Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó

Pese a dos años de constantes advertencias lanzadas por la Defensoría del Pueblo sobre la delicada situación que vive este departamento, ni las Fuerzas Militares ni el gobierno nacional han tomado cartas en el asunto de manera efectiva. Lo que se vive es una gran crisis humanitaria. Y se profundiza porque varias agencias internacionales están vetadas para ingresar a algunas zonas afectadas.

El sur de Chocó sigue en disputa pese a la salida de las Auc y de las Farc de la región. Foto: Juan Diego Restrepo E.

El recrudecimiento de la intensa guerra que libran en diversas regiones de Chochó unidades guerrilleras del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) no parece tener tregua. Los combates entre estas dos fuerzas armadas ilegales exponen a cientos de pobladores de comunidades negras e indígenas a una grave crisis humanitaria.

Los últimos hechos se registraron en Peñas Blancas Truandó, del municipio de Riosucio. El pasado 12 de septiembre se registró una fuerte presencia de tropas ‘gaitanistas’ así como de varias columnas guerrilleras en esta comunidad, habitada mayoritariamente por indígenas Emberá Dobida.

Asimismo, desde mayo de este año, las comunidades han reportado fuertes enfrentamientos en la zona y lo que más les preocupa es la constitución de una retaguardia del Eln que ha minado gran parte de los caminos que conducen a esta parte alta del río Truandó.

Aunque fuentes policiales consultadas por VerdadAbierta.com señalaron no tener conocimiento sobre la ocurrencia de combates en la zona, desde hace varias semanas organismos humanitarios han solicitado a las autoridades civiles de Riosucio activar los mecanismos de ayuda de emergencia ante un inminente desplazamiento masivo de indígenas, que podría llegar a más de 270 personas.

No se trata de una alarma infundada. Desde que se recrudecieron las confrontaciones armadas entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’, desde finales de 2015 se han concentrado principalmente en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí y Domingodó, generando una grave crisis humanitaria que se extiende por toda la margen occidental del río Atrato. (Leer más en: La guerra que se cocina lentamente en el Chocó)

Un gran número de territorios colectivos han sido minados, los combates se dan en inmediaciones de los poblados y tanto comunidades indígenas como afrocolombianas se encuentran desplazadas en la cabecera de Riosucio. Las amenazas contra líderes de la región son permanentes y las denuncias de reclutamientos forzados por parte de ambas estructuras armadas constituyen “pan de cada día”.

Esta vasta región es, hoy por hoy, el teatro de guerra más activo en Chocó. El pasado 22 de agosto se presentó un combate entre el Eln y las Agc en inmediaciones de la comunidad Embera de Kiparadó La Loma. La confrontación se dio muy cerca de viviendas del poblado y los habitantes tuvieron que huir para proteger sus vidas. En medio del tiroteo, una bala perdida hirió a la joven Ana María Tovar Metaquito, habitante de Kiparadó. Muy cerca de allí está la comunidad Wounaan de Juin Duur, que también entró en pánico por el tránsito de las Agc y el Eln y habrían decidido desplazarse hacia la cabecera de Riosucio: al final 25 familias de Juin Duur decidieron desplazarse.

La primera semana de agosto se presentó un combate que habría dejado 15 combatientes de las Agc muertos y en mayo el Eln informó, a través de un parte de guerra, sobre la supuesta muerte en combate de por lo menos 46 paramilitares, cifras extraoficiales que, sin embargo, dan cuenta de la intensidad de la confrontación en la región.

A ello se suma que el resguardo Peñas Blancas constituye un territorio con alto valor estratégico para ambos grupos armados, pues permitiría consolidar un corredor que iniciaría en el Bajo Atrato chocoano, en límites con el Urabá antioqueño, remontar la serranía del Baudó, para terminar en el norte de Bahía Solano y de allí, a las costas sobre el Pacífico que posee esta localidad. Sin duda un botín de guerra por el cual los actores armados están dispuestos a matar o morir.

Denuncias documentadas por agencias estatales señalan que en este resguardo la guerrilla del Eln ha plantado una fuerte retaguardia para evitar el avance ‘gaitanista’, recurriendo al uso indiscriminado de minas antipersonal, lo que estaría generando desplazamientos forzados y confinamientos de miles de comunidades negras e indígenas, agravando aún más las difíciles condiciones alimentarias de estos pueblos. Las autoridades tienen conocimiento de cuatro civiles que han resultado heridos al pisar estas trampas mortales mientras que se reportan decenas de combatientes heridos y muertos en campos minados.

Por su parte las Agc ya ejercen un férreo poder sobre la cuenca del río Traundó, lo que ha generado fuertes desplazamiento forzados, principalmente de comunidades negras. Lo que llama la atención de organismos humanitarios es la presencia y el dominio, cada vez más notorio, que tienen los ‘gaitanistas’ sobre el afluente, sobre el cual debería existir un control permanente por parte de la Armada Nacional y la Infantería de Marina (batallones fluviales, Nº 16 y 20 y tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán). (Leer más en: Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó)

¿Empeorará?

Comunidades cuestionan que los ilegales transiten por los territorios a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la región. Foto: archivo Semana.Los análisis de quienes conocen a fondo las dinámicas de la guerra en Chocó estiman que durante las próximas semanas podría haber un recrudecimiento de las acciones de guerra, teniendo en cuenta que el 1 de octubre comienzan a correr los cuatro meses de cese al fuego bilateral pactado por el gobierno nacional y los negociadores del Eln en Quito, Ecuador. Incluso, algunos temes que en esta región no sea tan efectivo el silenciamiento de los fusiles.

Pero lo que más preocupa a quienes trabajan en labores humanitarias en la región es que han pasado dos años desde que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo lanzó sus primeras alertas sobre la grave situación humanitaria en el Chocó y hasta el momento, ni las autoridades de Policía, ni las Fuerzas Militares han tomado cartas en el asunto.

El pasado 4 de septiembre se cumplieron dos años de las primeras advertencias sobre el inicio de un nuevo ciclo de confrontaciones y disputas en el corredor del rio Truandó, sin que ello hay significado una respuesta eficiente por parte del gobierno nacional y de la Fuerza Pública, que, por el contrario, han tratado de minimizar el asunto. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)

El tema ha sido motivo de preocupación de monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, quien en abril pasado y a través de diversos medios de comunicación aseguró que “en algunas regiones se ha denunciado la falta de un mayor compromiso por parte de la Fuerza Pública”. Sus palabras evidencian la inquietud por el avance de grupos armados ilegales desde hace poco menos de dos años, y sin un freno estatal contundente, hacia zonas estratégicas del departamento, vitales para fortalecer negocios ligados al tráfico de drogas, a la explotación aurífera y al tráfico de armas y de municiones, afectando a las comunidades que encuentran a su paso.

