Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

Por cuenta de enfrentamientos armados entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del Eln, la localidad del Alto Baudó se encuentra sumida en una delicada crisis humanitaria debido a éxodos forzados y confinamientos. La situación es reiterada y las autoridades poco o nada hacen para atender a las comunidades. Corte Constitucional reclama explicaciones.

guerra baudo 1170 familias están refugiadas en la cabecera de Alto Baudó. Foto: Defensoría del Pueblo.A Jesús María, un hombre que se ganaba la vida transportando gente en su lancha por las caudalosas aguas del río Baudó, sur del departamento de Chocó, lo mataron delante de sus vecinos, paisanos y amigos, a plena luz del día, sin que nadie pudiera evitarlo.

Ocurrió el fin de semana pasado en la localidad de Puerto Meluk, cabecera municipal del Medio Baudó: “fueron por él, lo pasearon por todo el pueblo, lo torturaron y lo mataron sin que nadie pudiera hacer nada. La población está aterrorizada”, señalaron integrantes del Foro Interétnico Social Chocó (Fisch), organización que acompaña comunidades afros e indígenas en este departamento, uno de los más pobres del país y también de los más azotados por la guerra.

Las razones de su asesinato son tan absurdas como la guerra que se recrudece actualmente en esta región del suroccidente chocoano sin que a nadie pareciera importarle. Según reportó la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, a Jesús María lo mataron presuntos guerrilleros del Eln por haber transportado en su lancha integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

De acuerdo con la Entidad, días antes los ‘gaintanistas’ remontaron las aguas del río Baudó desde Puerto Meluk hasta el caserío conocido como Peña Azul, en el Alto Baudó, con el fin de hostigar a los guerrilleros del Frente Resistencia Cimarrón del Eln. Al final se produjo un fuerte choque armado entre ambos grupos. Las comunidades quedaron en medio del fuego cruzado.

Como resultado de esa incursión, unas 156 familias, cerca de 465 personas, entre hombres, mujeres y niños de las comunidades Peña Azul, Bocas de Apartadó, Boca de León, Geandó, Punta Peña, Bacal, Amparradó y Cocalito, decidieron abandonar el territorio por temor a que se reactiven nuevamente los combates. Actualmente se encuentran refugiadas en la cabecera de Puerto Meluk, donde están siendo atendidas con los escasos medios con que cuenta la administración municipal.

“Pero la Defensoría teme además por otras 10 comunidades, entre ellas dos comunidades indígenas, Wounaan y Emberá, que están en riesgo de desplazamiento mientras que hay otras confinadas por cuenta de la presencia de estos grupos armados”, le dijo a VerdadAbierta.com Luis Enrique Murillo, Defensor del Pueblo, Regional Chocó.

Se trata de una situación delicada si se tiene en cuenta que por las aguas del Baudó transitan diariamente las comunidades afros e indígenas llevando alimentos, mercancías y combustible para sus caseríos. Por cuenta de la confrontación que mantienen ‘gaitanistas’ y ‘elenos’, la movilidad por el afluente se ha restringido a tal punto que los pobladores no pueden salir a realizar sus faenas diarias de agricultura, cacería y pesca.

“Hay comunidades confinadas que no pueden moverse por la presencia de estos grupos armados, porque han puesto artefactos explosivos, como minas antipersonas, y eso genera una crisis alimentaria porque la gente no puede salir a buscar sus alimentos”, agregaron voceros del Fisch, quienes aseguraron que ambos grupos armados ilegales cobran extorsiones a los lancheros y les imponen restricciones a su movilidad en determinadas horas de la tarde.    

Guerra de no acabar

guerra baudo 2El desabastecimiento y el confinamiento pueden empeorar la crisis humanitaria del sur de Chocó. Foto: Juan Diego Restrepo E.No es la primera vez que desde la profundidad selvática del Baudó llegan noticias de una guerra que parece no tener “tregua ni cuartel”. El actual escenario había sido advertido por la propia Defensoría del Pueblo a las autoridades civiles y de Policía del departamento durante una reunión realizada el pasado 28 de febrero en las instalaciones del Comando de Policía Chocó.

Allí, la Agencia del Ministerio Público hizo un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Riesgo No. 011 A.l. de 2009, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría para toda la región del Baudó. En ese documento se consignaron los riesgos que corrían los pobladores de esta región por cuenta de las operaciones de grupos armados ilegales.

El informe del SAT llamó la atención sobre la situación de confinamiento de las comunidades afros e indígenas, así como la posibilidad de desplazamientos forzados en localidades del Alto, Medio y Bajo Baudó, como en efecto viene ocurriendo. También sobre la siembra de minas antipersonas y las intimidaciones dirigidas contra gobernadores indígenas y presidentes de consejos comunitarios. Al Informe de Riesgo ya se la han realizado cinco notas de seguimiento, con las que se actualiza la situación de vulnerabilidad de los pobladores, y concluyeron que los riesgos no han desaparecido; por el contrario, se incrementaron.

El avance de los ‘gaitanistas’ viene aumentando exponencialmente la inseguridad tanto de afros como indígenas de el Baudó, El San Juan y el Bajo, Medio y Alto Atrato. Esa estructura armada, nacida a mediados de 2006 como reemplazo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está copando a sangre y fuego territorios antiguamente dominados por la guerrilla de las Farc, en camino ya a la dejación de armas y a la reincorporación a la vida legal. Esos hechos fueron denunciados en diciembre del año pasado en varias localidades del Bajo Atrato y en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, donde la Defensoría conoció casos de amenazas, desplazamientos forzados y varios asesinatos selectivos.

Lo que advierten analistas de esta Agencia del Ministerio Público es que la dinámica que muestra el avance de este grupo armado posdemovilización apunta a consolidar un importante corredor estratégico que va desde el Bajo Atrato, conecta con el Alto Baudó y de allí con la costa Pacífica. El principal obstáculo que han encontrado los ‘gaitanistas’ para este propósito ha sido, precisamente, la presencia de la guerrilla del Eln, que les plantó una dura guerra que ya ajusta poco más de nueve años.

“Lo que sucede en el Baudó no es coyuntural. Desde hace muchos años hay una disputa territorial entre estos grupos por el control territorial de todo El Baudó”, precisó el Defensor del Pueblo, Regional Chocó. Se trata, según este funcionario, “de una zona estratégica muy importante porque permite articular el resto del departamento, es decir, la zona del Atrato con la zona del Pacífico. Allí hay fuerte presencia de narcotráfico y viene incrementándose la extorsión; además, es una zona de difícil acceso por lo selvático”.

