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Archivos oficiales desaparecen a medida que avanza investigaciones: UNAC

VerdadAbierta habló con Alejandro Ramelli, jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC) de la Fiscalía, y con la coordinadora de analistas, Gina Cabarcas. La gran dificultad que afrontan es la destrucción y manipulación de archivos.

300 archivos unidad contextoHace más de un año, cuando se creó la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC), a sus fiscales e investigadores se les asignaron más de diez macro temas para que los investigaran en su conjunto. La idea es identificar los planes criminales y los actores que estuvieron detrás de algunos de los crímenes que más impacto han causado en el país.

Entre ellos se destaca el objetivo de encontrar las conexiones entre los magnicidios de los líderes políticos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez  y develar el plan criminal y las alianzas con la ilegalidad que se tejieron para asesinar a voceros, colaboradores y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) entre finales de la década del ochenta y comienzos de la del noventa.

La tarea no es fácil, entre otras razones porque uno de los mayores problemas que afrontan quienes tienen a cargo estas investigaciones es que a medida que avanzan, muchos archivos estatales se están desapareciendo, lo que podría configurar el delito de complicidad, pues se estaría buscando proteger a quienes hace más de 20 años participaron en algunos de esos crímenes.

Alejandro Ramelli, jefe de la Unidad de Contexto y Gina Cabarcas, coordinadora del grupo de analistas que investiga los tres magnicidios y los asesinatos de la Unión Patriótica, hablan de cómo avanzan esas investigaciones.

Verdad Abierta (V.A): Los crímenes que están investigando, tanto los magnicidios como los asesinatos de la UP, sucedieron hace más de 20 años y tienen expedientes abiertos desde entonces. ¿Cuál es la diferencia entre esas investigaciones  y las que adelantan en la Unidad de Contexto?

Alejandro Ramelli (A.G): Antes, como era normal, las investigaciones solo tenían en cuenta una variable que es la calidad de la víctima. Les entregaban los expedientes a  fiscales de cualquier región y había procesos por todo el país. Además, esos fiscales no se dedicaban exclusivamente a estos temas, sino que al tiempo llevaban otros procesos. Eso llevó a que la información estuviera fragmentada.
Ahora la idea es reagrupar esos expedientes y algunos han sido reasignados a la Unidad de Contexto. Lo que queremos es saber qué fue lo que pasó, para ello cruzamos variables de tiempo y lugar donde ocurrieron los delitos, eso nos muestra los mayores focos de victimización, en caso por ejemplo de la UP, está Urabá.  Luego eso lo comparamos con otros datos, por ejemplo, los resultados electorales, las alianzas partidistas de la UP en cada región y los criminales en la zona.

V.A: ¿Cuándo se verá el resultado de estas investigaciones?
A.R: Este año nos centramos en ubicar las variables y situaciones, trajimos los expedientes y comenzamos a construir los contextos y la metodología. Ya se han hecho algunas imputaciones, pero esperamos que la mayoría se hagan el próximo año.

V.A: ¿Luego de tantos años, no ha sido muy difícil acceder a la información?
A.R: Claro, hace una semana los fiscales estuvieron en la Escuela de la Policía escarbando, con tapabocas y guantes, en archivos llenos de polvo, revisando hojas de vida de hace 20 años. Pero la gran dificultad es la destrucción y manipulación de archivos, en la medida que hay revelaciones desaparecen más. La Unidad está explorando la posibilidad de abrir investigación por complicidad contra unas cuantas personas.

V.A: ¿Estas investigaciones van a ahondar en los nexos del DAS con el grupo paramilitar de Puerto Boyacá?
Gina Cabarcas: Sobre el paramilitarismo del Magdalena Medio se ha hablado de la relación con los militares, la Brigada 14 y varios de esos batallones emblemáticos en la historia de los paramilitares, pero  no se ha dicho casi nada sobre los nexos con miembros del DAS  y de la Policía.
La investigación de los magnicidios de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, tres líderes de corrientes políticas alternativas, puede empezar a abrir la puerta para ver qué relación existía entre agentes del DAS con paramilitares del Puerto Boyacá. En los tres casos el vínculo está en el esquema de seguridad provisto por el DAS,  estas personas podrían estar relacionadas con la victimización última.  Pero hasta ahora estamos empezando, vemos que es una relación que se da más en entornos urbanos, en las grandes capitales, no tanto en lo rural.

V.A: ¿Esta relación también se presentó en los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica que ustedes también están investigando?
G.C: Sí, hay una serie de homicidios que se presentaron en Medellín de líderes de la Unión Patriótica que podrían tener el mismo modus operandi de vínculos de grupos paramilitares con miembros de la escolta que eran parte del DAS.  

