya no van a montear porque el que salga para allá lo desaparecen y ya no regresa más a su casa. Ya han estado desapareciendo a las personas.

Las mujeres relatan cómo a partir de mediados la década del noventa del siglo pasado comienzan los hechos de violencia política y la situación en la región se empieza a deteriorar con la presencia de las organizaciones guerrilleras.

En el año 94 el EPL mató a don Evaristo. Supongo que había presencia del EPL en ese tiempo. En la zona después estaba esta organización en defensa del territorio de los afros que se llama Benkos Biohó, que paró un poco la violencia contra los afros que provenía del ejército, del EPL. Palacios perteneció al EPL. Era un terrorista. Violaba, mataba y hacía de todo.

También sucedió en el 94. Ellos llegaron buscando dos tipos que estaban en Pie de Pató. Entonces el uno se le fugó y hasta hoy no ha vuelto al Chocó, se les escapó. El otro lo cogieron y lo mataron delante de la gente. Palacios le echó el brazo y se lo llevó hasta la cancha y allá mandó que lo colocaran boca abajo y lo mataron. Edward se llamaba él. Estos asesinatos los efectuó Palacios y desde allí empezaron la gente a desplazarse del Baudó.

Estaba en ese tiempo. Cuando mataron a Misael Soto Córdoba, que era el alcalde del municipio. Todo esto fue antes del 2000 cuando inició la batalla. Todo fue un proceso del desplazamiento. Mucha gente fue asesinada. Mucha. Al papá y al hijo. Eso era que violaban, mataban.

En el 96 ya salió el EPL y llegó el ELN. Hicieron esa reunión colectiva en todo el pueblo y mataron a ciertos líderes. A Román, Romancito y a otras personas.

Con el ingreso de las organizaciones guerrilleras, surge en esa región un grupo armado no estatal autodenominado Benkos Biohó. Para las mujeres este grupo surge para la defensa del territorio y de la población afrodescendiente.

Primero entró el EPL y luego entraron los Benkos Biohó… porque los otros estaban matando mucho, demasiado. Cuando entraron los Benkos Biohó fue que pararon. Ellos como eran negros, no aceptaban que mataran su raza.

Benkos Biohó, eran afros armados defensores de la población. Como lo cuentan las compañeras empezaron a ver múltiples asesinatos selectivos y después de eso es que aparece en el Baudó como una organización de afros en la defensa del territorio y de la vida de los afros.

Tenían ideales como los de la guerrilla pero en la defensa de la población afro. Del trasegar de ellos en la historia no se tiene mayor conocimiento en qué terminaron o como si se hubieran exterminado.

Aunque en esta época se presentaron algunos desplazamientos individuales, las mujeres señalan que fue con el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia cuando se inician los desplazamientos masivos. Señalan que en 2001 se presenta el primer destierro colectivo.

En el 2001, el 6 de julio fue cuando ellos llegaron y amenazaron a todo el pueblo, que tenían que desocupar. Prácticamente en ese tiempo la gente toda se desplazó por el miedo para acá para Quibdó y para otras partes, porque uno no sabía a ciencia cierta qué era lo que iban a hacer… Quemaron casas, hicieron requisas, saqueaban las casas, las pintaron y todo el mundo por temor salió y se fue.

En el 2001 fue el desplazamiento masivo… En el momento que ellos dijeron que se iban todo el mundo salió del pueblo. El pueblo quedó desolado. Todos esos pueblos del Baudó quedaron desolados.

Algunas familias retornaron en diciembre del 2002. Esa experiencia de regresar a su lugar de origen no fue nada fácil, no solo por lo que encontraron sino porque la violencia continuó.

En el retorno fue donde estaban esperando al marido mío para matarlo en el Afirmado. El día que él llegó ese mismo día le tocó salir… Cuando llegó allá, ahí mismo los del pueblo le dijeron “piérdase”. Le hicieron seguimiento y lo mataron aquí en Quibdó.

En el primer retorno se volvió al mismo lugar. A pasar trabajo, por la sencilla razón de que allá tenía la gente sus parcelas, sus gallinas, su casita, lo que le habían dejado. Pero uno llegó allá y no había ni gallina, ni cerdo, nada de esas cosas.

Retornamos en diciembre y el 5 de febrero del 2003 nos tuvimos que regresar. Algunas personas no retornaron y otras volvieron haciendo resistencia. 

Una vez más, como lo indica el testimonio inmediatamente citado, los habitantes del Baudó se vieron abocados a un posterior desplazamiento en el año 2003. El recrudecimiento de la violencia política en este último año en el Alto Baudó es denunciado por las mujeres.

Nosotros habíamos retornado al Baudó a trabajar, retornamos el 22 de diciembre de 2002. En el 2003 hubo enfrentamiento entre la guerrilla del ELN con los paramilitares en el pueblo y nos volvimos a desplazar.

En el 2003 mataron a un hermano mío… Llegar y tocar la puerta de la casa a las cinco de la mañana y uno salir. Invitarlo a uno a una reunión y cogerlo y matarlo ahí al frente de todos, incluidos niños. Todos que vieran hacer lo que ellos estaban haciendo.

Las mujeres en el Baudó no escaparon a la muerte directa por parte de los grupos armados. A continuación, se mencionan dos casos denunciados en distintos periodos.

Ha habido violencias con las mujeres. Hubo una enfermera que la mataron. Eso fue en el 94, fue el EPL que mataron a los dos hermanos… cogieron al finado y lo mataron, y ahí mismo fueron y buscaron a la hermanita. Estaba en medio de los dos viejitos. La halaron al patio y ahí mismo la mataron. Ese día iba para su punto de trabajo. No sé qué se le quedó y regresó. Una vez regresó fue a la muerte.

En Antadó la Punta, había una pelada que se llamaba Marlen. De allí se la llevaron. Estaba durmiendo con su señor y su peladito. Se la llevaron y la mataron por allá. No apareció. Estaba embarazada.

Los habitantes del Baudó lograron durante años sobrevivir con la presencia de diferentes organizaciones armadas, lo que hizo que las comunidades y su región sean estigmatizadas y acusadas de favorecer a una u otra parte del conflicto. La constricción comunitaria a colaborar de forma forzada por la convivencia en una zona bajo control por parte de diferentes actores, conllevó acusaciones cruzadas que aumentaron su nivel de inseguridad y la arbitrariedad de los actores armados.

Nosotros no podemos decir “no entren”. Si nos dicen “denos un vaso de agua” nosotros no nos podemos negar. Tenemos un problema serio porque van a decir que estamos aliados con los otros.

Allá han metido a personas secuestradas y uno no sabe. Los secuestran, los meten allá y al final dicen en el Baudó. Uno que es baudoseño hasta se aterra porque prácticamente los que llevan a esa gente allá nosotros ni los conocemos.

Por eso es que fue que mataron a mi hermanito porque ellos pensaban que él era sapo de los paramilitares.

Las mujeres son conscientes de la importancia geográfica del territorio y del valor estratégico que significa para los grupos armados controlar el territorio del Baudó. Esto se evidencia cuando reflexionan acerca del porqué de la violencia en esa región.

También en parte es por la disputa que tienen los grupos armados. Que como el Baudó prácticamente es un corredor que por allá se va a diferentes partes, entonces a ellos les conviene.

Nuestro territorio es un corredor estratégico. Van a Nuquí, Bahía Solano, Pizarro, Buenaventura, Panamá. Es la disputa por el territorio. Es un sitio estratégico.

Algunos de los desplazados forzosos han regresado al Baudó. El retorno ha ocasionado dificultades porque las personas perdieron lo que dejaron y rehacer sus vidas en un contexto de precariedad y peligro no es fácil. Así describen las mujeres lo que ha sido para algunas el retorno y lo que sienten al respecto.

Las que han podido regresar han tenido que volver a levantar. Han tenido que volver a empezar de cero. A mí me da mucho miedo ir para allá porque en el 2003 me mataron a un hermano. A hora días para las elecciones presidenciales mataron a otro. A mi marido también lo mataron. Iba yo en esa canoa cuando lo mataron.

Se volvió al mismo lugar a pasar trabajo. Por la sencilla razón de que allá tenía la gente sus parcelas, sus gallinas, su casita, lo que le habían dejado. Pero uno llegó allá y no había ni gallina, ni cerdo, nada de esas cosas.

El riesgo de reclutamiento forzado, la siembra de los cultivos ilícitos y la minería son las opciones para los jóvenes en esa región.

Se han hecho varios retornos pero que igual a la gente le toca volverse a desplazar. Los que están viendo actualmente en el Baudó no están viviendo una situación muy placentera porque sabemos que allá se da la disputa del territorio por la siembra de la coca… muchos de los jóvenes que habitan allá también son obligados a meterse en los grupos armados que hay allá. Los jóvenes no tienen opción. Apenas terminan el bachillerato no hay más que hacer. Nuestro departamento no les ofrece opciones. La mayoría de los jóvenes del San Juan son los más propensos a que estén metidos en la minería o que estén en la siembra de cultivos de uso ilícito o a que tomen las armas en cualquiera de los grupos que se las ofrezcan. Esa es la realidad que no la podemos negar.

