Responsabilizan a alias ‘Botalón’ de asesinato de líder de Marcha Patriótica

El exjefe paramilitar había recuperado su libertad en septiembre de 2015 luego de cumplir su pena de ocho años bajo la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía lo acusa, además, de liderar una organización criminal dedicada al microtráfico y la extorsión en varios municipios del Magdalena Medio antioqueño y santandereano.

captura botalon 1Durante la presentación del caso, un fiscal especializado de Barrancabermeja mostró el área de influencia del grupo armado ilegal que lideraba, según el Ente acusador, alias 'Botalón' Foto Juan Diego Restrepo E.El inusitado incremento de homicidios, extorsiones, amenazas y otras expresiones de violencia registradas durante el primer semestre del año anterior en Cimitarra, Santander, motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Primera Especializada de Barrancabermeja que hoy tiene al exjefe paramilitar Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, a punto de perder los beneficios judiciales que recibió por su participación en la Ley de Justicia y Paz.

Todo comenzó en esa primera mitad del año pasado, cuando el Ente Investigador se dio a la tarea de esclarecer una seguidilla de asesinatos cometidos entre los meses de mayo y junio de 2016 en Cimitarra. Uno de los casos más connotados fue el de Arnulfo González Velásquez, ocurrido el 31 de mayo en la vía que conduce al corregimiento La India.

Este líder agrario y reconocido ecologista de la región integraba el Fondo de Inversión y Reactivación del Sector Agropecuario y Microempresarial del Municipio de Cimitarra, y, además, hacía parte del movimiento político Marcha Patriótica. En este caso, las indagaciones comenzaron a rendir frutos rápidamente. La Fiscalía pudo establecer que su muerte fue una retaliación a las constantes denuncias que hacía sobre el tráfico ilegal de madera en la región.

La explicación de este homicidio coincidió con la divulgación de un informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo que determinó que entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017 fueron asesinados 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales

En otros seis asesinatos atribuidos al grupo armado liderado por ‘Botalón’, la Fiscalía determinó que obedecieron a la negativa de las víctimas a pagar ‘vacunas’ y a ajustes de cuentas entre criminales ansiosos de dinero y poder.

Los responsables de esta ola de violencia comenzaron a ser identificados como miembros de una organización criminal denominada Los Bravos, surgida en enero de 2016 e integrada en su gran mayoría por desmovilizados de las antiguas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) y dedicada a la venta de estupefacientes, cometer homicidios selectivos y cobrar extorsiones a ganaderos y comerciantes en las localidades de Cimitarra, Puerto Berrío y Puerto Boyacá.

¿Quién es ‘Botalón’, el exjefe paramilitar que acaba de salir de la cárcel?

Lo que despertó la atención de las autoridades judiciales fueron las evidencias que terminaron vinculando a los miembros de Los Bravos con Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, antiguo jefe paramilitar de las Acmm, quien recuperó su libertad en septiembre de 2015 tras cumplir con la condena de ocho años impuesta por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, como parte de los beneficios judiciales contemplados en la Ley de Justicia y Paz para aquellos que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

¿Reincidió ‘Botalón?

captura botalon 2De acuerdo con la Fiscalía, el grupo armado ilegal comandado por alias 'Botalón' inició operaciones en enero de 2016; hacían parte de él algunos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; y contaban con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública. Foto: Juan Diego Restrepo E.“Cómo bien se sabe, este pueblo tiene un patrón, se llama ‘Botalón’, salió de la cárcel hace como año y medio, y por aquí todo mundo lo respeta. Lo que pasa es que él no quiere verse involucrado en nada y por eso cedió el poder”, declararon varios testigos a la Fiscalía Primera Especializada de Barrancabermeja en alusión a alias ‘Botalón’, señalado por “fuentes formales y no formales” como el “hombre fuerte” de la organización criminal, quien, desde su sitio de residencia en Rionegro, Antioquia, autorizaba la comisión de delitos como homicidios selectivos, cobros extorsivos y ajustes de cuentas.

En este sentido, el Ente Investigador señaló que este grupo delincuencial, además de controlar la venta de estupefacientes en varios municipios del Magdalena Medio antioqueño y santandereano, eliminando de paso a varios competidores, e imponer cobros extorsivos a finqueros, ganaderos y comerciantes, también sometió a sangre y fuego a los denominados prestamistas ‘paga-diarios’ de la región, todo ello bajo el consentimiento y conocimiento de alias ‘Botalón’.

