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Los guerrilleros en Justicia y Paz

Casi medio millar de desmovilizados de la guerrilla están contando sus crímenes y los fiscales han encontrado bienes que robaron, han rescatado los restos de los que desaparecieron y han registrado a 70.000 de sus víctimas.

Guerrilla en Justicia y PazHay 445 postulados de la guerrilla en Justicia y Paz. Fotomontaje: VerdadAbierta.com En 2008 tres años después de que entrara en vigencia  la Ley de Justicia y Paz, empezaron a llegar los guerrilleros a la misma fila de los paramilitares. Como estos últimos,  los insurgentes hacen cola ante la justicia para confesar sus delitos y colaborar con la reparación de sus víctimas y, a cambio, favorecerse con una pena más corta. Pero a diferencia de los ‘paras’, los guerrilleros no dejaron las armas como fruto de una negociación con el gobierno, si no que quisieron acogerse a la vida civil en forma individual y por voluntad propia.

Y en la larga lista de 4.796 postulados a Justicia y Paz,  apenas 445 provienen de las organizaciones guerrilleras. Y su experiencia constituye el referente más próximo para vislumbrar cómo sería la desmovilización de todos los 9.000 integrantes de las Farc, de prosperar las negociaciones de paz que se acaban de iniciar entre éstas y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Para conocer  cuánto han contribuido los guerrilleros desmovilizados a la justicia, cuánta verdad han contado ante los fiscales de Justicia y Paz y cuánto han colaborado con la reparación de sus víctimas, VerdadAbierta.com presenta este reportaje, el primero de varios sobre este proceso de justicia transicional con las guerrillas que adquiere un especial significado en la actual coyuntura política.

Guerrilleros también entran

El camino actual para que los insurgentes que dejen sus organizaciones puedan aspirar a penas alternativas más leves a cambio de contribuir con la justicia, se empezó a allanar con un decreto, emitido por el gobierno de Álvaro Uribe. Éste determinó que los guerrilleros “que se encuentren privados de la libertad mediante decisión judicial en cualquier estadio de la actuación procesal, podrán desmovilizarse de manera individual y recibir los beneficios previstos”. La fórmula fue la respuesta oficial a una cascada de derechos de petición que desde las cárceles decenas de guerrilleros enviaron al gobierno solicitando que se les abriera un camino jurídico para desmovilizarse.

Inicialmente, el gobierno postuló a una veintena de subversivos que purgaban penas en distintas cárceles del país a Justicia y Paz. Pero pronto se dio un escenario inesperado. Del monte llegaron mensajes de guerrilleros que querían dejar las armas y ser acogidos  dentro del proceso. Y decenas efectivamente dieron el paso. Así ocurrió con el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista, una pequeña guerrilla disidencia del ELN, con 16 años de existencia), que en agosto de 2008 desapareció cuando sus 48 integrantes se desmovilizaron. Lo mismo ocurrió con la guerrillera Nelly Ávila Moreno, más conocida como ‘Karina’, su nombre de guerra, y quien fue la única mujer que dirigió un frente, el 47, de las Farc.

De los 445 desmovilizados de la guerrilla que están hoy en procesos ante Justicia y Paz,  333 postulados provienen de las filas de las Farc, 64 del ELN y 48 del ERG y el EPL.

Con guerrillas acechando

Que las Farc y el Eln sigan vivas y activas tiene múltiples efectos adversos para el proceso de Justicia y Paz. Para empezar, son pocos los insurgentes que toman la decisión de colaborar con la justicia, pues ello viola el régimen interno de sus organizaciones; una  deserción se paga con la vida, darle información al Estado, es el equivalente a la alta traición.  

Además, sabiendo que aún puede haber represalias contra ellas, muchas  víctimas de las guerrillas no se animan a asistir a las audiencias de Justicia y Paz con guerrilleros desmovilizados para averiguar a dónde están sus desaparecidos, dónde los que murieron en cautiverio o sus hijos reclutados a la fuerza. Las víctimas en veredas y pueblos pueden dar mucha información sobre los crímenes de las guerrillas, pero es difícil que se atrevan a hablar si éstos son sus vecinos.
 
“Al comienzo acudimos a las veredas y las víctimas nos decían ‘Por favor no me busque, llámeme, pero no venga por acá’”, recuerda un fiscal quien asegura que por cuenta del miedo algunas víctimas que anhelan saber qué pasó con sus familiares finalmente deciden apartarse del proceso para evitarse otra la tragedia.

Aún así, se han acreditado ante Justicia y Paz cerca de 70 mil víctimas de las diferentes organizaciones guerrilleras provenientes de todo el país.

