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Indígenas huyen de bombardeos y minas en Antioquia

Los combates entre las Fuerzas Armadas y los frentes 5 y 18 de las Farc han desplazado a cientos de indígenas Emberá en los límites de Antioquia y Chocó.  

embera-antioquia-1Un pequeño grupo de indígenas decidió trasladarse al casco urbano del municipio de Urrao, donde recibieron ayuda humanitaria de emergencia.

El día 22 de mayo pasado, cuando las Farc anunciaron desde La Habana, Cuba, que suspendían el cese unilateral al fuego, las comunidades indígenas de Antioquia entendieron que vendrían días aciagos y empezaron a prepararse para lo peor.

Sus presagios no eran infundados. La guerra se reactivó con toda su fuerza, especialmente en esa selva espesa y tupida que se extiende desde Urrao, en suroeste, hasta el Chocó. Allí, hace ya poco más de un mes, el Ejército inició una ofensiva contra los frentes 5 y 18 de las Farc, cuya presencia en esa zona ha sido histórica. Las acciones bélicas comenzaron a tener lugar al interior del resguardo indígena Majoré, donde habitan poco más de 350 personas pertenecientes a la etnia Emberá-Eyabida.

Primero fueron los bombardeos del Ejército los que despertaron zozobra al interior del pueblo indígena. Luego, supieron que los guerrilleros habían minado gran parte de su territorio. Lo descubrieron gracias a un episodio trágico y afortunado, un día en el que un grupo de hombres salió de cacería acompañados de sus perros. Uno de los canes pisó el artefacto explosivo y murió al instante. La tensión al interior de toda la comunidad se hizo insostenible.

Desde la primera semana de julio, los hombres, mujeres y niños que habitan el resguardo Majoré decidieron abandonar su territorio y atravesar esa vasta y espesa selva con destino a la comunidad Amburá, ubicada a varios días de camino. La persistencia de los combates y la imposibilidad de salir a realizar sus faenas diarias de caza, pesca y siembra por miedo a las minas, motivó el éxodo.

Hoy, la situación de los indígenas asentadas en Amburá es crítica. “Como son territorios muy alejados del casco urbano, pues solo nos enteramos casi una semana después que se había registrado el desplazamiento”, señala Aida Suárez, presidenta de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien agrega: “ellos tomaron la decisión de salir cada uno con algo para comer; es decir, una gallina, un marranito y así. Pero resulta que Amburá es una comunidad pequeña que no tiene capacidad para albergar tantas personas. Allí hay por lo menos 500 personas a las que ya se les agotó la comida y el agua que llevaron, que están durmiendo a la intemperie”.

De acuerdo con Suárez, la misión con las ayudas humanitarias dispuestas a mitigar las dificultades de los nativos ha tenido problemas para ingresar a la zona dada la compleja situación de seguridad que persiste en la región.

“La administración municipal y la Gobernación ya alertaron a todo el mundo, y comenzaron a organizar lo que cada institución iba a aportar. Pero, ¿qué pasa?, que no hay condiciones ni garantías para ingresar. Hay que llegar caminando y según los líderes indígenas con los que hemos conversado, esos caminos están minados. Y los hostigamientos continúan. Entonces, tenemos una comunidad prácticamente confinada”, declara la presidenta de la OIA.     

Tanto la alcaldía de Urrao como funcionarios de derechos humanos de la gobernación han expresado su preocupación con la situación.

La guerra que afecta a los indígenas
embera-antioquia-1Una de las críticas que hace la Organización Indígena de Antioquia (OIA) a las Farc es que, para frenar la arremetida de las fuerzas militares han recurrido al uso indiscriminado de minas antipersona que, paradójicamente, han puesto en grave riesgo a los nativos.

Aunque lo que está sucediendo actualmente en Urrao constituye el ejemplo más dramático de lo que son las afectaciones que genera el conflicto armado al interior de las comunidades indígenas, no es el único que se ha registrado desde que se reactivaron las confrontaciones entre la guerrilla de las Farc y el Ejército Nacional.

Según la presidenta la OIA, hace poco logró contenerse un desplazamiento masivo que iba a tener lugar al interior del resguardo Jaidukamá, un vasto territorio de cerca de 4.000 hectáreas ubicado entre los municipios de Ituango y Tarazá, en el que habitan por lo menos 30 familias. Al igual que en Urrao, los combates entre la guerrilla y el Ejército, sumado a la presencia de minas antipersona, motivó la decisión de los indígenas a abandonar el territorio, pero gracias a las gestiones humanitarias de los líderes indígenas se pudo evitar el éxodo masivo.

Lo que pone de manifiesto situaciones como esta es que, por lo menos en Antioquia, las comunidades indígenas viven al vaivén de lo que suceda en La Habana, Cuba. “Si resulta que hoy se suspende el diálogo porque no lograron ponerse de acuerdo en algún punto, pues ya nosotros tenemos el dolor de cabeza de que algo va a pasar en nuestros territorios. Es permanente la zozobra y la incertidumbre que mantenemos por cuenta de lo que pase en Cuba”, resalta Aida Suárez.

Si bien los recientes anuncios por parte de la guerrilla de las Farc, de reanudar un cese unilateral; y por parte del gobierno nacional, de desescalar el conflicto, generan algo de tranquilidad entre ellos, también es cierto que está lejos el día en que los pueblos indígenas del departamento vivan días de paz. El reclutamiento forzado, la siembra indiscriminada de minas y la presencia de cultivos ilícitos constituyen el pan de cada día para los resguardos.

“En el Bajo Cauca, por ejemplo, este año hemos tenido pueblos totalmente confinados por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Y allá es más delicado, porque tenemos la presencia de las guerrillas de las Farc, el Eln y las bandas criminales. En Urabá tenemos problemas con los cultivos ilícitos; en el Nordeste con la minería ilegal”, agrega Suárez.