“Varios comerciantes denunciaron haber recibido llamadas extorsivas de personas que se identificaron como subalternos de ‘Botalón”, afirmó el Fiscal Primero Especializado, quien, además, expuso que “en entrevistas a varias víctimas de la región se logra establecer que Arnubio Triana, alias ‘Botalón’, efectivamente tiene el control y ejerce poder sobre los integrantes del combo delincuencial que delinque en Cimitarra y que tiene pleno conocimiento de las actividades ilegales desarrolladas por los hombres bajo su mando”.

El representante del Ente Acusador también explicó que este grupo armado ilegal contaba con el apoyo de miembros de la Policía Nacional, quienes se pusieron a su servicio, una vez se supo que estaba liderando la organización ilegal en Cimitarra.

Llegaron entonces las primeras capturas y los primeros allanamientos realizados por las autoridades de Policía en la localidad de Cimitarra. Las evidencias allí encontradas incrementaron aún más las sospechas sobre el exjefe paramilitar y su cercanía con esta organización delincuencial. “Al revisar los celulares de estas personas capturadas se establece que mantenían comunicación permanente con el señor Triana Mahecha y que este tenía injerencia en las actividades ilícitas cometidas en Cimitarra y Puerto Araujo (Santander), Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá)”, añadió el funcionario judicial.

Las acciones de las autoridades los llevaron a interceptar 45 líneas telefónicas con el fin de identificar los miembros de esta organización. Las evidencias condujeron a establecer que Triana Mahecha estaba a la cabeza del grupo armado ilegal, por lo que se expidió el pasado 21 de enero orden de captura en su contra y se desarrolló un gigantesco operativo realizado el 9 de febrero en Cimitarra, Bogotá, Medellín, Segovia y Vegachí (nordeste de Antioquia), que permitió la captura de 25 personas, entre ellas Ruby Triana Mahecha, hermano de alias ‘Botalón’.

El cerco contra el exjefe paramilitar comenzó a cerrarse el pasado 4 de marzo, cuando agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detuvieron en el sector El Poblado, de Medellín, a Juan Esteban Triana Cardona, hijo de alias ‘Botalón’, señalado como responsable de cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos. Asfixiado por las acusaciones en su contra, Triana Mahecha se entregó a funcionarios de la Sijin en la capital antioqueña el pasado 30 de marzo, acompañado de sus abogados de confianza.

Durante la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, realizada ayer en Medellín, la Fiscalía lo acusó de concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y financiación de grupos armados ilegales y solicitó que fuera recluido en la cárcel, tras considerar que podía obstruir el proceso, entre otras razones porque uno de los testigos fue asesinado hace varios meses. El exparamilitar no aceptó los cargos.

A alias ‘Botalón’ lo asistieron en esta audiencia cuatro abogados, quienes intentaron evitar que su defendido volviera a un penal. No obstante, el Juez 31 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, acogió la petición del fiscal del caso y decidió enviarlo a un centro reclusorio, donde deberá esperar el juicio. De ser hallado culpable, perdería inmediatamente los beneficios recibidos por su participación en la Ley de Justicia y Paz, y podría enfrentar penas que van hasta 40 años.

Pasado paramilitar

captura botalon 3En enero de 2006 las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá se desmovilizaron. Sin embargo, tres años después, las autoridades confirmaron que desmovilizados de ese seguían delinquiendo. Foto: archivo Semana.En diciembre de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá condenó a Triana Mahecha por 309 delitos cometidos en Puerto Boyacá y Cimitarra, otorgándole el beneficio de la pena alternativa de ocho años, que cumplió en septiembre de 2015. Aunque gozaba de su libertad, Triana Mahecha debía presentarse ante los estrados judiciales durante cuatro años más.  

‘Botalón’ es recordado en el Magdalena Medio por las acciones que dejaron decenas de personas desaparecidas que dejó en esta región. A la edad de 19 años ingresó como patrullero a las Autodefensas de Puerto Boyacá, convirtiéndose en hombre de confianza de Henry Pérez. Cuando Gonzalo y Henry Pérez fueron asesinados en 1991, el grupo pasó al mando de Luis Meneses, conocido como ‘Ariel Otero’. Este jefe paramilitar negoció en diciembre de ese año la desmovilización de sus hombres con el gobierno de César Gaviria (1990-1994). ‘Botalón’ hizo parte de los combatientes que entregaron sus armas y, según él, se dedicó a labores de ganadería.

