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Mancuso, condenado a 15 años en Estados Unidos

La justicia norteamericana sentenció al exjefe paramilitar por tráfico de estupefacientes hacia ese país. La Fiscalía estadounidense había pedido una condena de 22 años.  

mancuso-condena-eeuuSalvatore Mancuso fue extraditado el 13 de marzo de 2008. El postulado a Justicia y Paz ha criticado la lentitud de la justicia y en varias ocasiones se negó a seguir versionando. Foto: Revista Semana.

La juez Ellen Huvelle del distrito de Columbia condenó a Salvatore Mancuso, segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, a 15 años y diez meses de prisión. Desde 2002, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigaba al  exjefe paramilitar por varios envíos de droga que ingresaron a este país.

Los fiscales del Distrito de Columbia habían pedido una pena de 22 años de prisión, a pesar de que, según los defensores de Mancuso, habían negociado no más de 13 años por la colaboración que había prestado a la investigación.

Como último recurso, el pasado 16 de junio, el exjefe paramilitar le envío una carta a la Cancillería colombiana clamando su intervención ante la justicia de Estados Unidos. Pedía que el gobierno de Colombia informara a la juez y a los fiscales norteamericanos que ya había sido condenado por narcotráfico en Justicia y Paz y que había cumplido con las exigencias de la Justicia transicional. (Ver carta)

Salvatore Mancuso obtuvo una pena mucho menor a la que recibieron otros desmovilizados como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, condenados a más de 30 años de prisión.

Los siete años que el exjefe paramilitar lleva recluido en una cárcel en la ciudad de Warsaw en Virginia, Estados Unidos, cuentan como parte de su condena con la justicia norteamericana, por lo que le restarían ocho tras las rejas, aunque pueden llegar a  ser menos.  (Ver: El paso de Salvatore Mancuso por la guerra)

En Colombia, Salvatore Mancuso ya fue condenado dos veces por la justicia transicional por los crímenes cometidos por cuatro grupos paramilitares que dirigió. Como está postulado a la Ley de Justicia y Paz recibió una penal alternativa de ocho años de prisión, pero lo que no está claro es si el tiempo que lleva en la cárcel de Estados Unidos cuenta como parte de su condena. Los abogados de Mancuso y de otros extraditados han pedido a la Corte Suprema que aclare este asunto, pero aún no hay un pronunciamiento al respecto.  

La justicia colombiana y Mancuso

mancuso-condena-eeuuEl exjefe paramilitar ha dicho que todavía falta por detallar por lo menos 5 mil crímenes. Foto: Revista Semana.

En 1994, cuando Salvatore Mancuso era un ganadero cordobés que servía como informante del Ejército, conoció a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes le propusieron unirse a las recién creadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Un año después conformó su propio grupo paramilitar disfrazado bajo la legalidad de las ‘Convivir’.

Pero fue en 1997, con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que logró mayor protagonismo. Ese año lideró la expansión paramilitar en Cesar, Magdalena y los Montes de María; un año después incursionó en La Guajira; y en 1999 llegó a Norte de Santander con más de 200 paramilitares.

Estados Unidos le seguía ya la pista por los cargamentos de estupefacientes que envío a ese país y en septiembre de 2002 solicitó por primera vez su extradición. Solicitud que fue detenida por el presidente Álvaro Uribe Vélez en medio de las conversaciones para pactar la desmovilización de las Auc.

En 2005, Salvatore Mancuso fue uno de los impulsores de un acuerdo entre los paramilitares y el gobierno en Santa fe de Ralito. En diciembre de ese año se desmovilizó como jefe del Bloque Catatumbo y coordinó la entrega de más de 1.400 paramilitares. Los grupos paramilitares de la Costa que estaban bajo su mando quedaron en manos de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

En agosto de 2006, el gobierno lo postuló a ley de Justicia y Paz y arrancaron las primeras versiones libres donde relató algunos de sus crímenes y señaló a sus aliados, entre ellos, políticos, militares y empresarios. Pero mayo 2008, el presidente Álvaro Uribe aprobó su extradición a Estados Unidos, junto a la de otros trece exjefe paramilitares.