VerdadAbierta.com conoció que funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas y de la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo le han solicitado en varias oportunidades al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, que abogue por la apertura de un corredor humanitario que implique la llegada a la zona de comisiones del gobierno nacional y de entidades del Estado en su conjunto para conocer el estado de las comunidades abandonadas, la situación de la población confinada y desplazada y se adelanten acciones efectivas de protección. Hasta el momento no ha habido respuesta a esa petición.

El problema tiende a agravarse con el paso de los días porque, según pudo conocer este portal, los equipos humanitarios de agencias internacionales, así como de la Defensoría del Pueblo, tienen vetado el ingreso a la cuenca del río Truandó, situación que se sabe por algunos mensajes difundidos en la región y debido la alta densidad de minas antipersonales sembradas cerca a los caminos.

Desplazamiento forzado no cede en Colombia

Aunque las dinámicas del conflicto armado en el país se han transformado sustancialmente gracias a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, este flagelo continúa con una preocupante tendencia al alza. Combates, incursiones armadas y reposicionamiento de fuerzas ilegales, afectan a las comunidades.

desplazados s1 2017 1Según el informe de Ocha, los eventos de desplazamiento forzado masivo registrados durante el primer semestre de 2017 se concentraron en seis departamentos. Los más afectados, los que conforman en Pacífico colombiano. Foto: Ricardo Cruz.

El recrudecimiento de la confrontación armada entre la Fuerza Pública con el Eln y el Epl; la disputa que actualmente sostienen estructuras del crimen organizado con el Eln y con otros grupos armados para copar los territorios dejados por las Farc; así como expansión territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), se constituyen en las principales causas para que el desplazamiento forzado en Colombia no ceda.

Así lo advierten diferentes organizaciones que monitorean este flagelo en el país, como la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA); la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); y la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Las tres coinciden en destacar que, pese a la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, aún no es posible afirmar que el conflicto armado colombiano haya llegado a su fin ni mucho menos el drama del desplazamiento forzado.

Pacífico colombiano: en guerra

En su reporte sobre la situación humanitaria en Colombia durante el primer semestre del año, publicado recientemente, OCHA advierte que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 se desplazaron forzosamente 7.682 personas en eventos masivos, que a su vez corresponde al 70 por ciento del total de personas que se vieron obligadas abandonar sus hogares durante todo 2016.

Según esta agencia del sistema de Naciones Unidas, de continuar la tendencia que ha mostrado este flagelo durante el primer semestre de este año, el país podría terminar el 2017 con una cifra de personas en situación de desplazamiento superior a las 15 mil. OCHA también consigna que en lo que va de este año se han registrado desplazamientos masivos en 26 municipios del país y en 15 de ellos no se presentaban éxodos forzados masivos desde hace por lo menos cinco años.

“Por ejemplo, el municipio de Tadó, Chocó, donde no se reportaba un desplazamiento masivo desde 2012 mientras que en lo corrido del 2017 ya se han presentado dos eventos, afectando a 359 personas (…) lo que puede estar relacionado con la nueva dinámica (del conflicto) y la presencia de otros grupos que buscan consolidar su control en estas zonas”, asevera OCHA en un informe publicado recientemente. (Descargar boletín)

De acuerdo con esta agencia, los departamentos que conforman la región Pacífica concentran el 80 por ciento del total de personas desplazadas masivamente hasta el momento. En cuanto a los municipios más afectados, reseñó que Litoral del San Juan, Alto Baudó y Medio Baudó, en Chocó; El Bagre, en Antioquia; y Hacarí, en Norte de Santander, fueron los que más expulsaron personas en eventos masivos.

“Se destaca la ocurrencia de más de un evento en los municipios de Buenaventura (cuatro), Litoral de San Juan (cuatro), Lloró (tres), Santa Bárbara de Iscuandé (tres) Alto Baudó (dos) y Tadó (dos), todos municipios de la región Pacífica”, reseña OCHA.

Con relación a los actores generadores de desplazamiento forzado masivo, advierte que el 35 por ciento se dieron como consecuencia de enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y grupos armados postdesmovilización, principalmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo que claramente indica una disputa por el control económico y territorial de zonas dejadas por las Farc.

De otro lado, también se destaca el accionar unilateral de los grupos armados postdesmovilización, que representan el 31 por ciento de los casos de eventos masivos, cifra que a su vez representa un notorio incremento en la incidencia de estos grupos en el fenómeno; es decir, mientras en 2016 unas 94 personas declararon haber sido desplazadas por estos grupos herederos de la desmovilización paramilitar, en 2017 la cifra ascendió a 1.008. También llama la atención de la OCHA que un 34 por ciento de los casos sean atribuidos a “grupos armados sin identificar”.

Pero las advertencias de esta agencia no son solo por la dinámica que muestra el desplazamiento forzado hoy en Colombia. Según su reporte, entre enero y junio de este año más de 65.500 personas sufrieron limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios como consecuencia de la violencia armada.

De acuerdo al monitoreo de OCHA, “se han evidenciado restricciones al acceso y limitaciones a la movilidad en 13 departamentos del país, lo que significa un aumento del 30 por ciento en el número de departamentos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque las principales afectaciones se encuentran en Norte de Santander y Antioquia, los departamentos del Pacífico también han sufrido restricciones. En el 50 por ciento de los municipios con afectación por desplazamiento masivo también se han identificado restricciones al acceso”.

Ese flagelo también deja víctimas en las grandes ciudades, en donde se dan dinámicas de desplazamiento intraurbano, confinamiento o fronteras invisibles. Uno de los casos más graves es el de Altavista, un corregimiento de Medellín en donde sus habitantes viven atrapados en medio de las balas de grupos de delincuenciales y del arribo de las Agc. Ver: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos

El avance ‘gaitanista’

desplazados s1 2017 2De acuerdo con Codhes, lo que viene ocurriendo en el Pacífico colombiano no es nuevo. Se trata de un recrudecimiento del conflicto y la violencia armada que se viene registrando de manera sostenida desde los últimos seis años. Foto: Ricardo Cruz.“Hasta hace poco, los llamados ‘gaitanistas’ eran un fenómeno muy focalizado: Urabá, Córdoba, Antioquia, parte de la costa norte. Ahora hay presencia de este grupo en el norte de Cauca, en Valle del Cauca, en otras regiones, y se están convirtiendo en uno de los principales generadores de desplazamiento forzado”, explica Paola Hurtado, investigadora de Codhes.