V.A: ¿Y podría también estar presente esa alianza con algunas masacres ocurridas a finales de los años ochenta?
G.C: La justicia ha dicho que en el caso de las masacres de Remedios, Segovia y la Rochela hubo participación de miembros del Ejército, hasta el momento no del DAS, porque hasta ahora las investigaciones se reducen a un ámbito más urbano.

Eso es lo que queremos saber nosotros, cómo funcionaba el DAS en ese momento y cómo se daban los vínculos con miembros de grupos paramilitares de Puerto Boyacá en ese entonces.  Pero no ha sido fácil, casi nadie ha hablado de ello y los documentos de DAS todavía no son públicos, unos están en la Procuraduría y otros en el  antiguo edificio del DAS (donde ahora queda la Unidad de Contexto de la Fiscalía), pero la idea es poder abrir un enfoque investigativo a partir de esos archivos, a los que solo podremos acceder por orden judicial.

V.A: ¿Tras que intereses estarían apuntando los miembros del DAS que participaron en esta alianza?
G.C: Esta alianza criminal se movía en el espacio y el tiempo. Ese movimiento permitió que tuviera interés particulares en ciertos crímenes, más allá de una gran alianza homogénea había planes criminales individuales.  A lo que estamos apuntando es que aunque si existía una alianza grande, hay casos concretos de corrupción, chantaje e intereses políticos y económicos particulares.

Eso podría explicar algunas reflexiones que han salido últimamente en prensa, sobre cómo Miguel Maza Márquez pudo estar relacionado en el magnicidio de Galán si él también fue victimizado por el cartel de Medellín.  Esa alianza no era una organización criminal jerarquizada, sino que eran comunes las fracciones y que entre ellos no estuvieran de acuerdo en todos los homicidios que cometieron.  

Luego de 1989, con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, empiezan las fracturas entre el cartel de Medellín y el modelo paramilitar del Magdalena Medio. La fiscal que lleva el caso encontró que existía un fondo común entre los llamados ‘extraditables’, es decir que económicamente actuaban en conjunto, pero puede que no todos estuvieran de acuerdo con determinado crimen. Por eso no se puede decir que todos aquellos que estaban en la alianza son autores por ejemplo del homicidio de Galán, sino que pueden ser partícipes.

VA: ¿Estas fracturas también se dan dentro del grupo paramilitar?
G.C: El caso de las primeras autodefensas de Henry y Gonzalo Pérez son interesantes porque ellos eran los que mandaban, pero luego de ellos estaban una especie de comandantes o cabecillas como Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladmir’, y Jaime Eduardo Rueda Rocha. No funcionaban como una unidad sino que era por encargo; por ejemplo, a ‘Vladimir’ lo designaron para perpetrar la masacre de la Rochela y a Rueda Rocha lo encargaron de armar la alianza con el DAS en Bogotá.

Incluso existían muchos otros grupos pequeños que no respondían directamente a Henry Pérez, pero con el tiempo empezaron a depender financieramente de las autodefensas de Puerto Boyacá, porque Pérez era el que tenía la relación con el  narcotráfico.

Y es que la gente suele pensar que el paramilitarismo era una cosa unitaria y jerárquica, de pronto por la forma en que se dio la desmovilización, pero eso no fue así ni siquiera en los ochenta, cuando uno ve los relatos de cómo funcionaba el paramilitarismo del Magdalena Medio se desmiente la idea de que el fenómeno surge del MAS (Muerte a Secuestradores) de los Ochoa, a todos se les decía ‘Macetos’, pero la verdad es que hay muchas diferencias entre unos y otros, por ejemplo unos estaban más cerca del Ejército que otros.   

VA: ¿Qué tan importante han sido los testimonios de los ex paramilitares para investigar más sobre esta alianza criminal?
G.C: Para la resolución de acusación contra el ex comandante de la Policía de Soacha, Luis Felipe Montilla Barbosa y el ex jefe de la Oficina de Orden Público del DAS, Manuel Antonio González Henríquez, se tuvieron las declaraciones del ‘Negro Vladimir’ y ‘Ernesto Báez’ y de las estructuras del narcotráfico la de ‘Popeye’.  En el caso de ‘Vladimir’ empezó a hablar desde 1993, primero como testigo sin rostro y luego cuando se levanta la reserva sigue hablando, en total ha entregado por ahí 15 declaraciones.

