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Los testimonios que enredan a Guillermo Gaviria Echeverri

Raúl Hasbún ha dicho que este empresario aportó voluntariamente dineros a las Auc en Urabá a través de la sociedad Grupo 20. Alcalde de Medellín afirma que hay "intereses oscuros".
Guillermo Gaviria y su familia también tienen inversiones en minería, tierras y medios de comunicación.

Los señalamientos que ha hecho el ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias 'Pedro Bonito', contra ganaderos, bananeros y comerciantes hacen parte de los testimonios que vinculan al empresario antioqueño Guillermo Gaviria Echeverri como supuesto financiador de las Auc en el Urabá antioqueño.

Lo dicho por el desmovilizado entre 2010 y 2011 llevó a la Fiscalía a escuchar en indagatoria a Gaviria Echeverri. Una vez valorados los testimonios, la Fiscalía 51 Especializada de Medellín dictó medida de aseguramiento en su contra por el delito de concierto para delinquir, consistente en prisión domiciliaria en razón de su edad, con lo cual se inicia una nueva etapa procesal.

El nombre de Gaviria Echeverri fue incluido por Hasbún Mendoza en una lista de “aportantes voluntarios” que le entregó a una fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz el 3 de septiembre de 2010 durante una sesión de versión libre. Durante esa sesión, el exparamilitar hizo referencia a por lo menos 92 personas que le aportaron dineros al Frente Arlex Hurtado de las Auc, incluido el del Grupo 20, razón social de propiedad de la familia Gaviria Correa.

En esa ocasión, el ex paramilitar y empresario bananero dijo que el Grupo 20 “es del señor Guillermo Gaviria, padre de los dos gobernadores, el fallecido y el vivo: Guillermo Gaviria y Aníbal Gaviria. Tenían varias fincas ganaderas dentro del área de influencia del Frente y colaboraban con esa suma de dinero, 6 millones de pesos, al año”.

De acuerdo con Hasbún Mendoza, los dineros recaudados se destinaron a financiar un grupo de por lo menos 40 hombres de las Auc que operaban entre los municipios de Carepa y Mutatá, sobre el Eje Bananero, y que intentaban controlar los ataques de la guerrilla de las Farc. “Se conseguían entre 30 millones al principio y luego hasta 50 millones de pesos. A veces sobraba o faltaba plata, dependiendo si había combates, heridos”, precisó el exjefe paramilitar.

El asunto fue retomado el 5 de mayo de 2011 por Hasbún Mendoza nuevamente en una sesión de versión libre. Ese día fue particularmente incisivo en advertir sobre los verdaderos alcances del proceso de Justicia y Paz, sobre lo cual dijo: “Yo creo que para que el proceso de Justicia y Paz funcione no solamente debe ser alimentado por la verdad por parte de los desmovilizados o de los que participamos en el conflicto. Esa verdad debe salir de toda la sociedad colombiana, de todos los que participamos”.

Y para reforzar su argumentación puso varios ejemplos, entre ellos el del empresario bananero Juan Esteban Álvarez Bermúdez, representante legal de Grupo 20, quien también fue cobijado con medida de aseguramiento. Según Hasbún Mendoza, “él (Álvarez) tuvo que ver con las Convivir y las autodefensas también. Él era uno de los aportantes a las Convivir en representación del Grupo 20, de las empresas de la familia Gaviria. Antes de lo político, era representante legal de varias sociedades de la familia Gaviria. Fue intermediario para pagar los aportes”.

Además de ser el representante legal de las empresas de la familia Gaviria Correa, Álvarez Bermúdez se ha desempeñado como asesor de Aníbal Gaviria Correa a su paso por la Gobernación de Antioquia y, en la actualidad, por la Alcaldía de Medellín.

Un día después de esta declaración su abogado de confianza, Edquir José López Londoño, quien lo acompañó en esa versión libre, fue asesinado a medio día y con pistola con silenciador por sicarios en una cafetería del municipio de Bello.

El tema volvió a surgir tangencialmente el pasado 26 de marzo en un corto diálogo sostenido por Hasbún con periodistas de VerdadAbierta.com en los pasillos del Edificio de la Justicia en Medellín. En esa ocasión, se mostró molesto por la decisión de un fiscal especializado de la ciudad que precluyó una investigación a favor de los directivos y exdirectivos de las firmas comercializadoras de banano Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A. y Banacol.