A esto se suma, según ella, los combates que actualmente sostiene la guerrilla del Eln con esta estructura en regiones del Pacífico y, a su vez, con efectivos de la Fuerza Pública, particularmente en el Catatumbo: “esas son, en términos generales, las principales causas del desplazamiento forzado hoy en Colombia”.

Las cifras de Codhes, que serán presentadas públicamente en las próximas semanas, muestran que durante el primer semestre del año un total de 9.166 personas debieron abandonar sus hogares por las causas ya descritas. De ellas, unas 9.000 lo hicieron en 48 eventos masivos.

En sus análisis también aparece el Pacífico como una de las regiones más afectadas por este fenómeno: Chocó, donde actualmente la guerrilla del Eln y los ‘gaitanistas’ libran fuertes combates; seguido de la Costa Pacífica nariñense, donde la confluencia de diversos actores armados, incluidas disidencias de las Farc, está generando un caos en materia de orden público; y Buenaventura, donde la violencia no cesa.

“También aparecen el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, que son regiones que tienen una misma dinámica; el norte del Cauca y Norte de Santander. En este último, todos los eventos de desplazamiento se han registrado en el Catatumbo: Tibú, El Carmen, Hacarí y Sardinata. Es claro que allá persiste la confrontación entre diversas estructuras armadas”, sostiene la investigadora, quien añade que desde 2012, cuando iniciaron las negociaciones de paz con las Farc, el año con menos desplazados forzados fue 2015.

“Hay una tendencia muy similar al año pasado”, dice Hurtado y destaca que, por el momento, no hay reportes de desplazamientos forzados atribuidos a las Farc: “Podría decirse que es algo obvio, pero no. Durante y después de la desmovilización de las Autodefensas, que fue entre 2004 y 2006, varios eventos de desplazamientos la gente se los atribuía a los paramilitares. Pero a la fecha, no se consigna ninguna denuncia, ningún evento donde la gente nos diga ‘fueron las Farc’”.

¿Subregistro y crisis humanitaria?

desplazados s1 2017 3A pesar de la salida de las Farc como actor armado, el desplazamiento forzado no se ha detenido y sigue causando crisis humanitarias. Foto: Ricardo Cruz.Si algo preocupa a la investigadora de Codhes es la forma como los organismos encargados de la atención de la población desplazada, así como las mismas autoridades civiles y de Policía, vienen asumiendo las consecuencias generadas por los grupos armados surgidos luego de la desmovilización de los paramilitares.

“A muchas de las personas que han declarado haber sido desplazadas por los ‘gaitanistas’, por poner un ejemplo, no las están incluyendo en los registros y eso las está privando de la ayuda humanitaria”, asevera Hurtado. Pese a sendas providencias judiciales y acciones de tutela, estos grupos continúan siendo valorados por las entidades estatales como estructuras de crimen organizado, ajenas al conflicto armado, “y eso es un grave error, porque la crisis humanitaria que generan las ‘Agc’ es equivalente a las que genera el conflicto armado”, resalta.

¿Esto podría estar generando un subregistro? ¿Podría ser mayor el número de desplazados en Colombia? Con relación al desplazamiento forzado, destaca Hurtado, siempre existirá subregistro. Al respecto, Eduardo Álvarez, director del área de Dinámicas de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dice que ello es muy probable dado que los informes sobre este fenómeno no suelen reflejar la magnitud de los casos ‘gota a gota’ o individuales.

“Porque muchos de estos casos la gente suele desplazarse sin denunciar, para no ‘boletearse’ o por razones de seguridad. Y eso está pasando mucho en este momento”, declara Álvarez y agrega que “a eso se suma que hay regiones en Colombia de difícil acceso, donde realizar monitoreo in situ se está convirtiendo en una misión riesgosa. Por ejemplo, la zona en la que operan las disidencias de los frentes 1 y 7 de las Farc, donde ha sido atacada la cooperación internacional, impidiéndole ingresar a esta región, aspecto que también fue advertido por OCHA”.

Una de las primeras conclusiones que resalta, luego de analizar el comportamiento del desplazamiento forzado en Colombia es, a juicio de Álvarez, que “no se puede hablar de que el conflicto armado en Colombia se acabó. Lo que estamos viendo es que se está transformando, se está focalizando en unas regiones particulares y está generando unos impactos en la población. Uno de ellos es el desplazamiento forzado, sea individual o masivo”.

Así, para el investigador de la FIP, hay unas regiones específicas a las que hay que prestarles mayor atención dada las condiciones de conflicto que muestran actualmente: “el Andén Pacífico es uno de ellos. Y lo preocupante es que el Pacífico muestra muchas dinámicas: confrontación Eln-Gaitanistas; conflicto Eln-Fuerza Pública; disidencias de Farc y grupos sin identificar. Pero también están el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el eje Llanos Orientales – Vichada – Guanía - Vaupés; toda la zona de Putumayo. Ya no está esa fuerza bélica como eran las Farc, pero quedan otros grupos”.

Bajo esas circunstancias, el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se convierte en un reto para la acción humanitaria y la prevención de los factores que lo ocasionan, lo que exige una intensa labor institucional; de lo actuar con eficiencia, el fenómeno no cederá y el país se mantendrá en los primeros lugares de la lista de las naciones con mayor número de desplazados internos por conflictos armados del mundo.

En Chocó falla el sistema de atención a desplazados

A pesar de ser el departamento con mayor número de desplazamientos masivos durante este año, las autoridades locales y nacionales parecen no estar preparadas para atender a las víctimas. La falta de presupuesto, los enredos contractuales y las “peleas” institucionales son parte del panorama.

desplazados choco 1El desplazamiento masivo ha sido en su mayoría intramunicipal o intermunicipal. Foto: revista Semana.A diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría del país, en Chocó la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc no implicó una disminución de la violencia. Al contrario, la salida de los frentes subversivos hacia las zonas veredales de concentración acrecentó los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Eln para apoderarse de zonas clave de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal.  (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A pesar de que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo, desde 2015, las intenciones de los ‘gaitanistas’ de tomarse buena parte de Chocó, su avance no se detuvo. El departamento fue víctima de 12 de los 28 desplazamientos masivos ocurridos en el país en los cinco meses que van de 2017, según el reporte de la Unidad de Manejo y Análisis de Información de Naciones Unidas.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, durante 2017 se han desplazado comunidades afro e indígenas de Lloró, Litoral de San Juan, Alto Baudó, Bajo Baudó, Río Sucio, Carmen del Darién y Tadó. Las más de 3 mil personas afectadas que reporta Naciones Unidas ubican a Chocó en el deshonroso primer lugar en desplazamientos forzados en el país.