No obstante, en 1994, luego del asesinato de varios excombatientes de aquellas autodefensas, ‘Botalón’ decidió rearmar a los paramilitares de Puerto Boyacá, pero esta vez bajo su mando. Se “repartió” el territorio con Ramón Isaza, quien estaba al otro lado del río Magdalena. Según las bases de datos de la Fiscalía, entre 1994 y 2006, en aquellas zonas desaparecieron a 427 personas, 161 de ellas atribuidas a ‘Botalón’ y sus hombres. En la mayoría de los casos, los paramilitares llevaron a las víctimas a las afueras del pueblo, a un lugar al que todos conocen como ‘Los transmisores’, donde los desmembraban para luego tirarlos al río.

‘Botalón’ ordenó el asesinato de cientos de jóvenes que supuestamente consumían drogas o eran informantes del Ejército. Las víctimas denunciaron, además, que desapreció y desplazó a varios puertoboyacenses por su orientación sexual.

“Los 'paras' nos mataban por ser homosexuales”

En Justicia y Paz, ‘Botalón’ sólo respondió por los crímenes que cometió entre 1994 y 2006, año en el que se desmovilizó por segunda vez. Las víctimas aún reclaman la verdad de hechos ocurridos a comienzos de los años ochenta, pero ‘Botalón’ dice no conocer sobre esos hechos porque era un patrullero y son muy pocos los exparamilitares de esa época que aún se encuentran con vida para aportar a la verdad.

La verdad de ‘Jorge 40’ fue “vaga e imprecisa”: Corte Suprema

El exparamilitar fue excluido definitivamente de Justicia y Paz porque se negó a hablar y lo poco que dijo fue superficial. El alto tribunal aclaró cuál es el tipo de verdad que deberían estar contando los desmovilizados.

exclusion jorge 40'Jorge 40', exjefe del Bloque Norte de las Auc, que fue extraditado a Estados Unidos para que responda ante la justicia de ese país por cargos relacionados con el narcotráfico. Foto: archivo Semana.

Durante los ocho años que Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, hizo parte de la justicia transicional en Colombia solo confesó un delito por iniciativa propia. En más de 500 admitió su responsabilidad aclarando que no los cometió él, sino hombres bajo su mando. A las preguntas de las víctimas siempre respondió de forma vaga, imprecisa y evasiva. Comportamiento que la Corte Suprema calificó como “apático y desidioso”.

Los cargos aceptados son mínimos si se tiene en cuenta que la Fiscalía  documentó que el Bloque Norte, grupo paramilitar que estuvo al mando de ‘Jorge 40’, cometió más de 20 mil crímenes en la Costa Caribe.  Desde 2008, luego de ser extraditado a Estados Unidos, el exparamilitar decidió no volver a comparecer más ante la justicia de Colombia.

Con la excusa de no afectar su proceso judicial en Estados Unidos, “’Jorge 40’ nunca aceptó haber cometido crímenes de lesa humanidad como el reclutamiento de menores, el secuestro o los delitos de género. Tampoco habló de los políticos, empresarios ni militares que se aliaron con el Boque Norte. Los magistrados de Justicia y Paz aseguraron que eso no era excusa, pues otros extraditados como Salvatore Mancuso y ‘HH’ han seguido confesado.   (Ver: Los crímenes que ‘Jorge 40’ nunca confesó)

La Corte aseguró que no solo lo excluye por negarse a comparecer ante la justicia, sino por contar verdades a medias. “La obligación de contribuir al esclarecimiento de la verdad (…) no se entiende agotada con la escueta aceptación de responsabilidad, desprovista de detalles y precisión de las circunstancias temporales y modales en las que se cometieron los delitos”, dice el auto de la Corte.  

Un ejemplo fue lo que sucedió en la versión libre del 5 octubre de 2007 cuando le preguntaron por la desaparición de Manuel y Marco Fidel Suárez. ‘Jorge 40’ dijo que no tenía detalles, pero se comprometió a entregarlos en una próxima versión. Compromiso que nunca cumplió.