Ellas resaltan el incremento reciente de los cultivos ilícitos en la zona, lo que está afectando la economía tradicional de las familias y la seguridad alimentaria en la zona. Todo ello afecta de manera particular a las mujeres.

El Baudó abastecía lo que era el San Juan y hasta el mismo Quibdó. En lo que era el plátano porque se traía de Munguidó y del Baudó, además del arroz. De ciertos años para acá, en lo que tiene que ver con la alimentación ha mermado. Con lo de las siembras de uso ilícito, ya el pancoger ya nada de eso se consigue fácil.

Yo entiendo que esos cultivos ilícitos son de ahora del 2006 para acá porque cuando yo vivía allá no había eso. Por lo general, los de cultivos ilícitos son los grupos armados. Ellos lo hacen muy lejos de donde uno está. Entonces uno como campesino no se da cuenta de eso.

Los siguientes tres testimonios hacen referencia a las opciones que han tomado algunas de las personas desplazadas. Unos desplazados se han reasentado de manera más definitiva en algunos municipios dentro y fuera del departamento, otros han optado por estar yendo y viniendo entre Baudó y Quibdó, y otras más ni siquiera piensan en la opción de regresar. Esta división de la comunidad y las familias ha generado diferentes expectativas y experiencia fragmentadas.

La gente está directamente aquí en Quibdó. Otros están en Puerto Meluk, Istmina, en todas partes. Hay personas que se fueron a trabajar a Medellín, a Bogotá, a Pereira… para todas parte para ver si uno sobrevive.

Lo que pasa es que la gente vive en Baudó pero ya cogió la costumbre de ir y venir cada ocho días. Cada 15 días están yendo y viniendo, porque la situación ya no es lo mismo: estar allá viviendo que aquí estando tranquilo o intranquilo.

Por lo menos las tierras de mi papá están allá botadas. Por ahí por ese lado es el corredor de ellos. ¿Quién va para allá? Nosotras para allá no vamos. Todo está perdido.

Memorias en disputa: el caso de Palacios
Las mujeres relatan con cierto detalle, los crímenes cometidos por Palacios. Esta persona, vinculada al EPL, fue símbolo de miedo en la población del Baudó, especialmente entre las mujeres que eran objeto de acoso sexual, especialmente las jóvenes.

En ese tiempo yo era niña, pero sí recuerdo que cuando se decía: “viene Palacios” todo el mundo tenía que correr. Ahí estaba la hermana mía. Ella siempre mientras que Palacios estuvo vivo no podía ir al Baudó. A mí apenas me estaban saliendo senos… y a Palacios le decían “la lanchita” y cuando decían “llegó la lanchita”, todo el mundo, muchachas que apenas les estaban saliendo senos, tenían que esconderse en la casa. Mandaban a los hombres pero uno de mujer no salía a la calle. Sí, era verdad que el cogía a las niñas, las embarcaba en canoa y se las llevaba. Yo tengo 31 años y me acuerdo de eso.

El caso de Palacios, genera opiniones diversas en el recuerdo de las mujeres. Existen puntos de vista distintos sobre el particular, lo que demuestra como la memoria es un terreno de disputas. Vale la pena ilustrar el debate de las mujeres en torno a la versión de sus actuaciones, donde alguna de ellas era parte de su familia extensa.

Para mí lo que dicen de Palacios, de las matanzas que hacía esto no están bien dichas. Que subían unas canoas de gente, yo estaba allá pero mis ojos no vieron eso. Él si andaba en su cosa de que mataba y todo pero yo nunca lo vi. Hay una historia que dicen que él amarraba al papá y a la mamá y a una hermana que la amarraba en la cancha… no fue así. La gente tiene que decir lo que es y yo estaba muchachita cuando eso porque él es parte de mi familia.

Mi hermana mayor mientras Palacios estuvo vivo, no podía ir por allá, porque simplemente se había enamorado de ella y ella lo había rechazado. Él decía que donde la viera la mataba y ella no volvió por allá. Yo conozco a una muchacha de nombre Jacqueline y ella vivía con su marido. Ese señor delante de él llegó y se la llevó y a los tres días se la devolvió. Le dijo que si no la quería recibir él iba y lo obligaba a que la recibiera, después que él había hecho y deshecho de ella. Entonces no puedes decir que eso era mentira.

Le tenía miedo a él, porque todo mundo, muchachitas de 10, 11 años le teníamos miedo a él. Lo que decían: “viene la lancha”. No había padre que no recogiera su hija del patio y la hacía subir a la casa y la encerraba. Algún mandado, salían los hermanos hombres porque cuando uno no le paraba bolas se lo llevaba por ahí y cualquier cosa le hacía.

Entonces cuando tú escuches una historia no debes de decirle a la gente que es mentira. Porque tú de pronto estabas en ese momento, de pronto no estabas… porque todas las personas no pueden decir lo mismo de una versión. Lo que estamos diciendo es verdad.

Las mujeres en el proceso de recordar la violencia perpetrada intentan no confundir los hechos con las opiniones. Es notoria la importancia que tiene para las mujeres el reconocer las acciones de un victimario, pero también, la capacidad para respetar a las mujeres que son familiares diferenciando las valoraciones sobre los hechos cometidos y los familiares que no tienen responsabilidad.

En mi barrio hay una vecina que es del Baudó y que también ella… cuenta la historia como un tipo que le hizo mucho daño al Baudó, que le hizo mucho daño a las mujeres. Que era un terror para las jóvenes. Las adolescentes se las llevaba y se las devolvía a los maridos después que él hacia lo que quería con ellas. A muchas les tocó salirse de allá. Actualmente viven aquí en Quibdó por ser perseguidas.

Nosotros no somos culpables de lo que hagan los otros. Pueden ser nuestros familiares o nuestros hijos. Muchas madres a veces callamos de los horrores que hacen o que nos hacen también como madres. Nosotras no somos culpables de las actuaciones de los demás. No de hombres no de mujeres cuando ya son mayores de edad. Tampoco debemos ignorar la realidad porque con eso contribuimos a que en el país haya impunidad. Entonces si es valioso e importante lo que las mujeres están diciendo. 


Mil impactos hacia la vida de las mujeres
Los sentimientos que las mujeres identifican como producto de la violencia ejercida por los grupos dentro del marco del conflicto armado, están muy vinculados con el miedo, la persecución, el temor de ser atacadas en cualquier momento, sintiéndose de manera constante vulnerables por la posibilidad de que los hechos vuelvan a repetirse en cualquier momento debido a la fragilidad de la situación.

Para mí el miedo no ha pasado… porque me ha tocado mucho susto. A veces en la casa coloco una cosa allí y me voy hacer algo y cuando regreso ya no recuerdo donde quedó lo que coloque ahí. Mantengo un problema en la cabeza porque ahoritica estoy en esta reunión y cuando salga de acá no recuerdo de qué hablamos. Entonces yo digo que de pronto puede ser de ese problema que se me olvidan cosas. Allá en el barrio donde vivo cuántas veces no he tenido mi susto.

A mí por lo menos me afectó mucho desde antes del desplazamiento porque como no era acostumbrada a ver esa gente. Entonces ya desde que veía esa gente, ya está temblando. Me metía debajo de la cama y cerraba la puerta… De allá me desplacé aquí y ahí si fue peor. Cuando mataron a mi marido yo tenía que salir con dos o tres personas porque todo el mundo me venía persiguiendo. Los hijos míos salían y yo ahí mismo: “muchacho vénganse porque los van a matar”. Tenía que mantener la puerta cerrada. Hasta que me llevaron al médico y me colocaron una psicóloga y me pasó donde el psiquiatra. Me puse tan delgada que la gente no me conocía. Para mí eso fue muy duro. Horrible. No quiero recordar.

Algunas mujeres han tenido acceso a una atención psicosocial a través de organizaciones de mujeres que les ha ayudado a mejorar su situación.

Yo creo que muchas de esas cosas le dejan a uno como traumatizada. Porque cuando uno está traumatizado es cuando uno siente miedo ante cualquier ruido que escucha. Ya uno cree que vienen encima. Para uno poder superar eso tiene que ir donde un psicólogo. Ahora que de la Casa de la Mujer mandaban las psicólogas a mí me tocó estar con una de ellas. Ya después de eso fue que ya me bajé un peso de encima y ya empecé a estar más normalizada.

Además de esas afectaciones psicológicas, las mujeres traducen esas violencias en sus cuerpos. Su salud física ha estado sometida a diversos dolores y enfermedades. La marca del conflicto armado no tiene barreras mentales ni físicas.