Dichas afectaciones han sido documentadas por entidades como la Defensoría del Pueblo. En efecto, en los informes de Inminencia 004-15 y 007-15, fechados el 12 de marzo y 14 de mayo, respectivamente, se advierte sobre el grave riesgo en el que se encuentran las comunidades indígenas asentadas en zonas rurales de los municipios de Cáceres y Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, escenario actual de confrontaciones armadas entre las guerrillas del Eln y la banda criminal autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Aug), también llamados ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

En ellos se consigna cómo las disputas por control territorial que vienen protagonizando ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ está derivando en situaciones complejas de confinamiento por cuenta de férreas restricciones a la movilidad y la siembra de minas antipersona, en algunos casos; y de desplazamientos masivos debido a los asesinatos selectivos y amenazas dirigidas a líderes campesinos e indígenas.

“La población que se encuentra en situación de riesgo inminente reside en las veredas Alto del Tigre, El Tigre y El Campanario (Cáceres). La población del Alto del Tigre está integrada por aproximadamente 303 familias, de estas 39 son indígenas y están asociadas en una cabildo local con una autoridad indígena que representan gobierno propio (…) mientras que en la vereda El Campanario está habitada por 71 familias, de las cuales 32 son indígenas”, consigna la Defensoría en su Informe 004-15.

Las advertencias para que se proteja a las comunidades indígenas tienen su razón de ser: por su concepción del mundo y sus formas de relacionamiento con la tierra, con los demás pueblos campesinos, los nativos se convierten en los más vulnerables frente a los efectos del conflicto armado y el accionar del crimen organizado al interior de sus territorios. Y pese a que han desarrollado sus propias estrategias de resistencia, como lo son las guardias indígenas, lo que los indígenas en Antioquia esperan es que más temprano que tarde puedan vivir en armonía, en paz y con plena autonomía al interior de sus territorios. 

Infierno en ‘Bendición de Dios’

En este sector del barrio Villanueva, en Barranquilla, habitado por personas en condición de desplazamiento, pululan las bandas criminales y  se sospecha que hay ‘casas de pique’.  Los responsables se hacen llamar Rastrojos Costeños. La otra cara de Barranquilla.

bendicion-de-dios-1‘Bendición de Dios’ está sumido al abandono estatal. Las casas son de tablas de madera y no hay un sistema de alcantarillado. Foto: VerdadAbierta.com.

Al lado de una Barranquilla próspera, hay otra donde la violencia campea y crece de manera preocupante. Se trata del sector más marginal de Villanueva, al suroccidente de la ciudad, llamado ‘Bendición de Dios’, que se convirtió desde hace diez años en una gran comuna de desplazados por la violencia de todo el país. Pero en lugar de encontrar calma y protección, estas familias viven bajo la permanente zozobra pues las bandas criminales controlan las calles. Patrullan de noche en motocicleta e imponen su ley de encierro temprano para todos. El miedo está hasta en los tuétanos de la gente. Especialmente por los descuartizamientos.

El 7 de abril apareció, dentro de una bodega de madera, el cuerpo destrozado de William Enrique Manotas Suárez, de 33 años, quien era conocido con el alias de El Gordo. En lo que va del año, cinco personas han muerto en Villanueva, según el Sistema Unificado de Información del Fondo de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, y las familias del asentamiento aseguran que la mayoría de los homicidios se relacionan con la presencia de ‘Los Rastrojos Costeños’, la banda criminal que tiene el control de esta zona.

‘Bendición de Dios’ es un punto estratégico de la ciudad porque está cerca del río Magdalena y del centro de la capital del Atlántico, lo que facilita la distribución de drogas ilícitas. Una fuente consultada por VerdadAbierta.com que pidió la reserva de su nombre, afirma que hay tres casas en donde se almacena la base de coca que viene de la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta; y que desde allí se distribuye al resto de la región. También sostiene que ‘Los Rastrojos Costeños’ reclutan menores, y que “así como en Buenaventura, aquí también hay ‘casas de pique”.

El primer caso de desmembramiento que se ha conocido en Barranquilla ocurrió el 16 de junio de 2013, cuando los restos de Reynero Márquez Duque, de 28 años, aparecieron dentro de varias bolsas en una vía del barrio Las Flores. Un juez lo había enviado a la cárcel el 5 de agosto de 2010, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, reveló una fuente del circuito judicial de la capital del Atlántico.  Algunos medios, sin embargo, anunciaron que Márquez tenía apenas unos días de haber quedado libre cuando fue descuartizado.

El segundo caso ocurrió el 9 de julio de ese mismo año, un transeúnte descubrió en San Roque la cabeza sin cuerpo de José Luis Rodríguez Herrera, quien fue acusado en 2007 de secuestro extorsivo. Diez días después se halló en Siape el cadáver desmembrado de Óscar Sánchez Pérez, de 37 años, en un basurero. Luego, el 22 de septiembre, encontraron en Brisas del Río los restos de Andrés Lozano Yepes; después, el 6 de noviembre, apareció en Rebolo el cuerpo sin cabeza de Edgar David Ariza Orozco; y el último caso ocurrió el 23 de junio de 2014, cuando encontraron en La Luz a Alexander Enrique Borrero Crespo, más conocido como ‘Alex Bareta’, cercenado.

Disputa entre bandas
bendicion-de-dios-1Los Rastrojos Costeños reclutan menores, según algunos habitantes de este sector de Villanueva. Foto: VerdadAbierta.com.

Sobre los descuartizamientos, fuentes consultadas por este portal afirman que comenzaron con una disputa intestina de las bandas criminales, luego de que en 2013 la Policía capturara a varios cabecillas de Los Rastrojos, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Bryan Borré Barreto. En ese momento habrían surgido Los Ratrojos Costeños, que se negaron a seguir directrices de la banda criminal desde Cali.

