La persecución contra defensores de DDHH en Segovia

Dos líderes del Comité de DD.HH de esta población de Antioquia cuentan cómo tanto miembros de la fuerza pública, como paramilitares persiguieron con saña a su organización hasta silenciarla.
  
 Imagen del sepelio colectivo luego de la masacre del 11 de noviembre de 1988.

Más de veinte años después, los pocos sobrevivientes que dejó el exterminio contra el Comité de Derechos Humanos de Segovia aún temen regresar.  Sienten que la sangrienta persecución desatada en su contra durante la década del noventa aún no ha terminado.

“No regresamos porque no tenemos seguridad de ninguna naturaleza”, afirma Teresa, quien se exilió con José*. Ellos son activistas del Comité de Derechos Humanos de la población en el Nordeste antioqueño. Miembros de la fuerza pública, en complicidad con sicarios y paramilitares, acosaron con asesinatos y atentados permanentes a esta organización entre los años 1989 y 2000. Ellos coinciden en que como tienen denuncias directas contra oficiales, no se sienten seguros de regresar a su pueblo. Allí ya no están los paramilitares de antes, con sus campamentos, pero como dice uno de estos activistas “hay una prolongación de esos poderes que sigue asesinando”.

El Comité fue estigmatizado como guerrillero, y por eso muchos de sus integrantes fueron asesinados, desaparecidos y otros se vieron obligados a abandonar sus familias y huir de la región. Teresa y José,  dos de esos sobrevivientes, todavía con  muchas prevenciones, se atrevieron a narrar lo ocurrido.

“El Comité de Derechos Humanos de Segovia nació después de la masacre del 11 de noviembre de 1988”, cuenta Teresa. La incursión armada dejó a 43 personas muertas y a 53 más heridas. Fue perpetrada por paramilitares del MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste) al mando de Fidel Castaño y apoyada por miembros del Ejército y la Policía. Actualmente la justicia investiga si el ex congresista y ex diputado por el partido Liberal César Pérez García, quien se encuentra en prisión, fue autor intelectual de ese crimen.

“Luego de la masacre, la represión contra la población fue muy dura. La Unión Patriótica tenía mucho respaldo en la zona, no sólo en Segovia, también en Remedios y Zaragoza –continúa Teresa –. Por esa razón, cualquier poblador de esos municipios era considerado guerrillero. Al pasar por un retén militar no podíamos decir que éramos de esos municipios. Si la cédula era de alguno de esos lugares era un indicio de que se pertenecía a la UP. Eso fue una estigmatización muy fuerte”.

Esa situación llevó a Estelia Manjarres, una monja de la comunidad de las Hermanas Carmelitas, a convocar a un grupo de profesores, dirigentes sociales, líderes sindicales, trabajadores comunitarios, comerciantes y funcionarios públicos a trabajar por la defensa de los derechos humanos de Segovia.

“La hermana Estelia vivía muy preocupada por los problemas de pobreza, exclusión y miseria que vivía Segovia, a pesar de ser un pueblo rico en oro y  donde circulaba mucho dinero. Pero también le inquietaba el conflicto armado, entonces nos invitó a conformar el Comité de Derechos Humanos”, relata José.

Inicialmente, el Comité acompañó a las comunidades campesinas más vulnerables. Entre los años 1989 y 1990, los activistas se concentraron en ese tipo de actividades. “Éramos muy asistencialistas –agrega José— pero de la noche a la mañana, y sin mayores explicaciones, la comunidad Carmelita trasladó a la hermana Estelia, entonces entramos en un receso mientras nos reorganizábamos”.

Del receso, que duró cerca de seis meses, los sacó una serie de asesinatos cometidos en la zona de tolerancia de Segovia. Para esa época, varios docentes comenzaron a liderar el Comité. “Lo reactivamos cinco personas con una visión menos asistencialista, y más de denuncia. Empezamos también a recibir asesoría y capacitación de algunas organizaciones no gubernamentales de Medellín y Bogotá”, dice José.

En 1990 llegó a la zona la primera brigada móvil del Ejército, y a finales de 1991 arribó la segunda. Ambas tenían la tarea de vigilar las obras de construcción del Oleoducto de Colombia, que atravesaba varios municipios del Nordeste y del Bajo Cauca, y perseguir a los altos mandos del Eln quienes, según ellos suponían, transitaban por esas zonas hacia el Magdalena Medio. Los batallones Bomboná, Contraguerrilla 47 Héroes de Tacines y Palagua, así con el Comando Operativo 9, apoyaron sus labores.

