Desplazamientos en El Bagre: ¿se reacomodan las fichas de la guerra?

Desde mediados del presente mes, esta localidad del Bajo Cauca antioqueño afronta una delicada situación de orden público que tiene como protagonistas a las guerrillas de las Farc y el Eln y a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. El trasfondo de todo: territorios para negocios ilegales que desde ya, comienza a ser disputados ante la eventual dejación de armas de las Farc.

Desplazados El BagreMás de 400 personas han dejado sus tierras durante las primeras semanas de 2016 en El Bagre. Foto: cortesía de la Defensoría del Pueblo.

Como un pueblo sometido a la voluntad de los grupos armados ilegales, cualquiera que sea su espectro ideológico o su naturaleza criminal. Así describe Pinto*, un habitante de la zona, a Puerto Claver, un corregimiento de poco más de 14 mil habitantes perteneciente al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde ha vivido la mayor parte de su vida y actual escenario de una compleja situación de orden público que amenaza con generar una grave crisis humanitaria como hace años no se veía en la región.

Desde finales de noviembre pasado, recuerda Pinto, miembros de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, llamados por el gobierno nacional como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’ y cuya presencia en este corregimiento es permanente desde finales de 2012, comenzaron a asesinar jóvenes que se rehusaban a unirse a sus filas; a comerciantes que se negaban a pagar las onerosas “vacunas” que le impusieron a todo el comercio del pueblo; a campesinos de las áreas rurales que consideraban auxiliadores de las guerrillas de las Farc y el Eln; en últimas, a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus políticas y su presencia.

El miedo, entonces, se apoderó de sus habitantes. Y comenzaron los desplazamientos individuales, también llamados “gota a gota”. Pero lo grave aún estaba por suceder. El 7 de enero, hombres fuertemente armados irrumpieron en la vereda El Coral y sacaron de su vivienda a un labriego de 74 años, al que todos en Puerto Claver llamaban de cariño “Pacho Burra”. Dos días después, los hombres armados ingresaron nuevamente a la vereda y retuvieron a un joven, a quien se llevaron con rumbo desconocido.

Y comenzaron entonces los combates. “Lo que se puede decir, porque hablar de esto da mucho miedo, es que los ‘gaitanistas’ irrumpieron en terrenos que manejan las Farc. Comenzaron entonces los combates y como allí también está el Eln, entonces los ‘elenos’ y las Farc se unieron para enfrentarse con este grupo de los gaitanistas”, explica Pinto. La frecuencia de los choques armados generó un éxodo masivo de una magnitud tal que no se registraba desde noviembre de 2013.

Según reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Uariv-, para el pasado 18 de enero se tenía un censo de 139 familias desplazadas, es decir, unas 422 personas entre hombres, mujeres y niños, provenientes de las veredas El Coral, Muquí Arriba, Muquí Abajo; Primavera, Arenales, El Castillo, El Oso y la Llana.

Las familias, según informó María Cecilia Gómez, enlace de Prevención y Atención Integral de Emergencia de la Uariv, se encuentran albergadas en el casco urbano de Puerto Claver, recibiendo ayuda humanitaria de emergencia y a la espera que el Ejército autorice el retorno de las familias una vez se normalice la situación de orden público en la zona.

Sin embargo, a decir de Pinto, es probable que se generen nuevos desplazamientos si las autoridades no toman cartas en el asunto. “Lo que nosotros tememos es que hayan retaliaciones contra los campesinos, sobre todo por parte de los ‘gaitanistas’. Aquí impera desde hace rato la ley del silencio y cualquier cosa que se diga, por pequeña que sea, se la pueden cobrar al campesino”, asevera el labriego.

Tierra estratégica

Por su ubicación y las riquezas presentes allí, Puerto Claver resulta ser un pueblo estratégico para los intereses de los distintos grupos armados ilegales. Conecta fácil con el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Por lo más apartado de su zona rural atraviesan trochas que fueron usadas en el pasado por contrabandistas y ahora por aquellos que hicieron del tráfico de armas y alcaloides todo un lucrativo negocio. Como si fuera poco, el corregimiento es rico en yacimientos de oro de aluvión que han sido explotados de manera informal desde épocas coloniales.

Quizás por ello, el control de este corregimiento ha sido fuente de disputa entre todos los bandos que han hecho parte del longevo conflicto armado colombiano. Finalizando la década de los 70 llegó el Eln. Luego llegaron las Farc y finalizando el siglo XX llegaron los paramilitares del frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar.

Según informes de la Defensoría de Pueblo y organismos judiciales, actualmente el Frente 36 de las Farc funge como el principal y más fuerte actor armado en Puerto Claver. Son ellos quienes ejercen dominio sobre los cultivos ilícitos así como sobre la producción de pasta de coca, insumo para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Este negocio a su vez es manejado por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, cuya presencia se acentuó mucho más después de 2012, año en expulsaron a sangre y fuego a la banda criminal de ‘Los Rastrojos’. Más reducida, pero no menos importante, es la presencia de la compañía Compañero Tomas del Eln en las zonas rurales.

Hace poco más de seis años que la Policía no tiene presencia permanente en Puerto Claver. “Al comando de Policía le tiraron varias granadas. También los emboscaron varias veces y hasta asesinaron varios policías. Por eso decidieron sacarlos. Y el Ejército entra y sale, no se queda. Por eso, aquí impera la ley del más fuerte”, señala Pinto. Así, como si se tratase del Viejo Oeste norteamericano, guerrillas y ‘gaitanistas’ sostuvieron una confrontación armada entre 2013 y 2014 que generó decenas de vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos, un desplazamiento masivo el 31 de octubre de 2013.

Pero, según Pinto y miembros de ONG conocedoras de la región consultados por VerdadAbiert.com, que pidieron reserva de su identidad, desde principios de agosto de 2015  todos los actores armados suscribieron un pacto de no agresión que consistía, esencialmente, en respetarse territorios. “Las Farc continuaban en sus zonas, los ‘gaitanistas’ continuaban con el manejo de sus negocios en el casco urbano y los ‘elenos’ en sus tierras”, sostiene la fuente.

Y todo indica, a la luz de los recientes hechos, que dicho pacto se rompió. “Por ahí suena desde ayer (martes 19 de enero) que otra vez volvieron a suscribir ese pacto. Que los campesinos pueden retornar y que van a entregar los restos de las personas que desaparecieron hace poco. Ya por lo menos sabemos dónde están enterradas. Pero faltará ver qué pasa”, agrega a su vez Pinto.