Mancuso no dudo en afirmar que su extradición era una estrategia para acallar las verdades que venía contando ante la justicia transicional. Aunque este fue un tropiezo en el proceso judicial que se adelantaba en Colombia, el exjefe paramilitar continuó versionando ante los fiscales de Justicia y Paz.

A pesar de la distancia y de las condiciones de reclusión, los fiscales colombianos han reconocido que Salvatore Mancuso colaboró con la justicia. Su testimonio fue clave en varios juicios contra parapolíticos y en contra de altos miembros de la fuerza pública como Rito Alejo del Río (Ejército) y Mauricio Santoyo (Policía). Incluso habló en contra de sus propios familiares que manejaron los negocios del narcotráfico para los paramilitares. (Ver: Doménico Mancuso, ficha clave de las Auc en incursión al Catatumbo)

En 2012 fue llevado por primera vez a juicio ante los magistrados de Justicia y Paz, donde le imputaron más de 100 crímenes de lesa humanidad como masacres, desplazamientos masivos y acceso carnal violento que cometió como jefe del Bloque Catatumbo. En ese momento los paramilitares contaron con crudeza cómo construyeron hornos crematorios e Norte de Santander para desparecer los cuerpos de sus víctimas.

La Fiscalía lo eligió como uno de los casos de priorización en 2013, esta es una estrategia que usó el Ente investigador para darle celeridad a la investigación de 16 exjefes paramilitares y guerrilleros con el fin de obtener macrosentencias. Salvatore Mancuso respondió por línea de mando por los crímenes que cometieron cuatro grupos paramilitares: Bloque Norte,  Montes de María, Córdoba y Catatumbo.

En octubre de 2014 fue condenado por más de 100 crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo, grupo que él comandaba. Un mes después se conoció la sentencia más grande del proceso de Justicia y Paz en la que el exparamilitar se declaró responsable de más de 1.400 delitos cometidos en ocho departamentos.

En esos dos fallos se incluye el delito de tráfico de estupefacientes entre 1996 y diciembre de 2004. En la carta enviada a la Cancillería, Mancuso pidió que se le haga conocer a la justicia norteamericana que él ya fue condenado previamente por narcotráfico. Sin embargo, ninguna de estas dos sentencias está en firme pues fueron apeladas por las víctimas y se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema en segunda instancia.

Aunque su proceso en Justicia y Paz ha avanzado rápidamente en los últimos años, el exjefe paramilitar está en riesgo de ser excluido. El pasado 22 de junio la Fiscalía le imputó cargos por “lavar” dinero del narcotráfico en las empresas de apuestas de chance de Enilse López, más conocida como ‘la Gata’ tiempo después de haberse desmovilizado. Si el juez que lleva el caso lo encuentra culpable, Salvatore Mancuso no podría acceder a una pena alternativa de ocho años y podría ser condenado a una pena de hasta 40 años en Colombia. (Por qué los familiares de 'La Gata' están acusados de lavar plata a los paramilitares)

¿Qué pasó con los demás extraditados?
El proceso judicial de 15 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos entre 2008 y 2009  ha tomados distintos rumbos. Cinco ya fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz en Colombia por no cumplir con los requisitos, y en caso de que regresen, tienen que pagar penas de 40 años de prisión.

La Corte Suprema dio el primer paso pidiendo que depuraran la justicia transicional de “narcos puros” como alias ‘El Mellizo’, ‘Gordolindo’ o el ‘Tuso’ Sierra que se camuflaron como jefes paramilitares para beneficiarse de una pena alternativa en Justicia y Paz, pero después fueron enviados a Estados Unidos.

‘Macaco’ salió por haber delinquido luego de su desmovilización y ‘Jorge 40’ por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. Algunos de estos desmovilizados han sido condenados a penas entre 20 a 33 años de prisión, pero no se descarta que negocien con la Justicia a Estados Unidos y no tengan que regresar al país como ocurrió con el ‘Tuso’ Sierra, quien incluso consiguió un permiso de trabajo.

Como Salvatore Mancuso, otros casos fueron priorizados por la justicia transicional en Colombia, como Ever Veloza García, alias ‘HH’,  Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy' y  Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'.

Amenazan a alias ‘El Alemán’

Se trata de un grupo que se autodenomina ‘Nuevo Epl’ que, a través de una carta enviada a la cárcel, conmina a este exjefe paramilitar a abandonar el país una vez quede libre.

el-alemanFredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, durante la desmovilización del Bloqiue Élmer Cárdenas de las Auc. Foto: archivo Semana.

