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En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse

Veinte años después el Incoder confirmó que dentro de la hacienda Bellacruz hay baldíos. Ordena a la empresa de Germán Efromovich que los explota devolverlos a la Nación.
    
Esta es una imagen de los cultivos de palma en La Bellacruz hoy La Gloria. Foto suministrada.  

Cinco predios que suman un poco más de 1.200 hectáreas, ubicados en su mayoría en el corazón de la antigua hacienda Bellacruz, que primero fue de la familia del ex ministro Carlos Alberto Marulanda y que hoy está en poder de la Dolce Vista -cuyo principal accionista es el dueño de Avianca Germán Efromovich-, en el sur del Cesar, deberán ser devueltos al Estado.

Esa fue la decisión que tomó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- este 1 de abril de 2013, después de un proceso que ya lleva dos décadas entre visitas oficiales, reclamaciones de los campesinos y alegatos de la empresa inversionista (Lea la resolución aquí: parte 1, parte 2 y parte 3).

VerdadAbierta.com documentó que campesinos que pedían titular predios baldíos -incluso dentro de la misma hacienda que llegó a tener 25 mil hectáreas entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque- salieron desplazadas 500 familias el 14 de febrero de 1996 forzados por paramilitares al mando de ‘Juancho Prada’.

Entonces lo que demostró el Incoder fue que la familia Marulanda se apropió de terrenos que volverán a manos del Estado, que ahora podrá decidir si titula a los campesinos que han pedido por más de 20 años esas tierras.

El caso de la Bellacruz fue catalogado como emblemático por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011 cuando fue aprobada en junio de ese año la Ley de Víctimas.

En Justicia y Paz, varios desmovilizados de las Auc confesaron que el 14 de febrero de 1996 un grupo de paramilitares a cargo de alias ‘Juancho Prada’ llegaron a la hacienda pagados por la familia Marulanda, entonces dueña de la Bellacruz, para evitar las titulaciones que el Incora iba a realizar en predios aledaños a la hacienda y que los mismos Marulanda habían vendido al instituto de tierras (Lea Las trampas de Bellacruz y Tierra prometida en la Bellacruz).

La investigación de VerdadAbierta.com documentó además, con base en los registros y los relatos de los campesinos, que en la antigua hacienda que luego se redujo 5.500 hectáreas y que en 2008 fue comprada por La Dolce Vista Estate había más de 1.000 hectáreas de baldíos.

El Incoder determinó que hay “una ocupación indebida de baldíos” por parte de La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista State Inc. de su sucursal en Colombia y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A, y que como colofón no pueden ser ocupantes de “buena fe” por lo que ni siquiera les reconocerá las mejoras, es decir, los cultivos de palma que están en pleno crecimiento sobre los baldíos. El Incoder argumenta que antes de comprarles las tierras a los Marulanda, las empresas debieron haberse percatado que en los títulos había anotaciones que evidenciaban la existencia de baldíos.

En su decisión, el Instituto aclara que estos empresarios no pueden tener tierras baldías y éstas deben ser tituladas a campesinos, y además, que este grupo de empresas acaparó tierras por encima de lo que se permite en esta zona y que es reconocido como la Unidad Agrícola Familiar -UAF-, es decir, la cantidad de tierra que el Estado considera es suficiente para que una familia subsista y progrese.

Según la reglamentación de UAF en 1996, en algunas zonas del sur del Cesar la UAF oscila entre 35 a 47 hectáreas, y entre 28 a 38 hectáreas. En este caso, el Incoder determinó que La Dolce Vista y sus empresas filiales explotan 1.200 hectáreas de baldíos, es decir, excedieron la UAF en 2.500 por ciento.

Estas tierras, que la comunidad conocía con los nombres de Potosí, Venecia-San Simón, Caño Negro, Los Bajos, San Miguel y María Isidra, son reclamadas ante el Incoder y la Unidad de Restitución porque, según los campesinos, nunca les titularon la tierra en la década de los noventa por la violencia paramilitar.

Ahora, esto no quiere decir que las empresas de Efromovich sean desocupadas de inmediato, ya que pueden presentar un recurso ante el Incoder o solicitar una revisión ante el Consejo de Estado. Si la demanda es aceptada por el alto tribunal la decisión se congelará hasta que se tome una decisión final.