Otro factor en contra es que los guerrilleros que aisladamente deciden abandonar las armas para reinsertarse, con los riesgos que ello implica, no poseen bienes ni patrimonio alguno para contribuir a la reparación de las víctimas. A pesar de ello, por investigación propia y con la poca información de los desmovilizados, la Fiscalía tiene ubicados más de cien inmuebles que aparecen a nombre de terceros. La Unidad de Bienes de esta entidad está haciendo la compleja labor de recuperarlos. Pero hasta ahora ni uno sólo de éstos ha sido entregado para la reparación de las víctimas.

Resultados con esfuerzo

Quizás el logro más significativo de los ocho fiscales que integran en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, llamada “Unidad de apoyo para la subversión”,  está en que con la información que les han dado los guerrilleros desmovilizados y sus propias pesquisas, han conseguido encontrar los cuerpos de cien personas que habían sido enterrados en fosas comunes.  De éstos, los fiscales ya han identificado a 75 de los muertos y le han entregado los restos a sus dolientes.

Así mismo, la Fiscalía ha determinado que el casi medio millar de guerrilleros desmovilizados han cometido 2.250 delitos de todo tipo. Y contra 61 de ellos,  ya formuló cargos (etapa avanzada previa a la instalación del juicio ante un magistrado de Justicia y Paz), que los acusan de ser los responsables de más de 1.200 crímenes.

Además de los crímenes confesados por los propios desmovilizados, un grupo técnico de la unidad que procesa sus casos, ha construido una impresionante lista de cerca de 9.000 hechos criminales  perpetrados por las guerrillas de todas las corrientes desde los ochenta, entre éstos secuestros, desapariciones, actos de terrorismo y homicidios.

Además los fiscales han dibujado el perfil de los postulados guerrilleros, en contraste con el los postulados que militaron en las organizaciones paramilitares y encontraron diferencias sustanciales. Si se consiguen acuerdos en la mesa de negociación de La Habana,  esta información será muy útil para diseñar un nuevo marco jurídico – o modificar el actual – que permita la reinserción de los miles de insurgentes que podrían transitar a la vida civil.

Criados por la guerrilla

Los fiscales encontraron que la mayoría de los guerrilleros postulados fueron reclutados siendo niños, o bien por  la fuerza o por vínculos familiares. Algunos se hicieron guerrilleros muy pequeños, desde los ocho los años de edad.  Por eso hoy los cuadros de mando son generalmente combatientes con más de 20 años de permanencia en la guerrilla. “Mientras que un comandante de las AUC como alias ‘Jorge 40’ estuvo en la organización entre 1997 y el 2006, nueve años, muchos de los postulados de la subversión son gente que llevaba 20 o 30 años en el grupo guerrillero”, dijo a VerdadAbierta.com Deisy Jaramillo, fiscal coordinadora de la “Unidad de apoyo para la subversión”.

Tantos años en la guerrilla, han hecho que esos colombianos nunca hayan tenido educación formal, ni hayan aprendido bien a leer ni a escribir. El nivel medio educativo de los ex paramilitares es mucho más alto. Influye el hecho de que una proporción considerable de los ´paras’ vino de las fuerzas armadas, lo que quiere decir que ya habían completado su formación escolar antes de tomar las armas. Entre la insurgencia, es raro el caso de alguno que provenga de la fuerza pública.

Lo paradójico en la guerrilla, es que pueden ser analfabetos, pero les han inculcado con rigor una ideología política y conocen las normas internas de la organización a cabalidad. Aunque las autodefensas estaban estructuradas de acuerdo a unos estatutos, estos eran documentos ajenos para la tropa e incluso la comandancia.

“El propio Salvatore Mancuso relató que ni siquiera leían los estatutos – dice la fiscal Jaramillo – en cambio, todas las estructuras de la guerrilla siguen juiciosamente sus conferencias y cada tres meses se reúnen para hacer seguimiento y evaluar si están cumpliendo esas directrices políticas trazadas”. Y agrega que los fiscales han podido verificar que en efecto reina esta disciplina en la guerrilla, por distintas fuentes, una de estas los computadores jefes guerrilleros como Raúl Reyes o el Mono Jojoy que contienen decenas de carpetas con esta información.

Las armas y las acciones también son sello diferenciador. En la guerrilla es característico el empleo de aparatos rudimentarios y de poca precisión como cilindros bomba y minas anti persona, mientras que quienes combatieron en las AUC emplearon fundamentalmente granadas y fusiles.

En lo que no hay distinción es en uso de la barbarie: torturar a sus prisioneros, descuartizar a sus víctimas para desaparecerlas, violar a las mujeres, entre otros delitos atroces.

