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Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada

Mucha de la tierra que donaron Fidel y Vicente Castaño a nombre de la paz, la habían obtenido a la fuerza y, muy probablemente con la intención de esconder los bienes de la extinción de dominio y para después recuperarlos a como diera lugar.
   
Expedientes judiciales, escrituras y testimonios de víctimas indican que los hermanos Castaño hicieron una operación de lavado de activos. Fotomontaje VerdadAbierta.com  

En Córdoba, en los últimos meses, los jueces de restitución están devolviendo predios a campesinos que fueron víctimas de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Sin embargo, esta restitución podría estar literalmente echándole tierra a despojos anteriores y a una gran operación de lavado de activos que hicieron estos paramilitares, usando a campesinos pobres de fachada.

Existen pruebas concretas de que estos jefes paramilitares forzaron a campesinos a prestar sus nombres para hacerlos pasar por propietarios cuando no lo eran, y de esta manera evitar que las autoridades, pudieran extinguirles el dominio de fincas que habían sido obtenidas con dineros ilícitos o, peor aún que habían sido usurpadas a la fuerza a terceras personas.

El pasado 10 de abril, el presidente Juan Manuel Santos entregó a 60 familias despojadas por los hermanos Castaño los títulos de propiedad de 242 hectáreas de la hacienda Santa Paula. La ceremonia tuvo un alto significado porque se dio luego de que un juez de restitución de tierras de Antioquia estableciera que entre 1996 y 2006 los paramilitares les habían quitado a la fuerza tierras que estaban a nombres de sus jefes de hogar. Sin embargo, detrás de esta historia hay otra que no se ha contado.

Los Castaño, a comienzos de la década de los noventa, crearon la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, anunciando con bombos y platillos que sería su cuota para la pacificación de la región. El país estaba embarcado en un proceso de paz, iniciado bajo el gobierno de Virgilio Barcos, con las guerrillas del Epl, el Prt y el M-19, y que precipitó la primera desmovilización no oficial de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU.

Cuando Fidel, el mayor de los Castaño, conocido en esa época con el terrible alias de ‘Rambo’, creó esta fundación, ordenó a varios de sus empleados que fueran, megáfono en mano, a buscar campesinos que necesitaran tierras para cultivar, en los barrios monterianos de Rancho Grande y Cantaclaro. De inmediato, miles de personas sin tierra se presentaron a llenar las solicitudes en las oficinas de Funpazcor que dirigía Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de Fidel y hoy prófuga de la justicia.

Las condiciones, recuerda Mario Cuitiva, hoy líder de la Asociación de Víctimas de Santa Paula, eran dos: que las personas fueran pobres y sin antecedentes judiciales. Los Castaño  también le dieron tierras a trabajadores de sus fincas y a desmovilizados del EPL en la región.

Funpazcor no solo recibió miles de hectáreas de los Castaño y de sus familiares, sino también de personas de Córdoba que aparecieron donando sus predios voluntariamente a la causa, para que luego fueran repartidos a más de mil familias.

VerdadAbierta.com encontró que los hermanos Manuel, Carlos, Fidel y Adelfa Castaño y la esposa de Vicente, María Margarita Mesa Bustamante, donaron directamente a Funpazcor la finca conocida como Las Tangas, de 429 hectáreas. La señora Mesa también donó el predio Campo Alegre de 405 hectáreas, mientras que Carlos Castaño donó la finca Estambul de 406 hectáreas y Manuel Castaño hizo lo propio con el predio Tislo, de 426 hectáreas.

En la lista de predios donados están también la hacienda Los Campanos de 670 hectáreas (compuesta de los predios Los Campanos y La Roma,)  de propiedad de Manuel Salvador Ospina Cifuentes (quien participó en la masacre de Pueblo Bello y se encuentra prófugo de la justicia) y Carlos Alfonso Goez. Ésta había sido, años atrás, propiedad de los hermanos Vicente y Fidel que a su vez le habían comprado a Raúl Mora Abad, conocido porque estuvo involucrado en la compra masiva de predios en los Montes de María con la Agropecuaria Montes de María. Así mismo figura como donada a Funpazcor la finca Doble Cero de 699 hectáreas de propiedad de Rodrigo Restrepo Restrepo, quien a su vez, según lo registra la tradición oficial de propiedad, se la había comprado a los dos hermanos.