En esta confrontación armada, el Eln también ha puesto su ‘cuota’ de infamia, degradación y arbitrariedad. Desde hace poco más de una década, a través del Frente Resistencia Cimarrón, consolidó su poder armado en el Alto Baudó y desde allí viene expandiéndose hacia el Medio Baudó y la región del Atrato, antiguamente dominada por las Farc. Y todo apunta a que están dispuestas a dar la pelea por el control del territorio.

Según voceros de los organismos humanitarios consultados por VerdadAbierta.com, el pasado 10 de enero guerrilleros de ese frente insurgente ingresaron a una comunidad indígena ubicada en Puerto Indio, Alto Baudó. Allí reunieron a los gobernadores indígenas y, tras acusarlos de ‘sapos’, lanzaron sendas amenazas de muerte contra varios de ellos. Como era de esperarse, el hecho motivó el éxodo forzado de 101 familias indígenas.

El agresivo relacionamiento del Eln con las comunidades contrasta con la voluntad que dicen tener sus comandantes reunidos en el Comando Central (Coce), quienes desde el 7 de febrero se sentaron con el gobierno nacional a buscar una salida negociada al conflicto armado que ya ajusta 52 años. Los diálogos, que se adelantan en Quito, Ecuador, aún están en una etapa incipiente y no parecen reaccionar a lo que acontece en el sur de Chocó.

Este portal quiso conocer la versión de los jefes del Eln, pero no contestaron oportunamente los mensajes. Asimismo, se buscó la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, pero no devolvieron las llamadas.

¿Habrá paz en el Baudó?

guerra baudo 3El sur de Chocó sigue en disputa pese a la salida de las Auc y de las Farc de la región. Foto: Juan Diego Restrepo E.En el Baudó, una región tan exuberante como tan olvidada por el Estado, sus pobladores no se permiten alimentar la ilusión de una paz ni el corto ni el mediano plazo, ni siquiera por el desarrollo del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln, cuya injerencia en el territorio es bastante fuerte.

“El conflicto armado no es la única causa de la crisis humanitaria que vive toda la región del Baudó”, sostuvo Murillo. “Más adelante podría darse el hecho de que el gobierno nacional firme la paz con la guerrilla del Eln, pero en la zona persisten otros actores armados, hay un gran vacío de Estado y no hay garantía de derechos y eso sí ha sido una situación sistemática”.

En efecto, en el Baudó conviven en un maridaje malévolo la guerra, la pobreza, el abandono y la corrupción. Los indicadores sociales de esta región son, quizás, los peores del país. Para 2012, según el Dane, un municipio como Alto Baudó tenía una tasa de analfabetismo del 39 por ciento, una tasa de mortalidad infantil del 83 por ciento y ocho camas en todos sus establecimientos hospitalarios para atender a unas 34 mil personas.

Las estadísticas son bastante similares para los municipios de Medio y Bajo Baudó. En esta región selvática tropical, donde cualquiera está expuesto a la mordedura de una serpiente, las existencias de suero antiofídico son casi que nulas. La crisis alimentaria generada por los desplazamientos masivos, los confinamientos, las restricciones a la movilidad, entre otros, es tan grave como la misma, guerra que parece perpetuarse en la profundidad de la selva y sólo a unos pocos parece importarle.

Reclama explicaciones

La Corte Constitucional emitió un nuevo auto a raíz de la crisis humanitaria. Foto: Corte Constitucional.La crisis humanitaria en Chocó coincidió con la divulgación esta semana del Auto 091, fechado el 24 de febrero pasado, que resalta la persistencia del conflicto armado en diversas comunidades del sur de ese departamento, con nefastas consecuencias para sus pobladores.

En su tarea de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, a través del cual se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y de ordenarle en 2009 al gobierno nacional mitigar el impacto negativo que sobre las comunidades étnicas ha ocasionado el desarraigo, un equipo del Alto Tribunal visitó entre el 20 y el 24 de septiembre del año pasado buena parte de sur del Chocó, particularmente varias zonas del Bajo San Juan.

Durante sus recorridos, los funcionarios constataron “la persistencia del conflicto al interior de los territorios étnicos que sigue potenciando múltiples y continuados hechos de desplazamiento forzado, y de afectaciones nocivas y diferenciales sobre las comunidades desplazadas, a partir del desarraigo y la inadecuada atención en espacios urbanos”. (Descargar Auto)

Además, identificaron varias crisis humanitarias padecidas por las comunidades indígenas y afros que habitan la región y establecieron que tanto los llamados grupos posdesmovilización, como las guerrillas del Eln y las Farc “han podido ejercer control, según información recolectada en terreno, por su actuación permanente en la zona y la ausencia del Estado”.

La situación de riesgo de las comunidades se agudizó por dos razones fundamentales; de un lado, por los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales y de estos con la Fuerza Pública; de otro, por la salida de las unidades de las Farc, en camino a sus zonas de concentración, y la consecuente disputa por esos territorios.

La intensificación del control territorial ocasionó restricciones a la movilidad de los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan. De acuerdo con cifras de la Corte Constitucional, en el periodo de enero-mayo de 2016, en el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4.166 personas; en el Alto Baudó, 1.604 personas; y en el Medio Baudó, 200 personas.

Los funcionarios escucharon en terreno testimonios sobre la “zozobra en las comunidades por la presencia de integrantes de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en sus territorios y viviendas, quienes se han enfrentado recientemente; el desconocimiento y falta de activación de las rutas gubernamentales para la protección de los líderes y las comunidades; incursiones militares y ocupación temporal de escuelas y viviendas; instalación de MAP/MUSE (minas antipersonas) en sus territorios; irrespeto a las autoridades étnicas; reclutamiento forzado; y señalamientos a los líderes visibles”.

Ante la magnitud de lo observado, la Sala Especial de Seguimiento les solicitó a diversas agencias estatales, del orden nacional y regional, información “actualizada, completa y precisa” sobre tres temas fundamentales: “la política pública encaminada a la protección de las comunidades, autoridades étnicas y sus miembros; la atención y asistencia culturalmente adecuada; y el retorno y la reubicación de la población, en el marco de la garantía de los derechos territoriales”.

De fondo, lo que pretende la Corte Constitucional es determinar qué tanto le importan los graves problemas que padecen en el sur de Chocó cientos de pobladores afros e indígenas que pareen condenados a la guerra y a la indiferencia de algunas entidades estatales.

Indígenas, confinados en Timbiquí por accionar de grupo armado

Por lo menos 1.012 nativos que habitan en la parte baja del río Saija están encerrados porque desde hace varios días hombres encapuchados que visten de negro rondan sus territorios. Las entidades que atendieron denuncias piden de manera urgente ayuda para atender la emergencia humanitaria.

indigenas confinados cauca 1Indígenas refugiados en el resguardo de Calle Santa Rosa de Timbiquí. Foto: Defensoría del Pueblo.Los habitantes de los cabildos de Las Peñas, La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, situados en la parte del río Saija que conecta con los esteros que conducen hacia el Pacífico caucano, empezaron a ver desde el pasado 5 de febrero un pequeño grupo de hombres armados que visten prendas negras, sin ningún elemento que los identifique. Estas comunidades son que viven en una zona apartada y marginal, subsistenten gracias a la caza y a la recolección de los alimentos que les ofrece el monte, y muchos de sus integrantes no dominan el español.