Sin embargo, por ahora es claro que hay una decisión estatal a la Dolce Vista y a sus empresas sociales Frigorífico La Gloria S.A.S., M.R. de Inversiones S.A.S, y el Grupo Agroindustrial La Gloria S.A. de entregar los cinco predios: Potosí, Venecia-San Simón, Caño Negro y Los Bajos.

El Instituto determinó que si esto no ocurre en los próximos diez días, podrá recurrir a la policía para realizar la recuperación.

El proceso
La reciente decisión del Incoder responde a la petición de los campesinos. Algunos de estos campesinos, luego ser desplazados en 1996 ocuparon las oficinas del Incora - hoy Incoder- exigiendo la intervención estatal.

Solo hasta septiembre 2011, el proceso fue retomado por la Subgerencia de Tierras cuando mediante una resolución ordenó la recuperación de estas tierras. Entonces, el Instituto nombró a un equipo técnico y realizó ese mismo año una visita técnica a los predios para identificarlos. Pero cuando el Incoder ya iba a tomar una decisión, el proceso se dilató a finales de 2011.

Según el expediente, la Dolce Vista interpuso varios recursos y solicitó otra visita de campo, pero que fuera realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac.
En diciembre de 2012, El dictamen de los peritos del Igac concluyó que no pudieron identificar ninguno de los siete predios que los campesinos decían que eran baldíos: “… a la fecha después de más de 20 años ya no son ubicables, debido a la transformación del paisaje, producto de la ocupación y explotación de los terrenos por parte de una Agroindustria Palmera, lo que resulta prácticamente imposible individualizarlos ante la precariedad de los datos allí consignados con dicho fin”, señaló el dictamen.

Para varios líderes reclamantes, quienes solicitaron la reserva de su identidad, en ese momento fue extraño que el mismo Igac, que en 1991 ubicó los predios, casi 20 después se contradijera.

Pese al pronunciamiento reciente del Instituto Geográfico, el Incoder concluyó con base en sus propios estudios que 1.200 hectáreas eran baldías y no 1.500, porque de los siete predios reclamados por los campesinos, dos, San Miguel y María Isidra, no se encuentran dentro de la antigua Bellacruz y además resultó difícil identificarlos por encontrarse en zonas inundadas.

“En tal sentido, se tiene que partiendo de los insumos técnicos que fueron utilizados en el proceso de clarificación de la propiedad… se cuenta con información suficiente y certeza, que permite establecer la extensión, linderos y demás aspectos técnicos, para obtener la certeza que se requiere para ordenar su restitución”, indica el Incoder en su decisión.

¿Qué viene ahora?
El Incoder está en proceso de notificar a la Dolce Vista su decisión. Ahora se espera la respuesta de la empresa y hasta dónde seguirá este pleito que no solo perjudica a campesinos que tienen derechos y le pone una sombra a la empresa de un reconocido inversionista, que deberá decidir si acepta o no el veredicto.

El pronunciamiento del Incoder es el primero de este tipo en el país, porque ordena la restitución de baldíos que tienen cultivos activos, en este caso, el de palma aceitera.
Otra decisión similar fue la que tomó la misma entidad en Las Pavas, en el sur de Bolívar, en donde otro grupo empresarial había ocupado predios baldíos que reclamaban campesinos y en donde se sembraba palma, aunque en mal estado a causa de la pudrición del cogollo.

Cuando VerdadAbierta.com documentó el caso de la Bellacruz, Germán Efromovich y sus abogados reiteraron que, tras realizar estudios de tradición de los predios, compraron de buena fe, y que tras esto decidieron invertir 22 millones de dólares.

En agosto de 2011, el gerente de La Dolce Vista, Ramiro de Francisco,  dijo que este grupo empresarial generaba 600 empleos y que aspiraban a llegar a mil, sin contar otros 800 más al momento de iniciar la operación de la planta extractora.

Frente a la reciente decisión del Incoder, De Francisco indicó: "Tenemos que notificarnos oficialmente y acto seguido, los abogados tendrán que determinar el plan de acción".
 

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