Cuenta regresiva

A dos semanas de cumplirse el plazo para que los desmovilizados rasos de los paramilitares se acojan a la Ley 1424, que promete sacarlos del limbo jurídico, faltan casi 7.000 por presentarse. A los que no lo hagan, serán prófugos. 
Este desmovilizado, que participó de uno de los proyectos productivos con pollos de engorde en Paz de Ariporo, Casanare, hace parte de los 16.000 desmovilizadosque participaron en el programa de la Agencia para la Reintegración.


-Corte Constitucional deja en firme Ley de Desmovilizados

Del limbo jurídico al laberinto de un proceso judicial: esta es, paradójicamente, la suerte que aguarda, a partir del 28 de diciembre, a los desmovilizados rasos de las autodefensas. Pese a que llevan años de haber dejado las filas paramilitares y de que creen que su situación legal está resuelta, si quieren evitar acabar presos, deben registrarse antes de ese día para evitar que se les libre orden de captura. Y a dos semanas de que venza el plazo, 7.000 de ellos no lo han hecho.

Desde hace dos meses, en una oficina temporal del DAS en Bogotá, 20 fiscales vienen trabajando a toda marcha en una dependencia recién creada en la Fiscalía: la Unidad Nacional para los Desmovilizados. Para enero, serán 70 fiscales. Y están a cargo de una labor titánica: solucionar la situación jurídica de 26.000 exparamilitares rasos, que había quedado en el limbo después de varias decisiones de las altas cortes que pusieron en entredicho el marco legal existente para su tratamiento.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional recortaron drásticamente la aplicación de la figura de delito político, la sedición y el indulto a los desmovilizados, y cerraron varios caminos jurídicos para el tratamiento legal de los paramilitares que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, el gobierno logró que se aprobara, en diciembre de 2010, la Ley 1424. Esta norma fijó un plazo de un año que vence, paradójicamente, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, a los exmiembros de las autodefensas que están en proceso de reintegración a la vida civil y que no hacen parte del proceso de justicia y paz, para registrarse y ser cobijados por sus beneficios.

El trato parece simple: si los desmovilizados no han cometido ningún delito posterior, si cuentan su participación en la guerra ante el Centro de Memoria Histórica que creó la Ley de Víctimas y suscriben un documento en el que se comprometen a contribuir a la verdad y la reparación de los afectados por las acciones de las AUC, evitarán ir a la cárcel y podrán continuar (o iniciar, si no lo han hecho) su proceso de reintegración. La ley aplica solamente a excombatientes de las AUC cuyos delitos sean solo la pertenencia al grupo armado y el porte ilegal de armas y uniformes. Sin embargo, hay un detalle que puede complicar mucho las cosas y que llevó a la creación de la nueva unidad en la Fiscalía: a cada uno de los desmovilizados se les deberá seguir proceso judicial.

Si de los 36.000 desmovilizados de las AUC se descuentan aquellos que han muerto, han sido capturados y condenados y los que están en Justicia y Paz, quedan 26.000. De ellos, 16.000 entraron al programa de reintegración que maneja la Agencia Colombiana para la Reintegración, dirigida por Alejandro Éder. Cerca de 10.000 más están perdidos: de 6.400 el gobierno sabe quiénes son, pero no entraron al programa, y hay 4.000 que nunca ingresaron. Estos perdidos son el gran desafío de aquí al 28 de diciembre.

Los 16.000 que están activos en el programa de reintegración ya firmaron el acta de compromiso que requiere la Ley 1424. Pero, de los 10.000 ausentes, apenas 3.000 se han presentado y no se sabe cuántos de los 7.000 restantes lo harán antes del día 28.

Aun si todos lo hicieran, el verdadero problema empezará a partir de entonces. Cada uno de los 70 fiscales que, en Cali, Bucaramanga, Medellín, Montería, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Cúcuta y Bogotá investigarán, uno a uno, a todos estos desmovilizados, arrancan con una carga procesal de más de 350 casos cada uno. Como dijo a SEMANA Liliana Calle, jefe de la nueva unidad de la Fiscalía, "todos, tanto los que se acojan a la ley como los que no, serán investigados, juzgados y sancionados. La diferencia es que los que se acojan a la ley podrán gozar de beneficios. Los que no, serán privados de su libertad".

Una Fiscalía ya sobrecargada se tendrá, pues, que echar al hombro más de 20.000 procesos nuevos. Tiene no solo la obligación de perseguir y capturar a los que no se acojan a los términos de la Ley 1424, sino de llevar a buen término los procesos de los que sí lo hagan, para que los desmovilizados rasos de las autodefensas puedan, por fin, volver a la vida civil con claridad jurídica, después de los numerosos bandazos que han dado el Estado y la justicia colombiana en su tratamiento.


Publicado en Semana. Sábado 10 Diciembre 2011