Pese a estar acostumbrados a vivir en circunstancias agrestes, su tranquilidad se acabó el 9 de febrero, cuando esos 'foráneos' realizaron varios disparos al aire, causando el desplazamiento de las 17 familias de la comunidad de Las Peñas que, despavoridas, tomaron rumbo hacia Calle Santa Rosa. En el camino, el miedo se regó como pólvora y las comunidades de La Sierpe y Unión Málaga también se dirigieron hacia ese lugar, produciéndose el confinamiento de 1.012 indígenas.

La situación de la comunidad sólo se conoció diez días después en la cabecera municipal. El pasado jueves, una delegación conformada por miembros de la Personería, la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), llegó a la región para corroborar las denuncias y atender la emergencia.

El personero de Timbiquí, José Alfredo Valencia, le explicó a VerdadAbierta.com que se realizó un Comité de Justicia Transicional para recoger las declaraciones de las víctimas y tramitar la documentación necesaria para que el Municipio, la Gobernación de Cauca y la Unidad Nacional de Víctimas se pongan al frente de la asistencia humanitaria.

Sobre los hechos, el funcionario agregó que las autoridades no saben qué está ocurriendo y que los indígenas insisten en que es un actor desconocido; además, recordó que recientemente la guerrilla del Eln dijo que no tenía presencia en la región. “Es una situación muy grave: Las Peñas se quedó sin energía porque un disparo cortó uno de los cables de electricidad y la Guardia Indígena dice que está agotada porque se la ha pasado vigilando día y noche desde entonces”, indicó Valencia.

Por otro lado, un funcionario de la Defensoría del Pueblo le contó a este portal que las cuatro comunidades se encuentran hacinadas en un polideportivo de estructura palafítica conocido como Casa Grande, construido en madera chonta, que no cuenta con las condiciones básicas de agua y salubridad para albergar a los más de mil afectados.

“Las comunidades tienen temor de salir a cazar y recolectar por la presencia de los actores armados, dicen que es un grupo de siete personas. Es una situación irregular porque no agredieron a la comunidad ni profirieron amenazas, por lo general los nuevos grupos llegan y amenazan para ejercer control territorial”, indicó el funcionario.

Las cuatro comunidades habitan una zona marginal de estero donde raramente se ve presencia gubernamental, cuando llega “es recibida con extrañeza”; cuentan que, si mucho, hay una o dos jornadas de vacunación al año; hay pocos cultivos de coca y explotación de minería ilegal hacia la cordillera. Sin embargo, es una región estratégica para enviar droga al exterior y se encuentra dentro de las 15 millas náuticas que debe custodiar la Armada Nacional.

En Cauca, diferentes voces reportan que tras la salida de las Farc de sus zonas de influencia, acatando las disposiciones para concentrarse en dos Zonas Veredales y un Punto Transitorio de Normalización del departamento, en donde estarán durante seis meses para preparar su reincorporación a la sociedad civil y entregarle sus armas a la ONU, han ingresado personas o grupos armados para intimidar o controlarlas.

“La Fuerza Pública no ha solucionado la falta de seguridad que anteriormente prestaban las Farc en medio de su control territorial. No hay una respuesta efectiva ante la salida de la guerrilla y las condiciones de inseguridad en algunas regiones se han empezado a notar con robos y extorsiones”, aseguró una persona que conoce las dinámicas de la región.

Ciclo de violencia y paz

indigenas confinados cauca 2A pesar de las riquezas naturales, las comunidades étnicas de Timbiquí viven en medio de la pobreza y del abandono estatal. Foto: VerdadAbierta.com.El personero municipal llamó la atención sobre el hecho de que Timbiquí le dijo Sí a la paz, votando masivamente a favor de la refrendación del primer acuerdo de paz que salió de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc en Cuba, esperando que la violencia cesara. No obstante, empieza a brotar un sinsabor: “El pero es que es con el proceso de paz empezaron a llegar grupos armados a la zona baja con el ánimo de copar el espacio que dejó las Farc”.

Por ahora, esa incursión de nuevos hombres armados no ha dejado víctimas mortales, pero, según narró el personero Valencia, las cuatro comunidades indígenas que están confinadas en Calle Santa Rosa, tienen temor de que la entrada de la Fuerza Pública pueda derivar en más riesgos contra su seguridad, por posibles enfrentamientos o retaliaciones de sus nuevos 'vecinos'.

Y como si fuera poco, el anterior proceso de dejación de armas del país, que conllevó a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras negociar con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), desató posteriormente una crisis humanitaria en la que ocurrieron los primeros desplazamientos masivos de sus habitantes.

Un Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, fechado el 1 de octubre de 2010 documentó que: “(…) con posterioridad a su desmovilización estos espacios fueron ocupados por los grupos armados ligados al narcotráfico y por las estructuras armadas ilegales surgidas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, lo que se refleja en la presencia de integrantes de Los Rastrojos, y Las Águilas Negras en el casco urbano de Guapi y, de miembros de grupos armados articulados al narcotráfico en la cabecera de Timbiquí, lo cual genera zozobra y temor permanente en la población civil”.

'Matamberas', la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí

Los nuevos grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc controlaron por medio de violencia e intimidaciones a los habitantes de Timbiquí para hacerse con las rentas que producían los cultivos de coca y el narcotráfico. Y sus posteriores disputas con las Farc, cuando ingresaron nuevamente a la región, derivaron en desplazamientos masivos que llevaron a la desaparición de los caseríos de Velásquez y La Fragua, los cuales están deshabitados a día de hoy.

Sin embargo, en este nuevo proceso de paz no han transcurrido ni dos meses desde que se empezó a implementar el Acuerdo Final de paz que fue refrendado por el Congreso de la República el 1 de diciembre, y ya han ocurrido varios casos en los que hombres armados ingresan a territorios que anteriormente eran de dominio de las Farc, generando temor en las comunidades.

El pasado 10 de febrero un grupo armado incursionó en una de las veredas de Briceño, municipio antioqueño donde se han adelantado programas piloto de desminado humanitario y sustitución de cultivos de coca, en busca de pobladores que ejercen liderazgo y uno resultó herido. Además, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, también se han denunciado casos de desplazamiento hacia Venezuela tras la salida del Frente 33 de las Farc hacia la zona de concentración de Caño Indio.