La Fiscalía ha encontrado que las guerrillas también han forzado a miles de personas a abandonar sus hogares y dejarlo todo atrás. No obstante,  ha encontrado que los desplazamientos provocados por los paramilitares generalmente están asociados a un delito mayor como una masacre, un homicidio o una desaparición; en tanto que la guerrilla produce desplazamientos no asociados a un delito mayor.
 
Como acciones criminales características de la subversión están la toma de poblaciones, sólo en Cundinamarca hay un histórico de 535 tomas documentadas a título de las Farc. La guerrilla también emplea reiteradamente el secuestro, la extorsión y la detonación de minas anti persona. Entre 1982 y 2011 las minas de las Farc han dejado en todo el país 8.919 víctimas (de las cuales 1.849 corresponden a víctimas mortales); Antioquia, Meta y Caquetá son los departamentos más minados.

En las AUC, en cambio, predominó como patrón de conducta criminal el homicidio, la desaparición forzada y masacres; sólo el Bloque Norte contabilizó en la Fiscalía 1.100 masacres documentadas.

La organización jerárquica de la guerrilla, distinta a la de los grupos paramilitares, supone una complejidad jurídica a la hora de señalar responsabilidades. A un comandante ‘para’, por la llamada responsabilidad de cadena de mando, se le pueden endilgar jurídicamente el grueso de las conductas criminales cometidas por sus subalternos pues el grupo se estructura verticalmente así: el comandante de frente, el segundo, el tercero y la base (tropa rasa).

En la guerrilla no ocurre lo mismo. En las Farc cada frente (estructura de más de 110 guerrilleros) tiene 9 integrantes destacados: 5 principales y 4 suplentes; y cada comandante de frente tiene a cargo una comisión o rol. Puede haber comisión de finanzas, comisión de armas, comisión de educación, comisión de secuestro, comisión de seguridad, etc. Este tipo de estructura, aunque no impide la aplicación jurídica de la responsabilidad por cadena de mando la desdibuja, y hace más complejo estructurar imputaciones penales en comparación a las que se formulan contra los postulados que provienen de las filas paramilitares.

Selección y priorización

Con la información recaudada y la experiencia que se tiene en el proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía actualmente trabaja en el diseño de una gran estrategia para conseguir que una eventual paz con la guerrilla no se incurra en los errores cometidos con la desmovilización de los paramilitares.

Si los guerrilleros dejan las armas sería bajo el Marco Legal para la Paz, que ya quedó incluido en la Constitución. Éste permite que el gobierno tenga qué ofrecerles a los grupos armados para que firmen la paz, pero vigila que cualquier acuerdo con éstos también respete los derechos de las víctimas.

El Marco prevé que como parte de una negociación de paz, las organizaciones armadas en cuestión liberen los secuestrados, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y  desvinculen inmediatamente a los menores de 18 años reclutados forzosamente, entre otros. El fiscal general, Eduardo Montealegre, ordenó realizar una completa investigación  para que, si se llega el momento la entidad esté preparada y ayude a garantizar que un eventual acuerdo le cumpla a las víctimas.

En el mismo sentido, y atendiendo no solo lo que señala el Marco Legal para la Paz sino también y la recién aprobada reforma a la ley de Justicia y Paz, la Fiscalía empezará próximamente a implementar los criterios de “selección” y “priorización” para orientar las investigaciones en los procesos de justicia transicional.

El revolcón del método de investigación se dará en todas las unidades pues en el fondo se trata de un viraje institucional, que arrancó con la creación de una nueva unidad llamada “De Análisis y Contexto”, cuya tarea será impulsar esos nuevos criterios.

La selección y priorización en el caso de las Farc ha llevado a la Fiscalía a elaborar una lista de 1.035 personas que irían a Justicia y Paz como postulados. “Ellos serían los máximos y mayores responsables, entendiendo como mayores quienes dan las políticas de cómo funciona la organización armada que serían el Estado Mayor y el Secretariado; y entiendo como máximos los que desarrollan esas políticas”, explica  Jaramillo.

Según la funcionaria, también la prioridad se establecería según la relevancia y la gravedad de los crímenes cometidos, y también se seleccionarían aquellos casos que determinen patrones de comportamiento y conduzca a establecer una verdad colectiva.

Estos planes de la Fiscalía, por ahora sólo se podrán poner en marcha en los casos de los 455 guerrilleros que ya están postulados a Justicia y Paz. Pero frente a los que siguen en la guerra, se podrán hacer investigaciones que aporten al proceso de negociación, pero en caso de acuerdo, la justicia tendrá que acomodar sus planes a los que firmen las partes.

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