Preocupaciones de cara al postconflicto

Todo lo que sucede en este corregimiento, y en el municipio de El Bagre en general, constituyen motivo de preocupación si se tiene en cuenta que este es uno de los bastiones del Frente 36 de las Farc, uno de los más activos y beligerantes del Bloque Iván Ríos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, este frente guerrillero fue el responsable del 80 por ciento de los sabotajes cometidos en los últimos cinco años contra la infraestructura energética, las empresas transportadoras y la Fuerza Pública.

Informes militares y de Policía señalan a esta unidad guerrillera como una de las pioneras en la fabricación y uso de explosivos y minas antipersona, siendo esta su especialidad y su principal arma de guerra. Además, se le considera como de los frentes más estratégicos para las Farc debido a su capacidad para obtener finanzas. Autoridades civiles y militares estiman que los hombres bajo el mando de Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Anderson’, obtienen ingresos anuales por más de cinco millones de dólares, derivados, en menor medida, de la extorsión a pequeños y medianos mineros de oro de la región y, en mayor grado, de la producción de cocaína.

Por ello, las preguntas que tanto autoridades como comunidad en general se formulan es si este frente realmente dejará las armas en los próximos meses, cuando se acuerde el fin del conflicto armado entre el gobierno nacional y las Farc en La Habana, Cuba, o por el contrario, entrará en franca disidencia y mantendrá su participación en negocios ilegales.

Al respecto, funcionarios de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación le dijeron a VerdadAbierta.com que actualmente trabajan en la verificación de información recibida desde la región según la cual, ante la inminente dejación de armas de la guerrilla de las Farc, los ‘gaitanistas’ estarían buscando controlar toda la cadena del narcotráfico: desde la siembra, pasando por la producción, hasta la exportación.

Y para ello, los ‘gaitanistas’ estarían intentando, de un lado, ingresar a sangre y fuego en los territorios controlados hasta ahora por las Farc; y por otra parte, invitando a los guerrilleros que no se quieran desmovilizar para que se unan a sus filas.

Real o no, lo cierto es que lo que ocurre hoy en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, es un llamado de alerta para las autoridades civiles, militares y Policía sobre la complejidad que entrañará para algunas regiones del país el tan ansiado y desconocido postconflicto.

El Castillo: un pueblo por reconstruir

En este municipio de Meta más de la mitad de la población se desplazó y sus líderes políticos de izquierda fueron asesinados o desaparecidos. Hoy hace memoria y trata de levantarse de las cenizas.

el castillo 1Después de la expulsión de más de la mitad de los habitantes de El Castillo, muchos ya han retornado. La población actual de este municipio es de  6.500 personas. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

El pasado 10 de octubre más de cien personas se reunieron en el coliseo cubierto de El Castillo, Meta, para recibir el informe que durante año y medio los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizaron sobre el éxodo en este pueblo ubicado entre las estribaciones de la cordillera Oriental y la serranía de la Macarena. Pasaría como un lanzamiento cualquiera a no ser porque esa mañana de sábado, por primera vez en décadas, se veían las caras vecinos de otra época. Campesinos que, por causa del conflicto armado, fueron desterrados lejos de sus hogares. Quienes iban recibiendo la copia del libro estaban dimensionando, quizá por primera vez, lo que había ocurrido con sus vidas. El título en la portada era una antesala: “Pueblos arrasados”.

el castillo portadaHaga clic en la imagen para descargar el informe.Y es que durante años El Castillo experimentó un arrasamiento de diferentes expresiones de su vida: casas abandonadas y proyectos truncados. Pero no solo se trató del desplazamiento como se ha visto en tantos otros lugares de Colombia (y que nos ubica en la deshonrosa posición de ser el segundo país con más desplazados del mundo) sino de los daños colectivos en las poblaciones rurales, principalmente, y el exterminio político que, en este caso, tuvo implicaciones nacionales.

Según información recopilada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Meta fue uno de los departamentos donde ocurrieron más muertes y desapariciones de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda. Ocurrieron 385 homicidios y desapariciones entre 1983 y 1997.

Esa cifra ha marcado a varias generaciones que crecieron en un destierro obligado que se remonta a mediados del siglo pasado. “Para entender por qué elegimos al Castillo entre tantos otros pueblos arrasados en Colombia, hay que decir que este libro también es un homenaje a esas víctimas de las que casi nadie habla”, dijo Gonzalo Sánchez, director del CNMH, haciendo referencia a esas primeras personas que tuvieron que huir o que mataron por el solo hecho de pertenecer a un partido político.

¿Por qué el estigma?

el castillo 219 de las 42 veredas que conforman El Castillo quedaron deshabitadas a causa del conflicto armado. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

La estigmatización es una marca registrada de la región y una de las justificaciones utilizadas por todos los actores armados y los políticos para legitimar todo el daño en un pueblo que en su mejor época no superó los 13 mil habitantes (hoy son la mitad).

Hace parte de una subregión del Meta denominada el Alto Ariari compuesto por otros dos municipios, El Dorado y Lejanías. La colonización de estos estuvo fuertemente marcada por corrientes políticas. “Por ejemplo, el Partido Comunista ejerció bastante influencia en poblados como Medellín del Ariari –perteneciente al Castillo- y otros de la parte alta de la montaña” dijo Catalina Riveros, investigadora del Informe. Por eso el día del lanzamiento era raro ver a campesinos provenientes de veredas como El Jardín o Miravalle. Pocas veces bajan al casco urbano donde ha habido una influencia más marcada del Partido Liberal.

Dicha configuración “partidaria” marcó la vida de sus habitantes. Según el informe, debido al señalamiento de ser “un pueblo guerrillero”, entre 1984 y 2001, los grupos paramilitares fueron protagonistas en “la persecución, la violencia política y la guerra sucia que se inició en contra del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica”. En la memoria de sus habitantes hay un listado enorme con nombres de líderes, simpatizantes y militantes asesinados o desaparecidos. Dichos grupos paramilitares estuvieron auspiciados, en parte, por esmeralderos de Boyacá y por narcotraficantes que llegaron allí a invertir sus ganancias, especialmente en El Dorado.

Esto despertó el temor colectivo de los campesinos que habitaban, principalmente, en las veredas, pues “antes de confrontar militarmente a la guerrilla, la estrategia de este grupo consistió en eliminar a los militantes y simpatizantes del PCC y a todo aquel que fuera considerado ‘base social’ de la guerrilla”, dice la investigación.  

