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El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’

En una decisión sin precedentes, una juez de Justicia y Paz dijo que ‘Don Antonio’ no cumplió sus compromisos y tendrá que pagar 40 años prisión, a pesar de que hace una semana la Corte Suprema le concedió la libertad al exparamilitar. Este caso muestra los líos jurídicos a los que se enfrentan los postulados que pidan su libertad.

'Don Antonio' se hizo conocido porque al momento de su captura las autoridades le incautaron un computador de 'Jorge 40' que tenía información de parapolíticos y numerosos crímenes.Edgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue el primer exjefe paramilitar en solicitar su libertad tras cumplir ocho años, luego de su desmovilización y posterior reclusión el 28 de marzo de 2006. Sobre su libertad se expidieron dos decisiones judiciales que en principio son opuestas.

Por un lado, hace una semana, la Corte Suprema de Justicia le concedió a alias ‘Don Antonio’ la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, es decir que consideró que el postulado cumplió con sus compromisos y que, por lo tanto, podía quedar en libertad condicional. (Ver fallo de la Corte Suprema). En este fallo de segunda instancia los magistrados de la Corte respaldan la decisión de la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla tomó hace dos meses. (Ver: Por qué alias ‘Don Antonio’ no va a quedar aún en libertad)

Por otro lado, en un auto que se conoció ayer, la juez de ejecución de sentencias de las Salas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, no solo le negó la libertad por pena cumplida a alias ‘Don Antonio’, sino que le revocó la rebaja de pena, lo que significa que Fierro Flores pasaría de estar recluido 8 años a 40 años en la cárcel. Esto porque consideró que el exparamilitar no les pidió perdón públicamente a sus víctimas, como se lo exigió una condena de la Corte Suprema en junio de 2012. La defensa del postulado apeló esta decisión que ahora está en manos de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. (Ver decisión del Tribunal de Justicia y Paz)

Aunque las dos decisiones resultan contradictorias, el fallo de la Corte Suprema aclara que para solicitar la libertad hay dos figuras diferentes: una es la libertad por pena cumplida que la concede una juez de ejecución de sentencias y que aplica a los postulados que ya tengan una condena en la Ley de Justicia y Paz; y la otra es la sustitución de medida de aseguramiento que la concede un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz a quienes aún no han sido condenados por delitos que cometieron mientras hicieron parte del grupo.

Eso quiere decir que como Fierro Flores fue condenado en junio de 2012 debe solicitar la libertad por pena cumplida. En término prácticos implica que la libertad que le concedió la Corte no tiene ningún efecto hasta que no se resuelva el proceso de libertad por pena cumplida con los magistrados de Justicia y Paz. (Ver: La primera sentencia de ‘Don Antonio’ en Justicia y paz)

Por lo pronto, alias ‘Don Antonio’ seguirá en la cárcel condenado a 40 años de prisión y cualquier decisión que se tome al respecto será un referente para las demás solicitudes de excarcelación de otros exjefes paramilitares que llevan ocho años tras las rejas.

Estos dos proceso jurídicos (el de la sustitución de medida de aseguramiento que terminó en la Corte Suprema y el de libertad por pena cumplida que se decidió a manos de un juez) corrieron paralelamente porque el abogado de alias ‘Don Antonio’ solicitó la libertad de su cliente por las dos vías.

Al mismo tiempo, la Fiscalía inició un proceso contra Fierro Flores por falso testimonio en contra de Silvia Guette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe a la que se le sindica de haberse aliado con las Auc, pero esto no tiene relación alguna con la negación de la libertad, pues aún no existe una decisión judicial sobre este asunto.

Al respecto, VerdadAbierta.com obtuvo copia de la carta que alias ‘Don Antonio’ le remitió el pasado martes al Fiscal General de la Nación, en la que rechaza esa sindicación del Ente acusador, calificándola de “falsa acusación”. En uno de sus apartes, el exparamilitar dice que “Teniendo en cuenta que he recibido de parte de mi abogado de confianza copia de la denuncia que en mi contra instaurara el abogado Luis Arturo Jiménez Cely defensor de Silvia Guette Ponce el día 19 de febrero de 2014, es mi deber hacer algunas precisiones para dar claridad a falsas acusaciones que ha hecho el abogado Jiménez Cely en mi contra, omitiendo convenientemente para los intereses de su defendida, información que obra en el proceso que se adelanta en mi contra y en contra de la Guette por el homicidio de Fernando Cepeda Vargas”. (Ver copia de la carta)

¿De dónde surgió este enredo?
La ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz establecía que cuando los exparamilitares cumplieran su pena debería solicitar su libertad ante un juez de ejecución de penas utilizando la figura de la libertad por pena cumplida, pero en  2012, cuando  el Congreso de la República reformó la Ley de Justicia y Paz se creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento.

La preocupación en ese entonces era que muy pocos postulados tenían una sentencia en firme y por lo menos 50 de ellos cumplirían con los ocho años de cárcel en diciembre de 2014. Por tal razón, la idea fue crear este mecanismo para que estos desmovilizados pudieran pedir su libertad sin necesidad de haber sido condenados.

