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Revocan medida de aseguramiento a Guillermo Gaviria

Sin piso quedó la detención del empresario antioqueño tomada hace un mes por la Fiscalía 51 Especializada de Medellín. No obstante, el proceso penal continúa.
Desde el pasado 12 de abril, el empresario tenía el beneficio de casa por cárcel.

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia revocó la medida de aseguramiento dictada hace varias semanas contra el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, quien es investigado por supuestos nexos con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, y ordenó su libertad inmediata.

Sin que aún se conozcan con detalle los argumentos de la decisión, ha trascendido que la autoridad de segunda instancia consideró que dadas las calidades del empresario, con inversiones en los sectores bananero, minero y de medios de información, y padre de Aníbal Gaviria Correa, actual Alcalde de Medellín, no era necesaria la medida de aseguramiento y estimó que la decisión tomada por la Fiscalía 51 Especializada de Medellín no estuvo bien sustentada.

La medida contra de Gaviria Echeverri le daba el beneficio de casa por cárcel debido a su avanzada edad, 87 años de edad, y surgió de una investigación penal que él mismo solicitó en junio del año pasado, cuando el ex paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, aseveró que su grupo armado, el Frente Arlex Hurtado de las Auc, había recibido dineros del empresario antioqueño.

El nombre de Gaviria Echeverri fue incluido por Hasbún Mendoza en una lista de “aportantes voluntarios” que le entregó a una fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz el 3 de septiembre de 2010 durante una sesión de versión libre. Durante esa audiencia, el ex paramilitar hizo referencia a por lo menos 92 personas que le aportaron dineros al Frente Arlex Hurtado de las Auc, incluido el del Grupo 20, razón social de propiedad de la familia Gaviria Correa.

En su confesión, el ex paramilitar señaló a Juan Esteban Álvarez Bermúdez, representante legal de Grupo 20 y asesor personal del Alcalde de Medellín. Según Hasbún Mendoza, “él (Álvarez) tuvo que ver con las Convivir y las autodefensas también. Él era uno de los aportantes a las Convivir en representación del Grupo 20, de las empresas de la familia Gaviria. Antes de lo político, era representante legal de varias sociedades de la familia Gaviria. Fue intermediario para pagar los aportes”.

Hasbún le aseguró a VerdadAbierta.com hace varias semanas que en su comparecencia ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz ha aportado listas de aportantes a las Auc en el Urabá antioqueño: “hemos entregamos listados de 270 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes que le aportaron voluntariamente a las autodefensas. Hoy dicen que fue a través de las Convivir y que ellos no tenían conocimiento, eso es mentira”.

Cuando se conoció la medida de aseguramiento el 12 de abril pasado, Gaviria Echeverri divulgó un comunicado a través del cual indicó que “fui víctima de una extorsión por los paramilitares, como he sido víctima de múltiples agresiones y extorsiones por parte de los diferentes grupos al margen de la ley, y como lo fueron, lo han sido y lo son, muchos otros colombianos”.  Además, señaló que había aportado “todas las pruebas que confirman que fui extorsionado”.

Asimismo se pronunció el alcalde Gaviria Correa, quien aseguró que su padre es inocente y agregó que “con acusaciones originadas en los más oscuros intereses, pretenden vulnerar lo que para él y nosotros es más preciado y ha sido construido a través de una vida de luchas, riesgos y sacrificios: su reputación y comportamiento ético y moral".

La decisión tomada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia no significa que la investigación haya precluido ni se haya desvinculado al empresario del proceso penal, quien tendrá que continuar compareciendo cada vez que las autoridades lo requieran hasta que se defina finalmente si el empresario Gaviria Echeverri es responsable o no de haber financiado grupos paramilitares en el Urabá antioqueño desde mediados de la década del noventa y comienzos del dos mil.

En los últimos meses, se han conocido diversas decisiones judiciales relacionadas con los empresarios bananeros y algunos ex paramilitares. Una de ellas se dio el 6 de marzo de este año, cuando el Fiscal 33 Especializado de Medellín le precluyó la investigación a directivos y ex directivos  de las firmas comercializadoras de banano Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A. y Banacol, y se abstuvo de dictarles medida de aseguramiento.

El funcionario del ente de investigación aseguró que los pagos realizados por estas empresas entre 1997 y 2004 fueron extorsivos, circunstancia que consideró causal de exclusión de responsabilidad, pues los directivos, según esta argumentación, actuaron bajo coacción. Al respecto, explicó que las firmas bananeras enfrentaban un riesgo si no pagaban las sumas exigidas por las Auc, por lo que, con los aportes realizados, protegieron los bienes de las empresas y sus empleados, pues a su juicio las autoridades de la época no podían garantizar la protección de empresarios y trabajadores, debido a su escasa presencia y falta de recursos.

No obstante una decisión contraria tomó la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia el pasado 17 de abril al resolver una apelación proferida contra Arnulfo Peñuela Marín, Gerente administrador de la Asociación de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo, y ex alcalde de Carepa y ex sargento de la Brigada XVII del Ejército, y Epitasio Antonio Arboleda Vélez, coordinador de zona, quienes fueron condenados en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia en agosto de 2010 a siete años de prisión.

En sus consideraciones finales, el Alto Tribunal consideró que “el dominio de las autodefensas sobre la Convivir Papagayo era de tal magnitud, que prácticamente ambas organizaciones, una de origen legal y la otra una organización criminal, confluían en objetivos, actores y directivos”.

Al rechazar los argumentos de la defensa de los procesados y confirmar su sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia controvirtió la teoría de los abogados de la defensa, según los cuales los pagos realizados por las empresas bananeras se dieron como contraprestación de servicios de vigilancia, y recurre al testimonio de Hasbún Mendoza para advertir que “las Convivir, y esto incluye a Papagayo, surgieron para financiar las autodefensas, y así lo hicieron, pues una de las empresas más grandes del Urabá antioqueño lo confirma”, entre ellas la multinacional Chiquita Brands International.

El debate jurídico esta aún lejos de resolverse. A pesar de la decisión que se acaba de tomar a favor del empresario Gaviria Echeverri, el proceso continuará, pues hasta ahora no puede considerarse como un caso juzgado.

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