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Ataco, el retorno al pueblo ‘fantasma’

Es el municipio con más solicitudes de restitución de tierras en Tolima. Los primeros fallos han sido en Balsillas, una vereda azotada por la disputa del territorio entre las Farc y las Auc.
  
En lo que va de 2013, el Tribunal de Tierras de Ibagué ha proferido 14 sentencias para que las víctimas de abandono de tierras en la vereda Balsillas, en Ataco, sur del Tolima, retornen. Foto archivo Semana  

“…la guerrilla llegaba con listas y reunía a la gente y la amenazaban. Esto fue así que en el año 2000 hubo enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y nos desplazamos con muchos vecinos a Ataco, duramos como dos años y regresamos, y luego empezaron a matar otra vez gente. A lo último era mucha la matazón, en ese momento, en 2003, la guerrilla hacía reuniones y decían cuántos niños tienen para hacerlos partícipes de la guerrilla. Si no accedíamos, nos mataban”.

El testimonio hace parte de los relatos que rindieron varias familias del Tolima ante el Juzgado Primero Especializado en Restitución de Tierras en Ibagué, durante los juicios que en los que reclamaron los predios que tuvieron que abandonar por el conflicto. En lo que va de 2013, los jueces han emitido 14 sentencias que han favorecido a por lo menos 27 familias, que por la violencia abandonaron entre 2000 y 2005 varios predios que suman 152 hectáreas.

La Unidad de Restitución -el organismo creado por la Ley de Víctimas en 2010 para atender las reclamaciones de tierras, documentar los casos y presentar las demandas de restitución ante los jueces agrarios- decidió comenzar el proceso en el caso de Tolima por Ataco porque es en este municipio donde se ha concentrado el mayor número de reclamantes. De las 2.518 solicitudes de restitución presentadas a enero de 2013 ante la Unidad, 526 eran de Ataco por 19 mil hectáreas.

Prácticamente este pueblo, ubicado en el sur del departamento en límites con Huila, fue arrasado. Después de los municipios vecinos de Rioblanco y Planadas, también en el sur, Ataco fue el tercer pueblo con más desplazados entre 1997 y agosto de 2010. Durante ese período, 10 mil personas salieron expulsadas por el conflicto, abandonando sus fincas, cultivos y animales, según el  antiguo Registro Único de Población Desplazada -Rupd-, que llevaba el antiguo Acción Social.

Pese a que los jueces de tierras reconocen que las familias fueron desplazadas por el conflicto y ordenan a las autoridades que les ofrezcan garantías para el retorno y el sostenimiento de las parcelas, varios de ellos expresaron en el Tribunal que tienen miedo de regresar. “Yo no regreso por allá. La verdad no puedo y no debo. A mí me encanta cultivar y tener ganado, y es lo que sé hacer, pero yo sigo amenazado. No puedo volver a mi tierra porque considero que la guerrilla continúa en el lugar", dijo un campesino durante el juicio de restitución.

Guerrilla, narcos y ‘paras’
La historia del Tolima como la de otras regiones del país es una mezcla de actores armados. En los años 60 fue cuna de las Farc, durante la siguiente década de grupos de autodefensa y en los años 80, esta región se convirtió en un botín para los narcotraficantes que comenzaron a comprar extensas tierras para blanquear dinero y tener control sobre los cultivos de amapola que crecían en el sur del departamento. Luego, vino la guerra entre todos por el control territorial.

