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Los Urabeños, un poder subestimado: analistas

Luego del paro armado realizado por este grupo criminal queda claro que durante mucho tiempo se subestimó el poder que heredaron de los paramilitares.
   
Foto: Semana

El mensaje fue claro: en Colombia los poderes ilegales pueden controlar las dinámicas de la población a pesar de las garantías de seguridad ofrecidas por el Ejército y la Policía Nacional.

Antioquia, Magdalena, Bolivar, Chocó, Córdoba y Sucre, los departamentos donde Los Urabeños tienen influencia, padecieron el miedo y la zozobra de un grupo armado que los ha atormentando durante los últimos años.

Esta vez la excusa fue advertirle al gobierno que su poder no se ve diezmado por la captura o muerte de sus integrantes y cabecillas.

Para entender mejor esta situación Verdadabierta.com entrevistó académicos y especialistas en en el tema del conflicto y el narcotráfico los cuales resaltaron la importancia de las bandas criminales en la realidad política del país.

La capacidad operativa y de intimidación que mostraron los Urabeños es un ejemplo de lo que el investigador Gustavo Ducan denomina como “la dimensión política que tienen los ejércitos privados que controlan el narcotráfico en Colombia. Dentro de sus alcances y aparatos de guerra muestran al Estado que aunque sea a punta de amenazas, son capaces de paralizar poblaciones enteras”.

Los panfletos que repartieron, las llamadas que realizaron y las visitas a los locales comerciales funcionaron efectivamente porque las poblaciones a las que se dirigieron han sido las más afectadas por el conflicto armado.

El poder de los herederos de los paramilitares, como los denominó Human Rights Watch en el último informe que realizó sobre la situación colombiana, es producto de la estructura paramilitar (muchos de sus jefes son desmovilizados o exmandos medios de los principales bloques de las autodefensas) y sus diferentes redes de apoyo económico y político.

Ducan explicó que “el principal atributo de los paramilitares era que tenían la capacidad de controlar territorios enteros al margen del Estado, y que tenían alianzas con sus miembros. Que a nadie le quepa la menor duda de que en estos municipios estos grupos criminales controlan la política local, o al menos la presionan para obtener algún tipo de control y beneficio de alcaldes y autoridades locales, y lo pueden hacer porque el control del Estado local es funcional a la economía del narcotráfico”.

El narcotráfico fue una de las grandes fuentes de financiación de los paramilitares. Tras su desmovilización estos grupos se apropiaron de las rutas del tráfico y de las denominadas economías criminales.

Tal y como lo afirma Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit, “estas bandas criminales no funcionan ya en torno a objetivos políticos, en cambio sí están muy relacionadas con lo que nosotros denominamos “economías criminales”, básicamente la economía del narcotráfico, la explotación ilegal de algunos recursos naturales y la extorsión”.

El paro armado convocado por Los Urabeños sorprendió por el alcance de la intimidación y la paralización de 16 municipios. Otra muestra de su capacidad operativa son las cifras de desplazamiento que habían descendido entre el 2005 y el 2006 cuando se desmovilizaron los paramilitares.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), cerca de 380.863 personas fueron desplazadas desde el 2008, lo cual representa un incremento del 24,47% respecto de la cifra que difundió para 2007 (305.966).

Esta misma organización afirmó que los departamentos más afectados fueron Nariño y Chocó, donde los grupos sucesores de los paramilitares se encuentran activos. Human Rights Watch en el 2010 comprobó que Medellín, la región de Urabá y la costa Atlántica también sufrieron desplazamientos significativos.

El representante a la cámara Iván Cepeda le dijo a VerdadAbierta.com que “el paro armado hace evidente el poder de las estructuras paramilitares, su relación con la parapolítica. Es importante develar quién está detrás, saber cuál es la relación de las bandas criminales con las esferas de poder del país”.

Los analistas consultados afirman que uno de los principales factores que permitiero bloquear las actividades laborales y de transporte público en estos departamentos es “el entronque que estos grupos tienen con algunos sectores de la sociedad y la capacidad de control que tiene dentro de la misma”.

Para Giraldo, “el paro básicamente muestra es la relación histórica que estos grupos criminales tienen con un pasado reciente, y otro un poco más remoto con organizaciones armadas ilegales de carácter más político”.

A pesar de que son estructuras atomizadas y sin una jerarquía muy específica, la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, no significa el final de este grupo ilegal. De hecho el paro fue una muestra de que el ataque militar a su organización no afecta su funcionamiento.

Gustavo Duncan resaltó que “no se si podemos hablar de un final, además hay que tener en cuenta otro punto y es que la sociedad también está produciendo nuevos soldados, nuevos jóvenes, individuos con aspiraciones de mando”.

Según él Los Urabeños “no es una banda de tres o cuatro criminales”. Este tipo de organización ejerce el control de las sociedades locales, con una injerencia dentro de esta que permite que ella misma produzca los remplazos necesarios.

Cepeda por su parte aclama una mirada más crítica sobre las bandas criminales que de entrada afirma que llamarlas así es un eufemismo que no corresponde a la realidad que vive el país.

El representante afirmó que “debemos preguntarnos si la muerte de alias ‘Giovanni’ es un golpe preventivo o un ataque radical, qué significa la muerte de este hombre y qué sigue después. Uribe aceptó que en su mandato se colaron 12.000 falsos desmovilizados, no se develó la estructura paramiliar ni parapolítica, ¿será que no se trata de las llamadas “bancrim” sino de estructuras paramilitares de sectores poderosos?”.

Lo que queda luego del “paro armado” presionado por Los Urabeños es la sensación de que tienen mucho más poder del que se ha hablado.

Los retos que enfrentará el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana tienen que ver con la capacidad de reacción para judicializar a los capturados y develar el accionar de estas organizaciones complejas que van más allá de la lucha contra la guerrilla y tienen implicaciones políticas y económicas.

Además la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras depende en gran parte del control y las garantías que pueda ofrecer el gobierno a las poblaciones que siguen amenazadas y atormentadas por los herederos de los paramilitares y que se encuentran en medio de las rutas del narcotráfico, el negocio de estos grupos criminales.