Otras personas que entregaron tierras a Funpazcor fueron Jesús Alirio Escobar Mejía que donó la finca La Pampa de 259 hectáreas, Ramiro Enrique Álvarez Porras (este hombre también participó en la masacre de Pueblo Bello, fue capturado y condenado a 15 años de cárcel) que hizo lo propio con la finca Nueva Esperanza de 20 hectáreas, de igual forma, Julio Ernesto Murillo Guzmán dio suyo predio Palma Sola de 411 hectáreas, Olga Nelly Escobar González,  su predio Jaraguay de 411 hectáreas, y  Gloria Stella Amaya Ríos que donó Santa Mónica de 400 hectáreas.

Es por eso que cuando se analiza de dónde vienen las tierras que hoy el Estado está restituyendo a los campesinos víctimas de los Castaño, los investigadores judiciales están sacando a luz un capítulo enterrado en  esta historia de despojo.

La clave está en la tradición de estas fincas donde queda claro que antes de 1991 varias de ellas fueron usurpadas por los mismos hermanos Castaño a agricultores, empresarios y ganaderos. Lo que no despojaron a la fuerza, lo compraron, muchas veces por debajo del valor real, con dineros  del narcotráfico. No hay que olvidar que Fidel Castaño fue un gran narcotraficante que llevó la coca a su pueblo de Amalfi y durante un tiempo fue socio de cartel de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha.

A finales de los ochenta, Fidel Castaño, asociado a los paramilitares del Magdalena Medio, se propuso expulsar a las guerrillas del Epl y de las Farc del Urabá antioqueño y cordobés con el método. Desde 1989, las autoridades lo identificaron como el líder de los grupos conocidos como ‘Los Magníficos’ ‘Tangueros’ o ‘Mochacabezas’, responsables de varias masacres atroces, entre ellas  la de Honduras, Pueblo Bello, La Mejor Esquina y El Tomate. Entonces ya había consolidado un inmenso capital representado en miles de hectáreas de tierras y de cabezas de ganado. Por eso, cuando anunció públicamente que regalaría sus mejores fincas cambió de un plumazo su imagen de sanguinario paramilitar a la de generoso ganadero que daba lo suyo por la paz.

Sin embargo, la realidad podría ser otra cuando se revisa con cuidado los expedientes de las 14 haciendas que componían el complejo de Funpazcor. En ese momento nadie se preguntó de dónde venían esas tierras, ni quiénes eran los benefactores de esta fundación que estaba supuestamente llevando la paz a Córdoba.

Tres muertes, ¿tres despojos?
Para entender esta parte de la historia es necesario aclarar que a comienzos de los ochenta, Fidel Castaño era un desconocido para la justicia colombiana.

En un principio llegó con su chequera comprando tierras en Valencia, sur de Córdoba. Así se evidencia en diciembre de 1983, cuando compró por solo 25 millones de pesos (unos 112 millones de pesos de hoy), 429 hectáreas a la Sociedad Las Tangas Limitada que pertenecía a Manuel Rafael Ballestas y su familia.

Dos años después, junto a su hermano Vicente, hizo otra transacción. El 31 de mayo de 1985 compró a Alfonso Ospina Ospina, nieto del ex presidente Pedro Nel Ospina y quien tenía en Córdoba con sus hermanos una sociedad llamada Ganados y Maderas, 699 hectáreas de la finca Marta Magdalena, ubicada también en Valencia, por tan solo 7 millones de pesos (unos 30 millones de pesos de hoy).

A pesar de que compró a tan bajos precios, Castaño asesinó a Ballestas el 13 de diciembre de 1987, cuatro años después de haberle comprado su finca. Los sobrevivientes de este comerciante aseguran que Fidel  nunca les pagó la finca y que terminó matando a su familiar para no cumplir con lo pactado. Por eso, sus familiares se declararon víctimas ante la Unidad de Justicia y Paz.

Igual suerte corrió Ospina Ospina, quien fue secuestrado por el paramilitar el 15 de noviembre de 1988 y apareció muerto el 16 de febrero de 1989. VerdadAbierta.com habló con familiares cercanos a Ospina pero estos no saben si su asesinato tuvo que ver con la transacción que él hizo con los Castaño. Sin embargo, aseguran que le habían pedido dinero para conformar grupos paramilitares y que Alfonso se negó.

Según un certificado del 22 de abril de 1993 de la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín, en ese despacho se encontraba el expediente 1227 abierto contra Fidel Castaño por los delitos de homicidio, secuestro, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, en el que figura como víctima Alfonso Ospina Ospina.

Resulta trágico que aunque los asesinatos de Ballestas y Ospina ocurrieron tiempo después de que vendieran sus propiedades, en un trato que todas luces fue apuntalado por su fusil,  los familiares sobrevivientes de estas víctimas no pueden reclamar hoy la devolución de sus fincas, porque esos crímenes ocurrieron antes de 1991, fecha de corte de la Ley de Víctimas que contempla un procedimiento especial y expedito para devolverles la tierra a las víctimas de despojo violento.

