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El balance agridulce de las exhumaciones en Antioquia

ext-ctiUna de las tareas más complejas de Justicia y Paz es la exhumación de las fosas señaladas por los paramilitares. Estas son las dificultades que debe afrontar la Fiscalía.

Cuando los paramilitares ya desmovilizados comenzaron a señalarle a la justicia los puntos de la geografía colombiana que terminaron convertidos en cementerios clandestinos y en donde se encontraban buena parte de los desaparecidos de las Autodefensas, el país empezó a conocer que la tragedia de la guerra había sido mucho más cruel de lo imaginado.

También en ese momento, las víctimas de esta barbarie comprendieron que rescatar los restos de sus familiares ajusticiados y sepultados por los ‘paras’ sería una labor titánica y compleja.

Hoy, seis años después de entrar en funcionamiento los grupos de exhumación de Justicia y Paz, estos deben enfrentarse a dificultades que van desde recibir una cantidad considerable de información errónea, bien por parte de los postulados o por las organizaciones de víctimas, pasando por los problemas de inseguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales en zonas donde se ha señalado la existencia de fosas comunes, hasta la falta de personal para responder a un frente de trabajo tan amplio; la siembra de minas antipersona e, incluso, las adversidades de las condiciones climáticas.

Para conocer más sobre el particular, Verdadabierta.com consultó a un fiscal del Grupo de Exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Regional Occidente, que comprende los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío.

Según este funcionario, quien solicitó la reserva del nombre, la principal fuente de información para realizar exhumaciones continúan siendo los postulados a Justicia y Paz. “Muchos de los hallazgos que hemos hecho ha sido por la información que ellos han entregado”, declaró el fiscal quien añadió que hoy en día las organizaciones de víctimas, funcionarios públicos de los municipios de su competencia y hasta personas que no resultaron afectadas por el conflicto armado, sienten mayor confianza en las autoridades judiciales para revelarles la posible existencia de fosas comunes.

Paradójicamente, el volumen de información que diariamente está llegando a este despacho contrasta con la falta de equipos de criminalística que permitan darle trámite efectivo a estos procesos. En primer lugar, verificar cada información implica un proceso dispendioso que, desafortunadamente, no siempre arroja los resultados esperados.

“A veces un postulado señala una fosa común y como hace mucho tiempo que no va al terreno, cuando llega la zona está completamente distinta. También pasa que entre ellos negocian; es decir, el comandante les dice que entreguen tal fosa para que le den tal beneficio, pero cuando uno los lleva al sitio, resulta que están totalmente perdidos. También se ha creado cierto mito con este tema. En Medellín, por ejemplo, la gente dice que hay fosas en barrios como La Sierra, San Javier, Santo Domingo. Nosotros hemos ido y no hemos encontrado nada”, dijo el funcionario.

A esto se suma que, cuando los resultados son positivos, los laboratorios de identificación no dan abasto. Actualmente existen en el país laboratorios forenses para la identificación de restos óseos en las instalaciones de Medicina Legal y CTI de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla a los que la magnitud de hallazgos de cada exhumación ha desbordado su capacidad de atención.

Labor compleja
Quizás el mayor reto al que se enfrentan hoy los grupos de exhumación de Justicia y Paz guarda relación con la situación de orden público en aquellas zonas donde se ha señalado la existencia de  fosas comunes.

En Antioquia, un ejemplo claro de lo anterior lo constituye Ituango, uno de los municipios más golpeados por los grupos armados ilegales y en el que se vienen realizando exhumaciones desde 2010. De hecho, el 14 de diciembre de 2011, la Fiscalía de Justicia y Paz entregó a sus familiares los restos de nueve personas que habían sido asesinadas por integrantes del Bloque Mineros de las Autodefensas en distintas zonas rurales de la localidad entre los años 1996 y 1998, y que habían sido enterradas como N.N en el cementerio del corregimiento La Granja.

“Pero Ituango se volvió una zona muy complicada por varias razones: la presencia del Frente 36 de las Farc es muy fuerte, hay muchas minas antipersonal y el terreno es muy agreste. Afortunadamente, a ningún integrante de nuestro equipo le ha pasado algo que lamentar, pero sí han caído muertos en los campos minados varios caninos que nos acompañan en las diligencias. También tenemos problemas en Urabá y Chocó”, agregó el fiscal.

