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¿Cómo van investigaciones de parapolítica en Chocó?: pregunta magistratura

La Sala de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Fiscalía un informe sobre las investigaciones a funcionarios, policías, militares civiles y narcos, que apoyaron y protegieron a las Auc.
       
 Grupos paramilitares llegaron a la región central del Chocó en 1997.      

Comerciantes, mineros, funcionarios, policías, militares y narcotraficantes habrían financiado, apoyado y protegido las acciones del Bloque Pacífico - Héroes del Chocó de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en buena parte de la región central del departamento del Chocó, que comprende los municipios de Quibdó e Istmina, y localidades aledañas.

La Fiscalía 13 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz, con sede en Montería, está tratando de determinar en qué van actualmente las investigaciones contra un nutrido grupo de personas del sector público y privado, que han sido señaladas por ex miembros de esa organización armada ilegal, durante sus confesiones ante organismos judiciales en los últimos dos años.

Las declaraciones de los ex paramilitares llevaron a la Fiscalía 13 a compulsar copias ante la justicia ordinaria para que esas personas implicadas sean investigadas. Lo que se pretende ahora, por orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, es establecer qué ha pasado con esos procesos.

“Lo que queremos saber es cómo ha respondido la administración de justicia, específicamente la Fiscalía, a todos estos fenómenos y qué compromisos y cumplimiento le ha dado a la investigación, sanción y juzgamiento de ellos”, le dijo el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo a la Fiscalía 13 Delegada ante Justicia y Paz, durante una audiencia de legalización de cargos del ex paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, realizada hace unos días en Medellín.

Ante tal solicitud, el Fiscal 13 Delegado ante Justicia y Paz, Antonio Aponte Martínez, se comprometió a entregar en un mes un informe muy completo al respecto, para lo cual tendrá que revisar en diversas dependencias judiciales cuál es el estado de las investigaciones y si han avanzado o no. Pero, ¿quiénes son las personas por las cuales se indaga, qué hicieron y quiénes las señalaron?

Así llegaron los ‘paras’
Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, en versión libre realizada el 14 de marzo de 2011 ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz aseveró que “unos mineros y comerciantes de Quibdó se reunieron con el comandante 'Rodrigo Doblecero' (Carlos Mauricio García Fernández) para que metiera un grupo allí, que ellos lo iban a pagar, para que cuidara las vías Quibdó-Medellín, por Carmen de Atrato, y Quibdó-Medellín por Tadó”.

Corría el año de 1997 y para esa época, en ambas carreteras, había una nutrida presencia de facciones de las guerrillas de las Farc y el Eln, que se mantenían del hurto de mercancías y de víveres, así como de la retención de los vehículos, que provenían de la capital antioqueña y que surtían el comercio de Quibdó. De otro lado, los insurgentes hostigaban las minas, quemaban las máquinas y acosaban a sus dueños.

Alias ‘El Iguano’ precisó que en atención a esa petición, la comandancia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) delegó inicialmente la responsabilidad en un pequeño grupo de hombres del Bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, que llegó a la zona en septiembre de 1997, al parecer sostenido por los comerciantes y mineros.

De acuerdo con el ex paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, ese grupo, que inicialmente se conoció como el Frente Minero, se inició con siete hombres en Quibdó, doce hombres en la vía que de capital chocoana conduce a Medellín por la vía a Carmen de Atrato y quince más asentados en Istmina.

Sin embargo, por indisciplina interna, estos paramilitares no fueron capaces de contener a la guerrilla, lo que llevó a las Accu a relevarlos y a reemplazarlos por otros que dependían directamente de la llamada Casa Castaño, quienes recibieron la región en marzo de 1998. En ese momento llegaron a la zona, como jefes, Lorenzo Gonzales Quinchía, alias ‘Yunda’, un experto paramilitar formado en el Urabá antioqueño y hombre de confianza de la organización, y Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’.

“Entonces el Élmer Cárdenas recoge sus hombres y se los lleva, y nosotros recibimos e hicimos algún cambio de estructura, y empezamos a organizar lo que fue el Frente Minero”, indicó alias ‘El Iguano’. “En ese momento dijimos que había hombres buenos, lo que no había era buenos comandantes que los dirijan”.

La orden que recibieron los nuevos jefes paramilitares no sólo fue el de contener la guerrilla sino de expandirse y crecer. Fue así como llegaron a los municipios de Tadó, Condoto, Playa de Oro, Bajo Baudó, San José del Palmar, Pizarro, Guaduas y a toda la vía Quibdó-El Carmen de Atrato. El 15 de marzo de 1999 nuevamente hay un relevo de comandantes y alias ‘Yunda’ y ‘El Iguano’ le entregan el grupo, ya consolidado, a un hombre conocido como ‘Mario’. En ese momento se crea el Bloque Pacífico – Héroes del Chocó de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), grupo que se desmovilizó el 23 de agosto de 2005 en el balneario Corungano, de Istmina y que dejó tras de sí una estela de sangre que hoy arroja por lo menos 12 mil víctimas.

