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Traslado de fiscal de Justicia y Paz despierta preocupación

 Fiscalia Justicia y Paz
El traslado de la Fiscal 15 de Justicia y Paz ha generado gran preocupación en Antioquia.

El pasado 16 de enero los magistrados que integran la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en oficio enviado al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le llaman la atención sobre “la parálisis y los trastornos que ocasionan las decisiones de reasignación, reubicación o traslado de los fiscales cuando no están justificadas por su idoneidad” y lo que ello implica en el compromiso adquirido con las víctimas y la comunidad internacional, de esclarecer la verdad y garantizar justicia y reparación con prontitud.  

El caso que más preocupa a los magistrados es el de la fiscal 15 de Justicia y Paz, Patricia Hernández Zambrano, responsable de la documentación del Bloque Mineros de las Autodefensas, que operó en el Norte y Bajo Cauca antioqueño bajo las órdenes del extraditado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Cuco’ Vanoy, así como de adelantar las versiones libres de los también extraditados Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, además de tener bajo su responsabilidad investigaciones del grupo bajo el mando de Arnubio Triana, alias ‘Botalón’.

Por resolución del fiscal Montealegre, se ordenó el traslado de Hernández el pasado 18 de enero al nuevo cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Florencia (Caquetá). Para los magistrados de la Sala de Justicia y Paz, sin embargo, la movida causa un “serio motivo de preocupación por la perturbación que le causa al juicio que le adelanta a los comandantes y miembros de dicho bloque (Mineros), pues el control de legalidad contra varios de estos estaba a punto de culminar bajo la dirección e impulso de dicha Fiscal y ahora deberá esperar a que un nuevo fiscal delegado asuma un proceso que desconoce y se entere de los pormenores del mismo, como ha sucedido en otras ocasiones”, según se lee en el oficio.

A la fecha, la Fiscalía 15 de Justicia y Paz ha logrado documentar cerca de 6.700 hechos atribuibles a los postulados del Bloque Mineros. Alias ‘Cuco’ Vanoy ha confesado y aceptado su responsabilidad en 1.300 crímenes y antes de finalizar el 2012 este despacho logró imputarle 380 delitos, entre ellos el reclutamiento de 350 menores de edad en el Bajo Cauca; las masacres del Aro (corregimiento de Ituango, ocurrida en 1996), Puerto Bélgica (corregimiento de Cáceres, ocurrida en 1990), Peque (Norte de Antioquia, ocurrida en 2001) así como cientos de desapariciones forzosas, asesinatos y desplazamientos.  

Además, por las versiones realizadas por esta funcionaria a alias ‘Don Berna’, en febrero de 2012, se logró avanzar en el esclarecimiento de crímenes como el asesinato de Jaime Garzón y los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón; el exterminio de la banda la Terraza; y la participación paramilitar la Operación Orión de la Comuna 13 de Medellín entre otros. Según conoció VerdadAbierta.com, por cuenta de las revelaciones del exjefe del bloque Cacique Nutibara ya se tenía previsto enviar varias solicitudes de investigación a la justicia ordinaria y la reapertura de procesos judiciales.

Víctimas protestan
La decisión de trasladar a Hernández Zambrano también inquietó a las organizaciones de víctimas, especialmente entre las de mujeres, ya que esta fiscal, por iniciativa propia, había investigado en detalle los delitos de género cometidos por el Bloque Mineros en el Norte y Bajo Cauca antioqueño. Un primer capítulo de estos crímenes se presentó en audiencia en septiembre pasado. Ese día se relataron más de 150 agresiones sexuales, vejámenes, atropellos, asesinatos y desapariciones de paramilitares contra mujeres de estas subregiones de Antioquia. Esta fue la primera audiencia de Justicia y Paz que aborda los delitos de género.

“Por eso creemos que la decisión de trasladar a la Fiscal vulnera nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación, porque en el Bajo Cauca las víctimas sobrevivientes tienen nombres y rostros de mujer”, señala Magdalena Calle, integrante de la Red de Mujeres Líderes del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, iniciativa creada en el 2005 por las víctimas del conflicto de esta parte del departamento y que desde sus inicios contó con el apoyo de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, la Mapp-OEA y la Oficina de Víctimas de la Gobernación de Antioquia.

