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La revictimización de las mujeres desplazadas

Según Human Rights Watch aunque hay avances legislativos para contrarrestar la violencia de género, persisten los obstáculos para acceder a la justicia y a los servicios médicos.

 

Según el informe la atención a las mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual es deficiente.  Foto: Semana.

En Colombia cada hora se producen en promedio nueve actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Además, el 37 por ciento de las colombianas dicen que sus parejas son los causantes de estas violaciones. Pero en el caso de las víctimas que han sido desplazadas por la violencia las cifras son más preocupantes, al menos una de cada dos mujeres desplazadas ha sufrido violencia de género, según encuesta de USAID y Profamilia.

La organización Human Rights Watch entrevistó a 80 mujeres y niñas desplazadas en cuatro ciudades del país, 46 funcionarios públicos y 65 defensores de derechos humanos. El informe encontró que la atención a las mujeres desplazadas victimas de violencia sexual no es adecuada ni suficiente (Ver informe).
 
“Para muchas mujeres y niñas desplazadas, las dificultades del desplazamiento se ven agravadas por experiencias traumáticas como violaciones sexuales y violencia doméstica”, explicó Amanda Klasing, experta sobre derechos de la mujer en Human Rights Watch.

Según la organización aunque en los últimos años en Colombia se adoptaron leyes y políticas adecuadas  para la atención a las víctimas, en la práctica aún no se aplican muchas de estas.

El primer inconveniente es que en la mayoría de los casos no hay un proceso penal en contra de los victimarios.  “Cuando los violadores no reciben un castigo, no sólo se incumplen las leyes colombianas sobre violencia sexual sino que además esto favorece que los agresores cometan nuevas violaciones”, dijo Klasing.

Los principales obstáculos
El informe de Human Rights Watch presenta un panorama desalentador en el acceso a los servicios médicos. Tanto las víctimas como los funcionarios de instituciones médicas no conocen ni implementan las leyes para atención a víctimas de violencia de género.

A partir de las entrevistas, la ONG concluye que las instituciones médicas no prestan un examen adecuado para identificar los signos de violencia sexual y son demoradas en la prestación de los servicios. Algunas de las víctimas entrevistadas aseguraron que el turno médico se les asignó hasta diez días después de haber sido abusada. Para esa fecha no hay evidencia física de la violación y es muy tarde para realizar los tratamientos que evitan un embarazo o la infección por VIH.

“Buscar atención médica para la violencia sexual fue difícil. Diez días después, finalmente pude recibir ayuda”, dijo una de las víctimas a los investigadores de la organización. Cuando pudo recibir el tratamiento ya había desarrollado una infección genital a raíz de la violación y los médicos no le informaron sobre la posibilidad de recibir anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado.

Sobre el acceso a la justicia, las víctimas denunciaron maltrato por parte de las autoridades y temor a que el victimario tome represalias. Aunque estas investigaciones se pueden iniciar sin pruebas físicas, defensores de derechos humanos dijeron que es habitual que los fiscales rechacen abrir este tipo de casos sin esas evidencias.

Otra dificultad se presenta para acceder a la asistencia humanitaria, pues las familias beneficiarias de estos servicios deben tener un suscriptor principal, que en la mayoría de los casos es el esposo cabeza de familia. Según Human Rights Watch las víctimas de violencia intrafamiliar prefieren permanecer al lado de su pareja y no denunciarlo con tal de no perder los beneficios.

Este es el caso de una de las víctimas que toleró las golpizas de su esposo luego de su desplazamiento, para no perder los beneficios de ayuda humanitaria. Sin embargo, luego de que su pareja abusó sexualmente de su hija, decidió abandonar a su esposo, perdiendo su vivienda y la ayuda alimentaria.

El informe deHuman Rights Watch recomienda al gobierno colombiano adoptar medidas para que se proteja a las víctimas del desplazamiento de agresiones de género. Entre esas crear una comisión independiente que evalué rigurosamente las instituciones que brindan atención directa a las víctimas y obtener datos precisos sobre la magnitud de la violencia de género vinculada con el conflicto y el desplazamiento.

Tags: mujeresinformehuman rightsrevictimizadas