Entre los dos pueblos –El Castillo y el Dorado- ha existido una enemistad histórica que nació, justamente, con los sectarismos políticos en la época de la colonización. Sin embargo, en 1998 se propició un espacio para armonizar la vida entre los dos municipios. Se trató de una iniciativa de paz que se concretó por medio de la Asociación de municipios del Alto Ariari (AMA). Hoy en día, según algunos testimonios recogidos por los investigadores, el AMA es recordado como un mecanismo utilizado por el alcalde de El Dorado de la época, Euser Rondón (puente entre ‘los paras’ y los políticos del Meta), para beneficio de sus propios intereses: “Ellos ven la AMA como una estrategia política de la región(…) Porque luego de que hay un arrasamiento del Ariari, de todas esas comunidades, el asesinato de muchas personas y el desplazamiento de toda esa parte alta, entonces ya ahí es donde ellos dicen: ‘ya pacificamos el Ariari’. Pacificar el Ariari era asesinar a toda esa gente. Desaparecer a cuanta gente y casar del escenario político a la izquierda colombiana”.

el castillo 3El pasado 10 de octubre, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo entrega del informe Pueblos arrasados a la población de El Castillo. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

Mientras esto sucedía, las Farc, los otros protagonistas de la barbarie, se expandían y ejercían “un intenso control social de la población por medio de actos, como la asistencia obligatoria a reuniones, la imposición de multas, la obligación de votar por sus candidatos, la prohibición de relacionarse con la fuerza pública y la impartición de justicia por mano propia”. Sin contar con el reclutamiento forzado, los asesinatos y los continuos ataques al casco urbano.

Hay dos hechos violentos por parte de las Farc marcados en la memoria de los habitantes y que hacen parte del “arrasamiento”. Por un lado, en el año 2000, la guerrilla lanzó 22 cilindros con la intención de destruir la Estación de Policía de El Castillo. No dieron en el blanco –la Estación sigue intacta- pero el panorama del terreno parece una cicatriz de cemento (por iniciativa de la Gobernación del Meta y del CNMH allí se piensa construir un lugar dedicado a la memoria de las víctimas). Y, por otro lado, el 28 de enero de 2002, el Frente 26 de las Farc detonó una casa bomba en El Dorado que le generó la muerte a medio centenar de uniformados.

Paralelamente, el Bloque Centauros de las Auc, que dominaba en la zona, buscó refuerzos: “Por solicitud de algunos líderes de la región, entre ellos Euser Rondón y Arnulfo Velásquez, alias ‘Pereque’, tomaron la decisión de conformar un nuevo grupo paramilitar”, dice el informe. Pero para que esto se hiciera realidad, se debía contar con el visto bueno del que era considerado el dueño de la región del Alto Ariari, Víctor Carranza, quien tenía un grupo armado ilegal que prestaba seguridad a sus minas. Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’, sería el encargado finalmente de darle forma al nuevo Frente Alto Ariari de las Autodefensas que, según el CNMH, llegó a tener un pie de fuerza cercano a los 300 hombres divididos en cuatro compañías. Su sede: El Dorado. Y para “arrasar” más cómodamente con todo lo que pareciera o fuera guerrilla, realizó alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, en especial, la Brigada 7.

El balance del éxodo es mortal: 19 de las 42 veredas que conforman el territorio quedaron vacías. Fue la destrucción de los lazos comunitarios, de las organizaciones sociales y políticas, y la desconfianza como forma de vida, las que llevaron a los investigadores del CNMH a considerar el Castillo como un pueblo arrasado.

Ahora bien, son características que comparten con muchos otros municipios del país y que dan cuenta de una estrategia violenta que “no solo aniquila a las personas, sino que destruye su entorno material y simbólico, de manera que el territorio se vuelve inhabitable, lo que fuerza el éxodo de la población, en especial, en zonza de anclaje originario de la guerrilla”.

El libro menciona 233 pueblos que presentan situaciones similares a las del Castillo: Tabaco en La Guajira, Tinuisio en el sur de Bolívar, la Parcelación de El Prado en el Cesar, Montelíbano en Córdoba o Salaminita en Magdalena. Lugares donde, por ejemplo, la relación entre personas expulsadas y la pérdida de población en un periodo de tiempo determinado, representaba más del 50 por ciento.

Se comenzó por el Castillo, según manifestaron los investigadores del informe, porque las deudas históricas con la población del Meta son enormes. Aún hay muchos problemas por resolver frente al retorno de sus pobladores, por ejemplo. Es claro que las heridas aún no cicatrizan y tantos años de estigmatización no son fáciles de superar. Decir abiertamente que se milita en la Unión Patriótica o en el Partido Comunista es un atrevimiento que aún hoy puede salir caro. Sin embargo, hay esperanzas y deseos de cambio. Los aires de paz que llegan desde La Habana pueden materializarse en pueblos como este pero eso depende no solo de agilizar –por parte del Estado- las necesidades básicas insatisfechas de la población sino de dignificar a miles de víctimas que le están apostando a reconstruir sus vidas arrasadas. La memoria histórica es un primer paso.

Tibú: huir como estrategia para sobrevivir

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Ubicación del Catatumbo

El Catatumbo cumple más de tres décadas padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, impunidad y la indiferencia de un país que solo mira al Norte de Santander cuando hay problemas fronterizos. El CNMH presenta un informe que revela porqué la zona no ha podido salir del espiral de violencia y abandono.

no mas conflicto tibu 620x400Entre 1980 a 2013 en el Catatumbo se cometieron 66 masacres y 120 mil personas se desplazaron.Foto: archivo Semana.

El libro comienza con una cita que resume el drama: “En Norte de Santander y a nivel nacional desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando, los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil y no hubo una respuesta”. Lo dijo Edgar Carvajal, un exfiscal de Justicia y Paz, en un documental del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre lo que ha ocurrido en el Catatumbo en su historia reciente, pero bien podría aplicarse al Urabá, Buenaventura, San Carlos (Antioquia) o el Valle del Guamuez (Putumayo). Es la historia repetida de la “periferia” en Colombia.

Solo que esta vez, el informe (titulado, “Con licencia para desplazar”) hace un recuento juicioso de las masacres, las desapariciones, los desplazados, los “falsos positivos”, la supervivencia de los campesinos, la connivencia del Ejército y la indiferencia nacional en una zona fronteriza que sonó en los titulares del pasado fin de semana no por el lanzamiento del libro, propiamente, sino por la muerte de ´Megateo´, jefe del frente Libardo Mora del EPL, uno de los hombres más buscados del país.

portada licencia desplazarPortada del informe del CNMH sobre el desplazamiento en Tibú.La guerra no se detiene pero tal vez era necesario hacer un ejercicio de memoria histórica para contribuir con uno de los deseos de los sobrevivientes expresado por el obispo de Tibú, Ómar Sánchez, en el evento público de lanzamiento en el sábado anterior: “Queremos que se conozca toda la verdad y esta es la primera piedra”.