Para la alcaldía está claro que esta violencia tiene que ver retaliaciones entre criminales: “Es un sector complicado.  Los homicidios se relacionan con el micro-tráfico y con ajuste de cuentas entre cabecillas de bandas criminales que operan en Barranquilla”, afirma Jorge Ávila, director del Fondo de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía.

Un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de agosto de 2013  advirtió que cerca de 5.000 habitantes de la capital de Atlántico y su área metropolitana, estaban en riesgo por violaciones a los derechos humanos, por parte de Los Rastrojos y Los Urabeños, “especialmente por una facción de los primeros que se hace llamar ‘Los Costeños’, que amenaza, cobra extorsiones y realiza homicidios”. Este riesgo sigue vigente dos años después.

Las bandas criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana llegaron después de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC. Primero se hicieron llamar ‘Combo de los 40’, conformada por exmiembros de las AUC que estuvieron bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En 2007, cuando la fuerza pública desarticuló esta banda, ingresó la ‘Oficina de Envigado’, sobre todo en el sector de Las Flores. (Ver: Alias 'Valenciano', tras las rejas).

Entre 2009 y 2010, un empresario de la región que estaba cansado de las extorsiones de las que era víctima, trajo a Los Rastrojos, que junto con Los Gaitanistas  formaron Los Papelotes, banda que se está enfrentando con Los Rastrojos Costeños, según versión de la misma fuente que ha revelado los casos de desmembramientos en ‘Bendición de Dios’.

Los Rastrojos Costeños no solo delinquen en este sector de Villanueva, también en los barrios La Luz, La Chinita, Barlovento, Rebolo, Siape y Las Flores; y los sectores La Loma y Barranquillita, algunos de los lugares en donde han sido encontrados los cuerpos de quienes fueron descuartizados, según investigaciones de la Fiscalía. “Es una especie de corredor en donde históricamente ocurren estas dinámicas por su cercanía al río”, afirma Ávila.  En Barranquilla operan 56 organizaciones criminales según el director de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González.  

Proceso de reubicación

bendicion-de-dios-1Algunos campesinos de ‘Bendición de Dios’ se dedican a la piscicultura, pese al problema de inseguridad que los agobia. Foto: VerdadAbierta.com.

Las familias que llegaron hace más de 15 años a ‘Bendición de Dios’, cuentan que este sector de Villanueva era un lote baldío, y que incluso hubo quienes rellenaron parte de una laguna para construir casas de tablas madera. Pero que luego, cuando se conocieron las obras del Corredor Portuario y la Avenida del Río, se enteraron de que estas tierras tenían varios dueños.

A mediados del año pasado la Empresa de Desarrollo Regional y Urbano de Barranquilla, Edubar reubicó a 120 familias; pero otras 20 se han negado a salir de este lugar, porque afirman que un subsidio de interés social, que supera los 15 millones de pesos, no les alcanza para vivir en otro lugar.  

El gerente de Edubar, Ramón Vides, cuenta además que hace más de cinco años se empezó a construir la urbanización Lluvia de Oro, en donde se reubicarían las familias de ‘Bendición de Dios’. Pero que de este proyecto de 720 casas, apenas se han construido 30 viviendas, porque al parecer hay un problema con el sistema de alcantarillado. En esta obra se han invertido más de 1.500 millones de pesos.

Las muertes que rondan las fincas del magistrado Jorge Pretelt y su esposa

Se trata de doce miembros de la familia Padilla, asesinados entre 1994 y 2013 por un litigio de tierras. Uno de los predios que hoy posee el presidente de la Corte Constitucional fue habitado por estos martirizados campesinos.

Gildardo Padilla Ortega, reclamante de tierras asesinado en 2013. Foto: archivo particular.

Alegar desconocimiento de lo que ocurría en el Urabá antioqueño a finales de la década del noventa y comienzos de dos mil, en relación con las acciones paramilitares y el despojo de tierras, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Por ello han sido cuestionados los argumentos del magistrado que preside la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, para tratar de justificar las compras de tierras que hizo en el Urabá antioqueño y sobre las cuales hay solicitudes de restitución, pues las víctimas alegan que fueron ventas forzadas aprovechando el caos y la muerte que reinaba en la región.

Por estas compras y los hechos que rodearon sus transacciones, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigaciòn contra Pretelt y su esposa, Martha Ligia Patrón, quienes adquirieron varios predios con los cuales conformaron la hacienda La Corona, en Turbo, Urabá antioqueño en los años 2000 y 2003. Se tratará de establecer si incurrieron en los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.

Uno de los predios que hace parte de la hacienda es la finca Alto Bonito está siendo reclamado por la familia de Manuel Gregorio Hernández, que le declararon a la Fiscalía hace varios años que "fue vendida por presión".  

Otro predio que hace parte de La Corona se llama No hay como Dios, que fue habitado por la familia Padilla entre 1994 y 1997. Dada la significación que ha alcanzado esta discusión, VerdadAbierta.com recuerda la historia de esta martirizada familia, doce de cuyos miembros fueron asesinados entre 1994 y 2013, y que publicó en diciembre de 2013. En medio de esa tragedia se encuentra una propiedad que, de acuerdo con versiones de prensa, le pertenece a Pretelt y a su esposa. Se trata de la finca No hay como Dios, de Turbo, adquirida en el 2000. 

La tragedia familiar
Gildardo Padilla Ortega, un reclamante de tierras, se había reunido en Apartadó con funcionarios de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía el 29 de octubre de 2013. Su declaración fue tenida en cuenta para la captura del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez y otras dos personas señaladas de relacionarse presuntamente con paramilitares para despojar 7.000 hectáreas de tierras en el Urabá.