Hay otros ex paramilitares en el proceso de Justicia y Paz como Ramón Isaza, pero en ese momento él aún no tenía tanto poder en la organización ni tampoco es mucho lo que ha dicho ante las instancias judiciales sobre eso. También estuvimos revisando las de Arnubio Triana, alias ‘Botalón’, pero tampoco alcanza a llegar a ese momento.

V.A: ¿Se está investigando más casos como el de Rueda Rocha que tienen una relación directa con los paramilitares y el DAS?
G.C: Ese es el principal objetivo de la parte resolutiva de la calificación que estamos haciendo. Tenemos que ahondar en algunos indicios, pero hasta el momento sabemos de Jaime Eduardo Rueda Rocha y Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas.

VA: ¿Estos tres casos de los magnicidios también tienen en común los motivos por lo que aún permanecen en la impunidad?
G.C: Sí, siguieron la misma ruta de obstrucción, el expediente que más actividad investigativa tiene es el de Galán, en los otros dos no tanto y eso contribuye a la impunidad. Pero, en general,  se ve que siguen una misma línea: la muerte de testigos, la desviación inicial que se quiere hacer de la investigación inculpando a personas que nada tienen que ver y llamadas telefónicas para desviar la investigación. En algunos casos hubo cambios de documentos y en particular en el de Galán hay documentos falsos.  

VA: ¿Sucede lo mismo en el caso de la Unión Patriótica?
G.C: En los casos de la UP hemos visto que en los primeros años de la investigación los expedientes son muy ricos  en información y se ve que la hipótesis investigativa apunta para el lado correcto, sobre todo de los más viejos como de 1988. Pero llega un momento, que coincide con la llegada de la Fiscalía, en que los expedientes se quedan mudos, no hay actuación alguna hasta por ahí el 2008. Son expedientes silenciosos y la mayoría siguen en la impunidad.

“Redes criminales acosan a Antioquia”: Sergio Fajardo

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“Nadie me compró la Fiscalía”: Mario Iguarán

Nunca antes el ex fiscal, hoy embajador en El Cairo, había hablado tan abierta y extensamente sobre la acusación de que los magistrados fueron sobornados para elegirlo a él como fiscal. Además devela las presiones que sufrió por sus investigaciones de parapolíticos y corruptos. Por Angélica Pérez Pérez.
Mario Iguarán, ex fiscal general. Foto Semana

No es el mismo hombre que encontré en el 2007 en el despacho de la Fiscalía de Bogotá cuando lo entrevisté para Radio Francia Internacional. En ese entonces, Mario Iguarán era una especie de Quijote que como fiscal general estaba metiendo a la cárcel a políticos  embadurnados de pies a cabeza con el paramilitarismo.  A sus repuestas las movía el ímpetu de estar desenterrando la gran fosa en donde había quedado sepultada la justicia colombiana.

Cuatro años después, ahora como embajador colombiano ante el revolucionado mundo árabe, las palabras de Iguarán arrastran el peso del rosario de virulentos ataques, imputaciones e intentonas de atentados de las que ha sido víctima desde entonces.  El más reciente golpe en contra suyo fue la acusación de que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con su complicidad, fueron comprados con dineros de la mafia para que lo eligieran a la cabeza de la Fiscalía.
 
Angélica Pérez.: ¿Qué responde a la acusación de fue elegido por magistrados comprados por la mafia?
Mario Iguarán.: Como nadie, absolutamente nadie puede decir que me compró ni en un solo caso de los que tuve a cargo,  se les ocurre  decir ahora que yo fui quien compró o permití que compraran, nada más ni nada menos, que a la Corte Suprema de Justicia.  Yo, el fiscal que decidió el caso de Tasmania y que aún es criticado con bastante dureza por el presidente Uribe y vituperado con bastante bronca por aquellos a quienes se ordenó investigar.

No voy a entrar a controvertir lo que de entrada se advierte como un disparate o, mejor, como algo fraguado por los enemigos de la justicia colombiana. Pero tampoco voy a decir que se debe desestimar de plano lo que han dicho los señores desmovilizados. Lo pertinente, pienso yo,  es que se abra una investigación.

A.P.: El paramilitar extraditado Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ aseguró  que el gobierno a través suyo ofreció dinero para conseguir la foto de un magistrado con Giorgio Sale, un empresario italiano capturado en el 2006 por narcotráfico y lavado de dinero. Dijo que usted hizo esa oferta vía Mancuso y que todo ello se hacía en asocio con el abogado Sergio González, con José Obdulio Gaviria, Mario Uribe y Santiago Uribe.

