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Contradicciones del Estado en Operación Génesis

La defensa del Estado colombiano en el Sistema Interamericano sobre la operación militar realizada en el Urabá chocoano en 1997 riñe con versiones de paramilitares y decisiones judiciales.
 
El exgeneral Rito Alejo Del Río fue condenado a 25 años de cárcel por Operación Génesis.      

Desde este lunes, el Estado colombiano se enfrenta de nuevo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta vez por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en el caserío Bijao, situado en el Urabá chocoano, a manos de hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) respaldados por el Ejército Nacional.

Los defensores del país en este proceso expondrán por lo menos tres puntos para evitar que el Estado colombiano sea condenado por este tribunal internacional, que admitió el caso en julio de 2011: primero, argumentarán que la Operación Génesis, en desarrollo de la cual fue asesinado el labriego, fue legítima y no contó con el apoyo de grupos paramilitares; segundo, que la condena de 25 años de cárcel contra el exgeneral Rito Alejo del Río proferida por un juez en Bogotá por su articulación a las Accu durante su jefatura en la Brigada XVII entre los años 1995 y 1997, y que influyó en el homicidio de López Mena, no está en firme, pues fue apelada;  y tercero, que no son ciertos los señalamientos que han hecho al respecto el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien comandó y coordinó las acciones en febrero de 1997 en las selvas chocoanas.

Sin embargo, la postura del Estado en este proceso evidencia grandes contradicciones en relación con lo narrado ante la Unidad Nacional de Fiscales de Justicia y Paz por los paramilitares sobre el proceso de planeación y ejecución de la Operación Génesis, las decisiones judiciales tomadas en contra del exgeneral Del Río y lo que han denunciado las víctimas de este caso de manera reiterada ante tribunales nacionales e internacionales.

“Operación concertada”
De acuerdo con el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, la intervención de tropas especiales de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, fue concertada con las entonces Accu en la propia sede la guarnición militar semanas antes de su ejecución.

Ante fiscales de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’ ha detallado en diversas sesiones la reunión que tuvieron él y los paramilitares Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, y Elmer Cárdenas, con el entonces Jefe de Inteligencia de la Brigada XVII, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, hoy prófugo de la justicia. En ese encuentro, el oficial les explicó detalles de la Operación Génesis, que se realizarían por tierra y aire, con la participación de los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, y que atacarían facciones de las Farc asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó.  

En esa reunión no sólo se conocieron detalles del propósito del Ejército, sino que se acordaron dos asuntos operativos: de un lado, los paramilitares hablaron de una incursión que harían de manera paralela en la misma zona donde entrarían las tropas de la XVII Brigada, pero remontando el río Atrato; y de otro, se concertó la participación de doce guías que acompañarían a las fuerzas especiales del Ejército, todos ellos paramilitares de las Accu, que fueron incluidos en el grupo de militares que fue transportado por aire hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997, dando así comienzo a la Operación Génesis.

“Socios en terreno”
Mientras las tropas del Ejército avanzaban hacía supuestas posiciones del Frente 57 de las Farc situadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, por lo menos 60 paramilitares de los frentes Chocó y Arlex Hurtado de las Accu avanzaban también hacia esas mismas áreas desde el río Atrato. El propósito era cercar a los guerrilleros y evitar que se dispersaran y escaparan.

De acuerdo con alias ‘El Alemán’, en desarrollo de la operación paramilitar, que se conoce como Cacarica, varios de sus hombres se encontraron en algún punto de la selva y adelantaron operaciones conjuntas con las tropas del Ejército. Una de las acciones fue el ataque a un campamento guerrillero donde hallaron a dos hombres y a una mujer de origen extranjero que estaban secuestrados. En el intercambio de disparos, murió la mujer y los dos hombres fueron rescatados. “El Ejército presentó ese operativo como un golpe de ellos a las Farc, pero realmente fue una operación conjunta”, indicó el exjefe paramilitar a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

La llamada Operación Cacarica, adelantada por las Accu, comenzó el 23 de febrero, un día antes que la Operación Génesis del Ejército, y se prolongó hasta el 5 de marzo, mientras que la de las tropas gubernamentales finalizó el 28 de febrero con pobres resultados militares y un gran desplazamiento masivo, de por lo menos 4.000 campesinos de la región afectada por la intervención armada.

Responsabilidad criminal
La defensa del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratará de demostrar que la Operación Génesis fue legítima y no influyó en el asesinato de Marino López Mena, un labriego acusado por los paramilitares de ser miliciano de las Farc en la zona de El Bijao, razón por la que fue degollado el 27 de febrero de 1997 por un combatiente de las Accu conocido con el alias de ‘Manito’.

No obstante, en el proceso penal que acabó con la condena del exgeneral Del Rio a 25 años de prisión, la Fiscalía General de la Nación conceptuó que la muerte de López Mena “fue de conocimiento del exgeneral Rito Alejo Del Río, quién permitió y coordinó con los paramilitares acciones conjuntas”. De acuerdo con el representante del Ente acusador, el exoficial “era conocedor de las actividades de los paramilitares y de la incursión en Bijao, pero se mostró ajeno y dejó en manos de ellos esa zona”.

La Fiscalía consideró que en el momento en que del Rio buscó ayuda de las Accu era consciente de los riesgos que traería para la población civil, sin embargo, tales consideraciones no fueron impedimento para aliarse con los paramilitares, en esa época comandados por Carlos Castaño Gil.

Tanto para la Fiscalía como para la Procuraduría General de la Nación y las víctimas, Del Río tenía el control de las tropas del Ejército que, estando muy cerca de la zona en donde operaban los paramilitares, no intervinieron para impedir sus acciones contra los pobladores de los caños Cacarica, Salaquí y Truandó. “López Mena  fue uno de las tantas víctimas de las luchas concertadas entre militares y paramilitares”, aseguró el representante del Ministerio Público.

Si bien en la sentencia en contra del exoficial, proferida el 24 de agosto de 2012, quedó claro que en la muerte de López Mena no participaron miembros de la Brigada XVII,  la condena contra Del Río se dio en aplicación de la teoría de la responsabilidad mediata, que quiere decir que todo hacía parte de un plan en el que el exmilitar participó como autor intelectual de la concertación de tropas constitucionales con grupos paramilitares.

Los argumentos de los representantes del Ente acusador y del Ministerio público fueron aceptados por el Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y condenó al exgeneral Del Río a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de López Mena.

Aunque la justicia ya sentenció el caso, por lo menos en primera instancia, la defensa del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratará de desligar todas esas actuaciones con el fin de librar de cualquier responsabilidad al Estado colombiano y verlo sometido, nuevamente, al escarnio internacional y a pagar una cuantiosa reparación a la familia del labriego Marino López Mena. Será una labor colmada de contradicciones.