Es una verdad dolorosa: desde 1980 a 2013 la gente del Catatumbo sufrió 66 masacres y 120 mil personas se desplazaron. Y más allá de las cifras, el común denominador, página tras página, es el de la impunidad. Salvo algunos mandos medios del Ejército y de los paramilitares, los grandes autores del horror están libres. El tema es más preocupante si se tiene en cuenta que “durante cinco años, el Ejército se tomó el Catatumbo”, como dijo Yamile Salinas, coordinadora del informe, a VerdadAbierta.com.

La investigación también habla de las veces que Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, mencionó que Carlos Castaño se reunió con altos mandos militares y élites políticas, y nombró entre los presuntos contactos a los “exgenerales del Ejército Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño, con quienes supuestamente se coordinó la expansión por todos los departamentos de la Costa Caribe, Santander y Norte de Santander. En este último departamento, Mancuso se ha referido a apoyos de los comandantes de la Segunda División, exgeneral Mario Fernando Roa, y de la Quinta Brigada, exgeneral Alberto Bravo Silva, y al exsubdirector del liquidado DAS, José Miguel Narváez”.

La toma de Tibú por parte de los 'paras' fue llamada “Proyecto Tibú” y, según el informe del CNMH, fue coordinada por Armando Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, Fernando Fino Rodríguez, alias ‘Marlon’, y José Bernardo Lozada Artuz, alias ‘Mauro’; los tres fueron oficiales del Ejército, con militares activos que hacían presencia en la región, entre ellos el exmayor Harvey Hernández Correa y el excapitán Alexander Gutiérrez Castro, ‘El Capi’; excomandantes del Distrito de Policía de Tibú (el segundo capturado como miembro de bandas criminales después de desmovilizarse con el Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar), el exmayor Mauricio Llorente, excomandante del Batallón de Contraguerrillas Héroes de Saraguro en Tibú, y el exteniente Luis Fernando Campuzano Vásquez, excomandante de la base militar en La Gabarra.

Las víctimas también hablan sobre esta connivencia. A propósito de una masacre de 1999 en el casco urbano de La Gabarra, una sobreviviente entrevistada por los investigadores dijo lo siguiente: “Una docente recuerda que cuando estaban buscando a sus colegas, llegó el Ejército y perdonen la expresión, nos dijo, qué hacen aquí (...), zorras, perras, degeneradas (...). [Las víctimas] yo creo que pasan de treinta personas (...) porque en el cementerio no había como tirar la gente (...) y mucha gente quedó herida”.

informe catatumbo 2Víctimas de la masacre de La Gabarra. Foto: archivo Semana.

Pero el maridaje no solo provino de las fuerzas armadas del Estado. Ecopetrol también apoyó el proyecto. Según los propios paramilitares, citados en el libro, “cuando los urbanos iban a entrar a Tibú (...), ese señor Montaño llevó un carro de Ecopetrol y nos recogió en Campo Dos (...) y nos metió a Ecopetrol (...) duramos ocho días mientras planeábamos cómo entrábamos a Tibú. Por su parte, Lozada Artuz, declaró que Armando Montaño, exjefe de seguridad de Ecopetrol, ‘colaboró con armas, equipo y en logística’ y Giovanny Velásquez, exintegrante del Bloque Catatumbo en los procesos de Justicia y Paz preguntó ‘¿Cómo es posible que un helicóptero que presta Ecopetrol para que transporte militares del Maza, se haya montado un militar como Mancuso?’”. Ningún alto directivo de la empresa de petróleo más importante de Colombia ha sido condenado por lo que sucedió.

Pero el periodo comprendido en la investigación es mucho más amplio y no se limita a la violencia paramilitar y del Ejército. El primero, comprende casi toda la década del ochenta, cuando entraron las primeras guerrillas, se adelantaron negociaciones de paz en el nivel nacional con algunos de estos e incursionaron esporádicamente grupos de justicia privada que arremetieron contra líderes y dirigentes políticos y sociales. Luego, entre 1989 y 1996, donde la guerrilla extendió su dominio alrededor del fortín cocalero y se aumentó la presencia de grupos traficantes de drogas y de autodefensas.

El tercer periodo -entre 1997 y 2004- es el que, según el informe, ha dejado la mayor secuela en los habitantes porque fue cuando los paramilitares ingresaron e impusieron su dominio en Tibú y causaron el éxodo masivo de la gente. Y, finalmente, el período de 2005 a agosto de 2013, cuando, a pesar de los procesos de desmovilización y la gran militarización de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial, las guerrillas y las bandas neoparamilitares continúan actuando.

Son prácticamente tres décadas de terror que conducen a una pregunta obligada: ¿por qué el Catatumbo? Las riquezas naturales, en especial el petróleo y las ventajas geoestratégicas de la zona han marcado su destino. Todos los actores armados han participado del desangre y lo que es peor: los dividendos multimillonarios de esos proyectos así como los de las economías ilícitas de las drogas y el contrabando no han beneficiado a la población. El testimonio de una mujer entrevistada para el libro es revelador: “Estamos en el siglo XXI y no tenemos agua potable, batería sanitaria y luz en nuestras veredas, ni carreteras para sacar los productos de los proyectos productivos que ofrece el Gobierno para erradicar la coca”.

Los propios investigadores del CNMH estaban sorprendidos porque en Tibú, uno de los municipios más ricos en petróleo de Colombia, no hay una sola carretera bien pavimentada: “La gente nos dice: ´los cinco años de violencia paramilitar nos hicieron retroceder 40´”, dijo Yamile Salinas.

Los números son más escandalosas aún: en Tibú viven 30 mil personas, de las cuales el 61 por ciento habita en las zonas rurales y, de esas, el 93 por ciento es pobre.

Todas esas cifras también se convierten en mensajes directos para los Diálogos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. De llegarse a firmar el acuerdo final el próximo año, se viene la implementación de todo lo dicho en los micrófonos y lo escrito en el papel y, en ese momento, regiones como el Catatumbo (al igual que el Bajo Cauca antioqueño, Tumaco o Arauca) se tendrán que convertir en laboratorios de paz. Tantos años de marchas, protestas y resistencia han demostrado que los modelos o las estrategias utilizadas no han funcionado. Tal vez este informe también sea una alerta sobre lo que quiere la gente y ese querer lo resume parte de un poema escrito por Tirso Vélez, miembro fundador de la ONG Redepaz y candidato a la Gobernación del Norte de Santander, asesinado en 2003: “No nos manden militares, mándenos maestros”.

¿Cómo nos convertimos en una nación desplazada?