Desde que me desplazaron no he podido trabajar porque he estado enferma. Hasta los médicos aquí me dijeron que ya yo no tenía vida. Estoy desahuciada… Los médicos pudieron detectar qué enfermedad tenía: una cirrosis que dependía de una hepatitis que me había dado. Los médicos de acá no me la habían diagnosticado, entonces la droga que me daban no era para esa enfermedad y entonces me deterioraron el hígado.

Yo ahoritica tengo un desgaste en las rodillas y eso se hincha. El trabajo mío es asuntos varios y a veces vendo alitas de pollo. O sea no tengo como un trabajo permanente para sostenerme. Este problema del desgaste me molesta mucho para subir y bajar, agacharme. Pero igual, aquí estoy sobreviviendo.

El rechazo de la población desplazada por parte de los habitantes de los lugares de recepción, es una de las consecuencias que deben soportar estas personas. Las mujeres de Alto Baudó han sentido el rechazo de los habitantes de los pueblos a los que se han desplazado, como en el caso de Quibdó. En la ciudad las mujeres no sólo se sienten estigmatizadas por la comunidad sino por las entidades gubernamentales encargadas de atender su situación. Y para poder subsistir algunas han tenido que hacer cualquier tipo de trabajo, incluyendo en casos extremos la prostitución.

Entonces los miraban como bichos raros. En las casas las empleaban y no les pagan lo que era justo. Eran maltratadas y les daban eran las sobras de lo que quedaba. Si le gustaba bien y si no les gustaba también. Muchas mujeres soportaban lo que fuera con tal de llevar una libra de arroz. Tanto así que muchos hogares se desintegraron porque les tocó a las mujeres vender su cuerpo para conseguirle el bocado de comida para a sus hijos. Porque los maridos sin empleo, tanto él como ellas, entonces alguno de los dos tenía que buscar una alternativa para subsistir. Para las mujeres no ha sido fácil lo del desplazamiento porque les ha tocado una situación muy difícil.

Denigrar de manera verbal de estas personas es una forma de maltrato y discriminación contra seres que se encuentran en una situación de vulneración y riesgo. Son ilustrativas las palabras de las mujeres en relación con la intolerancia de los habitantes de Quibdó con las personas desplazadas.

Nosotros los desplazados aquí en Quibdó entre varias personas éramos como unos bichos raros. Por donde pasábamos ¡esos desplazados! Aquí vino una especie de banano que viene del Urabá antioqueño que le dicen “las bolejas” y les colocaron “los desplazados”, porque nosotros nos habíamos desplazado aquí a Quibdó. Lo cuales era una forma de estigmatizar o rechazar a la población en situación de desplazamiento.

Lo peor que se veía aquí en Quibdó, es que lo nombraban desplazado. Porque lo primero que le decían era “ay, pareces un desplazado”. Todo el que andaba sucio o mendigo “ay, pareces un desplazado”. Para la sociedad, aquí en Quibdo, éramos lo peor.

Al principio del desplazamiento aquí en Quibdó, la mayoría de la población no tenía conciencia de que las personas eran víctimas del conflicto armado, sino que como que era alguien que llegaba a usurpar. Como en muchas ocasiones se daba que la Acción Social que estaba para los desastres, para la atención a algún tipo de personas en situación de vulnerabilidad, ya todo era recargado a la población en situación de desplazamiento. Entonces el resto de Quibdó sentía que los estaban invadiendo, quitándoles espacios.

Por fortuna, esta situación poco a poco se está revirtiendo, como la manifiesta una de las mujeres víctimas de desplazamiento.

Cuando ya empiezan a entrar los movimientos, las organizaciones y se empieza hacer un trabajo de sensibilización en la que se problematiza el desplazamiento, muchos de los quibdoseños empezaron a tomar conciencia.

Estas situaciones de exclusión y marginación, se acrecentaban con las dificultades de encontrar una fuente de empleo. El trabajo es esquivo para las poblaciones desplazadas, que son vistas como una competencia frente a las posibilidades de trabajo. Sin embargo las condiciones de las mujeres desplazadas también las hacen más vulnerables frente a la manipulación o el trato injusto en el trabajo.

Nos dieron alimentación por tres meses. De ahí las personas tenían que tirarse a trabajar para poderse mantener. El que podía trabajar, trabajaba y el que no, pasaba trabajo.

La misma cosa, si uno iba a alguna entidad para que le colaboraran le decían: “vaya trabaje si quiere comer”. A veces uno iba y les hacía el trabajo a las personas y no le valoraban el trabajo. No le pagaban.

Algunas personas se valieron de la necesidad de la población desplazada para conseguir cualquier fuente de ingreso y cometieron serios abusos contra las mujeres desplazadas del Baudó. Aquí se mencionan dos denuncias formuladas por las mismas mujeres.

Si el Estado le manda algo o una plata para los desplazados, los mismos funcionarios se cogen su plata y le dan a uno cualquier cosa. Entonces dicen “esos desplazados se conforman con lo que les den”. Pero como nosotros no tenemos donde trabajar nos tenemos que quedar tranquilos.

Hay una señora que trabajó de enfermera por cuatro meses y hasta hoy no le han pagado y con sus hijitos ahí. Se metió a otro trabajo y tampoco le han pagado. Por los buenos vecinos es que ella está ahí.

El desespero por alcanzar un ingreso, un recurso económico, ocasionaba que algunos desplazados tomaran decisiones extremas, en particular las mujeres. Algunas de ellas encontraron en la prostitución una forma de ganarse la vida y así sostener a sus familias.

En esos desplazamientos que uno llega así, que no consigue trabajo, hay niñas que se meten a la prostitución para conseguir algo para comer. De esa manera para mantenerse. A veces los niños se meten a robar lo ajeno porque no tiene otras alternativas.

Después también salió que las mujeres se cambiaron por dos mil, “dosmilasos”. Sobre todo las niñas aquí en la carrera primera. Ahí era que decían los hombres que “para qué cogían mujer si en la primera las conseguían a dos mil”. Donde muchas niñas de verse acorraladas lo hacían. Ese fenómeno ya no se está dando y si lo hacen son pocas mujeres. Desde que hace empezaron a conformar las organizaciones las mujeres ya empezaron a tomar conciencia.

La sumatoria de estas dificultades, que no son otra cosa que una nueva revictimación, sigue perpetuando la vulneración de sus derechos y en muchos casos ocasiona la desunión familiar. Especialmente negativa para las mujeres es la influencia del contexto de desplazamiento en la socialización de los hijos e hijas. Esa desestructuración, la pobreza y las formas de criminalidad en la ciudad suponen un nuevo contexto muy negativo para la población adolescente.

Las familias prácticamente se desintegran, que cada quien coge por su lado. Ese es una cosa que las madres sufren. Porque cuando vienen de allá, vienen sus hijos inocentes y llegan a la ciudad a coger malos pasos o a veces los matan.

Por estas razones, muchos desplazadas sueñan y exigen el retorno como una posibilidad de regresar a lo que era suyo, lo más habitual, para no seguir sufriendo discriminaciones, ni pasando necesidades.

Tuvimos pasando mucho trabajo hasta tanto unos que retornaron. De sentirse pasando trabajo que no tenían como mantener a sus hijos. Ahí fue que empezó la gente a pedir su retorno. Se fueron porque peor era uno ver a su hijo muriendo de hambre.

En parte la mayoría pidió retorno a consecuencia del maltrato y del trabajo que se estaba pasando aquí en Quibdó. Del hambre porque había gente que se estaba muriendo de hambre… El problema es que todavía hay algunas personas que vivimos aquí en Quibdó que pasan trabajo y si acaso se comen una comida diaria.

Enfrentarse a una situación hostil y difícil en muchos sentidos, hace que las mujeres desplazadas valoren de manera más positiva su pasado que su presente. Aunque el conflicto armado estaba antes más latente y vivían en una insatisfacción de muchos derechos por parte del Estado, ellas estiman que el pasado era mejor que el presente.

Para mí yo digo que éramos ricos. ¿Por qué nosotros éramos ricos? porque nosotras no comprábamos el agua, la íbamos a recoger a la quebrada que era un agua limpia. Teníamos plátano, arroz, el pescado, todo lo teníamos. Criábamos cerdos, bastantes. Las gallinas que tenía no alcanzaba a contarlas. Por medio de esa tentación de la guerrilla quedé sin nada. Yo vendía huevo en el Baudó y cuando veo un pollito ¡ay qué alegría me da!

Cuando crecía el río y bajaban palos, uno se embarcaba en palos. A penas a voltear palo a coger pichimarra o camarón… De todas maneras la vida la tenemos muy dura aquí. Nosotros no comprábamos comida, la comida la buscábamos. Mis hijos comían toda carne. Nosotros matábamos un marrano para la casa y ellos escogían la presa y lo que no se comían se lo daban a los perros o a los que llegaban. Ahora pelean con los perros para que no se vayan a comer la carne.

