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Fincas de Raúl Hasbún: bajo intensa disputa jurídica

Dos predios que el ex paramilitar entregó para reparar a sus víctimas son reclamados por una familia del Urabá antioqueño. El  proceso evidencia cómo negociaron dichas fincas a sus espaldas y aparentemente en forma fraudulenta.
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 Raúl Hasbún entregó para reparar a sus víctimas 10 bienes rurales y uno urbano.

Un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín deberá decidir si los predios La Josefa y Rancho Largo, en el municipio de Chigorodó en el Urabá antioqueño, se destinarán para reparar a las víctimas del paramilitar Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, o si, por el contrario, le serán restituidas a los familiares del fallecido John Mario Martínez Bustamante, quienes alegan ser los verdaderos propietarios.

El caso encierra fraudes y falsedades aparentemente cometidos por antiguos subalternos de alias ‘Pedro Bonito’, quienes se habrían apoderado de bienes de su propiedad para luego negociarlos y quedarse con el dinero.  

La historia de este litigio jurídico comenzó en 2010, cuando alias ‘Pedro Bonito’ ofreció las fincas La Josefa y Rancho Largo, de 44 y 15 hectáreas respectivamente, en la vereda Champitas de Chigorodó, para reparar a sus víctimas. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín decretó medidas cautelares sobre estos predios el 6 de febrero de 2012 y dos meses más tarde, el 12 de abril, fueron recibidos por el Fondo de Reparación a las Víctimas para su administración.  

Pero el 7 de septiembre del mismo año, un abogado que representa a la viuda y los cuatro hijos de John Mario Martínez Bustamante, quien fue asesinado el 4 de marzo de 2012, mientras estaba en el establo de la finca La Josefa, le solicitó al Tribunal Superior de Medellín levantar las medidas cautelares decretadas sobre estos predios. Para justificar su petición, alegó que, en vida, Martínez Bustamante adquirió el 50 por ciento de la finca La Josefa, tal y como quedó consignado en escritura pública de compraventa 1369 del 12 de octubre de 2011, de la Notaria Única de Turbo.

En dicho documento se especifica que el comprador del otro 50 por ciento fue Jorge Enrique Arias, que el vendedor fue León Ricardo Avendaño Zapata y que éste, a su vez, le había comprado a Onofrio Moreno Martínez. Asimismo, en escritura pública 129 del 3 de febrero de 2012 de la Notaría Única de Turbo figura que Martínez Bustamante le compró el 100 por ciento de la finca Rancho Largo a Hanet Álvarez Correa.

De acuerdo con la versión del defensor de los Martínez, alias ‘Pedro Bonito’ nunca ha sido dueño de estas fincas ni firmó escritura pública, así como tampoco existen en los certificados de tradición y libertad anotaciones que señalen que el ex comandante del bloque Arlex Hurtado de las autodefensas haya sido el propietario de estos predios.

Hasbún le explicó a fiscales de Justicia y Paz que en 1999 le compró estas fincas a Onofrio Moreno Martínez por valor cercano a los 200 millones de pesos, luego que éste se las ofreciera personalmente. El negocio, según el ex paramilitar, estuvo libre de cualquier presión y aunque canceló la totalidad del valor acordado, nunca firmó documento alguno.

El ex jefe paramilitar vivió en ellas hasta el 2004, año en que abandonó la zona. La administración de los bienes quedó entonces bajo la tutela de un subalterno de ‘Pedro Bonito’, conocido como ‘Chilapo’, quien, al parecer, negoció estos predios años después con miembros de bandas criminales. Sobre este particular, la justicia no ha logrado ahondar más dado que ‘Chilapo’ fue asesinado en 2009.

Poderes y firmas inexplicables
¿Qué se ha podido establecer hasta el momento? Los testimonios recopilados por el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz señalan que Onofrio Moreno y su esposa adquirieron estos predios mucho antes de que la violencia paramilitar llegara al Urabá antioqueño. Y en 1999, cuando los ejércitos irregulares comenzaron a consolidar su presencia en esta región, los propietarios de la Josefa y Rancho Largo decidieron vender.