Una carta enviada al centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Itagüí, en Antioquia, por una organización armada que se hace llamar ‘Nuevo Epl’, conmina a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, a abandonar el país cuando abandone este penal, asunto que está en proceso por cuanto ya fue autorizado por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz.

La misiva, conocida por VerdadAbierta.com, le llegó al excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) directamente al penal, a su nombre, en días pasados y en ella, inicialmente, le presentan esta nueva organización, la cual se dio a conocer en abril pasado. (Descargue la carta en PDF)

Mario Agudelo, un exintegrante del Epl, ha sido uno de los amenazados en el primer panfleto, descarta que esta organización sea estructurada y lo que le llama la atención es que los contenidos de los panfletos revele contradicciones: aparentan una ideología, pero parecen de derecha. (Descargue el primer comunicado)

Además, Agudelo destacó que en el caso de ‘El Alemán’ le pueden estar cobrando el destape de la parapolítica en Urabá, que llevó a la cárcel a varios líderes de la región.

“Sea este el momento para presentarle a nuestro movimiento revolucionario”, le dicen a alias ‘El Alemán’ y a renglón seguido escriben que el Epl "ha resurgido" y se ha "reestructurado", y de paso cuestionan a sus supuestos compañeros del pasado, de quienes advierten que "por llamarse constituyentes o legisladores nos vendieron a todos, nos sometieron al genocidio silencioso y nos expusieron a la vergüenza de ser desmovilizados en un país donde ser desmovilizado es sinónimo de ser el otro enemigo".

Luego de recordarle las dificultades que conlleva ser desmovilizado, sobre todo en su relación con las comunidades, le advierten que vendrán muchas agresiones, entre ellas las del 'Nuevo Epl": "Señor Alemán, solamente queremos decirle que algunas de esas agresiones vendrán de nuestra parte. Y no serán muchas, nos hemos propuesto que sea una pero definitiva. Por eso le informamos y lo conminamos a abandonar el país inmediatamente sea puesto en libertad".

Además, le advierten que "no queremos verlo a usted y a ninguno de sus hermanos, o a sus cómplices porque son un verdadero peligro para las víctima y para la restitución de tierras".

El panfleto lo firma la "Dirección de contraataque" y en uno de los apartes le dicen que a él "no lo cuidarás el ejército, ni la policía, como sí cuidan a los traidores que vemos hoy en La Habana negociando hoy a sus compañeros, ni cómo cuidan a nuestros 'compañeritos' desmovilizados que hoy fungen como adalides de la moral impunemente".

Esta "organización revolucionaria" se reivindica la defensas de los reclamantes de tierras y dice actuar desde el parque nacional Nudo de Paramillo: "no nos detendremos de forma alguna para defender a los campesinos y a las víctimas de las zonas donde tenemos influencia".

A 'El Alemán' le recuerdan que él y sus cómplices "son idiotas útiles de un Estado militarista" y por ello, "lamentablemente nos corresponde declararlos nuestro objetivo militar prioritario. Blancos del máximo interés".

Luego le reiteran la amenaza: "no nos obliguen a pasar de la acción política a la acción militar porque lo haremos sin vacilar. No nos importan los costos, porque desde la clandestinidad permanente que hemos asumido, tenemos toda la disposición de actuar cuando sea necesario por la vía de las armas".

Finalmente le notifican de nuevo la exigencia: "lo tendremos en la mira durante algún tiempo, dándole tiempo a confesarse y a comprar el pasaje para irse del país. Le insistimos por su seguridad y la de su familia, váyase a gastar sus milloncitos a otro país porque aquí no le vamos a dar tiempo de disfrutarlos". Incluyen en la amenaza a supuestos testaferros de los departamentos de Antioquia, Sobre todo de Urabá, Córdoba y Chocó.

La amenaza llega en momentos que este exjefe paramilitar espera los trámites necesarios para abandonar el penal, pues de acuerdo con las normas de la Ley 975, de Justicia y Paz, ya cumplió con los ocho años de carcel que contempla los beneficios de este proceso de justicia transicional.

