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Archivos oficiales desaparecen a medida que avanza investigaciones: UNAC

VerdadAbierta habló con Alejandro Ramelli, jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC) de la Fiscalía, y con la coordinadora de analistas, Gina Cabarcas. La gran dificultad que afrontan es la destrucción y manipulación de archivos.

300 archivos unidad contextoHace más de un año, cuando se creó la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC), a sus fiscales e investigadores se les asignaron más de diez macro temas para que los investigaran en su conjunto. La idea es identificar los planes criminales y los actores que estuvieron detrás de algunos de los crímenes que más impacto han causado en el país.

Entre ellos se destaca el objetivo de encontrar las conexiones entre los magnicidios de los líderes políticos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez  y develar el plan criminal y las alianzas con la ilegalidad que se tejieron para asesinar a voceros, colaboradores y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) entre finales de la década del ochenta y comienzos de la del noventa.

La tarea no es fácil, entre otras razones porque uno de los mayores problemas que afrontan quienes tienen a cargo estas investigaciones es que a medida que avanzan, muchos archivos estatales se están desapareciendo, lo que podría configurar el delito de complicidad, pues se estaría buscando proteger a quienes hace más de 20 años participaron en algunos de esos crímenes.

Alejandro Ramelli, jefe de la Unidad de Contexto y Gina Cabarcas, coordinadora del grupo de analistas que investiga los tres magnicidios y los asesinatos de la Unión Patriótica, hablan de cómo avanzan esas investigaciones.

Verdad Abierta (V.A): Los crímenes que están investigando, tanto los magnicidios como los asesinatos de la UP, sucedieron hace más de 20 años y tienen expedientes abiertos desde entonces. ¿Cuál es la diferencia entre esas investigaciones  y las que adelantan en la Unidad de Contexto?

Alejandro Ramelli (A.G): Antes, como era normal, las investigaciones solo tenían en cuenta una variable que es la calidad de la víctima. Les entregaban los expedientes a  fiscales de cualquier región y había procesos por todo el país. Además, esos fiscales no se dedicaban exclusivamente a estos temas, sino que al tiempo llevaban otros procesos. Eso llevó a que la información estuviera fragmentada.
Ahora la idea es reagrupar esos expedientes y algunos han sido reasignados a la Unidad de Contexto. Lo que queremos es saber qué fue lo que pasó, para ello cruzamos variables de tiempo y lugar donde ocurrieron los delitos, eso nos muestra los mayores focos de victimización, en caso por ejemplo de la UP, está Urabá.  Luego eso lo comparamos con otros datos, por ejemplo, los resultados electorales, las alianzas partidistas de la UP en cada región y los criminales en la zona.

V.A: ¿Cuándo se verá el resultado de estas investigaciones?
A.R: Este año nos centramos en ubicar las variables y situaciones, trajimos los expedientes y comenzamos a construir los contextos y la metodología. Ya se han hecho algunas imputaciones, pero esperamos que la mayoría se hagan el próximo año.

V.A: ¿Luego de tantos años, no ha sido muy difícil acceder a la información?
A.R: Claro, hace una semana los fiscales estuvieron en la Escuela de la Policía escarbando, con tapabocas y guantes, en archivos llenos de polvo, revisando hojas de vida de hace 20 años. Pero la gran dificultad es la destrucción y manipulación de archivos, en la medida que hay revelaciones desaparecen más. La Unidad está explorando la posibilidad de abrir investigación por complicidad contra unas cuantas personas.

V.A: ¿Estas investigaciones van a ahondar en los nexos del DAS con el grupo paramilitar de Puerto Boyacá?
Gina Cabarcas: Sobre el paramilitarismo del Magdalena Medio se ha hablado de la relación con los militares, la Brigada 14 y varios de esos batallones emblemáticos en la historia de los paramilitares, pero  no se ha dicho casi nada sobre los nexos con miembros del DAS  y de la Policía.
La investigación de los magnicidios de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, tres líderes de corrientes políticas alternativas, puede empezar a abrir la puerta para ver qué relación existía entre agentes del DAS con paramilitares del Puerto Boyacá. En los tres casos el vínculo está en el esquema de seguridad provisto por el DAS,  estas personas podrían estar relacionadas con la victimización última.  Pero hasta ahora estamos empezando, vemos que es una relación que se da más en entornos urbanos, en las grandes capitales, no tanto en lo rural.

V.A: ¿Esta relación también se presentó en los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica que ustedes también están investigando?
G.C: Sí, hay una serie de homicidios que se presentaron en Medellín de líderes de la Unión Patriótica que podrían tener el mismo modus operandi de vínculos de grupos paramilitares con miembros de la escolta que eran parte del DAS.  

V.A: ¿Y podría también estar presente esa alianza con algunas masacres ocurridas a finales de los años ochenta?
G.C: La justicia ha dicho que en el caso de las masacres de Remedios, Segovia y la Rochela hubo participación de miembros del Ejército, hasta el momento no del DAS, porque hasta ahora las investigaciones se reducen a un ámbito más urbano.

Eso es lo que queremos saber nosotros, cómo funcionaba el DAS en ese momento y cómo se daban los vínculos con miembros de grupos paramilitares de Puerto Boyacá en ese entonces.  Pero no ha sido fácil, casi nadie ha hablado de ello y los documentos de DAS todavía no son públicos, unos están en la Procuraduría y otros en el  antiguo edificio del DAS (donde ahora queda la Unidad de Contexto de la Fiscalía), pero la idea es poder abrir un enfoque investigativo a partir de esos archivos, a los que solo podremos acceder por orden judicial.

