La historia del ‘Juan Andrés Álvarez’

En  la más reciente reconstrucción de cómo nació  el frente que dio origen al paramilitarismo en el Cesar y cómo se consolidó en el centro del departamento, sale a la luz lo violento que llegó a ser, y con cuánta impunidad actuó.
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El frente Juan Andrés Álvarez se desmovilizó en 2006 en Chimila, con el Bloque Norte. Foto Semana  

A comienzos de los años noventa, el Cesar y su vecina Magdalena estaban cercados por las guerrillas de las Farc y del Eln que extorsionaban y secuestraban a ganaderos, agricultores y comerciantes, incendiaban fincas y robaban ganado. La acción guerrillera espantó la inversión y con ella, la producción y el empleo, y estaba dejando a esta próspera región en ruinas.

Desesperados, hacia comienzos de 1996,  algunos líderes políticos y empresariales de esos departamentos hicieron contacto con las boyantes Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu) para que montaran un grupo de sus hombres que los protegieran del azote guerrillero.  En particular, se sabe que el político Jorge Gnecco fue primero a buscar a Salvatore Mancuso a Montería. Luego vinieron a Valledupar, Mancuso y Carlos Castaño Gil y se reunieron con él, con jóvenes dirigentes cesarenses, entre ellos se menciona a menudo al ganadero Aldo Lacouture.

No todos los  dirigentes afectados por las guerrillas en esa región querían traer a los paramilitares. Sospechaban de sus nexos con el narcotráfico, y rechazaban su brutal método de aterrorizar a la población civil para restarle fuerza a la guerrilla.

Pero unos pocos, entre ellos Rodrigo Tovar Pupo, de familia de alcurnia del Cesar, quién conocía a Mancuso porque había compartido con él en sus años universitarios en Bogotá, sí estuvieron dispuestos a sacarse de encima la guerrilla a cualquier costo. También, según  las investigaciones judiciales y los testimonios de los paramilitares desmovilizados que ya han rendido sus versiones ante Justicia y Paz, Mancuso conversó de sus planes con el gobernador de la época, Mauricio Pimiento (condenado luego por parapolítica) y éste dio el aval para que vinieran.

Luego de que los asistentes a estas reuniones y los dos jefes paramilitares llegaran a acuerdos, a principios de septiembre de 1996, trasladaron del departamento de Córdoba al Cesar un primer grupo de 12 hombres armados con fusiles y sin uniformes militares, al mando de René Ríos González, alias ‘Santiago Tobón’ y como jefe militar a Baltazar Mesa Durango, alias ‘Baltazar’. También llegaron entre los 12, Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘El Pájaro’, quien había estado en las Accu en Urabá desde 1991, y Juan Evangelista Basto Bernal, ex militar, quién fue luego vinculado al atentado a líder sindical Wilson Borja ocurrido en diciembre  de 2000.  (Para ver otros integrantes de ese grupo y cómo llegaron (ver: Cuando Mancuso y sus paras eran pobres).

Pocos días después, el 22 de septiembre de 1996, reforzaron al pequeño grupo con otra docena de combatientes, cuyo jefe militar  era Alfredo Lora Ortega, alias ‘Pata'e caucho’, y al otro día, según dijo a VerdadAbierta.com, Magaly Álvarez, la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que lleva los casos de dos frentes en Cesar, “este grupo inició su  actividad criminal en el Cesar, en una correría que los llevó a los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi, cometiendo homicidios, torturas, desapariciones forzadas, secuestro y hurtos”.

Algunos del grupo provenían de la guerrilla y viajaban con los paramilitares en sus camionetas de vidrios negros, señalando a personas a su gusto. Ese era todo el juicio que las víctimas tenían para ser condenados a muerte.

En noviembre de año,  el grupo de los 24 originales fue dividido en dos. Un grupo comandado por ‘alias Baltazar’ fue enviado al departamento del Magdalena, y el otro comandado por Martín Alberto Medina Camelo, alias ‘El Negro Medina’, se quedó en el Cesar. Éste último montó su base en la finca Mata de Indio, en el municipio de Agustín Codazzi.

