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Blanco Maya confiesa que fue el puente entre Drummond y 'paras'

Este ex contratista se inculpó afirmando que sirvió de intermediario con la multinacional minera para financiar al Bloque Norte de las Auc, a través de sobrecostos en contratos de alimentación.
 
El empresario Jaime Blanco Maya, que se encuentra a la espera de una condena relacionada con el asesinato de dos líderes sindicales de la carbonera Drummond en 2001, señaló a esta empresa minera estadounidense de financiar a grupos paramilitares en Cesar desde mediados de la década de los noventa.
 
Blanco Maya, medio hermano del ex procurador General de la Nación, Edgardo Maya, acusó  varios altos funcionarios de la empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa, Industrial de Servicios y Alimentos, ISA.  Blanco hizo las declaraciones en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estadounidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del paramilitarismo en Cesar.
 
Los representantes legales de la compañía le dijeron a VerdadAbierta.com que no se pronunciarían sobre las declaraciones entregadas por Blanco.  Los abogados de las víctimas señalaron que no existen procesos penales individuales sobre los funcionarios  mencionados por Blanco en Estados Unidos, pero que a raíz de su testimonio, la justicia norteamericana, puede abrir nuevas investigaciones.
 

Jaime Blanco Maya en el momento de su captura. Foto El Pilón.

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El empresario Jaime Blanco Maya, que se encuentra a la espera de una condena relacionada con el asesinato de dos líderes sindicales de la carbonera Drummond en 2001, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, señaló que esta empresa minera estadounidense financió de manera voluntaria a grupos paramilitares en Cesar desde mediados de la década de los noventa.

Blanco Maya, medio hermano del ex procurador General de la Nación, Edgardo Maya, sindicó a varios altos funcionarios de la empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa, Industrial de Servicios y Alimentos, ISA.

Las declaraciones de Blanco Maya las hizo en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estadounidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del paramilitarismo en Cesar.


Según el empresario, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, el jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, lo contactó a mediados de 1995 para que sirviera de intermediario en una solicitud de financiamiento a la carbonera.  

Blanco explicó que le trasmitió el mensaje a James Atkins, encargado de la seguridad de la Drummond en ese momento y que éste a su vez le llevó el mensaje a Garry Drummond, la cabeza de la compañía.

“Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma, de conseguir los recursos para las Auc. La Ley no les permitía sacar dinero para estos grupos y tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos”, dijo Blanco.

El testigo señaló que los funcionarios de la Drummond accedieron a respaldar económicamente a los ‘paras’ por las pérdidas millonarias que tenían con los ataques guerrilleros al tren que transportaba el carbón desde la mina al puerto. “La Drummond estuvo a punto de colapsar.  Los ataques guerrilleros no les permitían cumplir con los pedidos que tenían internacionalmente ”, explicó Blanco.

El empresario contó que junto a Atkins diseñaron una estrategia para financiar a los ‘paras’.  Blanco era el contratista de la compañía estadounidense encargado de la comida de los empleados de la mina. 

Según su testimonio, acordaron que su empresa ISA, cobraría un sobrecosto de 10 por ciento en la comida vendida a la Drummond, para usar esos recursos en el financiamiento de los grupos paramilitares.

Como prueba, Blanco mostró varios contratos firmados entre su compañía y la Drummond.  En ellos se pone en evidencia un elevado incremento en el precio del valor unitario de cada almuerzo vendido a la empresa carbonera. Según los documentos expuestos, a finales de 1995 la minera norteamericana pagó $2.914 por cada almuerzo, precio que se incrementó ocho meses después a $4.187, un 40 por ciento más.  Blanco señaló que se aumentó masivamente el valor de la comida para poder sacar el dinero que financiaba a las Auc.

El empresario agregó que, adicionalmente, Atkins traía 10 mil dólares en efectivo cada vez que viajaba a los Estados Unidos, que supuestamente terminaron financiando a los ‘paras’.  

En ese orden, Blanco dijo que luego le entregaba el dinero al ‘Tigre’ a través de uno de uno de los encargados de manejar las finanzas del Bloque Norte de las Auc.