Eso quiere decir que postulados como alias ‘Don Antonio’, que ya tienen una condena en firme, deben pedir su libertad ante un juez de ejecución de penas; en cambio, quienes no tengan una condena, como ha ocurrido en el caso de los cinco exparamilitares que ya se encuentran en libertad, deben pedir su libertad con un magistrado de control de garantías.

La Corte Suprema aclaró en su reciente fallo que las exigencias de una y otra medida son diferentes, mientras que para un desmovilizado que no ha sido condenado se le debe mirar “su grado de lealtad para con el proceso de Justicia y Paz, así como su conducta en el establecimiento de reclusión”, para quienes ya fueron condenados como ‘Don Antonio’  es necesario revisar no solo que haya pasado 8 años en la cárcel sino que haya cumplido con la obligaciones impuestas en su sentencia.  

El perdón que no llegó a las víctimas
Aunque la Juez de ejecución de sentencias reconoce que Fierro Flores ya cumplió ocho años de prisión desde que fue condenado a Ley de Justicia y Paz, aclara que no cumplió con las obligaciones que le impuso la sentencia de la Corte Suprema en junio de 2012. En dicho fallo le exigieron que en un plazo de seis meses debía publicar unas disculpas públicas en un diario de alta difusión nacional y hacer un evento en  público en los municipios de Atlántico, Cesar y Magdalena  donde delinquió.

El fallo muestra que, en efecto, dos años después de haber sido condenado, ‘Don Antonio’ no ha cumplido con sus obligaciones y por eso le quitó los beneficios de una pena alternativa de ocho años. El exparamilitar se defiende diciendo que remitió un borrador de las disculpas públicas a la Unidad de Víctimas el 28 de enero de 2013 con el fin de que le ayudara a la socializarlo con las víctimas, pero que le contestaron un año y cinco meses después la entidad le respondió diciendo que dicha socialización era responsabilidad del victimario. Sobre la logística del evento para pedir perdón también culpa a la Unidad de Víctimas.

La juez encontró que no era justificación suficiente para cumplir con un compromiso que en principio era del postulado. Agregó que tampoco ha cumplido a cabalidad su compromiso de reparación, pues se rehusó a entregar bienes, pues los únicos bienes que están en manos del Fondo de Reparación a las Víctimas son los que le fueron incautados al momento de su captura.

Este es ‘Camilo’, responsable de crímenes atroces en Norte de Santander

Autoridades capturaron en Panamá a Armando Pérez, alias ‘Camilo’, exjefe paramilitar en terreno del Bloque Catatumbo de las Auc en Norte de Santander. Fiscalía le atribuye decenas de masacres y asesinatos selectivos en esta zona del país.  

alias-camilo-300x200Armando Alberto Pérez Betancourt, alias 'Camilo', durante la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc. Foto: archivo Semana.Armando Alberto Pérez Betancourt, conocido en Norte de Santander con el alias de ‘Camilo’, fue capturado con la ayuda de las autoridades panameñas en la provincia de Veraguas, cumpliendo con una circular roja emitida por la Interpol.

Según el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, el exparamilitar tiene 4 condenas y 81 órdenes de captura por homicidio, tortura y delitos de lesa humanidad, perpetrados durante su permanencia en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Alias ‘Camilo’ fue un oficial del Ejército que entró a las filas paramilitares como el segundo al mando del Bloque Catatumbo de las Auc, después de Salvatore Mancuso, quien dirigía el grupo paramilitar desde Córdoba.

En términos prácticos fue quien permaneció en la zona de El Catatumbo, hizo alianzas con militares, manejo negocios de narcotráfico  y ordenó la mayoría de los delitos que se cometieron contra los pobladores de Norte de Santander. Por todo ello, la Fiscalía de Justicia y Paz lo ha llamado “el máximo comandante en terreno del Bloque Catatumbo”. (Ver: El pupilo de Fidel Castaño)

Pérez Betancourt  se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 como jefe del Bloque Catatumbo y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, pero huyó de Santa Fe de Ralito en marzo de 2006, un día después de rendir su primera indagatoria ante la Fiscalía.

Versiones de desmovilizados en Tierralta y Montería  coincidieron en que ‘Camilo’ se fugó con los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como ‘Los Mellizos’, a la Sierra Nevada de Santa Marta y crearon el grupo ‘Los Nevados’. De ahí se cree que, en 2008, salió para la región del Alto San Jorge, Córdoba, donde estuvo al lado del desparecido grupo Vencedores de San Jorge.

Tanto ‘Los Nevados’ como ‘Vencedores de San Jorge’ fueron identificados como grupos rearmados tras concluir en agosto de 2006 el proceso de dejación de armas y desmovilización pactado entre el gobierno nacional y el estado mayor de las Auc.

Mancuso ha dicho en diversas audiencias en el proceso de Justicia y Paz que Pérez Betancourt se fue a la clandestinidad luego de que el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, anunciara que él no podía acogerse la Ley 975 porque tenía una condena de 27 años por el asesinato del campesino Ricardo Alonso Quiroz, ocurrida mientras se desempeñaba como oficial del Ejército.