M.I.:
Eso es de película. Tendría que no correrme sangre por las venas para que yo estuviera concertando con los que para ese momento ya estaban dedicados de tiempo completo a atacarme, incluso enviando imprecisas fotos y fábulas infames sobre mí a los medios de comunicación. No sé si ellos se las inventaban o se las libreteaban otros.  Es más, algunas de esas historias habían sido declaradas sin fundamento por mi despacho.

No conozco al abogado Sergio González y respecto a los demás solo tengo que decir que ellos sí me conocen muy bien y que el país conoce, aún mejor, la distancia que media entre ellos y yo. Creo que el señor Juan Carlos Sierra me está confundiendo con otra persona o quiere crear confusión para favorecer a algunos ventilando un simple rumor. Porque lo que él dice textualmente refiriéndose a mi es “él como que era el que tenía esa información y la transmitió para que la consiguieran, no sé de más, que le pregunten al tal abogado Sergio González”.

Yo a Giorgio Sale no lo conozco y, pese a ello, se ha dicho que cuando yo era Fiscal General viajé con este señor en un avión de la Fiscalía. Acaso se estarán refiriendo a un viaje que hice en 2005 con fines académicos en el que sólo fui a Montería y  regresé a Bogotá como cualquier parroquiano en un vuelo comercial.

A.P.: También se habla de una reunión en la que los magistrados de la Corte compartieron con el empresario Georgio Sale antes de ser capturado y se asegura que usted estuvo presente.

M.I.:
Para la fecha en que supuestamente tuvo lugar esa reunión, yo estaba fuera del país. Por la Fiscalía debió asistir mi reemplazo, que era el vice fiscal, junto a otros funcionarios. Entonces, la pregunta es si no conocí al señor Giorgio Sale, si nunca asistí a reuniones con él,  por qué habría de decir que me consta de la existencia de fotos suyas con los magistrados.

Y le está hablando quien fuera el Fiscal General de la Nación cuando el caso de Tasmania. En 2007 aquel paramilitar dijo que el magistrado Iván Velásquez le había ofrecido beneficios, a cambio de implicar al presidente Uribe y a un empresario en un atentado contra un ex comandante de las Autodefensas, alias ‘René’. Y fue la Fiscalía de Mario Iguarán la que  precluyó ese proceso en favor del magistrado Velásquez y ordenó investigar a Tasmania, a su abogado Sergio González y a ‘El Tuso’ Sierra.  Fue la misma Fiscalía la que entonces ordenó compulsar copias para que se investigara a Mario Uribe y a Santiago Uribe,  las personas con las que, según las acusaciones de ahora, yo estaría asociado para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia.

A.P.: ¿Quiénes son sus enemigos como para inventar semejante cuento?

M.I.:
Antes de responderle, quiero dejar muy en claro que yo rechazo rotundamente los señalamientos que se hacen en contra de la Corte y reitero que no existe ni acto, ni intención de mi parte por sobornar a los magistrados. Estas patrañas son ideadas y desarrolladas por la animadversión y hostilidad de quienes han pretendido obstaculizar la administración de justicia. Estas acusaciones, fruto de un espíritu malicioso y delincuencial, me han acarreado en lo personal un costo altísimo porque me ha colocado en la mira del sicariato no solo físico –que me ha  llevado a estar aquí lejos de mi país, de mi familia, de los míos – sino también del sicariato moral, todo por el simple hecho de haber tomado la decisión de cumplir con mi deber.

A.P.: ¿Cómo fue entonces su elección como Fiscal General?

M.I.:
Yo no voy a decir que yo tenía todas las de ganar en la terna. Tal vez me desluce un poco lo que voy a decir pero, dadas las circunstancias, tengo que hacerlo. Yo había hecho méritos para ser elegido por los magistrados.  Varios de los ellos habían sido mis alumnos en especializaciones y en maestrías de derecho. Yo había sido director de la Escuela Judicial y había instituido el ingreso a la rama judicial a través del concurso. Había sido conjuez de la Corte, juez, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Como viceministro de justicia había gestionado con éxito reivindicaciones laborales de los magistrados auxiliares y otros funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Y un lustro antes de ser candidato para la Fiscalía, hice una especialización en casación penal donde mi tesis era la “prevalencia del recurso de casación penal frente a la tutela”. Esa era una tesis respaldada por Corte Suprema.

No quiero jactarme, pero varios magistrados pueden corroborarlo porque lo dijeron el día de la presentación y lo repitieron después, mi exposición fue sencillamente brillante. Yo exhorto a que se le pregunte a los magistrados sobre ello.

A.P.: Mucho se especula sobre su relación con el entonces ministro de Justicia Sabas Pretelt. ¿Hasta dónde la mediación de él a favor de su nombramiento tuvo consecuencias en ejercicio como fiscal?