Según lo ha documentado la Unidad de Justicia y Paz, la ola de violencia más fuerte fue en los años 90 cuando guerrilleros y paramilitares se enfrentaron. Por un lado, los Frentes 21 y 66 de las Farc, y por otro, un grupo de autodefensas que delinquió primero con la venia del Ejército, luego con la fachada de las Convivir y más tarde con la financiación de los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

Las autodefensas tuvieron su origen en la zona en los años cincuenta cuando el Ejército impulsó un grupo civil armado a cargo de alias ‘Mariachi’ para combatir a las guerrillas liberales. Con el paso del tiempo, estas empezaron a llamarse autodefensas del ‘Rojo Atá’. Alias ‘Mariachi’ murió en combates con la guerrilla y el grupo quedó a cargo de Ernesto Caleño alias ‘Canario’. (Lea: El largo recorrido del paramilitarismo en Tolima)

En una audiencia rendida en febrero de 2012 ante El Tribunal de Justicia y Paz, ex paramilitares del Bloque Tolima de las Auc contaron que varios integrantes del originario grupo de autodefensas se agruparon las cooperativas de seguridad privada Convivir, y que cada integrante conseguía dinero para armas, equipo y financiación. En la audiencia, los ex paramilitares dijeron que estas Convivir en el departamento funcionarios con los nombres de Juntas de Acción Comunal de San Isidro, Alto Bonito y Mesetas de Ibagué, todas dirigidas por alias ‘Canario’. (Lea: Carlos Castaño, las convivir y los paramilitares en Tolima)

Después de que en 1998 fue derogada la ley que permitía el funcionamiento de las Convivir, los tres grupos del Tolima volvieron a la ilegalidad  con presencia principalmente en los municipios de Río Blanco y Puerto Saldaña. Durante el juicio ante los magistrados de Justicia y Paz, los ex paramilitares contaron     que para esa época Gustavo Avilés González conocido como ‘Zorro’ o ‘Víctor’, un integrante de las cooperativas de seguridad, contactó a Carlos Castaño para que financiara al grupo paramilitar que ya existía en el Tolima.

Los Castaño que para esa época buscaban la expansión del paramilitarismo con recursos del narcotráfico, dieron la plata y entrenaron a 33 integrantes de las ex Convivir del Tolima, que luego se conocieron como Bloque Tolima de las Auc. En 1999, los Castaño ordenaron que el grupo se dividiera en dos: uno con presencia en el sur a cargo de alias ‘Zorro’, y otro en el norte que tomó fuerza entre 2000 y 2002 con el apoyo recibido además de otros dos grupos paramilitares: las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, y el Bloque Centauros de los Llanos Orientales, de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’.

Según un informe del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario sobre el conflicto en Tolima, el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros comenzó en 10997 y se agudizó entre 2001 y 2003. “A nivel de los asesinatos de civiles realizados por los actores armados, éstos venían en aumento desde 1997 y alcanzaron entre 2001 y 2003 sus niveles más elevados. Las masacres alcanzaron en 2001 su máximo punto coincidiendo con el marcado aumento de los asesinatos selectivos cometidos por las autodefensas”, indica el informe.

En la disputa territorial  por manejar las rutas del narcotráfico y el control sobre los cultivos de amapola, la guerrilla ‘ganó’ en el sur y los paramilitares en el norte del departamento. Las sentencias proferidas por los jueces agrarios señalan que en el sur, las Farc fortalecieron su presencia con varios bloques y frentes que generaron múltiples desplazamientos.

“…El Comando Conjunto Central Adán Izquierdo, el Frente 21, la Columna Móvil Jacobo Prías Álape, Héroes de Marquetalia y especialmente el Frente 66 Joselo Lozada, que estableció como área de influencia el sur del departamento, siendo integrado por más de 50 guerrilleros con asentamiento en la inspección Gaitán de Rioblanco y movilizaciones en Bilbao , Gaitania, Peña Rica, Puerto Tolima, La Herrera, La Estrella, Montalvo, Palonegro, Puerto Saldaña, La Profunda, Santiago Pérez, El Limón, La Marina, Casa de Zinc, Ataco, Balsillas, Montefrío y Casa Verde, con acciones de sangre y fuego desplazadas desde 2001 hasta 2005”, indicaron los jueces.

El horror en Balsillas
La Unidad de Restitución de Tierras documentó que en la retoma de la guerrilla en 2001 por controlar el sur del Tolima el municipio más afectado fue Ataco. En las sentencias proferidas por los jueces agrarios, aparecen los relatos de varios pobladores de una vereda llamada Balsillas, que cuentan cómo entre 2001 y 2004 sufrieron varios desplazamientos tras el asesinato de sus vecinos, el reclutamiento de niños y las constantes amenazas.