Con más de seis millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar sus vidas, Colombia es el segundo país en el mundo con más víctimas de este tipo de violencia. El CNMH documentó cómo esta tragedia despobló campos y mutó ciudades.

nacion desplazada 1Durante muchos años el desplazamiento forzado estuvo invisibilzado por el Estado y la falta de políticas públicas perjudicó mucho más a las víctimas. Foto: Juan Arredondo / CNMH.

Las cicatrices que han dejado más de 50 años de conflicto armado y de disputas por la tierra se reflejan en los territorios: en 1.114 municipios de Colombia se han registrado casos de desplazamiento forzado. Lo anterior significa que en el 99% de la geografía nacional, por lo menos una persona ha sido expulsada de manera violenta, según los datos consolidados por el Registro Único de Víctimas.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hizo una detallada radiografía sobre este flagelo, en un informe titulado Una nación desplazada, y muestra cómo todos los actores armados, sumados a los intereses de terceros, llevaron a millones de colombianos a abandonar sus lugares de residencia. De este modo, señala que “el éxodo forma parte de una estrategia criminal financiada y patrocinada por poderosos agentes económicos, legales e ilegales, en un ambiente propicio para la reproducción de prácticas ilegales como la corrupción sistémica y la captura y cooptación institucional del Estado”.

Una de las primeras dificultades para la realización del informe -y crítica a la vez-, es que sólo hasta adentrada la década de 1990, a pesar de que venía ocurrieron desde 1948, se reconoció el desplazamiento forzado como un delito, se empleó una política pública para atender a las víctimas y se empezaron a llevar registros por parte del Estado. Por esta razón, las cifras de periodos anteriores recaen en manos de ONG y difieren notablemente de los registros oficiales.

La historia y las cifras demuestran que el aumento de los desplazamientos y la agudización de la guerra van de la mano. Desde que se empezaron a llevar registros en 1980, en 115 municipios se dieron desplazamientos forzados, y su pico más alto llegó en 2007, con 1.055.

grafica nacion desplazada 2Número de municipios con víctimas de desplazamiento por año. 115 municipios fueron expulsores en 1980, 1.055 en 2007 y 961 en 2012. Fuete: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.

Los habitantes de las regiones de Urabá, del Andén Pacífico Sur, del Oriente antioqueño, del Atrato, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del norte de Cauca y de los Montes de María, son las más afectadas por este tipo de violencia. Tan sólo en ellas, se concentra el 61% de las expulsiones que se registraron en el país hasta el 31 de diciembre de 2014. El CNMH llama la atención de que estas regiones son “zonas marginales de colonización, marcadas por procesos de luchas agrarias, donde han sido reconocidos territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, donde existen polos de desarrollo económico importantes para la economía nacional y una alta concentración de la propiedad rural”, y que además han sido “duramente afectadas por el conflicto armado debido a prolongadas disputas por su control, marcadas por la presencia temprana de actores armados, la incursión de nuevos actores y su confluencia en un mismo periodo de tiempo”.

El desplazamiento forzado acaba con el arraigo y el modo de vida de las personas que lo padecen, pero también deja secuelas en la sociedad y en la nación. Una de ellas es la “descampesinización” y desarraigo de los grupos étnicos. Según el Registro Único de Víctimas, el 87% de las personas desplazadas vivían en zonas rurales, lo que equivale a que 9 de 10 personas desplazadas, han tenido que abandonar el campo.

portada nacion desplazadaHaga clic en la imagen para descargar el informe.El CNMH considera que “en estos territorios, los efectos de la descampesinización son más críticos, en tanto no se trata solo de una pérdida cuantitativa sino de la destrucción de los lazos comunitarios, el rompimiento de relaciones familiares o vecinales, la instalación del miedo y la desconfianza como formas de vida, así como también de la eliminación de organizaciones sociales y políticas, antes predominantes en territorios esencialmente rurales, lo cual ha dado lugar al arrasamiento”. Además, también afecta el empleo rural y causa fuertes golpes en la economía nacional, puesto que según cifras de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación, entre 1980 y agosto de 2013, casi 2,5 millones de familias tuvieron que abandonar sus cultivos, lo que equivale, según el Dana, al 11,5 por ciento del empleo total del país.

Esa migración forzada de la vida rural a la urbana, también ha dejado secuelas negativas para las ciudades que acogen a los desplazados. Para 1938, el 31% de la población vivía en las cabeceras municipales, pero para 2005 la cifra pasó a ser del 74%. De acurdo con los datos del Registro Único de Víctimas, Bogotá ha recibido 496.837 desplazados; Medellín, 403.676; Santa Marta 186.135; Cali 140.751; Sincelejo 133.101; y Valledupar 124.288.

Esto causa un crecimiento acelerado y no planeado de las ciudades que tienen que enfrentar problemas para satisfacer las necesidades de sus habitantes y de los desplazados. Algunos de los problemas que reseña el CNMH son “la aparición de asentamientos informales o “barrios de invasión” generalmente se realiza en zonas de tierras bajas y vertederos, o en viviendas deficientes, abarrotadas e insalubres. La aparición de mercados ilegales de tierras, dificultades en la movilidad, expansión periférica y segregación residencial”.

grafica nacion desplazada 1Personas desplzadas por año desde 1980 hasta 2014. Fuente: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.

¿Cómo se llegó a esta dramática situación?

En entrevista con VerdadAbierta.com, Myriam Hernández Sabogal, coordinadora de la serie Una nación desplazada, explicó que una de las principales razones del crecimiento del desplazamiento forzado fue su invisibilización. “Sólo hasta el año 2000 se declara como delito. Ese sólo hecho refleja la poca importancia, pese a la magnitud del fenómeno y los graves hechos, que no fue priorizado dentro de las políticas públicas. Durante mucho tiempo el tema fue tratado marginalmente por el Estado y fue visto como un efecto colateral del conflicto”, dijo.

Además, señala que el desplazamiento forzado no puede atribuirse simplemente a la confrontación entre actores armados. “Cada vez se devela con mayor claridad que detrás del desplazamiento forzado se dieron unos intereses económicos muy claros. El papel del narcotráfico ha sido muy importante, pero los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, han desconocido los impactos de la guerra y han resultado aprovechándose de lo que fue el abandono y el despojo de los territorios”.

También llama la atención sobre el papel de la justicia y la altísima impunidad del delito, que conllevan a que los desplazamientos se repitan. “Queremos destacar esa falta de actuación, particularmente de la Fiscalía, en materia de investigación y de sanción de los responsables. Tenemos un gran problema en la medida en que no hay una postura fuerte respecto a identificar quiénes han sido los principales determinadores de estos hechos y cómo se han beneficiado. Esto deja serias dudas sobre las garantías de no repetición y para la población dado que continúa el conflicto”, concluyó Hernández.