M.I.:
Después de Dios fue el ministro Sabas quien más abogó porque yo fuera en la terna. En el primer borrador de terna estaban inscritos Consuelo Caldas, Camilo Ospina y Jorge Pretelt, que era el candidato de  preferencia del presidente Uribe. Yo no sé qué pensaba la Corte. Mi nombre no aparecía. Después me incluyen en la terna por sugerencia del ministro Sabas. Pero fue tan poca la influencia de Sabas durante mi administración como fiscal que durante ese período no se le resolvió favorablemente lo de la “Yidispolítica”. Yo me declaré impedido porque respecto a Sabas Pretelt por mi amistad y el aprecio que le tengo.  Le dejé el caso al vicefiscal quien explicó a la opinión pública por qué no tomó una decisión.

A.P.: ¿Qué trasformaciones sustanciales hubo entre el proyecto inicial de Ley de Justicia y Paz que usted diseñó como viceministro de  Justicia y la Ley que se promulgó?

M.I.:  Yo colaboré en el proceso de formación de la Ley de Justicia y paz porque era mi función como viceministro y porque era un convencido de las bondades de ese  instrumento jurídico y político. Los que no creemos en la guerra, los que le tememos, los que no sabemos si somos capaces de prestar un hijo para la guerra, no descartamos este tipo de salidas. Se trataba de buscar el equilibrio entre los principios de justicia y de paz. So pretexto de justicia no se podía llegar al absoluto sometimiento porque entonces las autodefensas y las guerrillas no se iban a desmovilizar. Y so pretexto de la paz tampoco podíamos llegar a la absoluta impunidad.

Encontré muchas talanqueras en su aplicación, pero yo puedo decir que esta ley ha cumplido con unos mínimos de justicia, de reparación y de verdad. Hoy por hoy, la Fiscalía ha hallado más de  3500 cuerpos ha entregado a los familiares los restos de 1300 víctimas. El que se haya podido sacar a miles de familias de la tortura psicológica de no saber si sus  familiares están vivos o muertos, permitirles desarrollar algo que es tan inherente a la naturaleza humana como es el duelo, todo eso justifica el esfuerzo hecho para sacar adelante ese proceso. Si había un momento gratificante en la Fiscalía era cuando entregábamos los restos identificados a los familiares, porque en medio de una escena tan dolorosa y hasta macabra había, al mismo tiempo, una suerte de satisfacción.

A.P.: La ley ha sido blanco de críticas muy duras. Los defensores de derechos humanos aseguran que deja a los autores de crímenes de lesa humanidad en la impunidad. Voces más implacables dicen que es fruto de la concertación con los paramilitares y que defiende sus intereses…

M.I.:
En la elaboración de esta ley se escucharon a todos los estamentos, a las víctimas, a los victimarios. Se tomaba nota y se ponía a consideración lo que cada uno decía, incluidas las autodefensas porque era un proceso en el que lo que primaba era el interés de un país por encontrar una salida hacia la paz. Esta gente no estaba derrotada. Claro que hay críticas pero también hay muchas organizaciones internacionales, incluso cortes internacionales que consideraron que la ley no contrariaba estándares internacionales.

Y es que justicia no siempre es proporcionalidad, de ahí que exista la justicia transicional para procesos como los que vive Colombia. Si no fuera así, pues estaríamos frente a una aberración porque cómo se van a imponer ocho años de cárcel a delitos como masacres y otros contra la humanidad cometidos por estas personas.  Pero es que la justicia también es conformidad, por eso si a esos mínimos de justicia -que en principio ofenden- le agregamos máximos de reparación y de verdad podemos estar hablando verdaderamente de Justicia.    

A.P.: ¿Participaron los paramilitares activamente en la elaboración de la Ley de Justicia y Paz?

M.I.: No. La ley la promovió el gobierno, la aprobó el Congreso y la perfeccionó la Corte Constitucional. Obviamente que había que hacer unas consideraciones respecto a los destinatarios de la ley.  Si el gobierno y el Congreso advierten –como seguramente ocurrió-que al imponer penas de 20 y 30 años de cárcel no se iba a dar un proceso de desmovilización ni un sometimiento a la ley, pues no tenía sentido establecer esas penas. Aquí no nos vamos a echar mentiras diciendo que la ley se hizo sin tener en consideración lo que ellos estuvieran pensando, porque de ser así el resultado hubiera sido una ley inocua y no aplicable. Incluso en mi calidad de viceministro hice, en muchas oportunidades, presentaciones de la ley a los miembros de las autodefensas. Eso no es un secreto.