El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’

En una decisión sin precedentes, una juez de Justicia y Paz dijo que ‘Don Antonio’ no cumplió sus compromisos y tendrá que pagar 40 años prisión, a pesar de que hace una semana la Corte Suprema le concedió la libertad al exparamilitar. Este caso muestra los líos jurídicos a los que se enfrentan los postulados que pidan su libertad.

'Don Antonio' se hizo conocido porque al momento de su captura las autoridades le incautaron un computador de 'Jorge 40' que tenía información de parapolíticos y numerosos crímenes.Edgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue el primer exjefe paramilitar en solicitar su libertad tras cumplir ocho años, luego de su desmovilización y posterior reclusión el 28 de marzo de 2006. Sobre su libertad se expidieron dos decisiones judiciales que en principio son opuestas.

Por un lado, hace una semana, la Corte Suprema de Justicia le concedió a alias ‘Don Antonio’ la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, es decir que consideró que el postulado cumplió con sus compromisos y que, por lo tanto, podía quedar en libertad condicional. (Ver fallo de la Corte Suprema). En este fallo de segunda instancia los magistrados de la Corte respaldan la decisión de la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla tomó hace dos meses. (Ver: Por qué alias ‘Don Antonio’ no va a quedar aún en libertad)

Por otro lado, en un auto que se conoció ayer, la juez de ejecución de sentencias de las Salas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, no solo le negó la libertad por pena cumplida a alias ‘Don Antonio’, sino que le revocó la rebaja de pena, lo que significa que Fierro Flores pasaría de estar recluido 8 años a 40 años en la cárcel. Esto porque consideró que el exparamilitar no les pidió perdón públicamente a sus víctimas, como se lo exigió una condena de la Corte Suprema en junio de 2012. La defensa del postulado apeló esta decisión que ahora está en manos de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. (Ver decisión del Tribunal de Justicia y Paz)

Aunque las dos decisiones resultan contradictorias, el fallo de la Corte Suprema aclara que para solicitar la libertad hay dos figuras diferentes: una es la libertad por pena cumplida que la concede una juez de ejecución de sentencias y que aplica a los postulados que ya tengan una condena en la Ley de Justicia y Paz; y la otra es la sustitución de medida de aseguramiento que la concede un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz a quienes aún no han sido condenados por delitos que cometieron mientras hicieron parte del grupo.

Eso quiere decir que como Fierro Flores fue condenado en junio de 2012 debe solicitar la libertad por pena cumplida. En término prácticos implica que la libertad que le concedió la Corte no tiene ningún efecto hasta que no se resuelva el proceso de libertad por pena cumplida con los magistrados de Justicia y Paz. (Ver: La primera sentencia de ‘Don Antonio’ en Justicia y paz)

Por lo pronto, alias ‘Don Antonio’ seguirá en la cárcel condenado a 40 años de prisión y cualquier decisión que se tome al respecto será un referente para las demás solicitudes de excarcelación de otros exjefes paramilitares que llevan ocho años tras las rejas.

Estos dos proceso jurídicos (el de la sustitución de medida de aseguramiento que terminó en la Corte Suprema y el de libertad por pena cumplida que se decidió a manos de un juez) corrieron paralelamente porque el abogado de alias ‘Don Antonio’ solicitó la libertad de su cliente por las dos vías.

Al mismo tiempo, la Fiscalía inició un proceso contra Fierro Flores por falso testimonio en contra de Silvia Guette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe a la que se le sindica de haberse aliado con las Auc, pero esto no tiene relación alguna con la negación de la libertad, pues aún no existe una decisión judicial sobre este asunto.

Al respecto, VerdadAbierta.com obtuvo copia de la carta que alias ‘Don Antonio’ le remitió el pasado martes al Fiscal General de la Nación, en la que rechaza esa sindicación del Ente acusador, calificándola de “falsa acusación”. En uno de sus apartes, el exparamilitar dice que “Teniendo en cuenta que he recibido de parte de mi abogado de confianza copia de la denuncia que en mi contra instaurara el abogado Luis Arturo Jiménez Cely defensor de Silvia Guette Ponce el día 19 de febrero de 2014, es mi deber hacer algunas precisiones para dar claridad a falsas acusaciones que ha hecho el abogado Jiménez Cely en mi contra, omitiendo convenientemente para los intereses de su defendida, información que obra en el proceso que se adelanta en mi contra y en contra de la Guette por el homicidio de Fernando Cepeda Vargas”. (Ver copia de la carta)

¿De dónde surgió este enredo?
La ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz establecía que cuando los exparamilitares cumplieran su pena debería solicitar su libertad ante un juez de ejecución de penas utilizando la figura de la libertad por pena cumplida, pero en  2012, cuando  el Congreso de la República reformó la Ley de Justicia y Paz se creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento.