Alias ‘Camilo’ fue el encargado de la incursión de las Auc a Norte de Santander en mayo de 1999, coordinó el transporte de por lo menos doscientos paramilitares en dos camiones de ganado hacia el corregimiento de Tibú. Desde entonces se convirtió en la mano derecha de Mancuso. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo)

Hombres bajo el mando de ‘Camilo’ desaparecieron a por lo menos mil personas Norte de Santander y a este exparamilitar se le acusa de haber planeado y participado en las masacres de La Gabarra de mayo y de agosto de 1999, y fue ya condenado por la masacre de Tibú (Ver: Condenan a ‘Camilo’ por masacre de Tibú).

Además, exparamilitares que estuvieron a su mando han dicho en versiones libres que ‘Camilo’ dio la orden de asesinar a importantes líderes políticos de Norte de Santander como el ex alcalde de Tibú, Tirso Vélez el  defensor Regional del Pueblo, Ángel Iván Villamizar Luciani, (Ver: Los funcionarios asesinados por no plegarse a Mancuso y al 'Iguano')

¿Quién es 'Camilo'?
Según dijo Armando Pérez en la única versión que rindió ante la Justicia, fue Fidel Castaño quien le patrocinó la carrera de oficial en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y luego movió influencias para que lo ubicaran en la base militar de Tierralta, Córdoba, donde se convirtió en un informante de ‘Los Tangueros’, el primer grupo paramilitar de los Castaño. (Vea la versión completa rendida por el paramilitar)

Después, fue designado a la Brigada Móvil No.1, con sede en Montelíbano, Córdoba, luego trasladado a la Tercera Brigada en Cali, con el batallón de contraguerrillas Numancia, donde ascendió a teniente efectivo. Del Valle del Cauca pasó a Popayán y luego al batallón García Rovira en Pamplona, Norte de Santander.

Su último cargo en el Ejército fue el de comandante de la base militar de Urrao, Antioquia, pues en mayo de 1996  fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio Ricardo Alonso Quiroz, un campesino a quien Pérez Betancourt sindicaba de ser guerrillero de las Farc.  

Por tal razón estuvo preso durante 18 meses en la sede del Batallón Girardot en Medellín, pero se fugó con la ayuda de un enviado de los Castaño. Sabía que además era probable que lo sindicaran también de la muerte del abogado Jesús María Valle Jaramillo, defensor de los derechos humanos asesinado por orden de Carlos Castaño en enero de 1997.

Tras su huida, Castaño lo acogió como instructor de la  escuela paramilitar La Acuarela en la Vereda La 35 de San Pedro de Urabá, donde también estuvieron Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’  y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’.  El primero fue jefe del Bloque Metro en Antioquia y el segundo del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.

Luego de haber entrenado a paramilitares en La Acuarela,  a mediados de enero de 1999 fue enviado por los hermanos Castaño al municipio de Acandí, Chocó, para entrenar tropas del Bloque Elmer Cárdenas. Tres meses después, con más 200 hombres, partió del Urabá antioqueño a Norte de Santander, donde terminó asumiendo el mando del Frente La Gabarra y, posteriormente, ascendió a jefe del Bloque Catatumbo.

Los crímenes pendientes de 'Camilo'
Como jefe paramilitar del Boque Catatumbo, Pérez Betancourt deberá responder por los delitos que hombres bajo su mando cometieron en el departamento, entre ellos la masacre de El Tarra, perpetrada 29 de mayo de 1999. Ese día,  Los ‘paras’ instalaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano del municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, retuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a ocho personas.

También se le atribuye responsabilidad en la masacre del 21 de agosto de 1999, cuando un grupo de cerca de 150 paramilitares se tomó el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, y asesinaron a 35 personas. Según testigos, los paramilitares descuartizaron varios cuerpos y luego los arrojaron al río Catatumbo.

La versión de alias ‘Camilo’ también será fundamental para conocer quiénes fueron los miembros de la Fuerza Pública que en el terreno ayudaron a los paramilitares. Según han dicho el Mayor (r) Mauricio Llorente, condenado a 40 años de prisión por nexos con paramilitares, altos mandos del Ejército hicieron contactos en la zona para que sirvieran a alias ‘Camilo’.

Doménico Mancuso, alias ‘David’, primo de Salvatore Mancuso y capturado recientemente, fue el encargado de hacer los enlaces entre ‘Camilo’ y los militares. (Ver: Doménico Mancuso: enlace de las Auc con el Ejército en el Catatumbo)

De acuerdo con lo que le han dicho postulados del Bloque Catatumbo a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘Camilo’ fue uno de los paramilitares que ordenó el asesinato de Tirso Velez, ex alcalde de Tibú por la Unión Patriótica (UP) y candidato con mayor respaldo a la gobernación de Norte de Santander en 2003. El 4 de junio de ese año dos hombres abordaron al líder político, su esposa y un amigo en pleno centro de Cúcuta. Un sicario disparó varias ráfagas sobre el grupo. Asesinó a Vélez con seis balazos e hirió a su mujer y a su acompañante.