Hasbún aseguró que durante su comparecencia ante Justicia y Paz ha aportado listas de aportantes a las Auc en el Urabá antioqueño: “hemos entregamos listados de 270 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes que le aportaron voluntariamente a las autodefensas. Hoy dicen que fue a través de las Convivir y que ellos no tenían conocimiento, eso es mentira”.

Su decisión de apelar esa decisión, tomada el 6 de marzo de este año por la Fiscalía 33 Especializada de Medellín, en la que resultó con medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, le costó la renuncia de su abogado, quien al parecer fue intimidado para no seguir defendiendo al ex jefe paramilitar.

Gaviria se defiende
A través de un comunicado, el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, aclaró que la investigación en su contra fue adelantada por su solicitud expresa, presentada en junio de 2010, una vez se conocieron las declaraciones del exparamilitar Hasbún Mendoza.

Gaviria Echeverri expresó que “fui víctima de una extorsión por los paramilitares, como he sido víctima de múltiples agresiones y extorsiones por parte de los diferentes grupos al margen de la ley, y como lo fueron, lo han sido y lo son, muchos otros colombianos”.  Además, señaló que había aportado “todas las pruebas que confirman que fui extorsionado y respetando la reserva del sumario, no me es posible hacer pronunciamientos de fondo”.

En el comunicado también indicó que una vez sea notificado de la medida tomada por la Fiscalía 51 Especializada de Medellín, procederá a presentar la respectiva apelación a través de la cual espera “comprobar que el señor Hasbún le ha mentido a la justicia y a la sociedad, con el objeto de manchar mi buen nombre y el de mi familia”.

De manera similar se pronunció su hijo, el alcalde de Medellín Aníbal Gavíria Correa. En su mensaje agradeció las manifestaciones de aprecio recibidas desde distintos sectores, dijo que respetaba las decisiones de la justicia y expresó su convencimiento de que "la verdad se impondrá y se demostrará la inocencia de mi padre". Asimismo agregó que "con acusaciones originadas en los más oscuros intereses, pretenden vulnerar lo que para él y nosotros es más preciado y ha sido construido a través de una vida de luchas, riesgos y sacrificios: su reputación y comportamiento ético y moral".

En mayo del año pasado, VerdadAbierta.com tuvo la oportunidad de hablar con Juan Esteban Álvarez, a raíz de las confesiones de Hasbún Mendoza. En esa ocasión, el representante legal de Grupo 20 admitió que se había reunido dos veces con este ex paramilitar a finales de los años 98 y comienzos del 99, una vez en Carepa y otra en Medellín; en ambos encuentros fue citado y presionado para aportar un dinero a las Auc, pues en reiteradas ocasiones se había negado a hacerlo.

“La cosa se volvió o se pagaba o se pagaba”, dijo esa vez el directivo. “Así que hubo que acceder a unos pagos de varios millones de pesos. Eso siempre se ha reconocido y se hizo bajo autorización del doctor Guillermo Gaviria. El problema es que él (Hasbún) dice que fue voluntario, y eso no fue voluntario”.

La Agropecuaria Grupo 20, fue constituida mediante escritura pública N. 1.722 en la Notaría 1° de Medellín el 19 de diciembre de 1980 y fue registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 30 de enero de 1981. El 28 de enero de 2007 se registró la fusión de la sociedad Grupo 20 Ltda. y las sociedades Agropecuaria Santa Marta, Agropecuaria Yoconda Ltda. y Agropecuaria Nueva Carauta Ltda., transformándose  de sociedad limitada a sociedad anónima.

A marzo 31 de 2011, el representante legal y gerente de Agropecuaria Grupo 20 S.A. era Juan Esteban Álvarez Bermúdez y como gerente suplente Guillermo Gaviria Echeverri. Como miembros principales de la junta directiva aparecen Guillermo Gaviria Echeverri y sus hijos Jorge Julián y León Toné Gaviria Correa; como suplentes estaban Juan Esteban Álvarez Bermúdez, Sofía Alejandra Gaviria Correa e Irene Gaviria Correa, actual gerente del diario El Mundo.

