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Piden aclarar participación militar en masacre de La Horqueta

Víctimas exigieron saber por qué 'paras' de Urabá masacraron a sus familiares en Cundinamarca y cuál fue la responsabilidad del hoy comandante de las FF.MM, general Alejandro Navas, quien en época estaba destacado en la zona.
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Los familiares de las víctimas de La Horqueta, Cundinamarca, quieren que la justicia investigue esta masacre. Foto Semana  

La rabia y la indignación que producen 16 años de completa impunidad terminaron dándole la fuerza a Lucelly* para elevar una vehemente petición ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, durante el desarrollo de una audiencia pública contra varios miembros del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Que se nos diga toda la verdad, que se digan quiénes fueron los militares que participaron en la masacre. Qué se investigue al general (Alejandro) Navas (actual comandante general de las Fuerzas Militares), porque si él era comandante del Batallón de la Mesa (Cundinamarca) para esos años, él tiene que saber por qué el Ejército participó en esos hechos”, fueron sus palabras.

En la tarde del viernes 21 de noviembre de 1997, el esposo de Lucelly fue asesinado en el ataque armado de un comando paramilitar a los pobladores de un caserío conocido como La Horqueta, del municipio de Tocaima, Cundinamarca, en la que también perdieron la vida otras 13 personas, entre ellos dos jóvenes de 15 y 16 años. Según ella, otros testigos y desmovilizados que confesaron haber sido partícipes de esa masacre, hubo militares que les prestaron a las autodefensas, apoyo logístico, medios de transporte y los acompañaron hasta muy cerca del caserío.

Hoy, 16 años después, son nulas las decisiones judiciales que respondan ante las exigencias de justicia de los sobrevivientes de este macabro hecho. Y pese a las compulsas de copias hecha desde la Fiscalía 48 de Justicia y Paz en los años 2008 y 2011, para que esta misma entidad investigara quiénes pudieron haber sido los militares cómplices, no hay en curso acción judicial contra militar alguno. Solo se cuenta con la vinculación que hiciera en 2010 un fiscal de derechos humanos del ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, máximo jefe del Bloque Elmer Cárdenas (BEC), y Efraín Homero Hernández Padilla, confeso desmovilizado de este bloque.

La justicia ha logrado establecer hasta ahora que para aquellos años operaba en las afueras de Tocaima la Unidad Militar Adelantada No. 28, al mando del capitán Raúl Hernando Flórez Cuervo. Dicho puesto se encontraba adscrito al Batallón Miguel Antonio Caro que era comandado por el entonces coronel Alejandro Navas Ramos, quien en la actualidad se desempeña como comandante general de las Fuerzas Militares.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com, Navas Ramos tomó mando del Batallón Miguel Antonio Caro el 31 de mayo de 1997, seis meses antes de la masacre. A esta guarnición militar llegó procedente del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII con sede en Carepa, Urabá antioqueño, donde estuvo acantonado entre los años 1995 y mediados de 1997, bajo el mando del general Rito Alejo Del Río, quien hoy enfrenta juicio por sus presuntos nexos con grupos paramilitares en esa región del país.   

El pedido de justicia de Lucelly y de las otras víctimas en la audiencia que tuvo lugar la semana pasada ante la Sala de Justicia y Paz de Medellín, fue secundado por los magistrados para quienes la impunidad de este hecho constituye una dura afrenta contra la dignidad de las víctimas y de las instituciones del Estado.

“No puede haber algo más vergonzoso que las Fuerzas Militares, que tienen el mandato constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos de bien, sean quienes ayuden a masacrar a la población civil”, señaló Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de Justicia y Paz de Medellín, quien presidió la audiencia.

Detallan connivencia
Pero, ¿qué fue lo que pasó ese tarde del viernes 21 de noviembre de 1997 y qué es lo que se ha logrado conocer hasta ahora? Reportes entregados por las autoridades pocas horas después del hecho indicaron que esa tarde un comando armado de aproximadamente 25 hombres, que vestían camuflado y portaban armas de largo alcance, llegó hasta La Horqueta y dio muerte a 14 personas, entre ellos dos jóvenes de 15 y 16 años de edad.