El exparamilitar también fue quien dio la orden de asesinar a Ángel Iván Villamizar Luciani, defensor Regional del Pueblo en Norte de Santander, el 22 de febrero de 2001, quien se caracterizó por sus continuas denuncias sobre las masacres y las violaciones de derechos humanos que cometían las autodefensas en la región del Catatumbo, razón por la que se convirtió en objetivo de los paras.

Otras de sus víctimas fueron los fiscales especializados María del Rosario Silva y Carlos Alberto Pinto, y de los investigadores del CTI, Jesús David Corzo Mendoza y Milton Eduardo Márquez.

Se espera que con sus declaraciones se puedan aclarar todos esos crímenes, lo que permitiría esclarecer la verdad en una región donde los paramilitares, en connivencia con sectores de la Fuerza Pública, atacaron sin miramientos a quienes se oponían a su proyecto armado.

‘El Alemán’ dice que saldrá a buscar desaparecidos

Fredy Rendón Herrera, uno de los pocos exjefes paramilitares que no fue extraditado y que aún queda detenido en el país, habló para VerdadAbierta.com de cómo ve su futuro, apenas recupere su libertad, probablemente este año. Asegura que no volverá a armarse y se dedicará a resarcir a las víctimas ayudándoles a encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. Por Juan Diego Restrepo E.

Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', ex jefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.“Yo no voy a volver a las armas”, dijo con su característico tono Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, uno de los pocos exjefes paramilitares que no fueron extraditados a Estados Unidos, al hablar de lo que será su vida una vez quede en libertad, luego de purgar los ocho años de cárcel estipulados en la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que se cumplen este año.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Rendón Herrera explicó que en agosto próximo comienzan a correr los días en los cuales podrá solicitar su excarcelación por pena cumplida, tal como lo establecieron las normas de justicia transicional. Sin embargo precisó que no será éste el caso de todos los 33 hombres que estuvieron bajo su mando en el Bloque Elmer Cárdenas y que hoy están postulados a los beneficios de la ley. Por tanto, no será una salida masiva, como equivocadamente se ha venido difundiendo.

Alias ‘El Alemán’ tuvo amplio poder armado ilegal en el norte del Urabá chocoano, antioqueño y cordobés, y con sus hombres llevó el terror por más de 10 años a numerosas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, en su afán de atacar las posiciones de la guerrilla, particularmente de las Farc, que tenían una presencia histórica en aquellas regiones.

Además de la promesa de no volver a las armas, Rendón Herrera se ha trazado dos propósitos una vez alcance la libertad: trabajar por la ubicación de las fosas comunes donde yacen los restos de decenas de las víctimas que dejaron los hombres bajo su mando y ayudar a encontrar a cientos de hombres que fueron reclutados por su grupo como menores de edad para que reciban asistencia sicosocial y logren superar algunas de las secuelas que les haya dejado la guerra de la que él fue protagonista.

En diciembre de 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, condenó a este ex jefe paramilitar por los delitos de reclutamiento de menores de edad, concierto para delinquir, porte de armas y uso de insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares, secuestro y homicidio. Este tribunal le concedió una pena alternativa de ocho años, porque cumplió con las condiciones que establece la Ley 975 de 2005. (Lea informe especial: 'El Alemán', el primer 'peso pesado' condenado en Justicia y Paz)

A continuación, apartes de la entrevista:

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es la reflexión que hace ahora, cuando le faltan cuatro o cinco meses para alcanzar su libertad?
Fredy Rendón Herrera: Más que reflexión es lo que manda la ley, y la ley manda que a los postulados que están dentro del proceso de Justicia y Paz tendrán una pena de cinco a ocho años, que después con las reformas posteriores manda que son ocho años.

VA: ¿Habrá una salida masiva de paramilitares de las cárceles a partir de agosto de este año?
FRH: Del universo de por lo menos 2.200 desmovilizados que estamos postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, no todos cumplen la pena de ocho años para agosto, yo pensaría que seguramente vamos a ir solicitando la libertad a medida que se vaya cumpliendo la pena.

VA: En el caso de los hombres que estuvieron bajo su mando en el Bloque Elmer Cárdenas y que están postulados a la Ley 975, ¿cuál es su situación?
FRH: Usted ve aquí a 30 muchachos, en su gran mayoría no cumplen para agosto los ocho años, algunos cumplirán para 2015, 2016, muchos irán hasta el 2021, porque es a partir de la privación de la libertad que cuenta el tiempo en la cárcel y muchos de esos muchachos se postularon posteriormente.

VA: Preocupa a varias organizaciones de derechos humanos y sociales que no se conozcan programas oficiales de resocialización para los ex paramilitares que están en las cárceles y van a salir, ¿usted comparte esa apreciación?
FRH: Eso es totalmente cierto y es la mayor preocupación que tenemos. Y seguimos esperando al gobierno. Hemos enviado las comunicaciones que usted quiera y nos hemos puesto en contacto con la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) y le hemos preguntado al doctor Eder (Alejandro Eder, su director) qué va a pasar con el tema de reinserción. Pero qué pasa, no se ha llevado a cabo ningún programa de reinserción distinto a lo que manda el Inpec: si usted estudia, rebaja; si usted trabaja, rebaja.