 Tensión en las montañas de Briceño

En este arranque de año la implementación del Acuerdo Final de paz, que apenas inicia su aterrizaje a través de los debates y normas que aprobará el Congreso de la República vía Fast Track (sólo han sido aprobadas dos de las casi 50 que se tienen estimadas), se han generado grandes turbulencias en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, las cuales incluyen amenazas y asesinatos de líderes sociales.

El Castillo: un pueblo por reconstruir

En este municipio de Meta más de la mitad de la población se desplazó y sus líderes políticos de izquierda fueron asesinados o desaparecidos. Hoy hace memoria y trata de levantarse de las cenizas.

el castillo 1Después de la expulsión de más de la mitad de los habitantes de El Castillo, muchos ya han retornado. La población actual de este municipio es de  6.500 personas. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

El pasado 10 de octubre más de cien personas se reunieron en el coliseo cubierto de El Castillo, Meta, para recibir el informe que durante año y medio los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizaron sobre el éxodo en este pueblo ubicado entre las estribaciones de la cordillera Oriental y la serranía de la Macarena. Pasaría como un lanzamiento cualquiera a no ser porque esa mañana de sábado, por primera vez en décadas, se veían las caras vecinos de otra época. Campesinos que, por causa del conflicto armado, fueron desterrados lejos de sus hogares. Quienes iban recibiendo la copia del libro estaban dimensionando, quizá por primera vez, lo que había ocurrido con sus vidas. El título en la portada era una antesala: “Pueblos arrasados”.

el castillo portadaHaga clic en la imagen para descargar el informe.Y es que durante años El Castillo experimentó un arrasamiento de diferentes expresiones de su vida: casas abandonadas y proyectos truncados. Pero no solo se trató del desplazamiento como se ha visto en tantos otros lugares de Colombia (y que nos ubica en la deshonrosa posición de ser el segundo país con más desplazados del mundo) sino de los daños colectivos en las poblaciones rurales, principalmente, y el exterminio político que, en este caso, tuvo implicaciones nacionales.

Según información recopilada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Meta fue uno de los departamentos donde ocurrieron más muertes y desapariciones de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda. Ocurrieron 385 homicidios y desapariciones entre 1983 y 1997.

Esa cifra ha marcado a varias generaciones que crecieron en un destierro obligado que se remonta a mediados del siglo pasado. “Para entender por qué elegimos al Castillo entre tantos otros pueblos arrasados en Colombia, hay que decir que este libro también es un homenaje a esas víctimas de las que casi nadie habla”, dijo Gonzalo Sánchez, director del CNMH, haciendo referencia a esas primeras personas que tuvieron que huir o que mataron por el solo hecho de pertenecer a un partido político.

¿Por qué el estigma?

el castillo 219 de las 42 veredas que conforman El Castillo quedaron deshabitadas a causa del conflicto armado. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

La estigmatización es una marca registrada de la región y una de las justificaciones utilizadas por todos los actores armados y los políticos para legitimar todo el daño en un pueblo que en su mejor época no superó los 13 mil habitantes (hoy son la mitad).

Hace parte de una subregión del Meta denominada el Alto Ariari compuesto por otros dos municipios, El Dorado y Lejanías. La colonización de estos estuvo fuertemente marcada por corrientes políticas. “Por ejemplo, el Partido Comunista ejerció bastante influencia en poblados como Medellín del Ariari –perteneciente al Castillo- y otros de la parte alta de la montaña” dijo Catalina Riveros, investigadora del Informe. Por eso el día del lanzamiento era raro ver a campesinos provenientes de veredas como El Jardín o Miravalle. Pocas veces bajan al casco urbano donde ha habido una influencia más marcada del Partido Liberal.

Dicha configuración “partidaria” marcó la vida de sus habitantes. Según el informe, debido al señalamiento de ser “un pueblo guerrillero”, entre 1984 y 2001, los grupos paramilitares fueron protagonistas en “la persecución, la violencia política y la guerra sucia que se inició en contra del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica”. En la memoria de sus habitantes hay un listado enorme con nombres de líderes, simpatizantes y militantes asesinados o desaparecidos. Dichos grupos paramilitares estuvieron auspiciados, en parte, por esmeralderos de Boyacá y por narcotraficantes que llegaron allí a invertir sus ganancias, especialmente en El Dorado.

Esto despertó el temor colectivo de los campesinos que habitaban, principalmente, en las veredas, pues “antes de confrontar militarmente a la guerrilla, la estrategia de este grupo consistió en eliminar a los militantes y simpatizantes del PCC y a todo aquel que fuera considerado ‘base social’ de la guerrilla”, dice la investigación.  

Entre los dos pueblos –El Castillo y el Dorado- ha existido una enemistad histórica que nació, justamente, con los sectarismos políticos en la época de la colonización. Sin embargo, en 1998 se propició un espacio para armonizar la vida entre los dos municipios. Se trató de una iniciativa de paz que se concretó por medio de la Asociación de municipios del Alto Ariari (AMA). Hoy en día, según algunos testimonios recogidos por los investigadores, el AMA es recordado como un mecanismo utilizado por el alcalde de El Dorado de la época, Euser Rondón (puente entre ‘los paras’ y los políticos del Meta), para beneficio de sus propios intereses: “Ellos ven la AMA como una estrategia política de la región(…) Porque luego de que hay un arrasamiento del Ariari, de todas esas comunidades, el asesinato de muchas personas y el desplazamiento de toda esa parte alta, entonces ya ahí es donde ellos dicen: ‘ya pacificamos el Ariari’. Pacificar el Ariari era asesinar a toda esa gente. Desaparecer a cuanta gente y casar del escenario político a la izquierda colombiana”.

el castillo 3El pasado 10 de octubre, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo entrega del informe Pueblos arrasados a la población de El Castillo. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

Mientras esto sucedía, las Farc, los otros protagonistas de la barbarie, se expandían y ejercían “un intenso control social de la población por medio de actos, como la asistencia obligatoria a reuniones, la imposición de multas, la obligación de votar por sus candidatos, la prohibición de relacionarse con la fuerza pública y la impartición de justicia por mano propia”. Sin contar con el reclutamiento forzado, los asesinatos y los continuos ataques al casco urbano.

Hay dos hechos violentos por parte de las Farc marcados en la memoria de los habitantes y que hacen parte del “arrasamiento”. Por un lado, en el año 2000, la guerrilla lanzó 22 cilindros con la intención de destruir la Estación de Policía de El Castillo. No dieron en el blanco –la Estación sigue intacta- pero el panorama del terreno parece una cicatriz de cemento (por iniciativa de la Gobernación del Meta y del CNMH allí se piensa construir un lugar dedicado a la memoria de las víctimas). Y, por otro lado, el 28 de enero de 2002, el Frente 26 de las Farc detonó una casa bomba en El Dorado que le generó la muerte a medio centenar de uniformados.