Alias ‘Santiago Tobón’ recogió para el grupo, dinero proveniente de contribuciones de los ganaderos y comerciantes que vivían en Valledupar. Algunos dieron esa plata con gusto, esperando que el nuevo ejército privado los librara de la guerrilla. Pero a quienes no quisieron dar la cuota, los obligaron a la brava. En esa tarea de recoger fondos le ayudaron Guillermo Alexander Guerrero Ramírez, alias ‘Salomón’, y en el corregimiento de Cuatro Vientos, municipio de El Paso, zona minera del Cesar, Benedito Estupiñán, propietario de un almacén de abarrotes.  Así lo han podido establecer los investigadores judiciales, a partir de su pesquisas y de las confesiones que ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía han realizado durante siete años, los desmovilizados de ese grupo paramilitar.

Tovar cae preso dos veces

El 4 de febrero de 1997, Mancuso fue a Codazzi, a la finca ‘Mata de Indio’, y ordenó matar a ‘El Negro Medina’ porque no obedecía órdenes y lo reemplazó por ‘El Pájaro’, hombre de su entera confianza, pero éste tampoco duró mucho.  

Ese mismo mes, Rodrigo Tovar Pupo, quién aún seguía figurando como un apreciado ganadero de Valledupar, venía de Manaure en un carro con un joven de apellido Castro,  cuando los detuvo la autoridad. Les encontró una decena de fusiles de contrabando y se los llevó presos al Batallón La Popa. Al parecer, Mancuso le había encomendado esa tarea de proveerles armas y de paso le pagaba bien, pues lo que le sobraba en estatus social y simpatía al ‘’Papa’ Tovar, como le decían sus amigos, le faltaba en plata.  Tovar y Castro se pasaron una semana, según recuerdan varios vallenatos, hasta que el propio comandante del batallón produjo un documento avalando las armas como legales, y quedaron libres. Tovar siguió su vida común y corriente.

Sin embargo, apenas tres meses después, el 4 de mayo de 1997, el mismo Tovar Pupo volvió a caer. Iba junto con ‘El Pájaro’, ‘Tobón’ y Mancuso, para La Guajira a buscar armas de contrabando,  cuando se detuvieron en Villanueva donde había una protesta. Se enfrentaron a tiros con los manifestantes y mataron a dos transeúntes. La policía los capturó más adelante, y los envió a San Juan del Cesar donde estuvieron presos una noche. Al otro día, después de sobornar al fiscal del caso, y con la palanca de un oficial de alto rango de la Policía, según declaró ‘El Pájaro’ a la justicia. Tovar, Mancuso y ‘Tobón’ fueron dejados en libertad, pero a ‘El Pájaro’ y a otro de los escoltas, los condenaron por contrabando de armas y los dejaron presos hasta el sol de hoy.

Con el segundo carcelazo, Tovar Pupo se debió asustar, porque desde junio se convirtió en combatiente uniformado y de tiempo completo de las Autodefensas. Bajo el mandato de Mancuso, Tovar nombró como su segundo al mando a Juan Andrés Álvarez Pastrana, alias ‘Daniel’, quien venía del desmovilizado grupo guerrillero EPL. Meses después, el grupo fue dividido en dos: hasta el corregimiento de Los Brasiles (San Diego) dejó como comandante a  ‘Mario’ (Castro). Y a alias ‘Daniel’ lo encargó de la trocha de Verdecia – por dónde fluía el contrabando desde La Guajira hacía el interior del país, pues va desde Codazzi hasta el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso – y hasta Chiriguaná. Para ese momento todos los hombres que integraban el grupo estaban dotados con uniformes  de camuflado.

Cada jefe de grupo cobraba una extorsión a los dueños de las fincas bajo su jurisdicción y los obligaba a pagar 10 mil pesos por cada hectárea al año. Si la finca estaba cultivada con palma africana, la cuota aumentaba a 12 mil o 15 mil pesos por cada hectárea sembrada.

Los 40 de Jorge

Con las rentas que les sacaban a los finqueros, el paramilitarismo en Cesar creció y en 1998 ya contaba con 40 hombres armados y dispuestos a matar a quién intentara detenerlos. La lealtad de Tovar fue premiada por Mancuso, pues lo prefirió a él como jefe de la región, entre los jóvenes cesarenses que se disputaron el papel. Ahí adoptó el nombre de guerra de ‘Jorge 40’ (quizás relacionado con el número de hombres que tenían), y como su escolta principal, nombró a Francisco Gaviria, el segundo hombre al mando del grupo de alias ‘Daniel’.