“Veníamos trabajando con ella desde el 2006, cuando se realizó la primera jornada de atención a víctimas en el municipio de Yarumal (Norte de Antioquia). Ya se estaban imputando estos crímenes contra las mujeres. Pero la decisión de traslado va a entorpecer este trabajo porque falta ver si el que llegue va a seguir con esto y si lo hace, va a tener el mismo tacto, va a generar las mismas confianzas o nos va a revictimizar, como pasa con muchos fiscales”, agrega Calle, a quien los paramilitares de alias ‘Julián Bolívar’ le asesinaron y desaparecieron a su esposo.

Para dejar por sentado su descontento con esta decisión, la Red envió el pasado 14 de enero una carta al fiscal general Montealegre, en la que señalan que “el traslado de la doctora Patricia Hernández Zambrano, afectaría gravemente a las víctimas del conflicto armado afectadas por el Bloque Minero; retrasando los avances logrados hasta el momento; rompiendo de manera contundente los acercamientos entre las víctimas y la Fiscalía”.

Según conoció VerdadAbierta.com, es justamente la fortaleza de la funcionaria en el tema de género, lo que motivó que el traslado fuera al distrito judicial de Florencia, Caquetá, pues allí se estaba necesitando una fiscal con esa especialidad. No obstante, según lo dejan entrever los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, “la violencia de género no es un fenómeno exclusivo de ese distrito judicial ni es este el departamento donde tales casos se presentan con mayor frecuencia (…) el cargo asignado a la Fiscal en Florencia tampoco justifica el traslado, pues la competencia para investigar la violencia basada en género está asignada a los fiscales seccionales y Hernández Zambrano tiene rango de Fiscal Delegada ante el Tribunal, cuya competencia es diferente”.

Fiscalía explica
Voceros de la Fiscalía sostuvieron que el traslado de esta fiscal, como de otros fiscales y funcionarios, hace parte del fuero interno de la entidad, que está buscando precisamente acelerar los casos e  imprimirle mayor eficiencia a los procesos de Justicia y Paz.  De hecho, aseguraron que los procesos a cargo de Hernández no sufrirán atraso alguno, y serán asumidos cuanto antes por dos fiscales para darle celeridad, sobre todo a los procesos del grupo que comandó el paramilitar alias ‘Botalón’ que venían rezagados.

Este será un año trascendental para el proceso de Justicia y Paz y, en efecto, se pondrá a prueba su eficiencia. La nueva ley aprobada por el Congreso en 2012 que reforma la institucionalidad de justicia transicional abre las posibilidades de que la Fiscalía priorice  según responsables, gravedad y sistematicidad de los delitos. Hacer esta selección de casos de primer orden, de manera eficaz y justa, será el reto del fiscal Montelagre y sus dos fiscales en la materia: el recientemente nombrado coordinador de Justicia y Paz, el fiscal Juan Pablo Hinestrosa, y el fiscal Alejandro Ramelli, quién está al frente de la nueva Unidad Nacional de Análisis y Contexto, la cual definirá las pautas para priorizar los casos y reconstruirá cómo se armaron los planes criminales de los grupos armados y en qué contextos surgieron.

Una de las prioridades que se ha fijado la propia Fiscalía es precisamente investigar la violencia de paramilitares y guerrilleros contra las mujeres,  tema en el que la fiscal Hernández ha sido pionera en Justicia y Paz, y que, como dijeron las víctimas, requiere ser investigado con especial tacto y sensibilidad.

Este año además, se conocerán nuevas sentencias contra jefes paramilitares y mandos medios postulados, se dará apertura a incidentes de reparación en varias regiones del país y varios postulados comenzarán a pedir solución a su situación jurídica pues ya cumplieron ocho años privados de la libertad sin que la justicia transicional les haya dictado una sentencia.