VerdadAbierta.com

Facebook
Twitter
Youtube

La violencia guerrillera contra San José de Oriente, Cesar

Por décadas han cargado con el estigma de ser un pueblo simpatizante de la subversión. Las Farc, el Eln y el Epl han utilizado su estratégica ubicación en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, para imponer sus condiciones a la comunidad. Muchas familias ven lejana la paz, pero guardan la esperanza que sea una realidad.

San José de Oriente, también lo conocen como el pesebre, por su ubicación entre las faldas de dos cerros.El 9 de marzo de 1999 un grupo de hombres armados llegó a San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, en el Cesar. Eran las 6 y 30 de la tarde cuando Jaime* vio pasar por el frente de su casa una camioneta con unas personas que llevaban la cara tapada con pasamontañas. “Ellos tenían una lista y se dirigieron a las casas de tres habitantes que estaban en esa lista, los sacaron y los llevaron al cementerio que queda en una pendiente de donde se observa abajo a todo el pueblo. Allí les dieron muerte”.

Después de la muerte de los tres hombres, todo el pueblo quedó atemorizado. En esa ocasión murieron el inspector de policía, Ricardo Duarte Palencia, y dos personas más conocidas por la comunidad, Jorge Torrado Ortiz y Gustavo, del que solo recuerdan que le decían ‘La Hormiga’. Por la manera cómo los mataron, se corrió la voz de que los responsables eran paramilitares.

Para esa época dominaba la región el Frente 41 de las Farc, comandado por alias ‘Ricaurte’, grupo que había sacado de esa zona a facciones insurgentes del Eln y al Epl, y ya se conocían las incursiones de grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en corregimientos cercanos.

Ese es el recuerdo que guarda Jaime del hecho que hizo que muchos de sus vecinos y amigos se fueran del pueblo. “Nosotros vivíamos del campo, porque San José es una zona campesina, con una tierra bendita. Mi familia dejó la finca abandonada porque si subíamos, allá estaba la guerrilla y si nos quedábamos en el pueblo llegaban los paramilitares”, recuerda.

San José de Oriente está ubicado en las estribaciones de la Serranía del Perijá, a 40 minutos de Valledupar, a donde se llega por una carretera en buenas condiciones. Además, está a 20 kilómetros de la frontera con Venezuela, por lo que en la década de los ochenta y noventa fue epicentro de incursiones de la guardia venezolana en diferentes ocasiones, como la ocurrida el 17 de octubre de 1995 cuando un helicóptero venezolano dejó explosivos en la zona de los cerros El Pintao y El Avión, que mataron al campesino Argemiro Ortega y dejaron herido a su hermano Luis Ángel y a José Sanín Montejo.

Por varias décadas sus pobladores han vivido entre la espada y la pared. Sin la presencia de la Policía y bajo las órdenes de los comandantes de la guerrilla de las Farc.

Otra versión
La masacre perpetrada en 1999 en este corregimiento aparece relacionada entre las 120 que perpetraron las Auc en el departamento del Cesar y documentadas por la Fiscalía de Justicia y Paz; sin embargo, José Antonio*, familiar de una de las víctimas de esa incursión, le contó a VerdaAbierta.com su versión de lo ocurrido, que contradice lo dicho hasta ahora.

“Ese día llegó una camioneta como con 14 hombres, tenían la cara tapada, y creíamos que eran ‘paras’, pero a uno de ellos se le cayó la máscara y nos dimos cuenta que era un guerrillero”, dijo el que para ese entonces era un campesino más de San José de Oriente, pero por miedo a regresar a su entorno tuvo que quedarse en la ciudad y aprender un nuevo oficio.

“Al tener la duda de quién había matado a mi familiar y a los otros dos señores conocidos de la comunidad, armamos una comisión y fuimos hasta el campamento de alias ‘Ricaurte’, quien era en ese momento el comandante del Frente 41 de las Farc, y le preguntamos por la masacre. Él reconoció que sí habían sido ellos y que los mataron porque eran enemigos de sus políticas”.

Antes de ser desterradas por las Farc, la guerrilla del Eln también hizo de las suyas en este caserío, pero con fuerte resistencia de la comunidad. “La verdad es que San José de Oriente siempre ha sido un pueblo rebelde con la guerrilla, nunca las aceptaron por sus acciones, como la muerte del señor Emilio Durán, ocurrida el 23 de julio de 1990, él era de la iglesia Adventista, muy buena gente, y lo mataron supuestamente por un error militar del Eln que para esa época era el que mandaba en la zona, comandado por alias ‘Fabio’, ‘Omar’ y el ‘Che Guevara’”, asevera José Antonio.

A comienzo de los años noventa, los guerrilleros del Eln pusieron su bandera en la plaza del pueblo, pero un grupo de jóvenes aprovechó la noche para quemarla, y fue el mismo pueblo unido el que desterró a este grupo subversivo después de la muerte del señor Emilio. “Ese fue un crimen cobarde y sin razón de ser”, recuerda este poblador.

Sin embargo, los habitantes de este poblado de calles empedradas siempre han cargado con la mala fama de ser “amigos” de la subversión. “Una cosa es ser amigo de la guerrilla y otra es tener que obedecer lo que ellos decían, ahí no había autoridad que nos respaldara”, dice José Antonio.

La llegada del Frente 41 de las Farc acabó desterrando al pequeño grupo del Eln que había en la zona y a una facción del Epl que rondaba la región. Testimonios de varios campesinos aseguran que este frente se enriqueció rápidamente.

“Ellos cobraban vacuna a los cultivadores de amapola y marihuana, también a los campesinos y comerciantes, y nos decían que eso era para el sostenimiento de la revolución. Así comenzó el derramamiento de la sangre. El que no acatara sus órdenes, era declarado objetivo militar. Las Farc mataron a muchas personas de nuestra comunidad”, afirma José Antonio.

Este hombre, que ya casi llega a los 80 años, recuerda lo que significó la llegada de las Farc a San José de Oriente: “Los guerrilleros patrullaban el pueblo como si fuera el Ejército Nacional, tenían su campamento principal en un sitio que se llama Estocolmo, que es ya territorio venezolano, eso quedaba como a 14 horas a pie desde San José, y nos decían que ahí había más de tres mil guerrilleros, con solo decirles que al pueblo llegaba un grupo como de 400 hombres a hacer patrullaje. Se metía en todo, en el comercio de la droga, en el negocio mayorista de café, y todo era para su beneficio propio, sin ninguna ideología”.

Los muertos de San José
Las familias que viven en el pueblo tienen sus fincas en la montaña, la mayoría son cafeteras y de cultivos de pan coger y quedan muy cerca de la línea que divide a Colombia y a Venezuela. “Nosotros siempre hemos sido víctimas de la guerrilla, incluso los muertos por los paramilitares fueron pocos en comparación con lo que hizo la guerrilla”, recuerda José Antonio, quien a pesar de que no vive en San José de Oriente, está al tanto de lo que sucede en su pueblo adoptivo.

Ricardo Duarte Palencia no fue el único inspector muerto. En 1993 también mataron a Iván Moreno, quien ostentaba ese cargo, cuando fue emboscado en el cementerio a su regreso del municipio de La Paz, que queda a 15 kilómetros. En 1997 la guerrilla también mató al concejal Evaristo Arenga.