La cronología de los éxodos

nacion desplazada 2Residentes de la comunidad de Tanguí se desplazan para regresar a su casa después de tres meses de vivir en una escuela pública en la ciudad de Quibdó. Río Atrato, Chocó. Foto Juan Arredondo / CNMH.

Por medio de una exhaustiva revisión documental el CNMH identificó siete momentos de la historia nacional en los que el desplazamiento forzado se disparó y que permiten entender cómo Colombia llegó tantas víctimas de este tipo de violencia.

1. La Violencia (1948-1958)
Este periodo comprende la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, a raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. El informe indica que “en este escenario de permanentes enfrentamientos sin tregua se produjo una serie de asesinatos violentos, muchos de ellos a través de masacres indiscriminadas, que dejaron como resultado por lo menos doscientas mil personas muertas”, y estima, según diferentes fuentes, que entre dos y tres millones de personas, se vieron obligadas a desplazarse. Agrega que en esa época no existía la definición de desplazamiento forzado y que sus víctimas eran consideradas como migrantes o exiliados.

2. El Frente Nacional (1958-1974)
El periodo de La Violencia llegó a su fin con la alianza que sellaron liberales y conservadores para alternarse el poder, que fue denominada Frente Nacional. A pesar de los intentos por pacificar el país, las desigualdades en el campo llevaron a la conformación de las guerrillas de las Farc y del Eln, que “se insertaron en zonas de expansión de la frontera agrícola, a donde habían migrado las personas desplazadas de La Violencia o en zonas marginales donde residían los pobres del campo, buscando sustituir al Estado”. Para contrarrestar a las guerrillas, el presidente Guillermo León Valencia permitió la creación de grupos de autodefensas civiles, con lo que se agudizó el conflicto.

Para el CNMH, estos dos periodos fueron clave para el desarrollo del conflicto armado en Colombia, pues “las profundas afectaciones a las personas desplazadas durante la época de La Violencia, la acumulación de tierras por parte de los aprovechadores, el fracaso de la reforma agraria y la brutal respuesta estatal durante el Frente Nacional, propiciaron un escenario funcional a la lucha insurgente y la proliferación de actores armados”.

3. Irrupción del narcotráfico (1974-1979)
Esta actividad ilegal causó cambios en la economía, en las dinámicas del conflicto armado y produjo nuevos desplazamientos. Al respecto, el informe indica que a consecuencia del narco, la población fue expulsada de las tierras que se convirtieron en objetivos estratégicos en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal; y que el uso de la tierra para cultivos de uso ilícito promovió oleadas de migración de “clases emergentes de dudosa procedencia” y de un campesinado sin opciones económicas.

A partir de la década de 1980, el CNMH hace una distinción especial sobre el desplazamiento forzado contemporáneo (1980-2014), cuando pasó a “ser un mecanismo cotidiano de generación de violencia y a afectar grandes poblaciones”.

4. Desplazamiento silencioso en el escalamiento del conflicto armado (1980-1989)
Durante estos nueve años, el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes legitimaron el uso de la violencia y el éxodo de la población como formas de resolución de conflictos, haciendo la guerra más intensa y más sucia. Además, durante este periodo, no se creó una política pública para reconocer y atender a la población desplazada.

5. Continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social (1989-1996)
Este periodo estuvo marcado por la desmovilización de cinco grupos guerrilleros, entre ellos el M-19 y el Epl, y la creación de la Constitución Política de 1991. A pesar de esas desmovilizaciones, el conflicto armado se agudizó por el fortalecimiento de las guerrillas que quedaron vigentes y de los paramilitares. “La crisis humanitaria de las personas desplazadas continuó en aumento y se extendió a diferentes regiones del territorio nacional, principalmente en el Urabá y en las regiones del Caribe”, indica el informe.

6. Gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea (1997-2004)
Se caracteriza por el desproporcionado aumento de los desplazamientos forzados: en esos siete años 3.087.173 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Una de sus principales causas fue agrupación de diferentes grupos paramilitares bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su consecuente expansión por el país a punta de masacres. Por parte de la guerrilla, especialmente de las Farc, se recrudeció su violencia contra la población civil, se dieron tomas guerrilleras cada vez más devastadoras y atentó sus ataques contra la infraestructura y los bienes de los civiles.

7. Persistencia del desplazamiento en escenarios de búsqueda de la paz (2005-2014)
Con la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, tiempo después se dio el rerame de varias de sus estructuras que son conocidas como Bacrim, esto, sumado a las acciones de las guerrillas en contra del aumento de la presencia de la Fuerza Pública en los territorios que estuvieron bajo su control, causaron que la cifra de desplazados fuera casi igual a la del periodo anterior. Según de datos del Registro Único de Víctimas, en esos nueve años, 2.996.196 personas se desplazaron forzadamente.

La poca acción de la justicia

nacion desplazada 3Las grandes ciudades del país son receptoras de miles de desplazados provenientes, no solo del campo, sino también de otras ciudades. Medellín, 2006. Foto: Natalia Botero / CNMH.

El CNMH le dedica un capítulo entero a este apartado, el cual califica de “altos niveles impunidad”. Las cifras confirman dicha afirmación, pues de los más de seis millones de víctimas de desplazamiento forzado, a 2014 la Fiscalía sólo tenía abiertas 14.612 investigaciones. De lo anterior se desprende que muchas personas no denuncian -por temor en el mayor de los casos porque los grupos persisten en los territorios o por su infiltración en las agencias del Estado-, pero también deja en evidencia la “poca voluntad de oficio de investigar” por parte del Ente Acusador.

Sobre el papel de la Fiscalía agrega que “ha sido omisiva en la investigación y acusación de las graves infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas el desplazamiento y abandono masivo y sistemático de tierras y la legalización del despojo, en beneficio de empresas nacionales y multinacionales y actores armados ilegales. (…) Las investigaciones fueron archivadas, permanecen en etapas previas, están estancadas y/o refundidas o avanzan sin garantizar el acceso a la justicia en un plazo razonable”.

Respecto al proceso de Justicia y Paz al que se acogieron los desmovilizados de las Auc, el informe llama la atención sobre las pocas condenas que se han dictado por el delito de desplazamiento forzado. Tras estudiar las 20 que ha emitido esta justicia transicional, encontró que en sólo 7 de las doce que se han resuelto en segunda instancia, están incluidos estos delitos.

nacion desplazada 4Campesinos de San Francisco, en el oriente de Antioquia, retornan por quinta vez a sus veredas, Los Farallones y el Comején, después de un desplazamiento masivo que tuvo lugar debido a la confrontación armada entre guerrilla, paramilitares y Ejército por el control del territorio. Antioquia, junio de 2002. Foto: Natalia Botero / CNMH.