“Desde que compré siempre ha existido el conflicto, pero se podía vivir. En 1998 se agravó la situación (mataron a varios vecinos, los nombres se reservan por razones de seguridad). Yo me quedé otro tiempo, tenía mis animales y mis cosas pero salí de allí a finales de diciembre de 2001.  A mí me hicieron siete atentados porque era líder y además fui concejal”, le dijo un campesino a los jueces durante el juicio de restitución.

La mayoría de los pobladores de Balsillas tenían tierras que habían heredado de sus padres o comprado con el esfuerzo de muchos años. Sembraban café, plátano y maíz para el autoconsumo, y algunos de ellos habían recibido asesoría y tecnificación del Comité de Cafeteros del Tolima.

“Ese predio (el nombre se reserva) fue una herencia que nos dejó mi mamá hace 25 años. Teníamos palitos de café y plátano. En ese tiempo no se aparecía la guerrilla, estaba sano. El problema comenzó más o menos en 2001. Llegaban miembros del 21 Frente de las Farc. Una vez nos dijeron que si nos permitían  una o dos palabras, que nos hacían saber que habían matado al Presidente de la Junta de Guadualito… Lo otro que dijeron era que faltaban otras 30 personas que tenían en un listado… Pensando que corríamos peligro decidimos salir”, dijo otro habitante durante el juicio de tierras.

Los relatos de las víctimas coinciden con los registros de desplazamiento del antiguo Acción Social. En 2000, el número de personas expulsadas fue de 855 y en 2001 pasó 1.797 personas y en 2001 a 2.200, la cifra más alta de desplazamiento en Ataco entre 1997 y agosto de 2010. Otros campesinos les contaron a los jueces que abandonaron las tierras por miedo a que les reclutaran a los muchachos, porque los tildaban de pertenecer a uno u otro bando, porque tenían familiares en las fuerzas militares, o por los combates del Ejército.

“Debido a la presencia de grupos armados, la situación se hizo muy tensa. Mataron al alcalde del municipio y después hubo muchos asesinatos. Por esa zozobra y presión decidimos desplazarnos a finales de 2001”, le dijo otro habitante a los jueces de restitución.

Otra víctima contó ante los tribunales que el miedo de la población también era el reclutamiento de los niños: “Nos decían que los teníamos que entregar y que si no permitíamos, nos mataban”.

La Unidad de Restitución de Tierras documentó que, en efecto, el conflicto recrudeció entre 1996 y 2003 porque la tasa de homicidios de la región superó la tasa departamental y el promedio nacional: “Durante la época y hasta 2005 (desmovilización del Bloque Tolima de las Auc) se desarrolló una campaña de exterminio y amenazas contra líderes, representantes y políticos y campesinos. Los momentos más álgidos se presentaron en 1998, 2000 y 2992, con una tasa de 94, 87 y76 por cada cien mil habitantes”.

En las sentencias, los jueces reconocen que los campesinos de Balsillas, en Ataco, fueron víctimas del conflicto y ordena varias medidas, entre ellas, la actualización del registro de sus predios, las garantías para el retorno y la prioridad en acceso a créditos y subsidios agrarios para rehacer su vida en el campo. Sin embargo, durante el juicio varios habitantes expresaron que no querían volver, algunos por miedo y otros porque rehicieron una vida en la ciudad.

“Este despacho ha evidenciado que las personas son renuentes al retorno por temor a ser nuevamente víctimas de vulneración de sus derechos humanos por parte de grupos armados al margen de la ley, así mismo porque consideran que no existen condiciones dignas en materia de vivienda, educación y salud entre otras circunstancias”, señala un juez del Tribunal de Tierras de Ibagué, ordenando entonces a diferentes instancias del gobierno para que ofrezca soluciones.

Ataco, el retorno al pueblo ‘fantasma’

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