En un patio donde hay 200 internos rebajan cinco por estudio o trabajo, pero el estudio nos lo tenemos que pagar nosotros mismos, o sea, no hay ningún programa del gobierno que diga si usted va a la universidad el Estado le va a pagar la carrera, nosotros tenemos que recurrir a las familias para que nos paguen el semestre.

Hemos hablamos con un grupo de sicólogos que vino a hacer un análisis del proceso de reinserción. Yo les dije: no se preocupen por Fredy Rendón porque tiene un compromiso con esta sociedad, con este país, con mi familia, yo no voy a volver a las armas, pero preguntémosle a estos muchachos qué se ha hecho con ellos. ¿Será que tienen la preparación? Frente al proceso de reinserción para que estos hombres no regresen a hacer el mal cuando recuperen su libertad, el Estado está en entredicho.

VA: Otro sector que ha expresado temores frente a la posible salida masiva de ex paramilitares es el de las víctimas, quienes creen que podrían ser nuevamente victimizadas. ¿Qué tiene para decirles a ellas?
FRH: En la cárcel, gracias a nuestro esfuerzo, hemos aprendido cosas que no tuvimos la oportunidad de aprender afuera, hemos estudiado, por eso creemos que las víctimas no deben sentir temor, nosotros queremos regresar a esas comunidades porque somos de allá, porque nuestras familias viven allá, nuestras esposas viven allá. Las víctimas no deben sentir temor por nosotros; al contrario, queremos trabajar con ellas. Si bien no les queremos pedir que olviden, sí que nos perdonen.

VA: En su caso, ¿volverá Necoclí, en el Urabá antioqueño?
FRH: Yo diría que a establecerme no, porque el proceso como tal no termina con la condena que me puedan imponer este año ni con la liberación, el universo de hechos tipificados en el Código Penal como delitos que se le pueden imputar al Bloque Elmer Cárdenas es un universo muy grande. En ese sentido, el tema de los desaparecidos será nuestro compromiso de trabajo en adelante: en la búsqueda y ubicación de esos desaparecidos para que sus familiares puedan tener la oportunidad de darles un entierro digno.

VA: ¿Durante estos años de presidio esa búsqueda y ubicación no fue efectiva?
FRH: El proceso no nos permitió poder ubicar con certeza cada una de esas osamentas que están sepultadas en esa región. Desde aquí hemos salido a una o dos exhumaciones y no se han dado resultados, hemos encontrado algunos cuerpos, pero no es lo mismo estando ya afuera, con el tiempo suficiente para ir a los terrenos, de poder conversar con desmovilizados que podemos encontrar en la zona, con los mismos campesinos, que saben dónde se ubicaron los grupos, entonces queremos trabajar en ese tema como compromiso nuestro y de la mano del establecimiento, claro está porque nosotros no somos ni antropólogos, ni topógrafos; simplemente es ir, ubicar y enseguida comenzar a trabajar con la Cruz Roja Internacional y con la Fiscalía para ir recuperando esas osamentas y que se puedan identificar por pruebas de ADN.

VA: En su caso particular, ¿cuál es la situación hoy?
FRH: Yo sigo esperando a que se haga presente aquí el Estado porque seguramente para agosto o septiembre de este año estaré solicitando mi libertad condicional o a prueba. En ese sentido, espero que, primero, me garantice la seguridad frente a una agresión de alguien que considera que yo soy enemigo de él o que está resentido por una acción que haya cometido la organización cuando estaba en armas, algún miembro de la Fuerza Pública del que se haya aludido por alguna declaración de cualquiera de los postulados en este proceso de verdad histórica; y segundo, para que coadyuve en ese trabajo de ubicar a los desaparecidos y ponerles nombres, yo solo no soy capaz de hacerlo, nosotros solos tampoco, tenemos que hacerlo de la mano del Estado y de organizaciones sociales que nos puedan apoyar en lo económico, en lo logístico.

VA: Usted también ha hablado de buscar a quienes fueron reclutados como menores de edad para hacer parte de su bloque paramilitar. ¿Qué pretende con ese propósito?
FRH: En el tema de menores, muchos de los niños y jóvenes que reclutamos en el curso de la guerra para convertirlos en niños soldados, muchos de ellos ha podido ubicarlos la Fiscalía, pero a otros no porque regresaron al campo. Qué bueno que estas personas nuevamente las podamos ubicar y visibilizarlas frente a las autoridades y puedan recibir ayuda, más en lo sicológico, que en lo económico, porque de una u otra manera les quedan muchas secuelas de su paso por la guerra.

VA: Pero todos son ya son mayores de edad.
FRH: Si, claro, pero dicen los investigadores y los sicólogos que llevan años trabajando en el tema que ese estrés postraumático vivido desde niño por una situación como la guerra necesita que se acompañe sicológicamente porque quedan unas secuelas de por vida. Así sean mayores de edad me parece que el Estado y la sociedad, y más nosotros que tuvimos un mando sobre ellos, podernos acercarnos para que puedan de alguna manera tener esa ayuda en lo sicológico, en lo sicosocial, para nivelar algunas secuelas que quedaron después de haber participado en la guerra. Seguramente será una labor muy difícil, pero trataremos de hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo porque se puedan ubicar muchas de estas personas.