El nombre de Guillermo Gaviria Echeverri también está ligado a una empresa de explotación minera en el departamento de Chocó conocida como Minera El Roble S.A., y a una firma propietaria de tierras en la región de los Montes de María, departamento de Sucre, llamada Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., donde hoy se discute, sin que haya claridad al respecto, sobre la manera cómo varios empresarios antioqueños adquirieron esos predios.

¿Qué dicen las víctimas?
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos y aquellas que agrupan a víctimas de despojo de tierras, con la decisión adoptada contra Gaviria Echeverri se puede abrir el capítulo del “paraempresariado”, fenómeno que incluso podría generar efectos más estremecedores en las altas esferas sociales tal como ya lo ha hecho la “parapolítica”.

Por lo menos así lo conceptuó Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien no duda en afirmar que la decisión del ente investigador guarda relación directa con las declaraciones alias ‘Pedro Bonito’, en las que afirmó que empresarios bananeros financiaron a las autodefensas.

“Y sobre lo que los paramilitares están diciendo, la Fiscalía deberá emprender las acciones que crea necesarias contra esas personas que están siendo señaladas”, declaró Herrera, quien añadió que “lo que se observa es que la Fiscalía comienza a desenmarañar un tema bastante sensible para el país como lo ha sido la ‘paraeconomía’ y que ha estado bastante escondido”.

Igual percepción tiene Carlos Páez, vocero regional de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida, quien aseveró que las víctimas del despojo en la región agroindustrial comienzan a sentirse representadas con las decisiones de la Fiscalía General de la Nación.

“Nosotros llevamos años denunciando que hubo empresarios aquí en Urabá que financiaron a las autodefensas y contra ellos nunca ha habido ninguna acción judicial. Ahora vemos que, por lo menos, se toman algunas medidas que van en la dirección de lo que hemos denunciado. Claro está que quien haya actuado de manera ilegal, pues tendrá que rendir cuentas ante la justicia y será esta la que tenga la última palabra”, manifestó Páez.

No obstante, el pasado 6 de marzo otro fiscal especializado de Medellín tomó una decisión contraria a la adoptada por la Fiscalía 51 y al resolver la situación jurídica de por lo menos 20 directivos y exdirectivos de las comercializadoras de banano Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A. y Banacol, decidió abstenerse de dictar medida de aseguramiento y precluir la investigación argumentando que fueron víctimas de extorsión y pagaron obligado.

El caso aún está lejos de cerrarse, pues tal como lo expresó Gaviria Echeverri, la decisión de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín será apelada en los próximos días, lo que significa que aún habrá debate para largo.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos y aquellas que agrupan a víctimas de despojo de tierras, con la decisión adoptada por una fiscalía especializada de Medellín de dictar medida de aseguramiento con detención domiciliaria al empresario Guillermo Gaviria se puede abrir el capítulo del “paraempresariado”, fenómeno que incluso podría generar efectos más estremecedores en las altas esferas sociales tal como ya lo ha hecho la “parapolítica”.

Por lo menos así lo conceptuó Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien no duda en afirmar que la decisión del Ente Investigador guarda relación directa con las declaraciones del exjefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, en las que afirmó que empresarios bananeros financiaron a las autodefensas.

“Y sobre lo que los paramilitares están diciendo, la Fiscalía deberá emprender las acciones que crea necesarias contra esas personas que están siendo señaladas”, declaró Herrera, quien añadió que “lo que se observa es que la Fiscalía comienza a desenmarañar un tema bastante sensible para el país como lo ha sido la ‘paraeconomía’ y que ha estado bastante escondido”.

Igual percepción tiene Carlos Páez, vocero regional de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida, quien aseveró que las víctimas del despojo en la región agroindustrial comienzan a sentirse representadas con las decisiones de la Fiscalía.

“Nosotros llevamos años denunciando que hubo empresarios aquí en Urabá que financiaron a las autodefensas y contra ellos nunca ha habido ninguna acción judicial. Ahora vemos que, por lo menos, se toman algunas medidas que van en la dirección de lo que hemos denunciado. Claro está que quien haya actuado de manera ilegal, pues tendrá que rendir cuentas ante la justicia y será esta la que tenga la última palabra”, manifestó Páez.

El caso aún está lejos de cerrarse, pues tal como lo expresó Gaviria Echeverri, la decisión de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín será apelada en los próximos días, lo que significa que aún habrá debate para largo.
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