En Magdalena ha habido dos casos de restitución de tierras. Porla vía de Justicia y Paz, del Incoder y Ley de Víctimas los procesos están en fase de investigación y de juicio. VerdadAbierta.com presenta una radiografía de cómo van los casos más emblemáticos.
Las parcelas de Bejuco Prieto y El Encanto, Chibolo
No todos los casos de las parcelas despojadas por Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ en Chibolo, en el centro del Magdalena, están en manos de la Unidad de Restitución, el organismo creado por la Ley de Víctimas para acompañar a los despojados en sus reclamos ante jueces especializados de Tierras que creó la misma ley. El ex jefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc despojó entre 1997 y 2008 a poseedores y propietarios de por lo menos 17 veredas de ese municipio, entre las que se encuentran Bejuco Prieto y El Encanto.
Solamente los casos de despojo en estas dos veredas son investigados por la Unidad de Justicia y Paz después de que en 2006 el Ejército hallara una caleta en una finca en Sabanas de San Ángel, donde ‘Jorge 40’ solía despachar. Los investigadores encontraron una carpeta con documentos de 36 parcelas que tenían el rótulo de “predios a legalizar”.
La sospecha de la Fiscalía era que los papeles aportarían nuevas pruebas de lo que venían denunciando los campesinos de la región: que ‘Jorge 40’ les había quitado sus fincas y había utilizado al Incoder, el instituto de tierras antes llamado Incora, para titulárselas. Después de investigar, la Fiscalía encontró que efectivamente el ex jefe paramilitar se alió con funcionarios para reversar el intento de reforma agraria que había hecho el gobierno en las décadas anteriores.
Justicia y Paz documentó que después de las masacres y asesinatos realizados en la región en 1997, la gente se desplazó y las fincas quedaron abandonadas. Bejuco Prieto y El Encanto no fueron la excepción, tanto así que al corregimiento de Pueblo Nuevo, en donde están estas veredas, le decían “Pueblo Fantasma”. Con las tierras sin gente, ‘Jorge 40’ logró que en 2003 el Incoder en una movida rápida, primero, les revocara los títulos a los campesinos que años atrás habían sido expulsados y en dos meses se los adjudicara a varios testaferros o amigos de los paramilitares.
Tras el hallazgo de los documentos de Tovar Pupo en 2006, la Unidad de Justicia y Paz se concentró en seguirle la pista a las 36 parcelas del listado que allí encontró. Un investigador que trabaja en el proceso le contó a VerdadAbierta.com que el caso no ha sido fácil. Después de que los predios fueron protegidos en 2009 para evitar su comercialización, la Fiscalía le pidió al Tribunal de Barranquilla que anulara los títulos de 2003 que estaban a nombre de los aliados de ‘Jorge 40’. El Tribunal se negó en 2010 argumentando no ser el organismo competente para hacer el trámite. El caso llegó a la Corte Suprema y en 2011 la Alta Corte se pronunció a favor y ordenó al Incoder hacer las revocatorias.
Así la Fiscalía ya tenía el camino libre para continuar con la investigación. Pero se encontraron con otro obstáculo; cuando comenzaron a estudiar parcela por parcela aparecieron varios reclamantes.
“En varios casos sucedió que la reforma agraria fue fallida. Muchos de los campesinos que habían sido adjudicados en 1991 habían vendido las parcelas a otros campesinos que habían llegado a la región”, explicó el investigador.
Tras las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares a partir de 1997, muchos de los despojados fueron los segundos campesinos que les compraron a los beneficiarios originales de la reforma. “Entonces nos hicimos la pregunta: ¿Quién es el real despojado? No podíamos concentrar la pregunta en quién era el propietario porque varios habían vendido”, dijo.
Durante 2011 la Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas, un organismo adscrito a la Fiscalía especializado en investigar los predios entregados por los paramilitares desmovilizados (oque ellos habían reconocido que había robado) comenzó a reconstruir el rompecabezas de cada parcela. La Unidad decidió pedir ante la Magistratura de Justicia y Paz en Barranquilla, donde se realiza el juicio, una audiencia para presentar las particularidades de cada caso. En lo que va de 2012, la Fiscalía ha logrado presentar los procesos de 11 de las 36 parcelas que ya estarían listas para fallo.
