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Tres mil personas sitiadas por ‘los Urabeños’ en Achí, Bolívar

La banda criminal prohibió la distribución de alimentos en el pueblo. Las tiendas cerraron y las familias que viven allí están en riesgo de desplazarse por las amenazas y el control armado.

urabenos-sur-bolivar-1-300x200La banda criminal ‘los Urabeños’ realizó un pacto con el Frente 37 de las Farc para controlar el negocio del narcotráfico en el sur de Bolívar. Foto archivo SemanaEn Achí, municipio del suroccidente de Bolívar, atravesado por el río Cauca y vecino del departamento de Sucre, nadie quiere hablar. El miedo lo impusieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, y sus controles afectan a por los menos tres mil personas.

La situación ocurre desde hace varias semanas, cuando integrantes de esta organización criminal que hacen presencia en la región les prohibieron a los habitantes de varias veredas el acceso a alimentos, obligaron a los dueños de las tiendas de víveres a cerrar, restringieron la circulación por las calles después de las seis de la tarde y les impusieron ‘cuotas’, extorsiones que deben pagar en dinero, con alimentos o con lo que tengan en sus casas (Ver mapa Sur de Bolívar)

La situación no es muy distinta a la documentada por VerdadAbierta.com sobre la Alta Guajira (Lea: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a indígenas Wayúu).

Las víctimas de esta zona de Bolívar son campesinos que viven en el centro de La Mojana, región irrigada por los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, que forman ciénagas y caños, y que está conectada con los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Santander y Sucre. Este atractivo geográfico ha sido utilizado desde hace cuatro décadas por la guerrilla y de forma reciente por ‘Los Urabeños’, que buscan el control de la producción de cocaína en la región.

Las autoridades y las organizaciones de víctimas que conocen el Magdalena Medio advierten que los corregimientos más críticos son Río Nuevo y Tacuyalta, que están sobre una subregión conocida como El Corcovado, donde la banda criminal tiene confinada, es decir aislada, a la población. La amenaza es tal que por lo menos tres mil personas están en riesgo de desplazarse de forma masiva por miedo.

Aunque nadie se atreve a señalar a los responsables, los pobladores de Achí están atemorizados no solo por las prohibiciones que impuso la banda criminal sino por los asesinatos que han ocurrido en lo que va de 2014. Los medios de comunicación local registraron en enero el asesinato de un mototaxista y en julio, los de otro conductor y un comerciante. A principios de agosto, en las aguas del río Cauca, los habitantes encontraron un cuerpo decapitado.

Sin embargo, las autoridades tienen conocimiento del ‘camino de la muerte’, una trocha entre Achí y el vecino municipio de Tiquisio, donde ‘los Urabeños’ torturan y luego asesinan a sus víctimas, la mayoría de ellas provenientes de los municipios de Guaranda, en Sucre, o de Tiquisio y Montecristo, en Bolívar.

En la región, cuentan algunos pobladores, ‘Los Urabeños’ visten de civil y cobran en las veredas ‘vacunas’ a los mineros que explotan oro y a los cultivadores de coca. “Las bandas criminales se instalaron en la zona porque quieren controlar el negocio del narcotráfico. Para eso han hecho alianzas con la guerrilla”, indica un conocedor de la región cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

Una estrategia de ‘los Urabeños’ para aumentar no sólo el número de integrantes en sus filas sino para ‘controlar’ la región ha sido el reclutamiento. Con promesas de un pago en dinero o de regalos, los niños son utilizados como ‘delatores’, recolectores de hoja de coca conocidos como ‘raspachines’ o vigilantes de las retroexcavadoras que rasgan la tierra para extraer oro. Autoridades locales advierten, además, que algunas niñas han sido abusadas sexualmente, pero nadie se ha atrevido a denunciar la tragedia por temor a represalias.

El lastre que carga el sur de Bolívar
Las tierras de Achí son fértiles y de ello sabían los colonos provenientes de la Costa Caribe, los Santanderes, Boyacá y del Oriente antioqueño, que pronto lograron convertirlas en sembradíos de pancoger y arroz. Sin embargo, el complejo cenagoso también fue un atractivo para los narcotraficantes, quienes, en los años ochenta, vieron allí una ‘mina’ para el negocio del tráfico de estupefacientes. En la zona podían sembrar hoja de coca, procesarla, extraer la cocaína y distribuirla por un circuito que va del sur de Bolívar, cruza los departamentos de Córdoba y Sucre, hasta llegar al Golfo de Morrosquillo, desde donde se embarca a los mercados internacionales.

El drama de Achí es una réplica de lo que sucede en el sur de Bolívar y en otros municipios como Tiquisio, Norosí y Arenal. El narcotráfico ha sido el combustible de la violencia que han generado guerrilleros, paramilitares y de forma más reciente, las bandas criminales. Según varios informes de organizaciones de derechos humanos, los primeros en quitarles la tranquilidad a los pobladores fueron los subversivos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las Compañías Simón Bolívar y Guillermo Ariza, del Eln, así como el Frente 37 de las Farc.

En complicidad con los narcotraficantes que estaban en la zona, que ya habían incluso instalado pistas para el aterrizaje de avionetas para el transporte de la droga, la guerrilla se hizo más fuerte atemorizando a la población. Los insurgentes se encargaban de controlar el cultivo y les cobraban a los traficantes la coima o gramaje por la cantidad de hoja que luego sería procesada. Estos cobros también se los exigían a los mineros. En Norosí, por ejemplo, un pueblo donde hay explotación aurífera, la guerrilla extorsionaba a todo aquel que sacara una pepita de oro.

Según lo documentó la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (anteriormente conocida como de Justicia y Paz) a finales de los años noventa, el negocio comenzó a ser disputado por facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). A finales de 1995, los hermanos Castaño tenían un brazo del paramilitarismo en la región. Comenzó a ser conocido como el Frente Mojana, liderado por Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, sembrando el terror en varios municipios de Sucre y Antioquia, así como en Montecristo, San Jacinto y Achí, en Bolívar.

A partir de 2000, en el sur de Bolívar también hizo presencia otro grupo paramilitar, un tentáculo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se trató del Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate. Este grupo operó en San Blas, Morales, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, Simití, Santa Rosa del Sur, Paraíso, Vallesí, El Piñal, San Luis, Pozo Azul, San Pablo, Cantagallo, Barranca de Loba, Altos de Rosario, el Peñón y Castilla.

Guerrilleros y paramilitares entraron en guerra por el dominio del negocio, situación que ocasionó masivos desplazamientos de población civil entre 1997 y 2006 de los dieciséis municipios que integran el sur de Bolívar, según el registro de la Unidad Nacional de Víctimas (Ver tabla aquí). El período de presencia paramilitar también generó una ola de violencia que expulsó a mucha gente del campo y que terminó viviendo en asentamientos construidos irregularmente en poblaciones de los departamentos limítrofes.

El Bloque Sur de Bolívar se desmovilizó en enero de 2005 y un mes después lo hizo el Frente Mojana, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional. Por decisión del entonces presidente de la República, el máximo jefe de ese grupo armado, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, y ‘Ramón Mojana’ fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos para que respondieran por cargos asociados al tráfico de drogas. Por su parte, alias ‘Julián Bolívar’, espera que la Corte Suprema de Justicia decida una solicitud de extradición.

En la región los pobladores pensaron que con la dejación de armas de las distintas facciones de las Auc se iba a reducir la violencia, pero la guerrilla siguió en la región y el conflicto recrudeció con la aparición de las bandas criminales, surgidas a mediados de 2006, una vez concluyeron las desmovilizaciones colectivas de las Auc.