Paralelamente, el Bloque Centauros de las Auc, que dominaba en la zona, buscó refuerzos: “Por solicitud de algunos líderes de la región, entre ellos Euser Rondón y Arnulfo Velásquez, alias ‘Pereque’, tomaron la decisión de conformar un nuevo grupo paramilitar”, dice el informe. Pero para que esto se hiciera realidad, se debía contar con el visto bueno del que era considerado el dueño de la región del Alto Ariari, Víctor Carranza, quien tenía un grupo armado ilegal que prestaba seguridad a sus minas. Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’, sería el encargado finalmente de darle forma al nuevo Frente Alto Ariari de las Autodefensas que, según el CNMH, llegó a tener un pie de fuerza cercano a los 300 hombres divididos en cuatro compañías. Su sede: El Dorado. Y para “arrasar” más cómodamente con todo lo que pareciera o fuera guerrilla, realizó alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, en especial, la Brigada 7.

El balance del éxodo es mortal: 19 de las 42 veredas que conforman el territorio quedaron vacías. Fue la destrucción de los lazos comunitarios, de las organizaciones sociales y políticas, y la desconfianza como forma de vida, las que llevaron a los investigadores del CNMH a considerar el Castillo como un pueblo arrasado.

Ahora bien, son características que comparten con muchos otros municipios del país y que dan cuenta de una estrategia violenta que “no solo aniquila a las personas, sino que destruye su entorno material y simbólico, de manera que el territorio se vuelve inhabitable, lo que fuerza el éxodo de la población, en especial, en zonza de anclaje originario de la guerrilla”.

El libro menciona 233 pueblos que presentan situaciones similares a las del Castillo: Tabaco en La Guajira, Tinuisio en el sur de Bolívar, la Parcelación de El Prado en el Cesar, Montelíbano en Córdoba o Salaminita en Magdalena. Lugares donde, por ejemplo, la relación entre personas expulsadas y la pérdida de población en un periodo de tiempo determinado, representaba más del 50 por ciento.

Se comenzó por el Castillo, según manifestaron los investigadores del informe, porque las deudas históricas con la población del Meta son enormes. Aún hay muchos problemas por resolver frente al retorno de sus pobladores, por ejemplo. Es claro que las heridas aún no cicatrizan y tantos años de estigmatización no son fáciles de superar. Decir abiertamente que se milita en la Unión Patriótica o en el Partido Comunista es un atrevimiento que aún hoy puede salir caro. Sin embargo, hay esperanzas y deseos de cambio. Los aires de paz que llegan desde La Habana pueden materializarse en pueblos como este pero eso depende no solo de agilizar –por parte del Estado- las necesidades básicas insatisfechas de la población sino de dignificar a miles de víctimas que le están apostando a reconstruir sus vidas arrasadas. La memoria histórica es un primer paso.

Desplazamientos en El Bagre: ¿se reacomodan las fichas de la guerra?

Desde mediados del presente mes, esta localidad del Bajo Cauca antioqueño afronta una delicada situación de orden público que tiene como protagonistas a las guerrillas de las Farc y el Eln y a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. El trasfondo de todo: territorios para negocios ilegales que desde ya, comienza a ser disputados ante la eventual dejación de armas de las Farc.

Desplazados El BagreMás de 400 personas han dejado sus tierras durante las primeras semanas de 2016 en El Bagre. Foto: cortesía de la Defensoría del Pueblo.

Como un pueblo sometido a la voluntad de los grupos armados ilegales, cualquiera que sea su espectro ideológico o su naturaleza criminal. Así describe Pinto*, un habitante de la zona, a Puerto Claver, un corregimiento de poco más de 14 mil habitantes perteneciente al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde ha vivido la mayor parte de su vida y actual escenario de una compleja situación de orden público que amenaza con generar una grave crisis humanitaria como hace años no se veía en la región.

Desde finales de noviembre pasado, recuerda Pinto, miembros de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, llamados por el gobierno nacional como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’ y cuya presencia en este corregimiento es permanente desde finales de 2012, comenzaron a asesinar jóvenes que se rehusaban a unirse a sus filas; a comerciantes que se negaban a pagar las onerosas “vacunas” que le impusieron a todo el comercio del pueblo; a campesinos de las áreas rurales que consideraban auxiliadores de las guerrillas de las Farc y el Eln; en últimas, a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus políticas y su presencia.

El miedo, entonces, se apoderó de sus habitantes. Y comenzaron los desplazamientos individuales, también llamados “gota a gota”. Pero lo grave aún estaba por suceder. El 7 de enero, hombres fuertemente armados irrumpieron en la vereda El Coral y sacaron de su vivienda a un labriego de 74 años, al que todos en Puerto Claver llamaban de cariño “Pacho Burra”. Dos días después, los hombres armados ingresaron nuevamente a la vereda y retuvieron a un joven, a quien se llevaron con rumbo desconocido.

Y comenzaron entonces los combates. “Lo que se puede decir, porque hablar de esto da mucho miedo, es que los ‘gaitanistas’ irrumpieron en terrenos que manejan las Farc. Comenzaron entonces los combates y como allí también está el Eln, entonces los ‘elenos’ y las Farc se unieron para enfrentarse con este grupo de los gaitanistas”, explica Pinto. La frecuencia de los choques armados generó un éxodo masivo de una magnitud tal que no se registraba desde noviembre de 2013.

Según reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Uariv-, para el pasado 18 de enero se tenía un censo de 139 familias desplazadas, es decir, unas 422 personas entre hombres, mujeres y niños, provenientes de las veredas El Coral, Muquí Arriba, Muquí Abajo; Primavera, Arenales, El Castillo, El Oso y la Llana.

Las familias, según informó María Cecilia Gómez, enlace de Prevención y Atención Integral de Emergencia de la Uariv, se encuentran albergadas en el casco urbano de Puerto Claver, recibiendo ayuda humanitaria de emergencia y a la espera que el Ejército autorice el retorno de las familias una vez se normalice la situación de orden público en la zona.

Sin embargo, a decir de Pinto, es probable que se generen nuevos desplazamientos si las autoridades no toman cartas en el asunto. “Lo que nosotros tememos es que hayan retaliaciones contra los campesinos, sobre todo por parte de los ‘gaitanistas’. Aquí impera desde hace rato la ley del silencio y cualquier cosa que se diga, por pequeña que sea, se la pueden cobrar al campesino”, asevera el labriego.

