Vivian Morales dijo que con este nuevo proceso se busca determinar la veracidad de las denuncias sobre el desplazamiento forzado de 123 familias en 2003.
 |
La fiscal general Viviane Morales decidió investigar personalmente el caso de Las Pavas, después de reunirse con las organizaciones que acompañaron a las víctimas. Foto Verdadabierta.com –En las Pavas sí hay víctimas -Queremos que la Fiscalía nos escuche: víctimas de Las Pavas |
Luego de realizar una reunión en la que participó la fiscal general, Viviane Morales, la fiscal especializada de Cartagena autora de la polémica decisión, Miriam Martínez Palomino y un equipo de asesores, la Fiscalía General tomó la decisión de abrir una investigación para esclarecer si hubo o no desplazamiento de 123 familias campesinas en 2003 y 2006.
Estas familias campesinas están disputándose la titulación de la Hacienda Las Pavas en El Peñón, sur de Bolívar, y que disputan a empresas palmeras.
A pesar de que la fiscal Morales aceptó que la decisión de su funcionaria fue adoptada con base en el testimonio de Pedro Moreno, miembro de Asocab que denunció el desplazamiento en 2009 y que luego se retractó de su versión inicial, aseguró que es un caso que amerita una “atención personalizada y una revisión profunda”.
“He decidido abrir investigación de los hechos que sucedieron antes de 2006 y personalmente viajaré a Las Pavas y al municipio de Buenos Aires”, afirmó la Fiscal quien en sus primeras intervenciones sobre el caso, respaldó la versión de su funcionaria. Aunque no existe una denuncia formal del desplazamiento en 2003 por parte de las víctimas, la Fiscal junto con el jefe de la Unidad de Desplazamiento revisará de forma minuciosa el caso tomando en cuenta las versiones de los directamente afectados.
La Fiscal afirmó que “es necesario mirar un poco más hacia atrás” debido a que sus pasadas declaraciones en las que respaldó la versión del falso desplazamiento se referían a hechos presentados en 2009, mientras que organizaciones internacionales, ong y los campesinos hablan de presiones y hechos violentos que se presentaron en 2003 y que no fueron tomados en cuenta por la fiscal de Cartagena.
Esta decisión es resultado también de reuniones con el padre Francisco de Roux, prior de la comunidad de los jesuitas,y con el decano de Derecho de la Universidad Javeriana, responsables de las organizaciones que venían adelantando los procesos de asesoría y acompañamiento a las 123 familias denunciantes que buscan una titulación de los predios en los que hoy funciona un cultivo de palma africana.
La Fiscal Morales ratificó la continuidad de la compulsa de copias contra las organizaciones que apoyaron los procesos de las víctimas de Las Pavas mientras se realiza la visita al terreno. Sin embargo, las organizaciones respondieron que no es pertinente abrir una investigación de tal envergadura a partir del testimonio de un campesino que ahora trabaja para la empresa palmicultora que se instaló en el terreno que los campesinos reclaman.
“Aunque se compruebe que no hubo desplazamiento, el proceso por extinción de dominio podría seguir su curso dependiendo de las pruebas sobre la inexplotación y la apropiación real de los campesinos”, aclaró la Fiscal General, quien tambien aseguró que de encontrarse pruebas de falsas víctimas, estas personas serían procesadas por fraude procesal y falsa denuncia. Contrario a algunas versiones, estas tierras no tienen nada que ver con la familia de Pablo Escobar, dijo la Fiscal.
El debate sobre este caso comenzó con la decisión de una fiscal de Cartagena que archivó el proceso que se adelantaba por el desplazamiento de 123 familias en Las Pavas, una hacienda ubicada en el sur de Bolívar. A partir del testimonio de un campesino y de una persona que había servido de intermediaria en la venta de la hacienda, la Fiscalía concluyó que se trataba de un falso desplazamiento y ordenó abrir investigación contra otros campesinos por el presunto delito de rebelión.
Luego de que las víctimas, ongs y organizaciones internacionales expresaron su descontento y preocupación frente a las afirmaciones de la Fiscal de Cartagena y luego de la Fiscal General, el caso deberá ser esclarecido para rectificar la situación de las víctimas y de los procesos de restitución de sus derechos.