Los pactos rotos
La violencia que hoy sufren los habitantes de Achí es el resultado de la mutación de los actores armados y de alianzas rotas entre ellos. Después de la desmovilización, en la zona aparecieron hombres rearmados que llegaron amenazando con el rótulo de ‘Águilas Negras’. Más tarde mutaron y se incorporaron a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Viendo que tenían una nueva competencia en terreno, las guerrillas de la zona decidieron hacer un pacto en 2009. El Eln y de las Farc acordaron que retomarían el control de la producción y rutas del narcotráfico, y que sostendrían el ‘modelo’ de financiación de su aparato de guerra con el cobro de extorsiones a la producción de cocaína y a la extracción de oro.

Después de Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Meta, Bolívar fue entre 2007 y 2009 uno de los municipios del país con más hectáreas de coca sembradas al año, 5 mil hectáreas, según el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y El Delito. (Ver tabla de hectáreas cultivadas)

De acuerdo con registros de las autoridades, el pacto entre las guerrillas se quebró en 2011 cuando el Frente 37 de las Farc se alió con ‘Los Urabeños’. El nuevo acuerdo consistió en hacer una llave para sacar del ‘negocio’ al Eln. En agosto de 2011, la prensa local registró una masacre en la vereda Casa de Zinc, municipio de Montecristo. Según los testigos, integrantes de la banda criminal llegaron a un asentamiento y asesinaron a tres personas acusándolas de ser “colaboradores del Eln”.

‘Los Urabeños’ instalaron, desde 2011, varios retenes en los caminos veredales, reteniendo a jóvenes, varios de ellos mototaxistas, para extraerles información; también comenzaron a reclutar menores. Para ese año, las autoridades advirtieron que a los niños que utilizaban como ‘raspachines’ les pagaban 800 mil pesos al mes, mientras a quienes les encargaban el cuidado de las retroexcavadoras para la explotación del oro les daban 200 mil pesos.

Según datos del Dane, los municipios del sur de Bolívar presentan altos índices de pobreza. En Tiquisio, por lo menos 12 mil de 60 mil habitantes viven en la miseria, lo que hace a los niños y jóvenes más susceptibles de ser reclutados.

En la actualidad, la alianza Farc-Urabeños continúa. Los primeros se encargaban del cultivo y la producción, mientras los segundos compran, distribuyen y exportan. Las autoridades han identificado que una gran parte de los integrantes de la banda criminal son exparamilitares de diferentes grupos, la mayoría del Bloque Central Bolívar y del Frente Mojana que conocen las rutas del narcotráfico.

Con amenazas y crímenes, la banda criminal ha logrado atemorizar a toda la población. El más reciente caso fue el del concejal de Tiquisio, Yair Guillermo Hernández, quien presuntamente fue asesinado por no haber pagado unas extorsiones que pedía el grupo armado ilegal.

En Achí, ‘Los Urabeños’ se creen los dueños de todo, al punto que hasta prohibieron el tránsito de animales incluso antes de caer la tarde, controlan la duración de las llamadas telefónicas que hacen los habitantes y ahora, el acceso a alimentos.

Las autoridades locales hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que ponga los ojos sobre esta región y todos los municipios del sur de Bolívar, pues sus habitantes no se atreven a contar lo que sucede por miedo a que ‘Los Urabeños’, como han hecho otros casos, cumplan con las amenazas.

Alto Baudó: entre el desplazamiento forzado y la ausencia estatal

Las comunidades afro e indígenas de este municipio del departamento del Chocó desde hace más de dos décadas cargan con la violencia a sus espaldas. La ausencia del Estado, la disputa armada por el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos los han devastado.

El valle del Baudó ha sido acosado por grupos armados ilegales desde mediados de la década del noventa.Bajo el fuego cruzado, así viven las comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio Alto Baudó, a 80 kilómetros al sur de la capital del departamento. La confrontación armada, recrudecida en las últimas semanas, es una secuencia dramática de lo que viene sucediendo desde mediados de la década de los noventa, cuando llegaron a la región guerrillas, paramilitares y Ejército.

El Alto Baudó es una región rica en recursos naturales y con una ubicación geográfica estratégica, pues sus corrientes fluviales conducen al océano Pacífico. Ambas circunstancias la convirtieron en botín de disputa de los grupos armados ilegales. Como lo comentó un nativo de la zona, “para nadie es un secreto que quien tenga el control de los ríos va a tener el control del narcotráfico y así mismo el control de parte de la economía ilegal”.

A esta disputa permanente por controlar los recursos naturales y la economía ilegal, que tan solo este año deja ya más de 4 mil desplazados, se ha sumado la falta de atención por parte del Estado a las necesidades básicas de la población: solamente el 20% cuenta con las necesidades básicas satisfechas. La Defensoría del Pueblo aseveró que no ha existido una política pública gubernamental en términos de salud, educación, vivienda y servicios básicos que atienda las necesidades de las comunidades, lo cual constituye una violación a sus derechos.

“Acá a nosotros nos llegan todas las violencias posibles: la guerra entre paramilitares, guerrilla y el Ejército, la violencia social y la violencia cultural”, afirmó Albeiro Moya habitante de la región, haciendo referencia a que el Estado Social de Derecho promulgado en la Constitución Política no se cumple al no respetar los derechos de las comunidades afro y campesinas.

La disputa por el territorio
En esta región chocoana hacen presencia, desde mediados de los noventa, facciones de las guerrillas de las Farc y el Eln. Por allí también pasaron grupos que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde hace unos años atrás irrumpieron ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocidos como ‘Los Urabeños’.

En la disputa reciente por el control de las rutas fluviales del narcotráfico y la minería ilegal, que se agudizó desde comienzos de junio de este año, se enfrentan las Acg con al Frente de Guerra Occidental del Eln, que ha tenido en la zona del Alto Baudó una presencia histórica.

Esa estructura insurgente hizo presencia en el departamento a mediados de la década de los noventa y, años más tarde, empezarían los enfrentamientos con el Ejército, lo que generó los primeros desplazamientos forzados. “Para nosotros, la llegada del Eln en el año 96 significó la primera irrupción a nuestra cultura y modo de vida, de ahí en adelante lo que vino fue peor” señaló Ferney Rojas*, un poblador de la región.

Tras las desmovilizaciones colectivas de bloques y frentes de las Auc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, que concluyeron en agosto de 2006, la región se vio afectada por grupos que se rearmaron, entre ellos ‘Los Rastrojos’ y ‘Renacer’. Para el 2009, irrumpieron las Agc, disputando a sangre y fuego el dominio del territorio, hasta consolidarse y dominar las economías ilegales.

“La llegada de esas bandas al territorio significó tener de regreso a los paramilitares, fue como si de nuevo quedáramos en el 2001 con la llegada de las Auc, los mismos métodos y las mismas prácticas se empezaron a repetir” agregó Rojas.

Hoy día el punto crítico se desata en el corregimiento de Chachajo, un punto clave, según sus habitantes, para controlar actividades del tráfico de drogas: por un lado comunica fluvialmente con sur del departamento, y por el otro, es la conexión con el municipio de Nuquí, via expedita a los puertos naturales sobre el Pacífico (vea el mapa aquí) . Allí se asentaron las fuerzas de las Agc, sometiendo a la población a diversas presiones y riesgos.

Lucy Chamorro, representante de la Mesa Departamental indígena, afirmó que la disputa territorial es consecuencia de la marginalidad de las comunidades y la ausencia del Estado. “La negligencia del Estado ha sido permanente, la situación ha sido alertada desde hace varios años, pero no nos escucharon se hizo caso omiso y ahora miré en lo que estamos” puntualizó la líder indígena.