Lo mismo le podría ocurrir a los sobrevivientes de Margarita Escobar Fernández, una empresaria paisa que llegó a Córdoba a comienzos de los ochenta. En 1987, ella y su familia compraron la hacienda Santa Paula que tenía una extensión de 1.023 hectáreas. Un familiar que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, cuenta que al poco tiempo de tenerla, Fidel Castaño empezó a presionarla para que le dieran dinero para sostener a los paramilitares que ya eran temidos en Córdoba.

Como los Escobar se negaron a pagar la extorsión, Fidel le ordenó a su hermano Carlos que asesinara a Gustavo, hermano de Margarita. En el libro ‘Mi Confesión’, escrito por Mauricio Aranguren con Carlos Castaño como fuente, éste asegura que el asesinato de Gustavo Escobar, realizado por el mismo el 8 de noviembre de 1988 en el aeropuerto ElDorado de Bogotá, se dio porque supuestamente era un narcotraficante aliado de Pablo Escobar.

No obstante, en una indagatoria de julio de 1992 ante la Fiscalía, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, hombre de confianza de Escobar, contó que Carlos Castaño le dijo que la orden de matar a Gustavo se dio por ser colaborador de la guerrilla y no por mafioso.

Ninguno de los dos mencionó la extorsión ni, como asegura la familia Escobar Fernández, la verdad de la causa del asesinato de Margarita, y era que los Castaño estaban tras sus tierras. La siguiente víctima de la familia fue Humberto Escobar, asesinado en Medellín ese mismo 1988 y luego la misma Margarita, quien fue abaleada el 12 de diciembre de 1988 en esa misma ciudad.

Con la persecución a la familia Escobar, Castaño consiguió lo que se proponía. En marzo de 1989, Margarita Escobar, a pesar de haber muerto tres meses atrás, aparece firmando en la notaría Tercera de Medellín la escritura de venta de su finca a León Yesid Henao Gil,  pariente de los Castaño.

Sin embargo, la persecución no cesó. En 1989 estos jefes paramilitares asesinaron a Gerardo Ocampo Escobar y a Jorge Escobar Valencia. La misma suerte corrió la niña Zully Ocampo Escobar en 1994, que tras ser secuestrada en El Poblado cuando salía del colegio, apareció asesinada días después.

Durante mucho tiempo los Escobar optaron por esconderse y en algunos casos exiliarse para evitar seguir siendo blanco de los hermanos Castaño. Solo después de 20 años decidieron declararse víctimas ante Justicia y Paz. Hace pocos días no salían de su asombro, cuando vieron por televisión cómo el presidente Santos restituía a campesinos despojados por los Castaño, la hacienda que había sido suya y por la que habían sido asesinados seis de sus familiares.

Donaciones condicionadas
Según varios desmovilizados que han rendido versiones ante Justicia y Paz, la mayoría de los predios que recibió la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, eran de propiedad de los hermanos Castaño Gil.

En realidad donaron predios que estos hermanos les habían quitado o comprado a la fuerza o fraudulentamente a Alfonso Ospina, Margarita Escobar y Manuel Rafael Ballestas. El valor simbólico que le dieron al momento de la donación a Funpazcor fue de 100 mil pesos cada uno.

Aunque estas donaciones y la pretendida reforma agraria de los Castaño se hicieron a la par de una supuesta desmovilización de sus ejércitos privados, coinciden con una época en la que las autoridades empezaron a endurecer la persecución a los bienes de la mafia. Con la figura jurídica extinción de dominio se buscaba recuperar para el Estado las fortunas y tierras adquiridas con dineros mal habidos por negocios ilegales, principalmente el narcotráfico. Así, la donación a 1.001 familias tendría la doble intención de esconder la propiedad de sus fincas y evitar que les iniciaran procesos de extinción de dominio.

Los investigadores de la Fiscalía están analizando en detalle si las condiciones restringidas bajo las cuales los Castaño donaron las tierras a los campesinos, son evidencia de que en realidad no las querían donar si no solamente esconderlas, usando a los campesinos como testaferros.

En primer lugar,  justo al donarlos, según lo verificó VerdadAbierta.com, todos los predios habían sido declarados como “área nueva”, una figura legal que resulta del fraccionamiento de los predios originales. Esto les permitió, más adelante, cuando quisieron recuperar sus tierras, englobar predios para armar fincas nuevas, con nombres diferentes a los originales, borrándoles así la  tradición a las fincas originales.  