V.A: ¿Tras que intereses estarían apuntando los miembros del DAS que participaron en esta alianza?
G.C: Esta alianza criminal se movía en el espacio y el tiempo. Ese movimiento permitió que tuviera interés particulares en ciertos crímenes, más allá de una gran alianza homogénea había planes criminales individuales.  A lo que estamos apuntando es que aunque si existía una alianza grande, hay casos concretos de corrupción, chantaje e intereses políticos y económicos particulares.

Eso podría explicar algunas reflexiones que han salido últimamente en prensa, sobre cómo Miguel Maza Márquez pudo estar relacionado en el magnicidio de Galán si él también fue victimizado por el cartel de Medellín.  Esa alianza no era una organización criminal jerarquizada, sino que eran comunes las fracciones y que entre ellos no estuvieran de acuerdo en todos los homicidios que cometieron.  

Luego de 1989, con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, empiezan las fracturas entre el cartel de Medellín y el modelo paramilitar del Magdalena Medio. La fiscal que lleva el caso encontró que existía un fondo común entre los llamados ‘extraditables’, es decir que económicamente actuaban en conjunto, pero puede que no todos estuvieran de acuerdo con determinado crimen. Por eso no se puede decir que todos aquellos que estaban en la alianza son autores por ejemplo del homicidio de Galán, sino que pueden ser partícipes.

VA: ¿Estas fracturas también se dan dentro del grupo paramilitar?
G.C: El caso de las primeras autodefensas de Henry y Gonzalo Pérez son interesantes porque ellos eran los que mandaban, pero luego de ellos estaban una especie de comandantes o cabecillas como Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladmir’, y Jaime Eduardo Rueda Rocha. No funcionaban como una unidad sino que era por encargo; por ejemplo, a ‘Vladimir’ lo designaron para perpetrar la masacre de la Rochela y a Rueda Rocha lo encargaron de armar la alianza con el DAS en Bogotá.

Incluso existían muchos otros grupos pequeños que no respondían directamente a Henry Pérez, pero con el tiempo empezaron a depender financieramente de las autodefensas de Puerto Boyacá, porque Pérez era el que tenía la relación con el  narcotráfico.

Y es que la gente suele pensar que el paramilitarismo era una cosa unitaria y jerárquica, de pronto por la forma en que se dio la desmovilización, pero eso no fue así ni siquiera en los ochenta, cuando uno ve los relatos de cómo funcionaba el paramilitarismo del Magdalena Medio se desmiente la idea de que el fenómeno surge del MAS (Muerte a Secuestradores) de los Ochoa, a todos se les decía ‘Macetos’, pero la verdad es que hay muchas diferencias entre unos y otros, por ejemplo unos estaban más cerca del Ejército que otros.   

VA: ¿Qué tan importante han sido los testimonios de los ex paramilitares para investigar más sobre esta alianza criminal?
G.C: Para la resolución de acusación contra el ex comandante de la Policía de Soacha, Luis Felipe Montilla Barbosa y el ex jefe de la Oficina de Orden Público del DAS, Manuel Antonio González Henríquez, se tuvieron las declaraciones del ‘Negro Vladimir’ y ‘Ernesto Báez’ y de las estructuras del narcotráfico la de ‘Popeye’.  En el caso de ‘Vladimir’ empezó a hablar desde 1993, primero como testigo sin rostro y luego cuando se levanta la reserva sigue hablando, en total ha entregado por ahí 15 declaraciones.

Hay otros ex paramilitares en el proceso de Justicia y Paz como Ramón Isaza, pero en ese momento él aún no tenía tanto poder en la organización ni tampoco es mucho lo que ha dicho ante las instancias judiciales sobre eso. También estuvimos revisando las de Arnubio Triana, alias ‘Botalón’, pero tampoco alcanza a llegar a ese momento.

V.A: ¿Se está investigando más casos como el de Rueda Rocha que tienen una relación directa con los paramilitares y el DAS?
G.C: Ese es el principal objetivo de la parte resolutiva de la calificación que estamos haciendo. Tenemos que ahondar en algunos indicios, pero hasta el momento sabemos de Jaime Eduardo Rueda Rocha y Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas.

VA: ¿Estos tres casos de los magnicidios también tienen en común los motivos por lo que aún permanecen en la impunidad?
G.C: Sí, siguieron la misma ruta de obstrucción, el expediente que más actividad investigativa tiene es el de Galán, en los otros dos no tanto y eso contribuye a la impunidad. Pero, en general,  se ve que siguen una misma línea: la muerte de testigos, la desviación inicial que se quiere hacer de la investigación inculpando a personas que nada tienen que ver y llamadas telefónicas para desviar la investigación. En algunos casos hubo cambios de documentos y en particular en el de Galán hay documentos falsos.  

VA: ¿Sucede lo mismo en el caso de la Unión Patriótica?
G.C: En los casos de la UP hemos visto que en los primeros años de la investigación los expedientes son muy ricos  en información y se ve que la hipótesis investigativa apunta para el lado correcto, sobre todo de los más viejos como de 1988. Pero llega un momento, que coincide con la llegada de la Fiscalía, en que los expedientes se quedan mudos, no hay actuación alguna hasta por ahí el 2008. Son expedientes silenciosos y la mayoría siguen en la impunidad.

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