Lo curioso es que este tipo de respuestas evasivas han sido denunciadas por las víctimas y son comunes en las audiencias de Justicia y Paz, no solo de ‘Jorge 40’, sino de exparamilitares que pertenecieron a otros bloques, incluso algunos que ya están en libertad como Juan Francisco Prada Marquez, alias ‘Juancho Prada’ (Ver: Los olvidos de ‘Juacho Prada’ y Las deudas de Justicia y Paz con las víctimas)

A pesar de esto, desde que fue aprobada la ley de Justicia y Paz hace 10 años, ‘Jorge 40’ es el segundo exparamilitar excluido por contar verdades a medias, el primero fue Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, quien no aceptó los delitos sexuales que cometió contra las mujeres de la zona rural de San Onofre, Sucre.

La reparación a las víctimas  
Con este auto, la Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión de exclusión que tomó la sala de Justicia y Paz del tribunal de Barranquilla en junio de este año. Si Rodrigo Tovar regresa a Colombia ya no tendrá una pena de máximo ocho años de prisión, sino que podría ser condenado a 40 años en la justicia ordinaria, pero esto implica cambios en el proceso judicial de las víctimas.

Los defensores de víctimas se opusieron casi a que sacaran a ‘Jorge 40’ porque, según ellos, “implicaría la obstrucción definitiva a los derechos de verdad y reparación de los perjudicados”. La Corte les recordó que eso no es así, como ha ocurrido en casos anteriores, las víctimas pueden seguir reclamando ante la justicia transicional sin importar que el exjefe paramilitar ya no esté postulado.

En términos de reparación, los bienes que ya entregó Rodrigo Tovar siguen en manos del Fondo de Reparación a las Víctimas. Sin embargo, la mayoría de las fincas que ofreció ‘Jorge 40’ están en disputas de restitución, pues hay reclamantes que aseguran que el exparamilitar los despojó de estas tierras.  Hasta que un juez no tomé una decisión, los predios son intocables.

Mancuso, condenado a 15 años en Estados Unidos

La justicia norteamericana sentenció al exjefe paramilitar por tráfico de estupefacientes hacia ese país. La Fiscalía estadounidense había pedido una condena de 22 años.  

mancuso-condena-eeuuSalvatore Mancuso fue extraditado el 13 de marzo de 2008. El postulado a Justicia y Paz ha criticado la lentitud de la justicia y en varias ocasiones se negó a seguir versionando. Foto: Revista Semana.

La juez Ellen Huvelle del distrito de Columbia condenó a Salvatore Mancuso, segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, a 15 años y diez meses de prisión. Desde 2002, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigaba al  exjefe paramilitar por varios envíos de droga que ingresaron a este país.

Los fiscales del Distrito de Columbia habían pedido una pena de 22 años de prisión, a pesar de que, según los defensores de Mancuso, habían negociado no más de 13 años por la colaboración que había prestado a la investigación.

Como último recurso, el pasado 16 de junio, el exjefe paramilitar le envío una carta a la Cancillería colombiana clamando su intervención ante la justicia de Estados Unidos. Pedía que el gobierno de Colombia informara a la juez y a los fiscales norteamericanos que ya había sido condenado por narcotráfico en Justicia y Paz y que había cumplido con las exigencias de la Justicia transicional. (Ver carta)

Salvatore Mancuso obtuvo una pena mucho menor a la que recibieron otros desmovilizados como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, condenados a más de 30 años de prisión.

Los siete años que el exjefe paramilitar lleva recluido en una cárcel en la ciudad de Warsaw en Virginia, Estados Unidos, cuentan como parte de su condena con la justicia norteamericana, por lo que le restarían ocho tras las rejas, aunque pueden llegar a  ser menos.  (Ver: El paso de Salvatore Mancuso por la guerra)

En Colombia, Salvatore Mancuso ya fue condenado dos veces por la justicia transicional por los crímenes cometidos por cuatro grupos paramilitares que dirigió. Como está postulado a la Ley de Justicia y Paz recibió una penal alternativa de ocho años de prisión, pero lo que no está claro es si el tiempo que lleva en la cárcel de Estados Unidos cuenta como parte de su condena. Los abogados de Mancuso y de otros extraditados han pedido a la Corte Suprema que aclare este asunto, pero aún no hay un pronunciamiento al respecto.  