A.P.: Usted advirtió que lo central es que la ley fuera acompañada de la reparación a las víctimas pero que justamente esa ha sido la gran carencia en su aplicación.

M.I.: Han fallado dos intentos. A veces es un poco incomprensible que  tanto el primero -que en mi concepto es lo previsto por la ley para que esa reparación fuera integral- tanto el segundo  - que fue la reparación administrativa promovida por el gobierno del presidente Uribe ante la inoperancia de la ley, hayan fallado. Yo espero que este tercer intento que es el proyecto de Ley de Víctimas del presidente Santos se pueda materializar.

A.P.: Habría entonces qué detectar donde radica el obstáculo que ha hecho imposible los anteriores intentos por  reparar a las víctimas.

M.I.: Mire, el problema no es la ley. El problema somos nosotros: los operadores jurídicos y administrativos. Porque la ley, aunque no es perfecta, sí está dotada de los instrumentos para hacer efectivos los valores de justicia, verdad y reparación.  Porque si la ley necesitara mas, pues la Corte Constitucional lo habría dicho y porque si fuera contraria a  los intereses de las víctimas, la misma Corte la hubiera declarado inexequible.

A.P.: Un caso en el que debió recibir muchas presiones fue el de Jorge Noguera, el ex director del DAS, por sus nexos con el paramilitarismo, siendo un hombre de la confianza de del presidente Alvaro Uribe…

M.I.: No llevaba un año en la Fiscalía cuando le imputé a Jorge Noguera vínculos con los paramilitares. Un proceso emblemático y complejo en el que, incluso, tuve controversias teóricas jurídicas con la propia Corte Suprema de Justicia que finalmente fueron resueltas.  

Uno puede entender que el presidente Uribe defendiera a sus colaboradores y, debía hacerlo porque por algo los puso ahí. Lo que resulta difícil de entender es que el Presidente no comprendiera que la Fiscalía estaba obligada a cumplir con su deber.   

A.P.: Durante su gestión, se empezó a destapar el expediente de la llamada parapolítica. ¿De dónde partió esa compleja investigación?

M.I.: Fuimos nosotros –y los  titulares e informaciones de los medios son nuestra prueba – quienes empezamos a hablar de parapolítica. Lo hicimos  a partir de la incautación por parte del despacho de la Fiscalía del portátil de alias ‘don Antonio’, hombre de Rodrigo Tovar Pupo. Recuerdo que después de ese hallazgo, visité a la Corte Suprema de Justicia para hablar del fenómeno de la parapolítica. Es a partir de ahí que se tomaron las primeras medidas, como fue la captura  y medida de aseguramiento a diputados de Sucre. Un mes después la Corte se pronunció sobre Álvaro García, Eric Morris, Jairo Merlano y, luego vino nuestra decisión sobre Muriel Benito Rebollo.  En fin, nosotros iniciamos y continuamos la parapolítica manejando el mismo código y  la misma jurisprudencia de la Corte. Y en varias ocasiones, cuando la Fiscalía acusó, la Corte exoneró y absolvió. Y eso no me autoriza ni siquiera a pensar que la Corte estaba generando impunidad.

A.P.: Usted me dijo hace cuatro años que “no fueron las autodefensas las que reclutaron a la clase política, sino que fue la clase política la que reclutó a las autodefensas”.  ¿Qué consecuencias le trajo investigar la responsabilidad de funcionarios y dirigentes políticos en la formación y financiación de los paramilitares que cometieron cientos de masacres?

M.I.: Pues las sigo sufriendo hoy. Animadversión, hostilidad, calumnias. Se ha hablado de que las autodefensas hicieron una vaca para que los magistrados votaran por mí. Pero lo que hay es una “vaca” para enlodarme y ensuciar a la justicia colombiana. Aunque, como ya lo he dicho, no voy a entrar a controvertir esas incriminaciones, tengo que prepararme porque ya se podrán imaginar el número de voluntarios listos a coadyuvar con infundios, injurias e imputaciones contra mí y contra la justicia. Pero vamos a salir adelante. Ellos no van a vencer la fortaleza de la majestad de la Corte, la fortaleza del Estado de Derecho y la fortaleza que me dio Dios para ser Fiscal acompañado de unos funcionarios ejemplares.   

A.P.: ¿Fue blanco de persecuciones, amenazas o chantajes mientras fue fiscal?
M.I.: Amenazas sí. Tanto el Ejército como la Policía develaron en varias ocasiones planes para atentar no solo contra mi vida sino contra la de funcionarios de la Fiscalía. En cuanto a las presiones, creo que no se atrevieron a hacerlas aunque las hayan pensado.