La preocupación en ese entonces era que muy pocos postulados tenían una sentencia en firme y por lo menos 50 de ellos cumplirían con los ocho años de cárcel en diciembre de 2014. Por tal razón, la idea fue crear este mecanismo para que estos desmovilizados pudieran pedir su libertad sin necesidad de haber sido condenados.

Eso quiere decir que postulados como alias ‘Don Antonio’, que ya tienen una condena en firme, deben pedir su libertad ante un juez de ejecución de penas; en cambio, quienes no tengan una condena, como ha ocurrido en el caso de los cinco exparamilitares que ya se encuentran en libertad, deben pedir su libertad con un magistrado de control de garantías.

La Corte Suprema aclaró en su reciente fallo que las exigencias de una y otra medida son diferentes, mientras que para un desmovilizado que no ha sido condenado se le debe mirar “su grado de lealtad para con el proceso de Justicia y Paz, así como su conducta en el establecimiento de reclusión”, para quienes ya fueron condenados como ‘Don Antonio’  es necesario revisar no solo que haya pasado 8 años en la cárcel sino que haya cumplido con la obligaciones impuestas en su sentencia.  

El perdón que no llegó a las víctimas
Aunque la Juez de ejecución de sentencias reconoce que Fierro Flores ya cumplió ocho años de prisión desde que fue condenado a Ley de Justicia y Paz, aclara que no cumplió con las obligaciones que le impuso la sentencia de la Corte Suprema en junio de 2012. En dicho fallo le exigieron que en un plazo de seis meses debía publicar unas disculpas públicas en un diario de alta difusión nacional y hacer un evento en  público en los municipios de Atlántico, Cesar y Magdalena  donde delinquió.

El fallo muestra que, en efecto, dos años después de haber sido condenado, ‘Don Antonio’ no ha cumplido con sus obligaciones y por eso le quitó los beneficios de una pena alternativa de ocho años. El exparamilitar se defiende diciendo que remitió un borrador de las disculpas públicas a la Unidad de Víctimas el 28 de enero de 2013 con el fin de que le ayudara a la socializarlo con las víctimas, pero que le contestaron un año y cinco meses después la entidad le respondió diciendo que dicha socialización era responsabilidad del victimario. Sobre la logística del evento para pedir perdón también culpa a la Unidad de Víctimas.

La juez encontró que no era justificación suficiente para cumplir con un compromiso que en principio era del postulado. Agregó que tampoco ha cumplido a cabalidad su compromiso de reparación, pues se rehusó a entregar bienes, pues los únicos bienes que están en manos del Fondo de Reparación a las Víctimas son los que le fueron incautados al momento de su captura.

Por ahora, ‘Monoleche’ se queda en Justicia y Paz

0-monoleche-620x400El Tribunal de Justicia y Paz rechazó la solicitud hecha por la Fiscalía para excluir de la justicia transicional al otrora hombre de confianza de los hermanos Castaño. Según los magistrados, no ha faltado a la verdad.

Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, antigua mano de derecha de los hermanos Castaño Gil, seguirá vinculado al proceso de justicia transicional de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, continuará en Justicia y Paz, según la decisión de primera instancia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Medellín, que rechazó la solicitud de exclusión presentada por la Fiscalía 8 de Justicia y Paz el pasado mes de octubre. Según la Fiscalía, Roldán Pérez faltó a su compromiso de revelar toda la verdad porque apenas el pasado 14 de agosto reconoció en una versión libre su responsabilidad en el despojo de la finca ‘La Holanda’, ubicada en el corregimiento Leticia de Montería.

Alias ‘Monoleche’ admitió en dicha diligencia que en noviembre de 2003 él y otro paramilitar, conocido con el alias de ‘Chico’, llegaron hasta ese predio con el fin de usurpárselo a su propietaria, la señora Yaneth Arango García, como represalia por una deuda contraída por su esposo, Hugo Berrío, con el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.