El control de la siembra de cultivos ilícitos por parte de los grupos armados no estatales trajo como consecuencia que se adelantaran fumigaciones que han afectado los cultivos tradicionales, el agua y los bosques. También han generado graves consecuencias a los habitantes de la zona, en particular a las comunidades indígenas, especialmente consecuencias en la seguridad alimentaria y la contaminación de agua y alimentos. Numerosos relatos de las mujeres señalan consecuencias en la salud especialmente de los niños y niñas que nunca han sido evaluadas.

Al parecer ha habido fumigación porque había mucho coco, había chontaduro y esas palmas todas se han ido secando. Entonces uno dice que es una fumigación porque están fumigando el aire y penetra en la tierra. Todos los peces se fueron y decían que era veneno que había tirado el ejército. Fue que se fueron todos los peces.

Las fumigaciones con glifosato sí las ha habido en el Baudó. El año pasado sacaron un informe de las fumigaciones que había en el San Juan y sobre todo para el Baudó. Hay un pueblo en una comunidad indígena que hay deformación de niños por consecuencia de las fumigaciones.

Los desplazados se han acercado a los programas que ha diseñado el Estado para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, las mujeres denuncian discriminaciones y muchas trabas burocráticas. Sólo el último testimonio valora la ayuda humanitaria que le ha otorgado el Estado.

Todos mis hermanos caímos ahí. Al principio aparecemos en el sistema de Acción Social y después ya no aparecemos como desplazados. A muchas también les ha pasado. Hay muchas personas que no han sido admitidas. Hay personas que aparecen los hijos y las madres no.

Si una pide una solicitud de ayuda humanitaria, uno mete la petición. Hay muchas personas que cuando van al banco a buscar la ayuda que les vino, entonces se la regresaron. Uno va al coliseo donde atienden y uno les pregunta: “¿ya les asignaron el turno?” y le responden “no, todavía no venga dentro de tantos meses”. Para usted darse de cuenta si en realidad la ayuda está o si ya le llegó tiene que llamar a Bogotá. Si usted vuelve y va donde ellos le dicen lo mismo: “usted aquí no aparece como que metió petición”.

Para saber lo que lo que le están dando a la gente. Lo que le dan a uno no le alcanza para cumplir con los gastos que uno tiene que hacer… ¿Quién dijo que eso le alcanza? Eso no le alcanza a uno para nada. Otra cosa es que si yo tengo seis hijos y usted tiene un solo hijo, ¿cómo a usted le van a dar más que a mí que tengo seis hijos? Entonces ahí hay algo que no es equitativo y que no es correcto. Cómo una persona sola va a tener más.

He estado sufriendo, pasando trabajo. A veces que de la ayuda que nos mandan a varios, a veces novecientos, un millón, me ha servido. Como he estado enferma en Medellín, me ha servido, porque a veces no tengo.

El Estado no ha garantizado de manera adecuada la protección de los derechos humanos de las comunidades desplazadas del Baudó. En particular, la falta de satisfacción de los derechos sociales es subrayada por las mujeres. El siguiente testimonio, hace referencia al derecho a la vivienda y señala su carencia, así como la inadecuada calidad de las casas ofrecidas.

Las mujeres del Baudó no están en los asentamientos que hay en la zona norte: Villa España, La Gloria, La Fe, Obrero, etc. Fue un comodato que hizo la Cruz Roja para las personas en situación de desplazamiento forzado por dos años porque el municipio se comprometía a hacerle unas viviendas. Hasta hoy resultó que esos comodatos eran unos albergues provisionales. Las viviendas no se han visto. Las que hicieron eran bien pequeñas como una caja de fósforos, cuando aquí las familias son extensas. La mujer que menos tiene hijos tiene cuatro, seis siete, porque aquí somos raritas y contadas las que tenemos dos.

Los efectos de la violencia no son los mismos para todas las personas. Mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes expresan desde su condición los impactos del conflicto armado de manera diferente. El género, la edad, la etnia, la clase social, también influyen en los impactos, así como la cultura, las costumbres, culturas y dinámicas de socialización. Las mujeres identifican estas características de los impactos de la violencia, en sus cuerpos y en sus vidas, que para algunas son muy distintas a las de los hombres y en cambio para otras es similar el impacto del miedo.

A las mujeres las impacta de una manera muy diferente. Sabemos que siempre nos afecta el conflicto a todos y a todas. Las mujeres después que salen de su territorio ya no es lo mismo. Ellas en cuanto a sus costumbres ancestrales ya no va a lavar la ropa al río como lo hacía antes. La educación para los hijos ya no es la misma. Entonces varía la forma de trabajo y para ella cambia, se transforma. Además del desplazamiento, consigo llevan la pérdida del compañero o esposo. Si han sido víctimas de violencia sexual, en muchas ocasiones lo callan. Entonces también la vida se les transforma. No es esa misma vida de alegría o de pensar en que en su campo hacían las cosas de cierta forma y que en la ciudad les toca hacerlas de forma diferente. Vivir la vida de forma diferente porque si allá tenían un compañero que se ayudaban a sostener el hogar y acá no lo tienen. A veces les toca caer en cosas que nosotras decimos que no son correctas o que no son dignas, como el andar con varios hombres al mismo tiempo. A veces lo criticamos y lo rechazamos pero que por causa del conflicto y de muchas necesidades, a muchas les toca. A algunas que les toca coger a unos maridos que no los quieren sino porque él le ayuda a sostener el hogar pero no porque ella realmente diga: “yo soy feliz… porque me enamoré”… sino porque ven en él la solución para mantener a sus hijos e hijas.

Los impactos entre los hombres y mujeres son iguales. El hombre hoy en día no está yendo al monte casi a trabajar por el miedo de que si está trabajando allí va a salir alguien y vaya a sufrir algún percance… A veces el hombre se va para alguna parte y la mujer se iba para otra parte. Qué pasa, uno dice “a no, yo me voy a ir para tal parte” y si uno va solo no va para el monte sino acompañada por dos o tres compañeras pero con miedo. Eso por allá no está muy fácil. Eso para allá para Pie de Pató no está fácil. Que está la policía pero igual eso sigue igualito porque eso es lo que ha traído la pobreza. Uno no consigue el plátano, no consigue arroz, nada de esas cosas, porque la gente vive en el pueblo más bien mirando que el otro que pueda tener, porque a cultivar así de fácil ya nadie se mete al monte.

Continuum de violencias
Los temores a la violencia intrafamiliar ejercida por los hombres contra las mujeres y sus hijos, explican que muchas de ellas prefieran la soledad a buscar una nueva pareja. Las mujeres prefieren enfrentar solas, sin un nuevo compañero, su nueva condición de desplazadas, para evitar el maltrato contra ellas y contra sus hijas. En el primer testimonio, una mujer que ha elegido estar sola para evitar posibles malos tratos con una eventual pareja, le ha tocado adaptarse a unas dinámicas laborales muy diferentes y agotadoras con el propósito de sacar adelante a sus familias. En el segundo testimonio, otra mujer ha preferido no iniciar otra relación afectiva por el temor que su nueva pareja abuse de sus niñas.

Yo digo que uno como mujer no debe de coger un hombre porque le colabore. Lo digo por experiencia porque ya a mí me tocó. Yo busco mi trabajo y busco como sacar a mis hijos adelante pero porque un hombre me colabore por eso no voy a recibir maltrato de él. Yo pues veo eso así porque me quedé sola en el 2003 y hasta ahorita estoy sola sacando a mis hijos adelante. Eso sí que tuve tres años que no descansaba ni sábado ni domingo ni nada. Yo llegaba a la casa y me acostaba y me quejaba. Los pelados me llamaban: “que yo qué tenía y yo “nada”. Me decían “mamá pero es que se está quejando, ¿qué tiene?”. Apenas ponía la cabeza en la cama estaba dormida.

Pues todo eso es temor también. Yo tengo una niña de 15 años y me da mucho miedo de que yo me enamore con un patán. Que cuando yo me vaya a trabajar, porque yo no paro en la casa, llegue y se meta con esa niña de 15 años o con la de 9 años. Porque si yo tuviera una persona que me colaborara pues sí, pero a mí me toca trabajar todo el día y una niña de 15 o 9 años corre muchos riesgos. Yo me voy a trabajar y llega alguien que yo lo tenga como una pareja, y se meta con esas niñas, hasta yo me vuelvo loca, porque desde pequeñita yo he estado con mis niñas. Entonces en parte también me he quedado como ahí. En cero me he quedado. Él decía que yo lo iba a matar y que yo era muy brava.

La construcción y apoyo de organizaciones
La experiencia de las mujeres muchas veces es invisibilidad. No se cuenta. Las mujeres son las que han mantenido sus familias, las comunidades. Se han organizado y queremos rescatar también esa parte de la historia positiva. Lo que ustedes han hecho para poder visibilizar.