En cuanto a las guerrillas, también critica el poco volumen de sentencias por estos hechos, pues las condenas que ha dictado la justicia ordinaria giran alrededor de los delitos de rebelión, terrorismo, secuestro y narcotráfico. Como ejemplo cita la sentencia contra alias Gabino y otros jefes del Eln por el atentado con el Oleoducto Central S.A., el 18 de octubre de 1998, que generó el desplazamiento masivo de los habitantes de Machuca, Segovia, como efecto del incendio provocado por la compañía Cimarrones, hechos por los que fueron condenados por los delitos de  rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples.

De manera similar, las condenas proferidas contra miembros de las FARC por la masacre de Bojayá se basaron en los cargos formulados por la Fiscalía contra la cúpula de esa organización, entre los que no se incluyó el delito de desplazamiento forzado.

Por otro lado, en los procesos de justicia y paz se han dictado veinte sentencias parciales contra miembros de las AUC. No ha habido sentencias contra miembros de las guerrillas y los procesos avanzan sin que se esclarezca su responsabilidad en el éxodo forzado. En siete de las doce sentencias proferidas en segunda instancia no se sancionó por el delito de desplazamiento

Sobre esta tragedia que ha afectado a más seis millones de colombianos, el CNMH concluye que “la evolución del desplazamiento forzado en el tiempo y su análisis permiten concluir que pese a la magnitud y sistematicidad con que se ha producido este delito y los graves daños causados a la población víctima del mismo, el tardío reconocimiento del Estado, los continuos cambios institucionales y la limitada capacidad de las entidades responsables de su atención, no han permitido lograr una respuesta adecuada a las necesidades más apremiantes de esta población, mucho menos garantizar el goce efectivo de sus derechos y su reparación integral”.

Las víctimas de las que nadie habla

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reconstruye las historias de las personas que han tenido que traspasar las fronteras para salvar sus vidas.

desplazados arauca 1Frontera del río Arauca con Venezuela. Se estima que en el país vecino hay más de 200 mil desplazados que huyeron del conflicto armado. Foto: Mauricio Builes.

Sobre el desplazamiento forzado interno en Colombia se ha escrito mucho y abundan registros estadísticos, pero cuando se trata de personas que han tenido que traspasar las fronteras para salvar sus vidas, la situación cambia. En medio de ese vacío de información y de una crisis humanitaria sin precedentes por el cierre de la frontera con Venezuela -país que alberga la mayor cantidad de desplazados en el exterior-, el CNMH publica este viernes el informe 'Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca',  que da cuenta de las penurias en las que viven estas personas.

Las víctimas que residen en el exterior son invisibles: no hay registros oficiales sobre ellas, no reciben atención adecuada por parte de instituciones estatales, desconocen sus derechos, son revictimizadas y ni siquiera hacen parte de la legislación que protege a las víctimas del conflicto armado.

desplazados arauca portadaPortada del informe del CNMH sobre el éxodo transfronterizo.

Una de sus revelaciones más preocupantes es que estas personas no son reconocidas como desplazadas, porque las leyes 397 de 1997 (creada para atender a los desplazados) y 1448 de 2012 (conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), definen que sólo son víctimas quienes se desplazan dentro del país. Al respecto, el CNHM indica que “el éxodo transfronterizo es una modalidad de migración forzada que constituye una prolongación del desplazamiento forzado ocasionado en el contexto del conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia”, por lo que las personas que lo padecen, sí son víctimas desplazamiento forzado.

El informe recalca que “existe un desconocimiento sobre la continuación de los efectos del desplazamiento forzado fuera del territorio nacional y los daños y afectaciones que han sufrido sus víctimas a lo largo del tiempo”, lo cual “reviste un carácter dramático para miles de mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, indígenas y afrodescendientes, algunos de las cuales han permanecido fuera de Colombia por más de una década, y continúan siendo invisibles para los registros oficiales”.

Otra situación que hace que el desplazamiento en el exterior permanezca invisible es el temor de las personas, quienes no denuncian por temor de ser deportadas o de ser revictimizadas por los grupos armados de los que huyen. Además, se suma el desconocimiento de sus derechos como refugiados. Por esta razón, sólo se tienen registros de las personas que solicitan refugio y, las demás, según el informe, “se convierten en una población flotante invisible para autoridades nacionales y, en muchos casos, son confundidas con la población migrante irregular”.

desplazados arauca refugiados 2Colombianos refugiados o en situación similar a refugiados en Ecuador, Panamá y Venezuela (finales 2012). Tomado del informe del CNMH, fuente: Acnur.

Estas cifras muestran que Venezuela es el principal destino de víctimas de desplazamiento externo y que la gran mayoría de ellos no han sido reconocidos como refugiados por las autoridades de ese país. Al respecto, el informe indica que estas personas son “refugiados de hecho”, que “permanecen invisibles para los registros oficiales y por lo tanto no pueden ejercer plenamente sus derechos en el vecino país”.

La frontera de Arauca con Venezuela

El CNMH tomó como caso de estudio esta frontera por el alto número de desplazados que reside allí e hizo una detallada radiografía de esta situación. Entre 1970 y 1980 se dieron los primeros flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela, pero no estuvieron relacionados con el conflicto armado, sino con la búsqueda de mejores condiciones de vida por el crecimiento económico del vecino país. Sin embargo, a finales de la década de 1990, se dio un momento migratorio por el recrudecimiento de la guerra en las regiones de frontera.

Ante esa crisis humanitaria, Venezuela creó en 2001 la Ley Orgánica para Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA) y en 2003 creó la Comisión Nacional de Refugiados (CNR), para atender a los desplazados. No obstante, esa gestión no se tradujo en resultados positivos para los desplazados, pues a la gran mayoría les fue negada su solicitud de condición de refugiado: de las 5.515 que fueron radicadas entre 2004 y 2011, sólo fueron aprobadas 1.399.

Al respecto, el informe señala que “el éxodo transfronterizo de colombianos hacia Venezuela se ha confundido muchas veces con migraciones económicas, haciéndolo invisible a la problemática humanitaria en ambos lados de la frontera. Esta situación ha llevado a que miles de colombianos desplazados se conviertan en una población flotante que, a pesar de necesitar protección internacional, permanece sin reconocimiento, asistencia y protección de ninguno de los Estados”.

desplazados arauca barrioPor temor, muchos colombianos que pasan la frontera, deciden vivir en zonas apartadas y crean barrios de invasión. Foto: Juan Manuel Zarama Santacruz /CNMH.

