Mientras Ongs hablan de homicidio, la Policía de Urabá indica que se trató de un accidente de tránsito. La víctima reclamaba tierras en un enclave de los ‘Urabeños’.
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| En un calvario se está convirtiendo la reclamacion de tierras en Urabá |
Confusas son las versiones sobre las causas de la muerte de Alejandro Padilla, un reclamante de tierras del Urabá antioqueño, cuyo cuerpo fue encontrado en una vía rural el pasado jueves. De un lado se dijo que fue un homicidio, pero las autoridades en esa subregión hablan de accidente de tránsito.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Padilla se desempeñaba como mototaxista y la noche del miercoles atendió una llamada en la que le solicitaban sus servicios de transporte. Una vez colgó, salió de su casa con destino desconocido. De él sólo se supo al día siguiente, cuando encontraron su cuerpo sin vida en un paraje rural conocido como Los Bongos, ubicado en el corregimiento Las Changas del municipio de Necoclí. A su muerte dejó cuatro hijos entre los 8 y los 21 años de edad.
Una vez se conoció el deceso, las orgnizaciones no gubernamentales Forjando Futuros y Tierra y Vida, que acompañan procesos de reclamación, emitieron un comunicado en el cual rechazaron “tajantemente el asesinato” de Padilla. En entrevista con VerdadAbierta.com, Gerardo Vega, presidente de Forjando Futuros expresó su preocupación por este nuevo asesinato y llamó la atención sobre la presencia de estructuras criminales en aquellas regiones donde justamente se concentra la mayor cantidad de tierras expropiadas de manera forzada en el pasado por grupos paramilitares.
“Si el Estado no persigue y desvertebra a las bandas criminales será muy difícil la restitución de tierras”, aseveró Vega de manera tajante, quien agregó que las autoridades también deben perseguir a las élites regionales que están involucradas con el narcotráfico: “Hay empresarios bananeros, ganaderos y palmicultores vinculados a esa actividad ilegal. A ellos también hay que atacarlos”.
No obstante, medios de prensa regional difundieron otra versión del hecho, entregada por el coronel Jaime Ávila Ramírez, comandante de Policía Urabá: “Yo manejo una información del señor Alejandro Antonio Padilla Morelos, quien fue reclamante de tierras y que se accidentó en su moto, se golpeó contra un muro, lo que le produjo heridas que le causaron la muerte”.
El coronel Ávila Ramírez respaldo su versión en el dictamen de Medicina Legal, en el que se dejó constancia que Padilla murió en una accidente de tránsito por exceso de velocidad. El comandante de la Policía Urabá dijo que no se explicaba por qué en Medellín estaban manejando una información diferente a la que él tiene.
“Alejandro estaba reclamando 170 hectáreas de tierra que le quitaron los paramilitares en 1995”, relató un integrante de la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a cientos de personas que hoy piden la restitución de sus predios rurales, arrebatados por facciones de las Auc. “Él había empezado a reclamar su predio en el año 2008, junto a otros líderes, entre ellos Benigno Gil, que también está muerto. Hasta el momento se desconoce en qué va el proceso de reclamación ante la Fiscalía”.
Sea accidental o no, la muerte de Alejandro Padilla se suma a la de otros nueve reclamantes de tierras de Urabá que han sido asesinados en los últimos tres años. Los asesinatos comenzaron el 19 de agost de 2008 cuando fue muerto Juan Agustín Jiménez Vertel, asesinado por sicarios en el corregimiento El Reposo, de Apartadó; luego siguió Benigno Gil Valencia, fundador de la Asociación Tierra y Vida, y Presidente de la Mesa Nacional Campesina, en hechos ocurridos el 22 de noviembre , en el municipio de Chigorodó; y ese año terminó con el homicidio de Jaime Antonio Gaviria, testigo del asesinato de Gil, baleado el 5 de diciembre en Chigorodó.
El año 2009 también marcaría a los campesinos que buscan la restitución de tierras. Ese año fueron asesinado Adriano Pino, en hechos ocurridos el 23 de febrero, y Ana Gómez, el 14 de abril , quien fue baleada entre los municipios de Los Córdobas y Arboletes.
La situación se complicó en el 2010. Ese año murieron Albeiro Valdés Martínez, en hechos perpetrados el 10 de mayo en la vereda Cirilo, sobre la vía que conduce a la población de Necoclí; Hernando Pérez Hoyos, muerto el 19 de septiembre, en la vereda La Ceibita, corregimiento El Totumo, municipio Necoclí, varias horas después de salir de una reunión con representantes del Gobierno Nacional; y Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y directivo de la Cooperativa Cootragloban, asesinado el 21 de noviembre en la localidad de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar.
En ese año, los hostigamientos, las amenazas y los atentados también fueron parte de las estrategias de aquellos que quieren impedir la restitución de tierras. El 25 de ocubre, intentaron asesinar a Fernando Enamorado, miembro de la junta directiva y socio fundador de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi). Los hechos ocurrieron en el barrio Obrero del municipio de Apartado.
En el año 2011 la muerte siguió ensañándose con los reclamantes de tierras. El 23 de marzo su acribillado en Medellín David de Jesús Góez Rodríguez, de 70 años de edad, uno de los líderes del proceso de reclamación vinculado a la Asociación Tierra y Vida.
La situación tiende a complicarse para aquellos que pretenden volver a tener la posesión de sus predios y retornar a ellos. Fuentes en Urabá consultadas por VerdadAbierta.com indicaron que la finca del que fue despojado Padilla se encuentra en una zona boscosa de por lo menos 8.000 hectáreas que hacen parte del Filo del Caballo, un área rural del norte de Urabá de la cual se apropiaron los hermanos Castaño a mediados de la década del noventa y que hoy está dominada por Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, uno de los jefes de la estructura criminal conocida como ‘Los Urabeños’.
“Se sabe que allá tienen ‘cocinas’ (cristalizaderos de coca), caletas de droga y es una ruta estratégica del narcotráfico que conduce al océano Atlántico. Allá permanece gente armada”, dijo una fuente consultada, que pidió la reserva de su nombre.
En el área referenciada por la fuente por lo menos cien personas adelantan procesos de reclamación de predios, que abandonaron en 1995 cuando llegó a ella Carlos Castaño y sus Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
El reclamo por mayor seguridad y protección también fue hecho por los campesinos que en días pasados recibieron la restitución material de 14 predios ubicados en la vereda San Pedro de Tulpas en el municipio de Turbo tras un proceso adelantado en los tribunales de Justicia y Paz.
“Al día siguiente de la restitución de uno de los predios, un administrador de una finca conocida como La 24 ordenó cortarle la madera sin mayores explicaciones”, denunció un poblador de la zona contactado por VerdadAbierta.com, quien explicó que La 24 fue una finca famosa en la década del noventa porque en ella los paramilitares tuvieron una base de operaciones.
“Los campesinos que recibieron las tierras en Tulapas también le pidieron garantías al Gobierno nacional para que realmente se dé una verdadera restitución. Que no los dejen solos y que les presten una verdadera compañía”, precisó la fuente consultada.
En un comunicado conjunto, las organizaciones Asociación Tierra y Vida y Forjando Futuros, se unieron a esos reclamos y solicitaron garantías de no repetición. Además, sugirieron que “las medidas de seguridad frente a las víctimas reclamantes de tierras propuestas por el Gobierno Nacional, realmente se cumplan, de forma tal que los objetivos de la nueva ley de víctimas y de restitución de tierras lleguen a feliz término y no tengamos que seguir lamentando hechos como el que en este momento nos enluta”.