Los enfrentamientos y la instalación de minas antipersonal también han ocasionado confinamiento de por lo menos 2.300 personas de comunidades afro e indígenas que temen salir de sus casas, según el sistema de información de Naciones Unidas.

Para atender estas emergencias, la Ley de Víctimas, en vigencia desde el 1 enero de 2012, estableció que la atención inmediata es responsabilidad de las alcaldías locales, que se supone deben tener planes de contingencia; y, en caso de no poder cumplir, cuentan con el apoyo de la Unidad de Víctimas y la Gobernación.

En Chocó, sin embargo, la respuesta institucional no ha funcionado como debería y, en la mayoría de los casos, la atención humanitaria inmediata ha quedado en manos de organismos internacionales como el Consejo Noruego de Refugiados y del Comité internacional de la Cruz Roja (CICR). Más que un caso excepcional, lo que sucede allí ejemplifica las dificultades que han tenido los municipios más pobres para implementar políticas de atención a víctimas.

Precariedad de autoridades locales

desplazados choco 2Desde 2015 la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre el avance de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sobre el Chocó. Foto: revista Semana.

Ante un desplazamiento forzado, la ley indica que las alcaldías locales deben atender de manera inmediata a la población. Se supone que en cada municipio debe existir un plan de contingencia y presupuesto para brindar alimentos, productos de aseo, servicios médicos y alojamiento a la población desplazada. La cobertura de emergencia se extiende durante tres meses.   

Pero estos procedimientos no se cumplen con rigor en Chocó, en parte, porque todos los municipios en los que se han presentado desplazamientos son de categoría seis y manejan presupuestos bastante ajustados. De hecho, todo el departamento está en esa categoría, que es la más baja. “Es muy difícil que nos dejen esa responsabilidad en nuestras manos que trabajamos con las uñas. Acá sigue llegando y llegando gente, pasan las semanas y la plata se va a agotando. Yo no puedo poner todo el presupuesto en esto, yo tengo un plan de gobierno qué cumplir”, contó a VerdadAbierta.com el mandatario de un municipio ubicado sobre la costa Pacífica de Chocó, quien pidió la reserva de su nombre.

También es cierto que, para muchos alcaldes, a pesar del riesgo inminente, el tema de atención a las víctimas no es una prioridad y poco invierten en planes de contingencia. “Los administradores de turno no tienen la visión de proyectar temas de emergencia, no les asignan recursos, ponen dos o tres milloncitos y nada más, cuando la emergencia se presenta no tienen cómo atenderla. Este año con presupuestos nuevos en febrero ya había alcaldes diciendo que no tenían plata”, dijo el coordinador de la Mesa Departamental de las Victimas, Esaud Maturana.

Según dijeron fuentes consultadas en la zona, el único plan de contingencia que está en total funcionamiento es el del Alto Baudó.  Elogian también el trabajo que ha hecho el municipio del Litoral San Juan, donde la administración local ha respondido por la atención inmediata casi en su totalidad.

Lo cierto es que hay emergencias que son muy graves y difícilmente una autoridad local, que vive en medio de la zozobra y la violencia, podrá responder por ello. Por ejemplo, de acuerdo con los informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre los desplazamientos en Lloró, uno de los problemas es que el alcalde del municipio también está amenazado por las bandas criminales.

En Riosucio, la emergencia se viene presentando desde finales del 2015 y el número de desplazamientos y confinamientos sigue en aumento, por lo que es imposible que la alcaldía local sea la única a cargo de la situación. Ya lo advertía así un oficio que la Defensoría del Pueblo envío en abril de 2016 a la Unidad de Víctimas: “el municipio de Riosucio ha manifestado de manera reiterada que no dispone de recursos para atender a una emergencia humanitaria de esas dimensiones, se requiere que la UARIV -Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, en atención a sus obligaciones, disponga de ayudas humanitarias necesarias para que la población desplazada y confinada no siga padeciendo hambre”.

A pesar de ello, en la última nota de seguimiento, del pasado 27 de abril emitida por el SAT, la situación no es alentadora: “Al día de hoy, en la cabecera municipal de Riosucio hay aproximadamente 350 familias desplazadas por acciones de las AGC sin atención adecuada y digna del Estado”.

Según líderes sociales y algunos funcionarios públicos consultados por VerdadAbierta.com, la situación es peor cuando se trata de confinamientos, pues es en esos casos las personas están pasando hambre. Este delito, que ya fue incluido en la lista de “hechos victimizantes” que reconoce la Unidad de Víctimas, ha sido frecuente en lo que va corrido del año en Chocó, pues los grupos armados prefieren que las personas no salgan y así no hacer visible su presencia. Algunas comunidades indígenas han denunciado la instalación de minas antipersonal que les impide transitar libremente por sus cultivos, lo que ha causado desabastecimiento.

“Esta es un situación que poco atienden las autoridades locales. Solo en algunos casos llegan otras entidades, pero atienden con uno o dos mercados, nunca se atienden las causas, por ejemplo la presencia de explosivos en el territorios, los grupos siguen moviéndose por allí, haciendo esto y lo otro, entonces la gente tiene que convivir con eso”, explicó a VerdadAbierta.com un funcionario que conoce el tema.

¿Qué pasa con la Unidad de Víctimas?

desplazados choco 3Riosucio ha sido uno de los municipios más afectado por el avance de los ‘gaitanistas’. Foto: revista Semana.

A pesar de que se trata de un departamento prioritario, solo hasta el 9 de mayo fue nombrada la directora territorial de la Unidad de Víctimas, se trata de María del Rosario Palacios. Durante los primeros meses del año, estuvo como director encargado, Jaime Ramiro Guerrero Vinueza, director regional de la Unidad en Nariño, departamento que también vive su propia emergencia humanitaria y muy distante del Chocó. “Vino unos días y luego salía, así es muy difícil hacer seguimiento a una problemática tan grave”, dijo Maturana.

Guerrero hizo un par de visitas a la sede de la Unidad en Quibdó, pero gestionaba la emergencia desde la ciudad de Pasto. Sin embargo, en respuesta a VerdadAbierta.com, la Unidad de Víctimas insiste en que eso no afectó en el cumplimiento de sus funciones.

El papel de la Unidad es clave no solo porque es la encargada de coordinar la aplicación de la Ley de Víctimas, sino porque está obligada a apoyar a los entes territoriales que no cuentan con los recursos necesarios para la atención inmediata. Una vez los afectados estén incluidos en el Registro Único de Víctimas, debe prestar la atención humanitaria de emergencia. 