“La guerrilla mató a Urquijo, el tendero; a Jesús ‘Chunga’ Reyes, el cebollero; a dos muchachos que le decían ‘Panayo’ y ‘Bola de Mugre’, a Ramón Ardila y su hijo Alber, a Yudis, a quien le decíamos ‘La Fiera’, a Luis Carrillo, a Álvaro y Herminedes Bayona, a ocho policías que iban en un carro y cuando pasaron por el sitio conocido como ‘La Vuelta de la Oreja’ o ‘Las Cruces’, activaron unos explosivos, son tantos los muertos que ya casi ni los recuerdo”, dice con tristeza el anciano.

Según conoció VerdadAbierta.com, los cultivadores de amapola siempre han estado muy cerca de la frontera con Venezuela. “El sitio donde sembraban o siembran amapola queda en tierras venezolanas, se llama Estocolmo y La Agüita, que queda más allá de Los Copetranes, un paraje que si queda en Colombia. Los que trabajaban en esos cultivos decían que veían aterrizar helicópteros venezolanos dos veces al mes en el campamento de las Farc queda ahí cerca”.

Uno de los hombres que trabajó en los cultivos de amapola asegura que San José de Oriente se convirtió en un pueblo de interés para las Farc porque era el centro de pago de las cuotas que debían cancelar comerciantes, ganaderos y agricultores a esa guerrilla.

“A finales de los noventa, se veían pasar por San José caravanas de carros que llegaban hasta la vereda La Junta, ubicada a seis horas a pie y dos en carro. Llegaban a la finca de un señor que después mató las Auc, ahí a esa finca llegaba ‘Simón Trinidad’, ‘Joaquín Gómez’ y la gente les rendía cuentas, es que eso no es contarlo sino vivirlo. Nosotros fuimos testigo de muchas cosas y si las denunciábamos, nos mataban”, dice este hombre.

Una historia de violencia
Con el aumento de la violencia en Colombia después del ‘Bogotazo’, generado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948, muchas familias de Norte de Santander y Santander llegaron al norte del Cesar buscando refugio. La mayoría de vocación campesina, se asentó en sitios estratégicos. San José de Oriente no existía para esa época, solo había un grupo de doce familias en un sitio que llamaban La Boca, a las que se unieron muchas más en 1949.

De esas familias se recuerda a la pareja conformada por Pablo Duarte y Ana Sofía Paredes, padres de siete hijos, que más tarde tomarían el liderazgo del pueblo. Como buenos campesinos, sembraron café, aguacate, cebolla y maíz y reanudaron su vida ahí.

A finales de 1960 ya se había convertido en un pueblo y lo llamaron San José de Oriente, que se desarrolló bajo el liderazgo de Héctor Eliécer Duarte Paredes, que más tarde delegó en su hijo Ricardo el trabajo social junto con otros jóvenes como Alonso Rodríguez y Luis Jaimes, entre otros.

Ellos tenían el liderazgo de las organizaciones sociales, consiguieron puesto de salud, escuela y empedraron sus calles. La Defensa Civil fue la primera autoridad que vieron llegar al pueblo, años más tarde se le unirían cuatro policías y el inspector.

Cuando ya estaban bastante organizados y reconocidos como corregimiento del municipio de La Paz, se lanzaron a la política. Ricardo Duarte fue concejal en seis periodos consecutivos, la población se veía próspera, ya tenían un colegio cooperativo agropecuario y un nuevo barrio que llamaron Betania. Pero esa calma se rompería a finales de los años setenta con la llegada de la bonanza marimbera y la violencia.

José Antonio recuerda que “se armaron grupos al margen de la ley, desde Codazzi venían esos grupos que se llamaban ‘Los Arrebatos’ o ‘Los Ladrillos’, eran bandas pendientes de quitarnos lo que teníamos. Por ese motivo, se fue la policía de San José y nos quedamos solos”.

Las tierras de San José de Oriente que abastecían con sus productos los mercados de varios municipios del norte del Cesar se llenaron de marihuana y amapola principalmente.

“Fue entonces cuando apareció el Eln, después el Epl y finalmente las Farc que demoró bastante tiempo en controlar la comunidad. A San José de Oriente nadie llegaba, la guerrilla tenía este pueblo encerrado, si llegaba un camión repartidor de gaseosa, de leche o de cualquier producto, se lo llevaban inmediatamente y así nos fuimos quedando solos, la gente pensaba que aquí todo el mundo era guerrillero”, se lamenta José Antonio.

Solo en el 2006 regresó la Policía Nacional. Cincuenta policías organizaron la Estación y 500 militares se instalaron en el Batallón de Alta Montaña en la Serranía del Perijá. “Ahí volvió la tranquilidad”, asevera un poblador, pero con el paso de los años se ha venido deteriorando. Desde el 2011 se comenzaron a escuchar los rumores de que el Frente 41 de las Farc se había fortalecido. El ambiente en este caserío hoy es de temor (Ver; El Cesar, cercado por guerrillas y bandas criminales).

Los pobladores consultados por VerdadAbierta.com recuerdan que las víctimas de los paramilitares no son tantas como las de la guerrilla. “Ahora está tomando fuerza el boleteo, la extorsión y las amenazas, también se habla de las bandas criminales y ya uno no sabe qué creer. Por eso vemos tan lejana la paz”, dice José Antonio.

Pero más radical es Jaime cuando se le pregunta qué piensa de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc. “Eso es una mentira, nosotros no esperamos nada de las Farc, eso es como esperar algo del diablo, lo que ha vivido la gente en San José de Oriente no tiene cómo compensarlo las Farc”.

Jaime tampoco cree en el arrepentimiento de esa guerrilla: “Esa gente no cambia y si hacen un reconocimiento a las víctimas es entre comillas, qué esperar de esa gente que nació y creció matando. La guerrilla se está fortaleciendo cuando están hablando de paz, ellos siempre han querido el poder a cuesta de la muerte de mucha gente, de la ruina de familias, de sangre”.

Pero no todos son tan pesimistas como Jaime. Una profesora que ya no vive en San José, pero que lo visita cada vez que puede, dice que las cosas pueden mejorar si se firma la paz. “Las cosas no están fáciles hoy, pero ojalá haya un acuerdo para que los campesinos puedan trabajar tranquilos la tierra”.

Tres mil personas sitiadas por ‘los Urabeños’ en Achí, Bolívar

La banda criminal prohibió la distribución de alimentos en el pueblo. Las tiendas cerraron y las familias que viven allí están en riesgo de desplazarse por las amenazas y el control armado.

urabenos-sur-bolivar-1-300x200La banda criminal ‘los Urabeños’ realizó un pacto con el Frente 37 de las Farc para controlar el negocio del narcotráfico en el sur de Bolívar. Foto archivo SemanaEn Achí, municipio del suroccidente de Bolívar, atravesado por el río Cauca y vecino del departamento de Sucre, nadie quiere hablar. El miedo lo impusieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, y sus controles afectan a por los menos tres mil personas.

La situación ocurre desde hace varias semanas, cuando integrantes de esta organización criminal que hacen presencia en la región les prohibieron a los habitantes de varias veredas el acceso a alimentos, obligaron a los dueños de las tiendas de víveres a cerrar, restringieron la circulación por las calles después de las seis de la tarde y les impusieron ‘cuotas’, extorsiones que deben pagar en dinero, con alimentos o con lo que tengan en sus casas (Ver mapa Sur de Bolívar)

La situación no es muy distinta a la documentada por VerdadAbierta.com sobre la Alta Guajira (Lea: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a indígenas Wayúu).