Apenas dos semanas después, el 17 de noviembre Padilla fue asesinado en su finca en la vereda La Rula de Valencia, Córdoba. Personas cercanas al valiente agricultor están seguras que lo mataron por su testimonio a la justicia. Es que, según explicaron, la violencia contra esta familia no empezó este año. Han sido veinte largos años de asesinatos, persecución, despojo y miedo. En la familia Padilla han caído por las balas de paramilitares padre, madre, ocho hijos, un cuñado y una sobrinita de seis años. Les han robado además tres fincas.

Los Padilla Ortega son recordados en la zona del Urabá como una familia de campesinos que vivía de los cultivos y de la ganadería en la finca Las Gardenias, vereda La Rula, de San Pedro de Urabá. El dueño de esta propiedad de 500 hectáreas era Alejandro Padilla, padre de 13 hijos, 11 varones y dos mujeres.

Para fines de 1994, después de años de trabajo, Alejandro ya poseía 750 reses en su finca y tenía una buena vida. El 29 de noviembre todo eso terminó. Cien hombres comandados por Salvatore Mancuso llegaron a Las Gardenias preguntando por él. Como el papá no se encontraba le pidieron a sus hijos Valdemiro, Estanislao y Roberto que los acompañaran hacia un cerro. Los tres hermanos pararon de ordeñar sus vacas y subieron la colina. Mientras eran conducidos a la fuerza, se encontraron a un trabajador de la finca al que le decían ‘el Manco’, al que también se lo llevaron. Unos metros más arriba, en la cima, fueron decapitados los cuatro.

Aterrorizado y golpeado por el asesinato de tres de sus hijos, Alejandro nunca regresó a Las Gardenias. Ocho días más tarde los paramilitares se llevaron las 750 reses de la finca. El pánico entonces forzó a la esposa de Alejandro, Evangelina Ortega, quien todavía vivía en la finca con los diez hijos que le quedaban a huir en compañía de ellos y sus nietos. Según les hicieron saber entonces, la orden de despojarlos de su finca y su ganado la habían dado los propios hermanos Carlos y Vicente Castaño, y sus lugartenientes; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’ la estaban cumpliendo sin piedad.

La Fiscalía, que investigó el caso, descubrió que el interés de las Auc en esa propiedad era estratégico; era un punto útil en sus corredores de tráfico de drogas. (Ver: “Confirman condena de 40 años a Mancuso por asesinato una familia”).

Intentando volver a empezar y superar su tragedia, los Padilla Ortega se trasladaron al Chocó y adquirieron una finca de 145 hectáreas en el corregimiento Belén de Bajirá, de Riosucio. No duraron mucho tiempo, pues en 1997 llegaron a esta región los paramilitares y no tardaron en preguntar por él. Se fugaron de nuevo dejando todo atrás.

Las autoridades han establecido que esa propiedad quedó en manos del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez, precisamente la persona detenida el pasado 3 de diciembre, junto con otras dos personas, a raíz de las declaraciones a la justicia de Gildardo. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?) Según La Unidad de Contexto de la Fiscalía, los tres hacían parte de un “plan criminal que se gestó en Urabá entre narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apropiarse de estos territorios”.

El ente acusador señaló que Cantero y sus cómplices, entre ellas su esposa, también capturada, se apoderaron de 7.000 mil hectáreas de tierras. Los predios despojados pertenecían a 94 personas integrantes de 14 familias que fueron desplazados entre 1996 y 1998.

Luego del despojo en el Chocó, Alejandro ya no tenía dinero para comprar una vivienda y llevar a toda su familia. Se fue a Córdoba, al pueblo de Morrocoy (Sahagún) y arrendó allí una casa. “Para esa fecha él ya estaba muriendo, es decir, ya los Padilla no tenían plata para vivir como antes, y empezaron a huir de un lado para otro sin tener nada”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoció su historia.

Ni aun habiéndolo ya humillado y perseguido, los paramilitares dejaron tranquila a esa familia. El 19 de mayo de 1997, otra vez los hombres armados y camuflados entraron a su casa y los asesinaron, junto con su esposa Evangelina, sus hijos Alejandro y Aminarat, su cuñado Edilberto Contreras Díaz y su sobrina Olfady del Carmen Contreras Díaz de 6 años. Los ametrallaron y, sin importales si alguno había quedado vivo, le prendieron candela al rancho con ellos adentro.

Cuatro meses después, el 15 de septiembre, otro grupo de paramilitares mató a otros dos hermanos Padilla Ortega, a Sofanor y Vladimiro, quienes vivían en el municipio de Chigorodó, Antioquia; con ellos dos completaron padre, madre, tío, sobrina y siete hermanos asesinados.

“No les habían vuelto a hacer nada hasta ahorita, cuando mataron a Gildardo en noviembre (de 2013)”, dijo la persona que conoce a los Padilla y habló con VerdadAbierta.com. Con el homicidio de Gilberto, sus cuatro hermanos sobrevivientes salieron huyendo de Valencia, donde nada saben de su paradero. Pero gente que ha tenido contacto con ellos después cuentan que están aterrorizados, sin dinero, y sufriendo terribles pesadillas.

Por los crímenes contra la familia Padilla y el trabajador que cayó con ellos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Mancuso el 3 de septiembre de 2008 a 40 años de cárcel, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado y a un pago de 600 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas. Mancuso, hoy preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, no ha girado el dinero, ni la justicia se lo ha quitado para dárselos a los sobrevivientes.

El otro presunto responsable del exterminio de los Padilla por el que personas cercanas a la familia piden jusitica es Roldán, alias ‘Monoleche’, hoy preso y procesado por la Unidad de Justicia y Paz, quien no ha sido investigado.