Otro enemigo que le resultó a las tareas de exhumación ha sido el fenómeno climático. El caso de la madre de Esteven*, un joven que fue secuestrado por miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, en octubre de 2003, lo ejemplifica mejor.

Al momento de su retención ilegal, Esteven tenía 16 años y, según las confesiones de un postulado de este Bloque conocido con el alias de ‘Cañitas’, lo secuestraron porque el joven fue acusado de pertenecer a una banda de la Comuna 13 de Medellín y que se conoció como los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

En 2011, alias ‘Cañitas’ reconoció que participó en el crimen y además ubicó el sitio dónde había enterrado el cuerpo a un fiscal de Justicia y Paz. Pero el Grupo de Exhumaciones encontró que la inestabilidad del terreno, sumado al invierno que ha azotado al Valle de Aburrá en los últimos dos años, removió considerablemente el lugar. El cuerpo de Esteven sigue sin aparecer y su madre, pese a que aceptó la muerte de su hijo, no ha podido cerrar su duelo. Para ella, la verdad sigue enterrada.

“Solo quiero que me entreguen a mi hijo. Ya sé que lo mataron y todavía tengo mucha rabia, tal vez no pueda perdonar, pero quiero saber dónde están sus restos, para enterrarlos como Dios manda”, sentenció la madre.

Tarea que no para
Desde su puesta en marcha en 2006, y hasta la fecha, el Grupo de Exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha encontrado 3.649 fosas comunes en todo el país. En ellas ha exhumado 4.503 cuerpos, de los cuales entregó a sus familiares 1.714. Actualmente, 894 restos se encuentran en proceso de identificación mientras que otros 1.651 que ya fueron identificados plenamente, aguardan para ser entregados a sus familiares en los próximos meses.

Antioquia es el departamento donde más cuerpos han sido hallados y a su vez entregados: 788 y 315 respectivamente. En lo que va corrido de 2012, el Grupo de Exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Regional Occidente ha realizado 34 diligencias de exhumación en los departamentos de su competencia: Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. En estas tareas ha logrado inhumar 34 restos que ya cuentan con identificación plena.

“Si algo ha funcionado bien en (Ley) Justicia y Paz son las exhumaciones”, indicó el fiscal adscrito a este grupo al referirse a la gestión adelantada por la Fiscalía de Justicia y Paz en estos últimos seis años. Pero, no obstante estos resultados, estas tareas no han estado exentas de críticas.

La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos de Antioquia, ha cuestionado lo que ellos consideran “la escasa participación de las víctimas en las diligencias de exhumación”. "En muchos casos los familiares son solo vistos como denunciantes, fuentes de información, objeto de la prueba de ADN, pero no como sujeto de derecho", señaló en un comunicado público en 2010. Dos años después, la Corporación mantiene firme su postura frente a este tema.

“Tienen y no tienen razón. Hay dificultades, es cierto; demoras en la identificación, también, pero hay que ver cómo trabaja esta Unidad: con escaso personal, afrontando problemas de orden público y sin embargo no dejamos de hacer nuestra labor. Lo que pasa es que es mucho trabajo para un personal tan limitado”, respondió frente a las críticas el funcionario.

Y es que pese a las dificultades ya esbozadas, las exhumaciones continúan a lo largo y ancho del territorio nacional. Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cesar, Guajira, Casanare y Meta serán algunos de los departamentos donde la Fiscalía de Justicia y Paz escarbará la verdad, porque tal como lo dice el fiscal consultado por Verdadabierta.com, “ahí es donde uno conoce la verdad de lo que fue el conflicto armado. Uno no termina de asombrarse ante tanta crueldad, de ver que en esta guerra han caído hombres y mujeres de todas las edades, víctimas de toda clase de torturas”.

Estadísticas desmovilizaciones

En el año 2003 inició a un proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas respaldado por la ley de Justicia y Paz. Aunque en principio esta política de desmovilización y reintegración, tanto individual como colectiva, fue pensada exclusivamente para los grupos paramilitares, con la puesta en práctica de la misma, se debió abrir la puerta a los miembros de la subversión que decidieran dejar las armas y reintegrarse a la sociedad civil

Al proceso de desmovilización se han incorporado propuestas de reintegración social basadas en programas de educación y formación técnica, reinserción a las estructuras laborales, atención psicosocial y apoyo en iniciativas de negocio y de trabajo social. El principal objetivo de estos programas es disminuir al mínimo posible la reincidencia de los desmovilizados en el conflicto y la retoma de armas por falta de oportunidades.