Las víctimas de esta zona de Bolívar son campesinos que viven en el centro de La Mojana, región irrigada por los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, que forman ciénagas y caños, y que está conectada con los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Santander y Sucre. Este atractivo geográfico ha sido utilizado desde hace cuatro décadas por la guerrilla y de forma reciente por ‘Los Urabeños’, que buscan el control de la producción de cocaína en la región.

Las autoridades y las organizaciones de víctimas que conocen el Magdalena Medio advierten que los corregimientos más críticos son Río Nuevo y Tacuyalta, que están sobre una subregión conocida como El Corcovado, donde la banda criminal tiene confinada, es decir aislada, a la población. La amenaza es tal que por lo menos tres mil personas están en riesgo de desplazarse de forma masiva por miedo.

Aunque nadie se atreve a señalar a los responsables, los pobladores de Achí están atemorizados no solo por las prohibiciones que impuso la banda criminal sino por los asesinatos que han ocurrido en lo que va de 2014. Los medios de comunicación local registraron en enero el asesinato de un mototaxista y en julio, los de otro conductor y un comerciante. A principios de agosto, en las aguas del río Cauca, los habitantes encontraron un cuerpo decapitado.

Sin embargo, las autoridades tienen conocimiento del ‘camino de la muerte’, una trocha entre Achí y el vecino municipio de Tiquisio, donde ‘los Urabeños’ torturan y luego asesinan a sus víctimas, la mayoría de ellas provenientes de los municipios de Guaranda, en Sucre, o de Tiquisio y Montecristo, en Bolívar.

En la región, cuentan algunos pobladores, ‘Los Urabeños’ visten de civil y cobran en las veredas ‘vacunas’ a los mineros que explotan oro y a los cultivadores de coca. “Las bandas criminales se instalaron en la zona porque quieren controlar el negocio del narcotráfico. Para eso han hecho alianzas con la guerrilla”, indica un conocedor de la región cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

Una estrategia de ‘los Urabeños’ para aumentar no sólo el número de integrantes en sus filas sino para ‘controlar’ la región ha sido el reclutamiento. Con promesas de un pago en dinero o de regalos, los niños son utilizados como ‘delatores’, recolectores de hoja de coca conocidos como ‘raspachines’ o vigilantes de las retroexcavadoras que rasgan la tierra para extraer oro. Autoridades locales advierten, además, que algunas niñas han sido abusadas sexualmente, pero nadie se ha atrevido a denunciar la tragedia por temor a represalias.

El lastre que carga el sur de Bolívar
Las tierras de Achí son fértiles y de ello sabían los colonos provenientes de la Costa Caribe, los Santanderes, Boyacá y del Oriente antioqueño, que pronto lograron convertirlas en sembradíos de pancoger y arroz. Sin embargo, el complejo cenagoso también fue un atractivo para los narcotraficantes, quienes, en los años ochenta, vieron allí una ‘mina’ para el negocio del tráfico de estupefacientes. En la zona podían sembrar hoja de coca, procesarla, extraer la cocaína y distribuirla por un circuito que va del sur de Bolívar, cruza los departamentos de Córdoba y Sucre, hasta llegar al Golfo de Morrosquillo, desde donde se embarca a los mercados internacionales.

El drama de Achí es una réplica de lo que sucede en el sur de Bolívar y en otros municipios como Tiquisio, Norosí y Arenal. El narcotráfico ha sido el combustible de la violencia que han generado guerrilleros, paramilitares y de forma más reciente, las bandas criminales. Según varios informes de organizaciones de derechos humanos, los primeros en quitarles la tranquilidad a los pobladores fueron los subversivos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las Compañías Simón Bolívar y Guillermo Ariza, del Eln, así como el Frente 37 de las Farc.

En complicidad con los narcotraficantes que estaban en la zona, que ya habían incluso instalado pistas para el aterrizaje de avionetas para el transporte de la droga, la guerrilla se hizo más fuerte atemorizando a la población. Los insurgentes se encargaban de controlar el cultivo y les cobraban a los traficantes la coima o gramaje por la cantidad de hoja que luego sería procesada. Estos cobros también se los exigían a los mineros. En Norosí, por ejemplo, un pueblo donde hay explotación aurífera, la guerrilla extorsionaba a todo aquel que sacara una pepita de oro.

Según lo documentó la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (anteriormente conocida como de Justicia y Paz) a finales de los años noventa, el negocio comenzó a ser disputado por facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). A finales de 1995, los hermanos Castaño tenían un brazo del paramilitarismo en la región. Comenzó a ser conocido como el Frente Mojana, liderado por Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, sembrando el terror en varios municipios de Sucre y Antioquia, así como en Montecristo, San Jacinto y Achí, en Bolívar.

A partir de 2000, en el sur de Bolívar también hizo presencia otro grupo paramilitar, un tentáculo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se trató del Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate. Este grupo operó en San Blas, Morales, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, Simití, Santa Rosa del Sur, Paraíso, Vallesí, El Piñal, San Luis, Pozo Azul, San Pablo, Cantagallo, Barranca de Loba, Altos de Rosario, el Peñón y Castilla.

Guerrilleros y paramilitares entraron en guerra por el dominio del negocio, situación que ocasionó masivos desplazamientos de población civil entre 1997 y 2006 de los dieciséis municipios que integran el sur de Bolívar, según el registro de la Unidad Nacional de Víctimas (Ver tabla aquí). El período de presencia paramilitar también generó una ola de violencia que expulsó a mucha gente del campo y que terminó viviendo en asentamientos construidos irregularmente en poblaciones de los departamentos limítrofes.

El Bloque Sur de Bolívar se desmovilizó en enero de 2005 y un mes después lo hizo el Frente Mojana, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional. Por decisión del entonces presidente de la República, el máximo jefe de ese grupo armado, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, y ‘Ramón Mojana’ fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos para que respondieran por cargos asociados al tráfico de drogas. Por su parte, alias ‘Julián Bolívar’, espera que la Corte Suprema de Justicia decida una solicitud de extradición.

En la región los pobladores pensaron que con la dejación de armas de las distintas facciones de las Auc se iba a reducir la violencia, pero la guerrilla siguió en la región y el conflicto recrudeció con la aparición de las bandas criminales, surgidas a mediados de 2006, una vez concluyeron las desmovilizaciones colectivas de las Auc.

Los pactos rotos
La violencia que hoy sufren los habitantes de Achí es el resultado de la mutación de los actores armados y de alianzas rotas entre ellos. Después de la desmovilización, en la zona aparecieron hombres rearmados que llegaron amenazando con el rótulo de ‘Águilas Negras’. Más tarde mutaron y se incorporaron a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Viendo que tenían una nueva competencia en terreno, las guerrillas de la zona decidieron hacer un pacto en 2009. El Eln y de las Farc acordaron que retomarían el control de la producción y rutas del narcotráfico, y que sostendrían el ‘modelo’ de financiación de su aparato de guerra con el cobro de extorsiones a la producción de cocaína y a la extracción de oro.

Después de Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Meta, Bolívar fue entre 2007 y 2009 uno de los municipios del país con más hectáreas de coca sembradas al año, 5 mil hectáreas, según el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y El Delito. (Ver tabla de hectáreas cultivadas)

De acuerdo con registros de las autoridades, el pacto entre las guerrillas se quebró en 2011 cuando el Frente 37 de las Farc se alió con ‘Los Urabeños’. El nuevo acuerdo consistió en hacer una llave para sacar del ‘negocio’ al Eln. En agosto de 2011, la prensa local registró una masacre en la vereda Casa de Zinc, municipio de Montecristo. Según los testigos, integrantes de la banda criminal llegaron a un asentamiento y asesinaron a tres personas acusándolas de ser “colaboradores del Eln”.

