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“Que haya una veeduría internacional para la restitución”

Las Farc admiten que pudieron despojar tierras y dicen estar abiertos a someterse a una veeduría. Por Marta Ruiz, enviada especial a La Habana.
  
Jesús Santrich es uno de los negociadores de las Farc en la Habana.  Foto: Semana.

El desarrollo agrario integral, tema con el arrancaron las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana, posiblemente no será el más difícil, pero sí el más largo. Hasta ahora el mayor consenso logrado es sobre el acceso a la tierra. Aunque no se conocen los detalles, se sabe que hay coincidencia entre las partes en que se debe resolver el problema de la concentración de la propiedad rural, y que darles tierra a los campesinos es crucial para superar la catástrofe de pobreza en la que está el campo colombiano.

La fórmula de la que se ha hablado hasta ahora, no es muy distinta a lo que ya se está desarrollando: un fondo de tierras al que el Estado aportaría las hectáreas de baldíos; los predios provenientes de la extinción del dominio y entrarían también las tierras que entreguen las Farc.

Según dijeron varios de los negociadores de las Farc entrevistados por VerdadAbierta.com en La Habana, han propuesto que incluso se pueda expropiar tierras no productivas para incrementar el fondo, y, si es del caso, se indemnice a los afectados. “No estamos por atropellar a quienes hoy aparecen como dueños de la tierra a pesar de que el despojo ha sido histórico”, dijo Jesús Santrich, uno de los voceros de la guerrilla, pero añadió que esta vez no se le puede hacer el esguince al latifundio como en otros intentos de reforma agraria.

Hasta hace poco los jefes de las Farc habían negado tajantemente que su organización hubiese despojado 800.000 hectáreas. Estas cifras provienen de la Unidad de Restitución de Tierras que recibe las denuncias interpuestas directamente por las víctimas y que se verifican caso por caso.

Ahora, sin embargo, los guerrilleros están dispuestos a que se revisen estas denuncias a través de “un proceso transparente con participación de la sociedad civil y una veeduría internacional”. Una veeduría, a juicio de ellos, demostraría quienes son los verdaderos responsables del despojo, y el papel que el Estado ha tenido en él.

Algunos voceros aseguran que las Farc se hicieron a tierras en el suroriente del país y que se las entregaron a familias de colonos. Muchos de estos predios están entre San Vicente del Caguán y La Macarena, y nunca fueron titulados porque el gobierno anterior consideró que los campesinos eran testaferros de la guerrilla. Esa negativa a entregar títulos es, según un informe reciente de la ONG norteamericana Wola, un escollo principal del plan del gobierno para consolidar la presencia del Estado, en las regiones de mayor conflicto en el país.

Hoy el temor de los miembros de las Farc es que a esas familias se les expulse, pues “el gobierno considera baldía la tierra sin título, y no le importa si allí hay gente”.

Otro caso complejo es el del Catatumbo. Rubén Zamora, jefe de las Farc en esa región, y miembro de la mesa, dice que cuando los paramilitares llegaron a finales de los 90 desplazaron a miles de personas y repoblaron la región con su propia base social, traída de lugares como Córdoba y Urabá. A muchas de estas familias la guerrilla las desplazó después, al tiempo que promovió el retorno de los pobladores originales. En estos casos, donde ni los unos ni los otros tienen títulos, se presentan dobles demandas por restitución, en la que cada parte tiene algo de razón.

“Las Farc como tal no tienen propiedad privada y si hay desplazamiento es por causa del conflicto. Nosotros hemos actuado contra grandes propiedades de latifundistas para que se metan allí campesinos sin tierra”, dice Santrich, quien obra como experto en el tema por parte de las Farc.

No obstante, en las denuncias por despojo de las Farc hay desde campesinos pobrísimos hasta campesinos medios, y en realidad, pocos latifundistas.

Las zonas de reserva: ¿qué tanta autonomía?
Una propuesta central para las Farc en materia agraria es la masificar las zonas de reserva campesina y ampliar su autonomía, incluso política, a rango constitucional, en un modelo similar al que hoy tienen los territorios indígenas. Para ellos, esta sería una garantía de que el uso de la tierra esté orientado, sobre todo, a la seguridad alimentaria.

“Queremos que se cumpla lo que incluso Naciones Unidas ha pedido: que se homologuen los derechos de los campesinos a los de los indígenas. Esa es una visión moderna del campo. Un tercio del país está dedicado a la ganadería. Si se tecnifica, muchas de esas tierras se pueden liberar para soberanía alimentaria. La tasa de desnutrición en Colombia es de 12 % el doble de la tasa latinoamericana” afirma Santrich.