Alias ‘Daniel’ reemplazó a Gaviria con Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, y el 12 de diciembre de 1998, salieron con sus 40, a delinquir y a aterrorizar a la gente de  Villanueva, en La Guajira, y la de Manaure, La Paz y San Diego en el Cesar. El  Ejército salió a combatirlos y mató a Juan Andrés Álvarez Pastrana, alias ‘Daniel’. En su honor, Tovar Pupo bautizó al grupo paramilitar que se quedó en la zona minera, hacia el centro del departamento, como frente ‘Juan Andrés Álvarez’.

Cae ‘El Tigre’

Muerto ‘Daniel’,  ‘El Tigre’ asumió el mando durante todo el año de 1999, y nombró como segundo suyo a Víctor Ricardo Peñaloza, alias ‘Guerrero’. Este grupo ya contaba con cinco escuadras (12 hombres por escuadra para un total de 60), que patrullaba la trocha de Verdecia.  Para financiar al grupo, ‘Jorge 40’ y ‘El Tigre’  impusieron las ‘vacunas’ a ganaderos, y robaron ganado y camiones que pasaban por la carretera Troncal de Oriente. Le dieron la tarea a Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ de abastecerlos de víveres.

El 9 de marzo de 2000, siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de la Seccional Valledupar salieron al corregimiento de Minguillo del municipio de La Paz, a hacer el levantamiento del cadáver de un vendedor de helado que había sido asesinado. Al llegar a la zona, los hombres de  ‘El Tigre’ les salieron al paso, los secuestraron y desaparecieron. Los investigadores eran: Edilberto Linares Correa de 33 años; Carlos Arturo Ibarra Bernal de 31 años; Hugo Quintero Solano de 32 años; Danilo Carrera Aguancha de 31 años; Mario Abel Anillo Trocha de 26 años; Israel Roca Martínez de 31 años; y Jaime Elías Barros Ovalle de 32 años.

Esta desaparición masiva de agentes judiciales hizo por fin reaccionar a las autoridades que comenzaron a perseguir al ‘Juan Andrés Álvarez’, hasta que el 19 de julio del mismo año pudieron capturar a ‘El Tigre’, en Valencia, Córdoba, a alias ‘Salomón’ y al comerciante que les daba auxilio, Benedito Estupiñán. Años después ante los fiscales de Justicia y Paz, ‘El Tigre’ confesó este crimen atroz.

Cuando ‘Jorge 40’ se enteró de la captura de ‘El Tigre’, le ordenó a ‘Tolemaida’, asumir como jefe del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, y como segundo puso a Calixto González López, alias ‘Chitiva’, ‘El Cali’ o ‘Rey’. ‘Tolemaida’ comandó este frente desde mediados de 2001 hasta 2005, y por la cantidad de crímenes que cometieron sus hombres en esos años, algunos de ellos con una sevicia escalofriante, la Fiscalía le ha dado prioridad a su proceso.

A la captura de rentas públicas

A ‘Jorge 40’ le preocupaba echarle mano a las jugosas rentas que recibían los municipios carboneros como regalías  y para ello complementó el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ con grupos urbanos en los municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y Bosconia. Estos se encargaron de doblegar la resistencia de funcionarios honestos que no quisieran darle tajada al paramilitarismo de los presupuestos públicos, o de líderes civiles o políticos con influencia que se opusieran a su expansión.

En La Jagua de Ibirico, Tovar y ‘Tolemaida’ pusieron a Adinael Javier Rodríguez Quintero y a Sixto Arturo Fuentes Hernández a ejecutar sus órdenes criminales tanto en La Jagua como en Becerril. Igual esquema utilizó Tovar en Codazzi y San Diego, norte del Cesar, donde dejó encargado a alias ‘Jorge’ y Jader Luís Morales Benítez, alias ‘J.J.’. Mientras tanto, el ala rural del ‘Juan Andrés’ seguía patrullando por la trocha de Verdecia (comandado por Calixto González López y por Donaldo Monzón Pitalua, alias ‘El Indio’ o ‘Saúl’) en la trocha del Ingenio Sicarare, la trocha El 28, corregimiento de Casacará (Codazzi) y La Loma, corregimiento de El Paso.

Con una organización más fortalecida, crearon, aparte del grupo militar, a un “grupo financiero” coordinado por Javier López Arce, alias ‘El Canoso’, con alias ‘Orteguita’ de segundo. El sofisticado nombre disfrazaba sus crudas tareas: robar ganado y venderlo, y cobrarles extorsiones a quienes robaban gasolina del poliducto de Ecopetrol, y a los contrabandistas que transitaban por la trocha de Verdecia.