VA: ¿Conversa usted de estos temas con otros comandantes que comparten celda o prisión con usted?
FRH: Frente a los compañeros que están aquí y tuvieron un nivel de comandancia, cada uno de ellos maneja sus propios miedos, sus propias angustias, sus propias necesidades con respecto a sus familias, sus expectativas, pero en su gran mayoría son personas que, sin temor a equivocarme, jamás regresarán a hacer parte de algo que puede avergonzarlos a ellos y a sus familias. La sociedad puede esperar de mí, de mis muchachos, de esta gente, por lo que yo es auscultado en ellos y visto durante todos estos años, que van a salir a hacerle bien a la sociedad.

VA: Sobre usted pesa una solicitud de extradición, suspendida desde hace varios años por la Corte Suprema de Justicia a la espera de su colaboración en el desarrollo de su proceso en Justicia y Paz. ¿Qué va a pasar con esa situación, una vez esté en libertad?
FRH: Para entender la situación, se la quiero explicar de la siguiente manera: a mis dos hermanos y a mí nos abren un indictment (una acusación), a Jairo, que no tuvo participación en la guerra, y a Daniel, que sí tuvo participación en la guerra en los Llanos Orientales, por un avión que en 2003 aterrizó en el aeropuerto de Necoclí cargado con una droga que fue tomada por efectivos del Bloque Elmer Cárdenas. Posteriormente, el señor Vicente Castaño nos llama y nos dice que esa droga es del señor 'Rasguño' (Hernando Gómez Bustamante), se le entrega a ese señor y paga un recurso para recuperar su droga. Con base en la manipulación de esa droga, el gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de mis hermanos.

Mi hermano Jairo va a Estados Unidos y la justicia encuentra que, después de escuchar las explicaciones, no tenía nada que ver con esta situación y lo condenan por un lavado de activos por el tema de una maquinaria y regresa nuevamente al país. En el caso de mi hermano Daniel, estaba dentro del proceso de Justicia y Paz, pero no se presenta a dar cumplimiento a la Ley 975, hace parte –de la mano de Vicente Castaño – de un rearme, es capturado y el gobierno de Estados Unidos lo solicita por otro indictment nueva.

VA: ¿Una vez libre, se presentaría ante la justicia estadounidense para dar esas explicaciones?
FRH: La Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia al no aprobar mi extradición dijo que por los hechos que me estaban solicitando la justicia norteamericana me deberían juzgar en Colombia y ese juzgamiento está en proceso en nuestro país.

VA: Los reclamantes de tierras tienen miedo del regreso de los ex paramilitares a zonas que les han sido restituidas o están en proceso, porque creen que se exacerbarán los conflictos y podrían ser afectadas nuevamente. ¿Qué les responde? ¿Se pueden sentir tranquilas una vez que hombres como usted estén en libertad?
FRH: El fenómeno de tierras que han perdido los campesinos en Colombia es una situación de muchísimos años, que la guerra, de una u otra manera, acrecentó. Pero ante el temor de los campesinos que hoy están haciendo las reclamaciones, yo digo todos los días, Dios mío que les regresen la tierra en derecho al campesinado que la perdió. En estos días celebrábamos cómo el gobierno nacional les va a devolver a los campesinos las tierras en las Tulapas, las cuales había comprado irregularmente el Fondo Ganadero de Córdoba. Ojalá las devuelvan.

En mi caso y en el caso de los 33 desmovilizados del Elmer Cárdenas postulados a la Ley de Justicia y Paz, es gente que no tiene un centímetro de tierra ni tenemos aspiraciones de ir a la región y pretender quitarle un centímetro de tierra a ningún campesino.

VA: Al respecto, siempre se ha dicho que usted posee tierras sembradas de palma en el bajo Atrato chocoano. ¿Es eso cierto?
FRH: Cuando yo llegué a este proceso en el año 2007 desde mi primera versión a la Fiscalía me decían “es que usted tiene 34 mil hectáreas en la zona del Jiguamiandó, que usted le robó a los campesinos y que tiene 24 mil hectáreas sembradas de palma”. Por ahí tres o cuatro años después, de tanto explicar de que si es una tierra que está allí y que está sembrada en palma, se necesita abonar la palma, sacar el fruto, sacar el aceite, vender el aceite, recibir el cheque, pagar los trabajadores, la seguridad social, los impuestos, y nada de eso lo hago yo. Así se los expliqué a fiscales y a jueces y hace por ahí dos años me dijeron “usted tiene la razón, usted no era el dueño de esas tierras, usted no desplazó la gente para robarles la tierra, usted no sembró la palma, usted no explota económicamente eso”. Se ha demostrado que quienes tenían intereses allí eran los señores ‘Don Berna’ (Diego Fernando Murillo Bejarano), Vicente Castaño, Raúl Hasbún, Jesús Ignacio Roldán, entre otros, y señores de la clase empresarial antioqueña y urabaense.