Durante el desarrollo de las obras del oleoducto la guerrilla hostigó el Ejército. Esto llevó a los militares a detener arbitrariamente a los líderes campesinos. “A muchos de ellos se les aisló y se les impidió que fueran asistidos por abogados”, dice José.

Teresa cuenta que las comunidades, en especial los niños, le tenían pavor al Ejército. “De hecho, cuando la tropa entraba a las veredas, las comunidades de inmediato se desplazaban al casco urbano y solo regresaban cuando los soldados salían de ellas. De ese tamaño era el miedo”.

Según los registros del Comité, se presentaron violaciones de mujeres, golpizas, destrucción de las juntas de acción comunal por encarcelamiento, asesinato y desaparición de dirigentes comunales acusados de guerrilleros. “Esas circunstancias nos llevaron a dedicarnos a la denuncia. En respuesta, los oficiales de esa brigada comenzaron a cuestionar nuestro trabajo”, asegura Teresa.

A comienzos de la década del noventa la situación en el Nordeste antioqueño era de constante agitación. Las distintas organizaciones sociales convocaban a paros cívicos, movilizaciones y foros de deliberación pública sobre la situación de derechos humanos. En esos movimientos participaban por igual campesinos, indígenas de la etnia Embera-Chamí y simpatizantes de la UP, que reclamaban del Estado mayor atención sobre un territorio que concentra grandes yacimientos de oro.

“Nosotros, desde el Comité, acompañábamos todas esas iniciativas –afirma Teresa –y por eso los de las Fuerza Pública comenzaron a señalarnos. Decían que nos tenían que quitar de encima porque no los íbamos a dejar trabajar. Esos eran los comentarios que hacían los militares. Y había mucha vigilancia sobre todos nosotros”.

El año de 1992 es recordado por los sobrevivientes del Comité por dos circunstancias paradójicas: de un lado, es el año en que la Alcaldía de Segovia les reconoce su existencia como organización ciudadana defensora de derechos humanos; de otro, es el año en el que surgieron las Autodefensas del Nordeste Antioqueño (ANA), una organización armada ilegal. La ANA aterrorizaba a todo el mundo presumiendo que tenía apoyo del Ejército, de la Policía, de las compañías mineras de la región y del MAS (Muerte de Secuestradores) del Magdalena Medio. “La idea era intimidar a todos simpatizantes de la UP y a los que hacían parte de los movimientos sociales”, dice José.

Pese a esas circunstancias tan adversas, el Comité de Derechos Humanos de Segovia no detuvo sus labores. “Repartíamos las denuncias concretas en documentos y pequeños boletines en todo el pueblo”, añade el defensor de derechos humanos.  

La persistencia en esos trabajos los llevó a buscar alternativas subregionales para darle mayor peso al trabajo que venían haciendo en Segovia. Fue así como se realizó en 1993 el Primero Foro por los Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño en el municipio de Remedios.

Según Teresa y José fue todo un éxito. “Concluimos que era fundamental constituir el Comité de Derechos Humanos del Nordeste y Bajo Cauca –dice Teresa—. Se determinó que la sede sería Remedios y sus coordinadores serían Vicente Peña Pacheco, Personero de esa localidad, y Jesús Ramiro Zapata, educador de Segovia. De allí salimos fortalecidos”.

La decisión de los activistas de derechos humanos de regionalizar el Comité produjo, según ellos, una reacción airada por parte de la fuerza pública. “Ese año comenzaron a hacernos inteligencia y a involucrarnos en procesos judiciales como insurgentes. Nos pusieron alias y muchos estábamos en listas. En ellas estaban el Alcalde de Segovia, una juez de familia y varias personalidades del pueblo, todos sindicados de pertenecer a las Farc y al ElnN”, asegura Teresa.

A la par de las persecuciones de la Fuerza Pública contra los integrantes del Comité, surgió un grupo que reemplazó a ANA. Se trató de ‘Fuerza del Pueblo en Acción’. Apareció en mayo de 1993 en Segovia con grafitis, pero no duró mucho tiempo. Se les sindica de algunos crímenes, pero ninguno contra defensores de derechos humanos.