Por esto, la sorpresa fue mayor cuando en varias reuniones interinstitucionales convocadas en Chocó para hacer frente a los inminentes desplazamientos masivos, la Unidad de Víctimas anunció que no contaba con un contrato vigente con el operador que proveía servicios de atención humanitaria y que, por lo pronto, no estaba en capacidad de brindar el servicio. “No es aceptable que sea esa la respuesta de la entidad encargada de atender a las víctimas en un momento en el que Colombia está en transición hacia la paz, donde las mayores victimizaciones se siguen presentando en el Pacífico”, indicó un líder comunitario.

El problema se resolvió por medio un convenio con el CICR y el Consejo Noruego de Refugiados, quienes atendieron la situación.

VerdadAbierta.com se contactó con la Unidad de Víctimas y ante la negativa de conceder una entrevista enviamos un formulario de preguntas. En sus respuestas precisó que “el proceso contractual se encuentra en curso y se adelanta en la Bolsa Mercantil, tal como se ha hecho en vigencias anteriores. Esta contratación busca tener el operador que realice la actividad de entrega de Ayuda Humanitaria en Especie y de acuerdo con el cronograma de la Bolsa la rueda de negocios está programada para este mes de mayo”. La respuesta fue enviada el 10 mayo y para entonces el proceso de contratación seguía en trámite.

El nivel de desatención por parte de la Unidad de Víctimas fue denunciado en el informe de riesgo del 30 de marzo de 2017 de la Defensoría del Pueblo. En el documento se advierte de la grave situación en el Litoral San Juan. Por su cercanía con Buenaventura, esta población ha optado por desplazarse al puerto vallecaucano para recibir atención de emergencia, pero de acuerdo con el informe no son solo ellos, sino que varias víctimas “optan por desplazarse hacia Buenaventura, pues consideran que existen mayores garantías para la atención en este lugar, ya que argumentan dilaciones por parte de la Unidad de Victimas Territorial”.

¿Y dónde está la Gobernación?

desplazados choco 4El confinamiento, que se define restricción de la libertad de movimiento de una población, ha sido un delito recurrente en conflicto reciente del Chocó. Foto: revista Semana.

Aunque varias de las personas consultadas apuntan a que la Gobernación de Chocó ha sido pasiva ante la emergencia, la entidad se defiende asegurando que hay varios factores ajenos que han impedido su trabajo.

La Gobernación designó 19.641 millones de pesos para atender la población víctima en todo el departamento. Cerca de 4 mil millones salen del presupuesto propio y el resto lo toman del Sistema Nacional de Regalías.

Para articular el trabajo de las autoridades locales con las de orden departamental y nacional, la Unidad de Víctimas creó a finales de 2015 una herramienta conocida como ‘Tablero PAT’.  En este sistema, los alcaldes locales deben suministrar la información sobre las necesidades de su municipio que sirvan de insumo para planear un Plan de Atención Territorial (PAT) en el que interviene la Gobernación y la Unidad de Víctimas.  Los datos del año en curso se usan para planear las acciones a seguir el año siguiente.    

“Nosotros pudimos establecer que hubo una falla en la información que los entes territoriales entregaron el año pasado. No había suficiente información y no todos sabían cómo funcionaba en el mecanismo. Ya el problema está solucionado, pero la información de este año ya se aplicaría en 2018”, explicó Mauricio López, coordinador de la Oficina de Víctimas de la Gobernación de Chocó. De acuerdo con el funcionario, no contar con información fiable ha hecho imposible la planeación de los proyectos.

Por otro lado, las diferencias entre los funcionarios de la Gobernación y lo miembros de la Mesa Departamental de Víctimas solo han empeorado la situación. Para la Mesa, la Gobernación “está lejos de las víctimas y no les pone cuidado”; y para la Gobernación, “algunos miembros de la Mesa son un ‘palo en la rueda’ que no dejan avanzar los procesos’”. Las acusaciones van y vienen, pero los proyectos concretos no avanzan y las comunidades afectadas no encuentran soluciones concretas a sus padecimientos.

Desde la Gobernación anterior (2012-2015) la Mesa de Víctimas venía trabajando en la elaboración de seis proyectos para atención y reparación de las comunidades afectadas de Chocó. Uno de estos destinaba recursos de atención inmediata en casos de desplazamiento para los municipios que aún no tuvieran un plan de contingencia. Para la Gobernación, el proyecto no contaba con la rigurosidad técnica requerida, aunque la Mesa contó con ayuda de entidades internacionales para su elaboración.

“En diciembre lo aprobó el Comité de Justicia Transicional, lo entregamos, pero la Gobernación no nos ha parado bolas”, dijo Esaud Maturana, de la Mesa de Víctimas. El Comité es la instancia para el diseño de política pública en temas de atención a víctimas a nivel territorial.

Desde entonces, 12 desplazamientos masivos han ocurrido en el departamento y el proyecto no ha concluido. De acuerdo con Mauricio López, en la Gobernación están a punto de aprobar 3 mil millones de pesos para atención humanitaria con cambios al proyecto original.

Mientras estas discusiones tienen lugar y los problemas contractuales no se resuelven, la violencia no se detiene en Chocó. El verdadero peligro es que, mientras no hay soluciones estables, se pone en riesgo a la población que se ve obligada a regresar a la zona sin el debido acompañamiento del Estado, quedando a merced de grupos armados ilegales.

* Tatiana Navarrete, autora del artículo, viajó a Chocó con el apoyo del International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de la iniciativa Adelante.

El resguardo Wiwa que está a la deriva

Cerca de 400 indígenas han vivido hacinados durante más de dos años en el casco urbano de Becerrill, Cesar. Aunque les prometieron reubicar inmediatamente su resguardo en La Guajira, la Agencia Nacional de Tierras solo ha comprado el 35% del territorio.wiwa 1

Campo Alegre, el nombre original del resguardo de la comunidad Wiwa en Cesar, parece hoy una ironía. De él solo queda el nombre, pues desde hace más de dos años no tienen territorio y están hacinados en una sede abandonada de Carbones del Caribe, sobre la vía que conecta a Becerril con Valledupar.

Para sobrevivir, las más de 90 familias han cambiado drásticamente su forma de vida: las mujeres trabajan como empleadas domésticas, los hombres salen a jornalear y los menores asisten a una escuela improvisada construida con recursos de la comunidad.

“Si no tenemos territorio no somos nada”, explica María Milena Malo, secretaria general del Resguardo. Por eso, en medio de estas precariedades, la comunidad espera una solución al problema que el mismo Estado generó hace 22 años.

