¿Qué va a pasar con los exparamilitares que salgan libres?

Este año más de 170 desmovilizados que están postulados a la Ley de Justicia y Paz podrán solicitar su libertad. La MAPP/OEA ha hecho un diagnóstico que devela cuáles son las primeras dificultades que van a encontrar.  

desm-mapp-2014-300x200Entre 2004 y 2006 se desmovilizaron los grupos paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Durante el segundo semestre de 2014 por lo menos 174 exparamilitares que integraron distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cumplirán ocho años de cárcel, pena máxima a la que pueden ser condenados los desmovilizados que están postulados a la Ley de Justicia y Paz. Por esta razón solicitarán que se les conceda la libertad a prueba, aunque deberán continuar respondiendo por los procesos penales en su contra.

Eso no significa que los desmovilizados vayan a quedar en libertad masivamente. Los magistrados de los tribunales de Justicia y Paz en el país, concentrados en Bogotá, Medellín y Barranquilla, deberán evaluar cada caso en particular y determinar si el postulado cumplió los requisitos para quedar en libertad, es decir, si colaboró con la verdad y entregó bienes para reparar a sus víctimas. Esta información debe ser respaldada por un certificado de la Fiscalía.

Según un monitoreo realizado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), organismo que ha acompañado el proceso de Justicia y Paz desde su comienzo, un primer grupo de solicitudes de libertad ya comenzaron a ser presentadas o se harán a partir de agosto por parte de 69 paramilitares, Entre ellos se encuentra varios de quienes, en julio de 2006, llegaron al centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, siguiendo órdenes del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas, que operó en el Urabá antiqueño, chocoano y cordobés.

En este grupo ya adelantó trámites Édgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’, exjefe del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, quien fue capturado en 2006. Su solicitud de libertad ya está en los tribunales de Justicia y Paz. (Ver: Por qué alias ‘Don Antonio’ no va a quedar aún en libertad).

Este es el listado de la mayoría de los postulados según el cargo que ocuparon en el grupo armado.

Los investigadores de la MAPP/OEA han entrevistado a 65 de los 69 postulados provenientes de las estructuras de las Auc. Aunque antes la mayoría decía que cuando salieran de la cárcel viviría en grandes ciudades como Bogotá y Medellín, ahora que está más cerca la fecha de quedar en libertad, muchos han cambiado de opinión y se inclinan por volver a los municipios donde nacieron y tienen aún a sus familiares.

Cuando les preguntaron por el departamento al que llegarían, 22 de ellos dijeron que irían a Antioquía, 15 a Bogotá y 15 postulados más piensan volver a Boyacá, Meta y Santander (cinco en cada departamento). Según los postulados, lo primero que van a tener en cuenta es que sea un lugar seguro para ellos y sus familia.

De acuerdo con la cantidad de desmovilizados que van a retornar y los problemas de orden público que aún persisten, derivados de la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos los que se conformaron después de finalizada la etapa de desmovilizaciones colectivas en agosto de 2006, la MAPP/OEA eligió cinco zonas de especial observación, como muestra el siguiente mapa.

Gran parte de los exparamilitares tienen sus familias en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño, pero han dicho que no quieren retornar a esa zona por miedo a que miembros de las bandas criminales, conformadas por exparamilitares, tomen represalias contra ellos. Medellín y algunos municipios del Valle de Aburrá también fueron advertidos como zonas de observación, así como el norte de Urabá, donde hay un fuerte control de los llamados ‘Urabeños’ y se teme que los desmovilizados excarcelados se vinculen con actividades ilegales o se rearmen.

En el Magdalena Medio se tiene en cuenta sobretodo La Dorada, Caldas, y el norte del Tolima donde los exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza, ya han dicho que van a regresar. Los desmovilizados dicen que ven la zona como un lugar seguro para ellos y sus familias.

En el Magdalena Medio cundinamarqués la tensión está latente en el municipio de Yacopí, donde nacieron tres jefes paramilitares: Luis Eduardo Cifuentes, alias  ‘El Águila’, jefe de las Autodefensas de Cundinamarca; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, jefe del Bloque Mineros; y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, jefe militar del Bloque Centauros.

Un segundo grupo de postulados, conformado por 105 exparamilitares, podrá solicitar su libertad a partir de diciembre próximo, la mayoría de ellos son de la Costa Caribe, especialmente del departamento del Cesar, entre ellos, Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, jefe del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc, quien tiene arraigo en San Martín.

Además de estas zonas, el diagnostico pide que se tenga en cuenta Barranquilla como zona especial de observación al municipio de María la Baja, entrada a la región de los Montes de María, a donde retornarían varios exmiembros del Bloque Norte de las Auc.

Este diagnóstico, que parte desde la mirada de los postulados, es solo una primera parte del monitoreo que la MAPP/OEA está haciendo sobre la libertad de los postulados, pues también desde las oficinas regionales se realiza un seguimiento a la percepción de las comunidades que van a recibir a estos desmovilizados. Según Daniel Millares, jefe de justicia transicional de la MAPP/OEA, este diagnóstico ya fue entregado a los organismos de control de gobierno para que los tengan en cuenta.

Los temores de los desmovilizados
En las entrevistas, todos los postulados coinciden en un tema esencial: su seguridad personal y  la de sus familias. Algunos saben que la violencia sigue latente en sus municipios de origen y otros dicen que tienen miedo a que terceros a los que han incriminado en sus versiones libres tomen represalias contra ellos. Este último temor lo han expresado varias veces los exparamilitares del Bloque Catatumbo, pues menos del diez por ciento de las personas a las que han acusado han sido judicializadas.

Muchos de los entrevistados advirtieron que piensan recurrir a esquemas de seguridad privada para protegerse, medida que tendrá que tener un seguimiento de las autoridades por el riesgo que implica para las comunidades a las que estos exparamilitares van a llegar.

Muchos desmovilizados dijeron que retornarán a un lugar cercano a una sede judicial, pues aunque estén en libertad, están en la obligación de seguir asistiendo ante los Tribunales de Justicia y Paz: 22 de ellos siguen su proceso en Barranquilla, 25 en Medellín y 23 en Bogotá. Esto sumado a que muchos tienen también investigaciones en la justicia ordinaria, por ejemplo, Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefe paramilitar del Frente Fronteras de las Auc, quien tiene procesos en 15 departamentos del país.

Los exparamilitares proponen que se creen mecanismos como las videoconferencias para que puedan asistir a sus diligencias sin correr riesgo en sus traslados de un despacho judicial a otro y sin que implique tampoco un peligro para las víctimas, quienes ahora podrían encontrarse a sus victimarios libres en los pasillos de los tribunales. Esto teniendo en cuenta que normas expresas que advierten que los jueces pueden prohibirle a los desmovilizados que se acerquen a las víctimas y a sus familiares.  

Además, en sus entrevistas, los postulados insistieron en que la continua asistencia a estos espacios judiciales es un impedimento para tener un trabajo fijo. Aunque todos recibieron capacitación de algún tipo en las cárceles, de los 69 que van a pedir su libertad en agosto, solo uno dijo tener un trabajo asegurado en el que usará lo aprendido.  

Este el panorama que afronta ahora la justicia transicional, la salida de estos 173 postulados guiará la libertad de los más de 900 exparamilitares y exguerrilleros que esperan salir de las cárceles en los próximos dos años.