La Unidad de Justicia y Paz tiene programadas audiencias en el Tribunal para resolver los casos restantes. La Fiscalía ha hecho el trabajo de forma minuciosa. “La idea es que la sentencia sea colectiva e integral, es decir, que incluya los títulos de propiedad a los realmente despojados”, dijo un funcionario de la Unidad que ha investigado los casos de las parcelaciones de Bejuco Prieto y El Encanto.
Mientras se exponen los casos ante el Tribunal, la preocupación de la comunidad es por la seguridad. Después de la desmovilización del Bloque Norte en 2006 y la extradición a Estados Unidos de ‘Jorge 40’ en 2008, algunos campesinos regresaron a Chibolo para recuperar las parcelas. “Hemos recuperado 14 de los 36 predios. Estamos en la incertidumbre, sin papeles (títulos) y durmiendo con el enemigo”, dijo un reclamante a quien se le reserva la identidad por seguridad.
Desde hace cuatro años, varios campesinos han recibido llamadas amenazantes. “A usted es el que vamos a tirar a la tierra. No diga más. Retírese si no quiere morirse”, le dijeron una vez a otro campesino después de denunciar su situación de desplazamiento ante los organismos del Estado.
Fincas San Carlos y La Paz, Ciénaga
El primer y, por ahora, único caso en que se ha hecho efectiva la restitución en Magdalena ha sido el de estas dos fincas, ubicadas en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, en Ciénaga. Aunque en septiembre de 2010, el Tribunal de Barranquilla les dio la razón a los campesinos reclamantes, todavía sigue la tensión entre los campesinos y un grupo de gnósticos que invadió estas fincas cuando quedaron abandonadas por el desplazamiento promovido por Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’.
La historia del conflicto en estas tierras comenzó en los años 80 cuando la guerrilla comenzó a extorsionar a los finqueros que vivían en la Sierra y se dedicaban al cultivo de café. Cansados de la situación, la familia Fernández de Castro decidió venderle unas tierras al antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora hoy Incoder, y otras, a sus trabajadores de confianza.
El 17 de diciembre de 1997 los trabajadores se organizaron en Coagrosac, una cooperativa integrada por 27 familias. Un año después negociaron con sus patrones 174 de las 582 hectáreas y lograron un crédito para seguir cultivando café. Fueron prósperos dos años hasta 1999, cuando el Frente 19 de las Farc los desplazó. Según varias de las víctimas, unos pocos integrantes de la cooperativa, que querían apropiarse de las tierras, le dijeron a la guerrilla que esas fincas eran de hacendados y que quienes estaban ahí no las merecían.
Pasaron cuatro años sin que uno solo de los campesinos benficiarios se asomara a las 174 hectáreas que les distribuyeron en las fincas San Carlos y La Paz. En 2002, el Ejército realizó operativos en la zona y le quitó el control a un grupo de guerrilleros que se habían apropiado de las fincas. Estando las tierras abandonadas y llenas de maleza, en 2003 los campesinos retornaron y comenzaron de cero, volviendo a preparar el terreno para la producción del grano.
Al año ya comenzaban a sacar los primeros bultos de café de las fincas, cuando en 2004 por lo menos 200 paramilitares del Frente Resistencia Tayrona a cargo de José Daniel Mora López alias ‘101’ los acusó de guerrilleros y los desplazó con la amenaza de que si no se iban los mataban. Todos se fueron.
Mientras los campesinos salían expulsados con violencia de la Sierra Nevada, un grupo de gnósticos llegó a San Carlos y La Paz y comenzó a explotar la tierra. Con la desmovilización del grupo paramilitar en febrero de 2006, los campesinos volvieron a las fincas encontrándose con la sorpresa que habían sido invadidas. Los campesinos fueron a la Fiscalía, denunciaron su doble desplazamiento y se registraron como víctimas.