Pero esos ingresos terminaron decreciendo en importancia, pues la tajada de león fue la que sacaron de las rentas públicas. No demoraron las milicias urbanas del ‘Juan Andrés’ en empezar a cobrarles una tajada de cada contrato que dieran a las boyantes administraciones municipales del corredor minero (La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná, El Paso). En este período el coordinador de las ‘Urbanas’ era Luis Carlos Marciales Pacheco, alias ‘Cebolla’.

Entre los desmovilizados hay diferentes versiones sobre si algunas mineras del Cesar, también les ayudaron a financiar el frente ‘Juan Andrés Álvarez’. Según Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, quien estuvo al mando de un grupo del ‘Juan Andrés’ en Becerril desde 2003, la carbonera Drummond sí les dio dinero para reforzar el frente; pero ‘Tolemaida’ ha sostenido que no. Éste último fue condenado por un Juzgado Especializado de Bogotá, Descongestión-OIT, a 30 años y cuatro meses de prisión por el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, sindicalistas de la multinacional Drummond, que protestaron por la calidad de la comida que les daban en el casino de la minera.

Los familiares de los sindicalistas y otras víctimas del ‘Juan Andrés Álvarez’ que están seguros de que la minera sí auxilió al grupo paramilitar que les mató a sus seres queridos han llevado sus casos ante la justicia estadounidense. En la última decisión de 2013, un juez del estado de Alabama, rechazó en primera instancia el caso contra el dueño de la Drummond, y las víctimas apelaron.

Un golpe y reacomodos

De acuerdo con la documentación de la Fiscalía 58 de Justicia y Paz, el Ejército le asestó un golpe en 2002 a las Autodefensas del municipio de Becerril, pues capturó en la finca El Carmen a 13 paramilitares, entre ellos Sixto Arturo Fuentes Hernández, alias ‘El Negro Piter’, quien comandaba el grupo urbano de La Jagua de Ibirico. Pero pronto llegó su reemplazo,  Jesús Albeiro Guisao , alias ‘James’ o ‘El Amiguito’. En Codazzi  fue relevado el segundo comandante de las ‘Urbanas’, alias ‘J.J.’ y enviado a La Jagua de Ibirico. El 23 de  septiembre de ese año, por órdenes de ‘Tolemaida’ fue asesinado en ese municipio alias ‘Jorge’, porque se estaba quedando con dinero y hacía desórdenes en el grupo. Asumió en octubre,  ‘J.J.’.

Luego, en febrero del 2003 el frente creó el grupo urbano en Becerril, con Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario’ al frente, y su segundo hombre Oscar Luis Peña Carranza, alias ‘Fabián’, quienes tenían como informantes a alias ‘Chulo’, alias ‘Chapulín’ y los hermanos ‘Goyo’ Garizabalo.

Regresó a Codazzi, J.J. y con Jorge Erney Giraldo Valencia, alias ‘Jorge el Cacharrero’ y alias ‘Tavo’ continúan con la extorsión. En Bosconia quedó mandando Nicolás Salguero Pesellín, alias ‘El Capo’.

Ese mismo año el grupo rural del ‘Juan Andrés Álvarez’ –el que delinquía por la trocha Verdecia y hasta Chiriguaná– se dividió en tres grupos, uno comandado por Donaldo Monzón Pitalua, alias ‘Saúl’ o ‘El Indio’, que se fue a delinquir a Codazzi; otro que tenía como jefe a ‘Zairo’, quien apoyaba al grupo de ‘Saúl’ entre Codazzi y Becerril, y el tercero que sólo actuaba en La Jagua de Ibirico, al mando de Frank Emel Mayo Abadía, alias ‘Urabá’.

‘Jorge 40’ quería que los grupos urbanos del ‘Juan Andrés Álvarez’ fueran autosuficientes. Por eso los alcaldes de la época de los municipios del área de influencia de este frente fueron presionados al punto de que las Auc se volvieron co-administradores de la contratación. Según las cuentas que incautaron las autoridades que estaban consignadas en computadores del frente,  el municipio que mayores recursos le ‘aportó’ al frente, fue La Jagua de Ibirico, que al ser uno de los principales municipios productores de carbón en Colombia, recibía cuantiosas regalías. ‘Tolemaida’ fue quien negoció los contratos con los alcaldes.