“Tiene toda las características de una organización de justicia privada”, calificó la acción el entonces ministro de Defensa, Gilberto Echeverri (q.e.p.d).
El proceso de Justicia y Paz permitió esclarecer que la masacre fue perpetrada por paramilitares del BEC trasladados desde el Urabá antioqueño por pedido directo del máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño. Así lo ha relatado el postulado Efraín Homero Hernández Padilla a fiscales de Justicia y Paz, quien participó en ese atroz crimen.

En su testimonio, Hernández Padilla contó que “estando en Necoclí con otros miembros de las Autodefensas, eso fue como a mediados de octubre de 1997, llegó un día el comandante Fredy Rendón a decirnos que estuviéramos preparados, que había llegado una orden de la Casa Castaño que teníamos que salir. Nos quedamos entonces en un sitio conocido como ‘El Bobal’. Allá  nos llevaron munición, uniformes, radios de comunicación”.

“Luego nos pidieron que entregáramos las armas, que el movimiento que íbamos a hacer lo íbamos a hacer sin armas”, continuó el postulado, quien agregó que “esas armas, hasta donde supe, fueron enviadas a la (finca) La 35”, un base paramilitar que los hermanos Castaño instalaron en el municipio de San Pedro de Urabá.

“Luego llegó un señor conocido como ‘El Negro Andrés’ y Fredy Rendón nos dijo que quedábamos bajo sus órdenes, que teníamos que irnos para Montería. Yo salí como con otros 20 compañeros de las Autodefensas”, añadió. Estando en la terminal de transportes de la capital cordobesa, alias ‘El Negro Andrés’ embarcó a los paramilitares en grupos de cinco combatientes hacia la ciudad de Medellín. En la terminal de esa ciudad repitieron la estrategia de transporte, pero esta vez con destino a la capital de la República.

“En la terminal de Bogotá nos recibió un señor al que le decían ‘El Patrón’. Nos recogió y nos ubicó en distintas residencias de la capital. Allá nos quedamos varios días, nos daba plata para ropa y comida. Estuvimos de seis a ocho días en esa ciudad, hasta que un día nos ordenaron ir hasta la terminal de transporte, donde nos embarcaron en un microbús hacia un sitio llamado La Mesa (Cundinamarca)”.

En esa localidad, Hernández Padilla y sus compañeros fueron recibidos por Luis Carlos Mercado Gutiérrez, alias de ‘Pantera’. Para justificar la presencia de 21 forasteros en aquellas tierras y evitar los controles de la Policía, los paramilitares recibieron instrucciones precisas: “Teníamos que decir que éramos soldados profesionales de la Brigada XVII de Carepa, que íbamos a hacer un curso de paracaidismo en Tolemaida”.      

El comando paramilitar fue alojado en una residencia de La Mesa hasta la media noche, hora en que fueron recogidos por un camión tipo furgón del Ejército que los llevaría a otro sitio.

“Yo presté servicio en la Infantería de Marina y por eso supe que ese camión era del Ejército. El viaje duró como 10 o 15 minutos. Ingresamos a una guarnición del Ejército. Para entrar, el chofer del camión dijo que éramos personal de las Fuerzas Especiales. Nos formaron en la plaza de ese batallón. Nos dieron uniformes, algunos de ellos nuevos. Y al rato, ingresó un carrotanque con las armas encaletadas. Volvimos a formar, esta vez con 10 comandos del Ejército, de las Fuerzas Especiales. Esperamos allí como media hora”, aseguró el confeso paramilitar.