Una historia plagada de errores

Como cuenta María Malo, esta comunidad indígena tiene origen en sus abuelos que salieron desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta en la década del ochenta. Con mucho esfuerzo, compraron varias fincas para constituir el resguardo.

El drama de los Wiwa comenzó, sin embargo, desde que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregó en 1995 el título colectivo, que reconoce el Resguardo de Campo Alegre en la Serranía del Perijá, con 1.141 hectáreas. El problema fue que la entidad constituyó el resguardo dentro del territorio ancestral de los Yukpa, otro pueblo indígena de Cesar.

En ese entonces, los dos pueblos indígenas llegaron a un acuerdo y los Wiwa siguieron trabajando sin problema sobre la margen derecha del río Maracas. Sin embargo, la comunidad Wiwa creció en integrantes con el paso de los años y los Yukpa les expresaron la necesidad de salir de su territorio ancestral. Por mutuo acuerdo, El 15 de junio de 2015 los Wiwa dejaron su resguardo.

No fue una salida intempestiva. Las comunidades conversaron por más de un año en compañía de entidades gubernamentales de orden nacional y local para evitar una tragedia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dijo que los reubicaría en el municipio de El Molino en La Guajira y les prometió que para diciembre de 2015 ya estarían compradas la mitad de las 1.141 hectáreas y en 2016 tendrían el 100% del resguardo. Pero no fue así.

Los Wiwa quedaron en medio del “congelamiento” de todos los procesos agrarios, pues en diciembre de 2015 el gobierno nacional anunció la liquidación del antiguo Incoder para dar vida a la nueva Agencia Nacional de Tierras. Y durante gran parte de 2016 este tipo de procesos quedó detenido mientras la Agencia hacía el empalme y recibía todo el archivo rural del país.

wiwa 2160 menores asisten a una escuela que tuvo que improvisar la comunidad para no interrumpir las clases. Foto: Tatiana Navarrete.

Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de Tierras, los retrasos han sido de la comunidad. “Estas compras no han tenido la celeridad que ha querido imprimirle la Agencia Nacional de Tierras por los retrasos de la comunidad a la hora de presentar la documentación completa de los predios solicitados para compra. Así consta en las actas de seguimiento realizadas por el Ministerio del Interior”, dice la respuesta enviada por la Agencia a VerdadAbierta.com. Estas acusaciones han sido negadas por los Wiwa, quienes en el albergue han acopiado decenas de carpetas con los documentos de su reclamación.

Ante la emergencia, la solución ofrecida entonces por la Alcaldía de Becerril fue albergarlos en la antigua sede recreativa de Carbones del Caribe, que no tiene la capacidad ni la infraestructura para que allí vivan las 486 personas que integran el resguardo. “No tenemos territorio, comida, vestido, esto es muy difícil”, cuenta entre lágrimas, la profesora Ana Elvia Nieves.

La respuesta de las entidades locales y nacionales ha sido insuficiente: no les brindan ayuda humanitaria porque “no son víctimas del conflicto armado”, los menores solo reciben una comida en todo el día y las autoridades locales los han dejado en un callejón sin salida, “En Becerril no se nos atiende en ciertos proyectos por no tener un territorio y en El Molino tenemos territorio pero no se nos atiende porque no está legalmente constituido el resguardo allá”, dijo la Secretaria del Resguardo.

Como explica la personera de Becerril, Ana Benavidez, “sin el resguardo constituido no pueden acceder a la oferta institucional. El incumplimiento con el tema de las tierras ha sido demasiado. Convocan reuniones y reuniones y nada pasa, llegan a las mismas conclusiones”.

VerdadAbierta.com intentó contactar al Alcalde y al Secretario de Gobierno de Becerril, pero no obtuvo respuesta.

El tiempo apremia

wiwa 3Esta comunidad ha perdido los espacios tradicionales donde los mayores trasmitían a los niños sus conocimientos ancestrales. Foto: Tatiana Navarrete.

Lo que más preocupa a la comunidad Wiwa es que siga pasando el tiempo y el “tejido social” se siga fracturando. Estar en un albergue al lado de la carretera y sin tierra para cultivar ha afectado todas sus prácticas culturales y expuesto a sus jóvenes. “Aunque las tecnologías nos han permitido comunicarnos, muchos jóvenes quieren estar pendiente es de las redes sociales, de ir a los billares o a las cantinas que hay por acá cerca. Tenemos miedo que no quieran volver al resguardo”, cuenta María Milena Malo.

Las profesoras intentan preservar la lengua nativa, el Dumuna, en las improvisadas aulas construidas por la propia comunidad con una malla y mesas viejas. Allí, al lado de una piscina con agua estancada que se ha convertido en un foco de enfermedades, reciben clases más de 160 niños.

Diana Luz Mendoza, profesora del Resguardo, advierte que no es solo un problema de infraestructura; tampoco hay garantías para que los niños se alimenten bien. “Nos apoyan con los almuerzos, pero acá hay niños que pasan el día con esa sola comida. Se nos han desmayado en clase”, comentó Mendoza.

“No tenemos nada, ni materiales, ni uniformes. Estudiar así es muy difícil”, aseguró Luis José Daza, personero del Centro Educativo Riveras del Maracas. Y a pesar de las difíciles condiciones les han abierto las puertas a otros niños que no hacen parte del resguardo, pero que no encontraron cupo en Becerril.

Extrañan los espacios tradicionales donde los mayores trasmitían a los niños sus conocimientos ancestrales. Atrás quedaron las danzas y los pagamentos acompañados de la interpretación del carrizo, la caja y la maraca. 

El problema es que luego de que el gobierno nacional les entregara las primeras 313 hectáreas de las 1.114 en El Molino, los mayores se trasladaron a este municipio con la idea de comenzar a trabajar la tierra, entonces la comunidad quedó fraccionada. “Hoy la comunidad está dispersa. Ya 30 familias salieron hacia El Molino y las otras están acá en Becerril”, contó Nieves.

Como no tienen territorio para cultivar alimentos, han tenido que salir a rebuscarse el “diario”. Si mucho, les pagan a 25 mil el jornal, pero como cuenta Jairo Alfonso Pulgar, comisario del resguardo, a veces les postergan la paga aprovechando su situación de necesidad. Las mujeres, también tratando de sobrevivir, buscan algunos pesos en casas de Becerril, trabajando en la limpieza o la preparación de alimentos.