La Agencia Colombiana para la Reintegración de la Presidencia de la República es la entidad encargada de gestionar estos programas en los que se establece la viabilidad del proceso de desmovilización de los grupos armados ilegales.       
 

 

*Descarga aquí el archivo Excel con todas las estadísticas suministradas por la Agencia Colombiana  para la Reintegración ACR.

Estadísticas de tierras

La lucha por la tierra es considerada el corazón del conflicto colombiano, en el que tanto guerrillas como paramilitares se han apropiado violentamente de  tierras que hoy son objeto de procesos de reinstitución dentro de la llamada Ley de Víctimas.
 
El despojo de tierras en Colombia se convirtió en una expresión inherente al conflicto armado, que junto con el desplazamiento, ha permitido reafirmar el control territorial de los grupos armados al margen de la ley.
 
Desde la entrada en vigencia de la ley, la Unidad de reinstitución de tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, ha recibido 30 mil solicitudes de restablecimiento de derechos de aquellos que han sido víctimas del desplazamiento por las organizaciones criminales.
 
 

 

*Ver cifras completas de solicitudes de tierras presentadas ante la Unidad de Restitución a noviembre de 2013

Estadísticas desapariciones

.Las desapariciones forzadas se convirtieron una estrategia fundamental para los grupos armados ilegales, principalmente para las autodefensas. Aunque algunos jefes paramilitares han afirmado que la desaparición era una forma de no generar pánico ni miedo dentro de la población civil, la mayoría coinciden en afirmar que esta directriz de desaparecer a las víctimas fue resultado de las presiones de algunos miembros de las fuerzas militares, de la Policía y de organismos de seguridad.

“Las víctimas que quedaban de los enfrentamientos o de las acciones en contra de la guerrilla aumentaban el número de cifras de víctimas mortales y afectaban las estadísticas de seguridad en las regiones. Esto dañaba las hojas de vida de los militares que actuaban en estas  zonas. Fue por eso que para no quedar mal con ellos, Carlos Castaño dio la orden de desaparecer a los cuerpos de las víctimas y se implementó en el país la 'política' de la desaparición”, agregó el ex jefe 'para’ Salvatore Mancuso.

Además de utilizar las fosas comunes para enterrar a sus víctimas, los grupos paramilitares incorporaron a su modus operandi la modalidad de desaparecer a sus víctimas en ríos, lagunas u otras fuentes hídricas para dificultar al máximo posible que las autoridades se percataran de los cuerpos.

Según las cifras de Justicia y Paz a diciembre de 2012, gracias a las versiones de los desmovilizados, ha sido posible exhumar 3.929 fosas comunes en las que se han encontrado 4.809 cadáveres de personas que estaban desaparecidas. Sin embargo, estas cifras corresponden a penas a 25 por ciento del total de las desapariciones forzadas registradas por el gobierno, que llegan a ser casi 19 mil.
                                           
Vea la información por departamentos de la Comisión de Búsqueda a febrero de 2012

Vea la información por departamento de Medicina Legal de la Localización de Información Forense Estadística Life a febrero 2013

 
 
 
Consulte otras estadísticas

 

 

Estadísticas de defensores de derechos humanos

Unas de las principales víctimas de los grupos armados ilegales, tanto guerrillas como paramilitares, han sido los defensores de los derechos humanos y los líderes de las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, entre el 2002 y el 2008 se registraron más de 610 casos de agresiones, homicidios, atentados, amenazas y desapariciones forzadas.
 
Según las estadísticas, en el Valle del Cauca, Caquetá y Antioquia se concentra la mayor cantidad de agresiones del país, las cuales han sido cometidas en más de la mitad de los casos por miembros de los grupos paramilitares.
 
A pesar de que la seguridad para denunciar estos casos es mayor que hace una década, aparentemente se sigue presentando una persecución principalmente en contra de defensores de tierras y de comunidades indígenas.
 
 

 

 

*Descarga aquí los archivos en Excel con todas las estadísticas suministradas por el Programa Somos Defensores.