Segundo, entregaron los títulos de las tierras con la condición de que los campesinos no podían ni vender, ni hipotecar, ni hacer ninguna transacción  sin el visto bueno de Funpazcor. Esto reforzaría la idea de que los Castaño no querían perder el control de esas tierras.

Además, como se ha conocido en las demandas de restitución de los campesinos de Santa Paula, se vieron casos en los que los obligaban a arrendar las tierras o les decían cuáles eran los cultivos que tenían que sembrar. Incluso, a algunos no les permitieron vivir en las parcelas.

Los casos abundan. Por ejemplo, a José* le adjudicaron una parcela en Santa Paula en 1991 y aunque empezó a sembrar yuca, maíz y otros cultivos de pancoger, Funpazcor usaba sus tierras para sembrar con el pretexto de que eran de la comunidad y nunca le pagó por lo producido.

José* dijo en su demanda al juez de restitución que "los señores que representaban a la Fundación eran quienes disponían sobre la clase de cultivos que debían realizarse en los predios y que facilitaban maquinaria e insumos agrícolas que se descontaban al recoger la cosecha”.

A Ramiro* le entregaron su tierra el 30 de diciembre de 1991 pero recibía un cheque por 370 mil pesos por concepto de arrendamiento. Luego se la dieron para que la administrara pero nunca vivió en la parcela a pesar de que dice haber tenido los materiales para construir una casa. Funpazcor hizo a su nombre un crédito con la Caja Agraria por 30 millones de pesos del que nunca se enteró, y al final, solo le entregaron 3 millones cuando lo obligaron a vender su tierra.

Alfredo* también salió beneficiado con una escritura que firmó el 12 de diciembre de 1991 en la notaría Segunda de Montería. A pesar de que construyó una casa, sembró yuca y ají, arrendaba los terrenos y trabajaba en otra parte.

A Pedro*, otro labriego, también le entregaron su parcela en diciembre de 1991, y aunque empezó a cultivar maíz, un día Funpazcor le prohibió sembrar porque su predio tenía que dedicarse a la ganadería. Cuando lo obligaron a vender tuvo que pagar una deuda por una vivienda que se construyó en el lugar y otra por concepto de arriendo.

Óscar* también recibió su tierra en donde construyó su casa y desarrollo un cultivo de maíz. Sin embargo, Funpazcor le hizo saber que necesitaban asociar su terreno con otras 10 parcelas con el fin de sembrar papaya de exportación, después algodón, y por último, sorgo. Al final terminó recibiendo cada dos meses 40 mil pesos hasta que le pidieron las tierras.

A Rodrigo* le dieron una parcela donde cultivó fríjol, yuca, maíz, ñame y ahuyama. También tenía una casa en la que vivía con su familia.  Sin embargo, en 1993, la Fundación asumió el manejo de la tierra y le dejó solo una hectárea para cultivos de pancoger. El resto lo tuvo que arrendar para ganado a pasto.

Estos casos no significan que los campesinos no hayan sido víctimas de despojo de los Castaño Gil, pues al fin y al cabo, Funpazcor les había donado las tierras y les puso los títulos a su nombre, pero si evidencia que nunca se dieron por enterados de que los paramilitares pudieron haberlos usado para ocultar sus fortunas mal habidas.

Las reventas
El estado de cosas de estas donaciones tuvo un giro inesperado tras la muerte de Fidel Castaño, que presuntamente ocurrió en enero de 1994, pero pudo haber sucedido unos meses después. Funpazcor hizo varias transacciones para mantener el dominio sobre los campesinos y las propiedades, pero esa cierta calma solo pudo mantenerse dos años más.

La noticia de la muerte de Fidel tuvo incidencia inmediata en el proyecto de Funpazcor. En 1996, fecha que coincide con el comienzo del rearme paramilitar  y con la ratificación de Colombia de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, que condujo a que se reglamentara la extinción de dominio, abogados y funcionarios de Funpazcor, acompañados por paramilitares armados, empezaron a visitar las parcelas con la orden de que “los patrones” o los de “arriba” (refiriéndose a los hermanos Castaño), necesitaban las fincas de vuelta y tasaron el precio en un millón de pesos por hectárea.

Uno de los hombres de los Castaño fue Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, que llegó a la región amenazando a los campesinos que se resistieron. “O vende usted o vende la viuda”, era la sentencia del paramilitar hoy preso en la cárcel de Itaguí.  

Fue así como empezó una nueva operación de reventa de las fincas y toda una colección de irregularidades como pudo comprobar VerdadAbierta.com con base en los testimonios de los campesinos que reposan en los expedientes judiciales y en las escrituras que se realizaron para legalizar el despojo.