Cuando vivían en su resguardo los Wiwa no sufrían de tristeza ni desnutrición, pero ya los primeros niños fueron diagnosticados con esta enfermedad y, hace un par de meses, uno de sus mayores “murió de angustia”, como cuenta Carlos José Nieves Daza, coordinador de Tierras del Resguardo. “El hombre se sentaba por ahí a llorar de ver que seguíamos aquí sin territorio”.

Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

Por cuenta de enfrentamientos armados entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del Eln, la localidad del Alto Baudó se encuentra sumida en una delicada crisis humanitaria debido a éxodos forzados y confinamientos. La situación es reiterada y las autoridades poco o nada hacen para atender a las comunidades. Corte Constitucional reclama explicaciones.

guerra baudo 1170 familias están refugiadas en la cabecera de Alto Baudó. Foto: Defensoría del Pueblo.A Jesús María, un hombre que se ganaba la vida transportando gente en su lancha por las caudalosas aguas del río Baudó, sur del departamento de Chocó, lo mataron delante de sus vecinos, paisanos y amigos, a plena luz del día, sin que nadie pudiera evitarlo.

Ocurrió el fin de semana pasado en la localidad de Puerto Meluk, cabecera municipal del Medio Baudó: “fueron por él, lo pasearon por todo el pueblo, lo torturaron y lo mataron sin que nadie pudiera hacer nada. La población está aterrorizada”, señalaron integrantes del Foro Interétnico Social Chocó (Fisch), organización que acompaña comunidades afros e indígenas en este departamento, uno de los más pobres del país y también de los más azotados por la guerra.

Las razones de su asesinato son tan absurdas como la guerra que se recrudece actualmente en esta región del suroccidente chocoano sin que a nadie pareciera importarle. Según reportó la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, a Jesús María lo mataron presuntos guerrilleros del Eln por haber transportado en su lancha integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

De acuerdo con la Entidad, días antes los ‘gaintanistas’ remontaron las aguas del río Baudó desde Puerto Meluk hasta el caserío conocido como Peña Azul, en el Alto Baudó, con el fin de hostigar a los guerrilleros del Frente Resistencia Cimarrón del Eln. Al final se produjo un fuerte choque armado entre ambos grupos. Las comunidades quedaron en medio del fuego cruzado.

Como resultado de esa incursión, unas 156 familias, cerca de 465 personas, entre hombres, mujeres y niños de las comunidades Peña Azul, Bocas de Apartadó, Boca de León, Geandó, Punta Peña, Bacal, Amparradó y Cocalito, decidieron abandonar el territorio por temor a que se reactiven nuevamente los combates. Actualmente se encuentran refugiadas en la cabecera de Puerto Meluk, donde están siendo atendidas con los escasos medios con que cuenta la administración municipal.

“Pero la Defensoría teme además por otras 10 comunidades, entre ellas dos comunidades indígenas, Wounaan y Emberá, que están en riesgo de desplazamiento mientras que hay otras confinadas por cuenta de la presencia de estos grupos armados”, le dijo a VerdadAbierta.com Luis Enrique Murillo, Defensor del Pueblo, Regional Chocó.

Se trata de una situación delicada si se tiene en cuenta que por las aguas del Baudó transitan diariamente las comunidades afros e indígenas llevando alimentos, mercancías y combustible para sus caseríos. Por cuenta de la confrontación que mantienen ‘gaitanistas’ y ‘elenos’, la movilidad por el afluente se ha restringido a tal punto que los pobladores no pueden salir a realizar sus faenas diarias de agricultura, cacería y pesca.

“Hay comunidades confinadas que no pueden moverse por la presencia de estos grupos armados, porque han puesto artefactos explosivos, como minas antipersonas, y eso genera una crisis alimentaria porque la gente no puede salir a buscar sus alimentos”, agregaron voceros del Fisch, quienes aseguraron que ambos grupos armados ilegales cobran extorsiones a los lancheros y les imponen restricciones a su movilidad en determinadas horas de la tarde.    

Guerra de no acabar

guerra baudo 2El desabastecimiento y el confinamiento pueden empeorar la crisis humanitaria del sur de Chocó. Foto: Juan Diego Restrepo E.No es la primera vez que desde la profundidad selvática del Baudó llegan noticias de una guerra que parece no tener “tregua ni cuartel”. El actual escenario había sido advertido por la propia Defensoría del Pueblo a las autoridades civiles y de Policía del departamento durante una reunión realizada el pasado 28 de febrero en las instalaciones del Comando de Policía Chocó.

Allí, la Agencia del Ministerio Público hizo un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Riesgo No. 011 A.l. de 2009, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría para toda la región del Baudó. En ese documento se consignaron los riesgos que corrían los pobladores de esta región por cuenta de las operaciones de grupos armados ilegales.

El informe del SAT llamó la atención sobre la situación de confinamiento de las comunidades afros e indígenas, así como la posibilidad de desplazamientos forzados en localidades del Alto, Medio y Bajo Baudó, como en efecto viene ocurriendo. También sobre la siembra de minas antipersonas y las intimidaciones dirigidas contra gobernadores indígenas y presidentes de consejos comunitarios. Al Informe de Riesgo ya se la han realizado cinco notas de seguimiento, con las que se actualiza la situación de vulnerabilidad de los pobladores, y concluyeron que los riesgos no han desaparecido; por el contrario, se incrementaron.

El avance de los ‘gaitanistas’ viene aumentando exponencialmente la inseguridad tanto de afros como indígenas de el Baudó, El San Juan y el Bajo, Medio y Alto Atrato. Esa estructura armada, nacida a mediados de 2006 como reemplazo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está copando a sangre y fuego territorios antiguamente dominados por la guerrilla de las Farc, en camino ya a la dejación de armas y a la reincorporación a la vida legal. Esos hechos fueron denunciados en diciembre del año pasado en varias localidades del Bajo Atrato y en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, donde la Defensoría conoció casos de amenazas, desplazamientos forzados y varios asesinatos selectivos.

Lo que advierten analistas de esta Agencia del Ministerio Público es que la dinámica que muestra el avance de este grupo armado posdemovilización apunta a consolidar un importante corredor estratégico que va desde el Bajo Atrato, conecta con el Alto Baudó y de allí con la costa Pacífica. El principal obstáculo que han encontrado los ‘gaitanistas’ para este propósito ha sido, precisamente, la presencia de la guerrilla del Eln, que les plantó una dura guerra que ya ajusta poco más de nueve años.

“Lo que sucede en el Baudó no es coyuntural. Desde hace muchos años hay una disputa territorial entre estos grupos por el control territorial de todo El Baudó”, precisó el Defensor del Pueblo, Regional Chocó. Se trata, según este funcionario, “de una zona estratégica muy importante porque permite articular el resto del departamento, es decir, la zona del Atrato con la zona del Pacífico. Allí hay fuerte presencia de narcotráfico y viene incrementándose la extorsión; además, es una zona de difícil acceso por lo selvático”.