“Es increíble que a ellos los sigan matando y el gobierno no haya hecho nada ¡Tantos años!”, dice descorazonado un habitante del Urabá que era cercano a ellos. “Uno ve que cuando sacan de la cárcel a ‘Monoleche’, él llega aquí escoltado con un mundo de policía para hacer esas diligencias. Y ellos que son las víctimas no les ponen ni un policía”.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com con las autoridades, los Padilla sobrevivientes están buscando desesperadamente quién los proteja, pero hasta ahora no lo han conseguido. “¿Cómo es posible que a ellos le hayan masacrado la familia desde el 94 y el gobierno no haya hecho nada para protegerlos?”, dice.

En Valencia, dijo una fuente, anda corriendo un rumor que los buscan para matarlos.

Homicidios para ocultar el despojo
Habitantes del municipio de Valencia, Córdoba, consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que otros campesinos reclamantes de tierras, además de los hermanos sobrevivientes Padilla Ortega, han salido desplazadas en los últimos días, temiendo por sus vidas, después del homicidio de Gildardo, pues ya otros líderes reclamantes habían caído antes que él.

El 9 de abril de este año fue asesinado en zona céntrica de Valencia, Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa de Víctimas de este municipio. Su muerte se produjo luego de regresar de una reunión con funcionarios de la Administración Municipal con quienes coordinaba la realización de actos conmemorativos al Día de las Víctimas.

La ciudadanía y la Defensoría del Pueblo ya han advertido al gobierno nacional sobre la situación. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N. 032-13, del 23 de septiembre de 2013 le recomendó al Ministerio del Interior emitir Alerta Temprana para los municipios de Valencia y Montería, debido al alto riesgo de seguridad de “las víctimas de despojo en ambos municipios, de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, de los campesinos que fueron objeto de restitución de tierras, de los miembros de asociación de campesinos desplazados de Santa Paula”, entre otros. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?)

El SAT atribuye las causas de la violencia en la zona a las bandas emergentes, especialmente ‘Los Urabeños’, que sostienen guerras con otras bandas rivales para consolidar su control en el negocio del narcotráfico. En Valencia la gente sabe quiénes hacen parte de las bandas y saben también que quieren matar a los despojados que tramitan que les devuelvan sus fincas. Los armados quieren quedarse con las tierras que se robaron. “No quieren dejar testigos del robo que hicieron para no devolver nada”, explica una autoridad local.

Los pobladores también aseguran que es difícil confiar en los funcionarios locales. “Ellos se ven por ahí andando con gente maluca, este es un pueblo, entre todos nos conocemos y uno sabe quiénes son los buenos y los malos”, dice uno de ellos. Comentan que el hecho de que Gildardo haya sido asesinado días después de reunirse con funcionarios de la Fiscalía ha generado más desconfianza en las instituciones. “Esa gente está por todas partes, usted sabe que esos grupos están por todo el país y donde sea lo encuentran a uno y se dan cuenta qué está haciendo, ¿cómo se dieron cuenta que Gildardo había ido hasta Apartadó para hablar con gente de la Fiscalía?”.

Otro comentó airado: “El gobierno hizo bien en sacar la Ley de Víctimas y de Tierras, pero eso sirve en un 50 por ciento porque no existe un apoyo por parte de las autoridades locales hacia las víctimas”.

Las de Piojó, víctimas de las que nadie ha hablado

Más de 90 familias de dos veredas de este municipio del Atlántico huyeron en 2004 de sus parcelas al parecer por amenazas de una facción de la guerrilla de las Farc y de la comisión Vía al Mar del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas.

0-victimas-piojoLa mayoría de las familias que residían en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes no han vuelto a sus parcelas porque aún tienen miedo.

En el departamento del Atlántico hubo pocos casos de desplazamiento forzado y de los que ocurrieron poco se ha hablado. Tal es el caso de lo ocurrido en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes del municipio de Piojó, donde 99 familias huyeron el 27 de marzo de 2004, tras el homicidio de dos hombres en un sector conocido como La Loma de La Iguana. En la Fiscalía de Justicia y Paz en Barranquilla hay tres cajas con las denuncias de los campesinos, pero nadie se ha referido al caso, ni los fiscales le han preguntado a los postulados, ni los exparamilitares de la Comisión Vía al Mar del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, que operó en esta región del país, han dicho algo.

La incursión de los grupos armados ilegales, según las víctimas, comenzó en 1998, pero las amenazas aparecieron a partir del año 2000, y continuaron hasta que huyeron de las parcelas que les entregó en 1995 el Incora (hoy Incoder) para que cultivaran hortalizas, yuca, plátano y maíz. Durante esta época, murieron 17 campesinos.

La Unidad de Víctimas del Atlántico, mientras tanto, no los ha reconocido como desplazados porque, según el director de esta entidad, Alfredo Palencia, ellos no vivían en las parcelas. “Allí apenas laboraban”, dice.

Funcionarios de la Unidad visitaron el año pasado ambas veredas y suspendieron las actividades luego de que mataran a un celador el 7 de junio de 2014 en Las Mercedes. Al parecer, no había garantías de seguridad para continuar con esa labor. Después de eso, no se habló más del tema, como si ya se hubiese reparado a las víctimas.

Los desplazados
0-victimas-piojoWilliam Díaz duró un año y medio viviendo en Barranquilla, y hace apenas cuatro años decidió retornar a su parcela.

“Unos seis hombres armados con metralletas, pistolas y hasta explosivos llegaron a comienzos de 2003 a la parcela en donde vivía desde el año 2000 con mi esposa y mis 10 hijos, en Casa Mayor. Eran las 7 de la noche cuando llegaron a mi casa, me llamaron al patio y me empezaron a preguntar si conocía a los campesinos de las otras parcelas; luego me pidieron que alzara las manos. Creí que me iban a matar. Pero así me tuvieron durante una hora y media. Sin embargo, con el tiempo, las cosas se pusieron peor. El grupo armado, que decía ser una facción de las Farc, nos amenazó de muerte”, afirma Arturo Fabio Albor, un parcelero de 74 años, quien cuenta que tenía que darles un tarro de leche y siete huevos todos los días para que no se metieran con él y su familia; además, le prohibieron vender bollo y queso a los campesinos que residían en ambas veredas.