VA: Pero en el municipio de Mutatá, particularmente del corregimiento Bejuquillo, los afectados alegan que Elkin Castañeda, miembro de su grupo, presionó el despojo y aún hoy, a través de testaferros, posee tierras en esa zona.
FRH: Elkin llegó a hacer parte del Bloque Elmer Cárdenas por allá a finales de 2001 y antes hacía parte del Bloque Bananero. Yo le he hecho preguntas sobre esas denuncias y él me ha dicho: “Vea señor, usted sabe cómo ha sido mi situación, que eso lo definan los jueces y los investigadores, que encuentran que alguna finca es mía y que yo le he mentido a este proceso, entonces que se aplique todo el rigor de la ley”. Elkin no es mi subalterno sino un compañero de presidio, y le he dicho, como dice mi papá, que cada cual haga con su camisa un saco, entonces será él que dé las respuestas y que la justicia falle en derecho quién tiene la razón.

VA: ¿El Elmer Cárdenas, como estructura armada que alcanzó tanto poder en sus áreas de influencia de Chocó, Antioquia y Córdoba, no tuvo como práctica el despojo de tierras?
FRH: Jamás. Y sabe una cosa, no solo la Fiscalía ha tenido acceso a los 33 desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz, sino a los 2.533 desmovilizados a quienes les han preguntado varias veces si el despojo era una práctica nuestra y nadie ha dicho que sí.

Eso sí, una vez si le quitamos mil hectáreas a un tipo. En una oportunidad comenzaron a llegar campesinos a hacer ranchos en la carretera entre Necoclí y San Pedro, aprovechando que la situación estaba segura. Yo comencé a conversar con ellos y me decían que no tenían tierra. Un señor amigo del señor Vicente Castaño, llamado Fernando Mafioli, había comprado unas tierras alrededor de los predios del Fondo Ganadero de Córdoba; el tipo tenía como 3 mil hectáreas, abandonadas y en rastrojo, entonces yo fui y medí mil hectáreas y se las entregamos de a diez hectáreas por familia, y lo registramos con nombres y números de cédula. Todo eso lo entregué a la Unidad de Justicia y Paz. Un día aquí en la cárcel me encuentro con un abogado representante de Mafioli que me estaba reclamando porque yo le había robado su tierra. Yo le expliqué que él compró esas tierras aprovechando que el campesino, por la violencia que se vivió en esa zona, vendió supremamente barata. Deberá ser la justicia colombiana la que determine si le quita la tierra a esos campesinitos, que ya tienen su casita, su platanito, su yuquita y viven de eso, y llevan los niños a la escuela el Tuntun, y también deberá decir si yo cometí un delito, y decidir si se la devuelve a ese señor.

'El Mellizo' Mejía Múnera, a un paso de salir de Justicia y Paz

La Fiscalía aseguró que este narcotraficante y su hermano se aliaron con los hermanos Castaño para proteger el lucrativo tráfico de estupefacientes. El enlace entre los 'paras' y los 'narcos' fue el esmeraldero Víctor Carranza.

Miguel Ángel Mejía Múnera.Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía solicitó la exclusión de los beneficios de la justicia transicional a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ' El Mellizo', quién se desmovilizó como el jefe máximo del Bloque Vencedores de Arauca, una de las facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El ente investigador argumentó que Mejía Múnera no cumple con los requisitos para acceder a los beneficios de una pena alternativa de ocho años, pues su actividad criminal dentro del grupo tuvo como finalidad el tráfico de estupefacientes. “'El Mellizo' es un narco puro y no merece estar en Justicia y Paz", aseguró la Fiscalía.

Los cuestionamientos sobre alias ‘El Mellizo’ datan de 2004, cuando junto a su hermano Víctor Manuel, fueron incluidos en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados por la Policía Nacional. Poco tiempo después, en diciembre de 2005, 'Los Mellizos', como eran conocidos, se desmovilizaron con sus hombres del Bloque Vencedores de Arauca en la vereda Puerto Gaitán, municipio de Tame, en Arauca.

Pese a dejar las armas bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional, los hermanos se negaron a ser recluidos en una cárcel, huyeron y crearon la banda 'Los Nevados', una de las primeras estructuras criminales surgidas después de la desmovilización, con el fin de apropiarse del negocio del narcotráfico de la Costa Caribe.

El 29 de abril de 2008 Víctor Manuel murió en un operativo de la Dijín realizado en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Tres días después Miguel Ángel fue capturado en vías del departamento del Tolima, cuando viajaba escondido en la cabina de una tractomula. Posteriormente, en febrero de 2009, fue extraditado a Estados Unidos, donde responde por delitos asociados al tráfico de drogas. (Ver Extraditado 'Mellizo' Mejía Múnera)

Alias 'El Mellizo' fue postulado por el gobierno nacional a los beneficios de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, y por varios años no solo rindió versiones ante fiscales, sino que entregó bienes para reparar a las víctimas y confesó varios crímenes cometidos supuestamente por hombres bajo su mando.

Sin embargo, en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía que solicitara la exclusión de Mejía Múnera porque consideró que se trataba de un "narco puro" cuya finalidad "al vincularse como integrante del Bloque Vencedores de Arauca, fue principalmente encubrir y facilitar su negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de "narcos puros")

El ente investigador ya había pedido por estas mismas razones la exclusión de otros narcotraficantes como Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario' y Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo', pero no había procedido de la misma forma en la caso de Mejía Múnera.

La Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía argumentando que estaba de acuerdo con lo expuesto por la Corte Suprema, mientras los defensores de víctimas se opusieron a la medida por cuanto consideraron que la posible expulsión de 'El Mellizo' vulnera los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, entre otras cosas porque Mejía es el postulado que más bienes y dinero ha entregado.

Los argumentos de la Fiscalía
Para sustentar su posición, el ente investigador tomó como punto de partida los cargos que existen contra Mejía Múnera en Estados Unidos y España. Según la justicia ibérica, 'los Mellizos' se aliaron con los hermanos Castaño para proteger sus negocios de narcotráfico, que tenían desde 1994.

En una investigación que se sigue en ese país contra Jorge Enrique García Molinares, parte del 'clan de los mellizos', se aseguró que el llamado zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, ya fallecido, hizo parte de la organización y fue mediador en la relación entre paramilitares y narcotraficantes. También se menciona como parte de la red criminal a Héctor Germán Buitrago, alias 'Martín Llanos', quien está detenido, y un paramilitar pagado por Carranza conocido solo con alias de 'El Tigre'.

En versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, Mejía Múnera ha dicho que el Bloque Vencedores de Arauca se lo entregaron a él y su hermano como una especie de "premio" por el dinero que durante años les dieron a los paramilitares y que en ese departamento el tráfico de estupefacientes era manejado por las Farc y el Eln. Pero según las investigaciones españolas, el 'Clan de los Mellizos' traficaba droga a Venezuela desde la frontera.

El papel que cumplió Miguel Ángel Mejía fue el de recolectar la droga para enviársela a su hermanos a Barranquilla y desde allí la sacaban en embarcaciones hacia Estados Unidos, para ello 'El Mellizo' aprovecho su mando paramilitar. En una versión libre de julio de 2008, el postulado dijo "como paramilitar se me facilitaba conseguir la droga y enviársela a mi hermano a Barranquilla".

Según contó Mejía, él no producía la droga sino que estaba en contacto con otros paramilitares como Ramiro Vanoy Murillo, alias 'Cuco Vanoy' y Antonio Londoño, alias 'Rafa Putumayo', para comprarles la base de coca. Esas transacciones tuvieron la autorización de Vicente Castaño.

'El Mellizo' no abandonó sus funciones como narcotraficante mientras fue jefe del grupo paramilitar y por eso solo fue en muy pocas ocasiones hasta Arauca, entregándole totalmente el control a Orlando Villa Zapata, alias 'La mona'.

La Fiscalía concluyó que Mejía Múnera no se unió a las Auc para hacer parte de la una lucha antisubversiva sino que perseguía un interés personal de proteger sus negocios ilícitos.

Debate sobre narcotráfico
En septiembre de 2012, cuando tuvo lugar la legalización de cargos del Bloque Vencedores de Arauca, comenzó una controversia entre los magistrados de Justicia y Paz y la Fiscalía sobre qué delitos deberían ser amparados por la Justicia transicional. En ese momento, los magistrados se opusieron a legalizar los cargos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito para el postulado Miguel Ángel Mejía.

El principal argumento fue que Justicia y Paz debería enfocarse en crímenes que violarán Derechos Humanos y el narcotráfico no era uno de ellos. La Fiscalía dijo en ese entonces que esos negocios ilícitos estaban muy ligados al accionar de dicho grupo, que se financió en su totalidad por dineros del narcotráfico (Ver: Corte decidirá si 'El Mellizo' es Juzgado por narcotráfico)

Algo similar ocurrió el caso del Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', exjefe paramilitar del Bloque Sur del Bloque Central Bolívar. En esta oportunidad la Fiscalía argumentó que los delitos de narcotráfico fueron un medio para financiar la guerra y no un fin para enriquecerse personalmente. (Ver: 'Julián Bolívar, otro jefe paramilitar condenado)

La Corte Suprema medió en el debate y dejo claro que no le concederá los beneficios a los narcotraficantes que se 'colaron' en las filas paramilitares como el caso de 'El Mellizo' o 'Gordolindo', pero por otro lado permitió que paramilitares que usaron el narcotráfico para financiar la guerra, como 'Julián Bolívar' siguieran en Justicia y Paz (Ver: Exparamilitares podrán ser juzgados por delitos de narcotráfico)

La audiencia de exclusión continuará en los primeros días de noviembre y se espera que ese momento 'El Mellizo' y su defensor expongan sus argumentos. Una vez escuchados unos y otros, los magistrados de Justicia y Paz deberán tomar una decisión; en caso de que haya apelaciones, el caso se resolverá en la Corte Suprema de Justicia, instancia que, como se ha dicho, ya dejó claro que no está dispuesta a darle beneficios de la justicia transicional a "narcos puros".

El comandante ‘narco’ del frente Barro Blanco de Tarazá

Historia de Rafael Ramírez, un narcotraficante que comandó el frente Barro Blanco, pero que se desmovilizó como un patrullero más. Hoy tiene en líos a Justicia y Paz porque no hay quién responda por sus crímenes.