‘Los Urabeños’ instalaron, desde 2011, varios retenes en los caminos veredales, reteniendo a jóvenes, varios de ellos mototaxistas, para extraerles información; también comenzaron a reclutar menores. Para ese año, las autoridades advirtieron que a los niños que utilizaban como ‘raspachines’ les pagaban 800 mil pesos al mes, mientras a quienes les encargaban el cuidado de las retroexcavadoras para la explotación del oro les daban 200 mil pesos.

Según datos del Dane, los municipios del sur de Bolívar presentan altos índices de pobreza. En Tiquisio, por lo menos 12 mil de 60 mil habitantes viven en la miseria, lo que hace a los niños y jóvenes más susceptibles de ser reclutados.

En la actualidad, la alianza Farc-Urabeños continúa. Los primeros se encargaban del cultivo y la producción, mientras los segundos compran, distribuyen y exportan. Las autoridades han identificado que una gran parte de los integrantes de la banda criminal son exparamilitares de diferentes grupos, la mayoría del Bloque Central Bolívar y del Frente Mojana que conocen las rutas del narcotráfico.

Con amenazas y crímenes, la banda criminal ha logrado atemorizar a toda la población. El más reciente caso fue el del concejal de Tiquisio, Yair Guillermo Hernández, quien presuntamente fue asesinado por no haber pagado unas extorsiones que pedía el grupo armado ilegal.

En Achí, ‘Los Urabeños’ se creen los dueños de todo, al punto que hasta prohibieron el tránsito de animales incluso antes de caer la tarde, controlan la duración de las llamadas telefónicas que hacen los habitantes y ahora, el acceso a alimentos.

Las autoridades locales hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que ponga los ojos sobre esta región y todos los municipios del sur de Bolívar, pues sus habitantes no se atreven a contar lo que sucede por miedo a que ‘Los Urabeños’, como han hecho otros casos, cumplan con las amenazas.

"Tierra para qué": campesinos de Río Lagarto en La Guajira

En esta vereda ocurrió una de las 34 masacres que cometió el Bloque Resistencia Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las cinco víctimas fueron presentadas por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. Las familias desplazadas no quieren regresar al campo porque sienten que no hay garantías.

El ‘Sendero de la Justicia’ recordó los rostros de las víctimas de Hernán Giraldo.A las 40 familias de Río Lagarto no les interesa que le devuelvan la tierra que perdieron hace 16 años cuando se vieron forzados a salir de sus fincas luego de la muerte de cinco de sus miembros. Ellas van en busca del resarcimiento del buen nombre de las personas que secuestró un grupo paramilitar durante una incursión armada y que luego fueron presentadas como “guerrilleros” por el Ejército.

Los hechos ocurrieron la noche del 5 de diciembre de 1998, cuando un comando armado del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que comandaba el ex paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, llegó a esta vereda del corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, y con lista en mano sacó a sus víctimas de las camas donde dormían y se los llevaron. A los dos días, militares del Batallón Cartagena los presentaron como “guerrilleros muertos en combate”.

Los campesinos de Río Lagarto asistieron en Santa Marta a la audiencia de reparación integral de las víctimas del grupo paramilitar de Serna Giraldo donde expusieron que sus pretensiones no se centran en la recuperación de sus fincas o en la compensación de la tierra, ni en el pago de una indemnización económica.

“No nos interesa la tierra, ¿para qué? Ya no hay garantías en el campo, por eso no hemos pedido restitución, lo que queremos es justicia, reparación pública porque el nombre de la familia quedó marcado. Hemos vivido el señalamiento”, aseveró una de las mujeres líderes del grupo de campesinos de Río Lagarto, quien llegó vestida de negro como símbolo del dolor por haber perdido en ese hecho a dos de sus hermanos y a su madre, quien murió al saber la noticia del asesinato de sus dos hijos.

Para esta comunidad, la masacre no fue de cinco sino de seis, pues incluyen la muerte de la madre de los hermanos Fernández Avendaño, quien falleció al conocer la noticia sobre sus hijos. Los familiares de Jorge Eliécer y Raúl Eliécer Fernández Avendaño, Rodrigo Chávez Castilla, José Antonio de la Rosa Gutiérrez y Héctor Elías Atencio Herrera revivieron el dolor cuando llegaron a la Universidad del Magdalena en Santa Marta y recorrieron el ‘Sendero de la Justicia’ que elaboró la Fiscalía Novena de Justicia y Paz en homenaje a los muertos y desaparecidos.

En los pasillos del centro de educación superior montaron una exposición con mosaicos de las fotografías de los rostros de las víctimas. En cada imagen las personas se aglomeraban a recordar a viejos amigos y compañeros de desdichas.

En ese lugar VerdadAbierta.com habló con José*, uno de los campesinos de esta vereda que queda a cuatro horas de la Troncal del Caribe, entre Mingueo y Dibulla. A sus 84 años recuerda los tiempos de tranquilidad de comunidad: “Nosotros vivíamos en una de las 40 fincas de Río Lagarto, que eran fincas de 30, 50 y hasta 200 hectáreas, donde sembrábamos café, cacao, yuca, aguacate, malanga, fríjol, arroz, maíz, porque allá hay varios climas y eso nos permitía ser la despensa agrícola de Riohacha”.

Este campesino, junto con otros de su misma edad que lo acompañaban, recordó que semanalmente llevaban en dos camiones lo producido en sus tierras al mercado de Coquibacoa, en Riohacha, sitio que era abastecido por esta comunidad. “Ese mercado hoy no existe, se acabó después que nosotros nos desplazamos”, dijo desconsolado.

José y sus amigos aseguraron que la mayoría de las familias desplazadas no tienen estabilidad económica. “¿Un campesino en la ciudad qué hace?”, se preguntó y él mismo respondió: “Nada”. Y agregó: “No hay estudio, ni empleo. Tengo 84 años y tuve seis hijos, a todos los levanté con esfuerzo en el campo y desde 1998 he vivido en la ciudad, en un ambiente que no es lo mío. Ya estoy viejo y sé que no volveré a la tierra, pero espero que por lo menos todo esto se aclare. Nuestros compañeros no eran guerrilleros”.

Y aún si estos campesinos quisieran regresar, no podrían. Sus tierras, tras el abandono, fueron entregadas por el Incoder en el 2008 a indígenas Arzarios y Kogui. Pero estas familias tienen claro que no les interesa la tierra, ni siquiera en otro lugar. Ellos viven del pasado, de las buenas épocas, cuando entre todos arreglaban la vía para poder sacar sus productos. “Éramos una vereda organizada teníamos Junta de Acción Comunal, un colegio, todo se perdió, los cultivos, los animales, todo”.

La familia de los hermanos Fernández Avendaño considera que a ellos los mataron por el solo hecho de ser campesinos, y aún siente que el caso sigue impune. Una de sus hermanas no cree en esas noticias que informan los medios de comunicación y que aseguran que el Ejército mató a diez o quince guerrilleros porque puede ser una mentira, “así como hicieron con nosotros”, dice.