La estrategia de financiación funcionó hasta junio de 2001, según contó Blanco, fecha en la que fue involucrado por la Fiscalía en el proceso por la muerte de dos sindicalistas, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. “Teníamos un contrato hasta 2002 pero luego del asesinato de los dos miembros del sindicato, me dijeron que solo me podían mantener hasta cuando me relacionaran con los crímenes”, dijo.

En su momento, Drummond negó su participación en el asesinato de Orcasita y Locarno, y aseguró que denunció que 'El Viejo Miguel' los estaba extorsionando a través de correos electrónicos. Según la multinacional, gracias a su denuncia, 'El Viejo Miguel' fue capturado en Bogotá por la Fiscalía. Ver: Drummond niega acusaciones


Por este caso, además de 'El Viejo Miguel' y Blanco Maya, varios paramilitares como Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias 'El Tigre', Alcides Mattos Tabares alias 'Samario' y Libardo Duarte alias 'Bam Bam', también han señalado que Drummond financió a los paramilitares en el Cesar.

Atkins dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Blanco señaló que la relación entre el ex jefe de seguridad de la minera con los líderes de las Auc era tan cercana, que en una ocasión lo acompañó a una reunión con Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40' en la Sierra Nevada, en la que al parecer, el jefe ‘para’ le pidió a Atkins, como agente de la CIA, que verificara si el gobierno estadounidense lo estaba pidiendo en extradición.

Durante la audiencia, el abogado de la Drummond le preguntó a Blanco por una declaración firmada ante la Fiscalía, pocos días después de su captura, en la que el empresario nego que la compañía minera hubiera financiado a las autodefensas.  El testigo respondió que mintió en ese testimonio y que luego decidió contar toda la verdad para poder negociar su pena.

Además de Atkins y Garry Drummond, Blanco señaló a otros funcionarios de la minera, de conocer el financiamiento de los paras.  Según el testigo, varios encargados del personal de seguridad y el presidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez, sabían de las relaciones entre Atkins y las Auc, pero no contó detalles o presentó pruebas que sustentaran su declaración.

Blanco se declaró culpable de concierto para delinquir en el caso del asesinato de los sindicalistas de la Drummond, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Valmore Locarno Rodríguez, ocurridos en marzo de 2001.

Aunque aceptó que sabía que se iban a cometer los crímenes y no hizo nada para impedirlos, el empresario no aceptó la autoría intelectual de los asesinatos y señaló a James Atkins y a Jairo Charris, un ex empleado de ISA como los determinadores de los homicidios.  

Sin embargo, varios postulados al proceso de Justicia y Paz, como Manuel Alcides Tabares, alias ‘Samario’ han dicho que Blanco si fue coautor intelectual de las muertes. 

Durante el juicio por el homicidio, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Blanco había sido el determinador de los crímenes porque los dos sindicalistas estaban ejerciendo presión para que se le suspendiera el contrato, por la mala calidad de los alimentos.  En ese proceso Blanco señaló presento varios documentos en los que según él, la Drummond hacía estrictos controles a la comida entregada a los empleados.  El empresario señaló que el verdadero móvil de los asesinatos fue el señalamiento de los sindicaliestas, por parte de Atkins, de pertenecer a la guerrilla. 

Los representantes legales de la compañía le dijeron a VerdadAbierta.com que no se pronunciarían sobre las declaraciones entregadas por Blanco.  Los abogados de las víctimas señalaron que no existen procesos penales individuales sobre los funcionarios mencionados por Blanco en Estados Unidos, pero que a raíz de su testimonio, la justicia norteamericana, puede abrir nuevas investigaciones.

Sintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.


En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).

No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”- para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.

Drummond ha insistido en su inocencia. Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.

Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra.

La Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en cortes de los Estados Unidos, uno en Alabama en donde tiene su sede principal y otro en Atlanta, y en los dos casos los jurados han rechazado las pretensiones de los sindicatos y las víctimas de inculpar a la multinacional con el asesinato de Locarno y Orcasita. 

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