Tierra estratégica

Por su ubicación y las riquezas presentes allí, Puerto Claver resulta ser un pueblo estratégico para los intereses de los distintos grupos armados ilegales. Conecta fácil con el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Por lo más apartado de su zona rural atraviesan trochas que fueron usadas en el pasado por contrabandistas y ahora por aquellos que hicieron del tráfico de armas y alcaloides todo un lucrativo negocio. Como si fuera poco, el corregimiento es rico en yacimientos de oro de aluvión que han sido explotados de manera informal desde épocas coloniales.

Quizás por ello, el control de este corregimiento ha sido fuente de disputa entre todos los bandos que han hecho parte del longevo conflicto armado colombiano. Finalizando la década de los 70 llegó el Eln. Luego llegaron las Farc y finalizando el siglo XX llegaron los paramilitares del frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar.

Según informes de la Defensoría de Pueblo y organismos judiciales, actualmente el Frente 36 de las Farc funge como el principal y más fuerte actor armado en Puerto Claver. Son ellos quienes ejercen dominio sobre los cultivos ilícitos así como sobre la producción de pasta de coca, insumo para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Este negocio a su vez es manejado por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, cuya presencia se acentuó mucho más después de 2012, año en expulsaron a sangre y fuego a la banda criminal de ‘Los Rastrojos’. Más reducida, pero no menos importante, es la presencia de la compañía Compañero Tomas del Eln en las zonas rurales.

Hace poco más de seis años que la Policía no tiene presencia permanente en Puerto Claver. “Al comando de Policía le tiraron varias granadas. También los emboscaron varias veces y hasta asesinaron varios policías. Por eso decidieron sacarlos. Y el Ejército entra y sale, no se queda. Por eso, aquí impera la ley del más fuerte”, señala Pinto. Así, como si se tratase del Viejo Oeste norteamericano, guerrillas y ‘gaitanistas’ sostuvieron una confrontación armada entre 2013 y 2014 que generó decenas de vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos, un desplazamiento masivo el 31 de octubre de 2013.

Pero, según Pinto y miembros de ONG conocedoras de la región consultados por VerdadAbiert.com, que pidieron reserva de su identidad, desde principios de agosto de 2015  todos los actores armados suscribieron un pacto de no agresión que consistía, esencialmente, en respetarse territorios. “Las Farc continuaban en sus zonas, los ‘gaitanistas’ continuaban con el manejo de sus negocios en el casco urbano y los ‘elenos’ en sus tierras”, sostiene la fuente.

Y todo indica, a la luz de los recientes hechos, que dicho pacto se rompió. “Por ahí suena desde ayer (martes 19 de enero) que otra vez volvieron a suscribir ese pacto. Que los campesinos pueden retornar y que van a entregar los restos de las personas que desaparecieron hace poco. Ya por lo menos sabemos dónde están enterradas. Pero faltará ver qué pasa”, agrega a su vez Pinto.

Preocupaciones de cara al postconflicto

Todo lo que sucede en este corregimiento, y en el municipio de El Bagre en general, constituyen motivo de preocupación si se tiene en cuenta que este es uno de los bastiones del Frente 36 de las Farc, uno de los más activos y beligerantes del Bloque Iván Ríos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, este frente guerrillero fue el responsable del 80 por ciento de los sabotajes cometidos en los últimos cinco años contra la infraestructura energética, las empresas transportadoras y la Fuerza Pública.

Informes militares y de Policía señalan a esta unidad guerrillera como una de las pioneras en la fabricación y uso de explosivos y minas antipersona, siendo esta su especialidad y su principal arma de guerra. Además, se le considera como de los frentes más estratégicos para las Farc debido a su capacidad para obtener finanzas. Autoridades civiles y militares estiman que los hombres bajo el mando de Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Anderson’, obtienen ingresos anuales por más de cinco millones de dólares, derivados, en menor medida, de la extorsión a pequeños y medianos mineros de oro de la región y, en mayor grado, de la producción de cocaína.

Por ello, las preguntas que tanto autoridades como comunidad en general se formulan es si este frente realmente dejará las armas en los próximos meses, cuando se acuerde el fin del conflicto armado entre el gobierno nacional y las Farc en La Habana, Cuba, o por el contrario, entrará en franca disidencia y mantendrá su participación en negocios ilegales.

Al respecto, funcionarios de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación le dijeron a VerdadAbierta.com que actualmente trabajan en la verificación de información recibida desde la región según la cual, ante la inminente dejación de armas de la guerrilla de las Farc, los ‘gaitanistas’ estarían buscando controlar toda la cadena del narcotráfico: desde la siembra, pasando por la producción, hasta la exportación.

Y para ello, los ‘gaitanistas’ estarían intentando, de un lado, ingresar a sangre y fuego en los territorios controlados hasta ahora por las Farc; y por otra parte, invitando a los guerrilleros que no se quieran desmovilizar para que se unan a sus filas.

Real o no, lo cierto es que lo que ocurre hoy en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, es un llamado de alerta para las autoridades civiles, militares y Policía sobre la complejidad que entrañará para algunas regiones del país el tan ansiado y desconocido postconflicto.

¿Cómo nos convertimos en una nación desplazada?

Con más de seis millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar sus vidas, Colombia es el segundo país en el mundo con más víctimas de este tipo de violencia. El CNMH documentó cómo esta tragedia despobló campos y mutó ciudades.

nacion desplazada 1Durante muchos años el desplazamiento forzado estuvo invisibilzado por el Estado y la falta de políticas públicas perjudicó mucho más a las víctimas. Foto: Juan Arredondo / CNMH.

Las cicatrices que han dejado más de 50 años de conflicto armado y de disputas por la tierra se reflejan en los territorios: en 1.114 municipios de Colombia se han registrado casos de desplazamiento forzado. Lo anterior significa que en el 99% de la geografía nacional, por lo menos una persona ha sido expulsada de manera violenta, según los datos consolidados por el Registro Único de Víctimas.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hizo una detallada radiografía sobre este flagelo, en un informe titulado Una nación desplazada, y muestra cómo todos los actores armados, sumados a los intereses de terceros, llevaron a millones de colombianos a abandonar sus lugares de residencia. De este modo, señala que “el éxodo forma parte de una estrategia criminal financiada y patrocinada por poderosos agentes económicos, legales e ilegales, en un ambiente propicio para la reproducción de prácticas ilegales como la corrupción sistémica y la captura y cooptación institucional del Estado”.

Una de las primeras dificultades para la realización del informe -y crítica a la vez-, es que sólo hasta adentrada la década de 1990, a pesar de que venía ocurrieron desde 1948, se reconoció el desplazamiento forzado como un delito, se empleó una política pública para atender a las víctimas y se empezaron a llevar registros por parte del Estado. Por esta razón, las cifras de periodos anteriores recaen en manos de ONG y difieren notablemente de los registros oficiales.