Los años siguientes se convirtieron en una pesadilla para el Comité. En 1994 arreciaron las amenazas y las detenciones contra sus integrantes, circulaban listas donde estaban incluidas sus directivas. “Todo eso fue orquestado por un capitán de la Policía llamado Juan Vargas –sostiene Teresa–. Él murió varios años después cuando se había integrado a grupos paramilitares”.

En mayo de 1994 se pasó de las intimidaciones a los hechos: asesinaron al primer integrante del Comité, Andrés Posada, un líder sindical minero de la Frontino Gold Mines. Los directivos del Comité salieron huyendo a Bogotá y a Medellín.

Pero no sólo los activistas de Segovia estaban siendo sometidos a esa presión. El hostigamiento a las personas que se vinculaban a los movimientos sociales en el Nordeste también se estaba dando en el municipio de Amalfi, cuna de los hermanos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba de y Urabá (Accu).

“Allí también la emprendieron de manera selectiva contra todo aquel que perteneciera a los movimientos sociales. Muchos, temerosos, se volaron por potreros, y fueron a dar a Remedios y Vegachí. De ahí se fueron hacia Medellín”, relata José y luego explica que  comenzaron a perseguir a los activistas de El Bagre y Zaragoza. “Estaban haciendo una tenaza contra Segovia y Remedios”.

No obstante esa situación, el Comité por los Derechos Humanos del Nordeste y Bajo Cauca decidió hacer en junio de 1994 el segundo foro y seleccionaron a El Bagre como sitio de encuentro. Lo llamaron “Por Vida, Paz y Dignidad”. De acuerdo con José, hacerlo allí fue un error.

“Ese municipio estaba bajo control armado del paramilitarismo. Éramos conscientes de ello. Ese paramilitarismo venía de Caucasia. La gente fue con mucho temor de denunciar. Allí vimos las debilidades del Comité y aceptamos que no funcionó”, admite este activista. “Para finales de 1994, no había Comité subregional, así como tampoco movimientos sociales en Amalfi, El Bagre y Zaragoza. Los derrotaron con la intimidación, las amenazas y los asesinatos”.

Pero en Segovia querían persistir en la defensa de los derechos humanos y continuaron en su labor de denunciar los atropellos militares y policiales y de grupos armados ilegales contra las comunidades campesinas. Con ese ánimo iniciaron el año 1995, pero muy rápido fueron entendiendo que las circunstancias empeorarían. Ese año se presentaron los primeros crímenes en Remedios.

De acuerdo con José, en julio de 1995 hizo aparición en Segovia el grupo ‘Muerte a Comunistas y Guerrilleros’ (Macogue), una organización paramilitar que venía operando desde años atrás en diversas regiones del país y que se atribuyó el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 10 de agosto de 1994 en Bogotá.

El primero en recibir amenazas directas de Macogue fue el sacerdote Jorge Mira. Según los activistas entrevistados, el mensaje era claro: “En el cementerio iban a faltar tumbas y en el hospital camas para toda la gente que tendrían que recibir”. Esas intimidaciones se concretaron el 22 de abril de 1996, cuando un comando paramilitar irrumpió en las calles de los barrios El Tigrito y La Paz, de Segovia, y asesinó a 15 personas, desapareció a dos más y dejó otras 15 heridas.

En esa ocasión, las investigaciones contra los autores materiales condujeron a la vinculación al proceso penal del capitán del Ejército Rodrigo Cañas Forero, adscrito al Batallón Bomboná. De acuerdo con diversos testigos, el oficial facilitó el transporte del grupo armado desde el aeropuerto de Otú, en Remedios. El capitán Cañas fue capturado en Medellín el 7 de mayo de 1996. Inicialmente fue absuelto por un Juez Regional de Medellín, pero el fallo fue apelado y el 30 de junio de 1999 fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Nacional.

Después de esta masacre, el 10 de mayo de 1996, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez declaró a Segovia y Remedios como Zona Especial de Orden Público. “A finales de 1996 corría el rumor en Segovia de que un nuevo grupo paramilitar empezaría a operar desde el 20 de diciembre de ese año y que tenía en la mira a muchos activistas de derechos humanos –narra José—. Pero realmente empezó a operar en Segovia el 2 de enero de 1997”.