La Fiscalía 9 de Justicia y Paz comenzó a investigar el caso. En versiones libres, alias ‘101’, Norberto Quiroga Poveda alias ‘Cinco Cinco’ y el ex jefe paramilitar Giraldo, alias ‘El Patrón, confesaron que desplazaron a los campesinos de Cooagrosac y que le entregaron estas tierras a una comunidad de gnósticos. Con las pruebas, la Fiscalía presentó el caso ante el Tribunal de Barranquilla y una magistrada de control de garantías falló en julio de 2010 a favor de los campesinos, ordenando la pronta restitución de los predios San Carlos y La Paz.
Desde el fallo, la tensión aumentó entre los dos grupos. La comunidad gnóstica apeló el fallo de la magistrada señalando que no hubo imparcialidad en el proceso porque la Fiscalía fue la que investigó y luego solicitó la audiencia de restitución. El caso llegó a la Corte Suprema que en septiembre de 2011 confirmó la decisión de la magistrada de Barranquilla.
Los campesinos de Coagrosac volvieron a sus fincas pero la tensión continúa porque los gnósticos siguieron cultivando café en predios colindantes, San Isidro y la Sevillana, que alguna vez fueron de los Fernández de Castro y que la familia le había vendido al antiguo Incora. Hace un año, la comunidad gnóstica –pese al fallo del Alto Tribunal- le pidió al Incoder que le revocara los títulos a los campesinos de la cooperativa. El instituto de tierras rechazó la petición.
Cuando comenzó el proceso de restitución, los campesinos siguieron siendo estigmatizados. El Ministerio de Agricultura tuvo que reiterar en un comunicado que eran víctimas legítimas.
La restitución en Chibolo
Este municipio ubicado en el centro de Magdalena fue elegido por el gobierno como un caso prioritario para comenzar la restitución de tierras que ordena la Ley de Víctimas, aprobada en junio de 2010. Por lo menos 17 de sus veredas fueron despojadas con violencia por ‘Jorge 40’ en complicidad con funcionarios del antiguo instituto de tierras. (Lea: La toma del Incoder).
Después de la desmovilización del Bloque Norte en marzo de 2006, por lo menos 320 familias retornaron al municipio para recuperar sus tierras. Durante el siguiente año,los campesinos se organizaron, se registraron como víctimas en la Unidad de Justicia y Paz y contaron su tragedia. Le pidieron a la Fiscalía que investigara porque muchos fueron obligados a vender sus fincas en sumas ínfimas y otros encontraron que los títulos ya no estaban a su nombre sino de testaferros del jefe paramilitar.
Con el archivo de títulos encontrado por el Ejército en 2006 en Sabanas de San Ángel y con la posterior extradición de ‘Jorge 40’ a Estados Unidos en 2008, la investigación continuó. Sin embargo, en agosto de 2010 volvieron las amenazas cuando el paramilitar alias ‘J10’ amenazó por teléfono a dos reclamantes de las veredas La Palizúa y Canaán.
Las amenazas y los panfletos continuaron con la presencia de las bandas criminales de Los Urabeños y Los Rastrojos, algunos de ellos herederos del paramilitarismo. Los campesinos denunciaron el riesgo a las autoridades. También denunciaron que encontraban intimidante que César Augusto, ‘Tuto’, Castro Pacheco y de Omar Montero Martínez alias ‘Codazzi’, dos de los ex paramilitares que se apropiaron a la brava de sus fincas, se estuvieran paseando muy cerca a sus predios constantemente. Cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas en enero de 2011, las familias recibieron la noticia que el Ministerio de Agricultura había elegido su caso sería prioritario y emblemático de restitución en el país.
Así las familias comenzaron a documentar su historia, buscando papeles, reconstruyendo los relatos y elaborando mapas de sus parcelas. La Corporación Yira Castro los acompañó y presentaron las primeras demandas de restitución ante los jueces. Lo hicieron primero con los predios Villa Luz, Santa Rosa, La Tolúa y El Radio. Mientras esto ocurría, a finales de 2012, ‘Tuto’ Castro fue capturado en Barranquilla pero las amenazas continuaron en Chibolo.
La Corporación Yira Castro denunció que en noviembre de 2012 los campesinos de los predios El Pavo, La Esperanza, Bella Escondida y Plan Parejo, ubicados en diferentes veredas, fueron amenazados por hombres señalados de haber sido testaferros de ‘Jorge 40’.