Paralelo a los impactos de la violencia, las mujeres han generado diferentes estrategias para sobrevivir y para afrontar las dificultades y necesidades. Muchas de ellas han salido adelante solas. En un contexto de falta de garantía de sus derechos por parte del Estado, ha sido gracias al tesón de las propias madres que sus familias han salido adelante, en medio de la precariedad.

Yo no tengo trabajo. Yo tampoco vivo en mi casa con un señor que me acompaña. Hice un curso, pero no tengo trabajo y tampoco recibo la ayuda humanitaria por ningún lado de Acción Social. Mis niñas dependen de mí. Tengo cuatro niñas y vivo del diario. Lavo ropa, les cocino a mineros, lo que me toca hacer. Estoy pendiente para sacar a mis niñas adelante porque de Acción Social no tengo nada. A mí me dicen: “vaya, láveme una ropa” y ahí mismo me voy a lavar para darle de comer a mis niñas. No tengo marido simplemente Jesucristo y la fuerza que tengo para sobrevivir. Yo hice mi curso de modistería y con eso me mantengo con mi maquinita.

El trabajo informal y arduo o el rebusque, como lo denominan las mujeres, se constituye en el medio para enfrentar las adversidades. En él consignan sus esperanzas para ganarse la vida.

La mayoría para salir adelante donde les salía trabajo ahí mismo se ponían a trabajar. Se rebuscaban. Se iba a lavar o trabajar por el día. Había a veces que a algunas no les pagaban, pero a otras solo lo que la persona quería y de esa manera uno sobrevivía.

A mí no me gustó trabajar en casa de familia. Después que yo llegué y cuadré a mis hijos me fui a trabajar a Medellín. Ahora que me dio la enfermedad tengo que estar luchando, pasando trabajo, aguantando. Uno se rebusca porque tampoco puede espera que le caiga del cielo.

Se reconoce la existencia de organizaciones tradicionales como soporte a las víctimas del conflicto armado, organizaciones que surgieron como producto de la violencia política y que han estado comprometidas en la defensa del territorio.

En los municipios ya tenían organizaciones creadas por la problemática que se estaba dando en cuanto a la usurpación del territorio por parte de los actores armados. Es de allí donde nace ACABA [Asociación Campesina del Baudó], COCOMACIA [Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato], ASCOBA [Organización Campesina del Bajo Atrato]. Van surgiendo otras organizaciones en donde se llega a conformar los Consejos Comunitarios que tienen la máxima autoridad en las comunidades.

La única organización que estuvo allá fue ACABA en el Baudó y había otra que le decían Cimarrón. ACABA todavía existe, trabajaba por la defensa del territorio.

Ahorita también existe ASODESBA [Asociación de Desplazados del Baudó]. Muchas de las mujeres que pertenecieron ACABA, ahora pertenecen ASODESBA y están aquí en Quibdó. ACABA ha sido la organización que ha permanecido en el Baudó. Surgió antes del desplazamiento como en los años 80.

Las experiencias en las organizaciones y colectivos ha fortalecido la participación política y empoderamiento de las mujeres. La posibilidad de reconocer sus derechos genera confianza y permite compartir experiencias y sumar esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida.

Sí, hubo cosas que aprendí mucho porque al menos en esta organización que estamos ya sabemos reclamar sus derechos, cómo solicitar una ayuda en caso que se la nieguen, dónde acudir.

Nosotras aprendemos de los autocuidados, de con quién hablar, de qué temas hablar. Eso nos va a que no seamos fácilmente víctimas de los actores armados que por lo general siempre utilizan a las mujeres para sus propósitos. Vamos aprendiendo a cómo protegernos. Cómo mantenemos alianzas con otras organizaciones, con las Diócesis. Entonces al movimiento siempre lo invitan y nosotras allí podemos invitar a la organización que sea. A que participe de esos otros espacios.

Antes cuando se iban a movilizar, se les entregaba carné a las mujeres de ACABA como forma de identificar a qué organización pertenecían por si las paraban en la carretera. Lo presentaban para que no les pasara nada. A donde voy llevo el carné de ACABA porque sé que eso es una defensa, es un respaldo.

En la Asociación ASODESBA hemos aprendido a reclamar sus derechos y a cómo defenderse, se dictan capacitaciones. En la organización pertenece bastante gente del Baudó porque no son solos los del Baudó y no se le niega la inclusión a nadie. Es una organización mixta, hombres y mujeres.

Las mujeres participan de las anteriores organizaciones pero también conforman otras en las que buscan de manera más específica la defensa de sus derechos.

Hay muchas que si están organizadas en Mujer y Vida, ASODESBA y así por el estilo se han ido organizando. La mayoría pertenecemos a la Ruta Pacífica.

En la Fundación Mujer y Vida somos 70 mujeres. Es una fundación de solo mujeres. No tiene diferencia con la Ruta Pacífica porque prácticamente se hace lo mismo, pero con las otras sí porque somos solo mujeres y las otras son mixtas. Se vela por los derechos de la mujer desplazada y vulnerable. Se realizan proyectos para salir adelante sin tener que mendigarle al gobierno.

Son muchos los aprendizajes que estas organizaciones de mujeres les han dado a ellas. Lo mejor es darles la palabra a ellas mismas para que lo expresen.

En la Ruta Pacifica no les enseñaron a hablar sino que nos enseñaron a sacar todo lo que uno mantenía guardado. A nadie se critica. Si uno quiso llorar, lloró y nadie le dice nada. Si uno se quiso echar a dormir, se echó a dormir y nadie le dice nada. Son cosas que nos han enseñado. Cómo defender nuestros derechos. A valorarnos a nosotras mismas porque si uno como mujer no se valora, no lo valora nadie.

La Ruta Pacifica les ha servido a las mujeres en situación de desplazamiento por la incidencia que hace a nivel nacional con el Estado en cuanto al cumplimiento con el auto 092 y la sentencia T 025 donde se habla de los 13 programas para las mujeres en situación de desplazamiento. El trabajo que hace la Ruta de empujar, jalonar para que se dé el cumplimento de los mismos, que benefician a las mujeres. Además estos espacios nos sirven porque son políticos. Nos sirven para la exigibilidad de los derechos de las mujeres y también para la búsqueda negociada al conflicto armado que nos afecta a todas.

Las mujeres de ASODESBA también participan de la Ruta Pacífica…. participan de los talleres pero más políticos y más claros. En donde usted despeja dudas sobre la exigibilidad de sus derechos, sobre las rutas de acceso a la justicia, sobre salidas negociadas al conflicto armado, porque las mujeres debemos ser pacifistas. Miles de cosas que de pronto en su organización no las aprenden. Mientras que uno acá como movimiento tiene una agenda de trabajo en donde van incluidos unos cinco o seis talleres en el año que son formativos. Cuando vamos a realizar una movilización, nos preparamos del autocuidado, que nosotras las mujeres sabemos que en cualquier parte donde nos movilicemos podemos correr riesgo.

Como lo señala el siguiente testimonio, estas organizaciones les han permitido a las mujeres, construir y transformar. Son uno de los mejores alicientes no solo para superar sino para no repetir lo vivido.

Aquí lo importante es ver que nosotras a veces normalizamos todo eso que nos pasa. Entonces este trabajo que hacemos con las mujeres es también de construir y mirar como lo sacamos de la normalidad para poderlo transformar. Si sigue y volvemos y lo repetimos… nos conseguimos los mismos hombres maltratadores, dejamos este pero cogemos otro o peor. Repetimos el círculo vicioso. Hay que trabajarlo para salir a un círculo virtuoso. Es buscar otro tipo de relaciones en donde nos relacionemos de forma distinta.

Reparación para superar el histórico olvido
Las mujeres en los procesos organizativos y sociales han podido señalar sus propósitos y deseos en lo referente a la verdad, la justicia y la reparación. En cuanto a la exigencia de la verdad las mujeres plantean el reconocimiento del desplazamiento como parte de una estrategia de guerra asociado al reconocimiento como población. Es decir que lo que les ha hecho visibles a los ojos del Estado sea precisamente las violaciones sufridas y el desplazamiento que les llevó a la ciudad, muestra el olvido histórico y cómo la reparación de las violaciones tiene que ver con un cambio estructural y el reconocimiento de su ciudadanía. La investigación de las violaciones sufridas y el reconocimiento de que la violencia contra la comunidad dejó numerosos muertos y desaparecidos cuyos familiares esperan encontrar sus restos.