Crisis humanitaria
La falta de efectividad de las acciones desplegadas por el Ejército, y la codicia de los grupos armados ilegales por el control del narcotráfico y de la minería ilegal, han generado un choque de fuerzas que tiene a las comunidades de Alto Baudó en medio del fuego cruzado y pagando las consecuencias: algunos habitantes han muerto y cientos de pobladores se vieron obligados a desplazarse para proteger sus vidas.

Cientos de pobladores de Alto Baudó han tenido que salir de la región de manera forzada.Las cerca de 3 mil personas que se desplazaron entre mayo y junio de este año según la Defensoría del Pueblo, se refugian en resguardos y comunidades vecinas y ante la falta de garantías en seguridad no han podido retornar. Esto ha supuesto nuevas dificultades como el hacinamiento y la escasez de alimentos.

“Por ejemplo, en Puerto Indio, lugar donde se están albergando algunos de los desplazados, la Alcaldía no dio abasto con la cantidad de demanda de necesidades de las comunidades, y ahora hay hambre y problemas de salud más que todo en los niños” denunció Albeiro Moya, habitante de la región, quien aseveró que la minería, que se concentra la mayor oferta de trabajo, tanto de manera legal como ilegal, “es otra razón para el desplazamiento y la muerte de los pobladores”.

Betty Moreno, directora territorial de la Unidad de Víctimas, explicó que “estamos trabajando por el retorno de los desplazados internos, por lo cual se requiere de mayor atención a los procesos organizativos y a la presencia del Estado para lograr dispersar a los grupos armados. Sin embargo, esto no va a ser posible hasta que no se cumplan los derechos sociales y económicos de los ciudadanos”.

Se prolonga el conflicto
La situación de población desplazada no es reciente. Con el accionar de las guerrillas a mediados de los noventa se dieron los primeros desplazamientos, situación que se agravó desde el 2001 con la incursión de facciones de las Auc (Lea: Mujeres desplazadas del Baudó).

A través de su página web, el Frente de Guerra Occidental del Eln viene dando constantes “partes de guerra” en los cuales denuncia que las acciones de las Agc supuestamente estarían siendo apoyadas por tropas del Ejército, lo que genera graves afectación a las comunidades. En el más reciente afirmaron que “en la región del Alto Baudó el frente guerrillero Resistencia Cimarrón mediante acciones de protección a la población desarrolló operativos en días anteriores, lo cual permitió dar de baja a medio centenar de paramilitares, los cuales tuvieron que buscar la protección de la Brigada 15 y la Fuerza de Tarea Titán del Ejército colombiano”.

El presidente Juan Manuel Santos activó en Quibdó, el 9 de enero de este año, la Unidad Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que con más de 2.500 hombres de la Séptima División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se fijó como meta “la neutralización de los grupos terroristas y bandas criminales que delinquen en Chocó y Parte de Antioquia. A, mismo tiempo efectuará operaciones contra el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y la extorsión”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta nueva unidad operativa tendrá jurisdicción en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) y en Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Certegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istimina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan. Quibdó, Río Iro, Río Quito, Tadó, Unión Panamericana, San José del Palmar, Sipí, Novita y la parte oriental de Litoral del San Juan (Chocó).

Si bien la intención de esta unidad es consolidar la presencia del Estado, para los pobladores significó un actor más del conflicto, al cual señalan también de vulnerar los derechos de las comunidades y al que cuestionan por no consultar a dónde van a intervenir, de qué manera y cómo lo van a hacer.

Pero la situación va más allá, a juicio de Moya, quien ve asegura que la vida entre la guerra y la economía informal se ha convertido en el diario vivir de las comunidades más marginadas: “en medio de la pobreza se encuentra el caldo de cultivo para generar caos”.

Crisis más allá de la guerra
Si bien el conflicto armado es un factor de alteración de la vida cotidiana en Alto Baudó, las comunidades se enfrentan a otro tipo de violencias, que así no deje muertos o desplazados genera afectaciones que vulnera todo tipo de derechos.

Richard Moreno, representante de las comunidades afro del departamento, aseguró que “no es verdad que la guerra que se desata acá entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército genere más problemas que la falta de salud, de educación, de acceso a la tierra y a la vivienda. Son pocos los que en el departamento pueden acceder a este tipo de derechos”.

A juicio de este líder regional, en el Chocó “no estamos dentro del Estado social de derecho, hay políticas nacionales que a nuestros territorios no llegan, como la salud y la educación”.

Otra de las grandes preocupaciones de los líderes chocoanos es que las políticas expedidas a lo largo de los años por parte de los gobiernos, en palabras de Lucy Chamorro, no han contado con el enfoque diferencial que deberían de tener para las comunidades afro e indígenas: “lo que hacen las políticas es torpedear la cultura y el desarrollo de los pueblos, no tenemos el mismo desarrollo y creencias; si es otras partes no importa que exploten el suelo, acá sí”.

Comunidades en resistencia
A pesar de las afectaciones que genera estar en medio del fuego cruzado y el abandono estatal, las comunidades siguen resistiendo y haciendo valer su territorio. Una de las peticiones más importantes es hacer valer la protección de la propiedad colectiva con el fin de evitar que tanto las guerrillas como las Agc los saquen de las tierras.

Una de las paradojas que viven las comunidades afrodescendientes es que por aplicación de la Ley 70 de 1993, los territorios donde habitan tendrían una protección especial a través de la titulación colectiva, respetando su relación con la tierra y su cultura, no obstante, la realidad demuestra que la intervención del suelo y el subsuelo por parte del Estado, de empresariado y los grupos ilegales han vulnerado ese derecho.

“Es indispensable que a nosotros nos reconozcan en verdad que los territorios son propiedad de las comunidades indígenas y afro, que somos nosotros quienes debemos impartir ley y no los que nos están haciendo daño” puntualizó Richard Moreno.

De no cambiar la situación, las comunidades han decidido que son ellas entonces las que harán respetar sus derechos para poder vivir tranquilas y en paz. “Así nos toque tomar medidas drásticas para que nos reconozcan, deben saber que para poder llegar al subsuelo tienen que pasar por el suelo y ahí vamos a estar nosotros, se van a encontrar con nosotros”, advirtió el líder de las comunidades afrodescendientes.

Violencia, impunidad y silencio imperan en Tumaco

Desde hace seis meses, las Farc controlan la mayoría de los negocios ilícitos del casco urbano, mientras continúan sembrando minas en las zonas rurales. A esto se suman la inoperancia de la justicia, las constantes denuncias por abusos de la Fuerza Pública y presencia de bandas criminales que rondan este puerto sobre el Pacífico.

Aspecto de una de las playas de Tumaco, Nariño."Allá todos los días pasa algo, amenazan y matan, pero muchos no decimos nada porque no hay garantías para nadie", le dijo a VerdadAbierta una mujer que tuvo que salir desplazada de Tumaco por amenazas de la guerrilla.

Durante el primer semestre de 2014, los tumaqueños han sido testigos de la creciente presencia de las Farc en el casco urbano del municipio y el debilitamiento de ‘Los Rastrojos’, la banda criminal que surgió luego de la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que hasta el 2013 manejó la mayoría de los negocios ilícitos en el puerto sobre el Pacífico.

Según un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), este año la guerrilla de las Farc ha sido responsable de asesinatos, desapariciones, desplazamientos e intentos de reclutamiento forzado en la zona (Ver informe). También continúan delinquiendo algunos miembros de ‘Los Rastrojos’ y de acuerdo con el documento hay pruebas convincentes de que miembros de la Fuerza Pública han cometido abusos contra la población civil. Entre la insurgencia y las bandas criminales han perpetrado más de 300 asesinatos.