Esta declaración resultó bastante sorpresiva para la Fiscalía, pues en diligencias judiciales rendidas el 24 de enero de 2008 y el 13 de agosto de 2009, Roldán Pérez había negado su participación en este despojo. Para el ente investigador, esto evidencia una falta de compromiso con la verdad, y amerita que se le excluya de los beneficios que da la Ley de Justicia y Paz.

A eso se suma que en agosto pasado la Fiscalía 30 Especializada contra Bandas Criminales abrió una investigación contra el exparamilitar por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior homicidio de los hermanos Juan y Diego Vélez Ruiz, así como del contador público Luis Fernando Claros, ocurridos en 2007 y 2009 respectivamente. Estos hechos se cometieron, presuntamente, para que alias ‘Monoleche’ se apoderara de unos predios en el Urabá antioqueño que pertenecieron a Vicente Castaño.

¿Por qué no prosperó la exclusión?
La Sala de Justicia y Paz de Medellín consideró que la presunta falta a la verdad por parte del postulado no se puede considerar absoluta, y que poco o ningún daño sufrió la administración de justicia con el reconocimiento tardío de su participación en el despojo de ‘La Holanda’. Si bien el alto tribunal reconoce serias contradicciones en las versiones libres rendidas por Roldán Pérez en los años 2008 y 2009 con la rendida el 14 de agosto del presente año, también señala que dicha situación no puede analizarse de forma aislada ya que: “lo acontecido obedece más a un reconocimiento tardío de la verdad por parte del desmovilizado Roldán Pérez y no a un acallamiento de la misma o, por lo menos, ello no se encuentra demostrado”, expuso el magistrado ponente Juan Guillermo Cárdenas.

De acuerdo con el magistrado Cárdenas, en el proceso de justicia transicional la verdad se va construyendo a medida que transcurren las diferentes etapas de versiones libres y audiencias públicas. Ello explica por qué las imputaciones, los cargos y las sentencias que son proferidas por los tribunales de Justicia y Paz tienen un carácter parcial, “resultando válido y legítimo que los excombatientes, de manera progresiva y a medida que avanza la causa adelantada en su contra, vayan colaborando con la justicia y reparando a sus víctimas a través de sus dichos”, expuso Cárdenas.

Así, a juicio del magistrado, este reconocimiento tardío por parte de alias ‘Monoleche’ encarna una colaboración con la administración de justicia más que un ocultamiento a la verdad, toda vez que fue el propio desmovilizado quien, de manera libre y voluntaria, acudió ante los fiscales de Justicia y Paz a esclarecer los hechos que rodearon el mencionado despojo, hecho que debió motivar la formulación de una nueva imputación de cargos y no la solicitud de su exclusión, toda vez que el proceso judicial aún no ha culminado.

Los magistrados también encontraron improcedente la solicitud de exclusión de la Fiscalía, si se tiene en cuenta que ya se han agotado una serie de instancias en las que el ente investigador ha dado cuenta del cumplimiento de los requisitos del postulado para optar a los beneficios de la justicia transicional.

“Este proceso ya lleva siete años de recorrido, en los cuales se ha venido contextualizando el accionar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en aquellas zonas donde tuvieron injerencia, se admitió por parte del postulado la comisión de pluralidad de conductas punibles, se acreditaron víctimas que están ad portas de ser reconocidas y reparadas, no siendo razonable que previo a la lectura del fallo, presente el ente investigador una solicitud de exclusión que claramente no beneficia a nadie”, señaló el magistrado Cárdenas.

Es así como el próximo martes se empezará a dar lectura a la sentencia que condenará a Roldán Pérez. Mientras tanto la Fiscalía 8 de Justicia y Paz apelará la decisión del Tribunal y será entonces la Corte Suprema de Justicia quien resuelva en última instancia si alias ‘Monoleche’ podrá gozar de una pena alternativa, o no.