En Casa Mayor y Las Mercedes, además de las Farc, rondaba una comisión paramilitar, por lo menos eso quedó claro en 2003, luego de que aparecieran dos hombres muertos cerca de un caballo que tenía pintadas las letras Auc, según afirman algunas víctimas.

“Todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a hablar. Quien lo hacía, lo mataban. A mí, además de silencio, me pidieron que les entregara información y hasta comida. Las Farc querían conformar un frente con los hijos de los parceleros, y las autodefensas tumbaron puertas para meterse en los ranchos. Todavía hay casas abandonadas.  Cuando mataban gente, ponían un panfleto que decía: ‘Por sapos. Auc’”, recuerda William Díaz, un campesino de 60 años que perdió 200 animales de corral, entre gallinas, patos, cerdos y vacas, cuando huyó con su esposa y sus dos hijos de la parcela en donde vivía.

Este campesino regresó hace cuatro años a Casa Mayor, pero todavía no es capaz de mudarse. Continúa residiendo en Molinero, un corregimiento del municipio de Sabanalarga que está a una hora de su finca.

La mayoría de los desplazados de ambas veredas, que están agremiados a la Fundación de Víctimas del Conflicto Armado en Piojó (Fundevicapi), denunciaron su caso en 2013 ante la Fiscalía. No lo hicieron antes, porque, según ellos, temían por sus vidas, pese a que después del desplazamiento no hubo amenazas. Más de 30 familias han retornado voluntariamente, aunque casi todas llegan por la mañana y salen por la noche. También hubo quienes malvendieron las parcelas, con tal de proteger sus vidas.

Comisión Vía al Mar
0-victimas-piojo‘Educando para hoy y el mañana’ es la única escuela que está en las dos veredas. “Antes del desplazamiento habían más de 40 estudiantes, hoy apenas hay 10”, afirma la profesora Inés Carrillo.

La Comisión Vía al Mar o Costanera del Frente José Pablo Díaz de las Auc operó en los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó entre los años 2003 y 2006, y fue comandada por Miguel Ángel Villarreal Archila, alías ‘Salomón’, quien se desmovilizó el seis de marzo de 2006 en la Mesa, Cesar, con el Bloque Norte. Sin embargo, continuó en la ilegalidad hasta que fue capturado en Bucaramanga el 20 de julio de 2007 y extraditado a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2008.

De acuerdo con las autoridades, Villarreal quedó al frente de un grupo que se conoció como ‘La banda de los 40’, que asumió el control de las actividades de narcotráfico y de cobro de impuestos de embarque a narcotraficantes que antes tenía el Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.  Su dominio abarcó los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico.

Un fiscal de Justicia y Paz consultado por VerdadAbierta.com asegura que alias ‘Salomón’ le rendía cuentas directamente a ‘Jorge 40’ y era el comandante de las comisiones del Bloque Norte con más poder. Para lograrlo, extorsionaban comerciantes e intentaron controlar todos los ámbitos económicos legales e ilegales del Atlántico.

La Fiscalía 12 de Justicia y Paz en Barranquilla ha programado versiones con miembros de la Comisión Vía al Mar para el mes de abril con el fin de escuchar sus confesiones. Las víctimas de Piojó esperan que por fin se hable de lo que hicieron los paramilitares en sus veredas, pues hasta el momento nadia ha hablado de ellas.

La violencia guerrillera contra San José de Oriente, Cesar

Por décadas han cargado con el estigma de ser un pueblo simpatizante de la subversión. Las Farc, el Eln y el Epl han utilizado su estratégica ubicación en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, para imponer sus condiciones a la comunidad. Muchas familias ven lejana la paz, pero guardan la esperanza que sea una realidad.

San José de Oriente, también lo conocen como el pesebre, por su ubicación entre las faldas de dos cerros.El 9 de marzo de 1999 un grupo de hombres armados llegó a San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, en el Cesar. Eran las 6 y 30 de la tarde cuando Jaime* vio pasar por el frente de su casa una camioneta con unas personas que llevaban la cara tapada con pasamontañas. “Ellos tenían una lista y se dirigieron a las casas de tres habitantes que estaban en esa lista, los sacaron y los llevaron al cementerio que queda en una pendiente de donde se observa abajo a todo el pueblo. Allí les dieron muerte”.

Después de la muerte de los tres hombres, todo el pueblo quedó atemorizado. En esa ocasión murieron el inspector de policía, Ricardo Duarte Palencia, y dos personas más conocidas por la comunidad, Jorge Torrado Ortiz y Gustavo, del que solo recuerdan que le decían ‘La Hormiga’. Por la manera cómo los mataron, se corrió la voz de que los responsables eran paramilitares.

Para esa época dominaba la región el Frente 41 de las Farc, comandado por alias ‘Ricaurte’, grupo que había sacado de esa zona a facciones insurgentes del Eln y al Epl, y ya se conocían las incursiones de grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en corregimientos cercanos.

Ese es el recuerdo que guarda Jaime del hecho que hizo que muchos de sus vecinos y amigos se fueran del pueblo. “Nosotros vivíamos del campo, porque San José es una zona campesina, con una tierra bendita. Mi familia dejó la finca abandonada porque si subíamos, allá estaba la guerrilla y si nos quedábamos en el pueblo llegaban los paramilitares”, recuerda.