Que se conozca lo que pasó con el desplazamiento y los efectos que generó. Que el gobierno sepa que el Baudó existe. Que se reconozca que hubo desaparecidos, asesinatos y muchas violencias. Se conozcan todos los hechos de violencia que ocurrieron en el Baudó. Se conozcan los hechos. Que el gobierno aplique la justicia. Que los victimarios digan dónde enterraron a los desaparecidos. Que el gobierno investigue sobre la violación de los derechos humanos

Como se observa, estas demandas de esclarecer los hechos se mezclan con reclamos de justicia y de reconocimiento del daño colectivo producido. La verdad y la justicia son parte de esas aspiraciones que tienen las mujeres

Que se busquen a los culpables y que paguen por los hechos sucedido. Se reconozca que hubo un daño comunitario. Que se sepa lo que pasó en el Baudó. Que los victimarios pidan perdón en público por el daño que nos hicieron. Se reconozca que le violaron los derechos a una comunidad. Que saquen a los victimarios de nuestros territorios. Que se nos den garantías en nuestros territorios.

Como otros territorios olvidados, la garantía de los derechos sociales que es un deber primario que tiene el Estado pero que es exigido como una medida de reparación. La agenda de la reparación colectiva incluye las condiciones para la reconstrucción y un proyecto de vida comunitario.

Vivienda, salud, educación, carreteras, hospitales, energía. Indemnización por las cosas que perdimos. Ingresos, volver a trabajar. La agricultura, devolución de la tierra y que sea fértil. Vivienda digna, escuelas, buena salud. A cada persona en situación de desplazamiento se le dé una reparación administrativa. Indemnización a las familias víctimas del conflicto armado. Que el Estado haga inversión social en cuanto a vivienda, salud, educación, vías de acceso, concesiones eléctricas.

Además como en los casos donde la violencia ha generado desplazamiento en la población, las condiciones de seguridad en sus territorios forman parte de las condiciones iniciales para hacer posible cualquier otra medida de reparación. Para las garantías de no repetición y la prevención a las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, solicitan simplemente una presencia del Estado que contribuya no a una mayor militarización sino a las garantías del poder público para prevenir la violencia, hacer justicia y proteger los derechos de la población.

Presencia del gobierno, la fiscalía, defensoría, jueces. Que en la personería haya gente capacitada para proteger los derechos como población. No más violencia en el municipio del Baudó. Presencia del Estado. Que haya presencia del Estado y atención psicosocial.

 

Miles de afectaciones hacia la forma de vida de las mujeres
Esta mujer señala las dificultades que tienen las mujeres para satisfacer sus derechos a la vivienda, a la alimentación y a la educación, sobre todo haciendo un contraste entre las diferencias del campo y la ciudad. Se observa como un entorno diferente dificulta la garantía de esos derechos, especialmente en un contexto en el que las mujeres pierden su autonomía y capacidad productiva.

La situación de las mujeres en desplazamiento es muy difícil. Para nosotras el término de riqueza no es como se ve en las ciudades como las infraestructuras de la casa hecha en cemento y la acumulación de muchas cosas… Uno tenía muchas viviendas en madera que es lo típico, lo nuestro, pero con las condiciones dignas de lo que le gustaba, con lo que era la alimentación propia de nuestra región. Como lo cuentan las mujeres: que pescaban, otras cazaban… estaba el pancoger. Cultivaban el arroz, el plátano, la yuca. Las azoteas donde tenían el cilantro, la cebolla de rama, la albahaca, todo lo que era necesario para la alimentación. Al venirse a la ciudad donde todo es dinero entonces se les transforma la vida.

No es lo mismo el campo donde si usted no tiene para la alimentación el vecino le regala, no le presta sino que le regala porque usted cuando tenga también le regala. En la ciudad nadie le regala al otro. Que usted diga “!ay tengo hambre!” nadie así de fácil le va regalando para sus hijos. En la educación de los hijos e hijas en las comunidades nuestra, cuando se iban al monte, alguna de las mujeres que quedaba en la comunidad estaba pendiente de los muchachos. Que no se fuera al río, que no le pasara nada. En la ciudad no, cada quien vive pendiente de lo de él. En el campo hay mayor facilidad porque las docentes van y buscan a los estudiantes a la casa, mientras que en la ciudad si usted no tiene plata para matricular a sus hijos e hijas no estudian. Entonces no es lo mismo la educación de una mujer que ancestralmente ha vivido en el campo cuando por el conflicto se tienen que trasladar a la ciudad. Las condiciones son muy diferentes. Entonces de aquí cariamos [enfrentamos] miles de afectaciones hacia la forma de vida de las mujeres. Esto les ha trasformado todo.

Este texto hace parte del informe "La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia" elaborado por la Comisión de Verdad y Memoria de la Ruta Pacífica por las Mujeres.

Historias seleccionadas del informe La verdad de las mujeres:

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Espere mañana otra historia del conflicto armado narrada por mujeres.

Doce personas de la familia Padilla masacradas por su tierra

Con el reciente homicidio del reclamante de tierras, Gildardo Padilla Ortega, los sobrevivientes huyen sin paradero conocido y, según varias fuentes allegadas, no consiguen que el gobierno los proteja. Perdieron padres, hermanos y su tierra, y nadie parece conmoverse con su terrible historia.

padilla-300x200Gildardo Padilla Ortega, reclamante de tierras asesinado.Gildardo Padilla Ortega, un reclamante de tierras, se había reunido en Apartadó con funcionarios de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía el 29 de octubre de 2013. Su declaración fue tenida en cuenta para la captura del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez y otras dos personas señaladas de relacionarse presuntamente con paramilitares para despojar 7.000 hectáreas de tierras en el Urabá.

Apenas dos semanas después, el 17 de noviembre Padilla fue asesinado en su finca en la vereda La Rula de Valencia, Córdoba. Personas cercanas al valiente agricultor están seguras que lo mataron por su testimonio a la justicia. Es que, según explicaron, la violencia contra esta familia no empezó este año. Han sido veinte largos años de asesinatos, persecución, despojo y miedo. En la familia Padilla han caído por las balas de paramilitares padre, madre, ocho hijos, un cuñado y una sobrinita de seis años. Les han robado además tres fincas.

Los Padilla Ortega son recordados en la zona del Urabá como una familia de campesinos que vivía de los cultivos y de la ganadería en la finca Las Gardenias, vereda La Rula, de San Pedro de Urabá. El dueño de esta propiedad de 500 hectáreas era Alejandro Padilla, padre de 13 hijos, 11 varones y dos mujeres.

Para fines de 1994, después de años de trabajo, Alejandro ya poseía 750 reses en su finca y tenía una buena vida. El 29 de noviembre todo eso terminó. Cien hombres comandados por Salvatore Mancuso llegaron a Las Gardenias preguntando por él. Como el papá no se encontraba le pidieron a sus hijos Valdemiro, Estanislao y Roberto que los acompañaran hacia un cerro. Los tres hermanos pararon de ordeñar sus vacas y subieron la colina. Mientras eran conducidos a la fuerza, se encontraron a un trabajador de la finca al que le decían ‘el Manco’, al que también se lo llevaron. Unos metros más arriba, en la cima, fueron decapitados los cuatro.

Aterrorizado y golpeado por el asesinato de tres de sus hijos, Alejandro nunca regresó a Las Gardenias. Ocho días más tarde los paramilitares se llevaron las 750 reses de la finca. El pánico entonces forzó a la esposa de Alejandro, Evangelina Ortega, quien todavía vivía en la finca con los diez hijos que le quedaban a huir en compañía de ellos y sus nietos. Según les hicieron saber entonces, la orden de despojarlos de su finca y su ganado la habían dado los propios hermanos Carlos y Vicente Castaño, y sus lugartenientes; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’ la estaban cumpliendo sin piedad.

La Fiscalía, que investigó el caso, descubrió que el interés de las Auc en esa propiedad era estratégico; era un punto útil en sus corredores de tráfico de drogas. (Ver: “Confirman condena de 40 años a Mancuso por asesinato una familia”).

Intentando volver a empezar y superar su tragedia, los Padilla Ortega se trasladaron al Chocó y adquirieron una finca de 145 hectáreas en el corregimiento Belén de Bajirá, de Riosucio. No duraron mucho tiempo, pues en 1997 llegaron a esta región los paramilitares y no tardaron en preguntar por él. Se fugaron de nuevo dejando todo atrás.

Las autoridades han establecido que esa propiedad quedó en manos del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez, precisamente la persona detenida el pasado 3 de diciembre, junto con otras dos personas, a raíz de las declaraciones a la justicia de Gildardo. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?) Según La Unidad de Contexto de la Fiscalía, los tres hacían parte de un “plan criminal que se gestó en Urabá entre narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apropiarse de estos territorios”.

El ente acusador señaló que Cantero y sus cómplices, entre ellas su esposa, también capturada, se apoderaron de 7.000 mil hectáreas de tierras. Los predios despojados pertenecían a 94 personas integrantes de 14 familias que fueron desplazados entre 1996 y 1998. 