Algunos sectores conservadores han equiparado esta propuesta la famosa denuncia que en los años cincuenta hizo el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado en el Congreso. Éste tildó de “repúblicas independientes”, el proyecto autónomo que tenían los campesinos de Marquetalia, y que fue atacado por la vía militar, con la famosa operación que se convirtió en el mito fundacional de las Farc.

La diferencia es que estas zonas tendrían protección y apoyo del Estado. De hecho las zonas de reserva campesina existen desde hace más de una década, precisamente en regiones donde hay presencia histórica de las Farc. Desde sus inicios, el gobierno de Santos se propuesto ampliar el número de territorios conformados bajo esta figura de “zona de reserva campesina” y de 12 que había en el país, se ha pasado a casi 40.

Lo que aún queda para discusión en la Mesa de Conversaciones es qué tanta autonomía podrían tener y si ello le aportaría a la pacificación del país o, por el contrario, exacerbaría conflictos.

Uso de la tierra: ¿dónde está el debate?
En lo que sí se alejan del gobierno es en la política que ha venido poniendo en marcha de formalización y titulación de tierras, y que pretende acelerar con el impulso de la Ley de Desarrollo Rural que tiene lista para presentar al Congreso, desde hace meses. Las Farc, según dijeron sus voceros, no consideran que este sea el instrumento más expedito para lograr el acceso a la tierra.

Para Santrich, lo que el gobierno busca con esta política es dar títulos para regularizar un mercado de tierras y que la gente le venda a las transnacionales. El proyecto de ley contempla dos figuras que han sido muy controvertidas: el derecho real de superficie, que permite que la tierra sea arrendada por largos períodos a terceros, y que ese contrato de arriendo pueda servir de garantía para créditos. La segunda, facilita a empresas, o incluso a gobiernos, extranjeros comprar grandes extensiones de tierra. El antídoto que el gobierno propone para que este modelo no excluya al pequeño campesino, es que haya asociación entre grandes empresas y pequeños agricultores.

“Eso es como asociar al zorro y la gallina” dice Santrich, quien aclara que se oponen a la promoción del monocultivo, especialmente el que se orienta a los agro-combustibles, y pone como ejemplo la palma de aceite. Propone, en cambio, que esa ley incluya “proteger la propiedad del pequeño y mediano productor, que el campesino no pueda ser expropiado, que sean inembargables sus bienes”. Así mismo cree que un estatuto agrario debe contemplar diversos tipos de propiedad: colectiva, individual, comunitaria y hasta figuras como los territorios intangibles y de acceso libre.

“Nosotros no concebimos la tierra como una mercadería sino como un ámbito abrigo. Solo si hay un respeto al ambiente se puede salvar al mundo de la hecatombe a la que lo lleva el capitalismo” dice. Para el gobierno, en cambio, la intensión de la guerrilla es ponerle frenar el impulso de la economía del Estado, que está basada en la extracción de recursos naturales.

En sus múltiples propuestas en el tema agrario (más de 30), las Farc se oponen a la locotomora minera del gobierno, e incluso a la construcción de represas. Específicamente pidieron que se suspenda la construcción de la de El Quimbo y que replantee la idea de las demás que están en proyecto. Al ser preguntado si no es esto frenar el desarrollo del país, Santrich dijo: “¿Es justo que por complacer a una transnacional que tiene el 5 por ciento del territorio nacional en sus manos, se desplace a toda una comunidad Wayuu para dejarla sin agua en un desierto?”.

Se refiere a la represa de El Cercado y el distrito de riego del río Ranchería, que se construyó bajo el anterior gobierno, con grandes irregularidades en la obligatoria consulta a las comunidades indígenas wayúu y tayronas, y con el respaldo decidido de los políticos locales. No obstante, la multinacional minera de El Cerrejón se opuso radicalmente a esta obra. Una posterior propuesta de desviación del río en unos años que había presentado la multinacional, la desechó luego.

El gobierno ha sido tajante en la negativa a discutir el tema minero. En el acuerdo marco que definió los términos de la negociación el año pasado, dice las Farc, se incluyó la discusión del uso de la tierra y eso abarcaría la minería. Para el gobierno eso se refiere estrictamente al desarrollo integral agrario, como lo dice el título del primer punto de la agenda acordada. No obstante uno de los voceros de la guerrilla dice: “Si cruzamos el mapa de las licencias mineras, con el de los latifundios, con el de los parques y territorios reservados no queda nada para titularles a los campesinos. Entonces, ¿cómo pueden decir que eso no es parte del debate?”.

Desde esta semana, luego de un breve receso durante el cual las partes anunciaron que han comenzado a redactar un documento conjunto que recoja unas reformas agrarias de consenso, continúa la discusión del desarrollo agrario.