A.P.: ¿Cómo fue su relación durante esos años con el presidente Uribe?

M.I.: El presidente Uribe estaba muy pendiente de lo que sucedía en la justicia y de cómo se podía combatir la delincuencia.  Lo que sí puedo decir es que un entorno del Presidente muy cercano a él se vino en contra mío abierta y notoriamente.

A.P.: ¿Estamos hablando de José Obdulio?

M.I.:
Pues, sí. Y creo que ustedes los periodistas lo saben muy bien. Yo no puedo negar que muchos casos de los que adelanté como Fiscal generaron molestia en el gobierno. Por ejemplo, cuando dictamos medida de aseguramiento contra Mario Uribe se me tildó de falta de entereza por permitir que los fiscales tomaran  decisiones como esa. Pero yo, respetuoso siempre del principio de autonomía de los fiscales,  acaté, defendí y respaldé las decisiones de mis fiscales siempre y cuando no advirtiera un prevaricato o una decisión abiertamente contraria a la ley. Es que todo se ha confundido en el país, en un momento dado la entereza significó engreimiento, ordinariez y grosería.

A.P.: ¿Y hubo presiones en el caso del ex gobernador del departamento de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe,  Salvador Arana, a quien su Fiscalía  llamó a indagatoria y le dictó medida de aseguramiento por desaparición forzada y homicidio agravado?

M.I.:
Ese es uno de los procesos archivados que nosotros revivimos. A Salvador Arana se le había dictado un inhibitorio para que no fuera investigado (firmado por el fiscal anterior,  Luis Camilo Osorio).  Nosotros lo reactivamos, lo vinculamos, le dictamos orden de captura por crear y financiar grupos paramilitares y por homicidio.  No hay que olvidar que lo primeros veredictos en el país por parapolítica fueron dictados por nuestra Fiscalía como sentencia anticipada. Ahí están los casos de Alfonso Campo, Jorge Luis Caballero, Miguel de la Espriella, Carlos Clavijo. Eso demuestra que hubo un buen trabajo de investigación y que el acerbo probatorio de la Fiscalía era contundente.

A.P.: ¿Cree usted que esa articulación entre élite política, económica y mafia amparada en los ejércitos criminales del paramilitarismo se desmontó en Colombia?

M.I.:
Yo tengo que hablar sobre hechos. Por eso no puedo decir que el fenómeno continúa. Que aún haya procesos o investigaciones por parapolítica es otra cosa. Me parece que lo que han hecho la Corte Suprema y la Fiscalía es muy alentador, se sigue investigando, juzgando y tomando decisiones.

A.P.: ¿Cómo fiscal de la parapolítica, cuál fue el momento más difícil?

M.I.:
Muchos. Muchas decisiones se tomaron con dolor de afectar la libertad de personas que conocía, aunque eso no nos quitó determinación. Se trataba de personas del Congreso, del Gobierno o de la administración pública con las que compartí con ocasión de mi ejercicio profesional o mi tarea académica.  Fue muy difícil tomar esas decisiones pero había que hacerlo y, bueno, ahí están las consecuencias. Imagine usted el exabrupto, ¡decir que a la Corte Suprema de Justicia le pagaron para que me eligiera!

A.P.:  Su primer caso difícil como fiscal fue el juicio contra un grupo de militares del Ejército a los que acusó por la masacre de 10 policías y un informante en Jamundí. Usted desmintió la tesis de que se trataba de “fuego amigo” y dijo abiertamente que se trataba de un acto criminal cuyo móvil fue el narcotráfico. ¿Lo puso en riesgo esa decisión?  

M.I.: Había ocurrido lo de Guaitirilla,  lo de Cajamarca y no se había abierto investigaciones. Pero cuando ocurre lo de Jamundí, ya siendo yo fiscal, me apersoné de la investigación.  Lo de Jamundí tuvo un costo enorme para mi integridad. Fue ahí cuando por primera vez quedé en la mira del sicariato, pero a la vez tiene un valor inmenso para la justicia colombiana.

A.P.: ¿Reabrió usted otros crímenes que habían quedado en la impunidad?

M.I.:
Exhorto a que se revise si en el país existía la voluntad jurídica de esclarecer esos delitos. Recuerde también que yo estaba muy recién llegado a la Fiscalía cuando tomé decisiones respecto al asesinato de Luis Carlos Galán y la implicación de Alberto Santofimio, un caso en el que hicimos unos señalamientos muy fuertes, acompañados de pruebas. Le cito otro asesinato que decidimos investigar: el de Liliana Gaviria. Nosotros en la Fiscalía tomamos las primeras decisiones sobre desapariciones a partir de caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y nos encargamos de los casos olvidaos sobre desplazamiento forzado  como el de las negritudes en el Chocó.