Este es ‘Camilo’, responsable de crímenes atroces en Norte de Santander

Autoridades capturaron en Panamá a Armando Pérez, alias ‘Camilo’, exjefe paramilitar en terreno del Bloque Catatumbo de las Auc en Norte de Santander. Fiscalía le atribuye decenas de masacres y asesinatos selectivos en esta zona del país.  

alias-camilo-300x200Armando Alberto Pérez Betancourt, alias 'Camilo', durante la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc. Foto: archivo Semana.Armando Alberto Pérez Betancourt, conocido en Norte de Santander con el alias de ‘Camilo’, fue capturado con la ayuda de las autoridades panameñas en la provincia de Veraguas, cumpliendo con una circular roja emitida por la Interpol.

Según el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, el exparamilitar tiene 4 condenas y 81 órdenes de captura por homicidio, tortura y delitos de lesa humanidad, perpetrados durante su permanencia en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Alias ‘Camilo’ fue un oficial del Ejército que entró a las filas paramilitares como el segundo al mando del Bloque Catatumbo de las Auc, después de Salvatore Mancuso, quien dirigía el grupo paramilitar desde Córdoba.

En términos prácticos fue quien permaneció en la zona de El Catatumbo, hizo alianzas con militares, manejo negocios de narcotráfico  y ordenó la mayoría de los delitos que se cometieron contra los pobladores de Norte de Santander. Por todo ello, la Fiscalía de Justicia y Paz lo ha llamado “el máximo comandante en terreno del Bloque Catatumbo”. (Ver: El pupilo de Fidel Castaño)

Pérez Betancourt  se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 como jefe del Bloque Catatumbo y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, pero huyó de Santa Fe de Ralito en marzo de 2006, un día después de rendir su primera indagatoria ante la Fiscalía.

Versiones de desmovilizados en Tierralta y Montería  coincidieron en que ‘Camilo’ se fugó con los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como ‘Los Mellizos’, a la Sierra Nevada de Santa Marta y crearon el grupo ‘Los Nevados’. De ahí se cree que, en 2008, salió para la región del Alto San Jorge, Córdoba, donde estuvo al lado del desparecido grupo Vencedores de San Jorge.

Tanto ‘Los Nevados’ como ‘Vencedores de San Jorge’ fueron identificados como grupos rearmados tras concluir en agosto de 2006 el proceso de dejación de armas y desmovilización pactado entre el gobierno nacional y el estado mayor de las Auc.

Mancuso ha dicho en diversas audiencias en el proceso de Justicia y Paz que Pérez Betancourt se fue a la clandestinidad luego de que el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, anunciara que él no podía acogerse la Ley 975 porque tenía una condena de 27 años por el asesinato del campesino Ricardo Alonso Quiroz, ocurrida mientras se desempeñaba como oficial del Ejército.

Alias ‘Camilo’ fue el encargado de la incursión de las Auc a Norte de Santander en mayo de 1999, coordinó el transporte de por lo menos doscientos paramilitares en dos camiones de ganado hacia el corregimiento de Tibú. Desde entonces se convirtió en la mano derecha de Mancuso. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo)

Hombres bajo el mando de ‘Camilo’ desaparecieron a por lo menos mil personas Norte de Santander y a este exparamilitar se le acusa de haber planeado y participado en las masacres de La Gabarra de mayo y de agosto de 1999, y fue ya condenado por la masacre de Tibú (Ver: Condenan a ‘Camilo’ por masacre de Tibú).

Además, exparamilitares que estuvieron a su mando han dicho en versiones libres que ‘Camilo’ dio la orden de asesinar a importantes líderes políticos de Norte de Santander como el ex alcalde de Tibú, Tirso Vélez el  defensor Regional del Pueblo, Ángel Iván Villamizar Luciani, (Ver: Los funcionarios asesinados por no plegarse a Mancuso y al 'Iguano')

¿Quién es 'Camilo'?
Según dijo Armando Pérez en la única versión que rindió ante la Justicia, fue Fidel Castaño quien le patrocinó la carrera de oficial en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y luego movió influencias para que lo ubicaran en la base militar de Tierralta, Córdoba, donde se convirtió en un informante de ‘Los Tangueros’, el primer grupo paramilitar de los Castaño. (Vea la versión completa rendida por el paramilitar)

Después, fue designado a la Brigada Móvil No.1, con sede en Montelíbano, Córdoba, luego trasladado a la Tercera Brigada en Cali, con el batallón de contraguerrillas Numancia, donde ascendió a teniente efectivo. Del Valle del Cauca pasó a Popayán y luego al batallón García Rovira en Pamplona, Norte de Santander.