La masacre de Río Lagarto no fue investigada desde un inicio porque las familias que intentaron buscar abogados para que los defendieran y aclararan ante la justicia el hecho, fueron amenazadas. “Ahí estaba involucrado el Ejército y nos daba miedo, no podíamos irnos a otros lugares de Colombia o del mundo, la mayoría se quedó en pueblos de La Guajira pasando trabajo, y ninguno se atrevió a pedir investigaciones”, aseguró la mujer.

Otra mujer de la vereda que asistió a la audiencia contó cómo esta masacre acabó con las oportunidades laborales de algunos miembros de la comunidad. Las noticias en el momento dieron cuenta de la muerte de cinco guerrilleros en enfrentamientos con el Ejército, oriundos de Río Lagarto. Eso hizo que los señalaran como una comunidad amiga y colaboradora de la insurgencia.

“La persecución era tal que mi hermana no volvió a conseguir trabajo con el Estado. Ella era la profesora de la vereda y estaba nombrada por el Departamento y a raíz de la masacre y del desplazamiento pidió traslado y se lo dieron para el corregimiento de Palomino, que también estaba azotado por los paramilitares, mi hermana no aceptó y le quitaron el nombramiento, lo perdió y nunca más pudo volver a trabajar como docente, no quisieron nombrarla más sabiendo que ella era una víctima del conflicto”, recordó la mujer.

Después de la masacre de Río Lagarto ocurrieron otras en veredas cercanas, como la de Río Ancho, donde los paramilitares llegaron en la noche del 15 de julio del 2000, justo cuando los pobladores estaban en una caseta, y de ahí sacaron a sus cinco víctimas, identificadas como Santos Manuel Hoyos Miranda, Campo Elías Ramírez Guerrero y su hermano Rubiel, Luis Alberto Lugo Morales y Jorge Alberto Calderón González, quien todavía está desaparecido.

Los investigadores de la Fiscalía concluyeron que esa noche ocurrió “la caravana de la muerte”, conformada por cuatro vehículos en los que se desplazaban los paramilitares, pues luego de cometer los crímenes en Río Ancho y de pintar las paredes con letreros que decían “fuera sapos”, hicieron lo mismo en Río Negro y Casa Japón.

También es simbólica la masacre de la vereda El Limón, región de Sabanas de Manuela, en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, ocurrida el 29 de agosto de 2002, donde los paramilitares mataron a seis indígenas Wiwas y a seis campesinos. Por lo terrorífico de la masacre, uno de los paramilitares que participó en el hecho, enloqueció y los mismos compañeros lo asesinaron.

La lista de la muerte
Estar en una lista de los grupos paramilitares era pena de muerte segura. Pocos se salvaron de esos listados. Uno de ellos fue Amilkar*, un hombre de casi ocho décadas de vida, quien contó cómo luego de salvarse de la masacre de Río Lagarto, tuvo el coraje de enfrentarse a Hernán Giraldo y preguntarle por qué lo quería matar. La noche del cinco de diciembre de 1998 no estaba en su finca, por eso se salvó de morir.

Este campesino dijo que ha sido desplazado varias veces y reflexionó sobre lo ocurrido: “Uno es víctima de todo el mundo, la gente nos mira mal. Cuando yo entré en 1980 a la vereda Río Lagarto con mi mujer y tres hijos, me hice a una finca y la perdí en 1998. Primero la guerrilla me dijo que era un sapo y luego llegaron las Auc y el Ejército, y uno como campesino quedaba entre las tres piedras y para dónde cogía uno. En ese andar, se perdieron 18 años de trabajo. En Río Lagarto sembraba café y mis hijas me ayudaban a recogerlo”.

Pero todo ese trabajo y esfuerzo se acabó el día que ocurrió la masacre, especialmente para Amilkar que estaba en la lista de Río Lagarto: “A las otras cinco las mataron menos a mí. Esa vez se llevaron a cinco muchachos y los masacraron, sus cuerpos aparecieron apolillados con uniformes camuflados”.

A partir de ese momento, su vida fue un trasegar constante y a la deriva: “Después de eso me fui a Riohacha y puse una ventica en una calle, pero el Secretario de Gobierno de esa época me sacó. De ahí me fui a Quebrada del Sol y en ese entonces me encontré con Hernán Giraldo y le pregunté por qué me quería matar. Le dije: don Hernán cómo hace uno, si la guerrilla llega a mi finca qué hago, si no puedo con 20 o 30 guerrilleros. Hernán Giraldo me dijo que no tenía ningún problema, que la culpa era de un capitán del Batallón Cartagena que dijo que allá había unos guerrilleros”.

Después que aclaró la acusación que sobre él pesaba, le dijo al entonces jefe paramilitar que quería trabajar en esa zona de Quebrada del Sol, ahí lo intentó, pero lo volvieron a desplazar a Río Ancho, a la Troncal del Caribe, junto con más de 12 mil campesinos en enero de 2001. “Ahora vivo en La Lengüeta y me dijeron que nos teníamos que ir. Estoy trabajando en tierra ajena porque desde 1998 no he podido tener tierra propia”.

Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que el Bloque Resistencia Tayrona, liderado por Hernán Giraldo, se alió con sectores de la Fuerza Pública para beneficiarse mutuamente: los primeros mataban a los campesinos y se los entregaban al Ejército para que los presentara como “guerrilleros muertos en combate”. Mientras que en las zonas más cercanas a Santa Marta y sobre la Troncal del Caribe, agentes de la Policía Antinarcóticos le vendían las víctimas a los paramilitares. Recibían cinco millones por cada persona, la cual era interceptada en la vía o en alguna zona solitaria. (Ver Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares)

Una práctica macabra
El departamento del Magdalena es unas de las regiones con más casos de desaparecidos. La Fiscalía formuló cargos por 200 casos de desaparición forzada a Hernán Giraldo y sus hombres y aunque han hallado a muchos de los desaparecidos en fosas comunes a lo largo y ancho de la Sierra Nevada, temen que otros se queden sin encontrar porque las investigaciones apuntan a que era cierto el mito de que la práctica de los paramilitares era matar y desmembrar.

VerdadAbierta.com conoció que los hombres de Giraldo tenían la orden de desmembrar el cuerpo en 14 partes, por cada una de las articulaciones, para facilitar el entierro en fosas comunes, de tal manera no tenían que cavar un hueco grande sino pequeño, le ponían poca tierra y piedras encima porque así hacían un menor esfuerzo. Por eso las exhumaciones han sido muy difíciles y en muchas fosas se encuentran huesos que dificultan la identificación de las víctimas. Si no los enterraban en fosas, llevaban las partes de los cuerpos hasta el cerro de ‘Los Muchachitos’, sobre la Troncal de Oriente, y de ahí arrojaban a sus víctimas al mar. Se estima que también hay muchos restos óseos de víctimas de este bloque paramilitar enterrados en la Zona Bananera.

Los paramilitares del grupo de Hernán Giraldo cometían masacres y homicidios selectivos en los pueblos de la Sierra Nevada y enterraban a sus víctimas, pero en Santa Marta y Riohacha eran crímenes ejemplarizantes, por eso dejaban los cuerpos a la vista de la comunidad. (Ver Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Los familiares de las víctimas de los 274 casos de homicidios, incluyendo las 34 masacres, y de los 200 desaparecidos, investigados por la Fiscalía, que dejaron mil víctimas indirectas y 700, respectivamente, así como los más de ocho mil desplazados de la Sierra Nevada, esperan ahora el fallo de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

Alto Baudó: entre el desplazamiento forzado y la ausencia estatal

Las comunidades afro e indígenas de este municipio del departamento del Chocó desde hace más de dos décadas cargan con la violencia a sus espaldas. La ausencia del Estado, la disputa armada por el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos los han devastado.