La justicia colombiana y Mancuso

mancuso-condena-eeuuEl exjefe paramilitar ha dicho que todavía falta por detallar por lo menos 5 mil crímenes. Foto: Revista Semana.

En 1994, cuando Salvatore Mancuso era un ganadero cordobés que servía como informante del Ejército, conoció a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes le propusieron unirse a las recién creadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Un año después conformó su propio grupo paramilitar disfrazado bajo la legalidad de las ‘Convivir’.

Pero fue en 1997, con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que logró mayor protagonismo. Ese año lideró la expansión paramilitar en Cesar, Magdalena y los Montes de María; un año después incursionó en La Guajira; y en 1999 llegó a Norte de Santander con más de 200 paramilitares.

Estados Unidos le seguía ya la pista por los cargamentos de estupefacientes que envío a ese país y en septiembre de 2002 solicitó por primera vez su extradición. Solicitud que fue detenida por el presidente Álvaro Uribe Vélez en medio de las conversaciones para pactar la desmovilización de las Auc.

En 2005, Salvatore Mancuso fue uno de los impulsores de un acuerdo entre los paramilitares y el gobierno en Santa fe de Ralito. En diciembre de ese año se desmovilizó como jefe del Bloque Catatumbo y coordinó la entrega de más de 1.400 paramilitares. Los grupos paramilitares de la Costa que estaban bajo su mando quedaron en manos de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

En agosto de 2006, el gobierno lo postuló a ley de Justicia y Paz y arrancaron las primeras versiones libres donde relató algunos de sus crímenes y señaló a sus aliados, entre ellos, políticos, militares y empresarios. Pero mayo 2008, el presidente Álvaro Uribe aprobó su extradición a Estados Unidos, junto a la de otros trece exjefe paramilitares.

Mancuso no dudo en afirmar que su extradición era una estrategia para acallar las verdades que venía contando ante la justicia transicional. Aunque este fue un tropiezo en el proceso judicial que se adelantaba en Colombia, el exjefe paramilitar continuó versionando ante los fiscales de Justicia y Paz.

A pesar de la distancia y de las condiciones de reclusión, los fiscales colombianos han reconocido que Salvatore Mancuso colaboró con la justicia. Su testimonio fue clave en varios juicios contra parapolíticos y en contra de altos miembros de la fuerza pública como Rito Alejo del Río (Ejército) y Mauricio Santoyo (Policía). Incluso habló en contra de sus propios familiares que manejaron los negocios del narcotráfico para los paramilitares. (Ver: Doménico Mancuso, ficha clave de las Auc en incursión al Catatumbo)

En 2012 fue llevado por primera vez a juicio ante los magistrados de Justicia y Paz, donde le imputaron más de 100 crímenes de lesa humanidad como masacres, desplazamientos masivos y acceso carnal violento que cometió como jefe del Bloque Catatumbo. En ese momento los paramilitares contaron con crudeza cómo construyeron hornos crematorios e Norte de Santander para desparecer los cuerpos de sus víctimas.

La Fiscalía lo eligió como uno de los casos de priorización en 2013, esta es una estrategia que usó el Ente investigador para darle celeridad a la investigación de 16 exjefes paramilitares y guerrilleros con el fin de obtener macrosentencias. Salvatore Mancuso respondió por línea de mando por los crímenes que cometieron cuatro grupos paramilitares: Bloque Norte,  Montes de María, Córdoba y Catatumbo.

En octubre de 2014 fue condenado por más de 100 crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo, grupo que él comandaba. Un mes después se conoció la sentencia más grande del proceso de Justicia y Paz en la que el exparamilitar se declaró responsable de más de 1.400 delitos cometidos en ocho departamentos.

En esos dos fallos se incluye el delito de tráfico de estupefacientes entre 1996 y diciembre de 2004. En la carta enviada a la Cancillería, Mancuso pidió que se le haga conocer a la justicia norteamericana que él ya fue condenado previamente por narcotráfico. Sin embargo, ninguna de estas dos sentencias está en firme pues fueron apeladas por las víctimas y se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema en segunda instancia.