Los tumaqueños no solo están asediados por la violencia de estos grupos armados ilegales, sino por la impunidad, pues al decir de sus pobladores y de HRW la justicia no ha actuado con celeridad para esclarecer los crímenes.

“Prácticamente nadie ha sido responsabilizado por las atrocidades en Tumaco. Mientras las autoridades colombianas no garanticen justicia en Tumaco, sus residentes seguirán expuestos a abusos, ya sea de guerrillas, paramilitares, bandas criminales o miembros de la fuerza pública”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La justicia que cojea
En la noche del 1 de diciembre de 2012 dos hombres armados en motos le dispararon siete veces a Miller Angulo mientras veía un partido de fútbol en una cafetería del barrio Puente Márquez. El asesinado se desempeñaba como Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco e integraba la Mesa Departamental de Víctimas. Por su activismo, había sido amenazado por participar en estos espacios.

Todos conocían a Miller como una persona que representaba a las víctimas de desplazamiento en Tumaco, donde, según cifras oficiales, fueron más de 11 mil entre 2011 y 2013. Luego del homicidio, la Unidad de Víctimas rechazó lo ocurrido y prometió que no iba a dejar a solos a los líderes que estaban comprometidos con la Ley de víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció y exhortó a los organismos competentes a investigar, juzgar y sancionar a los autores de ese crimen.

Pero ni el reconocimiento de Miller Angulo como líder de víctimas ni el acompañamiento de estas organizaciones sirvieron para que el caso se resolviera con agilidad. De acuerdo con el informe de HRW, luego de casi un año de espera se abrió una investigación para esclarecer el asesinato, pero en los meses que lleva la etapa de indagación no se han desarrollado tareas en aras de esclarecer quiénes fueron los responsables, materiales e intelectuales.

La familia de Miller fue amenazada y tuvo que salir desplazada a Cali, donde tuvieron que empezar de cero. “El caso no les ha importado, es la hora que no saben qué fue lo que pasó. No hay garantías para nadie, hay muchas más personas que han sufrido lo mismo que nosotros y tampoco han hecho nada”, dijo a VerdadAbierta una familiar de Angulo.

Según el informe de HRW, en Tumaco se han cometido más de 1.300 homicidios desde el 2009, pero solo en 7 casos existe una condena contra los delincuentes y en 11 más el proceso está en etapa de juicio. Además, en algunas investigaciones los funcionarios judiciales se han negado a recibir el testimonio de los familiares.

Fiscales locales están investigando 285 desapariciones y 379 casos de desplazamiento forzado ocurridos desde 2009 en el puerto y otros municipios cercanos, pero las investigaciones están en etapa preliminar, es decir que no hay personas imputadas, ni mucho menos condenadas. En la Unidad de la Fiscalía que investiga desapariciones y desplazamientos forzados hay otras 210 investigaciones de Tumaco que también están en la etapa preliminar.

De las 314 investigaciones sobre violencia sexual solo hay cuatro condenas y ocho procesos en juicio. No hay un solo fallo contra los miembros de las bandas criminales que delinquieron luego de la desmovilización de los paramilitares. Se cree que el número de víctimas es aún mayor a lo que registran estas cifras, pues son muchas las familias que no denuncian por temor a que tomen represalias contra ellos.

“Mientras no se investigue, ni se haga nada, las estructuras criminales seguirán vivas y ante esto la gente cada vez a va a tener más miedo de denunciar lo que está pasando”, le dijo a VerdadAbierta un líder de víctimas del puerto.

Una de las dificultades es la carga laboral que tienen los once fiscales de Tumaco. Por ejemplo, según las entrevistas realizadas por HRW, un fiscal estaba investigando 1.421 casos, incluidos 402 homicidios y 72 casos de violencia sexual. Aunque en enero de este año la Fiscalía General de Nación anunció que asignaría diez nuevos fiscales, aún no ha cumplido.

Ante la falta de celeridad de la justicia son muchos los tumaqueños que han tenido que abandonar sus casas luego del asesinato de una familiar; algunos han sido amenazados por los mismos victimarios, y otros sienten temor de que estos tomen represalias contra ellos por haber denunciado ante las autoridades.

2014: la ola de violencia de las Farc
“Lo que va de este año, la presencia de las Farc es mucho mayor en el casco urbano, es algo nunca había pasado. Eso no quiere decir que no haya presencia de otras bandas criminales”, le dijo a VerdadAbierta una persona que vive en Tumaco y conoce la situación de orden público y quien por razones de seguridad pidió la reserva de su nombre. En esto coincide el estudio de HRW y un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en febrero de 2014 (Ver Informe).

Aunque las Farc desde años atrás han hecho presencia con el Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de Bloque Sur Occidental, luego de que se puso en marcha Plan Renacer en el que la guerrilla concentró su atención en las zonas periféricas del país donde están los negocios del narcotráfico, decidieron enfrentarse a ‘Los Rastrojos’ y entrar definitivamente al casco urbano de Tumaco.

Según datos de la Unidad de Víctimas entre 2011 y 2013 en la ciudad portuaria se registraron 366 asesinatos relacionados con el conflicto, la mayoría atribuidos a las Farc. Tumaco sigue siendo el municipio con mayor número de homicidios en el país.

La presencia de las Farc en el casco urbano se hizo evidente cuando los comerciantes empezaron a recibir más extorsiones de la guerrilla. HRW documentó el caso de una pareja que recibió una amenaza firmada por ese grupo guerrillero asegurando que le arrojarían una granada a su negocio si no pagaban tres millones de pesos. También en el primer semestre de este año se presentó el secuestro de un hombre que asegura que sus captores eran subversivos.

Si bien los informes de la FIP y de HRW aseveran que la captura de los máximos jefes de ‘Los Rastrojos’ produjo el debilitamiento y la casi desaparición de estas estructuras en el puerto, los tumaqueños tienen otras versiones, entre ellas, que parte de los miembros de este grupo armado ilegal se unieron a la guerrilla para manejar los negocios de narcotráfico en Tumaco. Otros temen que algunos exintegrantes de ‘Los Rastrojos’ que siguen viviendo en los barrios sean en enlace para la llegada de ‘Los Urabeños’, que ya tienen fuerte presencia en Buenaventura.

En la zona rural, la guerrilla ha operado años atrás, pero algunos pobladores coinciden con el informe de HRW en que en el primer semestre del año han aumentado las acciones violentas. En la vía que de Tumaco conduce a Pasto, para la época electoral de junio, las Farc pintaron las paredes de casas, escuelas, centros de salud de los pueblos que están desde el kilometro 17 hasta el 127. Sin embargo, en los primeros kilómetros de la vía aparecieron también grafitis alusivos a las Auc.

Los operadores judiciales también corren riesgo. El pasado 17 de julio, hombres armados que se identificaron como integrantes de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc retuvieron y amenazaron durante dos horas a cuatro funcionarios de la Fiscalía quienes conducían de regreso a Pasto, luego de exhumar tres cuerpos en área rural de Tumaco.

Los insurgentes no solo detuvieron al equipo de investigaciones sino que procedieron a quemar uno de los vehículos en el que transportaban, incinerando las pruebas biológicas de dos de los cuerpos exhumados y los restos de un tercero, que fue identificado como Jorge Rodríguez Paid, de la etnia Awa; además, robaron archivos digitales, equipos fotográficos, computadoras y teléfonos celulares.