Su último cargo en el Ejército fue el de comandante de la base militar de Urrao, Antioquia, pues en mayo de 1996  fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio Ricardo Alonso Quiroz, un campesino a quien Pérez Betancourt sindicaba de ser guerrillero de las Farc.  

Por tal razón estuvo preso durante 18 meses en la sede del Batallón Girardot en Medellín, pero se fugó con la ayuda de un enviado de los Castaño. Sabía que además era probable que lo sindicaran también de la muerte del abogado Jesús María Valle Jaramillo, defensor de los derechos humanos asesinado por orden de Carlos Castaño en enero de 1997.

Tras su huida, Castaño lo acogió como instructor de la  escuela paramilitar La Acuarela en la Vereda La 35 de San Pedro de Urabá, donde también estuvieron Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’  y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’.  El primero fue jefe del Bloque Metro en Antioquia y el segundo del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.

Luego de haber entrenado a paramilitares en La Acuarela,  a mediados de enero de 1999 fue enviado por los hermanos Castaño al municipio de Acandí, Chocó, para entrenar tropas del Bloque Elmer Cárdenas. Tres meses después, con más 200 hombres, partió del Urabá antioqueño a Norte de Santander, donde terminó asumiendo el mando del Frente La Gabarra y, posteriormente, ascendió a jefe del Bloque Catatumbo.

Los crímenes pendientes de 'Camilo'
Como jefe paramilitar del Boque Catatumbo, Pérez Betancourt deberá responder por los delitos que hombres bajo su mando cometieron en el departamento, entre ellos la masacre de El Tarra, perpetrada 29 de mayo de 1999. Ese día,  Los ‘paras’ instalaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano del municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, retuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a ocho personas.

También se le atribuye responsabilidad en la masacre del 21 de agosto de 1999, cuando un grupo de cerca de 150 paramilitares se tomó el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, y asesinaron a 35 personas. Según testigos, los paramilitares descuartizaron varios cuerpos y luego los arrojaron al río Catatumbo.

La versión de alias ‘Camilo’ también será fundamental para conocer quiénes fueron los miembros de la Fuerza Pública que en el terreno ayudaron a los paramilitares. Según han dicho el Mayor (r) Mauricio Llorente, condenado a 40 años de prisión por nexos con paramilitares, altos mandos del Ejército hicieron contactos en la zona para que sirvieran a alias ‘Camilo’.

Doménico Mancuso, alias ‘David’, primo de Salvatore Mancuso y capturado recientemente, fue el encargado de hacer los enlaces entre ‘Camilo’ y los militares. (Ver: Doménico Mancuso: enlace de las Auc con el Ejército en el Catatumbo)

De acuerdo con lo que le han dicho postulados del Bloque Catatumbo a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘Camilo’ fue uno de los paramilitares que ordenó el asesinato de Tirso Velez, ex alcalde de Tibú por la Unión Patriótica (UP) y candidato con mayor respaldo a la gobernación de Norte de Santander en 2003. El 4 de junio de ese año dos hombres abordaron al líder político, su esposa y un amigo en pleno centro de Cúcuta. Un sicario disparó varias ráfagas sobre el grupo. Asesinó a Vélez con seis balazos e hirió a su mujer y a su acompañante.

El exparamilitar también fue quien dio la orden de asesinar a Ángel Iván Villamizar Luciani, defensor Regional del Pueblo en Norte de Santander, el 22 de febrero de 2001, quien se caracterizó por sus continuas denuncias sobre las masacres y las violaciones de derechos humanos que cometían las autodefensas en la región del Catatumbo, razón por la que se convirtió en objetivo de los paras.

Otras de sus víctimas fueron los fiscales especializados María del Rosario Silva y Carlos Alberto Pinto, y de los investigadores del CTI, Jesús David Corzo Mendoza y Milton Eduardo Márquez.

Se espera que con sus declaraciones se puedan aclarar todos esos crímenes, lo que permitiría esclarecer la verdad en una región donde los paramilitares, en connivencia con sectores de la Fuerza Pública, atacaron sin miramientos a quienes se oponían a su proyecto armado.