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Fiscalía ordena capturar a 24 empresarios por desplazamiento en Chocó

La Fiscalía ordenó capturar, sin beneficio de excarcelación, a 24 empresarios a los que investiga como presuntos responsables del desplazamiento forzado a afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.
Cientos de campesinos afrodescendientes han intentado recuperar sus tierras. Foto Semana

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Un fiscal de Derechos Humanos y DIH sostiene que los empresarios incurrieron presuntamente en los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de los predios pertenecientes a las comunidades afrodescendientes.

Los procesados en este caso son Gabriel Jaime Sierra Moreno, Raúl Alberto Penagos González, Antonio Nel Zúñiga Caballero, Javier José Daza Pretel, Claudio Adolfo Fregney Ochoa, Guillermo Ochoa Pino, Héctor Duque Echeverry, Iván Patiño Patiño, Juan José Palacios Palacios, y Jorge Luis Santo Ortega.

También fueron asegurados: Danilo José Pacheco de la Hoz, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Remberto Manuel Álvarez Vertel, Mario Alberto Vélez Giraldo, Jiuvanni Suescún López, Luis Alberto Flórez Pérez, José Miguel Ruiz Cossio, Manuel Gregorio Denis Blandón, Sor Enid Ospina Rendón, Katia Patricia Sánchez Mejía; y los ex paramilitares Hermes José Muñoz González y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, que ya estaban detenidos.

Las tierras y el desplzamiento en Chocó
El pasado martes, La Corte Constitucional ordenó suspender el proceso de restitución administrativa y entrega física de los territorios colectivos de la cuenca del río Curvaradó, en Chocó, hasta cuando se haga un censo completo de los habitantes de la zona y se haga una elección de las autoridades del Consejo Comunitario. El Gobierno ya suspendió la entrega.

En la sentencia la Corte alega que personas que no son campesinos de las comunidades desplazadas estaban negociando sus predios con las empresas palmeras.

La población afordescendiente de estos territorios fue desplazada desde finales de los 90 después de sufrir atroces episodios de violencia por parte de grupos paramilitares. Cuando regresaron, encontraron que sus fincas estaban sembradas con palma africana y tenían letreros de grandes empresas palmeras que declaraban su propiedad de esas tierras.

En 2009, la revista Semana reveló el drama de campesinos que en 1997 fueron desplazados de sus tierras y advirtió la imposibilidad del gobierno y la Corte Interamericana para que los palmicultores les devolvieran las tierras a sus dueños, quienes viven amenazados (ver artículo ‘Los usurpados del Chocó’).

En el proceso por recuperar su territorio, la violencia volvió a caer contra las víctimas. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para que el Estado colombiano defendiera con todos los métodos necesarios la vida de estos desplazados.

En 2009, la Corte Constitucional también encontró violaciones a los derechos de estas personas y ordenó que el Gobierno hiciera todo lo posible por restituir sus tierras y brindarles garantías para vivir tranquilos.

Pero la Defensoría del Pueblo, al cabo de varios meses, encontró que nada se estaba cumpliendo. El 31 de diciembre pasado, emitió un informe donde advirtió de la presencia de grupos armados ilegales en territorios colectivos de poblaciones negras y en resguardos indígenas.

La Defensoría también alertó de la indebida intervención de particulares y empresas en los procesos internos de los consejos comunitarios y de las autoridades tradicionales de los indígenas.

Esa intervención, según la Defensoría, se hizo por medio del repoblamiento del territorio para facilitar la negociación de sus recursos; la financiación y promoción de asambleas, reuniones y espacios de decisión de consejos comunitarios para conformar autoridades locales afines con sus intereses, específicamente, en Curvaradó; la intromisión en el proceso de retorno de las personas desplazadas, y la financiación de campañas de descrédito en contra de los acompañantes humanitarios y comunidades.

Semana.com documentó en su momento cómo es que personas extrañas a las comunidades están explotando la madera chocoana sin tener en cuenta a las autoridades afrocolombianas o burlándose de ellas. Lea ‘La madera: la riqueza y la miseria en Chocó’.

En ese contexto que denunció la Defensoría se ha presentado una crisis de autoridad entre los pobladores de esa zona. “Existe un conflicto interno de gobernabilidad en las comunidades asociado a la falta de claridad sobre quiénes son los representantes legítimos de las Comunidades Afrocolombianas de la cuenca del río Curvaradó, ya que en la actualidad, el Consejo Mayor de Curvaradó está representado por tres juntas directivas distintas, una elegida en abril de 2008, otra elegida en septiembre de 2009 y la tercera elegida en abril de 2010”, cita la Corte Constitucional en el Auto en el que ordenó suspender la entrega.

La Defensoría consideró “necesario la realización de un censo de propietarios del territorio colectivo, a través de un proceso participativo de las comunidades de las cuencas de Curvaradó”.

En consecuencia, la Corte acató la observación y suspendió la entrega de las tierras.

Tags: chocó