San José de Oriente está ubicado en las estribaciones de la Serranía del Perijá, a 40 minutos de Valledupar, a donde se llega por una carretera en buenas condiciones. Además, está a 20 kilómetros de la frontera con Venezuela, por lo que en la década de los ochenta y noventa fue epicentro de incursiones de la guardia venezolana en diferentes ocasiones, como la ocurrida el 17 de octubre de 1995 cuando un helicóptero venezolano dejó explosivos en la zona de los cerros El Pintao y El Avión, que mataron al campesino Argemiro Ortega y dejaron herido a su hermano Luis Ángel y a José Sanín Montejo.

Por varias décadas sus pobladores han vivido entre la espada y la pared. Sin la presencia de la Policía y bajo las órdenes de los comandantes de la guerrilla de las Farc.

Otra versión
La masacre perpetrada en 1999 en este corregimiento aparece relacionada entre las 120 que perpetraron las Auc en el departamento del Cesar y documentadas por la Fiscalía de Justicia y Paz; sin embargo, José Antonio*, familiar de una de las víctimas de esa incursión, le contó a VerdaAbierta.com su versión de lo ocurrido, que contradice lo dicho hasta ahora.

“Ese día llegó una camioneta como con 14 hombres, tenían la cara tapada, y creíamos que eran ‘paras’, pero a uno de ellos se le cayó la máscara y nos dimos cuenta que era un guerrillero”, dijo el que para ese entonces era un campesino más de San José de Oriente, pero por miedo a regresar a su entorno tuvo que quedarse en la ciudad y aprender un nuevo oficio.

“Al tener la duda de quién había matado a mi familiar y a los otros dos señores conocidos de la comunidad, armamos una comisión y fuimos hasta el campamento de alias ‘Ricaurte’, quien era en ese momento el comandante del Frente 41 de las Farc, y le preguntamos por la masacre. Él reconoció que sí habían sido ellos y que los mataron porque eran enemigos de sus políticas”.

Antes de ser desterradas por las Farc, la guerrilla del Eln también hizo de las suyas en este caserío, pero con fuerte resistencia de la comunidad. “La verdad es que San José de Oriente siempre ha sido un pueblo rebelde con la guerrilla, nunca las aceptaron por sus acciones, como la muerte del señor Emilio Durán, ocurrida el 23 de julio de 1990, él era de la iglesia Adventista, muy buena gente, y lo mataron supuestamente por un error militar del Eln que para esa época era el que mandaba en la zona, comandado por alias ‘Fabio’, ‘Omar’ y el ‘Che Guevara’”, asevera José Antonio.

A comienzo de los años noventa, los guerrilleros del Eln pusieron su bandera en la plaza del pueblo, pero un grupo de jóvenes aprovechó la noche para quemarla, y fue el mismo pueblo unido el que desterró a este grupo subversivo después de la muerte del señor Emilio. “Ese fue un crimen cobarde y sin razón de ser”, recuerda este poblador.

Sin embargo, los habitantes de este poblado de calles empedradas siempre han cargado con la mala fama de ser “amigos” de la subversión. “Una cosa es ser amigo de la guerrilla y otra es tener que obedecer lo que ellos decían, ahí no había autoridad que nos respaldara”, dice José Antonio.

La llegada del Frente 41 de las Farc acabó desterrando al pequeño grupo del Eln que había en la zona y a una facción del Epl que rondaba la región. Testimonios de varios campesinos aseguran que este frente se enriqueció rápidamente.

“Ellos cobraban vacuna a los cultivadores de amapola y marihuana, también a los campesinos y comerciantes, y nos decían que eso era para el sostenimiento de la revolución. Así comenzó el derramamiento de la sangre. El que no acatara sus órdenes, era declarado objetivo militar. Las Farc mataron a muchas personas de nuestra comunidad”, afirma José Antonio.

Este hombre, que ya casi llega a los 80 años, recuerda lo que significó la llegada de las Farc a San José de Oriente: “Los guerrilleros patrullaban el pueblo como si fuera el Ejército Nacional, tenían su campamento principal en un sitio que se llama Estocolmo, que es ya territorio venezolano, eso quedaba como a 14 horas a pie desde San José, y nos decían que ahí había más de tres mil guerrilleros, con solo decirles que al pueblo llegaba un grupo como de 400 hombres a hacer patrullaje. Se metía en todo, en el comercio de la droga, en el negocio mayorista de café, y todo era para su beneficio propio, sin ninguna ideología”.

Los muertos de San José
Las familias que viven en el pueblo tienen sus fincas en la montaña, la mayoría son cafeteras y de cultivos de pan coger y quedan muy cerca de la línea que divide a Colombia y a Venezuela. “Nosotros siempre hemos sido víctimas de la guerrilla, incluso los muertos por los paramilitares fueron pocos en comparación con lo que hizo la guerrilla”, recuerda José Antonio, quien a pesar de que no vive en San José de Oriente, está al tanto de lo que sucede en su pueblo adoptivo.

Ricardo Duarte Palencia no fue el único inspector muerto. En 1993 también mataron a Iván Moreno, quien ostentaba ese cargo, cuando fue emboscado en el cementerio a su regreso del municipio de La Paz, que queda a 15 kilómetros. En 1997 la guerrilla también mató al concejal Evaristo Arenga.

“La guerrilla mató a Urquijo, el tendero; a Jesús ‘Chunga’ Reyes, el cebollero; a dos muchachos que le decían ‘Panayo’ y ‘Bola de Mugre’, a Ramón Ardila y su hijo Alber, a Yudis, a quien le decíamos ‘La Fiera’, a Luis Carrillo, a Álvaro y Herminedes Bayona, a ocho policías que iban en un carro y cuando pasaron por el sitio conocido como ‘La Vuelta de la Oreja’ o ‘Las Cruces’, activaron unos explosivos, son tantos los muertos que ya casi ni los recuerdo”, dice con tristeza el anciano.