Sobre por qué Venezuela tiene tantos desplazados colombianos, el informe considera que la prolongación del conflicto armado interno en las fronteras del país, las complejas dinámicas de las zonas fronterizas, la interdependencia con otro Estado y el corredor extenso que comparten los dos países, han generado las condiciones para que muchos connacionales busquen protección en el vecino país. Y referencia que la presencia de los grupos armados se hizo visible en 1997, cuando se agudizó el conflicto armado y escaló su impacto sobre las poblaciones de ambos lados de la frontera. En ese periodo también se dio el auge de cultivos de coca en la zona fronteriza debido a las fumigaciones en Putumayo, lo cual abrió otro interés y frente de disputa entre los grupos armados.

“La frontera ha representado para los grupos armados ilegales una importante fuente de financiación y un espacio que, debido al abandono institucional de ambos Estados, les sirve de retaguardia. En efecto, los actores armados ilegales encuentran en el corredor fronterizo la posibilidad de desarrollar prácticas como la extorsión y el secuestro para capitalizar rentas de las economías lícitas como el petróleo y el carbón, así como la ampliación de las rutas de contrabando, tráfico de drogas y mayores posibilidades para el lavado de activos hacia el exterior”, concluye el informe.

La guerra en Arauca

El departamento de Arauca es rico en recursos naturales y energéticos. Es conocido por sus bastos pastizales para la cría de ganado, la fertilidad de sus tierras para la agricultura y su gran cantidad de pozos petroleros. Estos elementos, sumados a la falta de presencia del Estado y a su extensa frontera, lo convirtieron en un gran atractivo para todos los grupos armados ilegales. El CNMH identificó cuatro momentos clave del conflicto armado en esta región.

El primero comprende los años entre 1980 y 1988. En esa época el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tenía fuerte presencia en el departamento y coincidió con el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo, razón por la cual buscaron lucrarse de la economía petrolera, posicionándose a lo largo del oleoducto de Caño Limón. Por otro lado, durante ese periodo, las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (Farc), empezaron a incursionar en Arauca. No existían grupos paramilitares.

Entre 1989 y 1996, las Farc se fortalecieron en Arauca por medio del Frente 10 y consolidaron su poder en la cordillera Oriental desde Ecuador hasta Venezuela. El Eln mantuvo su presencia en la región y empezó a atacar la infraestructura petrolera. En este periodo se dio una militarización en el departamento, que se tradujo “en un incremento en las acciones armadas entre todos los actores del conflicto armado, en medio de las cuales la población civil quedó encerrada y desprotegida”.

Los peores crímenes del 'Mellizo' Mejía y los 'paras' en Arauca

En el tercer periodo, comprendido entre 1997 y 2004, se dieron las más grandes violaciones de derechos humanos e iniciaron los desplazamientos hacia Venezuela. La violencia se disparó con la llegada del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a manos de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo'. Al respecto, el informe señala que “el recrudecimiento de la disputa territorial a partir de la introducción de un nuevo actor armado se tradujo en un escalamiento de los ataques contra la población civil”.

Un singular pacto de paz Eln-Farc

La incursión de los paramilitares y la militarización del departamento, hicieron que los grupos guerrilleros se replegaran hacia las zonas de frontera sobre el cauce del río Arauca. Además, el Bloque Vencedores de Arauca se expandió hacia el norte del departamento y sus frentes incursionaron y llegaron a tener presencia en la zona del Alto Apure, en Venezuela.

El último periodo (2005-2013) está ligado con la desmovilización de las Auc. Una vez el Bloque Vencedores de Arauca dejó las armas, las Farc y el Eln se tranzaron en una guerra a muerte para controlar los territorios que fueron dominados por los paramilitares y el control sobre las rentas que producirían los nuevos pozos petroleros que empezaron a ser explotados.

desplazados arauca estadisticasEvolución del desplazamiento en Colombia y Arauca. Tomado del informe del CNMH, fuente: RUV.

La entrada y salida del Bloque Vencedores de Arauca dio una patada en el tablero de la guerra y fue responsable del flujo de colombianos que cruzaron la frontera. El informe define que “si bien el periodo de incursión paramilitar no fue el de mayor sistematicidad en los desplazamientos forzados registrados en el departamento, su fin, marcado por la desmovilización del BVA (Bloque Vencedores Arauca), constituiría el inicio de un periodo de éxodos a partir de la pugna entre las guerrillas por el control territorial que habían dejado los paramilitares”.

Según datos del Registro Único de Víctimas, los grupos guerrilleros son los principales responsables del desplazamiento forzado en Arauca. De las 85.085 registradas como desplazadas, el 60,72% han señalado como responsables a las guerrillas. Los otros presuntos responsables son grupos paramilitares (9,35%), miembros de la fuerza pública (0,47%) y bandas criminales (0,07%).

Las implicaciones de ser desplazado por fuera del país

Los desplazados que están en Venezuela viven en un doble limbo. Por parte de Colombia, no son reconocidos como desplazados, y por el lado de Venezuela, no son refugiados sino “refugiados de hecho”, por la dificultad que significa obtener ese reconocimiento. Esto hace que no puedan acceder a varios derechos como el trabajo, la educación, la salud, la propiedad y la libre circulación; viven en zonas apartadas, en barrios de invasión y en precarias condiciones. Además, sufren de estigmatización porque son relacionados de ser contrabandistas, narcotraficantes o miembros de grupos armados.

Por otro lado, el informe encuentra que muchos desplazados prefieren mantenerse en la informalidad por miedo. Para Juan Zamara, coordinador del informe, esta situación se presenta por la falta de políticas públicas en Colombia para visibilizar todos los efectos del conflicto armado. Además, hay países de acogida que han tenido poca labor en cuanto a cumplir los estándares internacionales de protección, como es el caso de Venezuela.

“Hablar de víctimas es un tema incómodo y requiere compromisos de ambas partes. Venezuela ha contraído la obligación internacional de proteger a las personas que solicitan refugio; y para Colombia es incómodo porque implica reconocer que el conflicto armado ha trascendido las fronteras y que tiene responsabilidad como Estado porque no fue capaz de garantizar la atención a sus connacionales que tuvieron que buscar protección por fuera”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Sobre la difícil situación que actualmente se presenta en la frontera por el cierre que ordenó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Zamara dice que no hay mecanismos que permitan medir si los deportados salieron del país en busca de refugio. Sin embargo, algunos registros, permiten estimar que de las personas que retornaron a Colombia en las últimas semanas, un 30% o 40% salieron en busca de protección internacional.

“En este caso se podría dar una revictimización de un éxodo desde Venezuela a Colombia, que es una categoría que no se ha analizado: ¿qué pasa cuando un refugiado es obligado a retornar al país del que fue expulsado?”.