Solo hasta ese momento, dijo Hernández Padilla, él y sus compañeros supieron con certeza que su misión consistía en hacer un barrido en la zona comprendida entre Tocaima y Viotá, considerado bastión histórico del Frente 22 de las Farc, no solo por su posición geoestratégica, sino también porque allí, en los años 60 y 70, la lucha guerrillera había contado con cierta aceptación popular. Y para ello, dijo Hernández, los efectivos de las Fuerzas Especiales serían sus guías por una zona desconocida para un grupo de paramilitares provenientes del Urabá antioqueño.  

Un crimen aterrador
En la madrugada del viernes 21 de noviembre, el comando conformado por soldados y paramilitares partió de la guarnición militar hacia La Horqueta, en Tocaima. Los militares, según narra Hernández Padilla, los acompañaron hasta determinado punto. Después de eso, quedaron bajo el mando de alias ‘Pantera’.

Antes de que saliera el sol, los paramilitares llegaron a una pequeña finca contigua a la carretera que conduce al pueblo. Allí se instalaron, amarraron al hombre dueño del predio y a sus tres hijos de 13, 12 y 6 años, mientras que la mujer fue obligada a cocinarle a la tropa. No contentos con ello, los paramilitares instalaron en dicha finca un retén ilegal, donde retuvieron a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta y que alias ‘Pantera’ señaló como guerrilleros.

“Ahí nos dividimos. Unos cogieron para La Horqueta y otros nos quedamos en el retén”, dijo bajo juramento el postulado del BEC. Lo documentado hasta ahora por la Fiscalía 48 de Justicia y Paz muestra que en ese punto fueron retenidas y amarradas tres personas más acusadas de apoyar a la subversión.

Los paramilitares tuvieron en ese sector un intenso combate con miembros de la guerrilla en el transcurso de la mañana de ese viernes. La fiereza del enfrentamiento le costó la vida a alias ‘Pantera’, hecho que desató la furia de los paramilitares, quienes asesinaron sin piedad a las personas encerradas en la finca, incluido su dueño.

Mientras el grupo de autodefensas que se había quedado en la finca repelía el ataque de la guerrilla, el resto del comando paramilitar llegó a La Horqueta, saqueó las viviendas, encerró a las mujeres y los niños en las habitaciones y sacó a punta de culetazos a los hombres y varias mujeres, que luego fueron amarrados y obligados a acostarse de bruces. Allí fueron asesinadas cinco personas. Otras contaron con mejor suerte, pues fueron desatadas y sus vidas perdonadas de ser ajusticiadas. El recorrido de muerte continuó hasta una tienda veredal a las afueras del caserío, donde fueron últimas cuatro personas más. La tienda también fue saqueada.

Como era de esperarse, el hecho generó el éxodo masivo de los sobrevivientes. Se calcula que por lo menos unas 200 personas se desplazaron forzosamente hacia municipios vecinos y hacia Bogotá. Ningún paramilitar fue capturado por las Fuerzas Militares ese día no obstante que, tal como lo relató en su versión Hernández Padilla, el intenso combate que sostuvieron con las Farc alertó al Ejército que envió tropa y helicópteros artillados a la zona.

Meses después se supo que Luis Carlos Mercado Gutiérrez, alias ‘Pantera’, el jefe del comando paramilitar que perdió la vida el día de la masacre, era el representante legal de una Convivir llamada La Palma, que operó en el municipio de San Juan de Urabá.

Hoy, 16 años después aún no son claros los motivos por los cuales un grupo de combatientes de las Auc provenientes del Urabá y bajo el mando de un representante legal de una Convivir, se internaron en tierras cundinamarquesas. Y hasta tanto la Fiscalía General de la Nación no asuma la investigación y determine responsabilidades, los familiares de quienes perdieron la vida en este execrable crimen seguirán exigiéndole explicaciones a la justicia, para que investigue si el capitán Flórez Cuervo y su comandante, el hoy general Navas Ramos, tuvieron responsabilidad alguna en esta horrible masacre que trajo tanto dolor a Cundinamarca.