Aparecen los ‘narcos’
A los comerciantes y mineros que apoyaban y financiaban a los paramilitares en la región central del departamento se sumaron varios narcotraficantes, quienes operaban en las costas del pacífico chocoano y estaban siendo hostigados por la guerrilla de las Farc.

Según el ex paramilitar Rodrigo Zapata Sierra, ante la queja de los ‘narcos’, Vicente Castaño Gil envió un grupo al río Baudó bajo al mando de Luis Eduardo Echavarría Durango, alias ‘Jhonatan’, con el objetivo de proteger los embarques de cocaína que salían por esa ruta hasta llegar a las costas del Pacífico.

En versión libre rendida el 22 de septiembre de 2010, Zapata Sierra explicó que para mediados de 1999 los despachadores de cocaína desde la región chocoana querían dar unos aportes económicos a las Auc para que les protegieran sus cargamentos. “En ese momento se conocieron varias personas, quienes informaron que había presencia guerrillera en el río Baudó, ruta empleada para sacar la droga al mar”, sostuvo el ex paramilitar, hombre de confianza de Castaño Gil.

En esencia, la facción de las Auc en esta región chocoana debía proteger una ruta de narcotraficantes que se iniciaba en Pie de Pató, continuaba aguas abajo por el río Baudó hasta su desembocadura en el Pacífico, justo en el municipio de Pizarro. La droga llegaba a la zona de embarque por vía terrestre de Medellín y de Pereira, se almacenaba en Pie de Pepé, corregimiento de Istimina. Los narcotraficantes le pagaban por este servicio de protección a las Auc en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá.

De acuerdo con la versión de Zapata Sierra, a los ‘narcos’ se les comenzó exigiendo una cuota de 50 dólares por kilo y luego subió a 150 dólares, dinero que se recaudó hasta el 2005. Pese al gran volumen de movimiento de droga en esta región del país para esos años, los comerciantes y mineros, según Zapata Sierra, siguieron dando sus aportes al sostenimiento del grupo paramilitar.

De acuerdo con la Fiscalía 13 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz, el entonces jefe paramilitar Vicente Castaño Gil se reservó la zona del pacífico chocoano para el cobro de impuestos destinados a financiar sus grupos de autodefensa y de acuerdo con algunas versiones de ex integrantes del Bloque Pacífico – Héroes del Chocó, no sólo recibían dinero sino armas por proteger los cargamentos de cocaína en su tránsito hacia las costas del Pacífico chocoano.

Según declaraciones de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, uno de los narcotraficantes que más aportes económicos hizo a las Auc fue Bayron Alfredo Jiménez Castañeda, conocido como ‘Mono Pepe’, quien era el encargado de manejar los embarques de cocaína en el municipio costero de Pizarro.

¿A quiénes se investiga?
Según las versiones de los ex paramilitares, la presencia, crecimiento y consolidación de este grupo armado en la región central del Chocó no hubiera sido posible sin el apoyo económico de comerciantes y mineros, quienes, de manera voluntaria, aportaron dinero e insumos, y la protección de sectores de la Fuerza Pública y la justicia.

La Fiscalía 13 conceptuó que “fueron las fuerzas productivas de Quibdó, comerciantes y mineros, las que facilitaron y contribuyeron a la llegada de las Accu al departamento del Chocó, contribución materializada en apoyo económico, que fue preponderante al momento de la incursión y en la intención de estabilidad y sostenimiento en la región”.

Según esta delegada ante Justicia y Paz, “luego de que el proyecto mostró resultados en los municipios del centro del departamento del Chocó, tales como Quibdó, Tadó, Istmina y Condoto, la ambición impulsó al grupo representativo de la Casa Castaño y de los intereses económicos de Vicente Castaño a expandirse por casi todo el departamento del Chocó a donde no habían llegado las autodefensas, tal como lo fue en municipios como Unión Panamericana, Bajo, Medio y Alto Baudó, Pizarro, Certegui, Cantón de San Pablo, Río Quito, Atrato y Yuto”.

Dados los señalamientos hechos por alias ‘El Iguano’, la Fiscalía 13 Delegada compulsó copias a la justicia ordinaria para que sea investigados los comerciantes y mineros Marcelino Arrieta, Roger Cabrera, Luis Carlos Perea, Jorge Herrera, Dámaso Peralta, Albeiro Jiménez, Guillermo Álvarez y Jorge Raigoza.

Por declaraciones del ex paramilitar William Mosquera Mosquera, alias ‘El Terrible’, también se ha pedido investigar a los comerciantes Carlos Andrés Guarín Velásquez, Marta Inés Velásquez Urrego y Teodolindo Andrade Ibargüen, quienes son propietarios de droguerías en Quibdó. Según este ex miembro del Bloque Pacífico, “el grupo de autodefensas al cual pertenecí tenía convenios con algunas droguerías de Quibdó, que eran colaboradores con el financiamiento de ese grupo al margen de la ley mediante el suministro de drogas”.