La mayoría de los atentados ocurren en los pueblos cercanos a las vías e involucran a pobladores de la zona. “Atacan los puestos de Policía, pero el problema es que casi siempre están cerca de escuelas, casas o centros de salud y terminan afectando a la gente del pueblo”, le contó a VerdadAbierta una persona que trabaja con las víctimas en la zona, quien expuso como ejemplos la detonación de un explosivo cerca de la sede administrativa de la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa) en los límites con Barbacoa, Nariño, y la muerte de dos menores de edad en Chilví. (Ver: El drama de los niños de Chilví, Tumaco).

Versiones de pobladores advierten que los guerrilleros visten de civil y sin armas para quemar vehículos, detonar artefactos explosivos y sembrar minas antipersonal. El informe de HRW indica que esos explosivos son instalados en las zonas en las que hay presencia de militares o para proteger cultivos de coca. “La gente puede saber de la instalación de estas minas, pero tiene miedo de denunciar”, dijo una persona que conoce la zona.

Los habitantes también temen cualquier tipo de contacto con una autoridad o con miembros de otro grupo armado por miedo a ser estigmatizados. En un pueblo cercano a la carretera los pobladores cuentan que una mujer tuvo que salir desplazada solo por haber sido la única que asistió al velorio de otra mujer que fue asesinada.

Para los líderes de las comunidades rurales el riesgo es aún mayor, muchos han tenido que salir desplazados hacia el casco urbano de Tumaco y a Cali. Drama reciente lo vivieron en el Consejo Comunitario Rescate de las Varas, una comunidad Afro que está a dos horas por carretera del casco urbano del puerto. Allí las Farc amenazaron a ocho de sus voceros, quienes se vieron obligados a abandonar la región.

Este poblado tiene más de seis mil habitantes, una extensión de 14 mil hectáreas y manejan recursos para desarrollar proyectos de desarrollo. Según dicen algunos pobladores, la guerrilla estaba exigiendo un porcentaje sobre los dineros que se gastaran en estos proyectos, situación que fue denunciada por los líderes ante las autoridades.

El 29 de febrero de 2013 un jefe de las Farc llamó al presidente y al representante legal del Consejo comunitario para informarles que habían sido declarados ‘objetivo militar’ y luego recibieron varias llamadas amenazantes. Pocos días después, los dos líderes junto a seis más y sus familias salieron de Consejo Comunitario, en total se desplazaron cerca de 40 personas.

El 14 de marzo de 2014 las Farc retuvieron al mayor de Policía Germán Olinto Méndez y el patrullero Edilmer Muñoz Ortíz y tres días después encontraron sus cuerpos en San Luis Robles, el pueblo más grande del Consejo Comunitario Las Varas. Casi un mes después, el 11 de mayo, dos personas en una moto dispararon contra Marcelino Castillo, líder comunitario de ese caserío.

Las amenazas siguen y el miedo a denunciar es cada vez peor. Así la resume uno de los líderes de la zona, “ya se han hecho manifestaciones de rechazo, se ha hablado con la autoridades, pero la solución es militarizar la zona por ocho o quince días, luego se van y los problemas son para nosotros, entonces a veces es mejor guardar silencio”.

"Tierra para qué": campesinos de Río Lagarto en La Guajira

En esta vereda ocurrió una de las 34 masacres que cometió el Bloque Resistencia Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las cinco víctimas fueron presentadas por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. Las familias desplazadas no quieren regresar al campo porque sienten que no hay garantías.

El ‘Sendero de la Justicia’ recordó los rostros de las víctimas de Hernán Giraldo.A las 40 familias de Río Lagarto no les interesa que le devuelvan la tierra que perdieron hace 16 años cuando se vieron forzados a salir de sus fincas luego de la muerte de cinco de sus miembros. Ellas van en busca del resarcimiento del buen nombre de las personas que secuestró un grupo paramilitar durante una incursión armada y que luego fueron presentadas como “guerrilleros” por el Ejército.

Los hechos ocurrieron la noche del 5 de diciembre de 1998, cuando un comando armado del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que comandaba el ex paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, llegó a esta vereda del corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, y con lista en mano sacó a sus víctimas de las camas donde dormían y se los llevaron. A los dos días, militares del Batallón Cartagena los presentaron como “guerrilleros muertos en combate”.

Los campesinos de Río Lagarto asistieron en Santa Marta a la audiencia de reparación integral de las víctimas del grupo paramilitar de Serna Giraldo donde expusieron que sus pretensiones no se centran en la recuperación de sus fincas o en la compensación de la tierra, ni en el pago de una indemnización económica.

“No nos interesa la tierra, ¿para qué? Ya no hay garantías en el campo, por eso no hemos pedido restitución, lo que queremos es justicia, reparación pública porque el nombre de la familia quedó marcado. Hemos vivido el señalamiento”, aseveró una de las mujeres líderes del grupo de campesinos de Río Lagarto, quien llegó vestida de negro como símbolo del dolor por haber perdido en ese hecho a dos de sus hermanos y a su madre, quien murió al saber la noticia del asesinato de sus dos hijos.

Para esta comunidad, la masacre no fue de cinco sino de seis, pues incluyen la muerte de la madre de los hermanos Fernández Avendaño, quien falleció al conocer la noticia sobre sus hijos. Los familiares de Jorge Eliécer y Raúl Eliécer Fernández Avendaño, Rodrigo Chávez Castilla, José Antonio de la Rosa Gutiérrez y Héctor Elías Atencio Herrera revivieron el dolor cuando llegaron a la Universidad del Magdalena en Santa Marta y recorrieron el ‘Sendero de la Justicia’ que elaboró la Fiscalía Novena de Justicia y Paz en homenaje a los muertos y desaparecidos.

En los pasillos del centro de educación superior montaron una exposición con mosaicos de las fotografías de los rostros de las víctimas. En cada imagen las personas se aglomeraban a recordar a viejos amigos y compañeros de desdichas.

En ese lugar VerdadAbierta.com habló con José*, uno de los campesinos de esta vereda que queda a cuatro horas de la Troncal del Caribe, entre Mingueo y Dibulla. A sus 84 años recuerda los tiempos de tranquilidad de comunidad: “Nosotros vivíamos en una de las 40 fincas de Río Lagarto, que eran fincas de 30, 50 y hasta 200 hectáreas, donde sembrábamos café, cacao, yuca, aguacate, malanga, fríjol, arroz, maíz, porque allá hay varios climas y eso nos permitía ser la despensa agrícola de Riohacha”.

Este campesino, junto con otros de su misma edad que lo acompañaban, recordó que semanalmente llevaban en dos camiones lo producido en sus tierras al mercado de Coquibacoa, en Riohacha, sitio que era abastecido por esta comunidad. “Ese mercado hoy no existe, se acabó después que nosotros nos desplazamos”, dijo desconsolado.

José y sus amigos aseguraron que la mayoría de las familias desplazadas no tienen estabilidad económica. “¿Un campesino en la ciudad qué hace?”, se preguntó y él mismo respondió: “Nada”. Y agregó: “No hay estudio, ni empleo. Tengo 84 años y tuve seis hijos, a todos los levanté con esfuerzo en el campo y desde 1998 he vivido en la ciudad, en un ambiente que no es lo mío. Ya estoy viejo y sé que no volveré a la tierra, pero espero que por lo menos todo esto se aclare. Nuestros compañeros no eran guerrilleros”.