La historia y las cifras demuestran que el aumento de los desplazamientos y la agudización de la guerra van de la mano. Desde que se empezaron a llevar registros en 1980, en 115 municipios se dieron desplazamientos forzados, y su pico más alto llegó en 2007, con 1.055.

grafica nacion desplazada 2Número de municipios con víctimas de desplazamiento por año. 115 municipios fueron expulsores en 1980, 1.055 en 2007 y 961 en 2012. Fuete: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.

Los habitantes de las regiones de Urabá, del Andén Pacífico Sur, del Oriente antioqueño, del Atrato, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del norte de Cauca y de los Montes de María, son las más afectadas por este tipo de violencia. Tan sólo en ellas, se concentra el 61% de las expulsiones que se registraron en el país hasta el 31 de diciembre de 2014. El CNMH llama la atención de que estas regiones son “zonas marginales de colonización, marcadas por procesos de luchas agrarias, donde han sido reconocidos territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, donde existen polos de desarrollo económico importantes para la economía nacional y una alta concentración de la propiedad rural”, y que además han sido “duramente afectadas por el conflicto armado debido a prolongadas disputas por su control, marcadas por la presencia temprana de actores armados, la incursión de nuevos actores y su confluencia en un mismo periodo de tiempo”.

El desplazamiento forzado acaba con el arraigo y el modo de vida de las personas que lo padecen, pero también deja secuelas en la sociedad y en la nación. Una de ellas es la “descampesinización” y desarraigo de los grupos étnicos. Según el Registro Único de Víctimas, el 87% de las personas desplazadas vivían en zonas rurales, lo que equivale a que 9 de 10 personas desplazadas, han tenido que abandonar el campo.

portada nacion desplazadaHaga clic en la imagen para descargar el informe.El CNMH considera que “en estos territorios, los efectos de la descampesinización son más críticos, en tanto no se trata solo de una pérdida cuantitativa sino de la destrucción de los lazos comunitarios, el rompimiento de relaciones familiares o vecinales, la instalación del miedo y la desconfianza como formas de vida, así como también de la eliminación de organizaciones sociales y políticas, antes predominantes en territorios esencialmente rurales, lo cual ha dado lugar al arrasamiento”. Además, también afecta el empleo rural y causa fuertes golpes en la economía nacional, puesto que según cifras de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación, entre 1980 y agosto de 2013, casi 2,5 millones de familias tuvieron que abandonar sus cultivos, lo que equivale, según el Dana, al 11,5 por ciento del empleo total del país.

Esa migración forzada de la vida rural a la urbana, también ha dejado secuelas negativas para las ciudades que acogen a los desplazados. Para 1938, el 31% de la población vivía en las cabeceras municipales, pero para 2005 la cifra pasó a ser del 74%. De acurdo con los datos del Registro Único de Víctimas, Bogotá ha recibido 496.837 desplazados; Medellín, 403.676; Santa Marta 186.135; Cali 140.751; Sincelejo 133.101; y Valledupar 124.288.

Esto causa un crecimiento acelerado y no planeado de las ciudades que tienen que enfrentar problemas para satisfacer las necesidades de sus habitantes y de los desplazados. Algunos de los problemas que reseña el CNMH son “la aparición de asentamientos informales o “barrios de invasión” generalmente se realiza en zonas de tierras bajas y vertederos, o en viviendas deficientes, abarrotadas e insalubres. La aparición de mercados ilegales de tierras, dificultades en la movilidad, expansión periférica y segregación residencial”.

grafica nacion desplazada 1Personas desplzadas por año desde 1980 hasta 2014. Fuente: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.

¿Cómo se llegó a esta dramática situación?

En entrevista con VerdadAbierta.com, Myriam Hernández Sabogal, coordinadora de la serie Una nación desplazada, explicó que una de las principales razones del crecimiento del desplazamiento forzado fue su invisibilización. “Sólo hasta el año 2000 se declara como delito. Ese sólo hecho refleja la poca importancia, pese a la magnitud del fenómeno y los graves hechos, que no fue priorizado dentro de las políticas públicas. Durante mucho tiempo el tema fue tratado marginalmente por el Estado y fue visto como un efecto colateral del conflicto”, dijo.

Además, señala que el desplazamiento forzado no puede atribuirse simplemente a la confrontación entre actores armados. “Cada vez se devela con mayor claridad que detrás del desplazamiento forzado se dieron unos intereses económicos muy claros. El papel del narcotráfico ha sido muy importante, pero los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, han desconocido los impactos de la guerra y han resultado aprovechándose de lo que fue el abandono y el despojo de los territorios”.

También llama la atención sobre el papel de la justicia y la altísima impunidad del delito, que conllevan a que los desplazamientos se repitan. “Queremos destacar esa falta de actuación, particularmente de la Fiscalía, en materia de investigación y de sanción de los responsables. Tenemos un gran problema en la medida en que no hay una postura fuerte respecto a identificar quiénes han sido los principales determinadores de estos hechos y cómo se han beneficiado. Esto deja serias dudas sobre las garantías de no repetición y para la población dado que continúa el conflicto”, concluyó Hernández.

La cronología de los éxodos

nacion desplazada 2Residentes de la comunidad de Tanguí se desplazan para regresar a su casa después de tres meses de vivir en una escuela pública en la ciudad de Quibdó. Río Atrato, Chocó. Foto Juan Arredondo / CNMH.

Por medio de una exhaustiva revisión documental el CNMH identificó siete momentos de la historia nacional en los que el desplazamiento forzado se disparó y que permiten entender cómo Colombia llegó tantas víctimas de este tipo de violencia.

1. La Violencia (1948-1958)
Este periodo comprende la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, a raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. El informe indica que “en este escenario de permanentes enfrentamientos sin tregua se produjo una serie de asesinatos violentos, muchos de ellos a través de masacres indiscriminadas, que dejaron como resultado por lo menos doscientas mil personas muertas”, y estima, según diferentes fuentes, que entre dos y tres millones de personas, se vieron obligadas a desplazarse. Agrega que en esa época no existía la definición de desplazamiento forzado y que sus víctimas eran consideradas como migrantes o exiliados.

2. El Frente Nacional (1958-1974)
El periodo de La Violencia llegó a su fin con la alianza que sellaron liberales y conservadores para alternarse el poder, que fue denominada Frente Nacional. A pesar de los intentos por pacificar el país, las desigualdades en el campo llevaron a la conformación de las guerrillas de las Farc y del Eln, que “se insertaron en zonas de expansión de la frontera agrícola, a donde habían migrado las personas desplazadas de La Violencia o en zonas marginales donde residían los pobres del campo, buscando sustituir al Estado”. Para contrarrestar a las guerrillas, el presidente Guillermo León Valencia permitió la creación de grupos de autodefensas civiles, con lo que se agudizó el conflicto.