Esta operación coincide con la reforma de la extinción de dominio para independizarla del proceso penal y darle mayor celeridad en 2002 (Ley 793) y con la autorización de que los magistrados de Justicia y Paz extinguieran el dominio de bienes de los postulados y de los grupos armados en 2005 (Ley 975).

A pesar de que los campesinos aseguran en sus denuncias de restitución que fueron obligados a ir a Funpazcor a firmar cualquier documento, pero nunca escrituras de venta de los predios que les habían donado, en la notaría única de San Andrés de Sotavento aparecen escrituradas casi todas las ventas.

Allí también se legalizaron las ventas a personas cercanas a los Castaño como Liliam Bustamante de Mesa, suegra de Vicente Castaño; Yolanda Pupo de Fragoso, madre del gerente de Funpazcor; Kenia Gómez,  esposa de Carlos Castaño; y Rogelio Zapata Vanegas, quien ha sido investigado por la justicia porque su nombre apareció en la contabilidad encontrada a los paramilitares en el allanamiento hecho al parqueadero Padilla en Medellín en 1988.

Funpazcor también pasó a varias sociedades las propiedades de los campesinos, entre ellas a Seguridad al Día, de Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, quien en una audiencia ante Justicia y Paz reveló que esa empresa era suya aunque aparecía a nombre de un testaferro y entregó varias parcelas de las fincas Estambul, Campo Alegre, Los Campanos y Las Tangas. Hoy, estos predios hacen parte del Fondo de reparación a las víctimas.

También aparece como propietaria de 97 parcelas que suman casi 600 hectáreas de la finca Santa Paula, Gabriela Henao Montoya esposa de Diego Sierra, vinculado con la investigación del parqueadero Padilla, y a quien un juez de restitución de tierras ordenó que se investigara como presunta testaferro por el despojo a los campesinos que acaban de ser restituidos.

Otro propietario actual de varios predios es Manuel Salvador Ospina Cifuentes más conocido con el alias de ‘Móvil 5’, quien se desmovilizó con el Bloque Mineros y hoy es prófugo de la justicia y miembro activo de los ‘Urabeños’, a pesar de estar postulado a Justicia y Paz.

Dentro de la operación de reventa, Funpazcor le donó el predio Nueva Esperanza a Guillermo Alberto Mass Sánchez a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar por el asesinato de Yolanda Izquierdo, crimen por el que fue condenada Sor Teresa Gómez. Según cuentan los campesinos Mass era el secretario de Marcelo Santos abogado de Funpazcor.

Según las escrituras, además, los campesinos que recibieron en donación tierras en el predio Jaraguay terminaron, sin saberlo como lo confirmaron varios de ellos a VerdadAbierta.com, siendo accionistas de la sociedad La Milagrosa S.A.C que supuestamente les compró sus predios y los revendió a Gloria Amalia Grisales Álvarez, Raúl José Muentes Ballesteros, Diego Ferney Ortíz Grajales y Jenny María Padilla Ramos. Estos a su vez le vendieron a Gerardo Escobar Correa quien hoy aún posee estas tierras.

Escobar Correa también es el dueño de 300 hectáreas del predio Santa Rosa, luego de haber estado por diez años en manos de Inversiones FMP, Iván Olaya Sánchez, San José S.A, Sogacor en liquidación, todo esto entre 1994 y 2004.

Al final, lo que va quedando claro, es que los Castaño donaron tierras a las que se habían hecho con violencia y con dineros ilegales; no las donaron para hacer la paz, si no para esconder sus fincas mal habidas; y encima, a los benefactores de su “generosas” donaciones también les quitaron fincas para dejárselas a sus amigos y parientes de herencia.   

Según la Unidad de Restitución en Córdoba los campesinos que fueron despojados han presentado demandas de restitución así: en Las Tangas con 117 solicitudes, Jaraguay con 148 solicitudes, Santa Mónica 13 solicitudes, Campanos y/o Roma con 45 solicitudes y en Santa Paula hay 179 solicitudes (algunas ya resueltas).  Mientras que en Cafetal, Divisa y Nueva Esperanza no se encuentran solicitudes.

Ahora que el Estado quiere hacer justicia debería, más allá de la fecha límite que impuso la Ley de Víctimas, resarcir a los últimos despojados, esos campesinos que fueron engañados. Y también reparar a los dueños originales a quienes les costó la vida de sus seres queridos y años de sufrimiento su resistencia a la extorsión y el despojo paramilitar.

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