Los otros frentes paralelos

Mientras el ‘Juan Andrés’ seguía creciendo en el centro del departamento, a la vuelta del siglo, fue creado también el frente ‘Mártires Cacique de Upar’ o el ‘Mártires del Cesar’.  Este grupo nació entre 2000 y 2001 en Atanquez al norte del departamento, la capital de los kankuamos, uno de los cuatro pueblos Tayrona que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo el mando de Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’. En 2001, el grupo cometió 38 asesinatos de miembros de esta etnia.

Luego el grupo se expandió y asumió el mando David Hernández Rojas, un ex mayor del Ejército que había sido comandante del Batallón Granaderos de contraguerrilla en Valledupar.  Había dejando el servicio activo en 1999, luego de que fuera señalado como uno de los responsables del asesinato de Alex Lopera, ex viceministro de Juventud. Bajo el nombre de ‘39’, Hernández, dirigió la expansión del frente por siete zonas: Badillo al sur de La Guajira, La Paz, Villa Germania, Pueblo Bello, Valledupar, y en la zona cesarense de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Alias 39 llegó a tener tanta autonomía y poder, que según algunos testimonios, su propio jefe ‘Jorge 40’ coordinó con miembros del Ejército para entregarlo y que lo dieran de baja en septiembre de 2004. Lo reemplazó al mando de Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’, que venía de ser capitán del Ejército hasta 2002.

En  2003, ‘Jorge 40’ también había creado el Frente ‘José Pablo Díaz’ para ocupar Atlántico y partes de la vecina Magdalena.

Además había en la región otros grupos paramilitares, que se mantuvieron autónomos por un tiempo, pero que, a la postre, terminaron bajo el mando de ‘Jorge 40’. Así, en Pelaya, Pailitas y Curumaní estaba el Frente Resistencia Tayrona, comandado por ‘Omega’, y según Mancuso dijo a Justicia y Paz, éste grupo pasó a integrar el bloque de ‘Jorge 40’ en 2000. Otro grupo que también quedó después de 2000 bajo el mando de ‘Jorge 40’, según lo aseguró Mancuso, fue el que comanda Sergio Ávila, alias ‘120’ en Bolívar, al otro lado de río Magdalena.

Además, al sur del Cesar, en Aguachica, San Alberto y San Martín, estaba el frente ‘Héctor Julio Peinado’ comandado por Juancho Prada y su familia, pero en diciembre de 2004, ‘Jorge 40’ asumió también el control de ese grupo.

Sigue la expansión del ‘Juan Andrés’

Los múltiples frentes abiertos en Cesar, no fueron un obstáculo para que Rodrigo Tovar siguiera ensanchando al frente ‘Juan Andrés Álvarez’, el más rico y autosuficiente de todos.

Así, bajo su comando abrió un grupo  en la parte alta de la Serranía del Perijá en Becerril, un tradicional bastión guerrillero, con alias ‘Escorpión’ de jefe. Para la conformación de este grupo,  ‘El Samario’ puso a alias ‘Miguel’ y a Manuel Gregorio Gutiérrez, alias ‘Cristian’ a encargarse de recaudar una cuota extraordinaria a los ganaderos de la región. Usaron el dinero para comprar fusiles y material de intendencia, según lo han contado los desmovilizados a la justicia.

Ese año siguieron las mismas estructuras urbanas, hasta diciembre cuando ‘J.J’ .ascendió a jefe en La Jagua de Ibirico y ‘James’ (‘El Amiguito’) asumió en Codazzi.

Al año siguiente, 2005,  el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ tenía ya tenía pie firme en los  cascos urbanos de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibírico, Bosconia y parte de El Paso. Sin embargo, en abril fue capturado ‘El Samario’ y alias ‘Cebolla’ lo reemplazó. ‘J.J.’ retornó en octubre a Codazzi y el 4 de diciembre  fue capturado por la Policía, y enseguida quedó ‘James’.

A pesar de los ocasionales tropiezos, al finalizar ese 2005, el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ ya estaba consolidado en la zona centro del Cesar, con bases estables en La Guarumera en La Jagua de Ibirico y en el sector La Aguacatera en Codazzi. Sólo por extorsionar o robar ganado y camiones llegaron a obtener 3.500 millones de pesos anuales. Pero era  el manejo de los presupuestos municipales su  verdadera mina  de ganancias. En especial, se quedaban con gran parte de los recursos destinados a la salud.

Está comprobado por la Policía Judicial que crearon Empresas Prestadoras de Salud que ellos mismos manejaban en Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico. Según las versiones ante Justicia y Paz de Alcides Manuel Mattos Tabares, ‘El Samario’, estas empresas fueron creadas por Robert Torres Ospino.