Me acuerdo que cuando era viceministro de Justicia  todo el mundo hablaba del poder inconmensurable de Enilce López, apodada ‘La Gata’, en Cartagena. Bueno, pues cuando llegué a la Fiscalía, tomamos la decisión con determinación y la judicializamos. Y no es que fuera ingenuo, no es que no midiera las consecuencias de las decisiones y sus posibles repercusiones no solo en el plano jurídico sino también en el personal. Pero tomé la decisión en el caso de ‘La Gata’, como la adopté en el caso de varios gobernadores y alcaldes como por ejemplo, en el del gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, por enriquecimiento ilícito y corrupción.  

A.P.: El 22 de febrero del 2009, usted ordenó el allanamiento de la sede del DAS para investigar las intercepciones ilegales hechas desde esa dependencia a magistrados, líderes opositores y periodistas, lo que en Colombia se conoce  como el caso de las “chuzadas”. ¿Fue realmente un caso excepcional o era algo que ya se ha hecho muchas veces?

M.I.: El espionaje telefónico se ha dado en América, en Europa y lo veo ahora que estoy aquí en África donde no se habla sino de chuzadas.  Y el ejemplo más claro  de ello es lo ocurrido en Italia a finales de los años 80 cuando la justicia descubrió los nexos entre política, economía, mafia y corrupción. Pero lo que yo si debo reconocer es que, a pesar de haber sido profesor por mucho tiempo de derecho comparado,  jamás vi que la historia registrara un incidente tan grave como el del DAS.

¿Qué puedo decir yo al respecto? Qué en muy pocos meses logré abrir investigación y encarcelar a algunos funcionarios. Incluso estaba listo para emitir una medida de aseguramiento contra un ex director pero fui recusado. De la noche de la mañana decidí allanar las instalaciones del DAS. Eso no tenía precedentes pero la frustrante experiencia de la investigación adelantada 20 meses atrás desde la Dirección de Inteligencia de la Policía cuando la Fiscalía llegó cinco días después a hacer el registro y ya no encontró nada, me llevó a ordenar la rápida entrada al DAS sin vacilación.

A.P.: ¿Qué satisfacciones le dejó su gestión ante la Fiscalía?

M.I.: Para no ir muy lejos, puedo asegurarle que más del 75 por ciento de las sentencias condenatorias por asesinato de sindicalistas que se han dictado en la historia judicial del país, se dictaron bajo mi administración.  Los resultados de los falsos positivos son otra gran satisfacción. Nosotros promovimos las primeras investigaciones por ese delito. Y no estoy hablando de dos o tres casos, hablo de más de mil investigaciones y un centenar de sentencias condenatorias. En el tema de corrupción administrativa, varios alcaldes y gobernadores fueron judicializados. Si uno hace un cuadro comparativo de nuestra administración con la historia judicial del país, puede ver los enormes resultados de esos cuatro años en que yo ejercí como Fiscal General.

A.P.: ¿Valió la pena, a pesar de los ataques y acusaciones de hoy?

M.I.: Frente a este perverso y facineroso ataque del que he sido blanco, a veces me lo  pregunto. ¿Valió la pena que mi familia esté pagando un costo tan alto? ¿Valió la pena someterme a todo tipo de pruebas para demostrar que nunca se me pasó por la cabeza una idea tan estúpida como la de pretender sobornar a la Corte? Y entonces me respondo que sí, que valió la pena. Porque en Colombia ahora, por fin, se está hablando de judicializar masacres, magnicidios, desapariciones, desplazamientos, asesinatos de sindicalistas, actuaciones ilegales de los poderes. Basta mirar las cifras para ver si fuimos inferiores a lo que estábamos obligados a cumplir.   Había personajes y poderes que se consideraban intocables y nosotros tomamos decisiones frente a ellos.

A.P.: ¿Cuál es el próximo destino después de vivir de primera mano las revoluciones del mundo árabe?

M.I.: Quisiera regresar a Colombia. Espero que se den las condiciones.  Yo tengo mi conciencia tranquila pero sé que no basta.  Hoy, más que nunca, tengo muy claro que hay que temer, hay mucho qué temer.

Entrevista con Jairo Castillo sobre el paramilitarismo en Sucre (Semana)

Gracias a la confesión del paramilitar Jairo Castillo, el país está aterrado del maridaje entre algunos políticos en Sucre y las mafias de las AUC.