Y aún si estos campesinos quisieran regresar, no podrían. Sus tierras, tras el abandono, fueron entregadas por el Incoder en el 2008 a indígenas Arzarios y Kogui. Pero estas familias tienen claro que no les interesa la tierra, ni siquiera en otro lugar. Ellos viven del pasado, de las buenas épocas, cuando entre todos arreglaban la vía para poder sacar sus productos. “Éramos una vereda organizada teníamos Junta de Acción Comunal, un colegio, todo se perdió, los cultivos, los animales, todo”.

La familia de los hermanos Fernández Avendaño considera que a ellos los mataron por el solo hecho de ser campesinos, y aún siente que el caso sigue impune. Una de sus hermanas no cree en esas noticias que informan los medios de comunicación y que aseguran que el Ejército mató a diez o quince guerrilleros porque puede ser una mentira, “así como hicieron con nosotros”, dice.

La masacre de Río Lagarto no fue investigada desde un inicio porque las familias que intentaron buscar abogados para que los defendieran y aclararan ante la justicia el hecho, fueron amenazadas. “Ahí estaba involucrado el Ejército y nos daba miedo, no podíamos irnos a otros lugares de Colombia o del mundo, la mayoría se quedó en pueblos de La Guajira pasando trabajo, y ninguno se atrevió a pedir investigaciones”, aseguró la mujer.

Otra mujer de la vereda que asistió a la audiencia contó cómo esta masacre acabó con las oportunidades laborales de algunos miembros de la comunidad. Las noticias en el momento dieron cuenta de la muerte de cinco guerrilleros en enfrentamientos con el Ejército, oriundos de Río Lagarto. Eso hizo que los señalaran como una comunidad amiga y colaboradora de la insurgencia.

“La persecución era tal que mi hermana no volvió a conseguir trabajo con el Estado. Ella era la profesora de la vereda y estaba nombrada por el Departamento y a raíz de la masacre y del desplazamiento pidió traslado y se lo dieron para el corregimiento de Palomino, que también estaba azotado por los paramilitares, mi hermana no aceptó y le quitaron el nombramiento, lo perdió y nunca más pudo volver a trabajar como docente, no quisieron nombrarla más sabiendo que ella era una víctima del conflicto”, recordó la mujer.

Después de la masacre de Río Lagarto ocurrieron otras en veredas cercanas, como la de Río Ancho, donde los paramilitares llegaron en la noche del 15 de julio del 2000, justo cuando los pobladores estaban en una caseta, y de ahí sacaron a sus cinco víctimas, identificadas como Santos Manuel Hoyos Miranda, Campo Elías Ramírez Guerrero y su hermano Rubiel, Luis Alberto Lugo Morales y Jorge Alberto Calderón González, quien todavía está desaparecido.

Los investigadores de la Fiscalía concluyeron que esa noche ocurrió “la caravana de la muerte”, conformada por cuatro vehículos en los que se desplazaban los paramilitares, pues luego de cometer los crímenes en Río Ancho y de pintar las paredes con letreros que decían “fuera sapos”, hicieron lo mismo en Río Negro y Casa Japón.

También es simbólica la masacre de la vereda El Limón, región de Sabanas de Manuela, en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, ocurrida el 29 de agosto de 2002, donde los paramilitares mataron a seis indígenas Wiwas y a seis campesinos. Por lo terrorífico de la masacre, uno de los paramilitares que participó en el hecho, enloqueció y los mismos compañeros lo asesinaron.

La lista de la muerte
Estar en una lista de los grupos paramilitares era pena de muerte segura. Pocos se salvaron de esos listados. Uno de ellos fue Amilkar*, un hombre de casi ocho décadas de vida, quien contó cómo luego de salvarse de la masacre de Río Lagarto, tuvo el coraje de enfrentarse a Hernán Giraldo y preguntarle por qué lo quería matar. La noche del cinco de diciembre de 1998 no estaba en su finca, por eso se salvó de morir.

Este campesino dijo que ha sido desplazado varias veces y reflexionó sobre lo ocurrido: “Uno es víctima de todo el mundo, la gente nos mira mal. Cuando yo entré en 1980 a la vereda Río Lagarto con mi mujer y tres hijos, me hice a una finca y la perdí en 1998. Primero la guerrilla me dijo que era un sapo y luego llegaron las Auc y el Ejército, y uno como campesino quedaba entre las tres piedras y para dónde cogía uno. En ese andar, se perdieron 18 años de trabajo. En Río Lagarto sembraba café y mis hijas me ayudaban a recogerlo”.

Pero todo ese trabajo y esfuerzo se acabó el día que ocurrió la masacre, especialmente para Amilkar que estaba en la lista de Río Lagarto: “A las otras cinco las mataron menos a mí. Esa vez se llevaron a cinco muchachos y los masacraron, sus cuerpos aparecieron apolillados con uniformes camuflados”.

A partir de ese momento, su vida fue un trasegar constante y a la deriva: “Después de eso me fui a Riohacha y puse una ventica en una calle, pero el Secretario de Gobierno de esa época me sacó. De ahí me fui a Quebrada del Sol y en ese entonces me encontré con Hernán Giraldo y le pregunté por qué me quería matar. Le dije: don Hernán cómo hace uno, si la guerrilla llega a mi finca qué hago, si no puedo con 20 o 30 guerrilleros. Hernán Giraldo me dijo que no tenía ningún problema, que la culpa era de un capitán del Batallón Cartagena que dijo que allá había unos guerrilleros”.

Después que aclaró la acusación que sobre él pesaba, le dijo al entonces jefe paramilitar que quería trabajar en esa zona de Quebrada del Sol, ahí lo intentó, pero lo volvieron a desplazar a Río Ancho, a la Troncal del Caribe, junto con más de 12 mil campesinos en enero de 2001. “Ahora vivo en La Lengüeta y me dijeron que nos teníamos que ir. Estoy trabajando en tierra ajena porque desde 1998 no he podido tener tierra propia”.

Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que el Bloque Resistencia Tayrona, liderado por Hernán Giraldo, se alió con sectores de la Fuerza Pública para beneficiarse mutuamente: los primeros mataban a los campesinos y se los entregaban al Ejército para que los presentara como “guerrilleros muertos en combate”. Mientras que en las zonas más cercanas a Santa Marta y sobre la Troncal del Caribe, agentes de la Policía Antinarcóticos le vendían las víctimas a los paramilitares. Recibían cinco millones por cada persona, la cual era interceptada en la vía o en alguna zona solitaria. (Ver Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares)

Una práctica macabra
El departamento del Magdalena es unas de las regiones con más casos de desaparecidos. La Fiscalía formuló cargos por 200 casos de desaparición forzada a Hernán Giraldo y sus hombres y aunque han hallado a muchos de los desaparecidos en fosas comunes a lo largo y ancho de la Sierra Nevada, temen que otros se queden sin encontrar porque las investigaciones apuntan a que era cierto el mito de que la práctica de los paramilitares era matar y desmembrar.

VerdadAbierta.com conoció que los hombres de Giraldo tenían la orden de desmembrar el cuerpo en 14 partes, por cada una de las articulaciones, para facilitar el entierro en fosas comunes, de tal manera no tenían que cavar un hueco grande sino pequeño, le ponían poca tierra y piedras encima porque así hacían un menor esfuerzo. Por eso las exhumaciones han sido muy difíciles y en muchas fosas se encuentran huesos que dificultan la identificación de las víctimas. Si no los enterraban en fosas, llevaban las partes de los cuerpos hasta el cerro de ‘Los Muchachitos’, sobre la Troncal de Oriente, y de ahí arrojaban a sus víctimas al mar. Se estima que también hay muchos restos óseos de víctimas de este bloque paramilitar enterrados en la Zona Bananera.