El saldo en sangre

Según lo que ha documentado la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los frentes ‘Juan Andrés’ y ‘Mártires del Cesar’ cometieron varias masacres, entre ellas,  la de Estados Unidos, corregimiento de Becerril, donde asesinaron a ocho personas y a otras tres se las llevaron y las desaparecieron el 16 de noviembre de 1998; la masacre de Santa Cecilia en Astrea, el 28 de enero de 2000, cuando asesinaron a 12 personas; la de San Diego, el 15 de septiembre de 1996, cuando mataron a 31 personas; y las de El Salado, Llerasca, Los Brasiles, Los Tupes y Pueblo Bello.

Tal como lo describió la fiscal del despacho 58 de  Justicia y Paz a VerdadAbierta.com, después de haber escuchado cientos de horas de relatos de víctimas y victimarios, esta es la manera más reiterada como realizaron estas masacres: “Los escuadrones paramilitares llegaban en la noche, con listas de las víctimas, a las poblaciones y a zonas rurales, en grupos numerosos, encapuchados, vistiendo prendas militares, movilizándose en camionetas con vidrios polarizados, armados y pintaban las paredes de los pueblos con inscripciones tales como ‘muerte a rateros y guerrilleros’. Sacaban a las personas de sus casas, se las llevaban y las desaparecían. Los cuerpos eran arrojados a los ríos y otros eran descuartizados.  También montaban retenes hasta con 200 hombres armados, bajaban a las personas de sus vehículos, los apartaban y los desaparecían. Los vehículos se los llevaban, los utilizaban en sus desplazamientos y después de un tiempo los quemaban o entregaban como recompensa a los sicarios más sanguinarios”.

En la audiencia de imputación de cargos, ‘Tolemaida’ ha aceptado la comisión de 72 hechos delictivos. Sus confesiones y las de otros integrantes de los frentes del Cesar han permitido a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía esclarecer al menos ocho asesinatos de personas destacadas de la comunidad, entre ellos, el de la jueza de Becerril, Amarilis de Jesús Hinojosa Suárez, el 27 de enero de 2003; el del registrador municipal de Becerril, Héctor Gamarra Fontalvo, a quien sacaron de su casa también en enero de 2003, lo torturaron, lo mataron y arrojaron su cadáver a la vía entre Codazzi y Becerril;  los del ex concejal Amauri Bossa Robles y del precandidato a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, Martín Emilio Ochoa Rangel, quienes acudieron a una cita con paramilitares en febrero de 2003, y los hallaron muertos en la vereda Casa de Zinc, municipio de El Paso;  el del ex alcalde de El Copey, Luis Laverde Restrepo en 2003; el del indígena de la etnia kankuama, Abel Francisco Alvarado Maestre, en noviembre de 2003; el de Rodolfo Meneses, gerente del hospital Eduardo Arredondo daza de Valledupar en 2004; el de un reputado médico de Villanueva de apellido Damire; y el de Luciano Enrique Romero, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario de Valledupar, asesinado en septiembre de 2005.

Además los paramilitares del Cesar y Magdalena, comandados por ‘Jorge 40’, bajo la jefatura de Mancuso y, luego en forma autónoma, cometieron violaciones, torturaron personas, robaron fincas, y establecieron tal terror en el Cesar, que aún hoy muchas de sus víctimas no se atreven a contar lo que les pasó.  Aún no es claro si Mancuso siguió siendo el jefe supremo de los grupos que comandaba ‘Jorge 40’ hasta 2001, como él lo asegura, o hasta 2004, como se  deduce de lo que han contado algunos desmovilizados.  

Quizás por sentirse todopoderosos y en plena expansión, fue que ‘Jorge 40’ fue tan resistente a desmovilizar a sus hombres, luego de que se sellara el acuerdo entre las Auc y el gobierno de Álvaro Uribe. El gobierno tuvo que subirle la presión militar y finalmente, en marzo  de  2006 se desmovilizaron. Rodrigo Tovar Pupo comandó la dejación de armas de sus hombres en los corregimientos de Chimila en El Copey y el corregimiento de La Mesa en Valledupar. Posteriormente realizó una lista de miembros detenidos en la cárcel, la cual fue enviada al Comisionado de Paz, para que el gobierno presentara a los allí incluidos a la justicia transicionales que les daba la posibilidad de obtener una pena menor alternativa por sus delitos, siempre y cuando contribuyeran a la verdad, la justicia y la reparación de sus múltiples víctimas.