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Las sumas y restas de la justicia frente a la parapolítica

Durante los últimos cinco años 200 congresistas de la República y 470 funcionarios de todo el país han sido salpicados por el escándalo de la parapolítica. La lista sigue creciendo pero la justicia avanza lentamente.
    
Cada vez son más los políticos y funcionarios llamados a responder ante la justicia por sus vínculos con grupos paramilitares. Fotomontaje: Verdadabierta.com

Cada vez son más los políticos que han tenido que responder ante la justicia por haberse aliado con los grupos de autodefensas. Dos informes de la Fiscalía General de la Nación y de la Misión de Observación Electoral, Moe, muestran cuál ha sido la gestión de la justicia frente a la parapolítica y cuáles fueron los alcances de esta infiltración de los grupos de autodefensas en el Estado.

Aunque las cifras de los pactos políticos locales y nacionales que llegan a vincular a 470 funcionarios y a 200 congresistas ya son escandalosas, con las confesiones que siguen haciendo los paramilitares en Justicia y Paz, cada vez es más larga la lista de los investigados y los juzgados.

Mientras la mayoría de los implicados buscaron la colaboración de los paramilitares para beneficiarse política, económica y electoralmente, otros simplemente colaboraron con la ilegalidad por afinidad ideológica. lo cierto es que con este proyecto de captura ilegal del Estado, los paramilitares mantuvieron el dominio sobre el territorio y sobre las finanzas públicas que muchas veces terminaron financiando la guerra.

Independiente del objetivo de las alianzas, luego del auge paramilitar se creó un proyecto político ilegal que se expandió por la mayoría de las regiones del país y se tomó las instituciones locales y nacionales. Desde la Costa atlántica, pasando por el Urabá antioqueño y Chocoano, hasta llegar a los Llanos Orientales, la parapolítica se convirtió en el común denominador en la década del 2000. (Ver especial Cinco años de parapolítica ¿Qué tal lejos está el fin?)

El “para” congreso
De acuerdo con el último informe de la Misión de Observación Electoral, Moe, desde que se destapó el escándalo de la parapolítica se han vinculado a 199 congresistas a investigaciones por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. De los 199 congresistas, 102 eran representantes y 97 senadores de la República. (Ver informe completo del Moe)

De todos los casos, 40 congresistas han recibido condenas, nueve están en etapa de juicio y la gran mayoría (110) se encuentran en investigación preliminar. Nueve investigados fueron absueltos, sus procesos precluyeron o fueron archivados.

Este es el caso del dirigente antioqueño y ex senador conservador Ernesto Garcés Soto, vinculado a la investigación por la conformación del grupo paramilitar llamado “La Escopeta”. Tras ser retenido la investigación en su contra precluyó por vencimiento de términos.

Historia similar es la del ex senador cesarence, Pepe Gnecco, a quien la Fiscalía también archivó la investigación en agosto de 2009, pues según determinaron los investigadores el único contacto que se le comprobó a Gnecco con los paramilitares fue haber firmado el Pacto de Ralito.

Geográficamente, Antioquia lidera las estadísticas con 27 de lo 199 casos seguidos por la Moe, sin embargo casi la mitad de los casos se concentran en los departamentos de la costa caribe colombiana. Córdoba es el departamento que ocupa el segundo lugar con 18 congresistas, tres de ellos condenados: los senadores Reginaldo Montes, Rodrigo Burgos y el representante Freddy Sanchez.

Le sigue el Atlántico con 17 congresistas salpicados. Luego aparecen los departamentos de Magdalena con 14 casos, Sucre con 11 y Bolívar y Cesar con 12 congresistas relacionados con paramilitares cada uno. (Ver artículo Corte Suprema ordenó investigar a media clase política de la Costa Atlántica)

Esta situación contrasta con las investigaciones adelantadas en contra de congresistas de otras zonas del país como el Pacífico y los Llanos Orientales. De los departamentos de Caquetá, Casanare y Meta solo hay seis congresistas vinculados entre los que se encuentra el condenado ex representante de Casanare Oscar Wilches y los investigados Luis Fernando Almario y Álvaro Pacheco.

Finalmente, de acuerdo al balance presentado por la Moe en los últimos días, los partidos que se han visto envueltos por el escandalo de la parapolítica en mayores dimensiones son los partidos tradicionales el Liberal con 45 casos y el Conservador con 36. En números le siguen los movimientos Cambio Radical con 32 congresistas investigados, Unidad Nacional con 31 y Convergencia Ciudadana con 11.

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Los 470 alcaldes, ex alcaldes y ex concejales
Otro informe que reveló recientemente la Fiscalía muestra que la política local fue el principal objetivo de los grupos paramilitares. Según el ente investigador hay cerca de 470 funcionarios investigados por aliarse con los paramilitares, generalmente, a cambio de favores políticos y económicos. Gracias a la cooptación institucional, los paramilitares se hicieron a los recursos locales y acabaron por esconder sus acciones tras la legalidad.

Según un balance presentado por la estructura de apoyo de la fiscalía dentro de la Unidad Antiterrorismo, creada para investigar las relaciones de la política local y regional con las autodefensas, se ha vinculado a 38 alcaldes, 44 concejales, un diputado, 58 exalcaldes, 135 exconcejales, dos exdiputados, 55 funcionarios públicos, 29 contratistas, 69 desmovilizados y 47 particulares procesados, en su mayoría, por concierto para delinquir.

Dentro de las regiones que resalta el informe se ubica la zona del Urabá antioqueño y chocoano que era dominada por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Elmer Cárdenas, quien en el 2000 emprendió la misión de infiltrarse en las regiones y los municipios. (Ver artículo El Para Estado de Urabá)

Para recibir apoyo electoral, logístico y financiación para sus campañas la Fiscalía dictó medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados y ex funcionarios de gobiernos locales.

Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en Paz”. De acuerdo con la Fiscalía, esta organización ilegal también tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el “Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen Izquierda de Córdoba).

El informe resalta también la región de los Llanos Orientales en donde tenía presencia el grupo paramilitar de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, hoy preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Según la Fiscalía, en 2003 ‘Martín Llanos’ “comprometió a candidatos a seis alcaldía de Casanare a que le entregaran la mitad del presupuesto de cada municipio y el 10 por ciento de los contratos que llegaran a suscribir las administraciones”.

Como el jefe paramilitar ‘Martín Llanos’ no se desmovilizó y siguió delinquiendo hasta su captura en febrero de este año, no ha revelado ante la justicia, como si lo han hecho otros jefes paramilitares, los vínculos que tuvo su grupo paramilitar en la zona de los llanos.

A septiembre de 2012 los fiscales de este encargado de investigar los casos de parapolítica local, acusaron a 19 alcaldes, ocho más fueron condenados y dos quedaron absueltos. Siete mandatarios locales se acogieron a sentencia anticipada, Con respecto a los concejales, 19 fueron acusados y uno más aceptó su responsabilidad ante los señalamientos del ente investigador.

Así mismo, 23 funcionarios públicos se acogieron a sentencia anticipada, otros 18 ya están pagando una condena y 2 fueron absueltos.

Finalmente, según el informe de la Fiscalía, por la parapolítica fueron acusados 27 ex alcaldes, nueve más aceptaron cargos voluntariamente, 13 fueron condenados y uno fue absuelto. En cuanto a los ex concejales; 19 fueron acusados, 81 se acogieron a sentencia anticipada, y 10 fueron condenados.

 
 
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