En febrero de 2013, la Corporación en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras presentaron las demandas para reclamar los predios La Boquilla, Santa Martica y Planadas, que hacían parte del antiguo terreno de La Palizúa. La Subgerencia de Tierras del Incoder declaró la extinción de dominio sobre dos de estos predios, La Boquilla y Santa Martica, tras determinar que por el abandono eran improductivos. Esto significa que los predios vuelvan a la Nación para ser restituidos a las víctimas reclamantes.
La comunidad espera agilidad en los fallos de los jueces agrarios y que el gobierno cumpla no sólo con mantener a la fuerza pública en la región, sino que ubique y capture a los responsables de las amenazas.
Los campesinos esperan que los jueces agrarios además de ordenar la titulación de los predios, dejen sin efecto los permisos mineros que fueron otorgados por el gobierno nacional en estas tierras que desde hace más de 15 años ellos reclaman.
Villa Luz, primera restitución en Chibolo
Seis familias que esperaran la adjudicación de sus parcelas en los años 80 y que fueron víctimas de la violencia desde esa época por parte de grandes hacendados y luego de los paramilitares en cabeza de ‘Jorge 40’, lograron que un juez de tierras les restituyera los predios que pertenecían a lo que ellos llamaban como Villa Luz.
Así lo decidió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, después de estudiar la demanda de solicitud de restitución presentada por la Unidad de Tierras en conjunto con la Corporación Yira Castro. Los magistrados concluyeron que las familias habían sido víctimas de la violencia en el centro de Magdalena y ordenó la restitución y la titulación de estas tierras.
Villa Luz hace parte de una antigua parcelación que el antiguo Incora había prometido a campesinos sin tierra. La historia comenzó en los años 80 cuando decenas de familias por medio de las Asociación Nacional de Usuarios Campesinos le pidieron al instituto de tierras que les adjudicara una parcela en lo que se conocía como la antigua Hacienda La Pola. En junio de 1987, el Incora presentó una oferta para comprar la Hacienda y parcelarla en cinco predios: La Pola, El Radio, Las Tolúas, Santa Rosa y Villa Luz.
Cuando iba a comenzar el proceso, las familias fueron desalojadas y resistieron en la zona mientras el Incora continuaba con el proceso. La adjudicación iba a realizarse en febrero de 1995 pero justo al tiempo llegaron los paramilitares del Bloque Norte. Primero lo hicieron hombres a cargo de Chepe Barrera, luego los de Salvatore Mancuso y por último los de ‘Jorge 40′. El 19 de julio de 1997 los paramilitares de ’40’ citaron a los campesinos que esperaban la titulación en la antigua Pola, entre ellos los de Villa Luz, y les dijeron que tenían ocho días para desplazarse.
A los ocho días, los paramilitares asesinaron al pastor Antonio Rodríguez Felizzola y los campesinos no tuvieron otra opción que dejar todo por miedo a que les sucediera lo mismo. Con la tierra abandonada, ‘Jorge 40’ instaló una base en la antigua hacienda La Pola donde despachó hasta 2006 cuando el grupo paramilitar se desmovilizó. Las familias retornaron a finales de ese año y en 2007 comenzaron a cultivar de nuevo las tierras y a solicitar la titulación de sus predios.
En 2009, el Incoder Magdalena retomó el caso y comenzó el proceso de la antigua Villa Luz. Con la aprobación de la Ley de Víctimas en junio de 2011, las familias se registraron como reclamantes. El proceso contó con el acompañamiento de la Corporación Yira Castro que presentó la demanda de solicitud de restitución junto con la Unidad de Tierras. La demanda documentó que sobre el predio Villa Luz, reclamado por las seis familias víctimas, había una doble titulación. El antiguo Incora lo había rotulado en 1984 como Vista Hermosa y se lo había adjudicado a otras personas.
En la sentencia, los magistrados ordenaron la nulidad sobre los folios que crearon Vista Hermosa porque consideró que los verdaderos propietarios eran las seis familias reclamantes. Por ellos, solicitó su pronta adjudicación y todas las garantías para que los campesinos puedan explotarlas y vivir tranquilos en las parcelas por las que luchan desde hace tres décadas.