También se solicitó investigar a varios miembros de la junta directiva de la empresa prestadora de salud Barrios Unidos, entre ellos Florentino Chaverra Mosquera, David Palacio y Miguel Ángel Asprilla Mosquera, así como su gerente, Ariel Palacio. La Fiscalía 13 Delegada explicó que varios ex paramilitares han declarado ante su despacho que “la junta directiva de dicha empresa colaboraba con los dineros para el financiamiento de las autodefensas que delinquían en Quibdó”.

Uno de los declarantes fue el postulado Mosquera Mosquera, quien aseveró que los paramilitares sostenían reuniones con los integrantes de la junta directiva de Barrios Unidos para acordar aportes económicos y en una de ellas se estableció la compra de cuatro motos para la organización de autodefensas, para lo cual recibieron en el barrio Mis Esfuerzos de Quibdó la suma de 20 millones de pesos.

Igualmente se compulsó copias a la justicia ordinaria para que se investigue a Arley Córdoba Murillo, quien para finales de la década del noventa se desempeñaba como juez en Quibdó. De acuerdo con el ex paramilitar Mosquera Mosquera, “el señor juez tenía contacto con los jefes de los paramilitares en la zona para colaborarle a cualquier miembro de las autodefensas que cayera detenido, a cambio de lo cual recibía beneficios personales”.

Enredos de la clase política
Sectores de la clase política también fueron involucrados en sus relaciones con el Bloque Pacífico – Héroes del Chocó y ahora se quiere saber en qué van esas investigaciones.

Según la Fiscalía 13 Delegada, bajo la gravedad del juramento alias ‘El Iguano’ aseveró que “algunas personas de la clase política que contribuían con las autodefensas en ese momento fue el señor Patrocinio, quien mantenía reuniones con el señor Pedro Manuel Castro, reportaba dineros que salían del sector de la salud y ese era el canal que se manejaba para poder que esos dineros llegaran a las autodefensas”.

El ex paramilitar hace referencia a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, ex alcalde y ex gobernador, hoy detenido por delitos relacionados con malos manejos administrativos cuando se desempeñó como alcalde de Quibdó entre 2001 – 2003, y quien supuestamente se reunía con Castro, comandante urbano de las Auc en Quibdó.

Por señalamientos de alias ‘El Iguano’ también se solicitó investigar a los ex congresistas Odín Sánchez Montes de Oca y Edgar Ulises Torres, condenados por sus nexos con el Bloque Elmer Cárdenas, así como a Francisco Rojas Birry y a los ex gobernadores Juan Bestsabe Hinestroza Cossio y José Luis Córdoba.

Por declaraciones de este ex paramilitar, la Fiscalía 13 Delegada también solicitó investigaciones contra Ángel Rivas Rentería, quien se desempeñó como alcalde del municipio Alto Baudó, entre los años 1995 y 1997, y su sucesor Misael Soto, ex mandatario de la localidad de 1998 a 2000.

Uber de Jesús Soto Tonusco, alias ‘Pitufo’, involucró en sus confesiones a Blanca Inés Marín Osorio, quien se desempeñó como alcaldesa del municipio de San José del Palmar, desde el 1 de enero de 2004 hasta el momento de su muerte, ocurrida el 4 de julio de 2007. Según este ex paramilitar, la mandataria local se reunía frecuentemente con miembros de las Auc en la ciudad de Cartago, Valle.

También se compulsó copias contra James Segura, ex alcalde de Bahía Solano entre los años 2000 y 2003, a quien ex paramilitares señalan de haber suministrado medicinas y combustible, así como coordinar con las autoridades del pueblo para que el grupo armado ilegal ingresara a la zona.

Señalan a miembros de la Fuerza pública
Las declaraciones de los ex paramilitares ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz también involucraron a miembros de la Fuerza Pública. Por tal razón, se han compulsado copias para que sean investigados los agentes de la Sijin Álvaro Galvis y Alirio Perucho Garcés.

La Fiscalía 13 Delegada también solicitó investigaciones contra los agentes de la Policía Nacional destacados en el municipio de San José del Palmar en la época en que por allí rondaban hombres del Bloque Pacífico – Héroes del Chocó. Se trata de los uniformados Jairo de Jesús Obando López, Carlos Arango Gutiérrez, Hugo Alirio Coral, Jesús Vera Gutiérrez, Jesús Alberto Ampudia Pizarro y José Alfonso Martínez Goez.

Según alias ‘Pitufo’, los agentes  tenían nexos con el comandante paramilitar de esa localidad y se materializaban en la permisividad en el control a los vehículos que transportaban droga ilegal hacia las caletas a orilla del mar y tenían que pasar por el centro del pueblo.

“Nunca los requisaban, lo cual deja ver que sí había una relación entre la policía y los paramilitares tenían muchos nexos, tanto que el comandante de la Policía le decía al comandante de los urbanos que si iban a matar a alguien que lo mataran fuera del pueblo para ellos poder justificar que no se dieron cuenta debido y no escandalizar a la población”, declaró alias ´Pitufo’.

Se espera entonces que en las próximas semanas, el Fiscal 13 Delegado ante Justicia y Paz vuelva a comparecer ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y rinda un informe detallado de cómo van las investigaciones toda todas estas personas, con el fin de establecer si ha habido avances o no.