Luego del despojo en el Chocó, Alejandro ya no tenía dinero para comprar una vivienda y llevar a toda su familia. Se fue a Córdoba, al pueblo de Morrocoy (Sahagún) y arrendó allí una casa. “Para esa fecha él ya estaba muriendo, es decir, ya los Padilla no tenían plata para vivir como antes, y empezaron a huir de un lado para otro sin tener nada”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoció su historia.

Ni aun habiéndolo ya humillado y perseguido, los paramilitares dejaron tranquila a esa familia. El 19 de mayo de 1997, otra vez los hombres armados y camuflados entraron a su casa y los asesinaron, junto con su esposa Evangelina, sus hijos Alejandro y Aminarat, su cuñado Edilberto Contreras Díaz y su sobrina Olfady del Carmen Contreras Díaz de 6 años. Los ametrallaron y, sin importales si alguno había quedado vivo, le prendieron candela al rancho con ellos adentro.

Cuatro meses después, el 15 de septiembre, otro grupo de paramilitares mató a otros dos hermanos Padilla Ortega, a Sofanor y Vladimiro, quienes vivían en el municipio de Chigorodó, Antioquia; con ellos dos completaron padre, madre, tío, sobrina y siete hermanos asesinados.

“No les habían vuelto a hacer nada hasta ahorita, cuando mataron a Gildardo en noviembre (de 2013)”, dijo la persona que conoce a los Padilla y habló con VerdadAbierta.com. Con el homicidio de Gilberto, sus cuatro hermanos sobrevivientes salieron huyendo de Valencia, donde nada saben de su paradero. Pero gente que ha tenido contacto con ellos después cuentan que están aterrorizados, sin dinero, y sufriendo terribles pesadillas.

Por los crímenes contra la familia Padilla y el trabajador que cayó con ellos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Mancuso el 3 de septiembre de 2008 a 40 años de cárcel, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado y a un pago de 600 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas. Mancuso, hoy preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, no ha girado el dinero, ni la justicia se lo ha quitado para dárselos a los sobrevivientes.

El otro presunto responsable del exterminio de los Padilla por el que personas cercanas a la familia piden jusitica es Roldán, alias ‘Monoleche’, hoy preso y procesado por la Unidad de Justicia y Paz, quien no ha sido investigado.

“Es increíble que a ellos los sigan matando y el gobierno no haya hecho nada ¡Tantos años!”, dice descorazonado un habitante del Urabá que era cercano a ellos. “Uno ve que cuando sacan de la cárcel a ‘Monoleche’, él llega aquí escoltado con un mundo de policía para hacer esas diligencias. Y ellos que son las víctimas no les ponen ni un policía”.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com con las autoridades, los Padilla sobrevivientes están buscando desesperadamente quién los proteja, pero hasta ahora no lo han conseguido. “¿Cómo es posible que a ellos le hayan masacrado la familia desde el 94 y el gobierno no haya hecho nada para protegerlos?”, dice.

En Valencia, dijo una fuente, anda corriendo un rumor que los buscan para matarlos.


Homicidios para ocultar el despojo
Habitantes del municipio de Valencia, Córdoba, consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que otros campesinos reclamantes de tierras, además de los hermanos sobrevivientes Padilla Ortega, han salido desplazadas en los últimos días, temiendo por sus vidas, después del homicidio de Gildardo, pues ya otros líderes reclamantes habían caído antes que él.

El 9 de abril de este año fue asesinado en zona céntrica de Valencia, Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa de Víctimas de este municipio. Su muerte se produjo luego de regresar de una reunión con funcionarios de la Administración Municipal con quienes coordinaba la realización de actos conmemorativos al Día de las Víctimas.

La ciudadanía y la Defensoría del Pueblo ya han advertido al gobierno nacional sobre la situación. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N. 032-13, del 23 de septiembre de 2013 le recomendó al Ministerio del Interior emitir Alerta Temprana para los municipios de Valencia y Montería, debido al alto riesgo de seguridad de “las víctimas de despojo en ambos municipios, de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, de los campesinos que fueron objeto de restitución de tierras, de los miembros de asociación de campesinos desplazados de Santa Paula”, entre otros. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?)

El SAT atribuye las causas de la violencia en la zona a las bandas emergentes, especialmente ‘Los Urabeños’, que sostienen guerras con otras bandas rivales para consolidar su control en el negocio del narcotráfico. En Valencia la gente sabe quiénes hacen parte de las bandas y saben también que quieren matar a los despojados que tramitan que les devuelvan sus fincas. Los armados quieren quedarse con las tierras que se robaron. “No quieren dejar testigos del robo que hicieron para no devolver nada”, explica una autoridad local.

Los pobladores también aseguran que es difícil confiar en los funcionarios locales. “Ellos se ven por ahí andando con gente maluca, este es un pueblo, entre todos nos conocemos y uno sabe quiénes son los buenos y los malos”, dice uno de ellos. Comentan que el hecho de que Gildardo haya sido asesinado días después de reunirse con funcionarios de la Fiscalía ha generado más desconfianza en las instituciones. “Esa gente está por todas partes, usted sabe que esos grupos están por todo el país y donde sea lo encuentran a uno y se dan cuenta qué está haciendo, ¿cómo se dieron cuenta que Gildardo había ido hasta Apartadó para hablar con gente de la Fiscalía?”.

Otro comentó airado: “El gobierno hizo bien en sacar la Ley de Víctimas y de Tierras, pero eso sirve en un 50 por ciento porque no existe un apoyo por parte de las autoridades locales hacia las víctimas”.

Los combates que desplazaron a El Cerotal, Nariño

Esta vereda de Pasto fue desplazada en 2002 tras combates entre el Ejército y el Frente 29 de las Farc. Las primeras sentencias de Nariño muestran los efectos del Plan Colombia en el sur del país.

Las 25 sentencias de tierras hasta ahora falladas por un Juez Especializado de Restitución en Nariño tienen que ver con casos de abandonos de parcelas, producto de combates del Ejército y la guerrilla. Los fallos han reconocido a 38 familias y su propiedad sobre 58 hectáreas. Foto: archivo SemanaEn 2006, la Corte Constitucional concluyó que los combates entre actores armados hacían parte de las causas del desplazamiento en Colombia. Aunque parece obvia la afirmación hasta entonces el gobierno no lo había reconocido de forma pública y ahora un Juez Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco lo confirma con las sentencias del caso de la vereda El Cerotal, en el corregimiento de Santa Bárbara, a 42 kilómetros de Pasto, la capital nariñense.

Las 25 sentencias falladas por el Juez de Tierras de Tumaco, las primeras de Nariño, han aceptado que los pobladores de esta zona rural y del municipio vecino de Tangua se desplazaron en 2002 tras los combates del Ejército con el Frente 29 de las Farc. Durante casi una década los campesinos abandonaron sus parcelas, de las que además no tenían títulos, y poco después retornaron bajo riesgo y sin condiciones económicas ni infraestructura para salir adelante.

“El 8 de abril de 2002 el Ejército Nacional de Colombia empieza a hacer aparición en el corregimiento de Santander, de Tangua, y de la misma forma llegaron a la vereda El Cerotal, del corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto, advirtiendo a los campesinos acerca de las expectativas de combate, los cuales tuvieron lugar durante los días 11 y 12 de ese mismo año originando así el desplazamiento masivo de los pobladores de dicha zona”, señalan por lo menos 23 sentencias del caso El Cerotal en el contexto histórico presentado por la Unidad de Restitución ante el Juez Especializado de Restitución de Tierras.

Por eso, los fallos del Juez ordenaron al Incoder formalizarles las tierras, es decir, entregarles los títulos a las familias, así como al Banco Agrario, el Sena, la Alcaldía de Pasto y el Departamento para la Prosperidad Social garantizarles acceso a créditos, proyectos productivos y prioridad en los servicios de salud y educación. Estas primeras sentencias han cobijado a 38 de las por lo menos 165 familias de Santa Bárbara que han presentado sus casos ante la Unidad de Restitución.

El drama de la vereda El Cerotal es similar a la de la vereda Balsillas, en Ataco, Tolima, donde el Juez Especializado de Tierras de Ibagué ha emitido casi 40 sentencias a favor de los campesinos que salieron desplazados tras combates del Ejército con la guerrilla en 2000 (Lea: Ataco, el retorno al pueblo ‘fantasma’). Tanto Tolima como Nariño, además del Meta y Putumayo, han sido foco desde 1999 del llamado Plan Colombia, un programas antidrogas que aumentó el número de tropas de las fuerzas militares en el sur del país con la premisa de erradicar los cultivos de coca y amapola, y combatir a la subversión.

La guerra
En Nariño, las víctimas cuentan que la violencia comenzó en los años 80 primero con el M-19, luego con los Frentes 2 y 29 de las Farc y el grupo Comuneros del Sur del Eln. A finales de los años 90  llegaron los paramilitares, financiados con el narcotráfico y conocidos como el Frente Libertados del Sur, un brazo del Bloque Central Bolívar en cabeza de Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’. Ahora están la guerrilla y las bandas criminales.

