Este es un informe que explica, paso a paso, cuáles han sido los avances del plan de acción inmediata con el que el gobierno Santos ha empezado a formalizar y titular la propiedad de la tierra en Colombia, después de años de despojo y desatención de los derechos de los campesinos y señala algunas críticas que se le han hecho.
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El reto del Incoder es continuar con el proceso de formalización y restitución de tierras. Foto archivo Semana |
Informe de Fundación Ideas para la Paz (FIP)
“¡Vamos a defender al campesino colombiano!”, la consigna del presidente Juan Manuel Santos en su discurso de posesión, muy pronto, a un mes de iniciado el gobierno, y para reforzar el mensaje de que había una nueva política oficial frente al campo colombiano, el propio Presidente radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Víctimas y restitución de tierras. Ese proyecto ya hoy es ley.
En octubre de 2010 el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció el inicio de un plan inmediato para restituir los derechos conculcados y formalizar la propiedad de 312.000 hectáreas a cerca de 130.000 familias que fueron víctimas de desplazamiento o fueron despojadas de sus títulos por actuaciones administrativas del Incoder. Dicho “Plan de Choque de Formalización y Restitución de Tierras” buscaba ratificar la voluntad política del nuevo gobierno. Se fijó como prioridad los departamentos de Antioquia, Bolívar, César, Chocó y Magdalena, particularmente golpeados por el conflicto armado y donde el despojo de tierras fue amplio.
Con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) como motor principal, el Plan de Choque se propuso revivir o comenzar procesos de formalización o titulación de tierras que estaban estancados o que simplemente nunca se habían estado dentro del radar del Instituto. Al mismo tiempo, se propuso revertir el despojo ocasionado por algunas decisiones irregulares del propio Incoder.
El Plan también quiere ser una especie de piloto previo a la implementación del capítulo de restitución de tierras que contempla la Ley de Víctimas. Además se buscaba que éste les diera la experiencia y el conocimiento suficiente para diseñar un proyecto de Ley Integral de Tierras y de Desarrollo Rural, que el Gobierno pretende presentar en la legislatura que empezó el pasado 20 de julio.
El Plan se concentró en ocho frentes de trabajo: titular baldíos que hoy están siendo explotados por campesinos; dejar los predios extinguidos al narcotráfico listos para poderlos titular a campesinos despojados; aclarar el inventario de tierras del Fondo Nacional Agrario y diseñar una metodología para poderlos adjudicar; resolver y aclarar peticiones de titulaciones colectivas de las comunidades indígenas y comunidades afro-descendientes; restablecer los derechos de propiedad a los campesinos que habían sido beneficiarios de reforma agraria, pero que después de ser desplazados con violencia, el mismo Incoder les había quitado esos derechos; revivir Zonas de Reserva Campesina ya establecidas y crear unas nuevas; y desarrollar algunos proyectos especiales, de particular significación política, como el de la hacienda Carimagua, que el anterior gobierno había querido titular al mejor postor.
Hasta ahora y como cualquier otra iniciativa en materia de tierras, el Plan ha encontrado adeptos y detractores. Para Jhenifer Mojica, asesora jurídica del Ministerio, el Plan fue positivo porque logró lo que había proyectado. Explicó que durante el proceso se desempolvaron figuras jurídicas que en materia de tierras llevaban años allí y que nunca ningún gobierno utilizó. Con esas fórmulas jurídicas, el Incoder ha podido titular, restablecer derechos, encontrar rutas para nuevas adjudicaciones. “Con la normativa que se tenía sí era posible hacer restitución, sí era posible hacer una política encaminada a los campesinos, sí era posible hacer desarrollo rural, sí era posible tener Zonas de Reserva Campesina, pero no se hacía”, dijo Mojica. No obstante, reconoció la necesidad de una normativa unificada para ordenar el agro.
Alexandra Lozano, subgerente de tierras del Incoder, hizo énfasis en lo mucho que aprendieron con el Plan de Choque. “En muy poco tiempo se hizo muchísimo -dijo- se dinamizó todo el sector y la política de tierras que venía de un proceso de estancamiento que se hace evidente cuando se revisa lo que sucedió en los últimos ocho años”.
Sin embargo, desde las comunidades aún hay mucho descontento. Durante un conversatorio para evaluar el Plan de Choque, líderes comunitarios de Bolívar, Magdalena y Chocó, tuvieron varias quejas. El encuentro fue convocado por el Programa de Tierras de la Consejería en Proyectos (PCS) que es una organización internacional de cooperación en la defensa y promoción de los derechos humanos y la justicia social en América Latina. Dijeron los líderes campesinos que la comunidad no había participado en el diseño del Plan; que no les dieron información clara sobre los frentes de trabajo del Plan y que las entidades estatales están desarticuladas y esto demora los procesos; que no han diseñado proyectos productivos para los campesinos a los que se les restituya tierra; y que muchos no pueden regresar a las tierras tituladas aún porque no tiene seguridad.
Eduardo León, oficial de PSC, dijo que para evaluar el Plan de Choque hay que ver si ha contribuido a aclarar la hoja de ruta a seguir para resolver conflictos agrarios y estimular desarrollo rural campesino, cuando se ponga en práctica la Ley de Víctimas y la futura ley de Tierras y Desarrollo Rural.
Los críticos, sin embargo, le reconocen al gobierno voluntad política, y coinciden con los funcionarios en que todo el esfuerzo de los próximos años debe irse en fortalecer las instituciones, actualizar y hacer compatible la legislación agraria y desarrollar una política que consiga desarrollar un campesinado moderno de clase media, conectado con la economía del país.
A futuro, la idea del gobierno es que los componentes del Plan se conviertan en actividades ordinarias del Incoder, aunque ya ampliado su radio de acción a todo el país. El Instituto siente que ya tiene un equipo humano sólido, pero que aún le falta terminar de sanear las oficinas regionales, algunas de las cuales han sido infiltradas por los usurpadores de tierras o sus cómplices. Así mismo, los funcionarios consideran que es necesario hacer un trabajo intenso de capacitación del personal para que entiendan cuál debe ser su nueva actitud de colaboración con los campesinos, y las sanciones disciplinarias y penales que contempla la nueva legislación si entorpecen los procesos.
Teniendo en cuenta la complejidad de los conflictos agrarios, será necesario además invertir recursos en la capacitación de otros funcionarios y de la misma población para que las normas y rutas de acción les sean más familiares, puedan exigir sus derechos con mayor claridad y contribuir así a hacer más expeditos los procesos de formalización, titulación y restitución de tierras.
El gobierno ya se comprometió durante los próximos tres años a revisar de más de 550 expedientes para acelerar los procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas, así como 71 procesos de titulaciones colectivas a comunidades indígenas.
Transcurridos diez meses desde que arrancó, VerdadAbierta.com explica en qué consisten cada uno de los frentes de trabajo del Plan, cuáles han sido sus logros y dificultades, y rescata algunas lecciones aprendidas de cara a la Ley de Tierras y Desarrollo Rural que se avecina.
¿Se lograron las metas? (Haga clic en las imágenes para ver más información)
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