Los paramilitares del grupo de Hernán Giraldo cometían masacres y homicidios selectivos en los pueblos de la Sierra Nevada y enterraban a sus víctimas, pero en Santa Marta y Riohacha eran crímenes ejemplarizantes, por eso dejaban los cuerpos a la vista de la comunidad. (Ver Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Los familiares de las víctimas de los 274 casos de homicidios, incluyendo las 34 masacres, y de los 200 desaparecidos, investigados por la Fiscalía, que dejaron mil víctimas indirectas y 700, respectivamente, así como los más de ocho mil desplazados de la Sierra Nevada, esperan ahora el fallo de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

Kitek Kiwe, el resguardo que floreció tras la masacre de El Naya

Informe especial. Esta es una historia de resistencia, unión y solidaridad de 73 de familias indígenas que reinventaron su comunidad en un nuevo territorio.

kitek-kiwe-300x200Luego de años lucha y resistencia, una parte de las víctimas de la masacre de El Naya logró reconstruir sus vidas fuera de su antiguo hogar y formó el resguardo de Kitek Kiwe en Timbío. Foto: VerdadAbierta.com.Al observar el mapa de Cauca sobre los resguardos indígenas del pueblo Nasa, se puede ver uno que está aislado en el centro del departamento, es el resguardo de Kitek Kiwe. Su historia está ligada al éxodo que emprendieron cientos de aterrorizados indígenas de la región de El Naya, como consecuencia de la cruel masacre que cometieron paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001.   

Entre el 10 y el 13 de abril de ese año, más de 200 paramilitares marcharon por diferentes sectores de El Naya, una región limítrofe compuesta por 17 veredas de Buenaventura (Valle del Cauca) y Buenos Aires (Cauca). En su recorrido, los hombres que envió Éver Veloza García, alias 'HH', el jefe de ese grupo de las Auc, asesinaron arbitrariamente a decenas de hombres, a mujeres y niños. También saquearon y destrozaron viviendas, torturaron a los pobladores que se encontraban a su paso. A los sobrevivientes les dieron la orden perentoria de abandonar la región.

Trece años después de la masacre, hay diferentes versiones sobre ésta y no se conoce con exactitud la cantidad de víctimas que dejó esa incursión paramilitar. Tras la desmovilización del Bloque Calima en diciembre de 2004, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz asumió la investigación de esa tragedia, y junto con el testimonio de víctimas y desmovilizados, logró reconstruir cómo fueron esos hechos y llevó a los estrados de la justicia transicional a 67 ex paramilitares para que respondan por esos hechos. (Lea: Los orígenes de la masacre de El Naya)

La Fiscalía ha procesado a los perpetradores desmovilizados por 27 asesinatos y alrededor de mil 500 desplazamientos, pero los sobrevivientes de la masacre insisten en que son muchos más los desplazados y que fueron asesinadas alrededor de 100 personas, cuyos cadáveres no aparecen porque fueron arrojados a ríos y precipicios.

Luego de esa cruel historia del conflicto armado colombiano, 73 familias indígenas quienes, tras batallar durante más de tres años, lograron que el Estado les titulara una finca en el municipio de Timbío, en el sur de Popayán, para reconstruir sus vidas de acuerdo con sus tradiciones ancestrales. VerdadAbierta.com fue hasta el resguardo de Kitek Kiwe y habló con varios de sus líderes y pobladores para reconstruir su proceso de resistencia.

Del éxodo a la tierra prometida
Rosa*, una mujer de 66 años, recuerda como si los hechos hubieran ocurrido ayer, que para salir de la vereda La Playa, sitio en el que vivió desde los 12 años, tuvo que pasar por encima de varios cadáveres, yendo de la mano con una hija y tres nietos. A Rogelio* no se le olvida que los paramilitares les dieron un plazo tres horas a los habitantes de la vereda Río Mina para abandonar la región, pero ésta se desocupó en pocos minutos, y que lamentablemente, uno de sus vecinos, fue asesinado porque se devolvió a recoger unos documentos.

Como Rosa y Rogelio, cientos de personas caminaron durante horas por las trochas de la montaña, hasta llegar a Timba. Allí, se refugiaron en la escuela. Rogelio cuenta que cuando llegó a Timba sintió más temor, porque en esa vereda los paramilitares instalaban retenes y les prohibían a los habitantes ingresar mercados superiores a 50 mil pesos. Pero dadas las circunstancias, le tocó quedarse en la escuela del pueblo.

Según sus cálculos, en la escuela estuvieron reunidas alrededor de 400 personas durante varias semanas. “Todos estábamos en un salón, fue muy difícil. Hubo ayuda humanitaria, la Cruz Roja traía ropa y comida, pero las cosas buenas no se repartían todas. El padre y otra señora retenían cosas, y en parte, por eso, nos fuimos a Santander”, cuenta.

A los pocos meses sus líderes decidieron que la comunidad abandonara Timba y se trasladara al municipio de Santander de Quilichao en busca de mejores condiciones y para tener comunicación más fluida con las instituciones del Estado. En esa población los desplazados se asentaron en la plaza de toros y en ese sitio vivieron durante tres años en precarias condiciones.

“Al principio eran como cuatro mil personas y al final se quedaron 70 familias en la plaza de toros. La gente se fue yendo conforme pasaba el tiempo. Algunos retornaron pese a que el Gobierno les dijo que no había garantías, pero como ya no había nada para comer, la gente se fue yendo poco a poco. Algunos estuvieron tres o cuatro meses y no aguantaron más, nosotros nos quedamos tres años”, cuenta Rogelio. Además, explica que “la Cruz Roja dio ayuda durante seis meses y después la situación se puso dura, pero otros resguardos indígenas y la Acin nos ayudaron para resistir los tres años en Santander con comida, ropa y medicina”.

Pese a que al diario vivir se complicaba y las ayudas no alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas, el miedo no les permitió retornar a El Naya a varias familias, y ante la falta de alimentos, se vieron obligados a pedir limosna. “Nos tocó dejar la pena y salir a pedir a las calles, luego nos tocó ir a recoger las sobras en la galería. Así estuvimos como un año. Al principio nos ayudaron, pero es que duramos mucho tiempo por fuera”, cuenta Rosa con los ojos aguados mientras recoge sus arrugadas manos hacia su vientre.

El resguardo de Tóez, en el municipio de Caloto, fue otro punto de concentración para los desplazados de la masacre. En ese sitio se ubicaron alrededor de 35 familias que estaban en veredas cercanas a la entrada a El Naya. Lisinia Collazos, actual gobernadora de Kitek Kiwe, cuyo esposo fue asesinado en la incursión paramilitar y fue una de las personas que lideró la creación del resguardo, cuenta que el pueblo de Tóez los acogió con calidez y les prestaron unas casas y un terreno para cultivar frijol, yuca y maíz.

Pese a que estaban separadas, las comunidades asentadas en Santander de Quilichao y en Caloto, mantuvieron un vínculo permanente y un mismo sueño: tener un terruño en el que pudieran vivir conforme a su cosmovisión y sus hijos pudieran correr libremente. En marzo de 2002 asistieron a unas capacitaciones en derechos humanos que una ONG dictó en Santander de Quilichao, y en medio de ese proceso, instauraron una tutela en octubre de ese año, y al mes siguiente salió el fallo favorable. “Fue un proceso de lucha, espera y paciencia. Los que estábamos en Caloto viajábamos a las capacitaciones en Santander en bicicleta porque no teníamos los 800 pesos para el pasaje de bus, pero todo ese esfuerzo valió la pena porque nos abrió la puerta a nuestro hogar”, explica con gran satisfacción la gobernadora Collazos.