Tanto José como Teresa recuerdan que dos días antes, el 31 de diciembre de 1996, el gobernador Uribe Vélez estuvo en la sede del Batallón Bomboná durante buena parte de la tarde. Cerca de esa guarnición militar estaba el barrio El Tigrito, donde se había ubicado el campamento del nuevo grupo paramilitar, el Grupo de Autodefensas del Nordeste (GAN), cuyo logo era una escoba.

El primer homicidio cometido por el GAN fue el de Isaías Gil, un campesino de la vereda Platanares, quien hacía parte del Comité. También asesinaron a los activistas Jaime Ortiz Londoño, Nazareno Rivera, Margarita Guzmán Restrepo y Luis Alberto Lopera Múnera. Se calcula que entre enero y septiembre, cuando fue desmantelado ese grupo, perpetraron 247 homicidios contra pobladores de Segovia y Remedios. “Muchos de los asesinados tenían una característica en común: habían sido detenidos por los militares en el pasado”, explica José.

Esta cantidad de homicidios del GAN preocupó a las autoridades regionales y nacionales, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos y exigieron resultados concretos contra los homicidas. “Lo que se dio fue un montaje para desmantelarlo, afirma José. Según él, reclutaron a unos jóvenes días antes y los hicieron aparecer como los autores de los asesinatos. “A quienes realmente participaron en los asesinatos no los cogieron y huyeron,  pero lo que supimos después es que fueron asesinados de manera selectiva en Medellín”, dice José.

Asegura este activista que los integrantes de ANA, Macogue y GAN eran sicarios de bandas de delincuentes de Medellín, y algunos ex guerrilleros y ex policías, todos prestándole un servicio clandestino a la fuerza Pública.

En 1998, una cierta calma se comenzó a vivir en Segovia. Los líderes desplazados retornaron, entre ellos, Jesús Ramiro Zapata. Pero ya no tenían la misma fuerza con la que habían iniciado en 1989. Estaban golpeados por las muertes de sus amigos y aún se sentía la presión, pues seguían vinculados a procesos penales.

Esa relativa tranquilidad se rompió a comienzos del año 2000, cuando llegó a la subregión del Nordeste antioqueño el Bloque Metro de las ACCU, liderado por Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, que buscaba ampliar su radio de terror a buena parte de esa zona minera. Se inició entonces otra fase de exterminio. Jesús Ramiro Zapata fue asesinado el 3 de mayo.

Fue la primera acción de las ACCU y el último crimen contra Comité de Derechos Humanos de Segovia. “En una reunión que tuvieron los educadores con los paramilitares una de las docentes se atrevió a pedir una explicación de ese asesinato y el jefe paramilitar de la zona, un ex guerrillero identificado como Cesar Alberto Restrepo, le dijo que sólo cumplía órdenes”, cuenta José.

A partir de ese momento, el Comité se quedó con unos cuantos integrantes, todos ellos escondidos en Medellín. “Los que se quedaron en Segovia, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos,  tuvieron que hablar con los hombres del Bloque Metro y en esas reuniones, les advertían que se tenían que quedar “quietos” y así lo hicieron”, reconoce José.  

El exterminio fue de tal magnitud que sus efectos se sienten aún hoy. Quienes sobrevivieron no se atreven a regresar.

“No tenemos seguridad de ninguna naturaleza, no confiamos en la fuerza pública, y tampoco hay condiciones ni en Segovia, ni en Remedios, ni en el Nordeste, para desarrollar un trabajo de derechos humanos, de reorganización del tejido social. Todo fue exterminado, todas las expresiones del movimiento social fueron aniquiladas”, asegura José.

“Siempre se ha dicho que la masacre de 1988 fue una retaliación contra la UP –dice Teresa—. Eso tiene algo de cierto, pero no del todo. Lo que se vislumbró desde 1983, con los primeros ataques a la población civil, fue una estrategia política y militar para favorecer el control económico de la región. Todo se concentró en la minería”.

José agrega que en otras regiones del departamento la violencia paramilitar se dio y se detuvo, pero, según él, en el Nordeste continúa, entre otras razones por la existencia de un filón aurífero que comienza en el municipio de Yolombó, Antioquia, y va a morir en la Serranía de San Lucas, Sur de Bolívar. “En la región hay una reserva aurífera para muchos años y por eso creemos que todo ese exterminio que vivimos le abrió paso a los capitales extranjeros. En los socavones está la explicación a la aniquilación del movimiento social del Nordeste antioqueño”, concluye José.

* Nombres cambiados por sugerencia de las personas entrevistadas