El valle del Baudó ha sido acosado por grupos armados ilegales desde mediados de la década del noventa.Bajo el fuego cruzado, así viven las comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio Alto Baudó, a 80 kilómetros al sur de la capital del departamento. La confrontación armada, recrudecida en las últimas semanas, es una secuencia dramática de lo que viene sucediendo desde mediados de la década de los noventa, cuando llegaron a la región guerrillas, paramilitares y Ejército.

El Alto Baudó es una región rica en recursos naturales y con una ubicación geográfica estratégica, pues sus corrientes fluviales conducen al océano Pacífico. Ambas circunstancias la convirtieron en botín de disputa de los grupos armados ilegales. Como lo comentó un nativo de la zona, “para nadie es un secreto que quien tenga el control de los ríos va a tener el control del narcotráfico y así mismo el control de parte de la economía ilegal”.

A esta disputa permanente por controlar los recursos naturales y la economía ilegal, que tan solo este año deja ya más de 4 mil desplazados, se ha sumado la falta de atención por parte del Estado a las necesidades básicas de la población: solamente el 20% cuenta con las necesidades básicas satisfechas. La Defensoría del Pueblo aseveró que no ha existido una política pública gubernamental en términos de salud, educación, vivienda y servicios básicos que atienda las necesidades de las comunidades, lo cual constituye una violación a sus derechos.

“Acá a nosotros nos llegan todas las violencias posibles: la guerra entre paramilitares, guerrilla y el Ejército, la violencia social y la violencia cultural”, afirmó Albeiro Moya habitante de la región, haciendo referencia a que el Estado Social de Derecho promulgado en la Constitución Política no se cumple al no respetar los derechos de las comunidades afro y campesinas.

La disputa por el territorio
En esta región chocoana hacen presencia, desde mediados de los noventa, facciones de las guerrillas de las Farc y el Eln. Por allí también pasaron grupos que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde hace unos años atrás irrumpieron ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocidos como ‘Los Urabeños’.

En la disputa reciente por el control de las rutas fluviales del narcotráfico y la minería ilegal, que se agudizó desde comienzos de junio de este año, se enfrentan las Acg con al Frente de Guerra Occidental del Eln, que ha tenido en la zona del Alto Baudó una presencia histórica.

Esa estructura insurgente hizo presencia en el departamento a mediados de la década de los noventa y, años más tarde, empezarían los enfrentamientos con el Ejército, lo que generó los primeros desplazamientos forzados. “Para nosotros, la llegada del Eln en el año 96 significó la primera irrupción a nuestra cultura y modo de vida, de ahí en adelante lo que vino fue peor” señaló Ferney Rojas*, un poblador de la región.

Tras las desmovilizaciones colectivas de bloques y frentes de las Auc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, que concluyeron en agosto de 2006, la región se vio afectada por grupos que se rearmaron, entre ellos ‘Los Rastrojos’ y ‘Renacer’. Para el 2009, irrumpieron las Agc, disputando a sangre y fuego el dominio del territorio, hasta consolidarse y dominar las economías ilegales.

“La llegada de esas bandas al territorio significó tener de regreso a los paramilitares, fue como si de nuevo quedáramos en el 2001 con la llegada de las Auc, los mismos métodos y las mismas prácticas se empezaron a repetir” agregó Rojas.

Hoy día el punto crítico se desata en el corregimiento de Chachajo, un punto clave, según sus habitantes, para controlar actividades del tráfico de drogas: por un lado comunica fluvialmente con sur del departamento, y por el otro, es la conexión con el municipio de Nuquí, via expedita a los puertos naturales sobre el Pacífico (vea el mapa aquí) . Allí se asentaron las fuerzas de las Agc, sometiendo a la población a diversas presiones y riesgos.

Lucy Chamorro, representante de la Mesa Departamental indígena, afirmó que la disputa territorial es consecuencia de la marginalidad de las comunidades y la ausencia del Estado. “La negligencia del Estado ha sido permanente, la situación ha sido alertada desde hace varios años, pero no nos escucharon se hizo caso omiso y ahora miré en lo que estamos” puntualizó la líder indígena.

Crisis humanitaria
La falta de efectividad de las acciones desplegadas por el Ejército, y la codicia de los grupos armados ilegales por el control del narcotráfico y de la minería ilegal, han generado un choque de fuerzas que tiene a las comunidades de Alto Baudó en medio del fuego cruzado y pagando las consecuencias: algunos habitantes han muerto y cientos de pobladores se vieron obligados a desplazarse para proteger sus vidas.

Cientos de pobladores de Alto Baudó han tenido que salir de la región de manera forzada.Las cerca de 3 mil personas que se desplazaron entre mayo y junio de este año según la Defensoría del Pueblo, se refugian en resguardos y comunidades vecinas y ante la falta de garantías en seguridad no han podido retornar. Esto ha supuesto nuevas dificultades como el hacinamiento y la escasez de alimentos.

“Por ejemplo, en Puerto Indio, lugar donde se están albergando algunos de los desplazados, la Alcaldía no dio abasto con la cantidad de demanda de necesidades de las comunidades, y ahora hay hambre y problemas de salud más que todo en los niños” denunció Albeiro Moya, habitante de la región, quien aseveró que la minería, que se concentra la mayor oferta de trabajo, tanto de manera legal como ilegal, “es otra razón para el desplazamiento y la muerte de los pobladores”.

Betty Moreno, directora territorial de la Unidad de Víctimas, explicó que “estamos trabajando por el retorno de los desplazados internos, por lo cual se requiere de mayor atención a los procesos organizativos y a la presencia del Estado para lograr dispersar a los grupos armados. Sin embargo, esto no va a ser posible hasta que no se cumplan los derechos sociales y económicos de los ciudadanos”.

Se prolonga el conflicto
La situación de población desplazada no es reciente. Con el accionar de las guerrillas a mediados de los noventa se dieron los primeros desplazamientos, situación que se agravó desde el 2001 con la incursión de facciones de las Auc (Lea: Mujeres desplazadas del Baudó).

A través de su página web, el Frente de Guerra Occidental del Eln viene dando constantes “partes de guerra” en los cuales denuncia que las acciones de las Agc supuestamente estarían siendo apoyadas por tropas del Ejército, lo que genera graves afectación a las comunidades. En el más reciente afirmaron que “en la región del Alto Baudó el frente guerrillero Resistencia Cimarrón mediante acciones de protección a la población desarrolló operativos en días anteriores, lo cual permitió dar de baja a medio centenar de paramilitares, los cuales tuvieron que buscar la protección de la Brigada 15 y la Fuerza de Tarea Titán del Ejército colombiano”.

El presidente Juan Manuel Santos activó en Quibdó, el 9 de enero de este año, la Unidad Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que con más de 2.500 hombres de la Séptima División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se fijó como meta “la neutralización de los grupos terroristas y bandas criminales que delinquen en Chocó y Parte de Antioquia. A, mismo tiempo efectuará operaciones contra el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y la extorsión”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta nueva unidad operativa tendrá jurisdicción en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) y en Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Certegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istimina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan. Quibdó, Río Iro, Río Quito, Tadó, Unión Panamericana, San José del Palmar, Sipí, Novita y la parte oriental de Litoral del San Juan (Chocó).