En los años 90, el grupo que azotó a la vereda fue la compañía Jacinto Matallana del Frente 2 de las Farc, que entre 1995 y 2006 rondó en la zona principalmente por los sectores de San Lucía, Santa Isabel, Santa Teresita, Santa Bárbara, Los Alisales, Río Bobo y el corregimiento del Encano. Según el relato de varios pobladores, en 1999 alias ‘El Pastuso’ instaló un campamento en predios de la vereda Alisales, vecina a El Cerotal, desde donde planeaba las extorsiones, el robo de vehículos y la denotación de explosivos, entre ellos, la voladura de la torre de telecomunicaciones.

En 2000 la situación recrudeció cuando ‘El Pastuso’ reunió a los habitantes de la vereda y les dijo que debían arrancar todos los cultivos de papa y hortalizas para reemplazarlos por sembradíos de amapola, para el procesamiento de la heroína. Un informe de la Procuraduría General, como parte del proyecto de reparación a víctimas y restitución de bienes, advirtió que las drogas ilícitas fueron el detonante de una guerra que desplazó a decenas de familias durante los siguientes años.

Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), entre enero de 2004 y diciembre de 2007 por lo menos 54 mil personas salieron desplazadas del departamento, afectando a 64 municipios. De cada pueblo, en promedio salieron expulsadas 849 personas.

Ráfaga y miedo
Con el aumento de los cultivos de coca y amapola en el sur del país se agudizó el drama humanitario. En 1999 el gobierno de Andrés Pastrana acordó con Estados Unidos la implementación del Plan Colombia, que envió contingentes de soldados al sur del país. Los combates generaron los primeros desplazamientos en el sur del Meta, Putumayo y más tarde en Nariño, donde la tropa aumentó en un par de años. En 2007, por ejemplo, Nariño pasó de tener un batallón a contar con dos brigadas y seis batallones, pasando de 6 mil a 14 mil la cantidad de miembros de la fuerza pública (Lea: Nariño convulsiona).

Las víctimas recuerdan que el 8 de abril de 2002 el Ejército envió un grupo de contraguerrilla llamado Macheteros del Cauca para cumplir con los objetivos del plan antidrogas. Los soldados llegaron al corregimiento de Santander, en el municipio de Tangua, y luego pasaron al corregimiento de Santa Bárbara, en la vereda El Cerotal, de Pasto, donde sostuvieron combates durante el 11, 12 y 13 de ese abril en el campo. “Todos nos desplazamos”, dice un campesino.

“Como resultado de los acontecimientos descritos, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse a otros sectores rurales, y otras hacia el casco urbano de la ciudad de Pasto, quienes se vieron temerosas de denunciar ante cualquier autoridad a causa de las represalias y amenazas emanadas de los grupos ilegales que participaron de dichos enfrentamientos”, señalan todas las sentencias en el contexto histórico que permitió al Juez Especializado de Restitución de Tierras de Tumaco inferir que los pobladores de los corregimientos de Santa Bárbara, en Pasto, y Santander, en Tangua, se desplazaron tras los combates.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) advirtió en un informe de 2006 que el Plan Colombia aumentó los desplazamientos en los departamentos-fronteras. Una investigación académica titulada Efectos de la regionalización de la política de seguridad democrática para el desplazamiento en las fronteras de Colombia, de la Universidad de Los Andes, documentó que los desplazamientos en esa época aumentaron precisamente en los municipios como Pasto, donde las fuerzas militares adelantaban la tarea de “recuperar el territorio”.

“Para el 2006, 219.886 personas fueron desplazadas y se presentó un aumento del desplazamiento en departamentos fronterizos tales como Putumayo, Arauca, Nariño, Guaviare y Guajira; en Chocó resurgieron los desplazamientos masivos. Como es de esperarse, los lugares de origen del desplazamiento son municipios con concentración del conflicto armado o zonas de cultivos ilícitos”, señala el estudio (lea el documento aquí).

El antiguo registro de desplazamiento, Rupd, muestra el aumento del desplazamiento en zona rural de Pasto. En 2001, los desplazamientos registrados fueron 313, pero esta cifra aumentó a 2.188 en 2002 cuando se registraron los primeros combates. Sin embargo, hasta mayo de 2013, ante la Unidad de Restitución de Tierras sólo se habían presentado 165 familias que reclaman las 1.357 hectáreas que les fueron arrebatadas.

Pablo*, un líder de víctimas cuya identidad se reserva por razones de seguridad, le dijo a VerdadAbierta.com que hasta ahora las comunidades están conociendo el proceso de reclamación a partir de la Ley de Víctimas, pese a que una gran parte de ellas ya retornaron. “Muchas familias que salieron desplazadas, volvieron bajo riesgo. Los casos de despojo están en Tumaco. Pero allí la situación es muy difícil. Las bandas criminales tienen atemorizada a la población y al que reclama lo amenazan al otro día”, explica el líder.

El Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012-2013, de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, advirtió que los desplazamientos continúan en todo el país, con 44 mil casos de personas expulsadas durante 2012. Y Nariño no es la excepción. Allí los desplazamientos son atribuidos al Bloque Occidental de las Farc, varias compañías del Eln, y las bandas criminales de Los Rastrojos y Águilas Negras.

Según el Informe de Seguimiento, el departamento ocupó el quinto lugar del país con más desplazamientos, con 3.732 personas expulsadas durante 2012, además de ser la tercera región donde más se han registrado hechos de violencia después de Antioquia y Chocó. En ese período de tiempo por lo menos 8 mil personas recibieron ayuda humanitaria.

“Todo Nariño sigue estando en conflicto. Acá el drama es diario”, dice una funcionaria del Ministerio Público quien pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, con el aval de la fuerza pública, que es la que garantiza que las víctimas puedan volver y vivir en la región con tranquilidad, desde este año la Unidad de Restitución ha concentrado su atención en la documentación de casos y posterior presentación de las demandas ante el Juez Tierras en los municipios de Pasto, Tangua, Buesaco y el Tablón de Gómez.

“La mayoría de los casos son abandonos”
Hernando Enríquez, director de la Unidad de Restitución de Tierras de Nariño, explicó que han recibido 3.067 solicitudes de tierras en todo el departamento, de las cuales una gran parte son abandonos producto del conflicto. “La mayoría de las familias se desplazaron y retornaron. Pero hay una alta informalidad de la propiedad, es decir, los campesinos no tenían títulos. En las 25 sentencias (23 de Pasto y 2 de Tangua), los jueces ordenaron la entrega de los títulos”, dijo.

Haciendo una radiografía de los casos documentados por la Unidad en el departamento, Enríquez explicó que en la zona central, Pasto, Tangua, Buesaco y El Tablón de Gómez, los desplazamientos se produjeron entre 2002 y 2003 tras combates entre los actores armados.  Sólo del Tablón, por ejemplo, las víctimas han presentado 639 solicitudes por abandono de sus parcelas de las cuales 220 ya fueron presentadas en demanda ante un juez.

La zona de la Costa Pacífica es la más crítica donde las víctimas sí han denunciado despojos, es decir, usurpaciones de tierras por terceros o empresas. Enríquez explica que la Unidad allí le ha dado prioridad a documentar las reclamaciones de las comunidades de indígenas y afrodescendientes, y que está próxima a presentar en demanda el caso del Consejo Comunitario del Alto y Bajo Mira, un territorio protegido después de que varios líderes afro, que han luchado por la titulación colectiva de las tierras, han sido asesinados.

Según el director, también se han concentrado en la documentación de las reclamaciones del pueblo indígena Awá en la zona de Telembí, integrado por seis resguardos y que comprende por lo menos el 30 por ciento del municipio de Barbacoas. “En la zona costera ha sido difícil la caracterización porque incluso no hemos podido entrar a terreno por la presencia permanente de actores armados”, comentó el funcionario.

Sobre la zona de cordillera, los casos más críticos están en los municipios de Cumbitara y Policarpa, “donde no hay confianza en el Estado y ha habido presencia de todos los actores armados ilegales”, señala Enríquez. Lo mismo ocurre con el municipio de Los Andes Sotomayor, donde por lo menos 600 familias le pidieron a la Unidad de Restitución intervenir todo el pueblo. “Allí la situación es grave porque nos han informado que en el territorio hay minas anti persona”, comentó el director de la Unidad de Restitución.

Las víctimas reconocen que el proceso apenas comenzó pero esperan que haya condiciones para salir adelante. “Confiamos en que el Estado nos siga apoyando. Muchos de los que hasta ahora están volviendo encuentran sus ranchos llenos de monte. Eso es comenzar de cero”, comenta Pablo, quien lidera el proceso de reclamación de varias víctimas del departamento.