Según conoció VerdadAbierta.com, los cultivadores de amapola siempre han estado muy cerca de la frontera con Venezuela. “El sitio donde sembraban o siembran amapola queda en tierras venezolanas, se llama Estocolmo y La Agüita, que queda más allá de Los Copetranes, un paraje que si queda en Colombia. Los que trabajaban en esos cultivos decían que veían aterrizar helicópteros venezolanos dos veces al mes en el campamento de las Farc queda ahí cerca”.

Uno de los hombres que trabajó en los cultivos de amapola asegura que San José de Oriente se convirtió en un pueblo de interés para las Farc porque era el centro de pago de las cuotas que debían cancelar comerciantes, ganaderos y agricultores a esa guerrilla.

“A finales de los noventa, se veían pasar por San José caravanas de carros que llegaban hasta la vereda La Junta, ubicada a seis horas a pie y dos en carro. Llegaban a la finca de un señor que después mató las Auc, ahí a esa finca llegaba ‘Simón Trinidad’, ‘Joaquín Gómez’ y la gente les rendía cuentas, es que eso no es contarlo sino vivirlo. Nosotros fuimos testigo de muchas cosas y si las denunciábamos, nos mataban”, dice este hombre.

Una historia de violencia
Con el aumento de la violencia en Colombia después del ‘Bogotazo’, generado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948, muchas familias de Norte de Santander y Santander llegaron al norte del Cesar buscando refugio. La mayoría de vocación campesina, se asentó en sitios estratégicos. San José de Oriente no existía para esa época, solo había un grupo de doce familias en un sitio que llamaban La Boca, a las que se unieron muchas más en 1949.

De esas familias se recuerda a la pareja conformada por Pablo Duarte y Ana Sofía Paredes, padres de siete hijos, que más tarde tomarían el liderazgo del pueblo. Como buenos campesinos, sembraron café, aguacate, cebolla y maíz y reanudaron su vida ahí.

A finales de 1960 ya se había convertido en un pueblo y lo llamaron San José de Oriente, que se desarrolló bajo el liderazgo de Héctor Eliécer Duarte Paredes, que más tarde delegó en su hijo Ricardo el trabajo social junto con otros jóvenes como Alonso Rodríguez y Luis Jaimes, entre otros.

Ellos tenían el liderazgo de las organizaciones sociales, consiguieron puesto de salud, escuela y empedraron sus calles. La Defensa Civil fue la primera autoridad que vieron llegar al pueblo, años más tarde se le unirían cuatro policías y el inspector.

Cuando ya estaban bastante organizados y reconocidos como corregimiento del municipio de La Paz, se lanzaron a la política. Ricardo Duarte fue concejal en seis periodos consecutivos, la población se veía próspera, ya tenían un colegio cooperativo agropecuario y un nuevo barrio que llamaron Betania. Pero esa calma se rompería a finales de los años setenta con la llegada de la bonanza marimbera y la violencia.

José Antonio recuerda que “se armaron grupos al margen de la ley, desde Codazzi venían esos grupos que se llamaban ‘Los Arrebatos’ o ‘Los Ladrillos’, eran bandas pendientes de quitarnos lo que teníamos. Por ese motivo, se fue la policía de San José y nos quedamos solos”.

Las tierras de San José de Oriente que abastecían con sus productos los mercados de varios municipios del norte del Cesar se llenaron de marihuana y amapola principalmente.

“Fue entonces cuando apareció el Eln, después el Epl y finalmente las Farc que demoró bastante tiempo en controlar la comunidad. A San José de Oriente nadie llegaba, la guerrilla tenía este pueblo encerrado, si llegaba un camión repartidor de gaseosa, de leche o de cualquier producto, se lo llevaban inmediatamente y así nos fuimos quedando solos, la gente pensaba que aquí todo el mundo era guerrillero”, se lamenta José Antonio.

Solo en el 2006 regresó la Policía Nacional. Cincuenta policías organizaron la Estación y 500 militares se instalaron en el Batallón de Alta Montaña en la Serranía del Perijá. “Ahí volvió la tranquilidad”, asevera un poblador, pero con el paso de los años se ha venido deteriorando. Desde el 2011 se comenzaron a escuchar los rumores de que el Frente 41 de las Farc se había fortalecido. El ambiente en este caserío hoy es de temor (Ver; El Cesar, cercado por guerrillas y bandas criminales).

Los pobladores consultados por VerdadAbierta.com recuerdan que las víctimas de los paramilitares no son tantas como las de la guerrilla. “Ahora está tomando fuerza el boleteo, la extorsión y las amenazas, también se habla de las bandas criminales y ya uno no sabe qué creer. Por eso vemos tan lejana la paz”, dice José Antonio.

Pero más radical es Jaime cuando se le pregunta qué piensa de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc. “Eso es una mentira, nosotros no esperamos nada de las Farc, eso es como esperar algo del diablo, lo que ha vivido la gente en San José de Oriente no tiene cómo compensarlo las Farc”.

Jaime tampoco cree en el arrepentimiento de esa guerrilla: “Esa gente no cambia y si hacen un reconocimiento a las víctimas es entre comillas, qué esperar de esa gente que nació y creció matando. La guerrilla se está fortaleciendo cuando están hablando de paz, ellos siempre han querido el poder a cuesta de la muerte de mucha gente, de la ruina de familias, de sangre”.

Pero no todos son tan pesimistas como Jaime. Una profesora que ya no vive en San José, pero que lo visita cada vez que puede, dice que las cosas pueden mejorar si se firma la paz. “Las cosas no están fáciles hoy, pero ojalá haya un acuerdo para que los campesinos puedan trabajar tranquilos la tierra”.