El negocio, según narró Onofrio Moreno en estrados judiciales, se cerró en media hora: “Yo mismo se las ofrecí. Cuadramos a cinco millones de pesos hectáreas. Era poquito para la época, pero pensé que mejor poco ahora y no que me toque salir de aquí sin nada. Yo sabía en qué andaba Raúl Hasbún, lo tenía de vecino, entonces, quise evitar problemas. Pero nunca hubo amenazas ni presiones; es más, la zona donde estaba la finca siempre fue muy tranquila, nunca pasaban cosas graves por allá. Lo que sí no se pudo hacer fueron las escrituras”.

Por lo que nunca se transfirieron las fincas oficialmente, a pesar de que Hasbún las había cancelado en su totalidad, sus títulos de propiedad seguía figurando a nombre de Sofía Echeverri, esposa de Onofrio Moreno. Lo extraño es que el 14 de septiembre de 2009 se autenticó en la Notaría 27 de Medellín un poder otorgado aparentemente por Sofía Echeverri a un abogado para que la representara en la venta del 50 por ciento de la finca La Josefa al señor León Ricardo Avendaño Zapata, la cual se realizaría días después, según consta en la escritura 3364 del 24 de septiembre de 2010, de la Notaria 19 de Medellín.

“Yo nunca he firmado ningún poder, ni lo he otorgado; es más, esa no es mi firma ni mi número de cédula”, explicó Sofía Echeverri en estrados judiciales. Curiosamente, dos meses después, el 12 de noviembre, se registró en la Notaría Única de Chigorodó la escritura 1385, donde Onofrio Moreno vende su finca La Josefa (la misma que 10 años atrás había comprado Raúl Hasbún) a Sergio Foronda Atehortúa. “Pues yo fui porque (alias) ‘Chilapo’ me contactó y me dijo que firmara, y como él era la mano derecha de Hasbún en las fincas, pues yo pensé que ahora sí se iba a resolver el problema de las escrituras”, dijo Moreno.

La cadena de situaciones extrañas continuaría el 16 de diciembre de 2011, día en que se asentó en la Notaría Única de Turbo la escritura 1618 en la que Onofrio Moreno vendió el otro 50 por ciento de la finca La Josefa a Jorge Enrique Arias, “un señor que no conozco, tampoco conozco a León Ricardo, ni a John Mario Martínez”, como lo ha aseverado Onofrio Moreno a lo largo del proceso.

Lo que aún no queda claro es cómo la finca Rancho Largo fue vendida por Hanet Álvarez Correa a Jonh Mario Martínez mediante escritura pública 129 del 3 de febrero de 2012, de la Notaría Única de Turbo.

Bienes en disputa jurídica
Esta no es la primera solicitud de restitución de bienes entregados por Raúl Hasbún para la reparación de sus víctimas que debe tramitar el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín. Ya el 4 de abril de este año, este Tribunal decidió levantar medidas cautelares que pesaban sobre las parcelas 21 y 26 del predio conocido como Contenedores en el corregimiento San Germán, municipio de Carepa, y le ordenó al Fondo de Reparación a las Víctimas entregarlas a sus respectivos dueños, quienes probaron ser propietarios de buena fe.

En este caso, el Tribunal valoró el testimonio del propio Hasbún quien reconoció no tener claridad sobre cuáles, en realidad, eran las parcelas que poseía de la finca Contenedores, además de la documentación presentada por los reclamantes donde probaban que dichas parcelas les fueron adjudicadas por el entonces Incora. Con esta decisión, en el Fondo para la Reparación a las Víctimas reposan ahora ocho bienes rurales (antes de la decisión eran 10) y uno urbano ofrecidos por el ex paramilitar para reparar a sus víctimas.

Lo que deberá resolver ahora el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín es si excluye dos bienes más de este Fondo (las fincas La Josefa y Rancho Largo), lo que iría en detrimento de las víctimas de alias ‘Pedro Bonito’ y su frente Árlex Hurtado o si, por el contrario, mantiene las medidas cautelares sobre estos predios, decisión que, según analistas jurídicos, podría ir acompañada de una petición de investigación a la Fiscalía para que investigue a los reclamantes, y determine si vendieron predios que no eran suyos, falsificaron o no firmas y se aprovecharon de que Hasbún estaba preso para usurpar bienes que había ofrecido entregar a sus víctimas desde 2010.