Para el CNMH, estos dos periodos fueron clave para el desarrollo del conflicto armado en Colombia, pues “las profundas afectaciones a las personas desplazadas durante la época de La Violencia, la acumulación de tierras por parte de los aprovechadores, el fracaso de la reforma agraria y la brutal respuesta estatal durante el Frente Nacional, propiciaron un escenario funcional a la lucha insurgente y la proliferación de actores armados”.

3. Irrupción del narcotráfico (1974-1979)
Esta actividad ilegal causó cambios en la economía, en las dinámicas del conflicto armado y produjo nuevos desplazamientos. Al respecto, el informe indica que a consecuencia del narco, la población fue expulsada de las tierras que se convirtieron en objetivos estratégicos en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal; y que el uso de la tierra para cultivos de uso ilícito promovió oleadas de migración de “clases emergentes de dudosa procedencia” y de un campesinado sin opciones económicas.

A partir de la década de 1980, el CNMH hace una distinción especial sobre el desplazamiento forzado contemporáneo (1980-2014), cuando pasó a “ser un mecanismo cotidiano de generación de violencia y a afectar grandes poblaciones”.

4. Desplazamiento silencioso en el escalamiento del conflicto armado (1980-1989)
Durante estos nueve años, el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes legitimaron el uso de la violencia y el éxodo de la población como formas de resolución de conflictos, haciendo la guerra más intensa y más sucia. Además, durante este periodo, no se creó una política pública para reconocer y atender a la población desplazada.

5. Continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social (1989-1996)
Este periodo estuvo marcado por la desmovilización de cinco grupos guerrilleros, entre ellos el M-19 y el Epl, y la creación de la Constitución Política de 1991. A pesar de esas desmovilizaciones, el conflicto armado se agudizó por el fortalecimiento de las guerrillas que quedaron vigentes y de los paramilitares. “La crisis humanitaria de las personas desplazadas continuó en aumento y se extendió a diferentes regiones del territorio nacional, principalmente en el Urabá y en las regiones del Caribe”, indica el informe.

6. Gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea (1997-2004)
Se caracteriza por el desproporcionado aumento de los desplazamientos forzados: en esos siete años 3.087.173 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Una de sus principales causas fue agrupación de diferentes grupos paramilitares bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su consecuente expansión por el país a punta de masacres. Por parte de la guerrilla, especialmente de las Farc, se recrudeció su violencia contra la población civil, se dieron tomas guerrilleras cada vez más devastadoras y atentó sus ataques contra la infraestructura y los bienes de los civiles.

7. Persistencia del desplazamiento en escenarios de búsqueda de la paz (2005-2014)
Con la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, tiempo después se dio el rerame de varias de sus estructuras que son conocidas como Bacrim, esto, sumado a las acciones de las guerrillas en contra del aumento de la presencia de la Fuerza Pública en los territorios que estuvieron bajo su control, causaron que la cifra de desplazados fuera casi igual a la del periodo anterior. Según de datos del Registro Único de Víctimas, en esos nueve años, 2.996.196 personas se desplazaron forzadamente.

La poca acción de la justicia

nacion desplazada 3Las grandes ciudades del país son receptoras de miles de desplazados provenientes, no solo del campo, sino también de otras ciudades. Medellín, 2006. Foto: Natalia Botero / CNMH.

El CNMH le dedica un capítulo entero a este apartado, el cual califica de “altos niveles impunidad”. Las cifras confirman dicha afirmación, pues de los más de seis millones de víctimas de desplazamiento forzado, a 2014 la Fiscalía sólo tenía abiertas 14.612 investigaciones. De lo anterior se desprende que muchas personas no denuncian -por temor en el mayor de los casos porque los grupos persisten en los territorios o por su infiltración en las agencias del Estado-, pero también deja en evidencia la “poca voluntad de oficio de investigar” por parte del Ente Acusador.

Sobre el papel de la Fiscalía agrega que “ha sido omisiva en la investigación y acusación de las graves infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas el desplazamiento y abandono masivo y sistemático de tierras y la legalización del despojo, en beneficio de empresas nacionales y multinacionales y actores armados ilegales. (…) Las investigaciones fueron archivadas, permanecen en etapas previas, están estancadas y/o refundidas o avanzan sin garantizar el acceso a la justicia en un plazo razonable”.

Respecto al proceso de Justicia y Paz al que se acogieron los desmovilizados de las Auc, el informe llama la atención sobre las pocas condenas que se han dictado por el delito de desplazamiento forzado. Tras estudiar las 20 que ha emitido esta justicia transicional, encontró que en sólo 7 de las doce que se han resuelto en segunda instancia, están incluidos estos delitos.

nacion desplazada 4Campesinos de San Francisco, en el oriente de Antioquia, retornan por quinta vez a sus veredas, Los Farallones y el Comején, después de un desplazamiento masivo que tuvo lugar debido a la confrontación armada entre guerrilla, paramilitares y Ejército por el control del territorio. Antioquia, junio de 2002. Foto: Natalia Botero / CNMH.

En cuanto a las guerrillas, también critica el poco volumen de sentencias por estos hechos, pues las condenas que ha dictado la justicia ordinaria giran alrededor de los delitos de rebelión, terrorismo, secuestro y narcotráfico. Como ejemplo cita la sentencia contra alias Gabino y otros jefes del Eln por el atentado con el Oleoducto Central S.A., el 18 de octubre de 1998, que generó el desplazamiento masivo de los habitantes de Machuca, Segovia, como efecto del incendio provocado por la compañía Cimarrones, hechos por los que fueron condenados por los delitos de  rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples.

De manera similar, las condenas proferidas contra miembros de las FARC por la masacre de Bojayá se basaron en los cargos formulados por la Fiscalía contra la cúpula de esa organización, entre los que no se incluyó el delito de desplazamiento forzado.

Por otro lado, en los procesos de justicia y paz se han dictado veinte sentencias parciales contra miembros de las AUC. No ha habido sentencias contra miembros de las guerrillas y los procesos avanzan sin que se esclarezca su responsabilidad en el éxodo forzado. En siete de las doce sentencias proferidas en segunda instancia no se sancionó por el delito de desplazamiento

Sobre esta tragedia que ha afectado a más seis millones de colombianos, el CNMH concluye que “la evolución del desplazamiento forzado en el tiempo y su análisis permiten concluir que pese a la magnitud y sistematicidad con que se ha producido este delito y los graves daños causados a la población víctima del mismo, el tardío reconocimiento del Estado, los continuos cambios institucionales y la limitada capacidad de las entidades responsables de su atención, no han permitido lograr una respuesta adecuada a las necesidades más apremiantes de esta población, mucho menos garantizar el goce efectivo de sus derechos y su reparación integral”.