Si bien la intención de esta unidad es consolidar la presencia del Estado, para los pobladores significó un actor más del conflicto, al cual señalan también de vulnerar los derechos de las comunidades y al que cuestionan por no consultar a dónde van a intervenir, de qué manera y cómo lo van a hacer.

Pero la situación va más allá, a juicio de Moya, quien ve asegura que la vida entre la guerra y la economía informal se ha convertido en el diario vivir de las comunidades más marginadas: “en medio de la pobreza se encuentra el caldo de cultivo para generar caos”.

Crisis más allá de la guerra
Si bien el conflicto armado es un factor de alteración de la vida cotidiana en Alto Baudó, las comunidades se enfrentan a otro tipo de violencias, que así no deje muertos o desplazados genera afectaciones que vulnera todo tipo de derechos.

Richard Moreno, representante de las comunidades afro del departamento, aseguró que “no es verdad que la guerra que se desata acá entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército genere más problemas que la falta de salud, de educación, de acceso a la tierra y a la vivienda. Son pocos los que en el departamento pueden acceder a este tipo de derechos”.

A juicio de este líder regional, en el Chocó “no estamos dentro del Estado social de derecho, hay políticas nacionales que a nuestros territorios no llegan, como la salud y la educación”.

Otra de las grandes preocupaciones de los líderes chocoanos es que las políticas expedidas a lo largo de los años por parte de los gobiernos, en palabras de Lucy Chamorro, no han contado con el enfoque diferencial que deberían de tener para las comunidades afro e indígenas: “lo que hacen las políticas es torpedear la cultura y el desarrollo de los pueblos, no tenemos el mismo desarrollo y creencias; si es otras partes no importa que exploten el suelo, acá sí”.

Comunidades en resistencia
A pesar de las afectaciones que genera estar en medio del fuego cruzado y el abandono estatal, las comunidades siguen resistiendo y haciendo valer su territorio. Una de las peticiones más importantes es hacer valer la protección de la propiedad colectiva con el fin de evitar que tanto las guerrillas como las Agc los saquen de las tierras.

Una de las paradojas que viven las comunidades afrodescendientes es que por aplicación de la Ley 70 de 1993, los territorios donde habitan tendrían una protección especial a través de la titulación colectiva, respetando su relación con la tierra y su cultura, no obstante, la realidad demuestra que la intervención del suelo y el subsuelo por parte del Estado, de empresariado y los grupos ilegales han vulnerado ese derecho.

“Es indispensable que a nosotros nos reconozcan en verdad que los territorios son propiedad de las comunidades indígenas y afro, que somos nosotros quienes debemos impartir ley y no los que nos están haciendo daño” puntualizó Richard Moreno.

De no cambiar la situación, las comunidades han decidido que son ellas entonces las que harán respetar sus derechos para poder vivir tranquilas y en paz. “Así nos toque tomar medidas drásticas para que nos reconozcan, deben saber que para poder llegar al subsuelo tienen que pasar por el suelo y ahí vamos a estar nosotros, se van a encontrar con nosotros”, advirtió el líder de las comunidades afrodescendientes.

Violencia, impunidad y silencio imperan en Tumaco

Desde hace seis meses, las Farc controlan la mayoría de los negocios ilícitos del casco urbano, mientras continúan sembrando minas en las zonas rurales. A esto se suman la inoperancia de la justicia, las constantes denuncias por abusos de la Fuerza Pública y presencia de bandas criminales que rondan este puerto sobre el Pacífico.

Aspecto de una de las playas de Tumaco, Nariño."Allá todos los días pasa algo, amenazan y matan, pero muchos no decimos nada porque no hay garantías para nadie", le dijo a VerdadAbierta una mujer que tuvo que salir desplazada de Tumaco por amenazas de la guerrilla.

Durante el primer semestre de 2014, los tumaqueños han sido testigos de la creciente presencia de las Farc en el casco urbano del municipio y el debilitamiento de ‘Los Rastrojos’, la banda criminal que surgió luego de la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que hasta el 2013 manejó la mayoría de los negocios ilícitos en el puerto sobre el Pacífico.

Según un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), este año la guerrilla de las Farc ha sido responsable de asesinatos, desapariciones, desplazamientos e intentos de reclutamiento forzado en la zona (Ver informe). También continúan delinquiendo algunos miembros de ‘Los Rastrojos’ y de acuerdo con el documento hay pruebas convincentes de que miembros de la Fuerza Pública han cometido abusos contra la población civil. Entre la insurgencia y las bandas criminales han perpetrado más de 300 asesinatos.

Los tumaqueños no solo están asediados por la violencia de estos grupos armados ilegales, sino por la impunidad, pues al decir de sus pobladores y de HRW la justicia no ha actuado con celeridad para esclarecer los crímenes.

“Prácticamente nadie ha sido responsabilizado por las atrocidades en Tumaco. Mientras las autoridades colombianas no garanticen justicia en Tumaco, sus residentes seguirán expuestos a abusos, ya sea de guerrillas, paramilitares, bandas criminales o miembros de la fuerza pública”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La justicia que cojea
En la noche del 1 de diciembre de 2012 dos hombres armados en motos le dispararon siete veces a Miller Angulo mientras veía un partido de fútbol en una cafetería del barrio Puente Márquez. El asesinado se desempeñaba como Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco e integraba la Mesa Departamental de Víctimas. Por su activismo, había sido amenazado por participar en estos espacios.

Todos conocían a Miller como una persona que representaba a las víctimas de desplazamiento en Tumaco, donde, según cifras oficiales, fueron más de 11 mil entre 2011 y 2013. Luego del homicidio, la Unidad de Víctimas rechazó lo ocurrido y prometió que no iba a dejar a solos a los líderes que estaban comprometidos con la Ley de víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció y exhortó a los organismos competentes a investigar, juzgar y sancionar a los autores de ese crimen.

Pero ni el reconocimiento de Miller Angulo como líder de víctimas ni el acompañamiento de estas organizaciones sirvieron para que el caso se resolviera con agilidad. De acuerdo con el informe de HRW, luego de casi un año de espera se abrió una investigación para esclarecer el asesinato, pero en los meses que lleva la etapa de indagación no se han desarrollado tareas en aras de esclarecer quiénes fueron los responsables, materiales e intelectuales.

La familia de Miller fue amenazada y tuvo que salir desplazada a Cali, donde tuvieron que empezar de cero. “El caso no les ha importado, es la hora que no saben qué fue lo que pasó. No hay garantías para nadie, hay muchas más personas que han sufrido lo mismo que nosotros y tampoco han hecho nada”, dijo a VerdadAbierta una familiar de Angulo.

Según el informe de HRW, en Tumaco se han cometido más de 1.300 homicidios desde el 2009, pero solo en 7 casos existe una condena contra los delincuentes y en 11 más el proceso está en etapa de juicio. Además, en algunas investigaciones los funcionarios judiciales se han negado a recibir el testimonio de los familiares.

Fiscales locales están investigando 285 desapariciones y 379 casos de desplazamiento forzado ocurridos desde 2009 en el puerto y otros municipios cercanos, pero las investigaciones están en etapa preliminar, es decir que no hay personas imputadas, ni mucho menos condenadas. En la Unidad de la Fiscalía que investiga desapariciones y desplazamientos forzados hay otras 210 investigaciones de Tumaco que también están en la etapa preliminar.

De las 314 investigaciones sobre violencia sexual solo hay cuatro condenas y ocho procesos en juicio. No hay un solo fallo contra los miembros de las bandas criminales que delinquieron luego de la desmovilización de los paramilitares. Se cree que el número de víctimas es aún mayor a lo que registran estas cifras, pues son muchas las familias que no denuncian por temor a que tomen represalias contra ellos.