Aunque su proceso en Justicia y Paz ha avanzado rápidamente en los últimos años, el exjefe paramilitar está en riesgo de ser excluido. El pasado 22 de junio la Fiscalía le imputó cargos por “lavar” dinero del narcotráfico en las empresas de apuestas de chance de Enilse López, más conocida como ‘la Gata’ tiempo después de haberse desmovilizado. Si el juez que lleva el caso lo encuentra culpable, Salvatore Mancuso no podría acceder a una pena alternativa de ocho años y podría ser condenado a una pena de hasta 40 años en Colombia. (Por qué los familiares de 'La Gata' están acusados de lavar plata a los paramilitares)

¿Qué pasó con los demás extraditados?
El proceso judicial de 15 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos entre 2008 y 2009  ha tomados distintos rumbos. Cinco ya fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz en Colombia por no cumplir con los requisitos, y en caso de que regresen, tienen que pagar penas de 40 años de prisión.

La Corte Suprema dio el primer paso pidiendo que depuraran la justicia transicional de “narcos puros” como alias ‘El Mellizo’, ‘Gordolindo’ o el ‘Tuso’ Sierra que se camuflaron como jefes paramilitares para beneficiarse de una pena alternativa en Justicia y Paz, pero después fueron enviados a Estados Unidos.

‘Macaco’ salió por haber delinquido luego de su desmovilización y ‘Jorge 40’ por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. Algunos de estos desmovilizados han sido condenados a penas entre 20 a 33 años de prisión, pero no se descarta que negocien con la Justicia a Estados Unidos y no tengan que regresar al país como ocurrió con el ‘Tuso’ Sierra, quien incluso consiguió un permiso de trabajo.

Como Salvatore Mancuso, otros casos fueron priorizados por la justicia transicional en Colombia, como Ever Veloza García, alias ‘HH’,  Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy' y  Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'.

La masacre de La Rochela enreda la libertad de 'Ernesto Báez'

Pese a que el exjefe político del Bloque Central Bolívar puso en orden su situación jurídica en Justicia y Paz, una medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía de Derechos Humanos, tiene en duda su salida de prisión.

baez 1Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', exjefe político del Bloque Central Bolívar, quien está buscando su libertad tras llevar más de ocho años vinculado al proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

En la mañana del martes 18 de agosto, la magistrada de control de garantías Teresa Ruiz, revocó la medida de aseguramiento que tenía en su contra el desmovilizado jefe paramilitar e ideólogo del Bloque Central Bolívar (BCB), Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', al establecer que había cumplido con los compromisos que exige la justicia transicional.

Desde ese momento se empezó a especular con que 'Báez' sería el tercer gran jefe de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en salir de prisión, tras las recientes excarcelaciones de Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', y de Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'. No obstante, una cuenta pendiente con la justicia ordinaria tiene en vilo sus planes de salir de prisión.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene en firme una medida de aseguramiento en su contra por su presunta responsabilidad en la masacre de La Rochela, la cual fue cometida por los paramilitares de Puerto Boyacá el 18 de enero de 1989. Ese día, hombres de las autodefensas de Henry Pérez se hicieron pasar por guerrilleros y fusilaron a 12 integrantes de una comisión judicial que investigaban crímenes del naciente paramilitarismo en el Magdalena Medio.

Durante sus versiones libres, 'Báez' negó que tuviera responsabilidad en esta masacre y argumentó que, para la fecha, no hacía parte de las autodefensas. Por esta razón no fue procesado, sin embrago, 26 años después la justicia ordinaria le pide que rinda cuentas.

Jorge Alberto Ruiz, uno de los abogados que representa a 'Báez', le dijo a VerdadAbierta.com que solicitarán que la medida sea revocada: “Justicia y Paz hace un análisis mucho más exhaustivo y documenta los casos con los protagonistas. Ellos ya documentaron y evidenciaron que Iván Roberto Duque no tuvo nada que ver y se pudo acreditar que para esa época él se encontraba en locación distinta y que no detentaba ningún mando”.

La Fiscalía de Justicia y Paz reconoce que no tiene pruebas para refutar la versión de Báez sobre La Rochela. “Esto no se ha podido desvirtuar y por tanto, como quiera que no ha confesado el hecho, nunca se llevó a ningún tipo de audiencia ni se pidió suspensión del proceso en la justicia ordinaria”, le contó un funcionario de la Fiscalía a VerdadAbierta.com, quien agrega que esos hechos se deben demostrar en el proceso que lleva la Unidad de Derechos Humanos.