En esta confrontación armada, el Eln también ha puesto su ‘cuota’ de infamia, degradación y arbitrariedad. Desde hace poco más de una década, a través del Frente Resistencia Cimarrón, consolidó su poder armado en el Alto Baudó y desde allí viene expandiéndose hacia el Medio Baudó y la región del Atrato, antiguamente dominada por las Farc. Y todo apunta a que están dispuestas a dar la pelea por el control del territorio.

Según voceros de los organismos humanitarios consultados por VerdadAbierta.com, el pasado 10 de enero guerrilleros de ese frente insurgente ingresaron a una comunidad indígena ubicada en Puerto Indio, Alto Baudó. Allí reunieron a los gobernadores indígenas y, tras acusarlos de ‘sapos’, lanzaron sendas amenazas de muerte contra varios de ellos. Como era de esperarse, el hecho motivó el éxodo forzado de 101 familias indígenas.

El agresivo relacionamiento del Eln con las comunidades contrasta con la voluntad que dicen tener sus comandantes reunidos en el Comando Central (Coce), quienes desde el 7 de febrero se sentaron con el gobierno nacional a buscar una salida negociada al conflicto armado que ya ajusta 52 años. Los diálogos, que se adelantan en Quito, Ecuador, aún están en una etapa incipiente y no parecen reaccionar a lo que acontece en el sur de Chocó.

Este portal quiso conocer la versión de los jefes del Eln, pero no contestaron oportunamente los mensajes. Asimismo, se buscó la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, pero no devolvieron las llamadas.

¿Habrá paz en el Baudó?

guerra baudo 3El sur de Chocó sigue en disputa pese a la salida de las Auc y de las Farc de la región. Foto: Juan Diego Restrepo E.En el Baudó, una región tan exuberante como tan olvidada por el Estado, sus pobladores no se permiten alimentar la ilusión de una paz ni el corto ni el mediano plazo, ni siquiera por el desarrollo del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln, cuya injerencia en el territorio es bastante fuerte.

“El conflicto armado no es la única causa de la crisis humanitaria que vive toda la región del Baudó”, sostuvo Murillo. “Más adelante podría darse el hecho de que el gobierno nacional firme la paz con la guerrilla del Eln, pero en la zona persisten otros actores armados, hay un gran vacío de Estado y no hay garantía de derechos y eso sí ha sido una situación sistemática”.

En efecto, en el Baudó conviven en un maridaje malévolo la guerra, la pobreza, el abandono y la corrupción. Los indicadores sociales de esta región son, quizás, los peores del país. Para 2012, según el Dane, un municipio como Alto Baudó tenía una tasa de analfabetismo del 39 por ciento, una tasa de mortalidad infantil del 83 por ciento y ocho camas en todos sus establecimientos hospitalarios para atender a unas 34 mil personas.

Las estadísticas son bastante similares para los municipios de Medio y Bajo Baudó. En esta región selvática tropical, donde cualquiera está expuesto a la mordedura de una serpiente, las existencias de suero antiofídico son casi que nulas. La crisis alimentaria generada por los desplazamientos masivos, los confinamientos, las restricciones a la movilidad, entre otros, es tan grave como la misma, guerra que parece perpetuarse en la profundidad de la selva y sólo a unos pocos parece importarle.

Reclama explicaciones

La Corte Constitucional emitió un nuevo auto a raíz de la crisis humanitaria. Foto: Corte Constitucional.La crisis humanitaria en Chocó coincidió con la divulgación esta semana del Auto 091, fechado el 24 de febrero pasado, que resalta la persistencia del conflicto armado en diversas comunidades del sur de ese departamento, con nefastas consecuencias para sus pobladores.

En su tarea de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, a través del cual se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y de ordenarle en 2009 al gobierno nacional mitigar el impacto negativo que sobre las comunidades étnicas ha ocasionado el desarraigo, un equipo del Alto Tribunal visitó entre el 20 y el 24 de septiembre del año pasado buena parte de sur del Chocó, particularmente varias zonas del Bajo San Juan.

Durante sus recorridos, los funcionarios constataron “la persistencia del conflicto al interior de los territorios étnicos que sigue potenciando múltiples y continuados hechos de desplazamiento forzado, y de afectaciones nocivas y diferenciales sobre las comunidades desplazadas, a partir del desarraigo y la inadecuada atención en espacios urbanos”. (Descargar Auto)

Además, identificaron varias crisis humanitarias padecidas por las comunidades indígenas y afros que habitan la región y establecieron que tanto los llamados grupos posdesmovilización, como las guerrillas del Eln y las Farc “han podido ejercer control, según información recolectada en terreno, por su actuación permanente en la zona y la ausencia del Estado”.

La situación de riesgo de las comunidades se agudizó por dos razones fundamentales; de un lado, por los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales y de estos con la Fuerza Pública; de otro, por la salida de las unidades de las Farc, en camino a sus zonas de concentración, y la consecuente disputa por esos territorios.

La intensificación del control territorial ocasionó restricciones a la movilidad de los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan. De acuerdo con cifras de la Corte Constitucional, en el periodo de enero-mayo de 2016, en el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4.166 personas; en el Alto Baudó, 1.604 personas; y en el Medio Baudó, 200 personas.

Los funcionarios escucharon en terreno testimonios sobre la “zozobra en las comunidades por la presencia de integrantes de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en sus territorios y viviendas, quienes se han enfrentado recientemente; el desconocimiento y falta de activación de las rutas gubernamentales para la protección de los líderes y las comunidades; incursiones militares y ocupación temporal de escuelas y viviendas; instalación de MAP/MUSE (minas antipersonas) en sus territorios; irrespeto a las autoridades étnicas; reclutamiento forzado; y señalamientos a los líderes visibles”.

Ante la magnitud de lo observado, la Sala Especial de Seguimiento les solicitó a diversas agencias estatales, del orden nacional y regional, información “actualizada, completa y precisa” sobre tres temas fundamentales: “la política pública encaminada a la protección de las comunidades, autoridades étnicas y sus miembros; la atención y asistencia culturalmente adecuada; y el retorno y la reubicación de la población, en el marco de la garantía de los derechos territoriales”.

De fondo, lo que pretende la Corte Constitucional es determinar qué tanto le importan los graves problemas que padecen en el sur de Chocó cientos de pobladores afros e indígenas que pareen condenados a la guerra y a la indiferencia de algunas entidades estatales.