“Mientras no se investigue, ni se haga nada, las estructuras criminales seguirán vivas y ante esto la gente cada vez a va a tener más miedo de denunciar lo que está pasando”, le dijo a VerdadAbierta un líder de víctimas del puerto.

Una de las dificultades es la carga laboral que tienen los once fiscales de Tumaco. Por ejemplo, según las entrevistas realizadas por HRW, un fiscal estaba investigando 1.421 casos, incluidos 402 homicidios y 72 casos de violencia sexual. Aunque en enero de este año la Fiscalía General de Nación anunció que asignaría diez nuevos fiscales, aún no ha cumplido.

Ante la falta de celeridad de la justicia son muchos los tumaqueños que han tenido que abandonar sus casas luego del asesinato de una familiar; algunos han sido amenazados por los mismos victimarios, y otros sienten temor de que estos tomen represalias contra ellos por haber denunciado ante las autoridades.

2014: la ola de violencia de las Farc
“Lo que va de este año, la presencia de las Farc es mucho mayor en el casco urbano, es algo nunca había pasado. Eso no quiere decir que no haya presencia de otras bandas criminales”, le dijo a VerdadAbierta una persona que vive en Tumaco y conoce la situación de orden público y quien por razones de seguridad pidió la reserva de su nombre. En esto coincide el estudio de HRW y un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en febrero de 2014 (Ver Informe).

Aunque las Farc desde años atrás han hecho presencia con el Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de Bloque Sur Occidental, luego de que se puso en marcha Plan Renacer en el que la guerrilla concentró su atención en las zonas periféricas del país donde están los negocios del narcotráfico, decidieron enfrentarse a ‘Los Rastrojos’ y entrar definitivamente al casco urbano de Tumaco.

Según datos de la Unidad de Víctimas entre 2011 y 2013 en la ciudad portuaria se registraron 366 asesinatos relacionados con el conflicto, la mayoría atribuidos a las Farc. Tumaco sigue siendo el municipio con mayor número de homicidios en el país.

La presencia de las Farc en el casco urbano se hizo evidente cuando los comerciantes empezaron a recibir más extorsiones de la guerrilla. HRW documentó el caso de una pareja que recibió una amenaza firmada por ese grupo guerrillero asegurando que le arrojarían una granada a su negocio si no pagaban tres millones de pesos. También en el primer semestre de este año se presentó el secuestro de un hombre que asegura que sus captores eran subversivos.

Si bien los informes de la FIP y de HRW aseveran que la captura de los máximos jefes de ‘Los Rastrojos’ produjo el debilitamiento y la casi desaparición de estas estructuras en el puerto, los tumaqueños tienen otras versiones, entre ellas, que parte de los miembros de este grupo armado ilegal se unieron a la guerrilla para manejar los negocios de narcotráfico en Tumaco. Otros temen que algunos exintegrantes de ‘Los Rastrojos’ que siguen viviendo en los barrios sean en enlace para la llegada de ‘Los Urabeños’, que ya tienen fuerte presencia en Buenaventura.

En la zona rural, la guerrilla ha operado años atrás, pero algunos pobladores coinciden con el informe de HRW en que en el primer semestre del año han aumentado las acciones violentas. En la vía que de Tumaco conduce a Pasto, para la época electoral de junio, las Farc pintaron las paredes de casas, escuelas, centros de salud de los pueblos que están desde el kilometro 17 hasta el 127. Sin embargo, en los primeros kilómetros de la vía aparecieron también grafitis alusivos a las Auc.

Los operadores judiciales también corren riesgo. El pasado 17 de julio, hombres armados que se identificaron como integrantes de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc retuvieron y amenazaron durante dos horas a cuatro funcionarios de la Fiscalía quienes conducían de regreso a Pasto, luego de exhumar tres cuerpos en área rural de Tumaco.

Los insurgentes no solo detuvieron al equipo de investigaciones sino que procedieron a quemar uno de los vehículos en el que transportaban, incinerando las pruebas biológicas de dos de los cuerpos exhumados y los restos de un tercero, que fue identificado como Jorge Rodríguez Paid, de la etnia Awa; además, robaron archivos digitales, equipos fotográficos, computadoras y teléfonos celulares.

La mayoría de los atentados ocurren en los pueblos cercanos a las vías e involucran a pobladores de la zona. “Atacan los puestos de Policía, pero el problema es que casi siempre están cerca de escuelas, casas o centros de salud y terminan afectando a la gente del pueblo”, le contó a VerdadAbierta una persona que trabaja con las víctimas en la zona, quien expuso como ejemplos la detonación de un explosivo cerca de la sede administrativa de la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa) en los límites con Barbacoa, Nariño, y la muerte de dos menores de edad en Chilví. (Ver: El drama de los niños de Chilví, Tumaco).

Versiones de pobladores advierten que los guerrilleros visten de civil y sin armas para quemar vehículos, detonar artefactos explosivos y sembrar minas antipersonal. El informe de HRW indica que esos explosivos son instalados en las zonas en las que hay presencia de militares o para proteger cultivos de coca. “La gente puede saber de la instalación de estas minas, pero tiene miedo de denunciar”, dijo una persona que conoce la zona.

Los habitantes también temen cualquier tipo de contacto con una autoridad o con miembros de otro grupo armado por miedo a ser estigmatizados. En un pueblo cercano a la carretera los pobladores cuentan que una mujer tuvo que salir desplazada solo por haber sido la única que asistió al velorio de otra mujer que fue asesinada.

Para los líderes de las comunidades rurales el riesgo es aún mayor, muchos han tenido que salir desplazados hacia el casco urbano de Tumaco y a Cali. Drama reciente lo vivieron en el Consejo Comunitario Rescate de las Varas, una comunidad Afro que está a dos horas por carretera del casco urbano del puerto. Allí las Farc amenazaron a ocho de sus voceros, quienes se vieron obligados a abandonar la región.

Este poblado tiene más de seis mil habitantes, una extensión de 14 mil hectáreas y manejan recursos para desarrollar proyectos de desarrollo. Según dicen algunos pobladores, la guerrilla estaba exigiendo un porcentaje sobre los dineros que se gastaran en estos proyectos, situación que fue denunciada por los líderes ante las autoridades.

El 29 de febrero de 2013 un jefe de las Farc llamó al presidente y al representante legal del Consejo comunitario para informarles que habían sido declarados ‘objetivo militar’ y luego recibieron varias llamadas amenazantes. Pocos días después, los dos líderes junto a seis más y sus familias salieron de Consejo Comunitario, en total se desplazaron cerca de 40 personas.

El 14 de marzo de 2014 las Farc retuvieron al mayor de Policía Germán Olinto Méndez y el patrullero Edilmer Muñoz Ortíz y tres días después encontraron sus cuerpos en San Luis Robles, el pueblo más grande del Consejo Comunitario Las Varas. Casi un mes después, el 11 de mayo, dos personas en una moto dispararon contra Marcelino Castillo, líder comunitario de ese caserío.

Las amenazas siguen y el miedo a denunciar es cada vez peor. Así la resume uno de los líderes de la zona, “ya se han hecho manifestaciones de rechazo, se ha hablado con la autoridades, pero la solución es militarizar la zona por ocho o quince días, luego se van y los problemas son para nosotros, entonces a veces es mejor guardar silencio”.