La masacre de La Rochela no es el único crimen por el que el exjefe político del BCB ha sido procesado por la justicia ordinaria. Sobre sus hombros tiene tres condenas, las cuales serán acumuladas en el proceso de justicia transicional porque sí reconoció y confesó esos hechos ante los fiscales de Justicia y Paz. La primera es por concierto para delinquir y las dos restantes por los asesinatos de Alma Rosa Jaramillo Lafourie, defensora de derechos humanos vinculada al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y del sindicalista Jairo Antonio Chimá, de Yondó, Antioquia.

'Ernesto Báez' y la justicia
baez 2El exjefe político del Bloque Central Bolívar, durante una de sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Esta no es la primera vez que la justicia tiene posturas diferentes respecto al comportamiento del exjefe político del Bloque Central Bolívar. El pasado 14 de mayo, otro magistrado de control de garantías de Justicia y Paz negó su solicitud de libertad porque estableció que no había cumplido con todos los requisitos que exige la ley, entre ellos los de realizar cursos de resocialización y estudios en la cárcel. (Ver: ¿Por qué está enredada la libertad de los exparamilitares?)

No obstante, tres meses después, la magistrada Ruiz encontró que esto no era así, pues hasta el momento la Fiscalía no tiene argumentos para decir que el exjefe paramilitar no ha cumplido con los requisitos. La decisión, sin embargo, no fue apelada por los defensores de víctimas ni por la Procuraduría.

En otra oportunidad, el 10 de junio de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó la petición de la Fiscalía 14 de Justicia y Paz de expulsar a 'Báez' porque se negaba a reconocer su responsabilidad en por lo menos 27 asesinatos porque según él, al ser jefe político, no tenía que responder por los crímenes que cometieron las tropas. Sin embargo, resolviendo un recurso de apelación, la Corte lo reintegró el 25 de agosto de 2011, y volvió a asistir a las versiones libres de la Fiscalía. (Ver: 'Ernesto Báez' vuelve a Justicia y Paz)

En total, según cifras de la Fiscalía de Justicia y Paz, el exjefe político del BCB ha reconocido 1.591 hechos en versión libre, en 2015 le han sido imputados 801 de ellos y está a la espera de recibir sentencia por 790 más.  

Diferentes funcionarios judiciales consultados por VerdadAbierta.com que han seguido de cerca el proceso del BCB, coinciden en que los mayores aportes de 'Báez' a la justicia han sido verdades sobre el contexto histórico del conflicto armado, la conformación de las autodefensas y los señalamientos contra políticos, que derivaron en varias condenas en medio del escándalo de la parapolítica.

“Dijo muchas cosas y creo que es su mejor aporte, ya que va acorde a lo que él era dentro del grupo paramilitar: el comandante político. Sobre los crímenes, muchos hechos los acepta por línea de mando porque dice que no los recuerda o no los conoce. En la mayoría de los hechos del BCB, los acepta porque los han confesado otros desmovilizados. No quiero decir que se haya dicho todo, pero comparado con los demás, es de los que más ha aportado”, concluyó un funcionario.

A raíz de sus confesiones, la Fiscalía ha compulsado copias para que las autoridades competentes investiguen a 45 funcionarios públicos. Algunos de los congresistas que fueron condenados por sus nexos con 'Ernesto Báez' son Carlos Alberto Clavijo, Vicente Blel, Carlos Higuera Escalante, Carlos Julio Galvis Anaya, Óscar Josué Reyes, Luis Alberto Gil, Javier Cáceres, Rocío Arias Hoyos, Alfonso Riaño Castillo, Rafael Castillo Sánchez y Miguel Ángel Rangel Sosa. (Ver informe especial: De la curul a la cárcel)

También hizo fuertes declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido 'Zar de las Esmeraldas', Víctor Carranza. Sobre el primero afirmó que las Auc apoyaron sus candidaturas presidenciales de 2002 y 2006; y al segundo lo tildó como el 'Zar del Paramilitarismo', por sus presuntos apoyos y financiación a los grupos de autodefensas del Magdalena Medio. (Ver: “Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez” y “Víctor Carranza es el Zar del Paramilitarismo”)

El hecho de que 'Báez' vuelva a la libertad es una posibilidad. Que sea más tarde que temprano, depende de los ritmos de la justicia y de cómo se resuelva su implicación con la masacre de La Rochela, que tiene dos procesos diferentes ante la justicia.