Las semillas de Kitek Kiwe
Durante más de un año los líderes indígenas buscaron una finca ideal para que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) les titulara en el norte de Cauca. Cansados de buscar y ante la posibilidad de que se les acabara la vigencia para la compra de un terreno, estuvieron dispuestos a aceptar una finca de espárragos en Puracé, municipio cercano a Popayán, pese a que nunca habían cultivado esa planta.

Enrique Fernández, uno de los líderes de Santander de Quilichao, fue al Sena a buscar a alguien que los capacitara en cultivos de espárragos, pero en ese sitio encontró a Germán Sarria, quien le ofreció una finca en Timbío, a media hora de la capital de caucana. El 8 de diciembre de 2003 una comitiva de las dos comunidades visitó la finca La Laguna, ubicada en la vereda San Pedrito, y decidieron que ese sería el sitio en donde echarían raíces y reconstruirían sus vidas.

El 20 de diciembre, el Incora acordó compararle a Sarria las 289 hectáreas de La Laguna por 1.070 millones de pesos. El 18 de enero de 2004 el instituto de tierras compró la finca, pero los indígenas tuvieron un impedimento para poder trasladar a las 73 familias que vivirían en ella. La Red de Solidaridad, la institución que antecedió a Acción Social, se opuso a que la comunidad se trasladara a porque no tenía las condiciones necesarias que las familias pudieran vivir dignamente.

Para esa fecha, en la finca sólo existían dos casas y en gran parte de ella no había energía eléctrica, acueducto ni alcantarillado. Los indígenas acordaron con la Red de Solidaridad que sólo trasladarían a 20 familias que se instalarían en las dos viviendas, pero lo que en realidad hicieron fue adecuar La Laguna para la llegada de las 53 familias restantes. Después de vivir por más de tres años en la mendicidad, hacinados en una plaza de toros y relegados por la sociedad, los indígenas no aguantaron las ganas de retornar al campo y no les importó que tuvieran que dormir en cambuches de plástico.

“Las 53 familias llegaron a La Laguna el 9 de abril de 2004. No hubo quien parara a las familias en esas chivas, la Acin aportó la mayor parte de los recursos para el traslado de las familias. El sufrimiento de todos esos años quedó en el pasado cuando vimos a los niños correr felices y libremente por los pastos”, recuerda la gobernadora Lisinia, quien agrega que la Red sólo les colaboró con mercados durante el primer mes.

Los indígenas no se conformaron solamente con tener su terruño, sino que al año siguiente se organizaron y montaron su propio cabildo, el cual fue reconocido por el Estado en 2006. Desde que llegaron a La Laguna, la constancia, la unión y la organización indígena les han permitido a esta comunidad ir mejorando Kitek Kiwe.

Después de varios años el Gobierno les construyó algunas casas en la parte baja de la finca, pero siguen sin energía ni acueducto; logaron adecuar una escuela; construyeron casas de madera en los alrededores de la entrada de la finca; y hoy están a punto de logar que el Estado los reconozca formalmente como resguardo indígena. (Vea galería fotográfica)

Ese reconocimiento hace parte del compromiso al que el Gobierno llegó con los pueblos indígenas del país en el pasado mes de octubre, para organizar alrededor de 800 resguardos. Para las familias de Kitek Kiwe este procedimiento es vital porque con él su territorio adquiere un blindaje jurídico y de esta manera no puede ser vendido ni embargado. Edwin Guetio, ex gobernador de esa comunidad, cuenta que sólo les falta un concepto del Incoder y esperan que los trámites concluyan antes de que finalice este año.  También, esperan ser incluidos de una vez por todas en los planes de desarrollo municipal y departamental, para que después de diez años, puedan tener electricidad y agua potable en todo el resguardo.

Con El Naya en el horizonte
Aunque los indígenas que no retronaron a El Naya encontraron estabilidad en Kitek Kiwe, no pueden sacar de su corazón la región en donde crecieron y recuerdan las cosas que perdieron tras la masacre del 2001. “Lo que perdimos por esa incursión paramilitar fue la parte cultural, más que la tierra o las propiedades. La parte ancestral se afectó mucho”, cuenta Emerson Chilgueso, Coordinador del Programa Económico Ambiental del resguardo.

La medicina tradicional, sus rituales, el contacto con fuentes de agua puras y una tierra muy fértil, son las cosas que en parte se perdieron por causa del desplazamiento. “Yo tenía un conocimiento de varias plantas medicinales en El Naya, pero las de acá no sé para qué sirven y apenas estoy descubriendo algunas. Eso se perdió totalmente, es como matarle el conocimiento a uno. La pérdida total fue el conocimiento ancestral; además espíritus como el duende y el arco lo respetaban a uno allá, pero acá no”, agrega con resignación Chilgueso.

Rosa extraña las bondades de esa tierra de El Naya bendecida con fertilidad. “Allá era tirar las semillas y listo, brotaba la comida por montones; acá es muy duro: toca usar abono, arar y otras cocas”, recuerda. Rogelio lamenta la falta de sitios sagrados como páramos y nacimientos de agua en donde puedan hacer sus ritos de armonización. A cambio, en Timbío hay dos quebradas de agua que nadie puede usar porque están contaminadas con aguas residuales del municipio.

Sin embargo, pese a que extrañan su antiguo estilo vida, los habitantes de Kitek Kiwe sostienen que no volverán a El Naya por tres razones. La primera es por cuestiones de seguridad. Al día de hoy los grupos armados siguen en la región y la presencia de cultivos ilícitos hace que esa zona esté en constante disputa. La segunda, es que muchas personas fueron amenazadas de muerte por los paramilitares y la guerrilla. Estos últimos amenazaron a varias personas por el contacto que tuvieron con instituciones estatales durante el desplazamiento y llegaron a señalarlas como informantes del Gobierno.

Y por último, la de mayor fuerza, por los niños y los jóvenes que se han criado en Kitek Kiwe. Los líderes no quieren someter a un cambio abrupto a los menores. Retornar a El Naya, aparte de los constantes riesgos por el conflicto armado que continúa, les conllevaría trasladarse a una zona remota con precarias vías de transporte y ausencia de servicios básicos como salud y educación. “Al volver allá, nos la pasaríamos errantes de un lado a otro y nunca nos estableceríamos y organizaríamos un futuro para nuestros hijos. La idea es que, una vez establecidos acá, dar la pelea hasta el final y organizarnos para orientar a nuestros hijos. Esa es la fortaleza para mantener un pueblo”, explica Chilgueso.

Pero eso no implica darle la espalda a su pasado y sus tradiciones. Por eso, a los más pequeños les enseñan la historia de la región de origen de sus mayores y cada año conmemoran los hechos trágicos de la Semana Santa de 2001, para que las víctimas no caigan en el silencio del olvido. Una muestra de ello es el mural que fue pintado en una de las casas del resguardo, el cual tiene grabado cómo era la vida en El Naya antes, durante y después de la masacre.

Y ese espíritu de darle prioridad a las nuevas generaciones también se refleja en el nombre del resguardo. Kitek Kiwe, en nasa-yuwe, que es la lengua de ese pueblo indígena, significa tierra floreciente. “Queremos que cada día haya un brote nuevo, nuevas expectativas, nuevas esperanzas, nuevas exigencias de los niños que crecen. La mayoría de la población es joven. Sus anteriores gobernadores fueron jóvenes que llegaron desplazados”, explica la gobernadora Lisinia.

* Nombre cambiado por petición de la fuente para proteger su identidad.