Amenazan a alias ‘El Alemán’

Se trata de un grupo que se autodenomina ‘Nuevo Epl’ que, a través de una carta enviada a la cárcel, conmina a este exjefe paramilitar a abandonar el país una vez quede libre.

el-alemanFredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, durante la desmovilización del Bloqiue Élmer Cárdenas de las Auc. Foto: archivo Semana.

Una carta enviada al centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Itagüí, en Antioquia, por una organización armada que se hace llamar ‘Nuevo Epl’, conmina a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, a abandonar el país cuando abandone este penal, asunto que está en proceso por cuanto ya fue autorizado por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz.

La misiva, conocida por VerdadAbierta.com, le llegó al excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) directamente al penal, a su nombre, en días pasados y en ella, inicialmente, le presentan esta nueva organización, la cual se dio a conocer en abril pasado. (Descargue la carta en PDF)

Mario Agudelo, un exintegrante del Epl, ha sido uno de los amenazados en el primer panfleto, descarta que esta organización sea estructurada y lo que le llama la atención es que los contenidos de los panfletos revele contradicciones: aparentan una ideología, pero parecen de derecha. (Descargue el primer comunicado)

Además, Agudelo destacó que en el caso de ‘El Alemán’ le pueden estar cobrando el destape de la parapolítica en Urabá, que llevó a la cárcel a varios líderes de la región.

“Sea este el momento para presentarle a nuestro movimiento revolucionario”, le dicen a alias ‘El Alemán’ y a renglón seguido escriben que el Epl "ha resurgido" y se ha "reestructurado", y de paso cuestionan a sus supuestos compañeros del pasado, de quienes advierten que "por llamarse constituyentes o legisladores nos vendieron a todos, nos sometieron al genocidio silencioso y nos expusieron a la vergüenza de ser desmovilizados en un país donde ser desmovilizado es sinónimo de ser el otro enemigo".

Luego de recordarle las dificultades que conlleva ser desmovilizado, sobre todo en su relación con las comunidades, le advierten que vendrán muchas agresiones, entre ellas las del 'Nuevo Epl": "Señor Alemán, solamente queremos decirle que algunas de esas agresiones vendrán de nuestra parte. Y no serán muchas, nos hemos propuesto que sea una pero definitiva. Por eso le informamos y lo conminamos a abandonar el país inmediatamente sea puesto en libertad".

Además, le advierten que "no queremos verlo a usted y a ninguno de sus hermanos, o a sus cómplices porque son un verdadero peligro para las víctima y para la restitución de tierras".

El panfleto lo firma la "Dirección de contraataque" y en uno de los apartes le dicen que a él "no lo cuidarás el ejército, ni la policía, como sí cuidan a los traidores que vemos hoy en La Habana negociando hoy a sus compañeros, ni cómo cuidan a nuestros 'compañeritos' desmovilizados que hoy fungen como adalides de la moral impunemente".

Esta "organización revolucionaria" se reivindica la defensas de los reclamantes de tierras y dice actuar desde el parque nacional Nudo de Paramillo: "no nos detendremos de forma alguna para defender a los campesinos y a las víctimas de las zonas donde tenemos influencia".

A 'El Alemán' le recuerdan que él y sus cómplices "son idiotas útiles de un Estado militarista" y por ello, "lamentablemente nos corresponde declararlos nuestro objetivo militar prioritario. Blancos del máximo interés".

Luego le reiteran la amenaza: "no nos obliguen a pasar de la acción política a la acción militar porque lo haremos sin vacilar. No nos importan los costos, porque desde la clandestinidad permanente que hemos asumido, tenemos toda la disposición de actuar cuando sea necesario por la vía de las armas".

Finalmente le notifican de nuevo la exigencia: "lo tendremos en la mira durante algún tiempo, dándole tiempo a confesarse y a comprar el pasaje para irse del país. Le insistimos por su seguridad y la de su familia, váyase a gastar sus milloncitos a otro país porque aquí no le vamos a dar tiempo de disfrutarlos". Incluyen en la amenaza a supuestos testaferros de los departamentos de Antioquia, Sobre todo de Urabá, Córdoba y Chocó.

La amenaza llega en momentos que este exjefe paramilitar espera los trámites necesarios para abandonar el penal, pues de acuerdo con las normas de la Ley 975, de Justicia y Paz, ya cumplió con los ocho años de carcel que contempla los beneficios de este proceso de justicia transicional.